lunes, 29 de octubre de 2018

España: más pobres y menos clase media


España es el tercer país europeo donde más ha aumentado la pobreza con la crisis, tras Grecia e Italia: hay 12.236.000 “pobres” (ganan menos del 60% que  la media), casi millón y medio más que en 2008. Son sobre todo parados, inmigrantes, trabajadores precarios, jóvenes, niños y mujeres solas con hijos que viven en la mitad sur de España. Y uno de cada cuatro, 3.111.000 españoles, están “en pobreza severa”: malviven con menos de 355 euros al mes (solos) o 745 euros (familias). En paralelo, la crisis ha reducido la clase media, más en España que en Europa, y ha duplicado los millonarios. Este aumento de la pobreza y la desigualdad no sólo es injusto: es también uno de los tres graves problemas económicos de España, junto al paro y la deuda, según la ministra de Economía. Por eso urge aprobar un Plan contra la pobreza, que se ha hecho crónica y se ha agravado en muchas familias, según Caritas. Volcarse en las víctimas de la crisis, que no notan la recuperación. 

enrique ortega

Europa, la primera potencia económica del mundo, tiene 112,9 millones de pobres, un 22,5% de la población que ingresa menos del 60% que la media europea, según los recientes datos de Eurostat (de 2017). Con todo, son 3,15 millones menos de europeos pobres que antes de la crisis (había 116,07 millones en 2008, el 23,5% de la población), gracias a que la recuperación económica ha permitido bajar la pobreza en 16 de los 28 paises europeos, sobre todo en Polonia (del 30,5% de la población al 19,5%), Rumanía (del 44,2 al 35,7%), Letonia (del 38,2 al 28,2%) y Bulgaria (del 44,8 al 38,9%), aunque también en Alemania (del 20,1 al 19%), Francia (del 18,5 al 17,1%), Reino Unido (del 23,2 al 22,2%) y Portugal (del 26 al 23,3%). Pero la pobreza ha subido en 11 paises europeos respecto a 2008, sobre todo en Grecia (del 28,1 al 34,8%), Italia (del 25,5 al 28,9%) y España (del 23,8 al 26,6%). Somos el 7º país con más pobreza de la UE-28 (tras Bulgaria, Rumanía, Grecia, Lituania, Italia y Letonia) y el 5º país con más pobres de la zona euro, según Eurostat.

España, la quinta mayor económica europea, tenía 12.236.000 “pobres” en 2017, según la estadística europea AROPE, que incluye a las personas que ingresan menos del 60% de la renta media de cada país o sufren privaciones materiales o trabajan pocas horas. Son el 26,6% de la población, más de 1 de cada 4 españoles, un porcentaje mayor que el de 2008 (23,8% población estaba en la pobreza) pero que lleva tres años consecutivos bajando, desde el máximo de pobreza alcanzado en 2014 (29,2% de la población).

La pobreza en España se reparte de manera desigual y se concentra en colectivos muy concretos: mujeres (27,1% de pobreza y 6,4 millones de mujeres pobres frente a 5,9 millones hombres, con una tasa de pobreza del 26%), parados (59,1% son pobres), inmigrantes (40,8% de pobreza entre los que vienen de Europa y 58,7% los del resto del mundo), jóvenes (34,8% de pobres entre las personas de 16 a 29 años), niños (31% están en situación de pobreza) y madres solas con niños (47,9% en riesgo de pobreza) y los trabajadores con contratos precarios, según el reciente informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) . Por autonomías, la pobreza se concentra en la mitad sur de España, con 6 autonomías que tienen más pobreza que la media española: Extremadura (44,3% de los extremeños están en situación de pobreza), Canarias (40,2%), Andalucía (37,3%), Murcia (34,7%) y Comunidad Valenciana (34,3%), más Ceuta (35,8%) y Melilla (34,7%). Y de las 11 restantes, 9 autonomías tienen menos pobreza que la media europea (22,5%), destacando Navarra (13,5% pobres), La Rioja (14,4%), País Vasco (14,5%) y Aragón (15,8%).

La estadística europea de pobreza AROPE tiene tres componentes. El primero valora la pobreza monetaria, que califica de “pobres” a las personas que ingresan menos del 60% de la renta media de cada país. En España, las personas solas que viven con menos de 8.522 euros anuales (710 euros al mes) y las familias con dos niños que ingresan menos de 17.896 euros al año (1.491 euros/mes). En 2017 eran 10.059.000 personas en pobreza monetaria, el 21,6% de los españoles (en la UE-28, el 16,9% de la población), 300.000 más que en 2016 y 900.000 más que en 2008. Aquí, los más afectados vuelven a ser las mujeres (22,2% pobreza monetaria), los jóvenes (28,5%), los menores de 16 años (28,8%), los extranjeros (39,2% los europeos y el 52% los del resto del mundo), una parte de los pensionistas (29,6% pensiones están por debajo de los 609 euros) y muchos trabajadores (un 14,1% de los que trabajan son “pobres”), según el estudio de la EAPN.

El segundo componente de la pobreza AROPE son las personas que sufren “privación material severa: tienen dificultades para llegar a fin de mes (el 53,3% de los españoles), no pueden hacer frente a alquileres o facturas de gas o electricidad ni tomarse una semana de vacaciones al año. En 2017 tenían privación material severa 2,3 millones de españoles (700.000 más que en 2008), un 5,1% de la población, menos que en Europa (el 6,9% en la UE-28). Y el tercer componente de la pobreza AROPE son los ciudadanos que viven en hogares con adultos que trabajan pocas horas (menos de un 20% en el último año). En España son 5,77 millones de personas, un 12,8% de la población, más que en Europa (9,3%) porque tenemos el doble de paro.

Los que sufren alguna de estas tres formas de pobreza (monetaria o privación material o bajo empleo) son esos 12.236.000 españoles en situación de pobreza, el 26,6% de la población. Pero de ellos, hay 791.726 españoles que sufren las tres formas de pobreza, los que están peor entre los pobres. Y además, uno de cada tres pobres, 3.111.000 españoles, sufren “pobreza severa, más que en 2014 (al iniciarse la recuperación). Se llama así cuando la persona o familia ingresa menos del 30% de los ingresos medios del país: en España, menos de 4.261 euros anuales (355 euros/ mes) las personas solas y menos de 8.948 euros (745 euros mensuales) las familias con 2 hijos. Son sobre todo parados, menores, jóvenes, madres solas con niños y extranjeros. El último informe FOESSA 2018, encargado por Cáritas, amplía esta cifra de pobreza extrema a 4 millones de españoles (1,2 millones más que en 2007), que viven en 1,5 millones de hogares “extremamente vulnerables”, con serios problemas para sobrevivir cada día. Y de ellos, 600.000 españoles sufren “inseguridad alimentaria severa”, según un reciente estudio de la FAO. Vamos, que pasan hambre y comen gracias a 6.000 ONGs y a los bancos de alimentos, que en 2017 dieron de comer a 1.440.000 españoles, según Cruz Roja española.

