lunes, 26 de febrero de 2018

Obsolescencia: fabricar para que se rompa


Hace años que algunos denuncian que muchas empresas fabrican productos para que se rompan al cabo de unos años y así poder vendernos otros nuevos. Es lo que se llama “obsolescencia programada”. Pero a la mayoría no le ha preocupado mucho, hasta que ha afectado a los “sacrosantos” móviles, cuando se ha detectado que Apple reduce adrede la potencia de sus iPhone con el paso del tiempo. Entonces ha saltado la denuncia en Francia y la Comisión Europea promete investigar, aunque hasta ahora no ha querido aprobar una Directiva contra la obsolescencia, que nos cuesta 60.000 euros a cada consumidor y multiplica los residuos, sobre todo de artículos electrónicos. Es hora de aprobar normas para prohibir esta mala práctica, que es “un engaño organizado” y nos hace consumir más. Hay que fomentar la reparación de aparatos frente a las modas de “ir a la última” y “cambiar por cambiar”. Alarguemos la vida de las cosas. No a la cultura del “usar y tirar”.
 
enrique ortega

La “obsolescencia programada” es una estrategia empresarial por la que el fabricante de un producto o una máquina planifica su vida útil, fabricándola de tal manera que tenga fecha de caducidad, que no dure más de un tiempo o unos usos determinados, gracias a un chip o un software que se instala para ello. Y al cabo de ese tiempo, que a veces coincide con la garantía (2-5 años), el aparato se estropea. Y si el consumidor intenta arreglarlo, se encuentra con que no hay ya piezas o que resulta casi más costoso repararlo que comprar uno nuevo. Y en consecuencia, el aparato va a la basura y compramos otro, muchas veces peor y más caro.

El origen de esta “práctica empresarial” se remonta a 1924, cuando los fabricantes de bombillas de EEUU y Europa (entre ellos General Electric y Phillips) alcanzaron un acuerdo para que ninguna bombilla durara más de 1.000 horas, frente a las 2.500 horas que solían tener de vida. Además de este “cartel” (llamado Phoebus), otros sectores empresariales (electrodomésticos, electrónica de consumo…) pactaron acuerdos similares y en los años 30, esta política, que favorecía el consumo, se vio como “una receta contra la Gran Depresión”. Ya en los años 50 y 60, el auge de la publicidad trajo consigo otro tipo de obsolescencia, la llamada “obsolescencia percibida”: fomentar en el consumidor un deseo de “poseer cosas nuevas”, de “comprar lo último”, desde ropa a electrodomésticos o coches, empujados por los fabricantes, dedicados a lanzar cada año “novedades” con mínimos cambios.

Hay múltiples ejemplos y pruebas de esta “obsolescencia programada”, como puede verse en el interesante documental  Comprar, tirar, comprar. Una “mala práctica” empresarial que tiene 3 graves consecuencias. La primera y más evidente, que nos hace gastar más, porque la lavadora, la impresora o el móvil duran menos de lo que deberían. En total, cada consumidor gasta a lo largo de su vida 60.000 euros de más por la obsolescencia programada, según estima la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (Feniss). La segunda, que dispara el consumo de energía y materias primas, en España y en el mundo, agotando progresivamente los recursos disponibles (finitos) y favoreciendo el Cambio Climático. Y la tercera, que la “obsolescencia programada” aumenta los residuos, sobre todo la “basura electrónica”, estimada ya en 65,4 millones de toneladas, según un estudio de UNU, la Universidad de la ONU. Y además, el 75% de esta basura electrónica generada por Occidente acaba en los vertederos de África y Asia: Ghana, por ejemplo, recibe 400.000 monitores de ordenador cada mes. Y no sólo crecen los vertederos sino la contaminación: un móvil tiene hasta 40 elementos contaminantes al desecharlo. Y un microondas contamina la atmósfera cientos de años.

Así que la “obsolescencia programada” es culpable de que gastemos más innecesariamente, de que agotemos y contaminemos el Planeta y de que lo sufra más el Tercer Mundo, no sólo porque trabajan mucho y mal pagado para fabricar nuestros móviles o TV sino que encima se los enviamos como basura peligrosa cuando ya no nos sirven.

