lunes, 31 de julio de 2017

El segundo rescate de las autopistas de peaje


El viernes pasado, mientras media España huía de vacaciones, el Gobierno aprobaba el rescate de 9 autopistas de peaje privadas en liquidación, que ahora serán públicas. El Estado cargará con su deuda y las reflotará con ayudas varias, con la idea de privatizarlas a finales de 2018, cuando estén saneadas con dinero público. Y eso tras haberles inyectado ya, Zapatero y Rajoy, más de 5.200 millones de ayudas públicas entre 2010 y 2021, para evitar su quiebra actual. El Gobierno Rajoy dice que este nuevo rescate “no costará dinero a los contribuyentes”, pero la factura estará entre 3.400 y 5.000 millones de euros y la mayoría no se recuperará. El escándalo no es sólo que estemos ante un nuevo rescate de errores privados (Cajas, déficit eléctrico, moratoria nuclear, almacén gas Castor…) sino que la historia se repite: en 1984, Felipe González tuvo que nacionalizar 6 autopistas en apuros y en 2003, cuando ya ganaban dinero, Aznar las privatizó (perdiendo dinero). Doble escándalo.



                                                                            Enrique Ortega

La historia de este segundo rescate de las autopistas se inicia a principios de este siglo, con tres protagonistas claves: el presidente Aznar, el ministro de Fomento Álvarez Cascos y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, empeñada en tener tantas autopistas cerca de la capital “como los catalanes y como París”. Para eso, embarcaron a las principales constructoras y bancos en un macro-proyecto de 10 autopistas de segunda generación, que se construyeron entre 1999 y 2003, en pleno boom económico (ver mapa): las 4 radiales de acceso a Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la M-12 a Barajas y la Madrid-Toledo (AP 41), junto a Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y Alicante-Cartagena (la única que queda ahora fuera del plan de rescate aprobado el viernes).

El problema es que se diseñaron pensando en un tráfico irreal, que se desplomó con la crisis, máxime cuando hay autovías gratuitas que circulan en paralelo. Y además se multiplicó por siete el coste de las expropiaciones, gracias a la ley del Suelo aprobada por Aznar en 1998. Pero no importaba: el negocio de las autopistas estaba en construirlas (sus dueños son las grandes constructoras: ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC, ferrovial y Globalvía) y en financiarlas (los bancos participantes, Santander, Bankia, La Caixa y Sabadell más algunos extranjeros cobraban de 10 a 20 millones al año en intereses), sin poner apenas capital. Un ejemplo: en la R-2 (Madrid-Guadalajara), inaugurada con toda pompa por Aznar en 2003, los socios solo pusieron el 12% de inversión y el 88% restante eran créditos (424,5 millones).

Una vez construidas las autopistas de peaje, si luego no pasaban coches y no salían las cuentas, el problema era del Estado. Sí, porque Aznar pactó con las concesionarias incluir en los contratos la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA): si había problemas y las concesionarias no pagaban la deuda, debía hacerlo el Estado. Negocio redondo.

Con la crisis, el tráfico y los ingresos de estas autopistas cayeron en picado y amenazan entrar en quiebra. Para evitarlo, el Gobierno Zapatero salió en su ayuda (con apoyo del PP) en los Presupuestos de 2010 y 2011, con 800 millones de créditos blandos a devolver al final de la concesión (65 años) más un adelanto de dinero (80 millones anuales) para cubrir la caída del tráfico. Al llegar Rajoy, mantiene las ayudas en 2012 y las amplía hasta 2021 (ZP las estableció hasta 2018). Y para 2013, duplica el adelanto de dinero (de 80 a 150 millones anuales). En conjunto, estas autopistas que ahora se rescatan ya tenían garantizadas ayudas públicas por 5.200 millones de euros hasta 2021. Y eso sin contar las ayudas indirectas que supone subvencionar el 50% del peaje a los camiones que vayan por autopista (el Gobierno destinó 10 millones del Presupuesto en 2015 y otros 32,7 millones en 2017). Y además, Zapatero y Rajoy se comprometieron a subirles los peajes por encima del IPC entre 2011 y 2015, otra ayuda más a costa de nuestro bolsillo. Y eso sin contar con los 1.098 millones recibidos por las autopistas (todas) entre 1999 y 2011, como compensación por haber subido menos las tarifas para que España entrara en el euro (Real Decreto 6/1999).

