Los efectos del coronavirus
son desiguales como la vida misma. La pandemia se ha cebado sobre Italia (10.023 muertos) y España (6.258 muertos), mientras apenas afecta a Alemania (325 muertos),
Holanda (771), Austria (86 muertos), Finlandia
(11), Suecia (110) o Dinamarca (72), que quizás por eso (y
por el miedo a la ultraderecha) se resisten a ayudar a la Europa del sur.
En España, la pandemia se ha cebado
en Madrid (3.082 muertos), Cataluña (1.226), Castilla la Mancha (539), Castilla
y León (380) y Euskadi (207 muertos), con grandes diferencias de gasto sanitario y medios, y en los ancianos (2 de cada 3 muertos son mayores
de 80 años). En la emergencia económica,
unos pocos sectores protagonizan los 2
millones de trabajadores temporalmente
sin empleo, mientras hay otro millón
de despedidos (el 75%, trabajadores temporales). Y los parados,
madres solas con hijos, emigrantes, jóvenes y ancianos pobres sufren más la emergencia
social. Urgen medidas desiguales,
concentradas en los paises, autonomías y
grupos sociales que más sufren esta emergencia. Y lo mismo después, en la reconstrucción. Hay que “plantarse” ante Europa.
Llevamos las 2
primeras semanas confinados y
parece que lo peor ha pasado, aunque queda mucho por delante: llevamos
varios días en que los nuevos contagios
crecen menos (del +40% que crecían en
la primera mitad de marzo al +20% en la segunda mitad y un +9% ayer domingo), aunque
aumentan las muertes y los datos son muy graves: 78.796 contagiados y 6.258 muertos ayer, lo que
nos sitúa como el 4º país del mundo
con más afectados (tras los 124.509 de EEUU, los 92.472 de Italia y los 82.120 de China) y el 2º país con más muertos (tras los 10.023 de Italia). Ahora, quedan 2 semanas duras, con
un aumento de ingresos en UCI y más muertes, a las que seguirán uno o dos meses duros,
con bajada de la curva pero una gran tensión sanitaria, económica y social.
Lo primero que choca es la
desigual gravedad de la pandemia en Europa. Los datos disponibles quizás no
revelen la realidad y haya más contagiados de los reconocidos, pero las estadísticas oficiales revelan
que hay una enorme diferencia en el contagio del coronavirus en Italia (92.472 contagiados, 117,92 por 100.000 habitantes) o España
(78.796 contagiados, 151,04 por 100.000 habitantes) frente a la Europa rica del norte:
Alemania (48.582 contagiados, 54,10 por 100.000 habitantes), Francia (37.575 y 49,37), Holanda (10.866, 62,87),
Austria (8.486 y 95,46), Bélgica (10.836 y 94,59), Suecia (3.700 y 36,16),
Dinamarca (2.395 y 41,25) o Finlandia (1.221 y 22,13), con menos contagios en Reino Unido (17.089, 23,61 por 100.000 habitantes)
y aún menores en Portugal (5.962,un 58,01 por 100.000) y Grecia (1.061, el 9,89).
Pero si contamos los
muertos, el impacto más grave de esta pandemia, la mortalidad
se ha cebado aún más sobre Italia
(10.023 muertos, el 10,8% de los
contagiados) y sobre España (6.258 muertos, el 8,3%) que sobre Alemania (325 muertos, el 0,7% de los contagiados, pero ojo: sólo
cuentan los muertos en hospitales), Austria (86 muertos, el 1,01%), Bélgica (431 muertos, el 3,97%),
Suecia (110 muertos, el 2,97%), Dinamarca (72 muertos, el 3%) o Finlandia (11 muertos, el 0,9%). Y tienen también menos letalidad
Francia (2.314 muertos sólo en hospitales, el 6,15% contagiados), Holanda (771 muertos, el 7,09%), Reino Unido (1.228 muertos, el 6,29%), siendo mínima en Portugal (119 muertos,
1,99%) y Grecia (32 muertos, 3,01%).
La pregunta del millón es ¿Por qué España e Italia tienen más porcentaje de contagios y, sobre
todo, más muertes por coronavirus? Los
expertos apuntan varias causas: las estadísticas no son homogéneas, reaccionaron con retraso al aislar a los contagiados, han hecho menos test (160.000
en la primera semana en Alemania y 30.000 en España), los
primeros enfermos eran más jóvenes en Alemania, hay menos proporción de
ancianos en la Europa del norte que en España e Italia (en Alemania es
similar), hay menos contactos familiares
(en la Europa del norte hay más jóvenes que viven fuera de casa) y una menor
cultura de relaciones y “vivir en la calle”. Pueden ser factores que lo expliquen,
pero hay otro más clave: el desigual gasto
en salud y las infraestructuras sanitarias.
Porque algo tendrá que ver el hecho de que España sea el 4º país europeo que más ha
recortado el gasto sanitario entre 2008 y 2013 (-1,4%), tras Grecia
(-9,4%), Islandia (-3%) y Portugal (-1,9%), e Italia sea el 5º con más recortes (-0,9%), mientras Alemania lo
aumentaba un +2,1% y Corea (otro país con pocos muertos por coronavirus: 158)
lo aumentaba un 5,4%, según datos del informe “Panorama de la salud 2019” de la
OCDE. En el caso de España, el gasto sanitario
se redujo en -9.787 millones entre 2009 y 2014 (se perdieron 1 de cada 7 euros), según
los datos de Hacienda. Y entre 2010 y 2014 se perdieron 41.000 empleos sanitarios (-11.000 médicos y -30.000
enfermeras). A partir de 2015, el gasto y las plantillas aumentaron
pero ha sido insuficiente: todavía hay 35.000
empleos menos y el gasto sanitario
público en 2018 (70.804 millones) era todavía inferior al de 2009 (72.239 millones).
Al final, estos recortes han agravado la brecha en el gasto sanitario de España (e Italia) con Europa y los paises del norte : el gasto sanitario per cápita en España es de 3.323 euros (y de 3.428 en
Italia), casi la mitad que en
Alemania (5.986 euros), Suecia
(5.447), Austria (5.395), Dinamarca (5.288), Holanda (5.288) e inferior a
Francia (4.965), Finlandia (4.228) o Reino Unido (4.070 euros por habitante). Y
esto se traduce en menos médicos
(3,9 médicos por 1.000 habitantes en España y 4 en Italia frente a 4,3 en
Alemania), muchas menos enfermeras
(5,7 por 1000 habitantes en España y 5,8 en Italia frente a 12,9 en Alemania), menos camas de hospital (3 en España
por 1.000 habitantes y 3,2 en Italia frente a 8 en Alemania y 12,3 en Corea) y,
sobre todo, menos camas en UCI (9,7
por 100.000 habitantes en España y 12,5 en Italia frente a 29,2 en Alemania y
12,6 en Corea), según la OCDE.
Y ahora vayamos al desigual
impacto del coronavirus dentro de España. La pandemia se ha
cebado sobre todo en la comunidad de
Madrid (22.677 contagiados, 287,14 por cada 100.000 habitantes) y Cataluña (15.026 contagiados, 186,46),
seguidas del País Vasco (5.740, 231,45 por 100.000), Castilla y León (5.414, 213,46), Castilla la Mancha (5.246 y 238,33), Comunidad Valenciana (4.784 contagiados, 87,42 por 100.000 habitantes) y Andalucía (4.682 contagiados,
sólo 50,45 por 100.000 habitantes), , según los datos de Sanidad. Y de momento se han "librado" Ceuta (21 contagios),
Melilla (48), Murcia (872, 55,62 por 100.000 habitantes), Baleares (958 y 79,69),
Cantabria (1.023 y 167,28), Asturias (1.088 y 92,88), Canarias (1.125 y 47,18), Extremadura (1.456 y 127,47) y la Rioja
(ojo: 1.629 contagios, pero el índice más alto de España, 419,51 por 100.000
habitantes).