¿Dónde se utiliza más la obsolescencia programada? Hay 10 aparatos vinculados a nuestra vida cotidiana que son los más afectados por estas “triquiñuelas empresariales”, según un estudio de Feniss: los móviles (la edad media de las baterías es de 20 meses, según un estudio del Centro Europeo del Consumidor), la lavadora (la duración media son 10 años o 2.500 lavados: el 80% incorporan cubetas de plástico que no duran más), el microondas (duran como máximo 9 años), el frigorífico (13 años de vida media), el horno (hasta 15 años, pero normalmente menos), los radiadores eléctricos (11 años de vida útil), el lavavajillas (entre 11 y 13 años de vida útil, menos si cuenta con un panel electrónico, porque suelen sufrir un cortocircuito), reproductor musical mp3 o iPod (funcionan entre 3 y 4 años), impresoras (las de tinta funcionan 3 años y las láser 10 años o más: utilizan un chip contador de copias y al llegar a un determinado número, dejan de funcionar…) y el ordenador personal (a los 3 años, la batería, el disco duro o las aplicaciones se han quedado obsoletas). Y no olvidemos la televisión (los actuales aparatos de plasma no duran más de 10 años, mientras los antiguos TV, con tubos catódicos, podían duran 15 años).

En todos los casos, cuando el aparato falla e intentamos repararlo, la respuesta es doble: o bien no hay ya piezas de repuesto o si las hay, hay que cambiar una buena parte del aparato (no hay despiece) y entre el material y la mano de obra del servicio de asistencia (oficial, el único que puede hacerlo) nos sale muy caro. “Le compensa más comprar uno nuevo”. Y así, llamamos para que el aparato vaya al desguace y compramos otro, más caro que el que teníamos y probablemente peor (“ya no se hacen estas lavadoras”, me comentaba hace poco un técnico). Y así, la obsolescencia programada tira del consumo y de la economía, pero también de nuestros bolsillos, de  los recursos escasos y de los residuos contaminantes.

Lo grave es que los consumidores estamos “indefensos” en manos de las marcas. Según un estudio de Greenpeace e iFixit sobre 17 grandes marcas, Apple, Samsung y Microsoft, tan presentes en nuestras vidas, son las empresas con artículos electrónicos que tienen un “índice de reparabilidadmás bajo en sus móviles, tabletas y portátiles. El escándalo ha saltado ahora con Apple, que en diciembre 2017 se vio obligada a reconocer que reduce adrede la potencia de sus iPhone con el paso del tiempo: sus terminales iPhone 6,6s, SE y 7 tienen instalado un algoritmo que ralentiza su rendimiento cuando el procesador alcanza picos de potencia para evitar que el teléfono se apague de manera repentina. Y, según Feniss, todos los fabricantes de móviles practican la “obsolescencia programada”.

A raíz de este problema, se ha abierto una investigación en Francia, mientras la Comisión Europea “se apunta al tema”, aunque recuerda que son los países los que deben vigilar estas prácticas. Ya antes, en septiembre de 2017, se produjo en Francia la primera denuncia por “obsolescencia programada”, presentada por la asociación HOP (siglas de “alto a la obsolescencia programada”, en francés) contra las multinacionales HP, Canon, Brother y Epson, sobre la base de un informe que demostraba dos fraudes: uno, que al cabo de determinado número de copias (controladas por un chip instalado), las impresoras dejan de funcionar; y el otro, que las máquinas envían información errónea señalando que se ha acabado el cartucho (y la impresora deja de funcionar), cuando en realidad todavía queda tinta (más cara que el Chanel nº 5: a más de 2.000 euros el litro de tinta). Y encima, los fabricantes instalan un software para que no se puedan usar más cartuchos que los de la marca.

En Francia se han podido presentar estas denuncias, ahora contra Apple por el iPhone y antes contra los fabricantes de impresoras, porque es el único país europeo que ha aprobado una Ley contra la obsolescencia programada, la Ley Hamon de 17 de marzo de 2014. Quienes infrinjan esta Ley pueden ser castigados con 2 años de cárcel y multas de hasta 300.000 euros, más sanciones de hasta un 3% de las ventas. Pero otros países no han seguido el ejemplo francés, aunque el Parlamento europeo aprobó por abrumadora mayoría (662 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones), en julio de 2017, un informe que pedía a la Comisión Europea un nuevo marco normativo donde se definiera “un periodo razonable de uso” para los productos. Pero Bruselas no ha aprobado ninguna normativa contra la “obsolescencia programada”, salvo preparar un Plan para promover la "economía circular" donde defiende “el reciclado y la reparación”. Pero no se atreve contra las “artimañas” de las poderosas multinacionales, claramente demostradas en impresoras y móviles.

En España, la Comisión del Congreso para el Estudio del Cambio Climático aprobó por unanimidad, en marzo de 2017, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a “poner en marcha acciones contra la obsolescencia programada  en el marco de la normativa europea” (aún inexistente). Y planteaba la necesidad de prohibirla, alargar garantías, favorecer la compra pública responsable y medidas efectivas para reducir los residuos, planteando la necesidad de apoyar a las empresas de reparación, reutilización y reciclaje de vehículos. Es un buen punto de partida pero hoy, un año después, no hay ninguna Ley y el proyecto está parado en la montaña de reformas paralizadas en el Parlamento.