Pero ni con estas importantes ayudas públicas han podido salir a flote estas autopistas de peaje. Y las concesionarias se encontraron con que no podían pagar la deuda ni conseguían refinanciarla. Y así, en 2013, suspendieron pagos una tras otra, mientras constructoras y bancos le recordaban al Gobierno que el problema era suyo, que la cláusula-regalo de Aznar obligaba al Estado a hacerse cargo de la deuda. Han sido tres años largos (2014-2016) en que el Gobierno, los bancos acreedores y las constructoras han tratado de renegociar una salida, sin conseguir un acuerdo. Y ahora, en julio, cuando los Tribunales han liquidado las primeras autopistas, el Gobierno Rajoy se ha visto obligado a tomar una decisión y rescatarlas.

El ministro de Fomento dice que no es una decisión política sino una obligación de los Tribunales. Es verdad. Pero se olvida decir que si las autopistas no quiebran y se cierran sino que se cargan ahora sobre el bolsillo de todos los españoles  es por una decisión política que tomó su partido a principios de siglo. También dice que “no tendrá coste” para los españoles, porque la idea es nacionalizarlas de nuevo a finales de 2018 y recuperar el coste del rescate, que subirá el déficit público de 2018, sobre todo. Pero está claro que coste habrá para los contribuyentes, como pasará con el rescate bancario.

Por un lado, el Estado tendrá que hacer frente a la deuda bancaria, unos 3.400 millones de euros. Además, tendrá que afrontar el pago de indemnizaciones aún pendientes por expropiaciones a algunos propietarios de terrenos, demandas que suman otros 1.200 millones. Y cargar con los costes de mantenimiento, conservación y personal de las 9 autopistas rescatadas (748 kilómetros, el 22% de toda la red de autopistas) y traspasadas a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (SEITTSA), unos 65 millones más al año. Además, seguro que aprobarán una subida extra de los peajes para ayudar a subir sus ingresos y sanearlas, además de la subvención a los camiones (otros 40 millones en 2018). Redondeando, el rescate nos costará unos 5.000 millones, según la patronal SEOPAN. Y luego, una vez que estas autopistas estén saneadas, sin deuda y con más ingresos, pues a buscar una sola empresa que compre las 9 autopistas (barato). Incluso no se descarta que puedan volver a una de las concesionarias que las tenían hasta ahora. Negocio redondo.

Lo más sangrante es que muchas de estas autopistas pertenecen a concesionarias y constructoras con elevados beneficios, como Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr, Azvi, Isolux o Comsa. Y que varias de ellas explotan autopistas muy rentables (como saben catalanes y levantinos), en especial Abertis con Acesa, Aumar e Iberpistas. Lo lógico hubiera sido forzarles a “cargar con el error” de estas inversiones, o bien liquidando estas empresas o fusionándolas con otras autopistas rentables. Pero no, nos han cargado sus pérdidas a todos, al Estado, gracias a la cláusula de responsabilidad que les regaló Aznar.

Y lo peor es que la historia se repite. En marzo de 1984, el Gobierno de Felipe González creó la empresa pública ENA para nacionalizar seis autopistas en apuros (de Audasa, Audenasa y Aucalsa). Y en mayo de 2003, cuando ya ganaban dinero, el Gobierno Aznar las privatizó: las compró Sacyr, por 1.586 millones, menos de lo que aportó el Estado a ENA (1.700 millones). Y antes, las autopistas, habían gozado de importantes privilegios desde el franquismo: la Ley de autopistas de peaje de 1972 les permitía endeudarse en divisas con aval del Estado y seguro de cambio, un privilegio que duró hasta 1988 y que nos costó a los españoles unos 8.000 millones de euros. Ahora, de momento, nos costarán otros 6.300 millones más acordados por Aznar, Zapatero y Rajoy, más lo que nos cueste la empresa pública SEITTSA.