La otra cara de la pobreza es la desigualdad, que también ha aumentado con la crisis. El número de “superricos” (los que declaran patrimonios superiores a 30 millones de euros) se ha triplicado entre 2006 (200) y 2016 (579), según datos de Hacienda. Y se han duplicado los que tienen entre 6 y 30 millones (de 3.732 a 6.053). Además, los ricos son cada vez más ricos, según el informe de la Red europea EAPN: si en 2008, el 10% más rico tenía un patrimonio 9,6 veces mayor que el 10% más pobre, en 2017 era 12,9 veces mayor. Y si el 20% más rico lo tenía 5,6 veces mayor que el 20% más pobre, en 2017 era ya 6,6 veces mayor. Y si analizamos el índice de Gini (cuanto más alto, más desigualdad), ha subido en España del 32,4 (2008) al 34,1 en 2017, por encima de la media UE-28 (30,3) y es el tercer mayor índice de desigualdad de Europa, tras Bulgaria (40,2) y Lituania (37,6). Y España es el tercer país europeo donde más ha crecido la desigualdad con la crisis, tras Bulgaria e Italia.

Crecen los pobres, crecen los ricos y en medio, la clase media se reduce, a costa de que muchos españoles dejan de ser clase media (los que ingresan entre 15.000 y 40.000 euros anuales) y pasan a ser “clase baja” (ingresan menos de 15.000 euros). De hecho, 1 de cada 6 hogares de clase media ha pasado a ser clase baja entre 2009 y 2014, según un estudio del experto Luis Ayala publicado por la Fundación Alternativas. Si el avance de la clase media fue uno de los grandes méritos de la transición y el crecimiento económico de finales del siglo XX y principios del XXI (pasó de integrar al 60,9% de los españoles en 1973 al 66,2% en 2010), la crisis ha reducido su peso hasta el 61% de los hogares en 2014, último dato disponible. Una caída de la clase media que se ha dado en todo el mundo, pero España es el país de Europa occidental donde más se ha reducido la clase media, según un informe del PRC. Y con ello, su peso es menor al que tiene en Francia o Alemania (66-70%), Reino Unido (62%) y sobre todo, los paises nórdicos (70% hogares son clase media).

En definitiva, que 5 años de recuperación económica (desde la primavera de 2014) no han servido para contrarrestar la dura factura de la crisis y España tiene hoy menos clase media, más ricos y más pobres que en 2008. Pobreza ha habido siempre, pero ahora se ha generalizado más: ya no son pobres los de siempre, sino que malviven 12.236.000 personas, la mayoría nacidos en España (el 81% de los pobres), muchos con un nivel educativo medio (hay incluso 1 millón de universitarios en la pobreza, el triple que en 2008) y muchos son pobres teniendo un trabajo (el 14,8% de los trabajadores son pobres en España, el país occidental con más ocupados pobres, sólo por detrás de China, India, Costa Rica, Brasil, Turquía y México, según la OCDE). Y otra novedad: la pobreza se ha hecho crónica, según advierte Cáritas: algunas familias llevan más de una década siendo pobres y el problema ha pasado de padres a hijos, sobre todo entre parados mayores, inmigrantes, mujeres solas con niños y jóvenes sin estudios. Y los que son pobres ahora viven peor que en 2008: ha aumentado la brecha de la pobreza (ese año ingresaban un 25.6% menos que la media del país y en 2007 ingresan un 32,4% menos, según el informe de la red EAPN), porque se les han acabado los ahorros y tienen menos ayudas públicas (por los recortes) y de padres, familiares o amigos.

España ha incumplido el compromiso Estrategia Europa 2020, que Zapatero firmó en marzo de 2010 con la Comisión Europea: reducir el número de pobres entre 1,4 y 1,5 millones entre 2009 y 2019. En realidad, han aumentado en 1,45 millones entre 2008 y 2017, según Eurostat. ¿Qué se puede hacer para reducir la pobreza? La Comisión Europea lleva años criticando al Gobierno Rajoy por no tomar medidas eficaces para reducir la pobreza y la OCDE, en su informe “Apuesta por el crecimiento 2018” (de marzo 2018), dio una serie de “recetas” a España “para que la mayoría de la sociedad se beneficie de la recuperación”: mejorar las políticas de empleo (recuerda que España gasta en políticas activas de empleo la mitad que la OCDE), mejorar las ayudas a los parados de larga duración, reformas fiscales (bajar impuestos a los salarios más bajos y subir impuestos al gasóleo, IVA y contaminación), hacer reformas laborales (reducir la dualidad fijos/temporales y mejorar la calidad del empleo y la productividad) y, sobre todo, mejorar la educación y la formación de los jóvenes.

Luchar contra la pobreza y la desigualdad no sólo es una exigencia de justicia social y equidad, es una exigencia económica, como acaba de indicar la ministra de Economía, Nadia Calviño, al señalar los tres mayores desequilibrios de nuestra economía: el paro, la deuda y la pobreza y desigualdad. Y eso porque tener 12,2 millones de españoles malviviendo reduce el consumo y frena el crecimiento, rebaja la recaudación fiscal, deteriora las cotizaciones y las pensiones y aumenta el gasto y el déficit. Pero además de ser un problema económico, la pobreza y la desigualdad también son un problema político, porque muchos de estos pobres están “excluidos de la sociedad”, no se integran ni participan y son caldo de cultivo de populismos y fascismos, como se ha visto en Europa y se puede ver en España.

Así que la lucha contra la pobreza y la desigualdad debería ser una prioridad social, económica y política en España, al margen de quien Gobierne. Y eso debería traducirse en aprobar un Plan contra la pobreza, centrado en los colectivos más vulnerables (niños, jóvenes, parados, mujeres, inmigrantes y trabajadores precarios), con más ayudas públicas, homogéneas en toda España (la renta mínima, que reciben sólo 668.578 españoles, es muy dispar y depende de cada autonomía), complementadas con ayudas alimenticias, a la vivienda y la educación de las familias pobres. Claro que un Plan creíble contra la pobreza exige gastar al menos 10.000 millones anuales. Y el problema es cómo conseguirlos, lo que exige, como para casi todo (lucha contra el paro, mejora de las pensiones, más vivienda pública, mejora de la sanidad, la educación y la dependencia…), una reforma fiscal, para recaudar más, porque España recauda menos que la mayoría de Europa. En 2017, se recaudó un 37,9% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudó un 44,9% del PIB, segúnEurostat. Esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 81.456 millones más al año, Una parte debería ir a paliar la pobreza.