Lo más preocupante son los muertos y aquí el índice de letalidad varía mucho por
autonomías. La mayor mortalidad
se da en la comunidad de Madrid
(3.082 muertos, el 13,59% de los
afectados, superior al 8,3% de media en España), seguida de Castilla la Mancha (539 muertos y un 10,27% de letalidad), Cataluña (1.226 muertos y un 8,15% de letalidad), Castilla y León
(380 muertos y un 7.01% de letalidad) y Extremadura
(sólo 100 muertos, pero un 6,8% de letalidad), . Y a la cola en
mortalidad por coronavirus se sitúan Ceuta (1 muerto), Melilla (1), Murcia
(20, el 2,2%) y Galicia (60 muertos, el 1,9%), mientras el País Vasco (265 muertos, 4,6% letalidad), Navarra (84 muertos, 4,17% letalidad) y Andalucía
(207 muertos, 4,42% letalidad) tienen muchos contagios pero menos
mortalidad, según los datos que difundió ayer el Ministerio de Sanidad.
La segunda pregunta del millón: ¿por qué hay tanta diferencia en el impacto del coronavirus por
autonomías? Los expertos utilizan varios argumentos: mayor o menor concentración de población (deportes,
manifestaciones, eventos), diferente intervención a la hora de aislar primeros
afectados, mayor número de ancianos en la región (caso de las dos Castillas) y
distinta infraestructura sanitaria. Y aquí también, hay que recordar otro
factor clave: el desigual gasto en salud
y las diferentes infraestructuras sanitarias.
Todas
las autonomías hicieron recortes en sanidad con la crisis, pero unas más que
otras. Así, los presupuestos autonómicos en sanidad se recortaron en -3.864 millones entre 2009 y 2018,
según este informe de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, un -6,02%
de media, con 9 autonomías que hicieron recortes: Cataluña
(-3.328,2 millones, el -27,51%), Castilla la Mancha (-371,9 millones, el
-11,83%), Aragón (-192,1 millones, el -7,96%),
Extremadura (-100,3 millones, el -5,89%), Madrid
(-381,2 millones, el -4,78%), La Rioja (-18,5 millones,
el-4,11%), Galicia (-79,5 millones, el -2,02%), Andalucía (-109,4, el -1,11%) y
Canarias (-13,5 millones, el 0,46%).Mientras, las 8 autonomías restantes
gastaban más en sanidad en 2018 que en 2009, sobre todo Baleares (+18,64%), Navarra
(+9,55%), Cantabria (7.05%) y País Vasco (+4,55%).
Al final, estos distintos
recortes autonómicos han agravado la
brecha en el gasto sanitario entre regiones. Así, las dos autonomías que
menos gastan por habitante (2018) son Cataluña
(1.153,66 euros) y Madrid (1.154,20
euros), las dos más afectadas por el coronavirus, seguidas de Andalucía
(1.161,14 euros), Murcia (1.254,89) y Comunidad Valenciana (1.285), las 5
autonomías que gastan menos de la media española (1.295,82 euros por
habitante), según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Y a la cabeza del gasto
sanitario están el País Vasco
(1.690,43 euros, un 46,5% más que en Cataluña o Madrid), Navarra (1.629 euros por habitante), Asturias (1.623) y Aragón
(1.520 euros).
Esto se traduce en diferentes
medios sanitarios, desde médicos y enfermeras a camas de hospital, según se detalla en este Informe de la Federación en Defensa de la Sanidad pública. Y sobre todo, en las camas en UCI : 7,4 camas
en UCIs públicas por 100.000 habitantes en
Madrid (más 3,5 en centros privados) frente a 9,1 en la Comunidad Valenciana,
9 en Extremadura, 8,7 en Canarias (más 2,3 privadas) , 8,6 en Aragón, 7,6 en
Murcia y Castilla la Mancha frente a sólo 6,9
UCIs públicas en Cataluña (más 1,9
privadas), 6 en la Rioja, 6,8 en Andalucía y 6,9 en Cantabria.
El impacto del coronavirus no sólo es desigual entre las autonomías sino también entre los españoles, según Sanidad. Sufren más la pandemia los hombres (50,09% contagios y 62,7% de las muertes) y los mayores: la mitad de los contagiados (48%), el 68% de los
hospitalizados, el 70% de los que están en la UCI y el 95,3% de los muertos tienen
más de 60 años. Y sobre todo, la pandemia se ha cebado en los mayores de 80 años: son el 59,7% de los muertos.Este mayor impacto
del coronavirus entre los ancianos tiene mucho que ver con la penosa situación de las residencias de ancianos
en España, dado que el 63% de los muertos por coronavirus estaban en una residencia
(1.517 muertos hasta el jueves, más de 1.000 en Madrid). En España hay 5.417
residencias, con más de 300.000 ancianos
alojados, el 72 % en residencias
privadas, gestionadas en su
mayoría por inversores extranjeros y empresarios españoles, con mínimos
recursos humanos y materiales, como reflejé en un blog reciente. Y ahora han colapsado, agravando nuestra alta mortalidad.
Ahora, la emergencia
sanitaria continúa, suavizando la curva de contagios en Madrid y el
País Vasco, agravándola en Cataluña, Castilla la Mancha y avanzando en Castilla
y León, Comunidad Valenciana y Andalucía, retardando su impacto en el resto del
país. Es prioritario reordenar la oferta, priorizando Madrid y
Cataluña y ayudando al resto, como ha hecho Galicia prestando respiradores a Madrid. Y
resulta clave ampliar las camas UCIs y los profesionales utilizando al máximo la sanidad privada, que tiene un
60% de los hospitales (460) y muchas UCIs: es una inmoralidad que cierren
servicios e incluso soliciten un ERTE para 28.000 profesionales sanitarios mientras los sanitarios
públicos duplican jornada y se contagian (12.298 hasta hoy). Urge ampliar los laboratorios de
análisis, que son hoy un cuello de botella. Y crear de una vez una Reserva
estratégica de mascarillas, guantes, batas, respiradores, medicamentos,
hospitales de campaña, UCIs y personal, porque la batalla sanitaria va para
largo.
Mientras, la emergencia económica avanza
cada día que el país sigue confinado y paralizado. Ya empiezan a conocerse los
primeros datos, que irán a más en las próximas semanas: 225.000 ERTEs el jueves
pasado, que suponen 1,7 millones de trabajadores para los que se pide una paralización temporal de empleo. Y en paralelo, 1 millón de trabajadores que han sido
despedidos (el 75%, trabajadores con contrato temporal) este mes de marzo, según ha denunciado CCOO. En total, nos acercamos a 3 millones de trabajadores sin empleo y que tendrán que cobrar el paro, este mes y el que viene, al
menos. Y aquí, la emergencia económica
es también muy desigual, porque
afecta sobre todo a una serie de sectores (hostelería, turismo,
automóvil, comercio y ocio) y más a unas provincias que a otras (Canarias,
Baleares, Madrid, Cataluña, litoral mediterráneo). Y más a pequeñas empresas y
autónomos que a grandes compañías.
Aquí, algunas son “responsables”, como el Santander (que dice que no hará
ERTEs) o Inditex (que “aguantará” hasta el 15 de abril), pero no otras con
abultados beneficios, como el Corte Inglés o el Barça, que han pedido ERTEs.