Ayudas públicas con dinero de todos para resolver los problemas creados por decisiones políticas erróneas y compromisos polémicos con empresas poderosas. Es una historia que se repite una y otra vez: déficit eléctrico (Aznar), moratoria nuclear (Felipe González), rescate bancario (Rajoy), el rescate del almacén de gas Castor (Zapatero-Rajoy) y ahora las autopistas. Dinero y más dinero público para ayudar a grandes empresas privadas (¡Viva la economía de mercado…¡), mientras 185.000 empresas españolas han tenido que cerrar con la crisis sin que nadie les haya ayudado. Y mientras los españoles hemos sufrido  los recortes de unos 30.000 millones de gasto público en educación, sanidad, desempleo, dependencia, ayudas sociales  I+D+i, cultura, Cooperación… Doble rasero. Es un escándalo.

jueves, 27 de julio de 2017

EPA junio 2017: triunfalismo no justificado


El Gobierno Rajoy ha vuelto a echar las campanas al vuelo con la EPA de hoy, destacando que se han creado 375.000 empleos esta primavera y que el paro baja de los 4 millones, por primera vez desde 2009. Es verdad. Pero no dice que se ha creado menos empleo que en 2014 y 2015 ni que el 94 % del empleo creado es precario. Tampoco que seguimos con más del doble de paro que Europa, que el 55% de los parados no cobran nada y que más de la mitad llevan más de un año sin trabajar, la mayoría mayores sin formación. Y que el 93,4% de las empresas dicen que no necesitan ningún trabajador más: somos el país europeo con menos empleos vacantes. Así que menos triunfalismo de primavera y verano, por empleos que se perderán en otoño e invierno. Urge pactar un Plan de empleo urgente, para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años y reanimar la economía en otoño, no hacer más recortes para 2018, como propone el Gobierno. Necesitamos más empleo y de más calidad.



                                                                                            enrique ortega

El segundo trimestre suele ser bueno para el empleo y más este año en que la Semana Santa cayó en abril. Por eso, entre abril y junio se han creado 375.000 empleos, según la EPA conocida hoy, muchos más de los 271.400 creados el segundo trimestre de 2016, aunque menos que en la primavera de 2015 (+411.800 empleos) y 2014 (+402.400). La mayoría de los empleos se han creado en los servicios (+ 272.400), seguidos de lejos por la industria (+ 65.700), la construcción (+52.100 empleos) y cayeron en el campo (-15.200). Se han creado más empleos para los hombres (+ 208.400) que para las mujeres (166.700), concentrándose los nuevos empleos entre los de 40 a 50 años (+127.000) y los que tienen entre 20 y 30 años (+ 101.800). Y el empleo ha mejorado en todas las autonomías, pero sobre todo en Cataluña (+72.600), Baleares (+ 65.000), Andalucía (+53.500) y Madrid (+45.500).

Se ha vuelto a crear empleo, tras la caída del primer trimestre (-69.800 empleos perdidos entre enero y marzo), pero el empleo creado sigue siendo muy precario: el 90,85% de todos los contratos hechos en 2017 (10,5 millones entre enero-junio) han sido temporales y sólo el 9,15% eran indefinidos. Y más de un tercio, el 34,8% de los contratos hechos son a tiempo parcial, por horas o días, frente a un 65,2% a tiempo completo, según los datos de Empleo. Y de estos contratos con jornada recortada, la cuarta parte son por menos de 7 días, según Asempleo. Donde más se utiliza el contrato a tiempo parcial es en la hostelería, la industria y actividades administrativas, concentrados más en las mujeres: el 43% de todas las que trabajan lo hacen con jornada recortada, frente al 33% los hombres, según el SEPE.

En definitiva, el empleo sigue la tónica de los últimos tres años: sólo un 6 % de los nuevos empleos son estables, fijos y con jornada completa. Y los 94% restantes son precarios, lo que los hace muy vulnerables y mal pagados. Así, un trabajador con contrato temporal gana dos tercios de lo que gana un trabajador fijo (16.422 euros brutos frente a 24.561 euros) y un empleado a tiempo parcial, por horas o días, gana casi un tercio que el trabajador a jornada completa (10.065 euros brutos frente a 27.039 euros), según la última Encuesta de estructura salarial del INE (datos 2015). Y recordemos que casi dos tercios de estos trabajadores a tiempo parcial (el 61,9%) trabajan menos horas “porque no encuentran otra cosa”, con lo que somos el 4º país europeo con más trabajo reducido “involuntario”, sólo por detrás de Grecia (72%), Chipre (69,3%) e Italia (64,3%) y muy alejados del porcentaje de subempleo forzado en Europa (27,7%), según Eurostat.

