miércoles, 30 de mayo de 2012

Más ayudas al ladrillo (y a la banca)



Ha pasado casi desapercibido, pero el Gobierno aprobó ayudas fiscales a la compra de viviendas en el Consejo de su segunda reforma financiera. No son ayudas para que las familias accedan a una vivienda, sino para las empresas, particulares y extranjeros que compren pisos y locales para invertir, para especular: pagarán la mitad de plusvalía al venderlos. Un regalo fiscal de unos 500 millones, para ayudar a bancos e inmobiliarias a vender sus pisos, que se suma a las ayudas fiscales a la compra de viviendas (desgravación e IVA reducido) aprobadas en diciembre, mientras se recortaban las ayudas al alquiler. En total, unos 6.500 millones en ayudas, que además no sirven: la venta de viviendas lleva 13 meses cayendo. Y es que mientras haya recesión y falte crédito, no se venden pisos. Ni se alquilan.

Como complemento a su segunda reforma financiera, el Consejo del 11 de mayo aprobó una ayuda fiscal a los que compren viviendas y locales comerciales antes de fin de año: se les exime de pagar el 50% de la plusvalía (en IRPF y sociedades) que puedan conseguir cuando los vendan. La medida no va dirigida a las familias que estén pensando en comprar un piso para vivir, ya que si alguien vende una casa para comprar otra como vivienda habitual, ya está exento del 100% de la plusvalía. Va dirigido a sociedades, fondos y particulares (incluidos extranjeros) que compren una casa o local como inversión, para especular. Además, se mejora también la fiscalidad de las sociedades y extranjeros que compren pisos para alquilar.

El objetivo es facilitar la venta de los casi 700.000 pisos nuevos sin vender, sobre todo de los bancos (140.000 viviendas, por valor de 34.106 millones). Y para ello se subvencionan las compras especulativas, con un regalo fiscal que podría costar 500 millones de euros, más del  esperado ahorro de la subida del copago farmacéutico. Mejor los venderían si bajaran los precios otro 25%, como piden los expertos.

La nueva ayuda al ladrillo se suma a las dos ayudas aprobadas en diciembre por el Gobierno Rajoy para fomentar la venta de pisos: recuperar la desgravación por la compra de vivienda habitual (hasta 9.040 euros al año) y mantener el IVA superreducido del 4% para la compra de vivienda nueva (habitual o segunda mano). Dos medidas con un coste de 6.000 millones de euros (lo que se va a recaudar con la subida de impuestos) y que no consiguen animar las ventas: han caído un 27% en el primer trimestre y llevan ya 13 meses cayendo.

Los expertos insisten que estas costosas ayudas fiscales son ineficaces. Primero, porque frenan la caída de precios (hasta un 8%, según el Banco de España), ya que con ayudas el comprador puede pagar ahora más. Segundo, porque para comprar un piso hace falta tener un empleo estable y unos ingresos suficientes (tener ahorrados unos 45.000 euros para la entrada y gastos de un piso de 150.000 euros), algo cada vez más complicado. Y tercero, porque no hay casi crédito: la concesión de hipotecas lleva 22 meses cayendo, con subidas de tipos y gastos (comisiones).

La OCDE, el FMI, la Comisión Europea y el Banco de España se han mostrado contrarios a estas ayudas fiscales al ladrillo, porque alimentan la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento. Todos proponen que se fomente el alquiler, pero Rajoy hizo lo contrario en diciembre, con dos medidas. Una, quitar la ayuda de 210 euros para pagar el alquiler durante 4 años a los jóvenes que ganen menos de 22.000 euros, lo que perjudicará a 700.000 jóvenes cada año. La otra, quitar la deducción por alquiler (60%) a  los propietarios que ganen más de 24.107 €. O sea que para desgravar por compra de vivienda no importa lo que se gane y para alquilar sí. Además, en marzo, el Gobierno Rajoy ha liquidado la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que había promovido casi 4.500 alquileres.

Con este sospechoso bagaje, el Gobierno Rajoy ha presentado una reforma para promover el alquiler, de cara a Bruselas: se busca animar a los propietarios a alquilar (hay 3 millones de viviendas vacías), reduciendo el plazo de los contratos, facilitando la recuperación de la casa si hace falta y agilizando los desahucios. El objetivo es aumentar el peso del alquiler en España: sólo un 17% vive en alquiler, frente al 40% en Europa (y un 58% de alquiler en Alemania). Una peculiaridad española que tiene mucho que ver con la cultura en favor de la propiedad (en 1970 teníamos un 30% de viviendas en alquiler), los bajos tipos de interés que llevaron a la burbuja inmobiliaria y las ayudas fiscales a la compra: Alemania o Reino Unido han suprimido la desgravación y en la mayoría de la OCDE sólo se desgravan los intereses, mientras el Gobierno Rajoy recupera las desgravaciones y aumenta ahora las ayudas al ladrillo.

Además, promover el alquiler no es sólo cuestión de dar más garantías a los propietarios. De hecho, ahora hay muchos pisos en alquiler, con precios que llevan ya 50 meses bajando, según Fotocasa. La cuestión es que los jóvenes e inmigrantes, los que más alquilan, tienen un empleo y un sueldo cada vez más precarios y les resulta difícil que les alquilen un piso y pagarlo. Y más ahora, sin ayudas estatales y autonómicas (muchas las han recortado también). Haría falta promover avales y viviendas públicas para alquiler, sobre todo para jóvenes. Sólo así se ayudará a los 6 millones que siguen viviendo con sus padres.