En resumen, que mucho se habla de “recuperación económica pero hay más españoles malviviendo y más millonarios que en 2008, mientras cae la clase media. Y si vienen mal dadas, si la economía internacional y española empeoran, la pobreza y la desigualdad aumentarán. Mientras, son ya un cáncer social, económico y político que hay que extirpar para crecer de una manera más justa y sostenible. No podemos mirar para otro lado.


jueves, 25 de octubre de 2018

EPA septiembre 2018: "pincha" el empleo


Este verano se ha creado menos empleo del habitual, por el “pinchazo” del turismo: 183.900 nuevos empleos, menos de la mitad que el trimestre anterior y la cifra más baja desde el verano de 2015, según la EPA conocida hoy. Y el paro ha bajado en 164.100 personas, la menor rebaja en verano desde 2014. Y aunque ha mejorado el empleo fijo, todavía un 93,4% del nuevo empleo es de mala calidad. Y casi la mitad de los parados (cada vez con “más antigüedad)  no cobran nada. Urge dejarse de polémicas políticas estériles y pactar de una vez un Plan de empleo, a incluir en el Presupuesto 2019, con más ayudas a los parados (el 59% son “pobres”) y más recursos para formarles y recolocarles, así como para incentivar el empleo fijo de jóvenes, mujeres y mayores. Seguimos con el doble de paro que Europa y ahora aquí baja menos que en la UE-28, porque el turismo y la desaceleración económica han “pinchado” el empleo
Tomen medidas, por favor.

enrique ortega

El verano suele ser una buena época para el empleo, por el turismo. Pero este año han “pinchado” los turistas y también el empleo: en el tercer trimestre se crearon 183.900 empleos, menos de la mitad que el  trimestre anterior (+469.900) y el menor aumento del empleo en verano (en 2017 se crearon 235.000 empleos) desde el año 2015 (+182.200), según la EPA conocida hoy. El nuevo empleo se ha creado sobre todo en los servicios (+ 210.200), por el turismo y la hostelería, aunque también aumentó en la construcción (+24.900) y la industria (sólo +2.800), cayendo en el campo (-8.600). Tres de cada cuatro nuevos empleos se han creado entre los hombres (+ 134.400) y sólo uno entre las mujeres (+46.900). Y lo más chocante, otro trimestre más: se ha creado sobre todo entre los mayores de 55 años (+70.200), mientras caía el empleo entre 30 y 39 años (-63.600). Por autonomías, ha crecido más en Baleares (+47.500), Cataluña (+33.500) y Castilla la Mancha (+22.700), bajando en el País Vasco (-7.200), Ceuta  (-1.700), Murcia (-1.000 y Asturias (-300 empleos).

La buena noticia es que este verano mejoró la calidad del empleo creado, gracias a una carta de la inspección de Trabajo, enviada a principios de agosto a 81.000 empresas donde se sospechaba que había fraude en contratos temporales. La misiva fue “mano de santo”: en agosto se convirtieron en fijos 67.161 contratos temporales y en septiembre otros 80.540, el dato más alto de la última década. Con ello, en septiembre se firmaron 232.768 contratos indefinidos, el 12% del total de contratos, el mayor porcentaje de indefinidos de los últimos años. Eso subió la media de contratos indefinidos del año (enero-septiembre) al 10,32%, frente al 9% de los últimos 4 años. Eso sí, todavía pesan mucho los contratos precarios, temporales (la tercera parte con menos de un mes de duración) y a tiempo parcial: sólo el 6,6% de los 16,47 millones de contratos firmados este año (enero-septiembre) son “de calidad”, fijos y a tiempo completo. Y España es líder europeo en contratos temporales: un 26,8% de todos los empleos, casi el doble que la media europea (14,3%).

La baja creación de empleo y el aumento de activos (los que buscan trabajo) han provocado que el paro baje también menos este verano, en -164.100 personas, la mitad que el trimestre anterior (-306.000 parados) y el menor descenso del paro desde el inicio de la recuperación, en 2014 (ese verano, el paro EPA cayó en -195.200 personas  y el verano pasado en -182.600). Con ello, el número de parados baja a  3.326.000, según la EPA de hoy, y la tasa de paro se reduce al  14,55 %, la más baja en una década. A pesar de la mejoría, somos el 2º país de Europa con más paro (tras el 19,1% de Grecia) y tenemos más del doble de paro que el continente (6,8% de paro en agosto en la UE-28) y cinco veces el paro de Alemania (3,4%), según los últimos datos de Eurostat. Y lo peor es el paro juvenil, el de los menores de 25 años: en España afecta al 33% de los jóvenes (a 528.000), frente al 14,8% en Europa (UE-28), el 31% en Italia, el 20,2% en Francia, el 11% en Reino Unido  o el 6,2% en Alemania.

El paro en España se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los parados:1.716.400 , con una tasa del  16,22 %, frente al  13,12% de los hombres), los jóvenes (31,61% de paro entre los menores de 29 años), los inmigrantes ( 20,64% de paro) y los mayores de 50 años (el 12,60 % de paro, casi el triple que en 2007), donde ya hay  838.700 españoles mayores sin trabajo (y sin posibilidad de tenerlo la mayoría), según la EPA de hoy. Además, el paro se concentra también en 5 autonomías, que mantienen una tasa de paro “insoportable” superior o rondando el 20%: Ceuta (30,79 %), Melilla (24,4%), Andalucía (22,85%), Extremadura (21,68%) y Canarias ( 19,64%), casi la media España pobre, que contrasta con el paro “casi europeo” de la España rica: Baleares (7,16%) País Vasco (9,42% de paro),  La Rioja (9,60%) Navarra (9,65%) y Aragón (9,87%). Y un dato esperanzador: se han reducido (-128.700) los hogares donde no trabaja nadie: son 1.083.700 hogares los que tienen a todos sus miembros en paro.

Pero quizás el dato más preocupante es que el paro se enquista y la mitad de los parados llevan más de 1 año sin trabajar, los llamados “parados de larga duración”: en septiembre de 2018 eran 1.600.100 personas, el  48% de todos los parados, según la EPA del tercer trimestre (en la UE-28 son el 43% de los parados). Y de ellos, 1.134.800 llevan ya parados más de 2 años y un millón largo más de 4 años sin trabajo, según un estudio de Fedea. De hecho, en las oficinas de empleo (SEPE) hay 668.432 parados apuntados desde hace más de 4 años, según los datos aportados por UGT. Son una enorme bolsa de “parados crónicos”, que tienen muy difícil volver a trabajar, porque están “fuera del mercado”. Y no sólo por su edad (un 70% de los que llevan parados más de 4 años superan los 50 años y dos tercios son mujeres) sino porque tienen poca formación: un 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO (o incluso menos) y eso les aleja aún más de poder ser contratados.

