Justicia colapsada y en papel (no digital)

Desde el 1 de enero es obligatorio que abogados, procuradores y fiscales presenten sus documentos en formato digital, pero los Juzgados siguen gestionando los expedientes en papel, con un desmadre de 10 sistemas informáticos distintos en las autonomías. Más caos en una Justicia que está colapsada de asuntos y donde hay muchos Juzgados que tienen el 150% de trabajo del que debían, sobre todo en lo Social y Mercantil. Y hay juicios que se marcan para 2019. “Ha sido la peor Legislatura para la Justicia de la democracia”, ha dicho el portavoz de Jueces para la Democracia. Hacen falta más recursos (recortados un 24%), más Juzgados (sólo se han abierto 4), más jueces (tenemos la mitad que en Europa) y otra organización judicial, más eficiente, moderna y digitalizada. Y más mediación, como en Europa, para que haya menos pleitos.Hace falta una justicia eficaz, ágil e independiente, como piden los ciudadanos. Es una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia.
 

enrique ortega

Los Juzgados españoles están invadidos de expedientes y en Internet proliferan las fotos de estanterías repletas de legajos, con carpetas en carritos de Mercadona, como el material del fiscal del caso Nóos. Es normal, porque sólo en 2015 ingresaron en los 3.964 juzgados españoles un total de 8.376.311 asuntos, 38.000 nuevos asuntos cada día laborable, según la Memoria del CGPJ. Una vorágine de casos, aunque estén bajando desde el máximo de 2009 (9.355.526 asuntos). La mayoría, 5.805.619 asuntos fueron causas penales, lo que indica una alta conflictividad social, aunque muchos sean causas de tráfico. Otros 1.972.116 asuntos fueron civiles y el resto se reparten entre los juzgados de lo social (399.592 causas laborales, que llegaron a 484.516 en 2009) y los de lo Contencioso-administrativo (198.720 pleitos con la Administración). Mientras entraban esos 8,37 millones de asuntos nuevos, los Juzgados resolvieron 8.555.341 asuntos durante el año 2015 y quedaron pendientes 2.411.905 pleitos judiciales, una cifra enorme aunque sea la más baja desde 2007.

Este aluvión de demandas llegando a los Juzgados cada día es un fenómeno muy español, porque somos el tercer país que más pleitea en Europa, sólo por detrás de la República Checa y Rusia: en 2015, la tasa de litigiosidad fue de 179 asuntos ingresados por 1.000 habitantes, frente a una media de 100 asuntos en la Unión Europea. Baste un ejemplo: tenemos 19 millones menos de habitantes que Francia y sin embargo tenemos 3 millones más de expedientes judiciales al año. Ello se achaca al “carácter latino” y a una mayor conflictividad social, al mal funcionamiento de los sistemas de reclamaciones, a la operativa empresarial, al mal funcionamiento de la Administración y también a que en España hay muchos abogados, lo que favorece los pleitos, más cuando las tasas judiciales son más baratas que en otros paises. De hecho, España es el 6ºpaís europeo con más abogados, tras Grecia, Luxemburgo, Italia, Chipre y Malta: 291 abogados por 100.000 habitantes frente a 198 en la UE, 93,6 en Francia o 202 en Alemania. Y su oficio es pleitear y recurrir.

Con tal avalancha de expedientes, lo normal es que los Juzgados españoles estén colapsados, cada día más, porque los asuntos son más complejos y no aumentan los Juzgados ni los medios. Lo peor es que la carga de trabajo está mal repartida: de los casi 4.000 Juzgados, hay casi 1.000 (24%) que tienen poco trabajo pero hay 1.695 Juzgados (el 43,5%) cuya carga de trabajo es el 150% de lo que debería ser. Es decir, que tienen más del doble (vez y media) del trabajo que deberían, según un informe de 2014 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto pasa sobre todo en los Juzgados de lo Social (el 97% trabajan al 150% de la media), los de 1ª Instancia (95% colapsados) y los Juzgados mercantiles (el 93%), sobre todo en Madrid, Sevilla, Castilla la Mancha, Murcia, la Rioja, Comunidad Valenciana y Galicia. La Defensora del Pueblo ha denunciado en su informe anual 2015 la precaria situación de los Juzgados de lo Social (pleitos laborales), alertando sobre la “situación límite” en los Juzgados de Sevilla (en 2015 se señaló un juicio para 2019), Palma, Castellón, Murcia y Santiago de Compostela.