Frente a este tremendo impacto económico del coronavirus,
el Gobierno ha aprobado dos paquetes de medidas que permiten
no pagar cotizaciones a las empresas afectadas y también a los autónomos que
cierren o reduzcan un 75% su actividad (cobrarán un mínimo de 661 euros y se ahorrarán 289 en cotizaciones).Y se movilizan 200.000 millones en créditos a empresas y autónomos, con un
80% de aval público (70% en caso de grandes empresas). Además, hay una
moratoria de 6 meses en el pago de hipotecas a los españoles afectados por el
coronavirus y no se les podrá cortar la luz, el gas o Internet por impago.
Ahora se estudian nuevas medidas
para que las empleadas de hogar (400.000) cobren un
subsidio (del 70% de la base de cotización) y una moratoria en los alquileres a pymes,
autónomos, empresas y particulares (asegurando que el propietario reciba el
pago del alquiler con fondos públicos). Otra medida aprobada el
viernes fue prohibir temporalmente los despidos por coronavirus, como hizo Italia.Y desde hoy lunes, se paralizan los trabajos "no esenciales" hasta el 9 de abril, otra "vuelta de tuerca" que puede ayudar pero que agravará la recesión.
La emergencia sanitaria ha provocado una emergencia
económica ya visible y va a acarrear
una emergencia social,
sobre colectivos que ya habían sufrido más la crisis y que ahora serán
los mayores “paganos” del coronavirus
(por detrás, claro de los muertos y sus familias): parados
antiguos (hay que ampliar el paro a los que se les acaba) y nuevos, madres solas con niños, emigrantes, ancianos y algunos jóvenes,
pobres que ahora lo van a pasar peor. Son esos 8,5 millones de
españoles que el último Informe FOESSA (Cáritas) calificaba como “vulnerables”, por su paro, empleo
precario, formación o problemas de vivienda, educación o pobreza infantil. Ahora necesitan más
ayudas sociales y dar recursos a las ONGs, Cáritas y la Cruz Roja. No en vano,
el coronavirus ha hecho que Luis de
Guindos, uno de los responsables de los recortes y ahora vicepresidente del BCE, defienda ahora la renta mínima. El Gobierno,
que la había prometido, estudia implantar un ingreso mínimo vital, que
será clave para afrontar la emergencia social del coronavirus.
Todas las medidas
sanitarias, económicas y sociales contra el coronavirus tienen dos fases:
unas son medidas urgentes, que habrá
que aplicar y aumentar día a día, y otras
vendrán después, cuando se acabe el confinamiento y haya que reconstruir la
economía y el país. En conjunto, el esfuerzo económico será tremendo, miles de millones de euros para un país
que tiene uno de los mayores déficits públicos de Europa (el -2,2%) y una elevadísima deuda pública acumulada durante la crisis (más de un billón de euros,
casi el 100% del PIB). Con las medidas que hay que tomar, el déficit se puede ir al 8 y al
10% del PIB (como en 2009) y la deuda
llegaría al 120% del PIB. Un esfuerzo imposible sin
ayuda externa, tanto de los inversores (deuda) como de Europa.
Pero Europa no está por la labor, según
se vio el jueves, en la segunda Cumbre europea por videoconferencia. Los paises ricos del norte, encabezados por
Alemania y Holanda (con Austria,
Finlandia, Dinamarca y Suecia detrás) no quieren oir hablar de Planes de ayuda extraordinarios a la Europa del sur, en concreto a Italia y España. Y nos dicen que ahí
está el sistema de financiación del MEDE, un
Fondo que puede prestar hasta 500.000 millones y del que salió el dinero para
Grecia, Irlanda y Portugal y para el rescate bancario de España en 2012. Pero esto exige “pedir un rescate” y
someterse a la disciplina de Bruselas, dejar que los “hombres de negro” nos
intervengan la economía. Y además, pedir ayuda sólo los 2 paises sería “señalarnos”
ante los mercados, que nos
pedirían más por prestarnos dinero.
El italiano Giuseppe Conte y Pedro Sánchez no quieren pedir ningún "rescate", porque esta emergencia económica es por una pandemia, no por una discutible gestión económica. Y
una pandemia que afecta a toda Europa y al mundo. Por eso, España e Italia piden tres medidas. Una, que se emitan eurobonos (“coronabonos”),
para financiar las necesidades de reconstrucción
de ambos paises y la lucha contra la
recesión que va a desplomar la economía europea (se estima una caída del
PIB del -5% en 2020 en la UE-27 y del -3% en España). Eso supone emitir una deuda europea, que se podrá colocar con más seguridad y menos
interés que si la colocan Italia o España. La segunda, aprobar un gigantesco Plan de reconstrucción europeo, una especie de “Plan Marshall”, para financiar inversiones públicas que ayuden
a salir de la recesión. Y tercero, un subsidio de paro europeo.
Alemania, Holanda y
los paises del norte han dicho no, de entrada, aunque
la Comisión Europea se da dos semanas
para buscar alternativas. El problema de fondo es que la Europa rica no quiere pagar más por ayudar a España e Italia, como
ya pasó en la crisis de 2010-2015 con Grecia, Portugal, Irlanda y España. Pero
hoy hay
otra razón política: la ultraderecha es muy poderosa,
en Alemania, Holanda y norte de Europa y sus dirigentes temen que si son
“solidarios” con España e Italia, lo aproveche la extrema derecha y avancen en
las próximas elecciones, gracias a una
opinión pública cada vez más conservadora, egoísta y nacionalista. ¡Sálvese quien pueda¡
Todo apunta a que podemos
esperar poco de Europa, salvo
que el número de muertos por coronavirus avance en Francia (así Macron podría
ponerse más a nuestro favor) o en Alemania
y el norte de Europa. Sería trágico, pero nos ayudaría. Hay que “plantarse” ante
Europa: así no nos vale de nada. Y si no conseguimos ayuda europea, sólo
queda tomar las medidas que haga falta y ya veremos después cómo lo pagamos,
con deuda e impuestos. Porque la prioridad ahora es salvar vidas, empleos y empresas. Y sin más desigualdad, que bastante hay ya. Todos a ello. Y ¡ánimo! Parece que ha pasado lo peor, pero esto va para largo. Aguantemos unidos.
El coronavirus nos ha pillado muy vulnerables digitalmente, por el escaso peso del teletrabajo y el comercio electrónico. Pero el problema no es coyuntural, sino de futuro: Internet y las tecnologías digitales están revolucionando la economía y las empresas,
en una nueva revolución industrial. Y en este reto,
donde los paises se juegan su competitividad y empleo, España está muy retrasada,
sobre todo “microempresas” y pymes: apenas
usan las tecnologías digitales y no venden por Internet. Y casi la mitad de
los trabajadores carecen de competencias digitales. Todo ello porque España
apenas invierte en tecnología, sobre
todo las empresas. La Comisión Europea alertó
en febrero sobre esta “asignatura
pendiente” de España, que exige más recursos y formación para no
perder “el tren digital”. Antes del coronavirus, el Gobierno Sánchez preparaba un Plan de formación digital y otro para digitalizar la Administración, más ayudas a las empresas. Ahora, para la reconstrucción del país, necesitaremos más la tecnología. O logramos una economía más digitalizada o no
competiremos. Nos jugamos el futuro ahora.
A nivel global, como país, España
no
sale tan mal parada en competencia digital. En el último “examen” realizado por la Comisión Europea, el DESI 2019, España ocupa el puesto 11º de los 28 paises UE en competitividad digital. Somos la 5ª potencia económica europea, pero en competencias digitales estamos por detrás de paises económicamente más
débiles como Finlandia (el líder
digital en la UE), Suecia, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Luxemburgo,
Irlanda, Estonia, Bélgica y Malta. Pero superamos
digitalmente a Alemania (el 12º
del ranking), Austria, Lituania, Francia
(el 15º) e Italia (el 24º en el
ranking digital UE. Esto es posible porque España destaca en conectividad (el 9º de los 28), porque tenemos la mayor red de fibra
óptica de Europa y la quinta del mundo, y,
sobre todo, en servicios públicos
digitales (somos el 4º país del ranking), básicamente por la agilidad para pagar
impuestos y sacar citas médicas online. Pero fallamos en la integración de la tecnología digital en las empresas (puesto 10º), el uso de Internet (puesto 11º) y, sobre
todo, en el capital humano, que carece de competencias digitales (puesto
17º de 28 paises).