Al final, en plena crisis provocada en gran parte por el ladrillo, el Gobierno Rajoy subvenciona con dinero público a los que compren pisos y locales para especular, para ayudar a la banca y las inmobiliarias. Y sigue sin apoyar con ayudas y promoción pública el alquiler. En plenos recortes, Rajoy no tiene problemas en gastar más en el ladrillo, fomentando la especulación y retrasando el ajuste de precios de los pisos. Sigue por el camino equivocado.

domingo, 27 de mayo de 2012

España, sola a los pies de los mercados


Los dirigentes europeos han perdido esta semana otra ocasión (y van 18 en poco más de dos años) de resolver la grave crisis que asola Europa y pone en peligro al resto del mundo. Se han conformado con una “cena informal” para abordar tres problemas de envergadura: la sangría de Grecia y su posible abandono del euro, los ataques de los mercados a España y la recesión cierta en 12 países de la UE. Ninguna decisión concreta y vuelta a casa sin los deberes hechos, con la prima de riesgo en máximos históricos y España a los pies de los mercados (más con el agujero extra de Bankia). Y con Merkel y los fundamentalistas de Bruselas sin aceptar que el BCE ayude, comprando deuda de España e Italia e inyectando liquidez a los bancos en apuros. Estamos en el punto de mira y solos.
enrique ortega

Los fundamentalistas de Bruselas y los dirigentes europeos, en su mayoría conservadores, llevan ya  dos años y medio mareando la perdiz frente a una crisis cada vez más seria, que se manifiesta en dos problemas graves. Uno, que las políticas de recortes a ultranza han llevado a la recesión a 12 de los 27 países europeos: España, Portugal, Grecia, Irlanda, Italia, Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca, República Checa, Eslovenia, Rumania y Chipre llevan ya medio año decreciendo, con 25 millones de parados en Europa. Dos, que la recesión ha abierto una crisis política y social, que ha llevado a cambios de gobierno en 14 países, un auge de la ultraderecha y un rosario de protestas sociales contra del actual proyecto de ajuste europeo.

Y junto a estos problemas de fondo, dos alertas a corto. Una, la posible salida de Grecia del euro, porque sus ciudadanos no ven futuro en los recortes que impone Bruselas. Y la otra, que no cesan los ataques contra España, la cuarta economía del euro, a pesar del rosario de reformas y recortes, lo que, junto a Grecia, oscurece el futuro de la UE. Y el agujero de Bankia, que precisa 19.000 millones en ayudas, agita más los tambores de intervención europea, que el Gobierno rechaza: pedir ayudas sólo para la banca tendría el mismo coste que una intervención general del país como la de Grecia, Irlanda o Portugal.

Pero Merkel y los fundamentalistas de Bruselas siguen ciegos y sólo hablan de recortes y de reformas, del déficit. La victoria de Hollande parecía abrir la puerta a un cierto giro, introduciendo medidas para reanimar la economía europea y hacer frente a los mercados. Pero se ha visto que quien manda es Alemania (y los socialdemócratas alemanes, como Merkel, no quieren cambios que les cuesten dinero). Aceptan gastar algo más en inversiones europeas (la miseria de 260 millones para movilizar 4.000 en inversiones púbicas en la Europa del sur), pero poco más. Nada de flexibilizar los recortes, de dejar el 3% de déficit para 2014 ó  2015, para no asfixiar las economías más débiles. Y nada de eurobonos, para que la Europa del sur pague menos por su deuda (y más Alemania). Nein.

Rajoy, con el agua al cuello por los mercados, fue claro en la cena de Bruselas: está bien hablar de futuro, de reactivación, de eurobonos, pero lo que me urge es sobrevivir hoy. Que me ayuden frente a los mercados: el BCE tiene que comprar deuda española, para bajarla (está en máximos históricos, por encima del 6,2%) y además  inyectar liquidez a los bancos (como hizo en diciembre y febrero), para que sobrevivan: con la crisis financiera sin resolver, nadie quiere prestarlos y así se colapsa nuestra economía.

Pero nadie le hizo caso. Y Rajoy se vino sólo y frustrado: he hecho todos los deberes (46.700 millones de recortes para 2012, reforma laboral, dos reformas financieras, dejar entrar a todo el mundo a investigar la banca y múltiples reformas ortodoxas)…para nada. Los mercados siguen atacando y financiar la deuda nos cuesta 25.000 millones más que el año pasado (casi lo que pagamos en pensiones) mientras Alemania se financia casi gratis. Soy un buen alumno, cumplo con el fundamentalismo de Merkel y nadie me ayuda.

Y tiene razón. Pero Merkel y los fundamentalistas de Bruselas piensan que la letra con sangre entra, que si ayudan con el BCE o con el Fondo de rescate para los bancos, España se relajará en sus ajustes. Y no quieren bajar la presión (hasta un minuto antes de la catástrofe, como hicieron con Grecia, Portugal e Irlanda, y entonces será demasiado tarde).

El problema de fondo es otro. Si los mercados nos atacan es (además de porque han ganado 25.000 millones haciéndolo) porque no confían en España. Y no porque el Gobierno no sea ortodoxo y amante de los ajustes y reformas, sino porque hay un dato que les preocupa: España es el único país de la UE-27 que decrecerá este año (-1,8%) y el que viene (-0,3%), según las previsiones de Bruselas (Grecia crecerá 0% en 2013, Portugal +0,3% e Irlanda +1,9%). Ahí está el quid de la cuestión: si no crecemos, el Estado no recauda y será difícil reducir el déficit y pagar la deuda. Pagarles. Por eso no quieren financiarnos y si lo hacen, cada vez más caro.

De ahí que, aunque a corto plazo nos ayudara que el BCE haga de “primo de Zumosol” ante los mercados, con la compra de deuda e inyectando liquidez a nuestros bancos, eso no deja de ser aspirina para bajar la fiebre: el cáncer es la recesión. España tiene que crecer cuanto antes, para resolver dos problemas a la vez: dar una salida a los casi 6 millones de parados y aumentar ingresos públicos para tranquilizar a los mercados. Pero no puede crecer sola, necesita un empujón europeo y a la vez suavizar sus recortes. Todo pasa por Bruselas.

Hasta aquí la teoría. Pero la realidad es que Bruselas sigue mareando la perdiz, sin prisas, esperando la Cumbre del 28 y 29 de junio, mientras España está sola a los pies de los mercados, en medio del fregado de nuestra crisis financiera. Y los ataques arreciarán después del 17 de junio, tras las elecciones en Grecia: somos la siguiente pieza a abatir, con mucho que ganar en juego. Como siempre, Merkel y Bruselas esperarán a que estemos al borde del precipicio para actuar, tarde y mal. Esta vez lo veo negro.

miércoles, 23 de mayo de 2012

Una década perdida para España


Estamos en el quinto año de la crisis y habrá que esperar hasta 2014 para volver a crecer: seremos el único país de la UE-27 que decrezca en 2013, según la Comisión Europea. Y el FMI prevé que no recuperaremos el crecimiento de antes de la crisis hasta 2017. Una década perdida que impedirá crear empleo suficiente para los 6 millones de parados, sobre todo los mayores de 55 años y los jóvenes con menos formación. La crisis provocará empleos precarios y bajos salarios, lo que agravará la pobreza y la desigualdad. Y con poco empleo y pocos ingresos, se reducirá más el sector público y el Estado del Bienestar, obligando a nuevos recortes en las pensiones futuras. Hay que cambiar cuanto antes de política y reanimar la economía, para que España no pierda más de una década.

