La situación económica no va a ayudar al Gobierno Sánchez en esta Legislatura. Por un lado, la economía española va a crecer mucho menos este año (+2,4%) y sobre todo en 2024 (+1,7%) de lo que creció en los dos últimos años, en 2021 (+6,4%) y 2022 (+5,8%). Y por otro, el nuevo Gobierno echa a andar con una economía europea estancada, que apenas va a crecer en 2023 (+0,6%) y con 10 paises europeos cuya economía caerá esta año: Alemania (-0,3%), Austria (-0,5%), Luxemburgo (-0,6%), Suecia (-0,5%), Irlanda (-0,9%), Estonia (-2,6%), Letonia (-0,2%), Lituania (-0,4%), República Checa (-0,4%) y Hungría (-0,7%), según la Comisión Europea. Y en 2024, la economía europea apenas mejorará: crecerá un +1,3% (menos de la mitad del 3,4% que creció en 2022).
Esta debilidad en el
crecimiento de España y Europa complicará
la política económica del
Gobierno Sánchez, cuya estrategia
“socialdemócrata” se basa en “crecer para recaudar y redistribuir”:
su objetivo es crecer y crear empleo y riqueza, para después, con los
impuestos, poder dedicar recursos públicos a reforzar el Estado del Bienestar y
a modernizar la economía. El problema es que si se crece menos, se recauda
menos y resulta más difícil gastar en sanidad, educación, pensiones,
dependencia o en el ajuste energético y digital de la economía. La otra
estrategia ya la conocemos, de la crisis financiera y Rajoy, los ajustes: se crece
menos, se ingresa menos y se recortan gastos públicos, desde la sanidad a las
pensiones.
El primer reto del
nuevo Gobierno va a ser la
aprobación de los Presupuestos para 2024. La clave serán los gastos. La elaboración de las cuentas públicas se hace al
revés: primero analizar cuántos gastos son ineludibles, luego ver qué ingresos
se pueden conseguir y a la vista del déficit que resulta, ver cómo conseguir
más ingresos o qué gastos hay que recortar para cuadrar las cuentas. Este año,
como los anteriores, un tercio del gasto público será para pagar las pensiones (casi
200.000 millones), donde el Gobierno tiene poco margen, porque tienen que
subir, por Ley, lo que la inflación (un +3,8%
previsto hasta noviembre). Otro gasto fijo son los sueldos de los funcionarios (+2% y un 0,5% adicional).Y un tercer
gasto obligado son los intereses de la
deuda pública, una factura disparada por la subida de tipos (habrá
que pagar 39.078 millones, frente a 26.805 millones en 2021).Y a partir de ahí,
analizar qué margen queda para el resto
del gasto social (Sanidad, Educación, Dependencia, ayudas sociales), vivienda e inversiones públicas. Con un
dilema: si
se mantienen las ayudas contra la
inflación a familias, sectores y empresas (rebaja impuestos energía y
alimentos más ayudas directas), que cuestan 15.000 millones anuales.
Analizados los gastos, habrá que ver los ingresos, con un problema: no se pueden aprobar nuevos
impuestos ni una reforma fiscal (necesaria), porque eso exigiría aprobar una
Ley previa. Así que se mantendrán los
impuestos como están, incluyendo en 2024 el impuesto extraordinario a las energéticas y bancos (2.908 millones recaudados en 2023) y el impuesto a las grandes fortunas (623
millones). Y todo apunta a que la recaudación de Hacienda no crecerá tanto en
2024, al crecer menos la actividad y el empleo. En 2022 se pudo gastar más,
porque hubo un récord de recaudación (255.000
millones, +14,4%), pero en 2023 (el PIB crece casi un tercio) la
recaudación crece menos (+5,1%
hasta junio) y crecerá todavía menos en 2024 (con un PIB menos y la mitad
de empleos nuevos).
Vistos los gastos ineludibles y los ingresos posibles, el Presupuesto 2024 tiene una espada de Damocles:
el déficit público (gastos-ingresos)
no puede superar el 3% del PIB,
porque Bruselas ha advertido que en
2024 vuelven las reglas fiscales, tras la “tregua” por la pandemia y Ucrania: un déficit público máximo del 3%
(España cerrará 2023 con un 4,1%) y una deuda que no supere el 60% del PIB (España
cerrará con el 106,5%). Así que España
tendrá que recortar el déficit del
4,1% al 3%: eso son 15.000 millones de ajuste (o menos
gastos o más ingresos o ambas cosas). El Gobierno Sánchez, en un
primer borrador de las cuentas para 2024 (enviado en octubre) se comprometió con Bruselas a bajar el
déficit al 3% del PIB, pero la Comisión
Europea no se lo cree y prevé que sea del 3,2%.