Gracias al empleo creado, aunque sea precario, ha bajado el paro en el segundo trimestre, en 340.700 personas, según la EPA de hoy, hasta los 3.914.300 parados, bajando así de los 4 millones por primera vez desde marzo de 2009. Con ello, la tasa de paro desciende al 17,22%, la más baja desde 2009, aunque seguimos con más del  doble de paro que Europa (7,8% en la UE-28 y 9,3% en la zona euro, en mayo), sólo superados por Grecia (22,5% de paro) y muy lejos del paro de Alemania (3,9%), Reino Unido (4,5%), Francia (9,6%) o Italia (11,3%), según Eurostat. Y lo peor es que el paro juvenil (menos 25 años), aunque ha bajado al 39,5% en España, casi triplica el europeo (16,9% en mayo UE-28).

El paro se concentra en las mujeres, que ya son más de la mitad de los desempleados, con una tasa de paro femenino del 19,04%, frente al 15,64% los hombres. Y también hay más paro entre los jóvenes menores de 25 años (39,5%) y entre los mayores de 50 años, (15,35%, el triple que en 2007), donde hay 985.400 españoles sin trabajo. Y el paro también se ceba más entre los inmigrantes, cuya tasa de paro (25,46 %) es superior a la de los españoles, según la EPA. Y todavía hay 1.277.600 hogares donde todos sus miembros están en paro y no trabaja nadie. Por autonomías, hay 5 regiones con una tasa de paro “insoportable”, superior al 22%: Melilla (30,22% de paro), Extremadura ( 25,76%), Andalucía (25,24%), Canarias (24,30%) y Castilla la Mancha (22,24), media España, que contrasta con el paro “casi europeo” de Navarra (10,55%), la Rioja (10,92%) y País Vasco (11,23%).

Pero quizás el dato más preocupante es que más de la mitad de los parados no cobran ninguna ayuda. Así, de los  3.914.300 españoles que se consideran parados (EPA segundo trimestre 2017), estén o no apuntados en las oficinas de empleo, hay 2.154.783 parados que no cobran ningún subsidio, el  55% de todos los parados EPA (al llegar Rajoy a la Moncloa, en diciembre de 2011, no cobraban el 44,5% de los parados EPA). Y de los 1.759.517 parados que sí cobran algo (mayo 2017), según el Ministerio de Empleo, sólo un tercio (639.511 parados) cobran un subsidio contributivo, de 804,60 euros al mes. Los dos tercios restantes (1.120.006 parados) sólo cobran un subsidio asistencial de 426 euros al mes. Estos datos preocupantes explican que casi la mitad de los parados (un 48,5%) estén hoy en situación de pobreza, según la estadística que acaba de publicar el INE. Y eso porque muchos parados no han cotizado suficiente o se les ha acabado el paro y otros no reúnen las condiciones para cobrar un subsidio asistencial, muy recortado desde 2012. Todo ello para “ahorrar” con los parados y rebajar así el déficit público: si en 2012 se gastaron 31.680 millones en los parados, en el Presupuesto 2017 se gastarán 18.318 millones.

Si más de la mitad de los parados no cobra nada tiene mucho que ver con que el paro se ha hecho “viejo”, que cada vez hay más “parados de larga duración” (que llevan más de 1 año en paro): eran ya  2. 135.600 parados a finales de junio de 2017, el 54,5 % del total, según la EPA de hoy. Y lo peor es que, de ellos, 1.593.000 llevan parados más de 2 años y casi 1,2 millones más de cuatro años, según un estudio de Fedea. Son una enorme bolsa de “parados crónicosque tienen muy difícil volver a trabajar algún día. Un tercio de estos parados de larga duración proceden de la construcción y dos tercios son mayores de 55 años, más mujeres que hombres, concentrados sobre todo en Andalucía, Canarias, Ceuta, Melilla, Castilla la Mancha y Extremadura. Y tienen un problema adicional para colocarse, su poca formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO o incluso menos.

