Zonas de Bajas Emisiones: "toque" a los Aytos
La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó un
Decreto para obligar a los 153 Ayuntamientos con más de 50.000
habitantes a implantar eficazmente las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE),
para limitar el acceso al centro a los vehículos más contaminantes. Las ZBE deberían
estar en marcha desde enero de 2023, pero la mayoría de Ayuntamientos
afectados (sobre todo los gobernados por PP y Vox) las han retrasado y las aplican
en zonas pequeñas o no multan a los vehículos infractores. El Gobierno
les da ahora un plazo de 1 mes, hasta el 26 de diciembre, para que remitan
información sobre las ZBE y las multas aplicadas. Pero el Decreto será papel
mojado si llegan al Gobierno PP y Vox, que han boicoteado en varias
ciudades la aplicación de estas restricciones, suprimiendo también los
carriles bici. Mientras, dos tercios de la población española respira
un aire contaminado, según los futuros topes de la UE para 2030, lo que
provoca múltiples enfermedades y 22.000 muertes al año. Urge evitarlo.
La elevada contaminación de las ciudades está provocada,
básicamente, por el tráfico de vehículos, las calefacciones y las
industrias, según los expertos. El contaminante más peligroso (causa
13.300 muertes anuales en España) son las
partículas PM 2,5 (de menos de 2,5 micras), procedentes de los motores
(sobre todo de los vehículos diesel), las calefacciones, las centrales térmicas
y las emisiones de fábricas e industrias. Le sigue el ozono
troposférico (6.600 muertes en España), el O3, generado por las reacciones
químicas entre los contaminantes emitidos por el hombre y las olas de
calor o los incendios, un contaminante que se ha disparado en los últimos
años. En tercer lugar de peligrosidad (4.100 muertos anuales) está el
N02 (dióxido de nitrógeno), emitido por la quema de combustibles fósiles
en el transporte (el 75%), las industrias y los edificios. Y queda la
contaminación por partículas
PM 10, emitidas por fuentes naturales (erosión suelo, polvo desierto y
polen), el tráfico, obras de construcción, industrias y manipulación de cemento
y áridos.
En España, son 9.113.680 habitantes (el 18,6%, 1
de cada 6 censados), que viven en ciudades, los que superan los límites
de partículas, ozono y NO2 que establece la normativa europea (Directiva 2008/50/UE) y española (Real Decreto 102/2011), que están en vigor desde
el 6 de enero de 2011, según
el último estudio de Ecologistas en Acción, correspondiente a 2025, tras
analizar los registros de 780 estaciones de medición en 132 zonas de España.
Eso afecta a una superficie de 83.000 kilómetros cuadrados, el 16,6% de todo
el territorio español. Pero si aplicamos los nuevos topes de
contaminación, aprobados por la UE para 2030 (Directiva 2024/2881, pendiente de trasponer por España), serían 32,5
millones de españoles (2 de cada 3 habitantes) los que viven en lugares que superan
esos futuros topes europeos de contaminación (la mitad de los
actuales). Y si
España aplicara los topes que recomienda la OMS (la cuarta parte de
los vigentes), prácticamente todos los españoles (49,01 millones, el
99,8%) respiran un aire que los supera.
Ante este preocupante panorama de contaminación (vea en este Visor la
contaminación hoy en 53 ciudades españolas), que causa en España 22.000
muertes anuales (12 veces más que los accidentes de tráfico) y unos costes
económicos y sanitarios de 32.000 millones anuales (el 2,4% del
PIB), el Gobierno Sánchez aprobó
en mayo de 2020 la Ley de Cambio Climático, aunque no fue aprobada por
el Congreso hasta casi un año después, el 8 de abril de 2021, con
la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Esta Ley, cuyo
objetivo central era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
un 23% para 2030 (sobre las de 1990), incluía una medida muy concreta
para reducir la contaminación en las ciudades: los Ayuntamientos de las
ciudades de más de 50.000 habitantes (y los de más de 20.000 con una alta
contaminación) estaban obligados a implantar
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar el acceso a esas zonas
(generalmente el centro de las ciudades) de los vehículos más contaminantes
(sin etiqueta). Y les daba una fecha para que esas zonas restringidas al
tráfico se pusieran en marcha: el 1 de enero de 2023 (casi 2 años
después).
El problema fue que la gran mayoría de consistorios
(gobernados por PP y Vox) han
“remoloneado” para implantar estas ZBE, por ideología y porque no
eran “populares” para muchos ciudadanos. Así, en enero de 2023 sólo la habían
aplicado 10 ciudades (Madrid y Barcelona entre ellas), otras 10 más en enero de
2024 y 29 más en enero de 2025. Y en enero de 2026 sólo se habían sumado
8 ciudades más, con lo que eran 57 las ciudades grandes (53 de
más de 50.000 habitantes y 4 municipios catalanes con menos de 50.000
habitantes) que habían implantado una Zona de Bajas
Emisiones (ZBE). Así que de las 153 ciudades obligadas por la Ley de
Cambio Climático a instalar zonas de acceso restringido, 100
ciudades no las aplicaban más de 3 años después del plazo fijado: 90
estaban en proceso de instalarlas (muy despacio: no tienen prisa) y
otras 10 ciudades no han iniciado el proceso, se han declarado
“en rebeldía” (Telde, Puerto de Santa María, Arona, Orihuela, Valdemoro,
Sanlúcar de Barrameda, Ferrol, Arganda del Rey, Vic y Adeje).