Este aluvión de asuntos y el consiguiente colapso en muchos Juzgados llevan a un retraso en la resolución de los casos y la acumulación se sentencias. En 2015, a cada Juez le tocaron 1.611 nuevos casos y consiguió dictar 291,2 sentencias, una media de 1,3 sentencias por día laborable (que en un 13,4% se recurren). Con ello, la duración media de un pleito es de 102 días en primera instancia, 126 días más en el recurso en segunda instancia y 354 días más si se va al Supremo (582 días en total), según los datos de 2015 del CGPJ. Pero eso es la media, ya que en los Juzgados de lo Social, la primera sentencia se retrasa 270 días (y 798 días si se llega hasta el Supremo). Y en lo Contencioso (contra la Administración) hasta 384 días de media en primera instancia (y 1.137 días si se va al Supremo). Esta elevada duración de los pleitos en España es mayor que en la media europea, según la OCDE, aunque menor que en Francia o en Italia, si bien es mucho más alta en los pleitos comerciales.

Hay muchos pleitos, cada vez más complejos, pero la Justicia no tiene más medios. De hecho, recibe menos dinero. El Presupuesto del Ministerio de Justicia se ha recortado un 23,6%, pasando de 1.804 millones en 2010 a 1.378 millones en 2015. Y lo mismo el Presupuesto del CGPJ y de las 12 autonomías que tienen competencias de Justicia (todas menos Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Baleares y Murcia, más Ceuta y Melilla), cuyo Presupuesto para Justicia fue de 2.054 millones en 2015. Esto lleva a que el gasto público en Justicia sea mucho más bajo en España que en la mayoría de Europa: 27 euros por habitante al año, frente a 34,8 en la UE, 50,4 euros en la UE-15 (euro), 42,2 euros en Reino Unido, 50 euros en Italia y 103,5 euros por habitante en Alemania.

Hay menos recursos y por eso no se abren nuevos Juzgados, sólo 4 en toda la Legislatura. Y apenas se amplía la plantilla de jueces, que son 5.366, una media de 12 jueces por 100.000 habitantes, casi la mitad que en Europa, donde hay 21 por 100.000 habitantes, y por debajo de Grecia (21), Portugal (19,2) y Alemania (24,7). Nada más llegar al Gobierno, Rajoy suprimió los 1.200 jueces sustitutos (que asumían el 20% de los casos en muchos juzgados) y sólo ha cubierto el 10% de las jubilaciones, con muy pocas plazas. Además, mantiene en condiciones laborales penosas a 169 jueces sin plaza (han llegado a ser 395). Tampoco se han ampliado plazas de Fiscales (5,3 por 100.000 habitantes), secretarios y funcionarios judiciales, mientras los Jueces reclaman economistas, auditores, forenses y especialistas para ayudarles en sumarios cada vez más complejos (sobre todo los de corrupción y delito fiscal).

Y el colapso en la Justicia se ha agravado este año con la entrada en vigor, el 1 de enero, del Plan de digitalización de la Justicia, el programa LexNet, que obliga a abogados, procuradores, fiscales y otros profesionales a presentar en formato digital todos sus documentos a los Juzgados. La implantación del sistema ha sufrido muchos problemas, de lentitud y caída del servicio, sobre todo “en horas punta”, pero la mayor dificultad es que se ha digitalizado la entrada de documentos, pero no la gestión de los expedientes, que se sigue llevando en papel. Esto duplica muchas veces el trabajo y crea muchos cuellos de botella, que han llevado a la mayoría de autonomías a retrasar la obligación de digitalizar la información (hasta abril). Y muchos creen que la “Justicia sin papel” tardará aún muchos años. Falta formación a jueces y funcionarios, faltan medios (los ordenadores y el software de muchos juzgados está obsoletos) y falta personal especializado. Pero sobre todo, hay un problema de fondo: cada autonomía tiene un sistema informático distinto (hay 10 sistemas informáticos diferentes, dos en Madrid, incluso la Fiscalía del Estado tiene uno propio) y así no hay forma de digitalizar la Justicia.  