Mientras ven difícil recolocarse, el mayor problema de muchos de estos “parados viejos” es sobrevivir, porque tras tantos meses en el paro, se les ha agotado el subsidio en muchos casos. Y así nos encontramos con que casi la mitad de los parados EPA no cobran ya ningún subsidio de paro: en agosto de 2018, según los últimos datos de Empleo, sólo cobraban alguna ayuda 1.836.288 parados, el  55,2 % de los parados estimados (EPA). Y encima, de los parados que cobran, sólo algo más de un tercio (845.460 parados) cobran el subsidio contributivo de 788 euros al mes y los dos tercios restantes cobran un subsidio asistencial (de 6 a 12 meses) de sólo 430 euros mensuales. Los 1.489.712 parados restantes (el  44,8 % del total) no cobraban nada, ningún subsidio: cuando Rajoy llegó a la Moncloa, a finales de 2011, los que no cobraban ningún subsidio eran el 44,5% de los parados).

Esta rebaja en el número de parados que cobran alguna ayuda es algo buscado, tras los recortes aplicados en 2012 y después a las prestaciones por desempleo, con objeto de recortar el gasto y el déficit público. Así, el gasto en desempleo ha pasado de un máximo de 32.366 millones en 2009 a 17.474 millones que se gastaron en 2017, unos 800 millones menos de lo presupuestado (18.300 millones), según el Ministerio de Empleo. Y esa caída del gasto (-46,26%) no se corresponde con la caída del paro estimado en esos años (-559.800), que ha sido menor (-12,93%), con lo que ha caído el porcentaje de parados que no cobran y los que cobran reciben menos (788 euros mensuales  frente a 864 euros en 2011) y de forma muy desigual: en Baleares, los parados cobran 891 euros de subsidio, en Navarra 863, en el País Vasco 827 y en Cataluña 824,8 euros frente a 688,9 en Extremadura, 751 en Andalucía o 754 en Cantabria. Y en 2018, el gasto en desempleo cae otro 3,2% sobre lo presupuestado en 2017, hasta 17.702 millones de euros, la mitad de lo que se paga a inversores y bancos por los intereses de la deuda (32.000 millones).

Esta baja cobertura de parados que cobran el desempleo provoca que más de la mitad de los parados españoles sean pobres: si en el conjunto de España, el 26,6% de la población de las personas son “pobres” (ingresan menos del 60% de la media: ganan menos de 8.522 euros anuales (710 euros al mes), entre los parados son pobres el 59,1%, según la última estadística europea AROPE. Y además, el hecho de que la mitad de los parados estimados (EPA) no cobre ayudas le supone también que el Estado no cotiza por ellos a la Seguridad Social, lo que afecta muy negativamente a su futura pensión.

Volviendo al empleo, se espera ahora que crezca poco este otoño, al  debilitarse el crecimiento internacional y español el último trimestre, para cerrar 2018 con una menor creación de empleo que en 2017, porque la economía también va a crecer menos (2,6% frente a 3,1% en 2017). Así, frente a los 490.300 empleos creados en 2017, la previsión del Gobierno Sánchez es crear 456.000 nuevos empleos en 2018 y 439.000 empleos más en 2019. Eso significa que España no recuperaría el empleo de antes de la crisis (20.646.000 ocupados en junio de 2008) hasta dentro de tres años, hasta diciembre de 2021 (20.653.000 ocupados), según la previsión del Gobierno Sánchez. Habrán sido, pues, 13 años perdidos para el empleo. Y algunas otras previsiones, como la del profesor Josep Oliver, retrasan esa recuperación del empleo de 2008 un año más, hasta finales de 2022. Y en cuanto al paro, la caída del desempleo en España (-8,8% anual) es más lenta que en Europa (-10,3% anual), según los últimos datos de Eurostat (agosto 2018).

Los datos de la EPA, donde ha “pinchado” el empleo, deberían obligar a Gobierno y oposición a pactar medidas urgentes contra el paro, el principal problema de los españoles. Por un lado, urge un Plan de choque contra el paro, asentado en tres patas. Una, mejorar la cobertura de los parados, para que haya más que cobren un subsidio. Ya hay un acuerdo, incluido en el pacto  Gobierno-Podemos, para que los parados mayores de 52 años cobren un subsidio de paro hasta que se jubilen. En 2013, el Gobierno Rajoy subió la edad para cobrar este subsidio de 52 a 55 años, estableciendo restricciones (como contemplar los ingresos del resto de la familia) y cotizando por ellos el 100% de la base mínima en lugar del 120%. Ahora, al rebajar este subsidio a los 52 años, lo podrán recibir 50.000 parados más, teniendo en cuenta sólo sus ingresos y cotizando por ellos el 120% de la base mínima. La medida costará 323 millones al año, aunque su aplicación exige aprobar el polémico Presupuesto 2019. Además de esta mejora, los sindicatos piden crear un nuevo seguro de paro para los que se les ha terminado el subsidio contributivo y tienen menos de 52 años. Y para complementar estos cambios,  Pedro Sánchez ha pedido en Bruselas que se cree un seguro de paro europeo, financiado en un 80% por los paises y un 20% por la UE.

La segunda pata debía ser una reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE), dado que el 91% de los parados no recibe ningún servicio (sólo el 4,12% hace cursos) y ayudan a buscar trabajo al 2% de los parados, según un reciente informe de CCOO. Y eso implica no sólo tener más recursos y más medios (herramientas informáticas para ayudar a los parados), sino también más personal: cada empleado del SEPE atiende a 211 parados, frente a 105 en la UE-28, 73 en Francia, 48 en Alemania y 24 en Reino Unido. Ligado a esta reforma del SEPE, una tercera pata del Plan de choque contra el paro: volcarse en la formación de los parados, fomentando cursos ligados a lo que las empresas demandan. Y para ello, hay que volver a reformar la política de formación, porque los cambios que impuso el Gobierno Rajoy en 2013 han dinamitado la formación y provocado algo inaudito: hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Y llegarán a 2.000 millones a finales de 2018, según ha reconocido el SEPE a sindicatos y patronal. La mitad de ese dinero debería haber ido a los parados, para formarlos. Ahora, es prioritario recuperar esos fondos y planificar gastarlos bien con los parados que más lo necesiten.