Ahora se espera que el empleo vuelva a subir este verano, con el récord de turistas extranjeros y nacionales, aunque muchos españoles perderán su empleo temporal en septiembre, por el final del trimestre y la temporada turística, como ya pasó el 30 de junio: ese día se perdieron 257.014 empleos de golpe, según los datos de la Seguridad Social, a finalizar otros tantos empleos temporales. Es el riesgo de hacer “triunfalismo político” con las cifras de empleo: que igual que suben, bajan. Y además, a medida que haya más actividad y empleo, podría aumentar el paro, porque habrá jóvenes, mujeres y mayores que “se animen” a buscar trabajo y se apunten en las oficinas de empleo. El Banco Central Europeo (BCE) acaba de advertir que la tasa de paro en España (y en Europa) es el casi doble de la que creemos, porque si los trabajadores subempleados (que trabajan a media jornada) buscaran trabajar a jornada completa, el paro real sería del 30% (y el 15% en la UE).

Así que se crea empleo, pero muy inestable y todavía insuficiente para hacer frente a los casi 4 millones de parados y a los 2,8 millones de asalariados que trabajan a tiempo parcial y quieren trabajar a jornada completa. El problema es que las empresas crean empleo, pero poco, porque la mayoría dicen que no tienen empleos vacantes: el 93,4% de las empresas aseguran que no necesitan ningún trabajador más, según la última Encuesta de costes salariales del INE (primer trimestre 2017). Y se da el caso de que España, el segundo país con más paro de Europa, es también el país europeo con menos empleos vacantes: sólo hay un 0,8%, frente al 1,9% de media en la UE, según Eurostat. Y eso se debe a que las empresas evitan en lo posible aumentar plantillas, aumentando las horas extras de sus trabajadores actuales (5,8 millones a la semana, el 51,4% sin pagarlas), lo que se traduce en 156.300 nuevos empleos que no se crean cada año. Y aunque las empresas españolas llevan tres años con un fuerte aumento de beneficios, no aumenta tanto su inversión y cuando la hacen es más en renovar equipos e instalaciones que en nuevo personal.

Así que el empleo sigue siendo la asignatura pendiente de España, por mucho que se haga “triunfalismo político” con los 500.000 empleos precarios que se crean al año. Hace falta crear más empleo y de más calidad. Y eso pasa por aprobar de una vez por todas un Plan de choque contra el paro, centrado en los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años, los que más necesitan hoy un empleo. Eso exige dedicar más recursos a políticas activas de empleo (al menos 4.000 millones más al año, para situarnos en niveles de gasto europeos), para incentivar la contratación de jóvenes y parados de larga duración, ayudándoles con programas de formación eficaces (sólo el 7,4% de los parados hacen cursos) y con una reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE), que no ayudan a los parados a encontrar empleo (sólo al 1,8%), porque el 91,3% no reciben orientación personalizada. Y en paralelo, conseguir que al menos 1 millón más de parados cobre algún subsidio (recordemos: 2,15 millones de parados EPA no cobran nada), con más gasto (costaría 5.000 millones al año) en vez de bajar el déficit público a costa de los parados.

Pero junto a este Plan de choque, España debe reanimar la economía, junto a Europa (que no acaba de despegar), para crecer más y crear más empleo. Sobre todo ahora que se auguran problemas a medio plazo, que frenarán el crecimiento: subida de los tipos de interés en Europa (a finales de año o en 2018), subida récord del euro (un +8,6% desde la llegada de Trump, lo que encarece nuestras exportaciones y el turismo, los dos motores del crecimiento español) y posible encarecimiento del petróleo este invierno, con subida ya vista de la inflación (que ha estado varios años negativa), lo que reducirá el consumo, el otro motor del crecimiento estos tres últimos años. Y luego están los efectos negativos del Brexit y del proteccionismo y las “locuras” de Trump.