Tiene dos opciones: o pedir un recorte adicional (-0,2% serían -2.820 millones de
ajuste) o “hacer la vista gorda”, dado que otros
paises grandes tampoco van a cumplir (estiman que el déficit de Francia e Italia
será del 4,4% del PIB en 2024 y el de Bélgica el 4,9% de su PIB).
En definitiva, el Gobierno Sánchez tiene que hacer “encaje de bolillos” para contener los gastos, recaudar más y reducir el déficit a la vez. La
clave va a estar en la marcha de la economía: si crece poco y pincha el empleo,
será difícil recaudar más y poder gastar. El Gobierno apuesta por crecer un 2%
en 2024 y crear 284.877 empleos (frente a 438.028 en 2023), pero tanto la
Comisión Europea como el FMI apuestan por un crecimiento menor (+1,7%), que
incluso la OCDE rebajó en octubre (+1,5%). De ser así, las cuentas 2024 no saldrían,
porque se recaudaría menos (y habría que
gastar más en ayudas).
Este es el gran reto económico del Gobierno
para 2024 toda la Legislatura: crecer para poder gastar y redistribuir.
Y a partir de ahí, ver si puede afrontar
el otro gran reto: consolidar el
Estado del Bienestar (frente al PP y Vox, que defienden privatizar y recortar servicios), Eso exige recursos y gestión, pero sobre todo negociar
con las autonomías (11 gobernadas por la derecha) que gestionan y
financian (también con transferencias del Estado) la mayoría de servicios
públicos. En Sanidad, el gran reto
es recortar las listas de espera,
que han
batido récords en junio: 819.964 españoles esperan para operarse (112 días
de media) y 79 de cada 1.000 pacientes esperan para ir al especialista (más de
60 días el 51,6%). Y además, mejorar la
atención primaria y las urgencias, implantando un Plan de Salud Mental, que
exige triplicar el número de psicólogos. En
Educación, las
prioridades son reducir el abandono escolar y los alumnos por aula, crear
300.000 plazas públicas en Formación Profesional y la inclusión de todos los niños de 0 a 3 años en centros públicos.
Y en Dependencia, forzar a las
autonomías a dedicar más recursos, junto al Estado, para reducir las listas
de espera, que han aumentado en octubre (a 189.546), provocando que mueran 123 Dependientes cada día sin ayudas.
Y extender el ingreso mínimo vital (alcanza
ya a 2
millones de beneficiarios), pero
sobre todo, que las autonomías no lo aprovechen para reducir sus rentas mínimas
(como hacen Madrid y otras).
Dos retos claves para consolidar el Estado del Bienestar son
poner orden en los impuestos y reformar el sistema de financiación
autonómica. A pesar de las quejas de algunos, España sigue recaudando menos ingresos públicos que la mayoría de
Europa: el 42,8% del PIB frente
al 45,7% de media UE-27, el 46% en
Alemania, el 46,8% en Italia y el 52,8% en Francia, según
la Comisión Europea. A lo claro: España
recauda 40.890 millones menos cada año que la media europea. Y eso sucede porque algunos pagan menos impuestos,
sobre todo las grandes empresas y bancos, multinacionales y grandes fortunas, además
de las numerosas exenciones en IVA e IRPF. Así que si queremos tener mejores servicios públicos, habrá que hacer una
reforma fiscal para conseguir recaudar más, para que paguen esa minoría que
hoy evade o elude impuestos. Hay un Libro
Blanco de propuestas de expertos,
entregado en marzo de 2022, que podría ser el punto de partida para esa
necesaria reforma fiscal.
Y también está pendiente, desde 2014 (la prometió Rajoy), la
reforma del sistema de financiación autonómica,
fijar un nuevo mecanismo para financiar las autonomías y sus servicios
públicos. El sistema actual, según
un estudio de FEDEA, beneficia a
Cantabria, la Rioja, Extremadura,
Canarias y Castilla y León. Y perjudica
a Comunidad Valenciana, Murcia,
Cataluña, Andalucía y Baleares (cada balear recibe 2.296 euros, frente a
3.533 euros cada cántabro). Ahora, la reforma debería cambiar el peso de las
distintas variables (población, renta, coste servicios públicos…) para hacer
más justo el sistema de financiación.