Desde que vivimos en democracia, España ha sufrido tres crisis. En la primera (1978-82), la economía sólo cayó en 1981(-0,2%) y en la segunda (1992-94), en 1993 (-1,2%). Ahora, con la gran recesión, que empezó en España en el verano de 2008, estamos en el quinto año de la crisis y todo apunta a que no volverá el crecimiento hasta 2014. La Comisión Europea estima que España será el único país de la UE-27 que no crecerá en 2013 (-0,3%) y la OCDE apuesta por una caída mayor (-0,8% en 2013), aunque el Gobierno Rajoy sí espera crecer (+0,2%). Y cuando lo hagamos, será poco: del 1,1%  al 1,8 entre 2014 y 2017, según el FMI, que estima que España estará entre los 6 países europeos con recuperación más lenta (junto a Grecia, Italia, Portugal, Eslovenia e Irlanda).

El FMI estima que España no recuperará el crecimiento de antes de la crisis hasta 2017, por lo que habla de “década pérdida”. Para crear empleo suficiente y empezar a reducir los 6 millones de parados, España necesita crecer más del 2%. Por eso, el FMI prevé que el empleo no empiece a crecer de forma significativa hasta 2018. De hecho, el propio Gobierno Rajoy prevé cerrar su legislatura (2012-2015) perdiendo 469.500 empleos netos. Además, el FMI no ve el paro por debajo del 20% hasta 2017. Y cree que los 2,5 millones de empleos perdidos con la crisis no se recuperarán hasta 2023. Quince años perdidos.

Quince años es mucho esperar para los parados, sobre todo para los que tienen más de 55 años (474.200 parados), una generación perdida,  y para los jóvenes, sobre todo los que no han trabajado nunca (456.000 parados) y los que tienen baja formación (un 22% de los parados carece de formación y otro 36% no tiene Secundaria o FP). Eso puede agravar el llamado paro estructural, parados que tienen casi imposible encontrar un empleo (la mitad de los parados llevan más de dos años buscando) aunque la economía se recupere.

Recuperación tardía, lenta, con empleos más precarios y con bajos salarios. El Gobierno Rajoy ha propuesto a Bruselas, en el Programa de Estabilidad 2012-2015, que las empresas recuperen competitividad a costa de no subir apenas los salarios: +0,2% en 2012, -0,4% en 2013, +0,2% en 2014 y +0,3 en 2015. Como los precios subirán más, eso supone una pérdida de poder adquisitivo del 5,6 % en estos próximos cuatro años, menos dinero para consumir, lo que desacelerará el ritmo de la recuperación (y la reducción de deuda de las familias).

Esta década perdida, con poco empleo, bajos salarios y bajas cotizaciones, pone en entredicho el futuro de los jóvenes, la generación de la crisis, casi 7 millones de españoles de 18 a 30 años que aunque llegue la recuperación van a tener complicado independizarse, formar una familia, tener una casa y cotizar los años necesarios para tener un a pensión digna. Una posible generación perdida, teme la OIT.Y además, como la población envejece y hay 150.000 nuevos pensionistas cada año, con menos trabajadores en activo por cada pensionista, podría haber nuevos recortes de derechos en las pensiones futuras (además de los de la reforma de 2011).    

Con poco empleo y bajos salarios, el sector público tendrá pocos ingresos, lo que obligará a  duros recortes de gastos y  reducirá aún más el Estado del Bienestar en el resto de la década perdida. De hecho, el Gobierno Rajoy ha prometido a Bruselas reducir el déficit del 8,5% de 2011 al 1,1% en 2015 (algo que la Comisión Europea no se cree), lo que supondría  un recorte de 74.000 millones de euros en la legislatura, siendo los ajustes más duros este año (-32.000 millones) y en 2013 (-23.000 millones). Los recortes se darán en la inversión pública, en los gastos sociales (sanidad, educación y ayudas a la dependencia) y en el empleo público. Eso supondrá una caída drástica del sector público, que pasaría de suponer el 43,6% del PIB (2011) al 37,7% (2015), con lo que el peso del Estado retrocederá al nivel de los años 80 y España tendría el sector público menor de toda Europa, salvo los antiguos países del Este. Y eso, en un país donde el gasto social público (educación, sanidad, pensiones, desempleo, ayudas sociales) ya estaba por debajo de la media europea antes de los recortes.

Al final, el escaso crecimiento, alto paro, bajos salarios y modestas pensiones configuran una sociedad con más desigualdades, donde una década de crisis habrá agravado la pobreza, ya ahora escandalosa: en España está en riesgo de pobreza el 21,8% de la población, 10.278.874 habitantes, 1.374.329 personas más que antes de la crisis (19,7% en 2007). Y somos el séptimo país de Europa con más pobres, por detrás de Rumanía, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y Grecia. El problema, advierten los expertos, es que los aumentos actuales de pobreza se pueden convertir en crónicos, incluso cuando llegue la recuperación.