Esta es la primera asignatura pendiente en el examen digital de España, la escasa formación digital de los
españoles. Casi la mitad (el 55%) de
la población adulta (16-74 años) tiene competencias digitales a nivel básico y
sólo el 32% las tiene por encima, mientras sólo el 58% tiene conocimientos de software
(al menos a nivel básico). La realidad es que las empresas han abandonado
la formación digital de sus trabajadores, como demuestran estos datos, aportados en este reciente estudio de UGT: 10,7 millones de trabajadores no se han
formado nunca en competencias digitales. Y del total de la población, 12
millones (un 33,5%) no son capaces de manejarse en entornos digitales y otros 7,6
millones (21%) sólo acredita habilidades digitales básicas, lo que dificulta encontrar empleo a medio y
largo plazo (un empleo más especializado) a
más de la mitad de los españoles.
Además de tener unos trabajadores poco formados
digitalmente, España tiene otro hándicap: tenemos pocos empleados
cualificados en TIC (tecnologías de la información y comunicación): el 2,9% de todos los empleados, frente
al 3,7% de media en Europa (por lo que ocupamos el puesto 18º de los 28 paises
UE), según el DESI 2019. Y lo que es peor: sólo
el 17,5% de las empresas españolas contratan expertos en TIC, el porcentaje
más bajo desde que hay datos, según el estudio de UGT. El sindicato sale al paso del “mito” de que las empresas
no contratan expertos digitales “porque no los encuentran”, aportando este dato
oficial (INE): sólo un 3,3% de las empresas han tenido problemas para cubrir
vacantes TIC.
Si la primera asignatura pendiente de España es la escasa
formación digital, la segunda es que las
empresas españolas tienen un escaso
nivel de digitalización, tanto en implantación, uso y aprovechamiento de
las TIC, como en innovación y en gasto en investigación (I+D), según demuestra
el documentado estudio de UGT “Digitalización de la empresa española”. Como primera conclusión, España se encuentra en “el furgón de cola” (ocupamos
el puesto 22 de 28 paises UE) de las empresas con alto nivel de intensidad digital: el 13% del total, frente al 18% en la
UE-28, el 21,7% en Reino Unido, el 16,4% en Francia o el 14,8% en Francia. Y
ocupamos el 24º puesto europeo ( solo por detrás de Estonia, Croacia, Hungría y
Lituania) en el ranking de paises con más empresas de bajo nivel digital: el
56,8% % del total, frente al 45,8%
en la UE-28, el 38,4% en Reino Unido, el 41,4% en Alemania y el 50,3% en
Francia. Y hay una presencia sólo testimonial de empresas españolas en las
tecnologías digitales más vanguardistas (cloud computing, big data, robots e
impresoras 3D).
Empecemos por el escaso
uso empresarial de las TIC. El 99,26% de las empresas tienen ordenadores
con conexión a Internet (el 98,39%), pero menos de dos tercios de sus empleados
usan el ordenador para trabajar (el 60,37%) y sólo algo más de la mitad (el
53,45%) usan Internet para trabajar (y sólo el 30% de los empleados españoles
usan Internet en dispositivos móviles para trabajar), según datos del INE.
Esto supone “abandonar” a la mitad de las plantillas (son muy vulnerables) ante
un futuro proceso de automatización de tareas.
Sólo tres de cada cuatro empresas españolas (el 78,16%)
tienen página web, lo que nos coloca
en el puesto 17 de los 28 paises UE. Pero es mucho menor entre las micropymes (menos de 10 trabajadores: el 95% de las
empresas españolas), similar entre las pymes (75,79%) y mayor entre las
medianas (88,11%) y grandes (95,60% tienen web). Pero ojo, son muchas menos las empresas que venden por Internet: un
20,36%, lo que nos sitúa en el puesto 11 de los 28 paises UE. Y sólo venden
por Internet el 5,81% de las micropymes, el 18,17% de las pymes, el 28,86% de
las medianas y el 41,68% de las grandes empresas. Si vamos a herramientas TIC más sofisticadas, el porcentaje de usuarios baja: 28,08% de empresas españolas que usan “la nube (“Cloud computing”), por lo que ocupamos el puesto 22 en
la UE, 8,31% de empresas que utilizan el
“Big data” (puesto 15 de 28 paises UE), 10,96% que usan robots o el 3,24% que usan impresoras 3D (puesto 18 en la Ue-28).
Eso sí subimos al puesto 12 europeo en el uso
de redes sociales por las empresas (el 52,94%, un 80% las grandes).
La primera consecuencia de esta escasa utilización de las herramientas
digitales es que las empresas no se
gastan dinero en formar a sus plantillas, lo que las condena a seguir
teniendo la baja formación digital ya reseñada. Y muchas veces, advierte UGT, cuando invierten en nuevas tecnologías no es para mejorar su
competitividad sino para reducir costes laborales (ejemplo: cajeros o
gasolineras). La otra consecuencia es que, como
no apuestan por la digitalización, no invierten en ella. Es más, recortaron
de tecnología con la crisis y no han
invertido apenas con la recuperación y los beneficios. Así, el gasto empresarial en TIC cayó un 25% en 2019 (de 4.300 a 3.200
millones) y es incluso menor al que
las empresas hacían en 2009, según los datos del INE
aportados por UGT. Además, este gasto está concentrado en grandes empresas
(2.195 millones) y en dos sectores, telecomunicaciones e informática, siendo
mínimo en las TIC más vanguardistas.
Si el uso de las TIC es muy escaso, y nos
aboca a una situación de “irrelevancia
competitiva”, tampoco estamos mucho mejor en innovación empresarial,
según revela la última Encuesta de innovación de las empresas del INE (septiembre 2019). Primero, tenemos pocas empresas innovadoras: el 0,83%
del total, el porcentaje más bajo desde 2005. Segundo la intensidad innovadora
es inferior a la de 2010. Y tercero, esto se explica porque el gasto en innovación de las empresas se
ha recortado un 25% en 9 años, pasando de un máximo de 20.000 millones en
2008 a casi 15.000 en 2017. En consecuencia, España está ahora en peor posición
relativa en innovación que en 2013, en los principales índices internacionales: el índice European Innovation Scoreboard (del puesto 16 hemos pasado al 19º),
en el índice Global Innovation Index
(del 26º al 29º) y en el Bloomberg
Innovation Index (del 27º al 30º).
En definitiva, que la recuperación
económica y el aumento de los beneficios empresariales no se han traducido
en una mejora sino en un deterioro de la
innovación empresarial. Y no ayuda la caída de la inversión en investigación, tanto el gasto público en Ciencia (6.372
millones) como el gasto empresarial (7.729 millones en 2017, menos que los 8.074
de 2008). Ya no es sólo que las empresas
gasten menos en investigación (un 0,67% del PIB frente al 0,74% que
gastaban en 2008) sino que además hay un
tercio de empresas menos investigando (10.179 frente a 15.049 en 2008) y
tienen el mismo personal en investigación que antes de la crisis. En resumen, “una
década perdida” para la investigación empresarial (2008-2018), que
confirma un tremendo retraso internacional en investigación de nuestras
empresas: ocupan el puesto 29 de 42 paises analizados por la OCDE y el puesto 17 de los 28
paises de la UE. Un retraso en I+D
que se suma a la escasa utilización de
las TIC y al retroceso en la
innovación, tres frenos para
afrontar la urgente transformación digital que necesita nuestra economía
para competir en el mundo.
