lunes, 12 de septiembre de 2016

Curso escolar 2016-2017: muchas incertidumbres


Esta semana acaban de volver al colegio o al instituto más de 8 millones de niños y adolescentes, que cursan Primaria, ESO, Bachillerato o FP. Y comienzan un nuevo curso lleno de incertidumbres. La principal, como hace un año, si se va a aplicar la LOMCE y si habrá reválidas en junio próximo para 700.000 estudiantes de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. Pero además, los centros no saben su presupuesto, porque las autonomías no van a recibir más dinero del Estado, al prorrogarse para 2017 los Presupuestos de este año, por falta de Gobierno. Y mientras, los padres tendrán que hacer frente a nuevos gastos, desde los libros al comedor o transporte escolar, sin que haya más becas ni ayudas. Entre tanto, es un clamor la petición de un Pacto educativo, que asegure recursos y estabilidad a la enseñanza, para reducir el abandono escolar (España es líder en Europa) y mejorar la formación para que los jóvenes encuentren trabajo. Urge un Pacto educativo este curso.
 
enrique ortega

Otro curso más, aumentan los  niños y jóvenes que inician el curso escolar: serán unos 8.150.000 alumnos de enseñanzas no universitarias, 39.000 más que el curso pasado. Bajarán algo los inscritos en educación infantil, 1.800.000 (por la menor natalidad y los altos precios) y subirán ligeramente los alumnos de primaria (2.925.000), ESO (1.870.000) y Bachillerato (700.000), aunque el mayor aumento se dará, otro año más, en Formación Profesional (790.000 alumnos), por la mejora de los cursos y las mayores salidas profesionales. Se espera una ligera caída de la enseñanza pública, que acoge al 68% de los alumnos, mientras sube ligeramente la concertada (24%) y se estabiliza la enseñanza privada (8%). Eso sí, las diferencias son grandes por autonomías: hay regiones con una mayor penetración de la enseñanza pública, como Castilla la Mancha (82,1%), Extremadura (80%), Canarias (78,5%) o Andalucía (75%) y otras donde la pública casi iguala a la enseñanza concertada y privada, como el País Vasco (sólo 51,1% de alumnos en la pública) y Madrid (54,9%).

Un curso con más alumnos y también con más profesores, porque muchas autonomías (controladas en su mayoría por la izquierda) han aprobado oposiciones para cubrir plazas de profesores, tras haber desaparecido 33.684 docentes (el 8,1%) entre 2012 y 2015 por los recortes y no cubrir jubilaciones, según datos de CCOO. El problema es que las autonomías, que financian el 84% del gasto español en educación, van a tener problemas financieros este curso, no sólo porque les está cayendo la recaudación (como a Hacienda), sino porque van a tener menos ingresos de los previstos, al no poderse aprobar un nuevo Presupuesto para 2017 y prorrogarse el actual, por falta de Gobierno. De hecho, el Gobierno en funciones ya les ha dicho que, al no haber nuevo Presupuesto, tendrán que rebajar su déficit en 2017 al 0,3% y no al 0,7% prometido en abril, lo que les obligará a gastar 4.000 millones menos. En todo, pero sobre todo en educación, sanidad e inversiones, los principales gastos. Y por si fuera poco, el Gobierno en funciones advierte que sin Presupuestos, no se podrán subir las becas este curso 2016-2017...

Y todo eso será un problema extra para una educación que lleva con recortes desde 2010. Según los datos oficiales de Educación, el Presupuesto educativo ha pasado de un máximo de 53.895 millones en 2009 (el 4,99% del PIB) a 46.469 millones en 2015, el 4,23% del PIB. Eso supone un recorte de gasto de 7.426 millones de euros en 6 años. Y este año 2016, aunque el Presupuesto ha aumentado en 208 millones, han sido básicamente para la aplicación de la LOMCE, para financiar los nuevos ciclos de la FP básica y la elección de los nuevos itinerarios en 3º y 4º de la ESO. Con lo que, en realidad, para las partidas ordinarias de la enseñanza, ha habido este curso menos Presupuesto que el pasado. Como ya pasó en 2014-2015 y como volverá a suceder este nuevo curso, al prorrogarse el actual Presupuesto. Con ello, las autonomías y los centros tendrán que hacer malabarismos para aumentar profesores, mejorar su oferta y ofrecer más servicios. Un dato esclarecedor: en Cataluña habrá este nuevo curso 1.010 colegios en barracones, 14 más que el curso pasado…