Todo ello debería llevar al Gobierno y a la oposición a aprobar un Presupuesto 2018 “más alegre”, sin nuevos recortes como se ha hecho ya con el techo de gasto 2018 aprobado en julio. Porque más importante que rebajar el déficit público en 2018 a un innecesario 2,2% del PIB (el techo de Bruselas es el 3%) sería bajar el paro del 14%. Y eso exige que el Estado “tire” de la economía, gastando más en infraestructuras, tecnología, industria, educación, sanidad y servicios sociales. Se debe y se puede gastar 30.000 millones más, sobre todo si España recauda como hace Europa (recaudamos el 37,5% del PIB frente al 46,1% la zona euro), lo que exige no bajar impuestos (como prometen de forma irresponsable Rajoy y Ciudadanos) sino reducir el fraude fiscal y conseguir que paguen más impuestos los que pagan poco, en especial grandes empresas, multinacionales y los más ricos.

Así que dejen de hacer “triunfalismo” con las cifras de empleo, porque tenemos un paro que abochorna y un empleo de baja calidad, por lo que sigue siendo el problema que más preocupa a los españoles. Así que afróntenlo de una vez, con medidas de choque eficaces. Millones de parados y subempleados lo están esperando.

 

jueves, 20 de julio de 2017

La peor sequía en 22 años


Estamos sufriendo en España  la peor sequía desde 1995, por culpa del cambio climático (menos lluvia y más calor) pero también porque somos el tercer país occidental con más “estrés” de agua (tras Italia e Israel), debido a que gastamos mucho y mal el poco agua que tenemos. Las consecuencias las vamos a notar este verano: aumento extra del 10% en las tarifas de la luz (que ya ha subido este año), encarecimiento de los alimentos (sobre todo futas, verduras y cereales), más incendios forestales (ya batimos récord desde hace 10 años) y problemas de abastecimiento en algunas zonas turísticas. Los expertos advierten que el cambio climático afecta especialmente a España y que las sequías serán cada vez más frecuentes e intensas. Por eso, urge tomar medidas, un Pacto del Agua que recorte el consumo, depure y desalinice aguas, suba tarifas e impuestos verdes y gaste más en obras hidráulicas, para afrontar las próximas sequías. Sin agua no hay futuro.



                                                                                            enrique ortega

España tiene este año un serio problema de sequía, como resultado de la combinación de varios factores. Por un lado, el cambio climático, que se traduce en menos lluvia y más calor. Desde octubre a finales de junio, las lluvias acumuladas han sido un 13% menores a las de un año hidrológico medio, según la Agencia Española de Meteorología (AEMET). Y ha llovido un 75% menos de lo habitual en Galicia, Asturias, Cantabria y gran parte de Castilla y León. Por otro lado, la temperatura esta primavera ha sido más alta de lo habitual (lo que favorece la evaporación del agua): la temperatura media mundial ha sido de 15,4º, la más elevada desde que se tienen datos (1965), 1,7º por encima de la media 1.981-2000, según la Organización Meteorológica Mundial. Y se espera un verano muy cálido, según la AEMET. Pero además, España tiene factores propios que agravan la sequía: erosión y desertificación de los suelos, sobreexplotación de acuíferos, contaminación de las aguas, poca depuración de aguas residuales y escaso uso desalinizadoras más un consumo excesivo de agua, sobre todo para los regadíos, las urbanizaciones de costa y el turismo.

El resultado se ve en los pantanos, que estaban el 18 de julio al 50,46 % de su capacidadel nivel más bajo desde 1995, cuando los pantanos estaban al 40%. Y la situación es peor en las cuencas del Segura (embalses al 23,93% de capacidad), del Júcar (al 33,60%) y del Duero (44,04%), así como en los pantanos del Guadalquivir (43,35%) y la cuenca mediterránea andaluza (42,74%). Estamos peor que en la última gran sequía, la de 2005-2008 (pantanos al 57% de capacidad), y camino de acercarnos a las dos grandes sequías del siglo XX, la de 1981-84 (pantanos al 49% de capacidad) y la de 1.992-95 (pantanos al 40% de capacidad).