Junto a este Plan de choque contra el paro, hay que aprobar un Plan de empleo para toda España, como el que Sánchez ha prometido para Andalucía (en la antesala de las elecciones…). Un Plan centrado en promover e incentivar la contratación de parados de larga duración, jóvenes y mujeres, en colaboración con la patronal, los sindicatos, las autonomías y unas nuevas oficinas de empleo, que asesoren a los parados a encontrar trabajo. Es imprescindible reordenar el mapa de contratos, para simplificarlos, y fomentar el empleo estable y a tiempo completo, con más recursos públicos en políticas activas de empleo: España gasta este año 5.710 millones, un 26% menos que en 2010 (7.750 millones) y la mitad que Europa (0,5% del PIB frente al 1% en la UE-28). Y también reforzar las plantillas de la inspección de Trabajo (se han convocado 353 nuevas plazas), para luchar contra el fraude y la precariedad, sobre todo en algunos sectores como la hostelería, el comercio o la economía colaborativa.

Se crea empleo pero menos, no suficiente y todavía bastante precario. Y la mayoría de los parados malviven en la pobreza y sin perspectivas de trabajar, mientras seguimos con el doble de paro que Europa. Y pasan los meses y las EPAs sin que se afronte de verdad el problema que más preocupa a la mayoría de las familias españolas. Basta ya de perderse en polémicas y enfrentamientos inútiles. Es la hora del empleo, antes de que vengan mal dadas.


lunes, 22 de octubre de 2018

Los inmigrantes nos van a salvar


La inmigración es uno de los temas que levantan más polémica, en Europa y España. Pero hay un hecho claro: la población española está cayendo (como la europea) y serán los inmigrantes los que “nos salven” en las próximas décadas, cubriendo trabajos y pagando  impuestos y pensiones: habrá 5,17 millones de inmigrantes más en España para 2033 y 14,5 millones más en 2068, según vaticina el INE. Con ello, el 43% de los residentes en España dentro de 50 años serán inmigrantes. Sólo así se podrá cubrir la pérdida de población nacida en España, 13 millones de aquí a 2068. Un “suicidio demográfico” provocado por el desplome de la natalidad y agravado por el envejecimiento. Todavía estamos a tiempo de tomar medidas para fomentar los nacimientos, con ayudas a la familia y al trabajo de la mujer. Sólo con más población trabajando se podrá asegurar en el futuro las pensiones y el Estado del Bienestar. Y los inmigrantes, más que “robarnos el trabajo”, nos ayudarán.
 
enrique ortega

España ha cambiado radicalmente desde la muerte de Franco, pero sobre todo en población, en la demografía. Si en 1975 nacieron en España 669.378 niños, en 2017 nacieron casi la mitad, 390.024 niños (1.068 diarios), menos incluso que en 1939 (419.848) y muy lejos del récord histórico de 1964 (697.697 nacimientos, casi 2.000 diarios). Los nacimientos se han desplomado por dos causas. Una, porque hay menos mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la caída de la natalidad en los años 80 y 90: hay 1 millón menos que en 2009. La segunda, porque las mujeres españolas esperan cada vez más para ser madres, ocupadas en estudiar o hacerse una carrera profesional: si en 1976, las mujeres eran madres a los 28,5 años de media, en 2018 lo son a los 32 años. El resultado es que la tasa de natalidad ha caído bruscamente, de los 2,76 niños por mujer en 1975 (3,15 en 1900 y 3,01 en 1964) a los 1,31 niños por mujer en 2018. Y con ello, España tiene la tasa de natalidad más baja de Europa: 1,33 niños/mujer en 2016 frente a 1,60 en la UE-28, 1,92 en Francia o 1,79 en Reino Unido y Dinamarca, según los últimos datos de Eurostat.

En paralelo al desplome de los nacimientos, se han disparado las muertes, porque aunque  cada vez vivimos más años (83,4 años de media en 2017, 3 años más que la media OCDE) hay muchos más mayores: el 19,2% de los españoles tienen más de 65 años, con lo que somos el segundo país del mundo con más viejos, tras Corea del Sur (22,5% mayores). Por todo ello, las defunciones alcanzaron un récord en 2017: 421.269 fallecidos frente a 298.192 muertes en 1975 y sólo superado por las 467.748 muertes de 1941.

La consecuencia de este doble fenómeno (menos nacimientos y más muertes) es que cae la población española año tras año: la primera vez pasó en 2015 (-1.976 personas), se paró en 2016 (+503 personas entre nacidos y muertos) pero ha vuelto en 2017, con una pérdida de -31.245 personas (421.269 muertes y 390.024 nacimientos). Y lo peor es que esa caída va a ser la tónica de la población española en las próximas décadas, según las proyecciones de población recién hechas por el INE (10 octubre), para 2032 (se perderán 2.795.802 personas, con 37,66 millones de población nacida en España, frente a los 40,45 millones de hoy) y para 2068 (se perderán 12.917.368 personas, alcanzando la población nacida en España sólo 27,5 millones). Y todo ello porque la tasa de natalidad seguirá siendo muy baja (1,40 hijos/mujer en 2032 y 1,52 en 2068, según las previsiones del INE) y como seremos un país mucho más envejecido (el 25,3% de españoles tendrá más de 65 años en 2033), las muertes seguirán superando a los nacimientos en los próximos 50 años (648.041 muertes frente a 398.493 nacimientos previstos por el INE para 2067).

Así que el panorama demográfico futuro es desolador, según las proyecciones del INE. Si el 1 de enero de 2018 teníamos una población de 46.659.302 personas residentes en España, de las que 40.458.369 habíamos nacido aquí y 6.200.933 eran extranjeros residentes, para el 1 de enero de 2033 seremos 49.035.077 los residentes en España (+2,37 millones), pero los nacidos en España habrán caído a 37.662.567 (2,79 millones menos), un desplome de españoles que se compensará con la llegada de inmigrantes extranjeros: habrá 11.372.510 dentro de 15 años, 5,17 millones más que ahora, según las previsiones del INE. Y dentro de 50 años, el 1 de enero de 2068, se espera que residan en España 48.290.728 personas, sólo 1,63 millones más que ahora (y 744.349 menos que en 2033). Pero esa mejoría de la población total esconde una caída drástica de la población nacida en España, por la caída de los nacimientos y el aumento de las defunciones: serán 27.541.001 personas, 12,91 millones menos que hoy y 10,12 millones menos que en 2033. Y otra vez más, nos salvarán los inmigrantes, que ya serán 20.749.727 el 1 de enero de 2068, un 43% de los residentes en España (hoy son el 13% y en 2033 serán el 23%), 14,54 millones más que hoy.

Esta llegada neta de inmigrantes (diferencia entre los que vienen y se van) se ha vuelto a producir en 2016 (+87.422 inmigrantes netos), tras haberse ido más de los que entraron a residir entre 2010 (-42.675) y 2015 (-1.761 inmigrantes netos), por la crisis, que les hizo retornar a sus paises. Pero ahora, la tendencia apuntada por el INE es que vengan más inmigrantes de los que se van en los próximos 50 años. En 2017 ya se duplicaron (+164.604 inmigrantes netos residentes) y aún van a crecer más en 2018 (+250.027 inmigrantes netos) y hasta 2027 (media de +230.963 inmigrantes netos al año). Luego, entre 2028 y 2032 bajara algo la inmigración (+179.653 inmigrantes netos al año) y algo más entre 2033 y 2050 (+150.000 inmigrantes netos al año), para subir después, entre 2051 y 2067 (una media de 167.230 inmigrantes netos cada año), según las previsiones del INE.

En total, España va a tener 5,17 millones de inmigrantes más residiendo aquí dentro de 15 años (2033) y 14,54 millones más dentro de 50 años (2068), multiplicando por 3,3 la cifra actual de inmigrantes residentes (de 6,2 a 20,74 millones en 2068), según el INE. Y gracias a eso, dentro de 15 y de 50 años habrá más gente viviendo en España que hoy, porque lo que es la población nacida en España caerá en 2,79 millones (para 2033) y en 12,91 millones (para 2068), pasando de 40,45 millones de españoles nacidos aquí a 27,5 millones. Y nos guste o no, serán estos extranjeros los que ocuparán una parte de los trabajos (si no, faltaría mano de obra) y paguen impuestos y cotizaciones, para asegurar la continuidad de los servicios públicos y de las pensiones, cuyo coste se va a multiplicar.

Porque caerá la población nacida en España (repito: de 40,45 a 27,54 millones) pero no las facturas a pagar. Por un lado, la sanidad, cuyo coste actual (80.000 millones) se va a incrementar mucho (un 0,7% anual real hasta 2040, según un estudio de la Fundación BBVA) por el envejecimiento de la población española, por el hecho de que 1 de cada 4 españoles tenga más de 65 años en 2033: una persona con más de 65 años multiplica por 6 el gasto sanitario de las personas de 15 a 44 años (1.255 euros anuales frente a 230), según el informe de SEMFYC. Y lo mismo pasará con el gasto en Dependencia: los dependientes actuales (sobre 3 millones) se van a duplicar para 2050, según un estudio del CSIC, lo que disparará el gasto público (hoy se necesitarían 9.800 millones anuales) y el de las familias. Y sobre todo, se va a disparar el gasto en pensiones, al pasarse de las 9,6 millones actuales (128.000 millones de gasto anual)  a 15 millones de pensiones previstas para 2050.

Y el problema es que aumentará el gasto pero no el empleo, porque además de caer la población en general habrá menos jóvenes en edad de trabajar: el INE estima que la población activa (16-66 años) caerá en 7 millones de aquí a 2050. Eso significa que habrá menos españoles trabajando y cotizando y que las pensiones y los servicios públicos se podrán pagar gracias a los denostados inmigrantes. Y con dificultades, porque si en 2018 hay 54,2 pasivos por cada 100 activos, para 2033 habrá 61,2 pasivos por cada 100 activos, según el INE. Y lo peor: en 2068, dentro de 50 años, habrá 78,6 pasivos por cada 100 activos. O dicho de otra manera: cada niño y jubilado tendrá 1,27 personas para que trabajen, paguen impuestos, coticen por ellos y les mantengan. Y casi la mitad de estos que aseguren la economía y el Estado del Bienestar serán inmigrantes.

Es lo que hay, salvo que desde hoy se tomen medidas para evitar este “suicidio demográfico” y se mejore la evolución esperada de la población, clave para asegurar un futuro mejor. Es lo que hizo Francia, que ha tardado  más de medio siglo en revertir el grave problema demográfico que heredó tras la II Guerra Mundial, gracias a un paquete de medidas (la natalidad es “una cuestión de Estado”, al margen de quien gobierne) que la han convertido en el país líder europeo en natalidad (1,92 niños/mujer frente a 1,31 en España).

La primera medida es apostar por la natalidad desde el Estado, con un mayor empuje político (en Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo o Rumanía hay un Ministerio de la Familia, mientras en España es competencia de una subdirección general dentro de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad) y más medios económicos: hoy por hoy, España es el 2º país europeo que menos gasta en ayudas a la familia y la infancia (tras Grecia), un 0,7% del PIB frente al 1,7% de media en Europa o Alemania, el 1,4% de Reino Unido, el 1,5% de Italia,  el 2,4 % de Francia, el 3,2% de Finlandia o el 4,5% de Dinamarca, según los últimos datos de Eurostat (2016). Eso significa que gastamos en ayudas a la familia  unos 7.830 millones de euros al año y que si gastáramos como la media europea (UE-28), necesitaríamos gastar 3.355 millones más cada año para equipararnos.

Con más recursos públicos, se podrían subir las ayudas por hijo, que en España son más bajas que en la mayoría de Europa: 24,25 euros al mes por cada uno de los cuatro primeros frente a 133/357/542 en Francia, 184/184/190/215 en Alemania, 107/71/71/71 en Reino Unido o 23/34/50/65 en Italia. Tanto el Instituto de Política Familiar como Save the Children proponen pagar 100 euros mensuales por hijo y 150 a familias monoparentales y pobres. En el pacto presupuestario para 2019 entre el Gobierno Sánchez y Podemos se incluye subir la prestación anual por hijo a cargo de 291 euros a 473 euros, así como ayudas de comedor a las familias pobres, con un coste de ambas medidas de 205 millones de euros.

Otra medida clave es facilitar el trabajo de las mujeres, para fomentar la natalidad. Eso pasa por crear más guarderías públicas, dado que sólo uno de cada tres niños están escolarizados de 0 a 3 años. El primer paso se incluye en ese acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos, que contempla permitir a los Ayuntamientos con superávit invertir en guarderías, gastando 300 millones en 2019. Y luego, se trabaja en un Plan a medio plazo para universalizar la enseñanza pública de 0 a 3 años. Otra medida clave es ampliar los permisos de paternidad, para liberar a las mujeres. En el pacto presupuestario Gobierno-Podemos se incluye subir de 5 a 8 semanas en 2019 (costará 300 millones) y seguir equiparando los permisos en los años posteriores, hasta las 16 semanas en 2021. Y queda mucho por hacer en la racionalización de los horarios laborales, para conciliar maternidad y trabajo. Otra medida que se tomó en Francia es rebajar las cotizaciones sociales de las madres trabajadoras. Y que el fomento de la natalidad recorra todas las políticas públicas, desde los descuentos en servicios públicos a las ayudas al alquiler para familias con hijos. Y por supuesto, en la política fiscal, con apoyos a las familias y al gasto en la infancia (rebaja IVA pañales).