Como se ve, si la crisis provoca una década perdida, sus efectos serán devastadores y por muchos años más. Por eso es urgente cortar la sangría de los recortes, “salir de la trampa de la austeridad” como dice la OIT, evitar el suicidio económico de Europa. Empezar a reanimar la economía para no perder en vez de una década dos. Bruselas tiene la palabra.

domingo, 20 de mayo de 2012

La mitad de los parados no cobra nada


Lo grave no es sólo que vayamos camino de los 6 millones de parados. Lo peor es que se esconda que un 47,3% de los parados, casi la mitad, no cobra nada. Y en cinco autonomías (Murcia, Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares), hay ya más parados que no cobran que los que cobran, algo que pasará en toda España a fin de año. Mientras, el Gobierno ha reducido un 5% el Presupuesto para desempleo y ha anunciado un Plan contra el fraude, para quitar el paro este año a unos 375.000 parados que hacen chapuzas. Pero será insuficiente y todo apunta a que el Gobierno estudiará recortes en el desempleo, quitando quizás los 400 euros. Lo que deberían hacer es reformar de verdad el antiguo INEM, para que encuentre trabajo a los parados.
enrique ortega
España gastará este año 28.503 millones en pagar a los parados, casi el doble que en 2008 (15.516 millones). Pero aun así, casi la mitad no cobra nada: de los 5.639.500 parados estimados (EPA marzo), sólo 2.972.993 cobraban alguna prestación, lo que indica que hay 2.666.507 parados que no cobran nada, un 47,3% (hace dos años, eran el 31% y hace cuatro, antes de la crisis, el 26,6%). Y lo más grave es que hay cinco autonomías donde ya hay más parados que no cobran de los que sí: Murcia (57%), Canarias (53,5%), Comunidad Valenciana (53,2%), Madrid (51,3%) y Baleares (50,5%).

La realidad es que hay 3,5 millones de parados más que antes de la crisis y sólo hay 1.378.966 parados más cobrando alguna prestación, con lo que si en marzo de 2008 había 580.173 parados que no cobraban nada (la cuarta parte), ahora son 2.666.507 (casi la mitad). De ellos, menos de la mitad (1.375.602 parados) cobran prestaciones contributivas, por las que han cotizado: cobran 864 euros de media, un máximo de 2 años. El resto (1.597.391 parados) cobran una prestación asistencial, 426 euros de media, entre 6 y 18 meses.

El Gobierno ha presupuestado un 5% menos (28.503 millones) para pagar el paro en 2012, aunque estima que se perderán el doble de empleos (- 631.100 frente a -356.000 en 2011). Y eso porque piensa que a muchos parados actuales se les acabará la prestación (a los 200.000 que perdieron su empleo en 2010) y que los nuevos parados tienen menos derechos (más contratos temporales y menos tiempo cotizando). Pero el empleo va a caer más (-850.000), con lo que a final de año, más de la mitad de los 6 millones de parados no cobrarán nada.

Aun así, los expertos creen que van a faltar unos 3.000 millones para pagar a los parados, salvo que se hagan recortes, algo que el Gobierno niega “de momento”. Lo que sí ha hecho es aprobar un Plan contra el fraude, que pretende ahorrar 2.500 millones, haciendo inspecciones y  2,7 millones de controles informáticos para quitar el paro a 375.000 parados que hacen chapuzas ilegalmente. Nadie está en contra de perseguir el fraude, pero los sindicatos critican que se quiera culpabilizar a los parados cuando si hay fraude es porque hay empresas que contratan ilegalmente a parados.

A pesar del Plan, el Presupuesto para desempleo parece insuficiente y se temen recortes. Los primeros pueden llegar en agosto, cuando el Gobierno decida si prorroga otros 6 meses el subsidio de 400 euros que cobrarán este año 200.000 parados. Y luego, podrían tomarse  medidas, como pide la patronal CEOE, para quitar el paro a los que rechacen un empleo en las condiciones que sea (ahora, pierden el subsidio 3 meses, 6 al segundo rechazo y todo el derecho con el tercer empleo no aceptado). Y para 2013, podrían reducirse las coberturas, mayores en España que en la mayoría de Europa. Lo que habría que hacer ya es subir las cotizaciones por desempleo a los contratos temporales, que gastan entre tres y cuatro veces más de fondos del desempleo que los fijos.

En el fondo hay una idea extendida: el subsidio es un despilfarro que fomenta que los parados no busquen trabajo. ”La gente encuentra trabajo milagrosamente cuando faltan uno o dos meses para acabar el paro”, ha dicho el presidente de la patronal CEOE. Hay que decir dos cosas. Una, que la prestación por desempleo no es un regalo, sino un derecho por el que se cotiza mes a mes (1,55% el trabajador sobre su base). La otra, que con la recesión actual, hay millones de parados, cobrando y sin cobrar, que buscan trabajo y no encuentran nada. De hecho, hay 2.385.400 parados que llevan más de un año sin trabajar. Y 474.200 con más de 55 años que no tienen ya esperanzas de poder trabajar.

En lugar de perseguir y criminalizar a los parados, dando la idea que nos cuestan mucho, lo que tendría que hacer el Gobierno (y la patronal) es ayudarles a encontrar trabajo. Conseguir que el SEPE (antiguo INEM) funcione, porque sólo encuentra trabajo a un 2,7% de los parados. En febrero de 2011, Gobierno, patronal y sindicatos pactaron una reforma que no funciona  y que el Gobierno Rajoy ha torpedeado recortando 1.500 millones (-21,3%) en 2012 para fomento del empleo, sobre todo para formación (-34%). Hacen falta más medios humanos (hay un funcionario por cada 450 parados, 15 veces menos que en Alemania), cursos más adaptados al mercado (sólo los hacen uno de cada 5 parados), más colaboración con empresas y ETTs y coordinar mejor las políticas de empleo de las 17 autonomías. 
  
Al final, el drama es que uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar está en paro y casi la mitad no cobra nada. Y va a seguir así durante mucho tiempo, porque la creación de empleo en serio se retrasa hasta 2016. Por eso, hay que afrontar el problema de las prestaciones con realismo, sin demagogia y sin fraudes. Buscando más ingresos y no sólo  recortes. Nuestros parados son el eslabón más débil de la crisis. No podemos dejarles tirados.