Todos estos indicadores sitúan a España por detrás de las 19
economías más digitalizadas del mundo (pilotadas por Suecia, Suiza, Reino
Unido, Bélgica, EEUU y Dinamarca), encabezando el segundo grupo de paises tecnológicamente
más avanzados (con Eslovenia, Japón, Corea, Portugal, Islandia y Luxemburgo),
según los distintos indicadores mundiales que estudia el informe “España Nación Digital” 2019, de aDigital, que también señala el escaso talento
digital y el uso de las TIC como los dos mayores problemas de España.
Este problema, el
bajo nivel digital de España, es advertido
por la Comisión Europea año tras año. En su último informe “España 2020”, publicado en febrero, las autoridades comunitarias alertan
otra vez sobre “la escasa utilización de las nuevas tecnologías que hacen las pymes
españolas” (recordemos: son el 98% de todas nuestras empresas), la falta generalizada de capacidades digitales
de los españoles y la escasez de
especialistas TIC (señalando que si son sólo el 2,9% de los ocupados, entre
las mujeres son sólo el 1,1%). Y piden al Gobierno español, más
recursos y más formación en digitalización, mientras prometen movilizar más de 20.000 millones de euros
en los próximos años para que Europa “plante
cara” a EEUU y China en la inexorable revolución digital.
En España, el nuevo
Gobierno dice que apuesta por esta revolución digital y para demostrarlo ha
creado una vicepresidencia, como pedía el sector, la vicepresidencia
de Asuntos Económicos y Transformación
Digital (Nadia Calviño), con dos nuevas Secretarías de Estado (Digitalización e Inteligencia Artificial y
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales). Es un primer paso, al que
seguirá la aprobación de dos Planes prometidos: una “Estrategia de
Formación y Alfabetización Digital”, que mejore la deficiente formación
digital actual (se preparan 40 nuevos títulos universitarios y de FP en el ámbito
de las TIC), y un “Plan de digitalización
de la Administración”, para facilitar los trámites burocráticos a través de
Internet, con la “Carpeta
ciudadana” (permite acceder a todos los trámites con las
Administraciones a través de un único espacio web). Además, estudian medidas
para empresas y pymes, dentro de la Estrategia Industria Conectada 4.0 y la Plataforma Hada (una aplicación gratuita que permite a las empresas
autoevaluar su madurez digital).
Mientras el Gobierno prepara una estrategia digital,
empresas, sindicatos y expertos piden que promueva un Pacto de Estado por la Digitalización,
con recursos suficientes para la formación digital de los jóvenes (desde el
colegio a la Universidad), los parados y los trabajadores, incentivando a las
empresas a poner en marcha Planes de transformación digital, sobre todo en las
pymes y microempresas, con el objetivo de mejorar la competitividad y el empleo
a medio y largo plazo. Y garantizando que los frutos de esta transformación
digital no son despidos de los trabajadores más vulnerables sino una mejora de
productividad que beneficie también a los trabajadores, como pide UGT.
Y en paralelo, el sindicato pide reducir la brecha digital
entre las distintas regiones españolas, porque todavía hay 13 millones de españoles, que viven en 26.767
poblaciones de más de 10 habitantes, que no disponen de un acceso a Internet de calidad, según detallan
en su reciente informe “Las sombras de Internet en España”. Ahí se ve que las mayores “zonas de
sombra”, con deficiente acceso a Internet, se concentran en las cuatro
provincias gallegas y en Asturias, más algunas zonas de Castilla y León. Y que
las regiones con menos poblaciones con mala cobertura de Internet son Baleares,
La Rioja y Madrid. Por eso piden un Plan para reducir la brecha digital, sobre
todo en “la España vaciada”.
Todos estos Planes para digitalizar España hay que recuperarlos cuanto antes, en cuanto salgamos de la "economía de guerra" que nos impone el coronavirus. España tiene muchas asignaturas pendientes (empleo,
pensiones, educación, vivienda, servicios públicos, desigualdad, pobreza…) pero
una de ellas es digitalizar la economía, prepararnos para esa tremenda revolución tecnológica que
va a trastocar todo, si queremos competir y no perder empleo y nivel de vida. Todos tenemos que reconvertirnos, pero
sobre todo los trabajadores y las empresas, con ayuda del Estado y la Unión
Europea. Partimos de una mala situación, sobre todo en formación y utilización de las TIC,
con poco gasto, así que habrá que destinar más recursos y dirigir toda la
enseñanza y la formación a las nuevas tecnologías, al mundo digital. Ahí es
donde van a estar cada día más los negocios y empleos. Como país, no podemos perder este tren. Nos jugamos el futuro ahora. Y más tras el tsunami del coronavirus.
La vida sigue, a pesar del coronavirus, y siguen publicándose las estadísticas económicas. La semana pasada, el INE difundió la subida de salarios a finales de 2019: un
+1,8%, la menor subida en el último año,
debido al debilitamiento de la economía. Y todo apuntaba a que en 2020 subirían aún menos. Pero ahora, con el coronavirus, la situación cambia
drásticamente: bastante será que los
salarios no caigan, conseguir que se paguen primero y luego se congelen, hasta que se reconstruyan las
empresas y la economía. Pero no se puede utilizar la pandemia para devaluar
los salarios, como pasó en la
crisis de 2008, porque eso agravaría la recesión. Y hay que reflexionar sobre un hecho: los salarios pierden peso, han crecido menos de la mitad que la economía en 22 de los paises más ricos, incluida España, donde los salarios han perdido peso frente a los
beneficios empresariales. Hay que salvar la economía tras el coronavirus y
luego “repartir mejor el pastel”. No como en la última crisis.
Las subidas de
salarios ya se habían moderado antes de llegar el coronavirus.
En los convenios firmados este año 2020, entre enero y febrero, las subidas pactadas han sido un +1,97%, inferiores a la subida acordada
en todo 2019, que fue del +2,28%, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Pero estos datos
no son representativos de lo que está pasando de verdad con los salarios,
porque cada vez se firman menos
convenios (3.536 en 2019) y afectan
a menos trabajadores (10.001.480 en 2019, un millón menos que en 2018). Y
eso porque muchas empresas y trabajadores (hay 16,84 millones de asalariados)
no negocian convenios, sobre todo en las pymes,
y hay muchos trabajadores “fuera de
convenio” (eventuales, por horas, en prácticas…).
Por eso, es más
representativa la subida salarial que
refleja el INE, en su Encuesta trimestral de coste laboral. La última, publicada el martes pasado, indica que la subida salarial media fue del +1,8% en el cuarto trimestre de 2019,
menos que en los trimestres tercero (+1,9%) o segundo (+2,1%) y similar al
primero (+1,7%). Eso da una media de 2.075
euros al mes de coste salarial por empleado, más 625,98 euros de cotizaciones por trabajador y 51,74
euros de otras prestaciones. Además, como los asalariados
trabajan
ahora más horas (29,4 horas semanales efectivas, un 0,3% más), resulta
que el coste laboral por hora trabajada,
16,24 euros de media, subió sólo un +1,4%
en 2019.
Esta subida salarial media
del +1,8% no ha sido homogénea, sino que varía según las ramas de actividad: +0,7% en la
industria, +2,3% en la construcción
(porque faltan operarios cualificados, lo que ha subido sus sueldos) y +2% en los servicios. Y también según los sectores donde se trabaje: han subido
más en la educación y finanzas
(+4,8%), agua (+4,2), inmobiliarias (4,1%), administrativos y sanitarios
(+3,9%) y menos en el comercio
(+1,4%) y la hostelería (+1,8%), según el INE. Y por autonomías, los salarios han subido
más en Galicia (+4,4%), Aragón (+4,3), Andalucía (+3,2%), Extremadura,, Navarra
y Cataluña (+3%) y menos en Canarias (-1%), Castilla la Mancha y Madrid (+0,8%), Baleares y Murcia (+1,2%),
sobre todo por la menor llegada de turistas a algunas zonas.