Mientras, la “obsolescencia programada” sigue inutilizando aparatos cada día, a costa de nuestro bolsillo y el medio ambiente. Urge tomar medidas y la Fundación Feniss plantea en su web algunas de las más necesarias: aumentar los periodos de garantía (de 2 a 5 años), acabar con el monopolio de reparaciones por marcas (apoyando a los reparadores independientes), aumentar la disponibilidad de piezas de recambio a precios asequibles, bajar el IVA de las reparaciones (del 21% actual al 10%: para ello, la ONG "Amigos de la Tierra" ha lanzado la campaña “#semerecenUn10) y crear una etiqueta europea para “artículos fáciles de reparar. De momento, Feniss se ha anticipado y ofrece el sello ISOOP (innovación sostenible sin obsolescencia programada) a las empresas que tengan un comportamiento responsable. De momento, sólo le han concedido este sello sostenible a 15 empresas (ver listado), ninguna importante salvo Casio.

En paralelo, la Fundación Feniss hace varias recomendaciones a los consumidores, para que luchemos contra el “fraude de la obsolescencia programada” mientras los políticos aprueban alguna norma: no tirar y reparar lo que se estropea (la ONG Amigos de laTierra difunde un listado de tiendas de reparación multimarcas y Feniss da consejos online para aprender a reparar uno mismo), practicar un consumo responsable, comprar más artículos de segunda mano, reciclar lo que se pueda y compartir información sobre la “obsolescencia programada”, para que más gente esté informada cada día (difunda este blog).

Vivimos en un mundo de consumo imparable que se aproxima al colapso por falta de energía y materias primas a medio plazo y por el deterioro del medio ambiente. Por eso, cada vez se habla más de un “crecimiento sostenible”, un objetivo que pasa por acabar con prácticas fraudulentas como la “obsolescencia programada”, que ahora ha saltado con los móviles pero que rodea toda nuestra vida desde hace décadas. Hay que acabar con ella. Se puede y se debe fabricar y consumir de otra manera. No a la cultura de “usar y tirar”.

jueves, 22 de febrero de 2018

Poco gasto cultural, por educación y renta


La recuperación tampoco llega a la Cultura: el consumo cultural de las familias ha caído un tercio desde 2007, si contamos la inflación. Y el Estado, autonomías y ayuntamientos se gastan en cultura un 33% menos que antes de la crisis. El resultado es desolador: el 40% de españoles no leen nunca, el 60% no pisa un museo, el 77% no va al teatro, el 75% no asiste a un concierto y el 46% no va al cine. Eso sí, estamos enganchados al móvil y a Internet y somos los europeos que vemos más TV, tras Italia: 4 horas diarias. Los que no consumen cultura dicen que no es porque sea cara, sino porque “no tienen interés”. La clave es la educación más que la renta: los que más consumen cultura son los españoles con más estudios. Por eso, los expertos insisten en promover la cultura desde el colegio y gastar más desde la Administración. Porque un país más culto es también un país más próspero


enrique ortega

La crisis hizo caer drásticamente el consumo de los hogares españoles, al desplomarse sus ingresos, que ahora, con la recuperación, todavía son menores que antes de la crisis: 28.200 euros por familia en 2016, aún por debajo de los 32.000 euros de 2007, según el INE. Una caída del 11,8% en el gasto, que no se ha repartido por igual, sino que ha habido partidas donde las familias han restringido más su gasto. Entre ellas, el gasto en cultura: si el récord se dio en 2007, con 374 euros por español, bajó hasta un mínimo de 260,10 euros en 2014, se mantuvo en 2015 y subió hasta 306,70 euros de gasto cultural en 2016 (último año con datos oficiales), una caída del 18,12%, que sitúa el gasto en cultura de los españoles al nivel de 2011. Y si tenemos en cuenta la inflación de estos años (+14,5% entre 2007 y 2016), resulta que el gasto real de los españoles en cultura ha caído casi un 33% en estos diez años.

Pero además, este es un dato “engañoso”. Porque el INE, en la Encuesta de Presupuestos Familiares, incluye en consumo cultural gastos que poco tienen que ver con la cultura. Así, en 2016, casi la mitad de ese “gasto cultural” (el 48%) es gasto en equipos audiovisuales, ordenadores y tabletas, móviles y cuotas de teléfono e Internet, en total 147,18 euros anuales por persona. Otro 22,2% son libros y publicaciones, pero aquí se incluye el gasto en libros de texto, periódicos y revistas, con lo que el gasto en libros no de texto es de 24,30 euros al año por español. Y entrando en lo que se puede considerar “cultura cultura”, quedan dos partidas de gasto: 38,10 euros al año por persona en cine, teatro y otros espectáculos culturales y 3,82 euros anuales en museos, bibliotecas, parques y similares.