Las consecuencias de esta primera gran sequía del siglo XXI las vamos a notar pronto, este mismo verano. La primera, que nos va a subir el recibo de la luz, al contarse con menos energía hidráulica (más barata) y tener que utilizar más carbón y gas natural (caros) para producir electricidad: se espera una subida extra del 10% entre julio y septiembre, según estimaciones de Meff Power. Un aumento que se sumará al 18,4% que ya ha subido la luz en el primer semestre de 2017, según datos de la Comisión de la Competencia (CNMC). Y además de más cara, la luz será más “sucia”: en los 5 primeros meses del año, el sector eléctrico ha emitido un 50% más de CO2 (27 millones de TM) que el año pasado.

La segunda consecuencia de la sequía es que ha deteriorado las cosechas, tanto las de algunas frutas de primavera y verduras como las de cereales de verano. Y eso, además de hundir las cuentas de los agricultores y ganaderos (menos pastos y más gasto en piensos), que perderán 1.600 millones de euros según cálculos de UPA, encarecerá muchos alimentos este verano, en especial carnes, frutas, verduras, pastas y cereales. Y los precios subirán aún más en las zonas turísticas, donde aumentará drásticamente la demanda de comida, por el aluvión de extranjeros y españoles este verano.

La tercera consecuencia de la sequía será el aumento de los incendios forestales. Ya en los 5 primeros meses de 2017 se han producido 6.169 siniestros (un 25% más que la media), con 38.200 hectáreas quemadas, la mayor superficie en los últimos 10 años (salvo en 2012). Y los expertos advierten que este será un verano peligroso, porque España genera mucha biomasa (estamos en una zona húmeda de la fachada atlántica de Europa) que cuando se combina con sequía y altas temperaturas es un cocktail explosivo.  Y advierten que, con el cambio climático, los incendios aumentarán en los próximos años y serán cada vez de mayor tamaño, algo que se observa en los últimos 10 años (los incendios son un 25% más grandes).

Y queda una consecuencia difícil de estimar, el efecto de la sequía sobre la población, en especial sobre las zonas turísticas. El aluvión de turistas que se espera este verano (más de 20 millones de extranjeros en julio y agosto, junto a otros tantos españoles), concentrados en el Litoral mediterráneo y las islas, dispararán la demanda de agua en medio de la sequía, lo que puede causar problemas puntuales de abastecimiento. Y más en zonas como Baleares y Levante, que tienen problemas endémicos de depuración de aguas.

Así que la sequía es un problema serio, con preocupantes consecuencias. El Gobierno Rajoy aprobó el 9 de junio un real decreto-ley para paliar sus efectos, con medidas fiscales, moratoria de cuotas de la SS a agricultores y regantes afectados y subvenciones para ciertos créditos. Algunos expertos critican que el Gobierno Rajoy permita con este real decreto una mayor desregulación del mercado del agua, al autorizar que los pequeños productores se la vendan a los grandes, lo que beneficia a los regantes con más recursos, los del Tajo-Segura y Taibilla (Cartagena), según la Fundación Nueva Cultura del Agua. Y critican además que el decreto-ley de sequía (como otros anteriores) supone una “socialización de costes”, porque la exención de cotizaciones y las ayudas fiscales y crediticias no van a los agricultores más vulnerables sino a todos y benefician más a los grandes usuarios del agua.

Y sobre todo, los expertos critican que el Gobierno actúe con medidas de urgencia “a golpe de sequía” y no planifique la política del agua el resto del año. Porque España tiene un problema de agua muy serio, mayor que el resto de Europa. De hecho, la OCDE acaba de alertar, en su último informe sobre España (marzo 2017), que somos el tercer país occidental con más “tensión hídrica”, que consume un mayor porcentaje de agua sobre los recursos disponibles: un 34% frente al 10% de media en los 35 paises OCDE, sólo superado por Italia e Israel (46%) y muy alejado de Francia (15,5%) o Portugal (13%). Y 7 de las 10 cuencas hidrográficas con más sequía de Europa están en España. Además, la OCDE desvela otros graves problemas del agua en España: sobreexplotación de las aguas subterráneas, contaminación de aguas superficiales y profundas, bajo nivel de depuración de aguas residuales (la Comisión Europea nos ha abierto expediente por no depurar bien en 800 localidades donde viven 6 millones de españoles) y un  escaso uso de las desaladoras (pagadas con fondos europeos y que sólo se usan al 17% de su capacidad en el Mediterráneo).