Un dato importante, que modera las subidas de sueldos, es
que los nuevos empleos llegan con sueldos más bajos que los antiguos. Así,
un Informe de Adecco e Infoempleo revela que un 56%
de las empresas reconocen que pagan menos a los nuevos empleados que a los
antiguos que tienen en plantilla: los salarios de los trabajadores con
menos de 1 año de antigüedad son, de media, un 23% inferiores a los que llevan más de 10 años en la empresa:
20.086 euros anuales frente a 28.598 euros, para el mismo puesto de trabajo.
También varían mucho las subidas según las categorías, con aumentos superiores
al 4% en directivos y mandos intermedios. Y en el caso de las grandes empresas del IBEX 35, la diferencia entre los sueldos más altos y
el sueldo medio es de 123 veces.
Y visto de otro modo: los primeros ejecutivos de estas grandes empresas ganaron
4,4 millones de euros de media frente a un salario medio de sus plantillas de
35.810 euros, según el último estudio de Oxfam Intermón.
El salario medio
de los trabajadores españoles apenas
aumentó entre 2008 (1940 euros
de media mensual) y 2014 (1991 euros),
lo que significa que cayó en realidad
porque una parte se lo comió la inflación, según los datos del INE. Luego ha ido subiendo poco a poco, año tras año (cayó en 2016) para quedar en 2020 euros
en 2017, 2039 en 2018 y 2075 euros
de media en 2019, 135 euros mensuales más que en 2018. Es un aumento del +6,9% en once años, que se ha comido con creces la inflación (el IPC ha subido un +16% desde
2008). A lo claro: que hemos perdido un
-9% de capacidad adquisitiva, que en realidad ganamos un 9% menos que antes
de la crisis, a pesar de estos 6 años de crecimiento y recuperación.
El sacrificio salarial hecho por los
trabajadores es evidente y no se
compensa todavía con las subidas de sueldos de los últimos años, que han ido en aumento: del +0,50% que subieron de media en 2014 al +1,44% en 2017, el +1,73%
en 2018 y el +2,28% de 2019. Con
ello, España se sitúa por detrás de las
subidas salariales en Europa, que fueron del 2,8% en el cuarto trimestre
(aquí el 2,40%), según el dato publicado por Eurostat el miércoles pasado. Y además, los salarios suben menos en España que en Alemania
(+2,7%), Suecia (+2,8%), Portugal (+4,4%) o Reino Unido (+2,8%), aunque más que
en Italia (+1,3%) o Francia (+1,4%). Pero contando las horas trabajadas, el salario por hora en España (21,5 euros
por hora) es el más bajo de los grandes paises europeos: 26,9 euros/hora en
la UE-27, 43,5 euros en Dinamarca, 36,7 euros en Suecia, 35,9 euros en Francia,
34,6 euros en Alemania, 33,6 euros en Finlandia, 32,1 euros en Irlanda y 28,2
euros en Italia, según Eurostat. Y además, la “brecha salarial”, la diferencia entre el coste laboral por hora de Alemania y España
ha aumentado con la crisis: si en
2008 ganábamos el 69,5% que ellos, ahora ganamos el 62,13%.
Cara a los sueldos de este año 2020, la previsión era que subieran poco, dado que la actividad iba a crecer menos este
año (el 1,6% frente al 2% que creció el PIB en 2019). La previsión del Gobierno era que los sueldos subieran un 2,2% en 2020
(frente a un 2,1% en todo 2019), pero la media de los expertos ya rebajaba la
subida al +1,7% y Funcas incluso al +1,1%, a la vista de la desaceleración de
la economía. Pero con el coronavirus, todas estas previsiones
son ahora “papel mojado”. De momento, no se negociarán apenas convenios y bastante será conseguir que las empresas paguen los sueldos este mes y los siguientes (para eso van a tener ayudas y créditos con aval público). Pero me temo que muchas empresas hablarán de su pésima situación económica para defender una bajada de salarios para evitar más despidos. Plantearán otra “devaluación salarial” como la aplicada en 2008-2014, gracias a la reforma laboral de Rajoy.
El Gobierno y los sindicatos deben impedir que se retrase el pago de sueldos y una bajada generalizada
de salarios, porque agravaría la recesión y dificultaría la reconstrucción de la
economía y el país, al hundir aún más
el consumo (que aporta el 60% del crecimiento del PIB). Una postura
realista sería congelar los salarios
actuales hasta que la situación mejore y, sólo en casos excepcionales,
aceptar cobrar una parte del salario (temporalmente y recuperándolo después)
para asegurar el empleo. Y en las empresas
que han aumentado sus ventas con el coronavirus (supermercados, comercio
electrónico, transportes y algunas tiendas), los empresarios deberían compensar con aumentos
extras de sueldos, como ya han hecho Mercadona o Amazon.
La clave de esta pandemia del coronavirus
es salir de ella vivos y con empleo. Y
si hay que hacer sacrificios, los hagamos todos, las empresas en sus beneficios
y los trabajadores en sus salarios, congelándolos temporalmente, porque si caen
profundizarían la recesión. Va a ser más necesario un Pacto social entre
patronales y sindicatos, con acuerdos globales pero dejando una enorme
flexibilidad empresa a empresa, para que pagar los salarios no sea un motivo de
cierre. Para eso debe estar, entre
otros destinos, la financiación con avales públicos del Paquete de medidas extraordinarias aprobado por el Gobierno.
Todos tenemos que evitar
que se repita la injusticia de la pasada crisis, donde los salarios han sido los grandes paganos del ajuste. Algo que se
remonta incluso a las décadas anteriores, a finales del siglo XX y todo el
siglo XXI, según ha demostrado el economista Thomas Piketty en su libro “El capital del siglo XXI”: los rendimientos de capital llevan décadas
creciendo más que el PIB y más que el factor trabajo. Esa es la causa del
aumento de la desigualdad en el mundo. Y lo confirma un estudio publicado en
febrero por la prestigiosa consultora McKinsey: en lo que va de siglo, los
salarios han crecido menos de la mitad que la economía en 22 de los paises más
ricos del mundo, entre ellos España. Entre 2000 y 2018, el salario medio de
estos paises desarrollados creció a un ritmo anual de sólo el +0,7% frente a un alza del PIB global
del 1,6%. En dos paises (Grecia y Portugal), los sueldos llegaron a caer (un
-0,2% en ambos casos) y en España
aumentaron sólo un 0,2%, según el estudio de McKinsey.
En resumen, que mientras
la economía crecía, los salarios
aumentaban menos y perdían peso,
se llevaban un trozo menor del “pastel”
de la economía, en favor de los beneficios de empresas e inversores. Es lo
que indican las cifras anuales del PIB en España, según la Contabilidad Nacional del INE: los salarios
suponían un 49,04 % del PIB en 2008 (544.126 millones de euros) y en 2019 supusieron el 45,83% del pastel (570.538 millones, 26.412 más que en 2008, pero
el PIB creció más). Y en contrapartida, el excedente bruto de explotación (beneficios empresariales y otras rentas)
subió ligeramente, del 43,05% en 2008
(477.690 millones) al 43,86% en 2019 (546.066
millones, 68.376 más de beneficios). Y también subía el resto del PIB, que son
impuestos y otros ingresos.