miércoles, 16 de mayo de 2012

El gasto en investigación retrocede 8 años


Al final, el recorte en I+D+i para 2012 no han sido los 600 millones que se temían en diciembre, sino 2.192 millones, un tijeretazo del 25%, el mayor en la historia de nuestra ciencia y uno de los mayores recortes del Presupuesto 2012. Lo peor es que ya van 3 años de recortes en investigación, lo que paraliza proyectos y lleva al paro a miles de investigadores, que se irán a otros países. Y encima, uno de cada tres euros del Presupuesto no se gasta, en parte porque las empresas también recortan sus  inversiones en I+D+i. Y todo ello cuando Europa gasta más en investigación, lo que agrava nuestra brecha tecnológica. Es urgente reconsiderar los recortes en investigación en España. Y conseguir que Bruselas apoye los esperados planes de crecimiento europeo en programas de I+D+i.
enrique ortega
El gasto total de los Ministerios en I+D+i (civil y militar) será de 6.397 millones en 2012, un 25,52% menos que en 2011, según el estudio de COSCE, un recorte superior al del Presupuesto 2012 (-16,9%). Se trata del mayor recorte en ciencia desde que existen los Planes de I+D+i (1.988) y un tijeretazo que se suma a los recortes del Gobierno ZP en 2010 y 2011 (-13%). Con ello, el presupuesto en I+D+i se coloca en términos reales (descontando la inflación) por debajo del de 2005 y muy próximo al de 2004. O sea que España va a gastar en investigación lo que gastaba hace 8 años.

Pero eso no es lo único grave. Lo peor es que no vamos a gastar esos 6.397 millones presupuestados en I+D+i, sino mucho menos. Porque más de la mitad del Presupuesto son créditos (3.761 millones), destinados a empresas y no se utilizan: en 2011, un 52% de estos créditos no se gastaron y quedó un remanente de 3.016 millones sin gastar que han vuelto al Tesoro. Y lo mismo pasará este año, lo que enmascara que 2.181 millones en créditos, un 34% del Presupuesto 2012, no se van a gastar. Doble recorte.

Esto es más grave en España porque la financiación pública de la investigación tiene un mayor peso que en Europa: Bruselas fijó como objetivo que dos tercios de la I+D+i fueran financiados  con fondos privados en 2010 y en España no llegan al 43,8%, frente al 55% en la UE y el 70% en Alemania, por ejemplo. Y además de aportar menos, las empresas invierten cada vez menos en I+D+i, por la crisis: 3.568 empresas han dejado de innovar entre 2008 y 2010 y han recortado su inversión en tecnología (-9%), sobre todo las pymes (-17%). Y de cada 100 empresas, 34 desaprovechan las ayudas a la investigación.

En resumen, recortes drásticos en las subvenciones y préstamos que no se gastan, en el Presupuesto del Estado, más ajustes en las autonomías y Universidades, que suponen un 60% del gasto en I+D+i. El resultado, tras tres años de tijera, son proyectos que no se pueden terminar y, sobre todo, contratos de investigadores que no se pueden renovar y puestos que no se cubren, provocando una fuga de cerebros, difíciles de recuperar en el futuro.

Los últimos recortes agravan la brecha tecnológica con Europa: en 2011 gastamos en I+D+i el 1,35% del PIB, frente al 2,3% de media de UE-27 y muy por debajo de los países punteros, como Suecia (3,5%), Alemania (2,9%), Francia (2,25%). Precisamente, los países que menos gastan  en investigación son los que peor han aguantado la crisis: Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España. Y ahora, mientras el Gobierno Rajoy agrava los recortes a la investigación, otros aumentan su inversión: Alemania un 5%, Francia +33.000 millones en 2012 y la Comisión Europea dotando 80.000 millones para 2014-2020.

Reducir esta brecha en I+D+i con Europa obligaría a invertir 10.000 millones extras en investigación, porque al ritmo inversor actual tardaríamos 30 años en igualarnos y salir del pelotón de cola: estamos en el puesto 18 de 27 en el ranking europeo de innovación. Miles de investigadores han enviado una carta al Gobierno pidiendo que la inversión en I+D+i sea una prioridad a medio plazo, para impulsar un cambio en el modelo de crecimiento español, basado en el ladrillo y el turismo. La investigación debería estar blindada y al margen de los ciclos económicos y de los cambios políticos, con presupuestos estables y crecientes, como defiende la Ley de la Ciencia, aprobada en mayo de 2011 por el 99% de los grupos políticos. Pero la realidad es que la I+D+i ha sufrido más los recortes, mientras el Gobierno Rajoy apoyaba con subvenciones al ladrillo (8.000 millones para desgravaciones e IVA reducido), a salvar las autopistas o a sanear bancos y Cajas, por ejemplo.

Ahora se abre una puerta para intentar reparar el daño causado con los recortes en I+D+i: los esperados planes europeos de crecimiento, forzados por Hollande y varios países, para reanimar unas economías en recesión. Planes que girarán sobre inversiones en  infraestructuras, energía e investigación. España debe procurar no perder este tren y conseguir una parte del futuro pastel inversor en I+D+i (al menos un 8%, frente al 4,5% de ayudas europeas que conseguimos ahora), para lo que necesitamos no desmantelar centros de investigación, equipos y proyectos, paralizando al menos la aplicación de los recortes.

En paralelo, es urgente montar la Agencia Estatal de Investigación y aprobar el Plan nacional de I+D+i 2012-2015, que marque las prioridades y coordine mejor los esfuerzos públicos (17 autonomías, 17 políticas de investigación) y privados, ayudando a las empresas a utilizar mejor ayudas y créditos que hoy se pierden. Hay que pactar un Plan de futuro para la investigación y la innovación, la mejor palanca para salir de la crisis y crear empleo. No es casual que País Vasco, Navarra y la Rioja, que invierten en I+D+i como la media europea, crezcan más y tengan la mitad de paro que el resto de España. Hay que salvar a la ciencia de los recortes y ponerla como referencia del futuro. Con hechos, no con palabras.

domingo, 13 de mayo de 2012

Bancos y Cajas: la reforma de nunca acabar


La presión de los mercados, FMI y Bruselas más la nacionalización de Bankia han forzado al Gobierno a una nueva reforma financiera, la cuarta en dos años. Se obliga a bancos y Cajas a hacer más provisiones sobre los créditos del ladrillo y a crear unas inmobiliarias malas donde soltar los inmuebles embargados. Además, se les va a  desnudar, para que los mercados confíen en nuestra banca y en España. Algo que nos va a costar 15.000 millones en ayudas públicas, a sumar a los 34.000 millones ya empleados. Y además, habrá ayudas para las inmobiliarias malas. Un tremendo esfuerzo, en plenos recortes, para corregir una gestión nefasta de las Cajas, que van a pasar de 45 a 5 en beneficio de la banca. Al final, otra reforma que complicará  aún más que este año haya crédito.
enrique ortega

España sigue en el punto de mira de los mercados, con la deuda en máximos, por temor a que la recesión impida rebajar el déficit y pagar la deuda, pero también por las dudas sobre la banca: temen que la recesión empeore sus balances y tengan más pérdidas por el ladrillo y la morosidad de las confesadas. El FMI echó más leña al fuego con un informe que hablaba de morosidad oculta y Standard &Poors lo empeoró rebajando el rating a los 11 principales bancos y Cajas españoles. Y para colmar el vaso, el auditor no quiso aprobar las cuentas de Bankia, forzando su nacionalización.