En total, 42 euros al año por persona en gastos claramente culturales. El doble de lo que nos gastamos en comprar agua mineral (23,5 euros) o cerveza (27,62 euros), la tercera parte del gasto en fumar (124 euros), menos que lo que gastamos en juegos de azar (60.67 euros) y la séptima parte de lo que gastamos en comer o cenar en restaurantes (281,80 euros anuales), según la Encuesta de Presupuestos Familias del INE (2016). Penoso.

Con este gasto cultural tan bajo, no deberían extrañarnos los datos de hábitos culturales de los españoles, publicados por el INE y el Ministerio de Educación y Cultura que, año tras año, revelan que “pasamos” de la cultura. Vean si no: en el último año (2015, últimos datos oficiales), sólo un 39,4% de españoles fueron a un museo, un 42,8% visitaron un monumento, un 25,6% fueron a una biblioteca, un 62% leyeron, un 23,2% fueron al teatro, un 2,6% a la ópera, un 7% al ballet, un 8,6% a conciertos de música clásica, un 24,5% a un concierto de música actual y un 54% al cine… En todos los casos, curiosamente, acuden más a actos culturales los jóvenes y personas de mediana edad, más las mujeres que los hombres. Y en todas los actividades culturales, la asistencia es mayor en las autonomías más ricas (Madrid, Navarra y País Vasco, más la excepción de Asturias) y entre los que tienen un mayor nivel de estudios. Y consumen también más cultura los que trabajan que los parados y jubilados, sobre todo los que ganan más de 2.000 euros y viven en grandes ciudades.

Un inciso sobre la lectura, al hilo del recientemente publicado Barómetro de la lectura 2017. Ahí se indica que un 65,8% de españoles han leído un libro en el último trimestre, pero hay que restar un 6% que sólo leen por trabajo, con lo que queda un 59,8% de españoles “lectores (que han leído un libro en los últimos 3 meses). O sea que, un 40% de españoles no lee, frente a un 30% de no lectores en Europa. Si contamos los que han leído un libro la última semana, bajamos al 47,7% de los españoles. Y lo peor: han bajado los que leen diariamente o casi todos los días: si en 2012 eran el 31,2%, ahora son el 29,9%. Y aunque globalmente hay más lectores, se compran menos libros (de 10,9 a 9,4 de media). Y ha caído también el préstamo de libros en las bibliotecas, que sólo pisan el 25,6% de españoles. Otra vez, los más lectores son los jóvenes menores de 25 años y las mujeres. Y algo muy llamativo: cuando se pregunta por qué no leen, los españoles contestan que por falta de tiempo (47,7%) y porque “no le gusta/no le interesa leer” (35,1%) o prefiere hacer otras cosas (18,7%). Sólo un 0,7% de los encuestados dice que no lee “porque los libros son caros”.

Los españoles no van a museos, a bibliotecas, a conciertos, al teatro o al cine, pero pasan muchas horas diarias enganchados al móvil y a Internet. Y ahí, acceden a otro tipo de “cultura online”, aunque la mayor parte del tiempo están subiendo fotos (71,6%), viendo aplicaciones (67,23%), leyendo prensa digital (66,2%) más que viendo contenidos audiovisuales(películas, series, vídeos y música, el 59,5%), libros electrónicos (23,5% internautas), videojuegos (23,3%), cursos de formación (20,3%) o generando contenidos (19,8%), según la última encuesta 2017 del Observatorio de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI). Eso sí, la mayoría de estos contenidos no los pagan: el 80% de las películas que ven, el 89% de la música, el 89,4 % de los libros electrónicos, el 91% de los videojuegos y el 92,4% de la formación. Cada día hay más piratería.

Y además de al móvil y a Internet, los españoles están enganchados a la televisión: 240 minutos de media (4 horas diarias), según  el balance 2017 de Barlovento TV, lo que nos convierte en el segundo país europeo que más ve la tele, tras Italia (4 horas y 45 minutos), según el informe IHD Markit 2016. Es la tercera actividad a la que dedicamos más tiempo al año (2 meses), sólo por detrás de dormir y trabajar o estudiar. Y lo más llamativo es que el 73,4% de españoles mayores de 4 años ve la TV cada día: eso son 32,7 millones de españoles de audiencia media diaria.

