jueves, 24 de septiembre de 2015

Elecciones catalanas: la economía, una excusa


La economía es el argumento principal de los nacionalistas para defender la independencia en las elecciones catalanas del 27-S: “España nos roba” y si somos independientes viviremos mejor. Y presentan unas “cuentas de la lechera”: ingresarán más, gastarán menos y tendrán superávit frente a los 16.000 millones que teóricamente pierden ahora por ser españoles. Pero no es verdad: “pierden” sólo 3.228 millones (por solidaridad con las autonomías más pobres). Y si declararan la independencia, su economía caería entre un 10 y un 20%, según distintos análisis. Menos crecimiento y más paro: ese sería el precio de una independencia que rechazan Europa y la mayoría de españoles. Pero estos argumentos son una excusa, para “atraer a la independencia por el bolsillo”. En realidad,  el independentismo es un sentimiento, una creencia alimentada desde hace 30 años por una burguesía nacionalista que quiere más poder. Y que utiliza el voto de millones de catalanes para negociar después con más fuerza. No intenten engañarnos.
 

enrique ortega


Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana (ERC), es independentista por devoción pero apela al bolsillo de los catalanes para venderles las bondades de la independencia, como Artur Mas (CDC). La consigna es económica: “España nos roba”. Y por eso, argumentan, los catalanes necesitan la independencia: “Cataluña podría tener el nivel económico de los países escandinavos, pero el expolio fiscal de España lo impide”. A partir de ahí, lanzan en campaña “las cuentas de la lechera”: perdemos 16.000 millones por estar en España y si fuéramos independientes, ingresaríamos más y aunque también tendríamos más gastos, el saldo sería muy favorable, 11.591 millones más. Así que la independencia sale a cuenta.

Lo malo es que no es verdad y que estas cuentas son “cuentos, como demuestra punto por punto el ex-ministro José Borrell, en su libro “Las cuentas y los cuentos de la independencia”. Primero, no es verdad que Cataluña esté pagando 16.000 millones de euros más de lo que recibe. Según el propio Conseller catalán de Economía, el prestigioso economista Mas Collell, en 2015, la diferencia entre los ingresos aportados por Cataluña y los gastos hechos por el Estado fue de -3.228 millones, no -16.000. Y en las últimas balanzas fiscales (año 2012), publicadas por el Ministerio de Hacienda, la diferencia entre lo ingresado por Cataluña y lo gastado por el Estado fue de -7.439 millones, un déficit que es casi la tercera parte del déficit fiscal de Madrid (-19.015 millones). Y un dato que es justificable: las autonomías más ricas (Madrid, Cataluña, Baleares, Valencia) pagan más de lo que reciben, en solidaridad con las autonomías más pobres, que reciben más que pagan (+ 8.531 millones Andalucía,+ 3.946 millones Galicia, 2.655 Extremadura o más de 2.000 millones cada una de las dos Castillas).  Es como los contribuyentes: unos pagan más impuestos y a otros les devuelven.

En segundo lugar, si Cataluña fuese independiente, ingresaría más, pero también tendría que gastar más en gastos que ahora hace el Estado central y cuyo coste reparte entre las autonomías: tendría que tener una Administración propia, interna y externa (embajadas) y un Ejército, por ejemplo, cuyo coste conjunto superaría los 8.000 millones, muy superior a lo que podrían ingresar de más, según los cálculos de Borrell.

Pero el principal “cuento” de los nacionalistas es que la independencia de Cataluña es viable. Y no es económicamente viable, por varias razones. La primera y básica, porque si Cataluña se declarara independiente (algo legalmente imposible), automáticamente quedaría fuera de la Unión Europea y el euro. El Comité de las Regiones de la UE ya dijo en su dictamen del 12 de abril de 2013 (ver punto 64) que si una región europea obtuviese la independencia, “tendría que solicitar su adhesión como nuevo miembro de la UE y requeriría un acuerdo unánime” (que no aprobaría España ni países con problemas nacionalistas como Reino Unido, Italia, Bélgica o Francia). Y por si no estuviera claro, lo acaban de decir pública y explícitamente Merkel y Cameron: “si Cataluña declara su independencia, saldría automáticamente de la UE”. Y lo acaba de repetir el portavoz del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker: "si Cataluña se independiza, estará automáticamente fuera de la UE". Es la posición oficial de la Comisión desde 2004.