El Gobierno Rajoy ha querido cortar por lo sano, aprobando una segunda reforma financiera, que obliga a bancos y Cajas a provisionar 28.000 millones los créditos no problemáticos del ladrillo (123.000 millones), después de que en febrero les obligó a provisionar con 54.000 millones los créditos inmobiliarios problemáticos (184.000 millones). Además bancos y Cajas han de crear este año  inmobiliarias malas, con los 80.000 millones que tienen en solares, pisos y locales embargados, para quitarse este muerto de sus balances, buscando inversores que se queden con la mayoría de estas inmobiliarias malas y vendan lo que tienen en 10 años.

Pero la medida más llamativa es que el Gobierno contratará a dos empresas independientes para que, en tres o cuatro meses, hagan dos informes sobre todos los créditos que tienen los bancos y Cajas españoles. Un striptease sin precedentes, que desacredita al Banco de España (el teórico supervisor) y a España. Pero ya estábamos desacreditados desde que Zapatero, en 2009, sacaba pecho en las cumbres del G-20 presumiendo de banca sana mientras sus colegas destinaban miles de millones (la mayoría públicos) a salvar bancos (420.000 millones en Europa y 431.000 millones en EEUU). Y sin embargo, en junio de 2010 aprobaba la primera reforma para sanear las Cajas y una segunda en enero de 2011, con los primeros 15.152 millones en provisiones, reformas que no evitaron la caída e intervención de ocho entidades: Caja Castilla la Mancha (2009), Cajasur (2010), CAM, Unnim, Catalunya Caixa, NovaGalicia y Banco de Valencia (2011), más Bankia. Como para creernos.

En el camino, la banca ha incrementado provisiones en 108.000 millones y el Estado ha inyectado 34.046 millones de ayudas públicas, sin contar avales (otros 81.000 millones). Y con esta cuarta reforma, se dedicarán “hasta 15.000 millones” más de dinero público en créditos (al 10%, a devolver en 5 años) para las entidades que lo necesiten (unos 9.000 millones irán a Bankia). Y eso sin contar las ayudas que habrá que hacer (incentivos fiscales, créditos y avales) a las inmobiliarias malas, porque ningún inversor se va a quedar con estos “muertos” sin ayudas. Podrían ser otros 10.000 millones más.

Todo ello, para que al final, las Cajas y bancos saneados con ayudas públicas vuelvan a privatizarse, en vez de crear un banco público (¡ anatema¡),fortaleciendo al ICO, para asegurar el crédito a pymes y exportadores. Hasta ahora, los grandes se han quedado con las Cajas problemáticas: BBVA con Unnim, la Caixa con Banca Cívica, Sabadell con la CAM, Popular con Pastor, UniCaja con Caja Duero-Caja España e Ibercaja con Caja 3. Y está pendiente la subasta de tres entidades intervenidas: Banco de Valencia, Cataluña Caixa  y NovaGalicia, mientras la última reforma presiona más a las Cajas medianas a fusionarse (BMN con Ibercaja y Liberbank con Unicaja). Así, de los 10 bancos y 45 Cajas que había hace tres años, pasaríamos a 7 bancos y 5 Cajas (hasta que Bankia sea troceada y vendida). Más poder para la gran banca tras un costoso ajuste con ayudas públicas.

¿Responsabilidades?  A repartir, empezando por los gestores de las Cajas, en especial las dos grandes del PP (Caja Madrid y Bancaja), que durante 16 años han hecho y desecho en connivencia con políticos regionales (Esperanza Aguirre y Camps) y con promotores “amigos”, sin olvidar otros políticos regionales (Cataluña, Galicia y las dos Castillas) y municipales, más el silencio de consejeros, sindicalistas y dirigentes patronales. Siguiendo con auditores que han dado por buenas (con jugosas facturas) cuentas maquilladas Continuando con un gobernador del Banco de España que o no sabía (malo) o no tenía autoridad (peor). Un Gobierno Zapatero que pasó del autoengaño a los paños calientes, sin tomar medidas eficaces. Y un Gobierno Rajoy que empezó con una reforma a medias para ahora ir contra reloj. Al final, demasiadas indemnizaciones millonarias, miles de despidos y nadie en la cárcel.

Ahora falta que los mercados se crean la ultima reforma, porque si no iremos a la quinta. Pero lo que nos importa a los españoles es que haya crédito. Y tras dos años de reformas, provisiones y fusiones, el crédito sigue cayendo, tras bajar un 4,2% en 2011. Ahora, con los bancos y cajas preocupados en buscar capital y ayudas más cerrar las fusiones, será aún más difícil que tengan la cabeza y las cuentas para dar créditos. Y si los dan, tienen que encontrar empresas y particulares que los pidan (no hay ventas y la economía está parada) y que sean solventes, ya que la morosidad  está cerca de máximos históricos.

En definitiva, el saneamiento de bancos y Cajas es una condición necesaria pero no suficiente para que haya crédito. La clave es que se reanime la economía, que haya consumo e inversión, que vuelva la confianza. Que se suavicen los recortes y la economía crezca. Sería, además, la mejor manera de sanear la banca. Todo lo demás son ajustes de cara a los mercados, que no se los creen y acaban siendo insuficientes. Espejismos.

miércoles, 9 de mayo de 2012

El Gobierno salva a las autopistas


Entre los recortes del Presupuesto 2012, el Gobierno Rajoy ha aprobado de tapadillo, como Zapatero los dos años anteriores, ayudas a las autopistas de peaje, para evitar que algunas quiebren por falta de tráfico y el Estado tenga que cargar con ellas. El PP ha ido más allá y ha prolongado estas ayudas hasta 2021, lo que supondrá darles otros 2.000 millones en créditos blandos. Y les ha quitando, con una fe de erratas, la obligación de que a cambio se fusionen. Ahora, el Gobierno estudia  ampliar las concesiones a las autopistas y subir tarifas, para que se saneen. Y las que no lo consigan, nacionalizarlas, como ya se hizo en 1984. Al final, las autopistas siguen con los privilegios que arrastran desde el franquismo y que nos han costado ya 8.800 millones de euros.