En los últimos meses, se ha agravado incluso la
rebeldía de distintos Ayuntamientos, tras el avance de PP y Vox en las
últimas elecciones autonómicas y los sondeos favorables. Y esta oposición de
ambos partidos a las ZBE es clave, porque el PP gobierna (solo o con
Vox) 80 de las 153 localidades con más de 50.000 habitantes (entre
ellas 32 capitales). Ya en noviembre de 2025, Vox
presentó en la Comisión Mixta Congreso-Senado
para los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) una proposición no de
Ley para que se derogaran las ZBE, propuesta
que se rechazó en junio de 2026 por 32 votos en contra (incluidos los
del PP) y 2 a favor (los de Vox). Y hace unos días, el 4 de noviembre, PP y Vox
pactaron en el Ayuntamiento de Zaragoza modificar la Ordenanza municipal
para desactivar en la práctica la ZBE, multando sólo en días de especial
contaminación. Y lo mismo han hecho este año (paralizar su aplicación práctica)
en Málaga, Elche, Gijón, Palma, Valladolid, Castellón, Lorca, Majadahonda o
Santa Cruz de Tenerife… Y el Ayuntamiento de Madrid decidió este año (marzo
2026) prorrogar
indefinidamente la circulación de los vehículos sin etiqueta (y
que aparquen en las zonas verde y azul de su barrio), siempre que su
titular esté empadronado en la capital.
En paralelo, varios municipios gobernados por PP y Vox, han
anunciado que van a modificar
o eliminar los carriles bici. Es el caso de Elche, Gijón, Palma, Valladolid
o Logroño,
ciudad donde el Ayuntamiento (PP) mandó demoler varios tramos de carril
bici, a pesar de que el habían recibido 4,4 millones de ayudas europeas
para hacerlo. Precisamente, el Ministerio de Transición Ecológica ha
advertido a varios Ayuntamientos “rebeldes”
que si no implantan las ZBE o los carriles bici, tendrán que devolver las
ayudas europeas que se les concedieron en su día para ponerlas en
marcha (y no modificarlas en 5 años).
En definitiva, la realidad es que casi 4 años después
de que entrara en vigor la obligación de crear Zonas de Bajas Emisiones
en 153 ciudades españoles, en la mayoría de los casos no
se aplica la Ley como debería: en unos casos, porque se ha
paralizado la puesta en marcha y en la mayoría porque está en vigor, pero con 2
“trucos”: afectan a zonas muy pequeñas del centro de las
ciudades y además no se multa a los vehículos infractores (o se les
multan, pero no se cobran las multas). La propia Fiscalía de Medio Ambiente y
el Defensor del Pueblo han
pedido información a los Ayuntamientos sobre sus incumplimientos en la
instalación de ZBE. Y Ecologistas en Acción ha
llevado a los Tribunales a varios Ayuntamientos (Valladolid, Santander
y Alicante) mientras preparan otros recursos (contra Valencia y Arganda) por
“inacción, fraude o falta de ambición” en la creación de Zonas de Bajas
Emisiones.
El Gobierno Sánchez se ha hartado de
enviar requerimientos y que les respondan con más medidas para anular
en la práctica las ZBE. Por eso, el Ministerio de Transición Ecológica ha
aprobado, el pasado 3 de noviembre, un Real Decreto (956/2026) para
modificar el anterior Decreto de creación de las ZBE (1052/2022, de 27 de
diciembre) y exigir
algunas obligaciones a los 153 Ayuntamientos obligados a implantar
esas ZBE. Por un lado, deberán acreditar documentalmente la entrada en
vigor de esas ZBE, así como la aplicación efectiva de los sistemas de control
de accesos, monitorización y seguimiento. Y por otro, el Real Decreto exige que
las Ordenanzas municipales contemplen y apliquen
el régimen sancionador previsto (multas), “sin recurrir a sistemas
transitorios” (el truco de aplicar “moratorias”: el Ayuntamiento de Ciudad
Real aprobó en septiembre una moratoria de 3
meses en la aplicación de multas). Y les da a los Ayuntamientos un
plazo de un mes desde la entrada en vigor del Decreto (26 noviembre, porque
no debe
ser convalidado por la Diputación Permanente, al ser un Decreto
ordinario, no un Decreto Ley). O sea, hasta el 26 de diciembre.
Los 153 Ayuntamientos afectados, la mayoría gobernados por
PP (y Vox) tendrán que cumplir con el Decreto y enviar la documentación a
un Gobierno que estará en funciones, tras las elecciones del 29-N. Y si
el PP acaba gobernando con Vox, la mayoría de estos Ayuntamientos
seguirán sin cumplir con la Ley de Cambio Climático y las ZBE, que Feijóo
ha prometido “revisar”, por sus posiciones cada vez más “negacionistas” y
presionado por Vox,
que defiende abiertamente suprimir las ZBE. Así que el futuro de la
contaminación de las grandes ciudades (con su secuela de enfermedades y
muertes), va a depender del resultado de las próximas elecciones. Otro tema
clave a considerar al votar el 29-N.
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