Y estar fuera de Europa y del euro sería un drama para Cataluña. Primero, el gobierno catalán tendría que poner en marcha un “corralito”, como en Grecia (lo reconoce incluso un documento interno de la Generalitat), impidiendo que los catalanes saquen su dinero de los bancos para que no haya una fuga masiva de capitales. Luego, tendría que crear una nueva moneda (ni el BCE ni Bruselas les dejarían usar el euro como permiten a Andorra, Mónaco o Kosovo, por el mayor tamaño de Cataluña), que se devaluaría automáticamente, para poder competir. Y todos sus productos se encarecerían al tener que pagar un arancel (un 5,7%) para venderlos en el resto de España y en Europa, lo que reduciría las ventas y el empleo de sus empresas. Y como Cataluña es la autonomía más endeudada de España (64.792 millones de deuda en 2015), tendría que buscar financiación en los mercados, lo que sería difícil y caro (ahora, la mayoría de su financiación viene del Estado español, que le ha prestado ya 50.000 millones, a la mitad de interés que en el mercado), con lo que sufriría problemas de liquidez, dificultades para pagar a los funcionarios, pensionistas y proveedores, por ejemplo.

Pero hay más. Fuera de la Unión Europea, Cataluña no recibiría la ayuda financiera del BCE, ni para garantizar los depósitos bancarios a los ahorradores (hasta 100.000 euros) ni para asegurar la financiación barata a sus bancos (como ahora), con lo que en Fráncfort les cortarían el grifo a CaixaBank y Sabadell, salvo que cambiaran la sede. De hecho, la patronal bancaria (AEB y CECA) ha advertido explícitamente que "se plantearán su presencia en Cataluña si hay independencia". Y Cataluña perdería también los Fondos europeos: recibió 1.400 millones entre 2007 y 2013 y para 2014-2020 está previsto que reciba otros 1.400 millones de fondos estructurales (Feder, Fondo social, agrícola y pesquero), más las inversiones del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Fuera de Europa y el euro, teniendo que vender con aranceles, serían muchas las empresas que abandonarían Cataluña para competir mejor, lo que reduciría el crecimiento y el empleo. Baste decir que hay unas 3.000 empresas extranjeras en Cataluña (la mayoría francesas, alemanas, italianas y norteamericanas), que suponen el 10% del empleo total. Y también podrían abandonar Cataluña importantes empresas españolas. De hecho, empresas del IBEX forzaron al Gobierno a un cambio legal en mayo que ha pasado desapercibido: el PP introdujo una enmienda en la Ley de Medidas urgentes en materia concursal para que cualquier empresa pueda cambiar de sede social con el simple acuerdo de su Consejo de Administración (hasta el 27 de mayo, hacía falta el acuerdo de la Junta de Accionistas). Y si la independencia provocaría fuga de empresas, también de inversores. Y seguro que afectaría al turismo, una gran  fuente de riqueza para Cataluña, que visitan 1 de cada 4 turistas (17 millones este año): sin el euro y con más inflación, sería menos atractivo visitarla.

Al final, todos estos efectos negativos de la independencia se traducirían en menos crecimiento, peor nivel de vida y menos empleo. Los expertos valoran el efecto de la independencia en una caída del PIB del -10% al -20% (Instituto de Estudios Fiscales) al -19% (profesor Buesa) o el -20% (Credit Suisse). O sea que la independencia haría a los catalanes un 20% más pobre, no les conduciría al “paraíso nacionalista”. Y también el resto de España perdería mucho (entre un 2 y un 5% del PIB) si se desgaja Cataluña, 7,5 millones de personas que suponen el 19% de nuestra economía.

Así que el argumento económico en favor de la independencia es una falacia, que encubre la realidad: el nacionalismo utiliza la fiscalidad y la economía para atraer más catalanes a las filas de la independencia (“España nos roba”). Está claro que hay un porcentaje amplio de catalanes que son independentistas por “sentimiento” (con el corazón y no con  la cabeza) y a los que estos argumentos de que la independencia no es económicamente viable no les importan ni convencen. Pero hay otros muchos catalanes que debería pensar seriamente que fuera de Europa y de España van a vivir peor, al menos una generación. Seguro.