Además de la penuria económica, a las autonomías, los centros, sus profesores y alumnos les preocupa  lo que va a pasar con la LOMCE, la Ley educativa aprobada en 2013 por el PP (en solitario) y que todos los demás grupos han prometido derogar si gobiernan. De momento, el gobierno en funciones del PP la sigue aplicando y el pasado 29 de julio, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para obligar a las autonomías a establecer, antes de finales de noviembre, las condiciones de las reválidas que han de hacer obligatoriamente (en junio próximo) los 700.000 alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. De entrada, 13 autonomías están en contra de hacer estas reválidas (12 no gobernadas por el PP más Castilla y León), que han sido también criticadas por el Consejo escolar del Estado, los profesores (el 80,7% las rechaza, según una encuesta hecha por la Universidad Autónoma de Madrid), los sindicatos (amenazan con movilizaciones este otoño) y varias asociaciones de padres. Todos creen que estas pruebas excluyen a los alumnos con problemas y no mejoran la enseñanza.

Pero el Gobierno en funciones insiste en obligar a las autonomías a que fijen ya las condiciones de estas reválidas, ya que serán ellas las que establezcan las preguntas y el calendario, lo que supondrá una disparidad en las pruebas entre regiones. La reválida de 4º de la ESO, que sólo se hace en 5 países europeos (Italia, Reino Unido, Portugal, Estonia y Malta), sería esta primera vez una prueba piloto, pero en el futuro, si se mantiene, sería un filtro obligado para pasar al Bachillerato (contaría un 30% en la nota final y el otro 70% la nota media de toda la ESO). La reválida de 2º de Bachillerato, que se hace también en 23 países europeos, será esta primera vez una prueba, sin contar como nota, pero será obligatoria para acceder a la Universidad, ya que sustituye al anterior examen de Selectividad. Y lo peor es que cada Universidad diseñará su prueba, con lo que puede haber desigualdad entre los alumnos según donde la hagan.

Esta “guerra” de las futuras reválidas inquieta a los centros, profesores, alumnos y familias, mientras el ministro de Educación en funciones insiste que la LOMCE es una Ley orgánica y “hay que cumplirla. Y amenaza incluso con tomar medidas contra las autonomías que no lo apliquen, como ya hicieron el curso pasado con la prueba al final de 6º de Primaria: 7 de cada 10 estudiantes no hicieron este examen, incluido en la LOMCE, y 7 autonomías acabaron denunciadas ante la alta inspección educativa (Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares), con expedientes aún no resueltos. Ahora, todo va a depender de los pactos políticos y del futuro Gobierno. De que se confirme la LOMCE o de que se pacte una nueva Ley orgánica antes de junio próximo.

Otra novedad de este curso, impuesta por la LOMCE, es que se refuerzan Lengua, Matemáticas y Ciencias, mientras se dejan de lado las enseñanzas artísticas (música, dibujo y artes plásticas) y la filosofía. Por ejemplo, este nuevo curso deja de ser obligatoria en 2º de Bachillerato la Filosofía (sigue en 1º), lo que ha provocado una movilización de intelectuales y docentes que ha llevado a que 10 autonomías la sigan manteniendo como obligatoria en todas o en algunas especialidades, mientras no será obligatoria en otras 7 autonomías que no han “apostado” por la Filosofía (Galicia, Madrid, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Canarias y la Comunidad Valenciana. Otra muestra de disparidad educativa entre autonomías.

Además de las materias a enseñar y la escasez de Presupuestos, los centros se enfrentan a buscar fórmulas para mejorar la calidad de la enseñanza, tras los recortes que han llevado a aumentar los alumnos por clase, reducir las clases de refuerzo y los desdobles y reducir la atención a la educación especial. Y hay que plantearse mejorar las plantillas de docentes (675.000), no sólo para recuperar los 33.684 perdidos sino para mejorar su situación laboral, lo que se traduciría en una mayor eficacia docente. De hecho, hay una gran precariedad laboral, con muchos interinos sin plaza (10.000 más que en 2009), con una plantilla de profesores muy envejecida y mal pagada: los recortes en los salarios brutos han sido, entre 2010 y 2016, de entre el 44% (maestros) y el 57% (profesores de secundaria y catedráticos), según un estudio de FETE-UGT. Y se mantienen grandes diferencias por regiones: el salario bruto de un maestro de primaria es mucho menor en Galicia (1.971 euros) que en el País Vasco (2.335 euros) y lo mismo en secundaria (2.231 euros en Galicia frente a 2.934 en Ceuta o Melilla).