La mezcla de menos consumo cultural y más piratería ha hundido a las empresas culturales, una industria que facturó 27.030 millones en 2015 (el 2,5% del PIB), 4.223 millones menos que en 2008, según las cuentas de Cultura. Por el camino han aumentado las empresas (hay 114.099, 2.500 más que en 2008) pero se han perdido 46.500 empleos (había 544.700 empleos en la industria cultural española en 2016, un 3% del empleo total).

Las Administraciones públicas no han ayudado a la cultura en estos años de crisis, sino que han hecho recortes muy drásticos que han agravado la situación. Así, si en 2008, el gasto público en Cultura era de 7.111 millones de euros, cayó a 5.779,2 millones en 2011 y a 4.770,6 millones en 2015, último año con datos oficiales. Eso supone una caída del gasto público en Cultura del -33%, la mayor  por detrás de Grecia (-40%) en Europa, donde el gasto cultural cayó de media un 2% durante la crisis, aunque subió en Francia y Alemania. Con los últimos datos disponibles (2014), España es uno de los países con menos gasto público en cultura: 91,74 euros por habitante frente a 113,54 euros en la UE-28 o los 123,74 euros en la zona euro. Y muy alejados del gasto público en Cultura de la Europa del norte (256 euros/habitante en Dinamarca, 200 euros en Suecia o 162 euros en Finlandia). Y en 2015, este gasto público cultural suponía el 0,4% del PIB en España, más que Reino Unido (0,3%), igual que en Alemania o Italia y menos que en Francia (0,7%) o Suecia (0,5% del PIB).

El menor recorte en Cultura lo han hecho los Ayuntamientos, aunque al ingresar menos por el “ladrillo” también gastan ahora menos en actos culturales: de gastar 3.907 millones en 2008 han pasado a gastar 2.654 millones en 2015 (-32%), según los datos del Ministerio de Cultura. Pero esta cifra es engañosa: la mayor partida de “gasto cultural” de los Ayuntamientos (611,5 millones en 2015) es para “fiestas populares y festejos”. O sea que destinan a encierros y verbenas más del doble de lo que gastan en bibliotecas (307,3 millones) y museos (372 millones)… El mayor recorte en Cultura (-49%) lo han hecho las autonomías (de 2.129 millones en 2008 a 1.080,93 en 2015), donde las que más gastan son Navarra (51,5 euros por habitante), País Vasco (49,6) y Extremadura (43 euros) y las que menos Canarias (7,3 euros por habitante), Aragón (12,5) y Madrid (12,8). Y el Estado central ha pasado de gastar 1.075 millones (2008) en Cultura a 672 millones en 2015 (-37,4%).

Bueno, el panorama parece claro: somos un país poco interesado en la Cultura y las autoridades ayudan cada año menos. Algunos piden bajar el IVA y el coste de la cultura, pero no parece que esté ahí el problema. Cuando se pregunta a los españoles, en la Encuesta de hábitos culturales 2016, por qué no van al teatro, a los conciertos, a las bibliotecas, a los museos o al cine, la respuesta mayoritaria es que “no tienen interés”. Y la segunda, la falta de tiempo. Sólo en el cine, la respuesta más utilizada (28,9% de los encuestados) es “porque es muy caro”. Son unas respuestas muy evidentes.

Ahondando en esta razón primordial, la “falta de interés”, un reciente estudio del Observatorio de la Caixa revela que la clave para el consumo cultural no es el precio sino la educación. Profundizando en los datos del INE, el estudio revela que, para cualquier nivel de renta, son los individuos con más nivel de estudios los que asisten con más frecuencia a actividades culturales. Así, en los museos o bibliotecas, los que tienen sólo formación primaria acuden un 13,2%, los que tienen secundaria un 31,9% y los universitarios un 59,7%. Lo mismo en la asistencia a espectáculos, desde conciertos al teatro: 12,18%, 31,18% y 55,76% entre los universitarios. E incluso entre los que van al cine: acuden un 12,5% de los que tienen sólo educación primaria y el 68,41% de universitarios. En definitiva, señala el estudio, la renta cuenta para consumir más o menos cultura, pero cuenta mucho más el nivel educativo que tengan las personas. Es el factor más relevante para gastar en Cultura.

Estas conclusiones son decisivas para plantearse cómo aumentar la Cultura de los españoles: la clave es mejorar su formación. Promover el interés por la cultura desde la infancia, en el Colegio, el Instituto y la Universidad, con ayuda de las familias y educadores. Hacen falta planes para fomentar la lectura, el teatro, la música, la danza y el cine en la enseñanza, con ayuda de los medios públicos de comunicación (no hay programas de teatro ni de libros en TVE ni en las cadenas públicas autonómicas). Y en paralelo, aumentar los recursos públicos para fomentar la Cultura, sobre todo en los barrios y pueblos, trasvasando el dinero de festejos populares a "cultura de verdad" (algo a lo que no se atreven los alcaldes).