Los nacionalistas y Mas también utilizan el independentismo como un espejismo para tapar su pésima gestión económica de la crisis, culpando a España de los problemas. No sólo está la corrupción del 3%, sino que el balance de los cinco años del gobierno de Artur Mas es bastante negativo y eso es lo que debería votarse el 27-S. Por un lado, el Gobierno catalán ha hecho una política de recortes incluso mayor que la de Rajoy, metiendo la tijera en los gastos sociales (sanidad, educación, dependencia), en las plantillas y sueldos de los funcionarios y en el Estado (privatizando Aiguas Ter-Llobregat, venta declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y vendiendo edificios públicos), para luego acabar con el segundo mayor déficit autonómico (un 2,58% en 2014 y un 2% previsto para 2015, el mayor agujero tras Murcia) y la mayor deuda ( 67.192 millones previstos para finales 2015). No en vano, en las dos ocasiones en que la Comisión Europea ha valorado la calidad de los Gobiernos regionales europeos, el gobierno catalán ha salido mal parado: en 2009 obtuvo la peor nota y en 2013 estuvo por debajo de la media, detrás de Madrid.

Además, el Gobierno de Mas no ha recortado el déficit (y sí el gasto social) a pesar de subir los impuestos a los catalanes, que pagan más que el resto de españoles al hacer la declaración de la renta (un trabajador que gana un sueldo medio, 22.698 euros, paga 221 euros más de IRPF que en Madrid, un 7,7% más), al comprar una casa de segunda mano (8.000 euros más del impuesto de transmisiones al comprar una casa de 200.000 euros), al pedir un crédito (pagan 1.000 euros más en Cataluña por contratar una hipoteca de 150.000 euros, al tener un mayor impuesto sobre actos jurídicos documentados), al cobrar una herencia (pagan 8.200 euros más que en Madrid si heredan 800.000 euros), al declarar por su patrimonio (su mínimo a pagar este impuesto son 500.000 euros frente a 700.000 en el resto de España y este impuesto no se paga en Madrid) e incluso al echar gasolina (pagan 4,8 céntimos por litro de gravamen autonómico frente a 1,7 céntimos en Madrid y nada en muchas autonomías) .  

O sea, los que viven en Cataluña pagan más impuestos. Y eso cuando la renta per cápita de los catalanes ha caído un 0,7% (de 27.053 euros en 2010 a 26.996 euros en 2014) y hay menos gente trabajando hoy que cuando llegó al Gobierno Mas en diciembre de 2010: 3.075.000 ocupados en Cataluña frente a 3.133.500 (-58.500 empleos). Y 39.400 parados más (726.200 parados frente a 686.800). Claro que también ha empeorado el empleo y el paro en el resto de España en estos cinco años, pero Mas no lo ha hecho mejor que Rajoy.

Así que el problema de Cataluña, de sus ciudadanos, no es si “España les roba” y les sale a cuenta ser independientes, sino cómo resuelven mejor sus problemas, básicamente dos, los mismos que tenemos los demás: que haya trabajo para más gente y que se pueda recuperar el Estado del Bienestar, desde la sanidad y la educación a la Dependencia y los gastos sociales recortados, para conseguir vivir mejor. Y por eso, la verdadera pregunta de estas elecciones debería ser: ¿Con la independencia, los catalanes van a vivir mejor? Y la mayoría de los estudios y de los economistas aseguran que no.

Al final, el nacionalismo pretende sumar votos y tener más fuerza para negociar con el Estado español el 28-S. Ellos saben perfectamente que la independencia es inviable, no sólo jurídicamente sino también económicamente. Pero no les importa: es sólo una bandera para atraer ciudadanos, empujados por una ilusión colectiva que han ido alimentando durante casi 30 años de Gobierno, acompañada de un relato épico, una pseudohistoria y muchos agravios acumulados (reales y ficticios), engrandecidos por errores políticos desde el resto de España. Y ahora, los nacionalistas catalanes quieren utilizar ese sentimiento anti-español y la amenaza de la independencia para hacerse más fuertes y negociar mejor con el Estado español (como ha reconocido Mas a Iceta) unas mayores cuotas de poder, su único objetivo desde hace ya siglos.

Pero frente a esta marea independentista, el resto del país y las fuerzas políticas no pueden mirar para otro lado y no hacer nada, como Rajoy. España y Cataluña tienen un problema que urge resolver para asentar la recuperación y el futuro. Un problema que tiene bases económicas y que exige reformar el sistema de financiación autonómica, las inversiones públicas y la solidaridad interterritorial. Y un problema que tiene muchos elementos políticos, de encaje de sentimientos diferentes en un marco común, español y europeo. Parece claro que sólo unidos ganamos todos. Pero para ello, hace falta que los catalanes se sientan mejor en España, quitar a los nacionalistas sus banderas y sus cuentos. Afrontar juntos los problemas de verdad: la crisis, el paro, la mejora de los servicios públicos. Lo que por desgracia no se vota el 27-S.

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