El colapso y la falta de medios de la Justicia es algo sobre lo que han alertado en los últimos meses muchos jueces y organismos judiciales, desde la Audiencia Nacional a la Fiscalía del Estado, pasando por jueces territoriales y el propio presidente del CGPJ, en su comparecencia en el Congreso, el 29 de abril.” Probablemente esta ha sido la peor Legislatura en toda la historia de la democracia en el ámbito de la Justicia”, ha llegado a decir el portavoz de Jueces para la Democracia”. Y los usuarios, particulares y empresas, están cada vez más descontentos con la Justicia: el 76% piensa que funciona mal o regular, según el último Barómetro del CIS que lo preguntó (2011). Pero lo más preocupante es que los españoles desconfían de la independencia de la Justicia: un 56% de los particulares consideran mala o muy mala la independencia de jueces y Tribunales y lo mismo el 64% de las empresas, según el informe anual sobre la Justicia de la UE (2015), publicado en abril. Y eso nos convierte en el 6º país europeo que más desconfía de la Justicia, sólo por detrás de Italia y varios países del Este. Los españoles recelan, según este estudio, de la independencia de los jueces ante el Gobierno y los políticos y ante los poderes económicos.

En definitiva, una Justicia colapsada, lenta, sin medios y con poca independencia. Un panorama desolador que exigiría un Pacto de Estado por la Justicia en la próxima legislatura, algo que piden todos los profesionales del sector. Un Pacto con cuatro frentes. El primero, dedicar más Presupuesto a la Justicia, el doble en un horizonte de cuatro años. El segundo objetivo debería ser dotar a la Justicia de más medios: más Juzgados, más jueces (al menos 2.000 más en cuatro años), más funcionarios y expertos y más medios físicos, sobre todo informáticos, con un compromiso firme para unificar los sistemas a medio plazo. El tercer objetivo debería ser promover un profundo cambio en la organización de la Justicia, que está más en el siglo XIX que en el XXI: organización territorial, concentración de Juzgados y órganos colegiados de jueces, promover las acciones colectivas (como las “preferentes” o las clausulas suelo) que “no gustan” a los jueces(cobran pluses por número de causas resueltas…) y modificar horarios y estilos de trabajo (en Málaga, los abogados denuncian que hay 90 días laborales sin juicios, un 40% de días “perdidos”). Y un cuarto objetivo, pactar un paquete de Leyes y reformas legales, desde una nueva Ley orgánica del Poder Judicial o una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal a una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial. Y desvincular los órganos judiciales de los partidos.

Y en paralelo, España tiene que reducir el número de pleitos. Ya este año 2016 habrá casi 2 millones de asuntos menos, debido a que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite ahora que los atentados policiales sin autor conocido no se envíen a un Juez (y eran el 23% de los nuevos asuntos)  Pero aun así, quedarían 6,5 millones de asuntos nuevos cada año, una barbaridad. Una vía de reducirlos es potenciar la mediación y el arbitraje, que haya un experto no juez que dirima los conflictos civiles, mercantiles o familiares, como se hace en la mayoría de Europa. La mediación es más rápida que un juicio (entre 3 y 5 semanas, frente a 14 meses de un pleito) y mucho más barata (320 euros frente a una media de 4.000 euros por ir a juicio), según la Asociación IMD, que tiene 200.000 mediadores. En España hay desde 2012 una Ley que fomenta la mediación, pero se usa poco (estamos a la cola de Europa), por desconocimiento y porque los españoles somos más de pleitos (“pleitos tengas y los ganes”) que de negociar acuerdos. Y también porque los abogados ganan más pleiteando (y recurriendo en 2ª instancia y luego al Supremo).

La Justicia no sólo es uno de los pilares de la democracia sino que también es clave para que la economía de un país funcione bien, como señala un reciente trabajo del Banco de España. Por eso, una de las prioridades de la próxima Legislatura, junto al empleo, las pensiones, el Estado del Bienestar y la lucha contra la pobreza, debería ser un Pacto de Estado para conseguir una Justicia más moderna, más ágil, más eficaz y más independiente. No se puede esperar más. Es una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia.