jueves, 18 de octubre de 2018

Vivienda: España lidera las subidas


Los alquileres están por las nubes y como las hipotecas son baratas, muchas familias piensan en comprar piso. Pero tropiezan con que los precios llevan más de 4 años subiendo, un 19% desde 2014. España es el país europeo grande donde más han subido los pisos. Las ventas llevan 4 años y medio subiendo, porque hay más gente con trabajo, más hipotecas y más baratas, pero sobre todo porque la vivienda se ha convertido en una atractiva inversión, comprándola para alquilar : es lo que hacen fondos de inversión, inmobiliarias y particulares. Algunos temen otra “burbuja inmobiliaria”, aunque precios y ventas están muy por debajo de los de 2007. Pero tenemos un grave problema: un tercio de españoles no puede comprar ni alquilar. La solución sería crear un parque de viviendas protegidas (harían falta 1,5 millones) para ofrecerles precios y alquileres asequibles. Pero ni el Estado ni las autonomías las hacen: sólo 5.000 en 2017, la cifra más baja desde los años 50. Urge más dinero para la VPO.

enrique ortega

En 2008 estalló la última “burbuja inmobiliaria” y al haber un enorme stock de viviendas sin vender, se desplomaron los precios: cayeron 6 años seguidos, entre el 2º trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2014, nada menos que un      -41,9%, según el INE. En la primavera de 2014, tras haber perdido casi la mitad de su valor, los precios de las viviendas empezaron a recuperarse, de la mano de una pequeña mejoría del empleo. Ese año 2014 cerró con una ligera subida de la vivienda (+03%), que aumentó en 2015 (+3,6%), 2016 (+4,7%) y 2017 (+6,2%). Y este año 2018 se mantiene la subida, aunque algo menor (+4% en el primer semestre), con lo que los precios de la vivienda han subido un +18,8% estos últimos cuatro años y medio, aunque aún están lejos de recuperarse los precios de 2008 (aún caen -23,1%).

La subida de precios está siendo muy desigual, por zonas y tipos de viviendas. Las que más suben son las viviendas de tipo medio/alto, situadas en el centro de las ciudades, sobre todo en Madrid  (subieron más del 10% el último año) y Barcelona (+9,3%), Baleares (+8,6%), zonas turísticas de Levante y Andalucía más ciudades de Asturias, Navarra, País Vasco y Rioja. Pero la vivienda todavía baja en 15 provincias españolas, donde hay más “stock” de viviendas sin vender, sobre todo algunas ciudades de Castilla la Mancha (Toledo, Guadalajara y Cuenca), Castilla y León, Galicia, Murcia y Extremadura.

Esta subida de la vivienda en España, un +6,8% en el último año, es mayor que la subida media europea (+4,3% en los 28 paises UE) y más elevada que la de otros grandes paises europeos, como Alemania (+4,7% sube la vivienda el último año), Francia (+2,8%), Reino Unido (+3,4%) e Italia (-0,2%), según Eurostat. De hecho sólo hay 9 paises europeos donde la vivienda suba más que en España, 6 países del Este, Irlanda (+12,6), Portugal (+11,2) y Holanda (9,3). Y la vivienda también subió más en España que en Europa en 2015  y en 2016, lo que ha alimentado un aluvión de capitales viniendo a comprar a España.

¿Por qué sube tanto la vivienda? Básicamente, porque se ha disparado la demanda, tanto de españoles como de inversores extranjeros. Las ventas de viviendas habían caído a plomo en 2008 y los cinco años siguientes, pasando de 775.300 viviendas vendidas en 2007 a menos de la mitad, 312.600 en 2013. Tras el desplome de precios y el inicio de la mejora del empleo, en 2014 se inicia la recuperación de ventas (318.800 viviendas vendidas), que dura ya cuatro años y medio, con 467.644 viviendas vendidas en 2017 y 352.768 vendidas hasta finales de agosto (+11,1%), según los últimos datos del INE. Y los expertos creen que este año se venderán más de medio millón de viviendas (el 85% de segunda mano), unas 530.000, una cifra de ventas que no se veía en España desde 2008 (552.080 viviendas).

Los motores de esta recuperación de la venta de viviendas son varios. El primero, la recuperación de la economía y sobre todo del empleo, que permite a más familias pensar en comprar un piso: hay 2.393.500 personas más trabajando hoy que en marzo de 2014, según la EPA. Y aunque muchos tienen trabajos precarios y sueldos bajos, tienen más ingresos. El segundo factor clave es que ahora, los bancos dan más hipotecas que hace unos años y más baratas. En 2017 se concedieron 312.843 hipotecas para la compra de vivienda, por un importe de 61.264 millones de euros, un 56% más que en 2013, el peor año para la vivienda (199.703 hipotecas, por 37.484 millones de euros). Y este año 2018 siguen creciendo las hipotecas, un 23%, y en agosto se superó el dinero concedido en todo 2017. Además, los tipos bajos en Europa (el precio del dinero del BCE sigue al 0%) permiten que el coste medio de las hipotecas fuera en julio del 1,86%, según el Banco de España, un mínimo histórico.

El tercer motor del mercado de vivienda, junto al mayor empleo y a las hipotecas baratas, es la llegada de compradores que no buscan una vivienda para vivir sino para invertir, sobre todo al calor de la impresionante subida de los alquileres. De hecho, la rentabilidad bruta del alquiler en España fue del 6,1% en 2017, según Solvia, y este año 2018 alcanza ya el 8,2%, según Urban Data Analytics. Y si a la rentabilidad bruta de los alquileres se suma la plusvalía (el mayor valor que alcanza la vivienda) a un año, la rentabilidad bruta de una vivienda puede alcanzar el 11,4% anual, según el Banco de España. Una rentabilidad que supera con creces a la de un depósito bancario (1/2%), los fondos o la Bolsa. Por eso, muchos ahorradores particulares se han dedicado los últimos años a comprar pisos para alquilar y lo mismo inmobiliarias y fondos de inversión extranjeros (España es el 5º país europeo donde se invierte más dinero en el mercado inmobiliario, tras Reino Unido, Alemania, Francia y Holanda). Por eso hoy, el 56% de las ventas de viviendas se hacen al contado, sin una hipoteca para financiarlo, según el Colegio de Registradores.

Estos inversores, españoles y extranjeros, que compran pisos para especular y no por necesidad, están “calentando” el mercado de la vivienda y los alquileres, aunque sólo controlen  un 5% del mercado de alquiler (120.000 viviendas de 2,3 millones en alquiler). Un papel importante lo tienen los fondos de inversión extranjeros (Blackstone, un fondo USA, con 32.000 inmuebles, es “el mayor casero de España”) y las SOCIMIS, unas sociedades de inversión inmobiliaria que operan desde 2013, al amparo de una fiscalidad muy favorable (no tributan en sociedades ni en transmisiones y sólo pagan un 19% por los dividendos distribuidos, el 80% de los que ingresan por alquileres). Al calor del actual “boom” inmobiliario existen ya 66 SOCIMIS, 5 cotizando en Bolsa (Merlin, Colonial, Hispania, Axiare y Lar) y 61 en el mercado alternativo MAB. Y les va tan bien que las SOCIMIS han multiplicado por 10 sus dividendos desde 2015, mientras las 5 que cotizan en el mercado continuo ganaron 2.358 millones en 2017, un 69,8% más que el año anterior. Y por las ciudades se han duplicado en los últimos 6 años las agencias inmobiliarias, ya casi 180.000.

Cara al futuro, los expertos creen que los precios de la vivienda seguirán subiendo otro año más (un 5,6% en 2018 y un 4,3% en 2019, según Standard&Poors), pero que luego podrían moderarse en 2020 (+3,5%) y 2021 (+3%), porque los tipos de interés y las hipotecas empezarán a subir y la economía internacional se va a desacelerar, como el consumo y el empleo, reduciendo la demanda. Sin embargo, algunos creen que los tipos serán todavía bajos y la burbuja seguirá creciendo y corre el riesgo de estallar y provocar otra crisis, como en 2008. De hecho, una alta directiva del BCE, Daniele Nouy, advirtió en septiembre que “la próxima crisis estará ligada de nuevo al mercado inmobiliario”. En España, de momento, las cifras no son de una “burbuja”: los precios de la vivienda todavía son un 20,1% inferiores a 2007, se conceden muchas menos hipotecas (24.000 al mes frente a 108.000 mensuales en 2006), se construye mucho menos (100.000 viviendas en 2018 frente a 865.000 viviendas iniciadas en 2006) y se venden menos pisos (530.000 frente a 775.000). Así que hay un mercado “recalentado” pero no hay burbuja. De momento.

Lo que si hay es un grave problema de vivienda, porque con la subida de los pisos y el tirón de los alquileres (que se retroalimentan), son más los españoles que no encuentran una vivienda: las familias que ingresan menos de 2.000 euros al mes, el 30% de los hogares, 5,5 millones de familias, según un estudio de Fedea.  La mayoría no pueden pagar un alquiler (el precio medio es ya de 811 euros, pero en una gran ciudad supera los 1.000 euros) ni tampoco pagar los 700 euros de hipoteca que les costaría comprar un piso medio en una gran ciudad (suponiendo que tengan el 25% para la entrada y gastos y un trabajo y un sueldo que le den confianza al banco). Y menos los jóvenes, muchos en paro o mileuristas.

Así que un 30% de españoles, sobre todo jóvenes y familias que viven en grandes ciudades,  no ven cómo encontrar una vivienda y menos con estas subidas de pisos y alquileres. Para ellos existe la promoción pública, viviendas promovidas por el Estado, autonomías o Ayuntamientos que se destinan mayoritariamente al alquiler social pero también a la venta en condiciones favorables. Es la llamada VPO (vivienda de protección oficial). Un parque público al que dirigirse los que no pueden comprar o alquilar en el mercado “libre” (libre de subir…). Es algo que existe en toda Europa. Así, el parque de viviendas públicas para alquiler suponía en 2017 el 30% del mercado en Holanda, el 24% en Austria, el 20,9% en Dinamarca, el 17,6% en Reino Unido, el 16,8% en Francia, el 13% en Finlandia, el 3,9% en Alemania, el 3,7% en Italia y en España… sólo el 1,5%, según este estudio de la Fundación Alternativas.

El problema es que en España, la promoción pública de viviendas se ha desplomado con la crisis y los recortes, mientras los solicitantes de estas viviendas de VPO no paran de crecer y son ya más de 400.000 familias. Los datos son escandalosos: si entre 1.957 y 1989 se terminaban cada año más de 100.000 VPO en España, en 1991 habían caído a 44.514 y a 52.972 en el año 2.000, según las series del Ministerio de Fomento. Y a principios de siglo se estabilizan entre 41.000 (2003) y un máximo de 68.587 VPO entregadas en 2008, al estallar la crisis. Luego caen, pero no demasiado (53.332 en 2012), hasta que los recortes de Rajoy terminan con la vivienda de protección oficial: 17.054 entregadas en 2013 (la décima parte que con Franco), 7.931 en 2015 y sólo 4.938 entregadas en 2017, la cifra más baja de VPO desde los años 50… La culpa se reparte a medias entre el Estado y las autonomías, que apenas promueven VPO: Baleares, por ejemplo, sólo ha entregado 14 pisos protegidos en los últimos tres años (y ninguno en 2017, año en que Andalucía entregó 13, Canarias 56 o Castilla y León 90, mientras en Madrid se entregaban 1.815 y 1.358 en Cataluña).

No se hacen en España viviendas de promoción pública, ni para venta ni para alquiler, porque no hay presupuesto, porque los bancos no financian estas promociones, porque hay un exceso de burocracia y requisitos y, sobre todo, porque no se facilita la labor a los promotores privados para que hagan este tipo de viviendas, aportándoles suelo (hay suelo público de sobra), financiación y facilidades. Haría falta promover 1,5 millones de viviendas públicas para hacer frente a la necesidad de vivienda de las familias y jóvenes que no pueden comprar o alquilar, según un reciente estudio. Y lo que Rajoy incluyó para VPO en 2019, en su flamante Plan de Vivienda 2018-2021, fueron 350 millones: da para iniciar 5.000 viviendas).

Si se quiere resolver el problema de la vivienda, hay que actuar sobre la oferta, creando un gran parte público de viviendas para alquiler y venta, no tomando medidas populistas que no servirán, como el control de alquileres que defiende Podemos o subir los impuestos a las SOCIMIS que especulan con los alquileres (está bien hacerlo para recaudar más, pero no va a evitar la especulación). Sólo creando este parque público, con suelo de Ayuntamientos o autonomías y financiación pública, se puede hacer bajar los precios del mercado y a la vez asegurar una vivienda digna a los que no pueden conseguirla a los precios actuales. Hay que empezar ya, poniendo dinero, suelos y medios, para lograr un parque público de un millón de viviendas en una década. Se puede y se debe hacer.

lunes, 15 de octubre de 2018

¿Para qué estudian los universitarios?


Casi millón y medio de universitarios han  vuelto a clase con la duda de todos los años: ¿me servirá de algo estudiar una carrera? Saben que hay muchos universitarios en paro (un 10,7%, el doble que en Europa) y que un tercio trabajan en empleos que nada tienen que ver con lo que estudiaron. Es el doble fracaso de una Universidad que lleva ya 7 cursos ya perdiendo alumnos (sobre todo la pública), que investiga mucho menos y que pierde peso internacional, todo agravado por años de recortes donde han perdido 10.000 millones de Presupuesto y 4.730 docentes, con unas plantillas envejecidas (50 años de media) y precarias (42% con contrato temporal). Urge pactar una nueva Ley Universitaria que asegure más dinero para la Universidad y plantillas menos precarias, más becas, reordene la oferta (exceso de grados y Másteres), fomente la investigación, internacionalice los estudios y  logre una mayor conexión con las empresas que contratan, para que los jóvenes estudien profesiones con futuro. Conseguir estudiar para trabajar.


enrique ortega

El primer gran reto de la Universidad española es ser útil, conseguir que su formación le sirva al alumno para trabajar en el futuro. Así había sido hasta el inicio de esta crisis, en 2007, cuando el paro de los universitarios en España era sólo el 5,31%, según la EPA. Pero luego se disparó, como el del resto de españoles, hasta el 14,48% en junio de 2014. Y ahora ha caído y está en el 8,67%, que es casi la mitad del paro global en España (15,28%). Pero esa es la media, la tasa de paro es mucho mayor entre los universitarios jóvenes: el 25,01% de paro entre 16 y 19 años, el 18,72% entre 20 y 25 años y el 14,90% entre 25 y 29 años. Y todavía, el paro entre los universitarios jóvenes españoles duplica la media europea: un 10,7% entre licenciados menores de 39 años frente al 5,1% de paro en Europa (UE-28), el 2,8% en Reino Unido, el 3,2% en Alemania o el 6% de Francia, según Eurostat.

¿Qué carreras tienen más paro? El INE (Estadística) lo publica periódicamente, en la Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados Universitarios (la  última de 2014, publicada en diciembre de 2015). Ahí se ve que hay universitarios que no tienen casi paro: ingenieros en automática y electrónica industrial (0% de paro), médicos (0,6%), ingenieros electrónicos (1,4%), ingenieros aeronáuticos (2,8%), ingenieros informáticos (3,8%), licenciados en investigación y técnicas de mercado (4,4%), ingenieros de telecomunicación (5%) o fisioterapeutas (5,2%). Otros con poco paro, como farmacéuticos (6,3%), ópticos (6,9) o podólogos (10,8%), enfermería (8,1%), ingenieros técnicos en informática (8,9%)  o estadísticos (9,2%). Y hay carreras con un paro disparado: Filología francesa (45,4%) o árabe (44,5%), diplomado en Navegación Marítima (42,3%), Ciencias del Mar (41,5%), Bellas Artes o Historia del Arte (36,3%). Y universitarios con paro elevado: licenciado en Historia (38,1%), Minas (38,5%), Geología (36,2%), Biología (31,3%) o Filosofía (28,6%).

Al final, los universitarios que consiguen trabajar son menos que en Europa: trabajan el 77.3% de los universitarios menores de 39 años, una de las tasas más bajas de la UE-28, donde trabajan el 81% de los universitarios y hasta el 87% en Alemania y Reino Unido, según Eurostat. Pero el problema no es sólo encontrar trabajo sino que tenga que ver con lo que se ha estudiado. Y aquí España tiene un grave problema: somos el país europeo con más porcentaje de universitarios sobrecualificados, que trabajan en tareas que exigen menos formación de la que tienen: son el 37,1% de los graduados empleados, frente al 23,2% de media en Europa y muy por delante de Reino Unido (25,9% de empleados sobrecualificados), Francia (22,6%), Italia (20,6%), Alemania (19,5%) o Portugal (14,4%), según los datos para 2017 de un reciente estudio de la Fundación CYD. Y el problema ha ido a más, porque antes de la crisis, en 2007, los graduados empleados sobrecualificados eran el 34,9%.

La causa principal de que muchos universitarios acaben sirviendo hamburguesas o de cajera de supermercado está en que la economía española crea menos empleos cualificados que otras grandes economías europeas, porque aquí tienen menos peso la industria y los sectores de alto valor añadido y más los servicios (turismo y comercio) y la construcción. Y tenemos una economía menos eficiente y productiva, que también crea menos empleo. Pero además, hay un factor educativo: lo que se estudia en la Universidad tiene poco que ver con lo que demandan las empresas. Y esto agrava el problema, provocando que muchos universitarios acaben en paro o trabajen de cualquier cosa, con empleos y sueldos precarios. Así, el 20,2% de los universitarios españoles tienen contratos temporales frente a sólo el 10,5% de media en Europa. Y el 26,8% de los universitarios que cuentan con un título de máster y llevan trabajando entre dos y tres años perciben un salario que no sobrepasa los 1.000 euros al mes, un 8,8 % cobra menos de 600 euros y un 61% no supera los 1.600 euros. En consecuencia, más de 1 millón de universitarios españoles están en riesgo de pobreza, según un reciente informe de la Red Europea contra la pobreza (EAPN).

Todo esto tiene mucho que ver con lo que estudiaron. Porque todavía son pocos los estudiantes españoles matriculados en carreras de áreas STEM (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), que son las que tienen mejores perspectivas de empleo, según todos los expertos (y los datos de paro por carreras del INE). En España, las carreras punteras son Salud y Educación y somos el 8º país europeo con menos matriculados en licenciaturas STEM: sólo un 23,7% de los matriculados en 2016-17, frente al 28,5% de media en la UE, el 37,6% en Alemania o el 30,6% en Reino Unido, según el estudio de la Fundación CYD. Y esto viene de lejos, de las últimas décadas en que no se han promocionado las carreras técnicas. El resultado está ahí: la proporción de graduados STEM entre los jóvenes españoles (20 a 34 años) es de 9 por 1.000, frente a los 11,3 por 1.000 de los grandes paises europeas y de los 14 por 1.000 de los paises más dinámicos, como Eslovenia, Irlanda, Dinamarca o Finlandia.

Así que ya sabemos por qué tenemos más universitarios en paro o subempleados: porque no estudian carreras con futuro (mejor, con presente). Este es el gran reto de la Universidad española: adecuar lo que se estudia a lo que demandan las empresas. Pero hay más. El segundo gran reto es recuperar los alumnos perdidos. Este curso 2018-2019 estarán estudiando en las 84 Universidades españolas (50 públicas y 34 privadas) alrededor de 1.450.000 alumnos de Grado y Máster, siendo el 7º curso consecutivo en que se pierden alumnos. Y eso, porque desde el curso 2012-2013 han bajado los alumnos de Grado (licenciaturas): eran 185.612 menos el curso 2017-2018 (1.284.041) que en 2011-2012(1.469.653). En cambio, han subido los alumnos de Máster (son +77.082), desde los 113.061 en 2011-2012 a 190.143 el curso pasado. Y se espera que superen los 200.000 este curso. Esta pérdida de alumnos se ha dado sobre todo en las Universidades públicas, mientras han crecido en las Universidades privadas  (donde se matriculan un 14,3% de los estudiantes de Grado y el 34,3% de los Másteres) y en las Universidades a distancia (5% de Grados y 13% Másteres).

Una parte de esta pérdida de alumnos universitarios se debe a la demografía, a que hay menos jóvenes de 18 a 21 años: en enero de 2018 había 458.008 jóvenes menos (1.780.923) que en enero de 2002 y 152.351 menos que en enero de 2010. Otro factor es que, con la crisis, muchos jóvenes se han ido a estudiar Formación Profesional de grado superior en vez de matricularse en la Universidad, pensando que así tenían “más salidas”. De hecho, la FP Superior ha pasado de 212.802 alumnos en 2006-2007 a 333.079 en 2016-2017. Y un tercer factor que explicaría la pérdida de alumnos: la subida de matriculas y estudios universitarios desde 2012-2013, con tasas que han subido hasta un 60%.

De hecho, otro grave problema de la Universidad española es que, además de poco útil para trabajar, es muy cara, con grandes diferencias entre Universidades y regiones. Así, el coste de un crédito para una misma carrera (Medicina) varía entre 21,53 euros y 260,83 euros (un curso de Grado tiene 60 créditos) entre la Universidad pública y la privada, según un estudio de la OCU. Y dentro de las Universidades públicas, las diferencias son abismales: las más caras son las de Cataluña (33,58 euros por crédito, 2.014 un curso de Grado), Madrid (28,83 euros/crédito) y Castilla y León (24,48 euros). Y las más baratas, Andalucía, Galicia y Cantabria (de 12,57 a 13,58 euros/crédito, según los estudios elegidos).

Con estos precios, la Universidad española es una de las más caras de Europa. Hay 15 paises (entre ellos Alemania, Austria, Finlandia o Suecia) donde la Universidad es casi gratuita: por menos de 100 euros al año se puede estudiar una carrera y completarla con un Máster, según un estudio de CCOO de 2016. En el extremo opuesto, hay 4 paises donde estudiar un Grado es más caro que en España (Reino Unido, Irlanda, Letonia y Lituania (con más de 2.000 euros de coste anual. Al final, el estudio revela que de los 37 paises europeos analizados, España es el 8º país más caro para estudiar un Grado (1.100 euros de media) y un Máster (2.200 euros de media). Y el 6º más caro tomando sólo la UE-28.

Y estos precios altos se agravan porque España tiene menos becas universitarias. Ocupa  el puesto 14 entre los 37 paises analizados en el porcentaje de universitarios con beca: un 23% frente a un 33% que reciben ayudas en Francia, Reino Unido y varios paises más, según el estudio de CCOO. Y además, España ocupa el puesto 22 (de 37) por el importe medio de las becas, más bajo que en la mayoría de Europa. Y todo esto se debe a que España invierte en becas universitarias un tercio menos que la media de la OCDE, según denunció el presidente de la Conferencia de Rectores. Y además, el sistema de concesión es muy deficiente, por lo que se quiere cambiar: ahora, se solicitan de agosto a octubre pero se conceden con el curso en marcha y una parte variable al final del curso. Y su cuantía es muy desigual por autonomías (más bajas en Madrid o Cataluña, donde estudiar es más caro).

El tercer gran reto de la Universidad española, además de dar trabajo y recuperar alumnos, es cumplir con su vertiente investigadora, ser “un templo para la Ciencia”, una función que se ha perdido en parte por los recortes. El gasto público en investigación (Administración más Universidad) ha caído del 48,3% del total en 2010 (el resto es investigación privada) al 46,1% en 2016. Y con ello, el peso del gasto en Ciencia de la Universidad española es sólo del 0,33% del PIB, frente al 0,44% que supone en Europa (UE28) o el 0,87% en Suecia. La Universidad española ha perdido estos años financiación, proyectos e  investigadores (-9,7%) y eso se ha traducido en una menor producción científica y en menos patentes y “spin-off” de nuestras Universidades, según refleja el estudio de la Fundación CYD.

El cuarto gran reto de nuestra Universidad es tener una mayor presencia internacional, para captar más alumnos extranjeros y más financiación de empresas e instituciones internacionales (sobre todo de la UE). Actualmente, las Universidades españolas no figuran en cabeza de los tres grandes rankings internacionales: sólo hay una (Universidad de Barcelona, puesto 151) entre las 200 mejores universidades del ranking de Shanghái (ARWU), 5 Universidades (puesto 135 la Pompeu Fabra y 145 la Autónoma de Madrid) entre las 400 mejores del ranking The Times Higher y 25 Universidades españolas (puesto 159 la Autónoma de Madrid y 193 la Autónoma de Barcelona) entre las 1.000 mejores del ranking QS Word. Mucho se debe a la menor producción científica e investigadora, pero también a la necesidad de aumentar Grados y Másteres en idiomas extranjeros y con profesores foráneos.

Estos cuatro grandes retos (enseñar para trabajar, carreras asequibles, más investigación y más internacionalización) exigen una Universidad española con más financiación. De hecho, aunque las autonomías han mejorado sus aportaciones en 2016, 2017 y 2018, todavía el gasto público universitario para 2018  (10.203 millones) es inferior al de 2009 (10.780 millones). Y los recortes hechos, sobre todo entre 2012 y 2015, han supuesto que las Universidades hayan perdido 10.186 millones entre 2009 y 2018. Esto se ha traducido en menos gastos, nulas inversiones, menos investigación y menos personal: se han perdido 4.730 docentes entre 2010 y 2016 (un 4%), según los Rectores (CRUE). Y lo peor es la precarización de las plantillas: el 42% del personal docente e investigador de la Universidad pública española tiene un contrato temporal. Y como no se han renovado plantillas, la edad media son 50 años y la mitad de los catedráticos tienen más de 60 años. Además existe una elevada (y perniciosa) endogamia: el 73,4% de los docentes de las Universidades públicas trabajan en la misma Universidad donde leyeron su tesis, según la Fundación CYD.

Reformar la Universidad pasa, necesariamente, por dotarla de más recursos públicos, para acercarnos a niveles europeos. El gasto por alumno universitario en España era de 12.489 dólares en 2014 (última estadística de la OCDE), un 22% menos de los 16.164 dólares que se gastaban en Europa (UE-22) y de los 16.143 dólares de media que gastaban los 35 paises de la OCDE. Y ese gasto español es aún menor que el de EEUU (29.328 dólares por universitario), Reino Unido (24.542 dólares), Suecia (24.072), Alemania (17.180) o Francia (16.422) y sólo superior al de Portugal (11.813 dólares/universitario) o Italia (11.510). Y si tomamos el esfuerzo económico que se dedica a la Universidad, en España se aporta el 1,3% del PIB, inferior al 1,4% que se aporta en la UE-22 o al 1,6% que aportan los paises OCDE. Si quisiéramos aproximarnos, España debería gastar entre 1.200 y 2.400 millones más cada año en financiar la Universidad, unos 12.000 millones entre el Presupuesto y las autonomías.

Pero la Universidad no sólo necesita más dinero. Hay que emprender otras reformas, la principal ajustar la oferta de títulos (excesiva: 2.854 grados. 3.540 másteres y 1.120 doctorados) a lo que demandan realmente las empresas, orientando mejor a los alumnos que terminan el bachillerato. Esto pasa por una mayor participación de las empresas en la Universidad, una evaluación constante de la formación y fomentar las prácticas en las empresas en los últimos cursos, evitando los abusos actuales. Y reformar a fondo la gestión de la investigación universitaria, eliminando rigideces y aumentando la participación privada. Y volcarse en la internacionalización, captando más alumnos y profesores extranjeros.

Todo ello exige un Pacto político educativo, para garantizar una financiación estable, y un nuevo marco legal, con una nueva Ley de Universidades, que sustituya a la de 2001. Los rectores de las Universidades ya la han pedido (junto a más autonomía)  y el ministro Pedro Duque promete una Ley para antes del final de Legislatura. Pero si la presenta, será difícil que salga adelante y menos si se adelantan las elecciones a 2019. Así que los grandes problemas de la Universidad tendrán que esperar dos cursos más, por lo menos. Y mientras, nuestros jóvenes seguirán estudiando con la amenaza del paro y el subempleo. Así es difícil ilusionarles.

jueves, 11 de octubre de 2018

Internet y móviles: guerra de ofertas


A la vuelta de vacaciones, las empresas de telecomunicaciones se han volcado en ofertas para “robarse clientes”, ofreciendo paquetes con fútbol y series. Y muchas son ofertas individualizadas, por teléfono, dirigidas a clientes concretos de determinadas compañías, lo que ha provocado denuncias. Incluso en octubre, las telecos siguen con esta “guerra de ofertas”, con la que han cambiado de compañía más de 3,5 millones de clientes este año. Y luego viene la campaña de Navidad. Pero no nos engañemos: la mayoría de clientes seguimos pagando lo mismo, que es más que antes, tras las subidas de 2016, 2017 y 2018, mientras en Europa las tarifas de móvil e Internet bajan. Y las tarifas volverán a subir en febrero o marzo, porque las telecos tienen que pagar sus enormes inversiones en fútbol, fibra óptica y redes. Pero poco podemos hacer, porque los clientes estamos “enganchados” a unos paquetes que nos ofrecen teléfono, Internet, móvil y TV. Ojo a la “droga digital”: hay que pagarla. 


enrique ortega

Las empresas de telecomunicaciones, aunque son un oligopolio (Movistar, Orange y Vodafone controlan el 90% de los accesos a Internet en los hogares  y el 81% de los contratos móviles), que sube las tarifas coordinadamente cada año (una detrás de otra), son de los pocos sectores que compiten “a degüello”, robándose clientes a golpe de ofertas. Y a la vuelta de vacaciones, las telecos han vuelto a la “guerra de ofertas”, iniciadas a mediados de agosto y principios de septiembre, para aprovechar la vuelta del fútbol y la Champions. Porque esta vez, la “guerra de las telecos” no se ha centrado en los móviles, sino en el acceso a Internet en los hogares, para ofrecer fibra y con ella TV la carta, sobre todo fútbol y series

La “guerra de ofertas” la inició Movistar, porque necesitaba recuperar con nuevos clientes la enorme inversión realizada con la compra de los derechos de emisión del fútbol por TV (Liga, Champions y competiciones europeas) para las próximas 3 temporadas, una subasta por la que pagó 4.000 millones de euros (aunque luego revendió los derechos de emisión a Orange). Sus ofertas se han centrado en la TV de pago, ofreciendo gratis por 6 meses (hasta enero 2019) el paquete Premium TV a los clientes que contraten el paquete Fusion +. Y a los clientes que cambiaran de otras telecos les ha ofrecido descuentos del 50% durante un año en los paquetes Fusion + Premium y los paquetes familiares Fusion.

Orange fue el segundo en lanzarse a la guerra de ofertas, a finales de agosto, ofreciendo a los clientes de otras compañías ofertas públicas para contratar fútbol (recomprado a Telefónica) y ofertas individualizadas, a clientes concretos, ofreciendo el 50% de descuento en sus paquetes de voz e Internet fijos y móviles más TV. Parece que muchas ofertas, tanto de Orange como de Movistar, se han hecho  de forma individualizada a “clientes futboleros” de Vodafone (son 350.000), que no compró fútbol esta temporada, lo que provocó que Vodafone denunciara a Movistar ante la Comisión de la Competencia (CNMC).

Vodafone, que esta temporada sólo ofrece los partidos de la Liga sin el Partidazo ni la Champions, se ha defendido de las ofertas de Movistar y Orange ofreciendo un año gratis de TV a la carta a viejos y nuevos clientes (hasta el 30 de septiembre) y descuentos del 50% por 2 años en sus paquetes de servicios (voz, Internet y móvil) a clientes de otras compañías.

En paralelo a esta “guerra de ofertas” de las primeras marcas, con el fútbol como “gancho”, se ha producido otra guerra de ofertas utilizando las segundas marcas, low cost, a partir del lanzamiento en España de O2 (low cost de Telefónica), que ha multiplicado las ofertas de las low cost de Orange (Jazztel, Amena y Simyo) y de Vodafone  (Lowi).

Y en medio de esta tremenda pelea comercial a la vuelta de vacaciones, MásMóvil, el cuarto operador de telefonía e Internet, ha tenido que enfrentarse sin fútbol a las ofertas de las tres grandes telecos y de sus compañías low cost. Y lo ha hecho, regalando gigas (duplica los gigas de sus tarifas móviles  a los clientes actuales y a los nuevos (que contrataran antes del 30 de septiembre), a la vez que mejora sus ofertas de fibra, tanto como Mas Móvil como a través de sus filiales low cost, como Pepephone, Yoigo o LlamaYA).

El resultado de esta guerra de tarifas ha sido un mayor “baile de clientes” entre compañías, que se suma al que ya se había producido antes. Así, en el primer semestre de 2018 cambiaron de operadora 3.670.000 clientes de móviles, el 7% del total de contratos (52,8 millones), una cifra récord  de traspaso de clientes, según las estadísticas de la Comisión de Competencia (CNMC). Y en el servicio de  acceso a Internet en los hogares, cambiaron de proveedor, entre enero y junio de 2018, casi un millón de familias, el 7% del total de contratos (14,5 millones).  El gran beneficiado de estos traspasos de clientes fue MásMóvil, que ganó en esos primeros 6 meses 363.200 clientes de móvil. Y en agosto y septiembre, la guerra de ofertas ha acelerado los trasvases de clientes y los ganadores han sido MásMóvil (ha ganado otros 90.000 clientes de móvil 35.000 de Internet en los hogares) y Movistar (+102.000 clientes de móvil y +22.030 de fibra entre agosto y septiembre), mientras han perdido clientes Orange (-60.960 de móviles y +10.600 de banda ancha) y sobre todo Vodafone, el gran “damnificado” por la guerra del fútbol, que perdió entre agosto y septiembre 154.420 clientes de móviles y 72.510 de Internet en los hogares.

Esta última “guerra de tarifas”, más la fuerte competencia comercial de los últimos años, han modificado el mercado telefónico en España. En móviles, donde se alcanzó en junio el récord histórico de 52.878.864 contratos (1,28 móviles por cada español mayor de 14 años), Movistar tiene 15,8 millones de clientes y el 30% del mercado (tenía el 43,90% en 2008), Orange tiene 13,9  millones  y ha subido al 26,30% (del 20,6% en 2008), Vodafone se le acerca con 12,8 millones de clientes y el 22,58% (en 2008 tenía el 31%) y el gran salto lo ha dado MásMóvil, que en menos de 2 años (empezó a operar en octubre de 2016) se ha hecho con el 10,80% del mercado de móviles (datos CNMC  junio 2018) y acaba de anunciar que ya tiene 6 millones de clientes de móviles.

Y en el mercado de acceso a Internet fijo (banda ancha), que ya llega a 14.570.000 viviendas y locales (7,6 millones por fibra óptica), un gran salto respecto a 2008 (estaban conectados 9,13 millones), es mucho mayor el control de Telefónica (por su gran inversión en fibra), que tiene aquí 5,95 millones de contratos, el 40,84% del mercado (56,4% en 2008), seguida de Orange (3,95 millones de contratos, el 27,1% del mercado, frente al 12,8% en 2008) y Vodafone, con 3,29 millones de clientes, el 22,58% de este mercado (frente al 4,3% en 2008, antes de comprar Ono, que le aportó el 15,2% de este negocio). Y lejos queda MásMóvil, con 755.330 clientes de banda ancha (5,18% en junio), pero conseguidos en menos de 2 años.

Ahora, todo apunta a que el mercado de móviles está bastante saturado y las telecos se van a volcar en el mercado de acceso a Internet en hogares y locales, el que más ha crecido estos años y donde se ve un gran potencial para hacer negocio, vendiendo la TV a la carta, series y cine, la estrategia en la que se está volcando Telefónica y Movistar. Ahí es donde se ha desarrollado la “guerra de ofertas”, no en móviles, gigas y velocidad como antes. Una “guerra de ofertas” que sigue este mes de octubre (Orange mantiene hasta el 5 de noviembre sus descuentos del 50% para los clientes que contraten fútbol y Movistar mantendrá su oferta de TV gratis a nuevos clientes hasta fin de año, mientras ofrece nuevas tarifas de Movistar Fusión con todo fútbol y fibra a 130 euros. Y así empalmarán con la habitual campaña de Navidad. 

Toda esta “guerra de ofertas” está dirigida a “robar clientes” de otras compañías, no a los clientes propios, que no han notado ninguna rebaja en sus tarifas, salvo más megas o más velocidad en algunos casos, para que no se vayan. La estrategia es gastar en promociones a costa de las subidas a los clientes que siguen, subidas que se iniciaron en 2016 y que han seguido, una o dos veces al año, en 2017 y 2018. De hecho, España va en esto a contracorriente de Europa, porque en otros paises han bajado las tarifas de Internet y móvil estos años, mientras en España suben. Y con ello, los españoles pagamos un 20% más por las tarifas de móviles e Internet que los principales paises europeos, según varios análisis.

Para el presidente de la Comisión de la Competencia (CNMC), pagamos más porque España es el único país europeo donde las telecos venden “paquetes” de servicios, donde nos cobran por recibir a la vez servicios de voz fija y móvil, acceso a Internet fijo y móvil, y TV de pago. Y al “paquetizar" estos servicios desde 2013, algo que no hacen en otros paises, el cliente paga más que si pagara sólo por los servicios que usa. Y las telecos tratan de ofrecer cada vez más cosas en estos paquetes (necesarias o no) para subir su coste mensual, ya elevado, asegurándose así unos ingresos fijos y una cierta fidelidad. En España, 14 millones de clientes tienen estos paquetes (diciembre 2017), según la CNMC, pero el que se ha disparado es el paquete quíntuple (teléfono fijo, móvil, Internet fijo y móvil más TV de pago), que tienen 5,5 millones de clientes (diciembre 2017), casi 2 millones más que en 2015 (3,6 millones). Y también crece, aunque menos, el paquete cuádruple (sin TV), que han pasado a tenerlo de 6,1 (2015) a 6,2 millones de clientes (2017), mientras se reducen los paquetes triples (sin móviles ni TV), de 0,6 a 0,2 millones, y sobre todo los dobles (solo teléfono fijo e Internet en casa), que han caído de 2,6 a 2,1 millones.

La estrategia de las telecos es que cada vez más clientes tengan el paquete quíntuple (con TV de pago), con el que más le “enganchan” y por el que cobran más: 96,60 euros de media al mes en 2017, según la CNMC (67,80 euros el paquete cuádruple). Y para eso, todas las telecos se empeñan en la batalla de la TV de pago, que ya tienen 6, 6 millones de españoles,  incluyendo más contenidos (Movistar va a incluir Netflix  para fin de año y las demás amplían acuerdos para ofrecer series y películas, el otro “gancho” junto al fútbol). Incluso MásMóvil se ha descolgado con que va a ofrecer una "TV de pago low cost", por 5 euros al mes, a partir de mediados de octubre, para "apuntalar su crecimiento". Y en paralelo a esta "guerra por la TV de pago", las telecos irán subiendo el precio de los paquetes convergentes, la próxima vez en febrero o marzo de 2019, como hicieron estos tres últimos años.

Así que las ofertas constantes y la “guerra de tarifas” no pueden hacernos olvidar que Internet y el móvil serán más caros cada año. Primero porque las telecos necesitan subir los precios, para compensar las enormes inversiones hechas en fibra óptica y red 4G, las inversiones que han de hacer en la telefonía móvil 5G y la disparatada factura del fútbol. Las telecos españolas han creado, a costa de enormes inversiones y de nuestro recibo, una enorme red de fibra óptica que es la tercera del mundo (tras Corea del Sur y Japón) y que cubre el 75% de los hogares (31,3 millones), una red tan grande como las de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia juntas y donde han invertido más de 45.000 millones de euros. Pero, sobre todo, porque estas inversiones les permiten tener unas “autopistas digitales” muy potentes (envidia de otras telecos europeas), por donde pueden circular servicios muy potentes y de alto valor (TV, datos, Internet de las cosas), por los que cobrar cada vez más.

Las telecos no sólo necesitan subirnos las tarifas de Internet y móvil,  sino que además pueden”hacerlo sin demasiado riesgo, porque los clientes no tenemos alternativa (MásMóvil y las operadoras virtuales no ofrecen tantos servicios de calidad) y estamos totalmente enganchados” al móvil y a Internet. Y totalmente predispuestos a pagar más, si a cambio nos dan los partidos de la Champions, la última serie de moda o podemos descargar rápidamente juegos y vídeos. En estos momentos, hay 7,6 millones de españoles que se consideran “adictos” al móvil, según un estudio de Rastreator, y un 20% lo usan más de 5 horas diarias. Y 39 millones de españoles se conectan a Internet, navegando 5 horas y 27 minutos diarios de media. Una adicción que se paga “sin problemas” ni apenas protestas, aunque suba cada año, porque “no podemos vivir sin ello”.

En definitiva, no se deje llevar por las ofertas de móviles e Internet, porque son como las de los seguros: me cambio y ahorro hoy pero mañana, una vez que sea cliente, me suben el recibo , porque las telecos necesitan ingresar más para pagar las inversiones hechas en fibra, 4G, 5G, el fútbol y las series. No se deje enredar por la publicidad y contrate solo lo que necesita, para no pagar de más. Ojo a la “droga digital”: hay que pagarla.

lunes, 8 de octubre de 2018

Revalorización de pensiones: ¿cómo se paga?


Tras casi 2 años de debates, todos los partidos han acordado revalorizar las pensiones con el IPC. Pero han olvidado un pequeño detalle: cómo pagarlo. Y cuesta 37.550 millones sólo en 5 años. Por eso, la ministra de Economía se opone al acuerdo y propone acordar “la viabilidad futura de las pensiones”, no sólo su revalorización. Hay que conciliar la subida de las pensiones actuales (apoyada por protestas en la calle) con asegurar las pensiones futuras de los que hoy trabajan (y no se manifiestan). Y no hay dinero para todo: se mantiene el déficit de la SS y crecerá más desde 2027. Sólo queda actuar en tres frentes: frenar el gasto (ampliando periodo cotización y jubilando a los 70), aumentar cotizaciones (ahora sólo pagan 12 años de pensión) y pagar parte con impuestos, recaudando más de grandes empresas, bancos y fortunas (no 12.000 millones menos, como promete Casado). No pactar subidas “para la calle” sino una reforma global que asegure las pensiones de padres (hoy) e hijos (mañana). 

enrique ortega

Hasta 2010, los pensionistas estaban relativamente tranquilos: sus pensiones eran bajas pero se revalorizaban cada año con la inflación, por una Ley de la Seguridad Social de 31 de julio de 1985 (renovada por otra de 15 de julio de 1997). Pero el 12 de mayo de 2010, Zapatero aprueba un Plan de ajuste, para evitar el rescate europeo, y congela la subida de las pensiones para 2011, por primera vez en 25 años. En 2012 y 2013, Rajoy las sube el 1%, la tercera parte que la inflación, pero en 2013 aprueba una reforma de las pensiones que fija una subida mínima del 0,25% para los 5 años siguientes (2014 a 2018). En esto, los pensionistas se lanzan a las calles (la inflación les ha comido un 5,8% de las pensiones entre 2011 y 2017) y el PNV presiona a Rajoy para que incluya una subida de las pensiones del 1,6% (no el 0,25% anterior) en los Presupuestos de 2018 y 2019 (Por cierto, la subida del 1,6% se aprobó, pero Rajoy se fue sin consignar esta subida en los Presupuestos 2018 y ahora la Seguridad Social estudia cómo seguir pagándola sin partida presupuestaria...). 

Pero las manifestaciones de pensionistas siguen. Y los partidos, reunidos en el Pacto de Toledo desde noviembre de 2016 sin lograr avances, buscan “un acuerdo que ofrecerles”: acuerdan por unanimidad (salvo ERC) que las pensiones se revaloricen con el IPC, como antes de 2010. Eso sí, no dicen cómo se va a pagar. Y es que esta revalorización costará 37.550 millones sólo entre este año (2.500 millones a los que sumar 690 porque el IPC subirá el 1,9% y no el 1,6%), 2019 (2.800 millones), 2020 (7.600), 2021 (10.500) y 2022 (13.460 millones más), según los cálculos de la Seguridad Social.

A los 6 días de anunciarse este acuerdo político, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se opone desde Luxemburgo a que las pensiones se revaloricen con el IPC y señala que hay que analizar la sostenibilidad de las pensiones teniendo en cuenta “una serie de variables”, no sólo el IPC, como la demografía, el empleo, los salarios, la cuantía de las pensiones y la marcha de la economía. Y su colega, la ministra de Trabajo, la contradijo un día después, defendiendo revalorizar las pensiones con el IPC. Entre tanto, el FMI ha advertido que "vincular la revalorización sólo al IPC puede hacer peligrar el sistema de pensiones". Vamos, que no se puede empezar la casa por el tejado: antes de pactar la revalorización de las pensiones hay que pactar los otros 21 puntos del Pacto de Toledo, desde cuantos años se toman de cotización, la edad de jubilación, la pensión mínima, cómo quedan las futuras pensiones y sobre todo, cómo se pagan. Y sobre estos temas de fondo, los partidos llevan casi 2 años debatiendo (desde noviembre 2016) sin acercar posturas ni pactar soluciones.

Y mientras, la Seguridad Social sigue con su déficit estructural (-18.500 millones en 2016, -18.900 en 2017 y hasta -19.500 millones esperados para 2018), porque las cuentas no salen: los gastos siguen creciendo (9.235 millones de euros en septiembre, otro récord), porque aumentan las pensiones (9,64 millones ya) y la pensión media (957,36 euros), aunque la reforma (recortes) de 2011 (Zapatero aumentó de15 a 22 años el computo para la pensión, de 35 a 37 años para conseguir el 100% de pensión y aumento de 65 a 67 años edad jubilación) lleva ya tres años recortando un 3% anual (-42 euros al mes) las nuevas pensiones. Pero los ingresos crecen menos (no llegan a 8.000 millones al mes), porque el empleo que se crea (menos ahora) es precario y con salarios bajos, por lo que cotiza poco.

El mayor problema es que este “agujero” estructural de las pensiones (iniciado en 2012) va a agravarse (ver este estudio Consejo General de Economistas), sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los muchos españoles nacidos en el “baby boom” (1960-1975).Y a partir de ahí, la demografía (muchos viejos y pocos jóvenes) y la economía (pocos empleos, por tener menos  jóvenes activos y la robotización) van a agravar la situación de las pensiones. Basten dos datos. Uno, las pensiones pasarán de las 9,64 millones actuales a 15 millones en 2050. Y si hoy hay 2  ocupados (19,34 millones) por cada pensión, en 2050 necesitaríamos 30 millones de ocupados para mantener ese nivel de 2/1. Y la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050 (1,3 ocupados por pensión). Así no pueden salir las cuentas de las pensiones.

Todo esto es lo que no afrontan los políticos ni les cuentan a los pensionistas que se manifiestan.  Una situación preocupante, más por el futuro que por el presente, que exige tomar medidas cuanto antes en tres direcciones: frenar el ritmo de gasto, aumentar los ingresos por cotizaciones y pagar una mayor parte de las pensiones con impuestos.

Primer frente: frenar el ritmo de gasto en pensiones, no recortarlas a secas. La reforma de Zapatero en 2011 ya avanzó por esta vía, con tres medidas: aumentar el periodo de cómputo para las pensiones de 15 a 25 años en 2022 (ahora son 21), aumentar el número de años exigidos para cobrar el 100% de pensión (de 35 a 37 años para 2027) y aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años para 2027 (ahora son 65,1). Ahora habría que debatir si nos quedamos ahí, damos marcha atrás o vamos más lejos. Los expertos dicen que la medida más eficaz sería aumentar la edad de jubilación a 70 años, porque ahorraría hasta un 25% (tres años más cotizando y sin pagarles pensión). También ahorraría mucho tomar de cómputo toda la vida laboral, como hacen ya muchos paises europeos. 

Ambas medidas rebajarían las nuevas pensiones futuras, algo que ya va a pasar con las reformas de 2011 (ZP) y Rajoy (2013), hasta un -35% para 2040, Los que lo defienden recuerdan que las pensiones españolas son “las más generosas de Europa”, no en importe (son más bajas) sino en porcentaje sobre el último sueldo: en 2016, las nuevas pensiones suponían el 78,7% del último salario, mientras la media europea era el 46,3%, en Italia el 64,6%, en Francia el 45,4%, y en Alemania el 37,8%, según el informe Ageing Report de la Comisión Europea. Algunos defienden pensiones menores sobre el último sueldo (al principio, el 70-65%), a cambio de asegurarlas. Y con la esperanza de que los sueldos españoles (precarios y muy bajos) suban a nivel europeo y el porcentaje de la pensión, aunque menor, se traduzca en una pensión más digna.

