miércoles, 22 de junio de 2011

Dinero público para salvar las autopistas

El Gobierno lo ha aprobado de tapadillo, en el Consejo que daba luz verde a la reforma de los convenios colectivos: 80 millones en créditos para compensar a ocho concesionarias de  que tengan menos tráfico del previsto en diez autopistas de peaje. Un dinero que se suma a los préstamos ya aprobados en los Presupuestos 2010 y 2011, con la unanimidad de todos los partidos, para compensarles del mayor coste de la construcción y las  expropiaciones. En total, unos 800 millones de euros en ayudas durante tres años, además de una subida extra en los peajes que ya sufrimos en enero. Pero las autopistas quieren más y proponen que se pongan peajes en las autovías y un canon a los camiones para sanear sus cuentas, amenazando si no con quiebras y obligar al Estado a cargar con sus deudas.

El Gobierno aprobó el 10 de junio un préstamo de 80,1 millones de euros, al 4% de interés, para compensar a ocho concesionarias de los menores ingresos en 10 autopistas de peaje: las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 a Barajas, la autopista Madrid-Toledo, Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante, la autopista Ocaña-la Roda y el peaje Alto de las Pedrizas-Málaga. Esta ayuda se incluyó de matute el último día de 2010, en una enmienda a la Ley Postal, con el compromiso de que durante tres años se les compensará por la diferencia entre sus ingresos y el 80 % del tráfico previsto al adjudicarlas. O sea, que habrá que darles otro crédito en 2012 y 2013.Y devolverán estos créditos con nuestros peajes, que han subido un 1,44 % en enero y más (hasta el 3,43%) en la R-3 y la R-5.
Un dinero público que se suma a los préstamos aprobados en los Presupuestos de 2010 (200 millones) y 2011 (250 millones), con la inusitada unanimidad de todos los grupos, para compensarles del mayor coste de las autopistas y las expropiaciones, que se multiplicaron por siete debido a la ley del Suelo de 1998, aprobada por el Gobierno Aznar. En total, serán unos 800 millones en ayudas las que recibirán las autopistas en tres años.
Pero las empresas no están satisfechas y piden más. Por un lado, la concesionaria de la autopista Madrid- Toledo demandó al Estado ante los tribunales, por 460 millones de euros, alegando que no se había autorizado la continuación hasta Córdoba (por una declaración de impacto ambiental negativo) y la competencia desleal de la autovía libre M-407 (inaugurada por el Gobierno de Esperanza Aguirre antes de las elecciones de 2007). Ahora, el 1 de junio, el Tribunal Supremo le ha dado en parte la razón y Fomento tendrá que compensarla (o sea, nosotros). Y el resto de autopistas se están mirando la sentencia, para ver si siguen esa vía, exigiendo más compensaciones por tener menos tráfico del previsto.
Además, SEOPAN, la patronal de la construcción ha pedido por carta a Fomento que la compensación por menos tráfico sea de 210 millones al año (en vez de 80,1) durante 20 años (en vez de 3). Y para compensar al Presupuesto, proponen dos medidas para conseguir 2.000 millones extras: que paguemos por usar algunas autovías (M-50 y las que salen de Madrid, entre ellas) y que se ponga un canon a los camiones, como ha hecho Europa.
La amenaza es que si no se resuelve su problema, pueden acabar suspendiendo pagos, presionados por los bancos y Cajas que les financian. Eso supondría que el Estado se tendría que hacer cargo, por Ley, de su deuda, unos 5.000 millones de euros entre deuda bancaria (3.500 millones) y pago de indemnizaciones pendientes. La fuerte presión al Gobierno viene de las poderosas empresas constructoras que están detrás de estas autopistas: ACS, Acciona, Abertis, Ferrovial, Sacyr, FCC, OHL, Itinere, Globalia, Isolux…, presididas por destacados líderes empresariales, asiduos a la Moncloa (Florentino Pérez, José Manuel Entrecanales, Rafael del Pino, Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero…). Un lobby de empresas que ganaron 890 millones de euros en el primer trimestre, un 51% más que en 2010.
El problema de estas autopistas no es que no tengan tráfico, sino que se planificaron mal, en plena euforia del crecimiento (1.999-2004) y con la presión política de las autonomías del PP, que buscaban el efecto imagen de tener más autopistas que nadie: no es casual que 6 de las autopistas con problemas estén en la Comunidad de Madrid y otras dos en Alicante y Murcia. Pero la clave de fondo es que el negocio de las autopistas no está en su explotación, sino en su construcción: las empresas ganan dinero al hacerlas y luego, si no pasan coches, el problema no es suyo, sino del Estado (o sea, nuestro).
Las autopistas es un sector con privilegios desde el franquismo: la Ley de autopistas de peaje de 1972 les permitía endeudarse en divisas con aval del estado y seguro de cambio (si había que devolver más, al subir el yen o el dólar, lo pagaba el Presupuesto). Un privilegio que duró hasta 1998 y que nos ha costado a los españoles unos 8.000 millones de euros. Ahora, la presión sobre el Presupuesto sigue, con la amenaza de suspender pagos y el argumento de que les han caído los ingresos. Con ese argumento podrían presionar los vendedores de coches, las inmobiliarias o el 99% de las empresas españolas. Y no tienen sus beneficios. Esperemos que ni este Gobierno ni el próximo les den más ayudas con nuestro dinero. Ni que nos obliguen a volver a pagar las autovías que ya pagamos con los impuestos. Ya vale.

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