Lo ideal sería alcanzar un Pacto de Estado por la natalidad y garantizar medidas estables de apoyo a medio plazo (como con las pensiones), al margen de los vaivenes políticos. Porque el problema demográfico de España es muy serio y nos hipoteca el futuro. Y dentro de las soluciones demográficas posibles, una medida clave es contar con más emigrantes, no con menos, aunque eso debe ser compatible con una entrada regulada y controlada, en el contexto europeo. Los necesitamos para asegurar el futuro.


jueves, 18 de octubre de 2018

Vivienda: España lidera las subidas


Los alquileres están por las nubes y como las hipotecas son baratas, muchas familias piensan en comprar piso. Pero tropiezan con que los precios llevan más de 4 años subiendo, un 19% desde 2014. España es el país europeo grande donde más han subido los pisos. Las ventas llevan 4 años y medio subiendo, porque hay más gente con trabajo, más hipotecas y más baratas, pero sobre todo porque la vivienda se ha convertido en una atractiva inversión, comprándola para alquilar : es lo que hacen fondos de inversión, inmobiliarias y particulares. Algunos temen otra “burbuja inmobiliaria”, aunque precios y ventas están muy por debajo de los de 2007. Pero tenemos un grave problema: un tercio de españoles no puede comprar ni alquilar. La solución sería crear un parque de viviendas protegidas (harían falta 1,5 millones) para ofrecerles precios y alquileres asequibles. Pero ni el Estado ni las autonomías las hacen: sólo 5.000 en 2017, la cifra más baja desde los años 50. Urge más dinero para la VPO.

enrique ortega

En 2008 estalló la última “burbuja inmobiliaria” y al haber un enorme stock de viviendas sin vender, se desplomaron los precios: cayeron 6 años seguidos, entre el 2º trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2014, nada menos que un      -41,9%, según el INE. En la primavera de 2014, tras haber perdido casi la mitad de su valor, los precios de las viviendas empezaron a recuperarse, de la mano de una pequeña mejoría del empleo. Ese año 2014 cerró con una ligera subida de la vivienda (+03%), que aumentó en 2015 (+3,6%), 2016 (+4,7%) y 2017 (+6,2%). Y este año 2018 se mantiene la subida, aunque algo menor (+4% en el primer semestre), con lo que los precios de la vivienda han subido un +18,8% estos últimos cuatro años y medio, aunque aún están lejos de recuperarse los precios de 2008 (aún caen -23,1%).

La subida de precios está siendo muy desigual, por zonas y tipos de viviendas. Las que más suben son las viviendas de tipo medio/alto, situadas en el centro de las ciudades, sobre todo en Madrid  (subieron más del 10% el último año) y Barcelona (+9,3%), Baleares (+8,6%), zonas turísticas de Levante y Andalucía más ciudades de Asturias, Navarra, País Vasco y Rioja. Pero la vivienda todavía baja en 15 provincias españolas, donde hay más “stock” de viviendas sin vender, sobre todo algunas ciudades de Castilla la Mancha (Toledo, Guadalajara y Cuenca), Castilla y León, Galicia, Murcia y Extremadura.

Esta subida de la vivienda en España, un +6,8% en el último año, es mayor que la subida media europea (+4,3% en los 28 paises UE) y más elevada que la de otros grandes paises europeos, como Alemania (+4,7% sube la vivienda el último año), Francia (+2,8%), Reino Unido (+3,4%) e Italia (-0,2%), según Eurostat. De hecho sólo hay 9 paises europeos donde la vivienda suba más que en España, 6 países del Este, Irlanda (+12,6), Portugal (+11,2) y Holanda (9,3). Y la vivienda también subió más en España que en Europa en 2015  y en 2016, lo que ha alimentado un aluvión de capitales viniendo a comprar a España.

¿Por qué sube tanto la vivienda? Básicamente, porque se ha disparado la demanda, tanto de españoles como de inversores extranjeros. Las ventas de viviendas habían caído a plomo en 2008 y los cinco años siguientes, pasando de 775.300 viviendas vendidas en 2007 a menos de la mitad, 312.600 en 2013. Tras el desplome de precios y el inicio de la mejora del empleo, en 2014 se inicia la recuperación de ventas (318.800 viviendas vendidas), que dura ya cuatro años y medio, con 467.644 viviendas vendidas en 2017 y 352.768 vendidas hasta finales de agosto (+11,1%), según los últimos datos del INE. Y los expertos creen que este año se venderán más de medio millón de viviendas (el 85% de segunda mano), unas 530.000, una cifra de ventas que no se veía en España desde 2008 (552.080 viviendas).

Los motores de esta recuperación de la venta de viviendas son varios. El primero, la recuperación de la economía y sobre todo del empleo, que permite a más familias pensar en comprar un piso: hay 2.393.500 personas más trabajando hoy que en marzo de 2014, según la EPA. Y aunque muchos tienen trabajos precarios y sueldos bajos, tienen más ingresos. El segundo factor clave es que ahora, los bancos dan más hipotecas que hace unos años y más baratas. En 2017 se concedieron 312.843 hipotecas para la compra de vivienda, por un importe de 61.264 millones de euros, un 56% más que en 2013, el peor año para la vivienda (199.703 hipotecas, por 37.484 millones de euros). Y este año 2018 siguen creciendo las hipotecas, un 23%, y en agosto se superó el dinero concedido en todo 2017. Además, los tipos bajos en Europa (el precio del dinero del BCE sigue al 0%) permiten que el coste medio de las hipotecas fuera en julio del 1,86%, según el Banco de España, un mínimo histórico.

El tercer motor del mercado de vivienda, junto al mayor empleo y a las hipotecas baratas, es la llegada de compradores que no buscan una vivienda para vivir sino para invertir, sobre todo al calor de la impresionante subida de los alquileres. De hecho, la rentabilidad bruta del alquiler en España fue del 6,1% en 2017, según Solvia, y este año 2018 alcanza ya el 8,2%, según Urban Data Analytics. Y si a la rentabilidad bruta de los alquileres se suma la plusvalía (el mayor valor que alcanza la vivienda) a un año, la rentabilidad bruta de una vivienda puede alcanzar el 11,4% anual, según el Banco de España. Una rentabilidad que supera con creces a la de un depósito bancario (1/2%), los fondos o la Bolsa. Por eso, muchos ahorradores particulares se han dedicado los últimos años a comprar pisos para alquilar y lo mismo inmobiliarias y fondos de inversión extranjeros (España es el 5º país europeo donde se invierte más dinero en el mercado inmobiliario, tras Reino Unido, Alemania, Francia y Holanda). Por eso hoy, el 56% de las ventas de viviendas se hacen al contado, sin una hipoteca para financiarlo, según el Colegio de Registradores.