Otra vía de promoción de la Cultura es recabar apoyo de las empresas, con una Ley de Mecenazgo (prometida para 2013 y que ahora el Gobierno anuncia para antes de 2020) que facilite fiscalmente las inversiones culturales de empresas y particulares (como hace muy bien Francia). Y luchar más eficazmente contra la piratería (que afecta al 87% de los contenidos), mientras se aprueba un Estatuto del artista y creador, para estabilizar su trabajo (el 30% no tienen un sueldo fijo y sus ingresos son muy precarios). Y una mayor coordinación cultural entre el Estado, las autonomías y ayuntamientos, porque cada uno “va a su aire”.

También se puede pensar en bajar el IVA a la Cultura (que Rajoy subió en 2012 del 8% al 21%), porque es más alto en España que en la mayoría de Europa (5,5% en Francia, 7% en Alemania, 9% en Irlanda, Grecia y Finlandia, 12% en Italia, 13% en Portugal o 20% en Reino Unido). Pero ojo: recordemos que el precio no es la razón de que haya poco consumo cultural (salvo en el cine) y que bajar el IVA a todos beneficia más a los que más ganan, que son los que suelen tener más formación y más cultura consumen. Quizás sería mejor dedicar lo que íbamos a gastar en bajar el IVA cultural a fomentar la cultura en la educación. Y sobre todo, a fomentar la cultura online, con mejores contenidos, entre las generaciones jóvenes

Algo habrá que hacer, porque la caída del gasto en Cultura es un mal indicativo para todo y también para la economía: un país culto es un país más eficiente y con mejor nivel de vida. Debería intentarse un gran Pacto por la Cultura, entre el Estado, autonomías, Ayuntamientos, empresas, centros de enseñanza, telecos y empresas de Internet, políticos y familias, con más recursos públicos y con un Plan de acción a medio plazo. La Cultura es clave para mejorar nuestra vida.

lunes, 19 de febrero de 2018

Recuperación desigual e insuficiente


La economía sigue creciendo, aunque menos que en 2017, porque se han desinflado el consumo y las exportaciones. Estamos en el 5º año de una recuperación muy desigual: el 70% de españoles tiene menos ingresos que antes de la crisis y España es uno de los 6 países europeos donde los hogares  tienen menos renta que en 2008, mientras 1 de cada 3 familias pasa apuros financieros, según la Comisión Europea. Crecemos, pero hay menos gente trabajando y más paro que en 2007. Y más pobreza y desigualdad: en el último año, el 29% del crecimiento se lo han llevado el 10% más rico, mientras el 50% de españoles se llevaba el 7%. Así pasa: el 70% de españoles dicen que no notan la recuperación. Y el crecimiento no sirve para resolver los problemas de siempre: alto déficit, mucha deuda, poca productividad, menos empleo, doble paro  y menor renta que Europa. Aprovechen la recuperación para mejorar la economía y la vida de los españoles, no hagan triunfalismos engañosos.


enrique ortega

Confirmado por el INE hace tres semanas: España creció un 3,1% en 2017, el cuarto año de la recuperación, aunque el crecimiento es algo menor al de 2016 (+3,3%) y 2015 (+3,4%) pero superior al de 2014 (+1,4%) y deja atrás 5 años de dura crisis (2009-2013, con una caída del PIB del -9,39%). Rajoy y su Gobierno presumen cada día de esta recuperación, reiterando que somos “uno de los países europeos que más crece”, algo que no es verdad: en 2017, 11 de los 19 países del euro crecieron más que España, entre ellos Irlanda (+7,3%), Finlandia (+3,3%), Holanda (+3,2%), Luxemburgo (+3,4%), Malta (+6,9%) y muchos países del Este. Y además, España va a crecer este año menos, un 2,6% según la Comisión Europea, con lo que no recupera el dinamismo de antes de la crisis, cuando crecíamos casi al 4% (+3,8% en 2007, +4,2% en 2006 y +3,7% en 2005). Así que mejor, pero todavía despacio.