Este fenómeno, que los salarios “pierdan peso” en
la economía ha sucedido en toda Europa, donde
el
peso de los salarios es menor que hace una década: ha caído del 56,9%
sobre el PIB en 2009 (sin contar impuestos, solo salarios y beneficios
empresariales) al 56,2% en 2018, según los datos publicados en febrero por la Comisión Europea. Y ahí vemos que España es el 7º país donde los salarios han perdido más peso en la economía
(-4,2%) entre 2009 y 2018, sólo por detrás de Irlanda (-19,2%: una devaluación salarial que junto a las rebajas
fiscales a las multinacionales explica “el milagro celta”), Croacia (-10,8%), Chipre (-6%), Portugal (-5,5%), Malta
(-5,3%) y Grecia (-4,5%). Como se ve,
los paises del sur y sus trabajadores son los mayores paganos salariales de
esta crisis. Y enfrente, los salarios no
perdieron peso en Alemania y apenas en Suecia y Austria (-0,1%), Francia (-0,2%) o Italia (-0,8%). Dos maneras muy diferentes de repartir la crisis entre los europeos.
Ahora, cuando nos viene encima otra recesión por el coronavirus, en España y en
Europa, hay que intentar desde el principio que esta historia no se repita,
que los sacrificios se repartan y que la
reconstrucción no cargue (otra vez) sobre el sueldo de los trabajadores. Ahora
hay que salvar vidas, empresas y empleos, pero mañana, cuando empecemos a
doblegar al virus, hay que alcanzar un gran Pacto social, unos nuevos Pactos de la Moncloa, el acuerdo que cambió España hace más de 40 años (en octubre
de 1977). Y será fundamental no sólo recomponer
empresas y empleos sino mantener los
salarios en lo posible, no volver a devaluarlos mientras se recuperan los beneficios empresariales, como ha pasado en la última
crisis de 2008. Porque unos salarios “decentes” son "la gasolina" de la
reconstrucción, que se puede iniciar cuando España vuelva a la normalidad. Hay
que mirar hacia adelante, salir de este agujero
del coronavirus, pero “aprendiendo del
pasado”, con solidaridad y repartiendo los costes y el futuro crecimiento. Entre todos y con justicia.
El verdadero drama del
coronavirus es que han muerto ya 767 españoles. Pero tras el shock
sanitario, ahora estamos conmocionados con el shock económico: la
actividad paralizada, miles de empresas cerradas y un sinfín de despidos, que
podrían dejar sin trabajo a 2 millones
de personas, 1 de cada 10 ocupados. Para contener esta emergencia económica, el Gobierno ha aprobado un Plan de choque histórico,
movilizando 200.000 millones de euros, la mitad del Presupuesto 2019. Pretende ayudar a los que se queden sin trabajo, a
las familias, autónomos y empresas, facilitando avales para que pidan créditos y no quiebren. Urge aplicar las medidas con rapidez y que
los bancos cumplan y presten. Y presionar al BCE para que siga defendiendo la deuda española, atacada ya por "los mercados" especuladores. Cuando pase lo peor (finales de junio), hará falta un Plan de reconstrucción, para recomponer la economía de un país devastado. Y necesitaremos
la ayuda europea, que ahora se escaquea. Primero, evitar la quiebra de la
economía. Y luego, recomponernos, en uno o dos años. Podemos hacerlo. Ahora tenemos que salvar vidas y
empleos.
La preocupación de los primeros días
ante el coronavirus fue la emergencia sanitaria provocada por una pandemia que parecía imparable : los
contagios se dispararon de 114 el
lunes 2 de marzo a 999 el lunes 9 y 17.147 contagios hoy jueves 19 (se han multiplicado por 120 en dos semanas). Y ya van 767 muertos, frente a 3.250 en China. Y
todavía queda lo más duro, porque el
pico de contagios (y de muertes) se espera en la primera quincena de abril, con lo que todo hace pensar que el estado de alarma (decretado el 14 de
marzo) se prorrogará 15 días más, al menos hasta el próximo 15 de
abril.
Pasado el primer “shock
sanitario”, la evidencia de que el coronavirus es una pandemia peligrosa
que exige medidas excepcionales,
ahora estamos inmersos en el “shock económico”, asimilando la
evidencia de que el coronavirus nos
coloca en una situación de emergencia
económica: miles de actividades
cerradas (comercios, bares, restaurantes, hoteles, empresas, líneas aéreas),
miles de empresas al ralentí y centenares de miles de trabajadores sin empleo o trabajando sólo unas horas o
desde casa, en un país aislado del exterior. Cada día es un rosario de
noticias sobre empresas que cierran y
declaran expedientes de regulación de empleo, mientras se mantiene sólo lo
básico, como en “una economía de guerra”.
Y el gran temor de todos es que se pierdan empresas y empleos. Los
sindicatos hablan de 1 millón de despidos, pero serán más, al
menos 2 millones de empleos perdidos. Y eso si somos “optimistas” y
esperamos perder temporalmente “solo” 1 de cada 10 empleos (hay 19.966.900 españoles ocupados).
Lo peor es que España
no puede esperar casi nada de Europa. Los líderes europeos se han reunido
dos veces por videoconferencia sin concluir más que “buenas palabras”, igual
que los ministros de Economía, en
el Ecofín del lunes. Lo más que se ha conseguido es su “visto bueno” para que los
paises tomen medidas y gasten (aunque se salten las reglas de déficit y deuda) y
que ayuden a sus empresas (algo “prohibido” en condiciones normales, para
no distorsionar la competencia). A partir de ahí, la consigna es ¡sálvese quien pueda!, vuelta a las
soluciones nacionales. Es lo que han hecho Italia, Francia, Alemania, Reino
Unido y España. Italia
ha aprobado 25.000 euros de ayudas (a empresas, autónomos y comercios) más 350.000 millones para asegurar la
liquidez, mientras “prohíbe” los despidos.Francia ha aprobado un Plan de
ayudas de 45.000 millones (para pymes y familias), movilizando 300.000 millones
de liquidez. Alemania
garantiza liquidez “ilimitada” a sus empresas, mientras Reino Unido (que no ha aislado a la
población) asegura 360.000 millones de préstamos y ayudas a empresas
(10.000 libras a las pymes y 25.000 a las grandes). Y EEUU
inyectará 850.000 millones de dólares de liquidez, mientras Trump (que tampoco ha
aislado a la población) promete un cheque de 1.000 dólares a cada ciudadano.
En España, tras el primer paquete de ayudas a la sanidad
(2.800 millones para las autonomías y un Fondo de contingencia de 1.000
millones) y a las empresas (14.000
millones de liquidez , al permitir el retraso de 6 meses en el pago de
impuestos), el Gobierno aprobó el martes un Plan de choque que pretende movilizar 200.000 millones de euros (casi el 20% del PIB español) en créditos y ayudas a familias, trabajadores, autónomos y
empresas: 117.000 millones serán públicos y el resto fondos privados. Es el
mayor Plan de ayuda aprobado jamás en España y supone casi la mitad del Presupuesto de gasto de todo un
año (470.000 millones en 2019). Un “bazuca” contra la emergencia
económica. Analicemos las medidas con detalle.
El primer paquete del Plan de choque son ayudas
a las familias, básicamente tres. La primera, moratoria (retraso) en el pago de hipotecas a las familias
que estén en paro o hayan reducido ingresos por el coronavirus y a los que este
pago supere en 35% de sus ingresos (la mayoría en grandes ciudades). Dado que
hay 4,27 millones de hogares españoles pagando una hipoteca, la moratoria
podría beneficiar, al menos, a 1 millón de familias. La segunda medida es que a
estas familias, con ingresos recortados, no
se les podrá cortar el suministro de agua, luz, gas o internet por no pagar
los recibos. Actualmente hay 2.8
millones de familias que retrasan el pago de los recibos, una cifra que
aumentará con el coronavirus. Y la tercera medida, ayudas sociales de 600 millones para mayores y dependientes (la mitad las aportarán los Ayuntamientos).