Y mientras, los alumnos y sus familias ven cada año cómo les sube la factura del colegio o instituto, mientras han bajado las becas (hay 200 millones y 40.000 beneficiarios menos que en 2011) y las ayudas, para libros, comedor o transporte (de 126 a 46 millones de euros). Y lo peor es que becas y ayudas son cada vez más desiguales entre autonomías (ver listado). Para este curso, vuelven a subir los libros de texto (un 1,1%), el gasto de comedor y el transporte, así como las matrículas, uniformes y otros gastos. Actualmente, tener un hijo en edad escolar supone un gasto en septiembre de unos 600 euros, entre libros (de 200 a 400 euros), uniformes (200-300 euros), comedor (110 euros),  transporte (80-100 euros) y gastos de matrícula o abono mensual, que aunque se dice “voluntario” es realmente obligatorio en los centros concertados. Y luego, ese gasto se mantiene, con extraescolares, seguros, APAS y otros extras, en unos 250 euros mensuales por niño. No es extraño que el gasto educativo haya sido el único, junto al sanitario, que ha aumentado en las familias con la crisis, un 36,7% entre 2010 y 2016, según la Encuesta de Presupuestos familiares del INE.

Una educación polémica, desigual, sin medios, cara para las familias y que encima lleva al abandono escolar de uno de cada cinco alumnos: España es líder en Europa, con un 20% de jóvenes que dejan sus estudios, el doble que en la UE (11% de abandono escolar). Urge pues, otro curso más, afrontar este grave problema y mejorar un sistema educativo que además no prepara a los jóvenes para el trabajo, ya que casi la mitad (46,5%) está en paro. Por eso, desde la comunidad educativa se pide un Pacto educativo, un acuerdo que establezca unas normas para varias décadas, al margen de quien gobierne, y terminar con los vaivenes legislativos que nos han traído las 7 leyes educativas de la democracia. Todo el mundo habla de la necesidad del Pacto, pero los políticos son incapaces de firmarlo, por lo que muchos plantean que se geste primero entre la comunidad educativa, expertos y familias.

La base de cualquier Pacto educativo debería ser asegurar una financiación suficiente para la educación, al margen de Gobiernos y coyunturas. España gasta hoy un 4,2% de su riqueza (PIB) en educación, por debajo de la media europea, que es del 5 al 6% del PIB. Eso obligaría a gastar más, a recuperar primero los 7.500 millones perdidos desde  2009 y luego aumentar unos 10.000 millones más de gasto cada año. Y crear un fondo interno de homogeneización, para que no haya autonomías que gasten más y otras menos en educación. Después, hay que fortalecer las plantillas y los centros, con más recursos para educación infantil y la Formación Profesional, por la que hay que apostar decididamente, para ponernos a nivel europeo. Y en paralelo, revisar contenidos y formas de estudio, buscando una educación más práctica, más ligada a lo que demanda el futuro y las empresas, sin olvidar la importancia formativa de las enseñanzas artísticas y sociales. Y todo ello, con una mayor participación de centros, profesores, expertos y familias y una menor politización de la educación.

España tiene el doble de paro que Europa porque tenemos una estructura económica y empresarial menos competitiva pero también porque tenemos una peor educación, según los últimos datos de la OCDE (“Panorama de la educación 2014”): un 45% de los españoles adultos (25-64 años) tienen un nivel educativo bajo (sólo con la ESO acabada o ni siquiera), frente al 21% en Europa (UE-21) o el 24% de la OCDE (34 paises más desarrollados), y muy lejos de Suecia (12% de adultos poco formados), Alemania (14%), Finlandia (15%), Reino Unido (22%), Irlanda (25%) o Francia (27%). En el medio, también tenemos menos adultos con formación media (bachillerato y FP Básica): un 22% en España frente al 48% en Europa y el 44% en la OCDE. Y sin embargo, por arriba, estamos en cabeza de universitarios: un 32% en España frente al 29% en la UE y el 33% en la OCDE. Así nos va. Esto es algo que hay que arreglar a medio plazo, pero hay que empezar ya, con otra enseñanza. A ver si este es el último curso antes de un cambio educativo a fondo. Es uno de los grandes retos del país.

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