Estos inversores, españoles y extranjeros, que compran pisos para especular y no por necesidad, están “calentando” el mercado de la vivienda y los alquileres, aunque sólo controlen  un 5% del mercado de alquiler (120.000 viviendas de 2,3 millones en alquiler). Un papel importante lo tienen los fondos de inversión extranjeros (Blackstone, un fondo USA, con 32.000 inmuebles, es “el mayor casero de España”) y las SOCIMIS, unas sociedades de inversión inmobiliaria que operan desde 2013, al amparo de una fiscalidad muy favorable (no tributan en sociedades ni en transmisiones y sólo pagan un 19% por los dividendos distribuidos, el 80% de los que ingresan por alquileres). Al calor del actual “boom” inmobiliario existen ya 66 SOCIMIS, 5 cotizando en Bolsa (Merlin, Colonial, Hispania, Axiare y Lar) y 61 en el mercado alternativo MAB. Y les va tan bien que las SOCIMIS han multiplicado por 10 sus dividendos desde 2015, mientras las 5 que cotizan en el mercado continuo ganaron 2.358 millones en 2017, un 69,8% más que el año anterior. Y por las ciudades se han duplicado en los últimos 6 años las agencias inmobiliarias, ya casi 180.000.

Cara al futuro, los expertos creen que los precios de la vivienda seguirán subiendo otro año más (un 5,6% en 2018 y un 4,3% en 2019, según Standard&Poors), pero que luego podrían moderarse en 2020 (+3,5%) y 2021 (+3%), porque los tipos de interés y las hipotecas empezarán a subir y la economía internacional se va a desacelerar, como el consumo y el empleo, reduciendo la demanda. Sin embargo, algunos creen que los tipos serán todavía bajos y la burbuja seguirá creciendo y corre el riesgo de estallar y provocar otra crisis, como en 2008. De hecho, una alta directiva del BCE, Daniele Nouy, advirtió en septiembre que “la próxima crisis estará ligada de nuevo al mercado inmobiliario”. En España, de momento, las cifras no son de una “burbuja”: los precios de la vivienda todavía son un 20,1% inferiores a 2007, se conceden muchas menos hipotecas (24.000 al mes frente a 108.000 mensuales en 2006), se construye mucho menos (100.000 viviendas en 2018 frente a 865.000 viviendas iniciadas en 2006) y se venden menos pisos (530.000 frente a 775.000). Así que hay un mercado “recalentado” pero no hay burbuja. De momento.

Lo que si hay es un grave problema de vivienda, porque con la subida de los pisos y el tirón de los alquileres (que se retroalimentan), son más los españoles que no encuentran una vivienda: las familias que ingresan menos de 2.000 euros al mes, el 30% de los hogares, 5,5 millones de familias, según un estudio de Fedea.  La mayoría no pueden pagar un alquiler (el precio medio es ya de 811 euros, pero en una gran ciudad supera los 1.000 euros) ni tampoco pagar los 700 euros de hipoteca que les costaría comprar un piso medio en una gran ciudad (suponiendo que tengan el 25% para la entrada y gastos y un trabajo y un sueldo que le den confianza al banco). Y menos los jóvenes, muchos en paro o mileuristas.

Así que un 30% de españoles, sobre todo jóvenes y familias que viven en grandes ciudades,  no ven cómo encontrar una vivienda y menos con estas subidas de pisos y alquileres. Para ellos existe la promoción pública, viviendas promovidas por el Estado, autonomías o Ayuntamientos que se destinan mayoritariamente al alquiler social pero también a la venta en condiciones favorables. Es la llamada VPO (vivienda de protección oficial). Un parque público al que dirigirse los que no pueden comprar o alquilar en el mercado “libre” (libre de subir…). Es algo que existe en toda Europa. Así, el parque de viviendas públicas para alquiler suponía en 2017 el 30% del mercado en Holanda, el 24% en Austria, el 20,9% en Dinamarca, el 17,6% en Reino Unido, el 16,8% en Francia, el 13% en Finlandia, el 3,9% en Alemania, el 3,7% en Italia y en España… sólo el 1,5%, según este estudio de la Fundación Alternativas.

El problema es que en España, la promoción pública de viviendas se ha desplomado con la crisis y los recortes, mientras los solicitantes de estas viviendas de VPO no paran de crecer y son ya más de 400.000 familias. Los datos son escandalosos: si entre 1.957 y 1989 se terminaban cada año más de 100.000 VPO en España, en 1991 habían caído a 44.514 y a 52.972 en el año 2.000, según las series del Ministerio de Fomento. Y a principios de siglo se estabilizan entre 41.000 (2003) y un máximo de 68.587 VPO entregadas en 2008, al estallar la crisis. Luego caen, pero no demasiado (53.332 en 2012), hasta que los recortes de Rajoy terminan con la vivienda de protección oficial: 17.054 entregadas en 2013 (la décima parte que con Franco), 7.931 en 2015 y sólo 4.938 entregadas en 2017, la cifra más baja de VPO desde los años 50… La culpa se reparte a medias entre el Estado y las autonomías, que apenas promueven VPO: Baleares, por ejemplo, sólo ha entregado 14 pisos protegidos en los últimos tres años (y ninguno en 2017, año en que Andalucía entregó 13, Canarias 56 o Castilla y León 90, mientras en Madrid se entregaban 1.815 y 1.358 en Cataluña).

No se hacen en España viviendas de promoción pública, ni para venta ni para alquiler, porque no hay presupuesto, porque los bancos no financian estas promociones, porque hay un exceso de burocracia y requisitos y, sobre todo, porque no se facilita la labor a los promotores privados para que hagan este tipo de viviendas, aportándoles suelo (hay suelo público de sobra), financiación y facilidades. Haría falta promover 1,5 millones de viviendas públicas para hacer frente a la necesidad de vivienda de las familias y jóvenes que no pueden comprar o alquilar, según un reciente estudio. Y lo que Rajoy incluyó para VPO en 2019, en su flamante Plan de Vivienda 2018-2021, fueron 350 millones: da para iniciar 5.000 viviendas).

Si se quiere resolver el problema de la vivienda, hay que actuar sobre la oferta, creando un gran parte público de viviendas para alquiler y venta, no tomando medidas populistas que no servirán, como el control de alquileres que defiende Podemos o subir los impuestos a las SOCIMIS que especulan con los alquileres (está bien hacerlo para recaudar más, pero no va a evitar la especulación). Sólo creando este parque público, con suelo de Ayuntamientos o autonomías y financiación pública, se puede hacer bajar los precios del mercado y a la vez asegurar una vivienda digna a los que no pueden conseguirla a los precios actuales. Hay que empezar ya, poniendo dinero, suelos y medios, para lograr un parque público de un millón de viviendas en una década. Se puede y se debe hacer.