En España hay 38 autopistas de peaje, pero sólo 10 tienen problemas graves: las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 a Barajas, las autopistas Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y el peaje Alto de las Pedrizas-Málaga. Son autopistas de segunda generación, hechas en los años del boom económico (1999-2003), con la presión política del PP en la Comunidad de Madrid (“queremos autopistas como los catalanes”) y pensando en un tráfico irreal que se ha desplomado con la crisis: pasan un 40% de los coches previstos (y hasta el 10%), dado que hay autovías libres en paralelo. Y además, se les multiplicó por siete el coste de las expropiaciones, debido a la ley del Suelo aprobada por el Gobierno Aznar en 1.998.

Pero el negocio de las autopistas era construirlas, no los ingresos por peajes: Yo gano con hacerla y si luego no tienen tráfico, no es mi problema, sino del Estado. Porque las concesiones incluían la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA): si las empresas no pagaban su deuda, debía hacerlo el Estado. Por eso, el gobierno Zapatero salió en su ayuda (con apoyo del PP) en los Presupuestos de 2010 y 2011, con 800 millones de créditos blandos, a menos del 4%  de interés (Euribor+1,75%), a devolver al final de la concesión (65 años). Y con subida de tarifas: hasta el 3,43 % en 2011 y 3,2% en 2012.

Este año, los 29 bancos y Cajas que prestaron a estas autopistas han vuelto a presionar: no refinanciarán la deuda (4.000 millones) si no se les garantiza el cobro, lo que ha colocado a varias (R-2, R-4, Cartagena-Vera) al borde de la quiebra. Y hay otros 1.000 millones de expropiaciones pendientes de pagar. Fomento ha salido al quite y en los Presupuestos 2012 ha aprobado dos ayudas. Una, 289 millones de créditos participativos, para pagar expropiaciones. Y la otra, ampliar hasta 2021 la cuenta de compensación, 80 millones de créditos anuales para compensar la caída de tráfico. En total, unos 2.000 millones más de ayudas públicas en la próxima década para sanear las autopistas.

A cambio, el Gobierno quería que las autopistas se fusionaran (como los bancos), las buenas con las malas. Por ejemplo, Abertis, líder europeo del sector, tiene las tres autopistas más rentables de España (Acesa, Aumar e Iberpistas) absorbería las tres radiales donde es accionista (R-2, R3 y R-5).Pero la propuesta ha creado reticencias en el sector y Fomento ha quitado el requisito de las fusiones de la disposición adicional 15 de la Ley de Presupuestos, con una fe de erratas al proyecto enviado al Congreso…

Solventada la amenaza de la quiebra con estas ayudas, el Gobierno ha creado una Comisión para asegurar antes del verano el futuro de las autopistas con problemas. La primera medida será inyectarlas más recursos vía ampliación del plazo de las concesiones. Así, Abertis (uno de cuyos directores generales, Gonzalo Ferré, es ahora Secretario General de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento) podría recibir, a cambio de sanear sus radiales, una ampliación por 20 años de sus concesiones en las autopistas valencianas y catalanas (vencen en 2019 y 2021). Y lo mismo otras empresas que carguen con autopistas en apuros. Y se les garantizarán subidas de tarifas por encima del IPC y los créditos ya comprometidos para pagar expropiaciones y compensar caídas de tráfico. No se descarta incluso cobrar peajes en las autovías hoy gratuitas, lo que podría desviar más tráfico a las autopistas. 

Y si estas medidas no bastan, Fomento ya ha dicho que nacionalizará las autopistas insalvables (probablemente cuatro: Madrid-Toledo, M-12 al aeropuerto, Murcia-Almería y el peaje de las Pedrizas). No es algo nuevo: en marzo de 1984, el Gobierno de Felipe González creó ENA para nacionalizar 3 autopistas en apuros (Audasa, Audenasa y Aucalsa). Y en mayo de 2003, cuando ya ganaban dinero, el Gobierno Aznar las privatizó: las compró Sacyr, por 1.586 millones (el Estado había aportado a ENA 1.700 millones).

Las autopistas, un sector español líder en el mundo, han gozado de privilegios desde el franquismo: la Ley de autopistas de peaje de 1972 les permitía endeudarse en divisas con aval del estado y seguro de cambio, un privilegio que duró hasta 1988 y que nos ha costado a los españoles unos 8.000 millones de euros. Y ahora, con la amenaza de la quiebra con cargo al Estado, van a recibir créditos privilegiados por otros 2.800 millones al menos, más el regalo de las nuevas concesiones y las subidas de tarifas. Ayudas públicas para un poderoso lobby (asiduos a la Moncloa) con gran poder mediático, controlado por 7 constructoras (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr) que ganaron 3.482 millones en 2011.