El segundo paquete del Plan de choque son medidas de apoyo a los trabajadores afectados por el coronavirus:
flexibilización para aprobar los expedientes de regulación de empleo temporales
(ERTE) y que los trabajadores afectados puedan cobrar el paro (aunque no hayan cotizado suficiente), sin que
compute como periodo de cobro de paro para el futuro. Además, los trabajadores
tendrán derecho a reducir su jornada
hasta el 100%% para cuidar a familiares afectados por el cierre de colegios o
servicios sociales (tienen un día para comunicárselo a su empresa) , y será la Seguridad Social quien le pague la parte del sueldo que no reciba.
Además, las empresas deben reforzar el
teletrabajo y se dan ayudas a las pymes para comprar ordenadores. Y a los autónomos afectados por el
coronavirus (que hayan cerrado o les haya caído su facturación un 75%), se
les permite no pagar las cuotas a la SS y
cobrar el desempleo (661 euros para la mayoría de autónomos, el 80% que cotizan por bases mínimas).
El tercer paquete, el más importante, son las
ayudas a las empresas. Además de facilitarles
los expedientes temporales de regulación de empleo (en 7 días máximo), las
empresas afectadas no pagarán sus cuotas
a la Seguridad Social (exención, no aplazamiento) siempre que no despidan
(sí pueden hacer ERTEs temporales). Y, lo más efectivo, podrán solicitar préstamos a la banca de hasta 183.000 millones de euros, 100.000 de
ellos con aval del Estado (la idea es
que cuando una empresa o autónomo pida un crédito, el 80% del riesgo sea con aval del Estado y el 20% del banco). Por último, se concederán 2.000 millones
de créditos para empresas exportadoras
y ayudas para mejorar la digitalización
de las pymes, muy deficiente. Y el Gobierno se compromete a impedir OPAS hostiles, compras no deseadas de empresas por extranjeros ahora
que ha caído un tercio su valor en Bolsa.
El cuarto paquete
del Plan de choque son 30 millones para la investigación de una vacuna, que se entregan al CSIC y al Instituto Carlos III. Esta
inversión es básica, porque los epidemiólogos temen que el coronavirus se haga crónico y ataque de nuevo este invierno, por
lo que es vital contar con una vacuna,
que necesita un año para poder aplicarse.
Hasta aquí este 2º paquete de medidas, que no será el último, porque “esto es
una guerra y en una guerra no se escatiman gastos”, en palabras del presidente Sánchez. Casi todo el mundo considera que el
Plan de choque es “suficiente”, aunque muchos pidan más medidas para los autónomos y
una moratoria en los alquileres. Pero este es un Plan público. Ahora hace falta
que las empresas y la sociedad tomen
medidas para reducir el impacto del coronavirus: las empresas, despidiendo
lo menos posible y siendo “razonables” con clientes y proveedores. Los propietarios de pisos, no asfixiando a sus
inquilinos con problemas. Los bancos
con sus deudores. Y, en general, todos rebajando sus exigencias para que el país no se pare. Y que los daños de esta emergencia económica sean los menores posibles.
Con todo, la clave
del Plan de choque es que sea ágil y efectivo. Que el Ministerio de Trabajo y las autonomías
faciliten los expedientes de regulación de empleo y que las Oficinas de Empleo (físicamente cerradas) tramiten rápido de forma telemática las ayudas a los nuevos
parados, para que cobren cuanto antes: cobrarán el 75% de su base reguladora (los primeros 6 meses y luego el 50%) los que hayan cotizado suficiente y 430 euros mensuales los que no y reciban entonces una prestación asistencial. Y, sobre todo, que los bancos
sean ágiles y faciliten los créditos que necesitan empresas y autónomos
para sobrevivir y no quebrar. Los bancos, a los que salvamos todos en 2012 (con
un rescate público de 65.725 millones que no vamos a recuperar), están ahora más saneados y pueden contribuir
decisivamente a salvar la economía y las empresas, lo que mejoraría su pésima imagen social. Y por último, es fundamental la colaboración de
los sindicatos y, sobre todo, la patronal, para dar ejemplo a la hora de afrontar esta emergencia económica, con una prioridad: salir de ella con empresas vivas y empleos salvados. Habrá que denunciar a
los que aprovechen esta emergencia para especular con la necesidad y para “limpiar
plantillas” injustificadamente. El Gobierno debe estar muy vigilante.
La emergencia económica
va a ser de una envergadura inimaginable y va a poner “patas arriba” la economía
española y mundial. Muchas empresas y trabajadores caerán, aunque hay
que intentar que sea temporalmente. Se trata de aplicar lo mejor posible el Plan
de choque y que cada uno minimice los daños en su entorno. Porque cuanto menos sufra la economía, menos dura será la recuperación. Cuando
pase lo peor de la pandemia, quizás a finales de junio, habrá que pensar en la reconstrucción de un país que va a
quedar devastado económica y socialmente. Y ahí, vamos a necesitar un
enorme consenso político interno, para
aprobar un Presupuesto de reconstrucción
para 2020-21. Y forzar un cambio político en Europa, para que la UE apruebe un Plan Marshall contra los efectos del coronavirus
Pero antes Europa, en concreto el BCE, ha tenido que salir en ayuda de España (y de Italia), como en 2012, porque los “buitres” de los mercados, los
inversores internacionales, estaban aprovechando el coronavirus para pedir más
interés por comprar la deuda de España, que este año tiene
que colocar 196.504 millones nuevos . Por eso, ayer, el bono a 10 años ya tenía un
interés del 1,30%, cuando una
semana antes (miércoles 11) se colocaba al 0,23%. Y volvimos a hablar de la
prima de riesgo (la diferencia que hay que pagar sobre el interés de la
deuda alemana), que superaba ayer el 1,50% (154 puntos básicos). Empezó "el baile de los mercados" contra la deuda española (e italiana), como si no tuviéramos bastante con el coronavirus. Un problema tan serio que esta medianoche, el BCE se ha reunido de urgencia y ha decidido sacar toda la artillería: va a comprar 750.000 millones de deuda pública y privada europea, sobre todo de España e Italia, para bajar los tipos y echar un pulso a los especuladores. Y ha surtido efecto: esta mañana, el tipo del bono español a 10 años bajaba al 0,751%, la mitad que ayer. Y bajará más. Pero el BCE debe seguir ahí, vigilante y con el cañón preparado...
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Son días muy duros para todos y “lo
peor está por llegar”, advierte el presidente Sánchez, tanto en la emergencia sanitaria (con más
contagios y más muertos) como en la emergencia económica (con miles de
empresas que cierran y más de un millón de trabajadores temporalmente sin
empleo). Un grave panorama que sólo podemos lidiar con unidad, paciencia, comprensión y
mucha solidaridad, intentando reducir
y paliar los daños económicos y sociales. Manteniendo la calma y con responsabilidad,
cada uno en su ámbito.
Resistiremos y
saldremos adelante. Seguro. No tenemos otra alternativa. La clave es cómo hacerlo con el mínimo coste en vidas,
empresas y empleos. Y cuando veamos la salida del túnel, hay que seguir unidos para la reconstrucción del país y la
sociedad, para afrontar uno o dos años de difícil recuperación, para aprender de los errores del pasado y construir
un futuro mejor, apuntalando nuestro
Estado de Bienestar y nuestras instituciones públicas, que son lo que nos está salvando del caos. Pero eso será
dentro de unos meses. Ahora hay que pensar en salvar vidas y empleos como
sea. Sigamos colaborando cada uno, quedándonos en casa, y aguantando el tirón.
Mucho ánimo a todos.