Y además, esta recuperación es aún insuficiente para crear el empleo que necesitamos. Entre 2014 y 2017, el crecimiento ha permitido a España crear 1.863.200 nuevos empleos, pero todavía faltan casi 2 millones más para recuperar los 3.802.800 empleos perdidos desde 2007. En estos también vamos rezagados con Europa, porque la UE-28 recuperó el empleo de antes de la crisis en 2015 y los países euro en 2016, siendo España, Grecia y Portugal los únicos grandes países donde trabaja menos gente que en 2007, según Eurostat. Además, el crecimiento ha traído consigo un empleo muy precario, al amparo de una reforma laboral que acaba de cumplir 6 años (ver balance) : sólo el 5% de los nuevos empleos creados es fijo y a tiempo completo, mientras España se ha convertido en el país europeo con más empleo temporal (lo tienen el 27,5% de los trabajadores) y también el líder en personas que trabajan menos horas de las que querrían (el 60% de los que trabajan a tiempo parcial, frente al 27,5% en Europa, según la OIT).

El crecimiento no ha traído empleo estable ni tampoco sueldos decentes. Es más, son peores que antes de la crisis (el sueldo por hora cayó un 7,6% entre 2008 y 2015), porque los nuevos contratados cobran menos. Y así, los trabajadores han perdido un 7% de poder adquisitivo entre 2008 y 2017, según los sindicatos, mientras un tercio de los asalariados (el 32,75%, 4.380.000 trabajadores) ganan el salario mínimo o menos, según los datos de la  Agencia Tributaria (2016). A nivel global, los salarios han caído desde la crisis, a pesar de la recuperación (-26.900 millones entre 2008 y 2016) mientras en paralelo salían ganando las empresas, con un aumento de los beneficios empresariales de +5.900 millones (entre 2008 y 2016).

El crecimiento y la creación de empleo han permitido bajar las cifras de paro, pero todavía tenemos casi el doble de parados que antes de la crisis: 3.766.700 parados a finales de 2017 (EPA), frente a 1.927.600 a finales de 2007. Y no sólo somos el 2º país de Europa con más paro (17,7% de media en 2017), sólo por detrás de Grecia (22%), más del doble que Europa (8,1% UE-28) y cuatro veces el de Alemania (4,1%), sino que somos uno de los pocos países que tenemos hoy una tasa de paro (16,55% en diciembre 2017) doble que antes de la crisis (8,60% en diciembre 2007), cuando Europa está casi igual (7.7% frente a 7,2% en 2007) y muchos países europeos tienen ya menos paro que en 2007: Alemania (3,8% frente a 8,5%), Reino Unido (4,4% frente a 5,8%), Portugal (8,6 frente a 9,1%) o Polonia (4,9% frente a 9,6%), así como EEUU (4,4% frente a 4,6%) o Japón (2,8% frente a 3,8%), con la excepción de Francia, Italia e Irlanda, que también tienen más paro que en 2007.

Así que la “cacareada” recuperación no permite todavía recuperar el empleo y el paro de antes de la crisis y queda mucho todavía. Pero además, lo más grave es que la recuperación no ha servido para que las familias recuperen su nivel de vida de 2007. De hecho, la renta disponible de los hogares está ahora por debajo de la de 2008, en España y en cinco países europeos más (Grecia, Portugal, Italia, Holanda y Croacia), según un informe de la Comisión Europea de la semana pasada, que también revela otro dato preocupante: una de cada tres familias españolas pasa hoy por “apuros financieros” y ese porcentaje es mayor que en 2007 sólo en tres países europeos: España, Grecia y Francia.

Así que muchos españoles (y europeos) viven hoy peor que en 2007, a pesar de la publicitada recuperación: un 70% de la población tiene  menos ingresos que en 2007, según otro estudio de Intermón Oxfam presentado en la última Cumbre de Davos, con datos de 2016. Y eso se debe a que el crecimiento “ha ido por barrios”, ha beneficiado más a unos que a otros. Así, en el último año, el 1% más rico de españoles captó el 40% de la riqueza creada, mientras el 50% más pobre captó el 7% del crecimiento. Un reparto desigual de la recuperación que ha agravado la desigualdad durante la crisis, convirtiendo a España en el tercer país con más desigualdad de Europa, detrás de Rumanía y Bulgaria. El dato presentado en Davos por Intermón Oxfam es impresionante: el 10% más rico de españoles concentran más de la mitad de la riqueza (el 53,8%) y el 90% restante se lleva el 46,2% del pastel. Una desigualdad, que, además, se ha agravado entre 2007 y 2016, a pesar de la recuperación.

Y la recuperación tampoco ha servido para reducir la pobreza, que ha aumentado en España desde 2007, para alcanzar un récord histórico: hay 12.989.405 españoles en riesgo de pobreza o exclusión social, según la última estadística europea de Eurostat (2016), 1.242.000 más de los que tenían una situación precaria en 2008, según la Agencia Europea contra la pobreza (EARP). Con ello, España se coloca como el 7º país europeo con más pobreza (tasa AROPE) en 2016, con un 27,9% de la población en situación vulnerable, por encima de la UE-28 (23,5%) y sólo por detrás de Bulgaria (40%), Rumanía (38,8%), Grecia (35,6%), Lituania (30,1%), Italia (30%) y Letonia (28,5%), según Eurostat.     