El problema clave, señalado por la OCDE y todos los expertos, es el exceso de consumo de agua en España, sobre todo para el regadío (82,1% del consumo total), porque somos el país con más superficie de riego y el segundo en porcentaje de tierras regadas (el 15%, tras Israel), seguido de los hogares, las urbanizaciones y el turismo (12,8%) y la industria (2,25%). Cara al futuro, el dilema es que este consumo crece año tras año y el agua decrece. Y con el cambio climático, que afectará más a España que al resto de Europa, será peor: para 2021 habrá un 20% menos de agua que en 1990 y el consumo crecerá otro 10%, con lo que el déficit de agua crecerá un 30%, según Ecologistas en Acción. Así que el colapso está asegurado.

¿Qué se puede hacer? Los expertos llevan años reclamándolo: reducir el consumo de agua y gestionar mejor la menor oferta disponible. Eso pasa, primero, por reducir los regadíos actuales (consumen el 82,1% del agua total) y además conseguir que sean más eficientes, que produzcan más con menos agua. Ecologistas en Acción propone reducir las 4 millones de hectáreas actuales de regadío a 3-3,2 millones y no aprobar más (los Planes de cuenca aprobados por el Gobierno Rajoy en 2016 autorizan 750.000 hectáreas más). En segundo lugar, hay que reducir el consumo de agua en el turismo y las urbanizaciones de costa, sobre todo en el Mediterráneo: un turista consume entre 3 y 4 veces más de agua que un habitante de la zona, según un estudio de IMDEA. Y en tercer lugar, con un menor consumo de los hogares (139 litros/habitante al día), para lo que resulta clave subir las tarifas de agua, que son las octavas más baratas de Europa: 1,77 euros/m3 en 2015, mucho más barata que en Francia (3,8 euros/m3) o Alemania (5,2 euros/m3), países sin problema de sequía.

Además de recortar el consumo de agua (sobre todo para el riego y el turismo), España tiene que tomar medidas para mejorar la calidad y cantidad del agua disponibleprotegiendo los acuíferos (sobreexplotados y salinizados en muchas zonas) y preservando la calidad de las aguas, superficiales y subterráneas, cada vez más contaminadas (el 35%). Y tiene que ampliar la oferta de agua disponible, depurando más aguas residuales y utilizando al máximo las desalinizadoras. Además, hay que luchar contra las pérdidas de agua en las redes, que suponen un escandaloso 23%, renovando los viejos y deteriorados sistemas de abastecimiento.

Todo esto son medidas que cuestan dinero. Invertir en depuración de aguas residuales para cumplir con la Directiva europea costaría más de 5.000 millones de euros, a gastar en 200 instalaciones. Y la patronal SEOPAN tiene identificadas obras hidráulicas necesarias por importe de 12.000 millones de euros, para mejorar el aprovechamiento del agua y evitar las reiteradas inundaciones en muchas zonas. ¿De dónde puede salir tanto dinero? De los usuarios y del Presupuesto. Las tarifas de agua para el regadío son bajas y están subvencionadas y a las familias les cuesta el agua un 0,9% de sus gastos mensuales, mucho menos que la luz o el teléfono y  por debajo del 3% que considera la ONU como el mínimo para asegurar el futuro del agua. Y en paralelo a que ellos paguen más, el Estado también tiene que gastar más en agua: España invierte en infraestructuras del agua el 0,11% del PIB, menos de la mitad que Europa (0,27% la UE-28). Somos el 2º país europeo que menos invierte en agua, tras Suecia, cuando somos el país con más sequía. Así nos va.

La sequía no es un problema aislado este año sino que ha venido para quedarse, con altibajos. Y cada vez será más preocupante. Así que todos tenemos que “ponernos las pilas” con el agua. Urge un gran Pacto del Agua, sin politiqueos ni “guerras” entre regiones, donde Gobierno, partidos, regantes, consumidores y expertos pacten medidas y costes. Y acordar subidas de tarifas y nuevos impuestos verdes, para poder pagarlo. Es algo que hay que arreglar a 20 años vista y por eso urge empezar ya. Porque sin agua no hay futuro.