Pero si no se quieren más recortes y se quieren asegurar las pensiones futuras, hay que cotizar más y complementarlo con impuestos. Y también para revalorizar las pensiones actuales hacen falta más ingresos. Entre otras cosas, porque los pensionistas españoles cotizan menos de la pensión que reciben, aunque digan en las manifestaciones que “nos roban”. La estimación es que un pensionista se paga cotizando sólo 12 años de la pensión que cobra (hasta los 77 años) y el resto de años que cobra (3,5 o 10 más, hasta los 87 años) son a cargo del sistema y su déficit. Eso significa que habría que cotizar más, para cobrar una pensión mejor y durante más años que vamos a vivir. Porque no se pagan con el aire.

Y se puede hacer, porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,2% del PIB (2016) frente al 13,3% en la UE-28 y el 15,3% en la eurozona, mucho menos que el peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,7%), Francia (18,8%), Italia (13,2%) o Portugal (11,7%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,7% del PIB), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 35.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina, para no dañar mucho al empleo: ingresar 20.000 millones más por cotizaciones en un horizonte a 4 años. Y luego más. La otra opción es que como las pensiones futuras van a ser mucho más bajas, los trabajadores tendrán que pagarse una pensión privada. Parece mejor que paguen ese algo más a la SS, como sus empresas.

En paralelo, la Seguridad Social podría ingresar ya hoy más por cotizaciones con tres medidas. Una, suprimir  las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las “tarifas planas”, que son poco útiles para crear empleo según la mayoría de expertos y con las que se pierden 3.700 millones en cotizaciones al año. La segunda, pagar el subsidio a más parados (el 51% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde: otros 3.000 millones al año. Y la tercera, quitar el tope de cotización a los sueldos más altos (por encima de 3.751 euros de sueldo no se cotiza). “Destopar” los sueldos altos y hacer que se cotice por todo lo que se gana supondría a la SS ingresar 4.470 millones más al año, 3.728 millones que pagarían las empresas y 742 millones estos trabajadores privilegiados. Y no sería para tanto: alguien que gane 75.000 euros al año cotizaría 111 euros más al mes… En total, con estas tres medidas, la SS recaudaría 11.170 millones más al año. Y si dejara de pagar el coste del Ministerio de Trabajo (un anacronismo que pagan las pensiones y no los Presupuestos como otros Ministerios) serían 4.000 millones más. En total, 15.170 millones más, para tapar el 80% del déficit de la Seguridad Social.

Más ingresos  a corto y más cotizaciones no bastan seguramente para asegurar el futuro de las pensiones. Por eso, muchos expertos apuestan por actuar en un tercer frente: trasvasar impuestos a pagar pensiones. Ya se hace hoy, aunque mucha gente no lo sabe: un 25% de todas las pensiones (nada menos que 2,38 millones)  tienen “complementos de mínimos”, porque el pensionista no ha cotizado lo suficiente para asegurarle una pensión mínima contributiva (656 euros). Para ello, los Presupuestos 2018 han trasvasado 7.329 millones a la Seguridad Social. Y así cada año. Ahora, para evitar recortes futuros y cubrir unas pensiones futuras más altas de lo que serían si se financiaran sólo con cotizaciones, haría falta trasvasar a la SS entre 15.000 y 45.000 millones extras al año, en el horizonte 2040. Y a la vez nos harán falta impuestos para pagar  sanidad, educación, Dependencia, tecnología, inversiones públicas y modernizar la economía.

¿Se pueden recaudar más impuestos? Sí, porque España recauda menos que la mayoría de Europa. Concretamente, en 2017, se recaudó un 37,9% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudó un 44,9% del PIB, según Eurostat. A lo claro, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 81.456 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a casi nadie, ni al Gobierno ni a la “oposición”: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que una parte de las pensiones se pueden pagar con impuestos pero para eso hay que hacer una reforma fiscal, para ingresar más. ¿Cómo? Haciendo que paguen más impuestos no la mayoría (el 82% de la recaudación la aportan las familias) sino los que pagan poco, en especial las grandes empresas (pagan un tipo efectivo del 6,14%, cuando el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 25%), bancos (tienen 60.000 millones de deducciones fiscales) multinacionales (no pagan casi impuestos en España), los sueldos altos (en el IRPF, España recauda 23.436 millones menos al año que la media UE, según los técnicos de GESTHA), la energía (carburantes y medio ambiente), inversores (23% por intereses y dividendos) y grandes fortunas (utilizan sociedades pantalla, paraísos fiscales y SICAV para no pagar).

Así que buena parte del debate de pensiones (cómo pagarlas) se traslada al debate de los impuestos (cómo se ingresa más). Y aquí chocamos con que los dos grandes partidos conservadores, PP y Ciudadanos, proponen bajar los impuestos, no subirlos (como PSOE y Podemos), con lo que impiden buscar esta salida al debate de las pensiones. De hecho, Pablo Casado ha prometido en el Foro ABC (un lugar muy oportuno) que si el PP llega al Gobierno bajará los impuestos y suprimirá Patrimonio y Sucesiones, una “revolución fiscal” con la que el Estado ingresaría 12.000 millones menos. Así que ya lo saben, si gobierna el PP o Ciudadanos, los impuestos no podrán ayudar a mejorar su pensión.

Así las cosas, el debate sobre el futuro de las pensiones supone buscar un equilibrio entre mejorar las pensiones actuales (con subidas anuales decentes y mejoras extras para ese millón largo de pensionistas que cobran menos de 600 euros al mes) y asegurar las pensiones futuras, garantizando que tengan un nivel digno que se pueda financiar con cotizaciones sobre todo y un complemento de impuestos. No se debería oír sólo lo que quieren los 8.762.772 pensionistas actuales (por mucho que protesten y voten) sino que también hay que asegurar las pensiones futuras de sus hijos y nietos, 19,3 millones de españoles que trabajan, cotizan y temen por su pensión futura (sin manifestarse). Un difícil equilibrio donde hay que compensar sacrificios: no hay dinero para todo.

Mientras los políticos van “a lo fácil”, desatascando primero la revalorización de los pensionistas que protestan, no avanzan en las grandes decisiones para el futuro: qué sistema de pensiones queremos y cómo se financia. Y si hay elecciones pronto, como parece, la solución al grave problema de las pensiones se retrasará otro año más. Entre tanto, los españoles de a pie están muy preocupados por sus futuras pensiones y siguen optando por lo seguro: jubilarse lo antes que pueden. Así, de enero a agosto se ha batido el récord histórico  de nuevas jubilaciones (219.837, 20.196 más que en ese periodo de 2015), debido al envejecimiento de la población, a que muchos mayores no consiguen trabajar y, sobre todo, al miedo de que si retrasan el retiro mañana será peor. Y se jubilan en cuanto pueden, el 42% sin cumplir los 65 años (la media se está jubilando a los 64,2 años, aunque la edad legal sea ahora 65,1 años), perdiendo una parte de la pensión con tal de jubilarse.

Estamos ante un problema muy serio, donde sobra la demagogia y falta un análisis serio, con datos contrastados y proyecciones de futuro realistas. Y los jubilados de hoy tienen que pensar que cualquier reforma debe centrarse no sólo en ellos sino en sus hijos y nietos. Seamos serios y justos al buscar soluciones. Y urge no perder más tiempo.