Al final, el dinero público (recortado para casi todo) salvará a las autopistas de los errores de diseño, por razones políticas y del negocio constructor. Y el Estado volverá a nacionalizar autopistas, para venderlas (con pérdidas) cuando sean rentables. La cuestión es por qué este trato de favor (al margen de las exigencias legales) con las autopistas y no con la industria del automóvil, las inmobiliarias o los miles de tiendas que también venden menos por la crisis. Esto no es economía de mercado. Es el Estado al servicio de los poderosos. En plenos recortes.

domingo, 6 de mayo de 2012

Se pagan facturas públicas bajo vigilancia


Este mes de mayo, autonomías y Ayuntamientos empezarán a pagar casi 6 millones de facturas que deben desde hace años a medio millón de empresas. Será una inyección de liquidez a la economía de 27.000 millones de euros, aunque irá más a tapar agujeros que a invertir y crear empleo. A cambio del crédito para pagarlas, que tendrán que devolver en 10 años, autonomías y Ayuntamientos han de poner en marcha este mes drásticos planes de ajuste, con más recortes, sobre todo en sanidad, educación y personal interino. Y si no lo hacen, en noviembre, el Gobierno podría intervenirles, como Bruselas a Grecia. Andalucía (por defender otra política y no sólo recortes), Cataluña y Comunidad Valenciana están bajo vigilancia del Gobierno, como 2.000 Ayuntamientos que no han presentado planes de ajuste.
enrique ortega
El mayor bloque de facturas impagadas lo han presentado las autonomías, todas salvo Galicia, País Vasco y Navarra (que tienen pocas): 3.918.986 facturas, de unas 360.000 empresas, por un importe total de 17.255 millones de euros. La cuarta parte del importe son de la Comunidad Valenciana (4.205 millones en 578.000 facturas), aunque en número lidera el ranking Andalucía (772.758 facturas, por 2.763 millones). Les siguen Castilla la Mancha (2.510 millones), Cataluña (1.984), Madrid (1.279), Murcia (1.173) y Castilla y León (1.066 millones).

Los Ayuntamientos tenían muchas más facturas, pero sólo han presentado 1.931.976 (algunas en pesetas, anteriores a 2001), de 180.000 empresas (dos tercios pymes y autónomos), por 9.584 millones (se esperaban 17.000 millones), de 4.900 Ayuntamientos (hay 8.114). Por importes, Madrid lidera el ranking (1.017 millones), seguido de Jerez (400), Jaén (300), Valencia (190), Zaragoza (160), León (161) y Huelva (150), no estando Barcelona.

En ambos casos, las facturas se van a pagar gracias a un crédito que conceden a autonomías y Ayuntamientos la mayoría de bancos, cajas y el ICO (crédito oficial), a 10 años (aunque el Tesoro adelantará el pago a las entidades a los 5 años), al 5 % de interés. Las facturas se empezarán a pagar a finales de mayo, sin abono de intereses de demora. En las autonómicas tendrán prioridad las de empresas que hagan descuentos (quitas), las que se hayan exigido ante los tribunales y las más antiguas. En las municipales, pueden hacerse quitas, pero la prioridad la tienen las facturas más antiguas, las de pymes y autónomos y las reclamadas en los tribunales.

En total, 26.389 millones que se pagarán de aquí al verano a medio millón de empresas. Será la primera inyección de liquidez tras dos años de recortes. Pero una parte del dinero irá a tapar agujeros: pagar deudas bancarias, a Hacienda (IVA y Sociedades) y a la Seguridad Social y proveedores. Y poco irá a inversión y empleo, ya que no hay apenas ventas. Además, se teme que haya un importante volumen de facturas sin aflorar: otros 35.000 millones, sobre todo en Ayuntamientos.

Este Plan para ayudar a autonomías y Ayuntamientos a pagar facturas tiene su contrapartida: han tenido que presentar a Hacienda unos duros Planes de ajuste, para asegurar que podrán devolver estos créditos (la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tendrá que devolver, 4.205 millones más 1.200 en intereses, una cuota anual de 540 millones los próximos 10 años) : previsión de ingresos y gastos, subida de tarifas, gastos de personal… De momento, el Gobierno ha rechazado los planes de Andalucía y Cataluña (porque contemplaban ingresos del Estado que no tendrán) y hay 2.000 Ayuntamientos que no han presentado Planes de ajuste con las facturas.

Las que tendrán que hacer un mayor esfuerzo son las autonomías: para que España cumpla con el déficit impuesto por Bruselas han de recortar 15.545 millones este año (para bajar su déficit al 1,5% del PIB), mientras los Ayuntamientos sólo han de recortar 1.064 millones. Y el recorte más duro habrán de hacerlo las cuatro autonomías con más déficit: Cataluña (-4.335 millones), Andalucía (-2.460 millones), Comunidad Valenciana (-2.217) y Castilla la Mancha (-2.034 millones), aunque el esfuerzo será también duro en relación a sus cuentas para Murcia (-765 millones), Baleares (-658), Extremadura (-544) y Cantabria (-342).

En unos días, el Gobierno dirá a autonomías y Ayuntamientos si aprueba sus nuevos Presupuestos 2012, que han de contemplar nuevos recortes en sanidad y educación (al amparo de lo aprobado por el Gobierno) y reducción de personal interino y contratado (se temen 300.000 despidos). Y si no les convencen, les podrá aplicar la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, con este calendario: en mayo, apercibimiento y obligación de establecer un depósito en el Banco de España del 0,2 % del PIB regional (391 millones para Cataluña, 286 para Andalucía o 203 para Valencia). En tres meses más, si no han corregido sus cuentas, pago de intereses por esa cuenta (multa) y  posible retención de transferencias del Estado. Y a los 6 meses, en noviembre 2012, Hacienda podría intervenir a la autonomía indisciplinada, mandarle a sus técnicos, como Bruselas con Grecia.

Y lo mismo con los Ayuntamientos, a los que se exige, además de un Plan de ajuste, el envío trimestral de sus cuentas (un tercio no han presentado todavía sus cuentas de 2010 y una cuarta parte siguen sin presentar los balances de hace cuatro años), que Hacienda va a revisar con la ayuda de auditores privados. El Gobierno estima uno de cada cuatro Ayuntamientos tendrá que ser intervenido y retenidos sus fondos, destituyendo incluso a alcaldes por mala gestión. Y que habrá que fusionar o cerrar unos 4.000, porque son económicamente inviables.

Al final, hay que poner orden en las cuentas de autonomías y Ayuntamientos. Nadie lo discute. El problema es que el Gobierno utilice la Ley de Estabilidad para atacar e intervenir a Andalucía (por buscar otra política económica, no sólo recortes) o a Cataluña (por defender su autonomía de gestión) y no la Comunidad Valenciana o Castilla la Mancha, sus dos comunidades en peor situación. No repitamos el error de Bruselas con Grecia: controlar autonomías y Ayuntamientos si, acogotarles  y hundirles con recortes imposibles, no. Porque sólo conseguirán hundirles más. Y hundir más al país.