En paralelo a esta reforma, difícil con la mayoría
autonómica del PP, habrá que negociar la
quita (“perdón”) de parte de la deuda autonómica, propiciada
por haber incluido en el pacto de investidura la quita de 15.000 millones de
deuda a Cataluña. La ministra de Hacienda ha reiterado que “habrá
quita para todos”: el Estado
asumirá 88.000 millones de los 191.747 millones de deuda
autonómica que asumió el Estado (FLA) en 2012 (Rajoy), porque no conseguían
financiarse. La autonomía más
beneficiadas por esta “quita” de deuda sería
Andalucía (-16.437 millones, el 64,7% de su deuda con el Estado), no Cataluña (-15.000 millones, el 20,5%
de la deuda), seguidas de Madrid (no
tiene deuda con el Estado, pero se le transferirán 12.979 millones para reducir
su deuda privada), Comunidad Valenciana
(-9.750 millones, el 20,2% de su deuda con el Estado), Galicia (5.757 millones, el doble de su deuda), Castilla y León (5.125, el doble de su
deuda), Canarias (quita de 4.385
millones, el triple de su deuda), Castilla
la Mancha (4.205 millones, el 37% de su deuda total), las 8 autonomías a las que se va a perdonar más
deuda (6 del PP), aunque la quita será para todas.
Pero hay más temas
laborales pendientes. Uno clave es la
reforma del despido, porque PSOE
y Sumar pactaron en su programa de Gobierno “endurecer” las causas de los despidos (que han
aumentado tras el fin de la COVID), lo que preocupa
mucho a la patronal, porque cree que “encarecería el despido” en el futuro, dificultado la contratación. Otro
tema pactado con Bruselas es la reforma
del seguro de desempleo (somos el 2º país europeo que más gasta, tras
Francia), para incentivar a los parados a
reconvertirse, formarse y buscar trabajo. Y también está pendiente el Estatuto del Becario y la reforma
de la jubilación parcial, para que los mayores trabajen menos horas y
den paso a los jóvenes. Y urge aprobar Planes de empleo para jóvenes, mujeres y mayores si el Gobierno quiere conseguir el
pleno empleo (8% de paro frente al 11,84% actual). Con todo, “la medida
estrella” de esta Legislatura será la prometida reducción
de la jornada laboral, de 40 horas a 37,5 horas (2025). Además, Yolanda
Díaz quiere aprobar un nuevo
Estatuto de los Trabajadores (de 1980, aunque se ha retocado muchas
veces), que incluya el trabajo digital, la transición verde, la participación
de los sindicatos en las empresas o la representatividad empresarial.
Y quedan otros retos
importantes, aunque menos mediáticos.
Como afrontar el grave problema de la
vivienda, con precios
disparados del alquiler, por falta de un parque de viviendas públicas (y
una baja promoción privada). La preocupante situación
de los jóvenes, con un altísimo paro (27,82%) y un empleo precario y mal pagado, que,
junto a los alquileres imposibles les
obligan a vivir con sus padres (al 66% de los que tienen entre 18 y 34 años,
frente al 49% en Europa). Y una mayor
atención a las familias, para facilitar la conciliación laboral, los
cuidados y los nacimientos, porque la demografía es uno de los grandes retos del siglo XXI: el año pasado nacieron 329.251 niños, 125.397 menos que en 2012. Y no
podemos olvidar el otro gran reto de este
siglo, la lucha contra la emergencia
climática, una de las prioridades de este Gobierno, que debe avanzar en las
energías renovables (poniendo
orden a la actual burbuja) y en la reforma
del mercado eléctrico aprobada por Europa. Otro gran reto (objeto de un
nuevo Ministerio) es la digitalización
de la economía y la Inteligencia artificial (para la que se
aprobará un Reglamento europeo antes de fin de año). Y también es clave la
reindustrialización de España, avanzar en las nuevas industrias
(baterías, coches eléctricos, hidrógeno verde, nuevas energías, chips, datos…)
donde España debe buscar su lugar en el mundo y asegurar así el crecimiento y
el empleo del futuro.
Por retos y tareas no
será. Retos económicos que deben apoyarse en una mejora de la formación de
los españoles y en una cooperación de la inversión pública y
privada, para aprovechar el tirón
de los Fondos europeos. Y que debería contar con la colaboración de
autonomías, instituciones y políticos de todo signo, porque nos
jugamos el futuro de España y de los españoles, nuestra competitividad,
empleo y nivel de vida. Todos estos retos sí son importantes y deberían
unirnos, por encima de la amnistía. El dilema sigue siendo el mismo que hace
años: avanzar
o retroceder. En España y en Europa.
Me parece que el debate en torno a este tema es enriquecedor, en mi clase de administración y finanzas ya que nos permite la reflexión.
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