Después de ver estos datos, no resulta extraño que un 70% de españoles digan que “no notan la recuperación publicitada por Rajoy, según una Encuesta incluida en el Informe FOESSA “Desprotección Social y Estrategias Familiares 2017”, encargado por Caritas. Y al preguntar a los hogares en riesgo de pobreza (ingresan menos del 60% de la renta media, menos de 17.238 euros anuales para una familia con 2 hijos), el 91% dicen que no notan la recuperación. Esta esla verdadera realidad”, no sólo lo que crece el PIB. Porque si España ocupa el puesto 23 en PIB por habitante (hay 22 países que producen por persona más que España), quedamos todavía peor en el ranking de “crecimiento inclusivo, que se ha empezado a manejar este año en la Cumbre de Davos: pasamos al puesto 26 de 29 países, sólo por delante de Italia, Portugal y Grecia. En contra de España juegan la elevada tasa de paro y de pobreza, la desigualdad, la baja tasa de ahorro y la elevada deuda pública, que nos hacen  estar a la cola del “crecimiento inclusivo”, un índice más revelador que el simple crecimiento del PIB que tanto difunden el Gobierno y sus “voceros”.

En definitiva, crecemos pero no todos lo disfrutan igual y es insuficiente para crear el empleo que nos hace falta y corregir la pobreza y la desigualdad. Pero además, la recuperación no resuelve otros problemas económicos serios que tiene España. ¿Cuáles? Para encontrarlos, basta compararnos con Europa, a partir de las últimas estadísticas de la Comisión Europea. Veamos. La inflación ha subido con la recuperación: de caer los precios entre 2014(-0,2%) y 2016 (-0,3) hemos pasado a una fuerte inflación en 2017 (2% de media). Y eso es malo, porque recorta el consumo de las familias, pero además dificulta exportar, porque los precios han subido más en España que en la zona euro (1,5%) y somos el 7º países euro con la inflación más alta. Esto y el euro fuerte debilitan uno de los puntos fuertes del balance: el crecimiento de las exportaciones, el superávit exterior que tenemos desde 2012 (aunque también hay 8 países euro con mejor balanza exterior que España).

Y luego está nuestra elevada deuda pública, que ha batido en 2017 un récord históricomás de un billón de euros (1.144.629 millones), el 98,08% del PIB, lo que nos convierte en el 6º país europeo más endeudado, solo por detrás de Grecia (177%), Italia (133%), Portugal (129%), Bélgica (106%) y Chipre (103%). Un dato más preocupante ahora que van a subir los tipos de interés, porque el Estado y las autonomías tendrán que pagar más para financiar esta deuda. Otro problema de fondo es el déficit público: Rajoy puede conseguir en 2017 cumplir por primera vez el objetivo y bajarlo al 3,5% del PIB, como estima Bruselas. Pero aún así, España es el país con más déficit público de Europa. Un problema que no se debe a que gastemos mucho (el gasto público es inferior a la media UE) sino a que ingresamos mucho menos: en 2018, está previsto recaudar un 38% del PIB en España mientras la media europea (UE-27) recaudará el 44,6% del PIB, según Bruselas. Traducido, eso significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda podría ingresar 72.000 millones de euros más al año.

Así que crecemos pero tenemos el doble de paro, más inflación, más deuda y mucho más déficit, a pesar de la recuperación. Y es que el dato del PIB no puede hacernos olvidar los problemas de fondo de la economía española, que nos hacen tener más inflación (por la menor competencia, los intermediarios y la menor competitividad que obliga a tener precios más altos), más déficit y más deuda pública. Y hay otros problemas más, como la baja productividad, que no ha mejorado con la recuperación: somos el país nº 34 en el ranking mundial de competitividad 2017 elaborado por el Foro Económico Mundial y el 18º de Europa. Y eso porque la productividad no depende del crecimiento sino de otros factores: el modelo económico (tenemos muchos servicios y poca industria), la tecnología (producimos con poca tecnología y poco valor añadido), el tamaño de las empresas (tenemos muchas pymes y pocas grandes empresas, las más productivas), la escasa ayuda de la inversión pública (ha caído a niveles de hace 50 años) y, sobre todo, la baja formación de los españoles (en 2016, el 41,7% tenían una formación baja, sólo tenían la ESO o ni siquiera, frente al 22% de adultos de la OCDE y al 20% de adultos europeos o el 15% en Alemania, según la OCDE).

Habría que aprovechar la recuperación para corregir todos estos problemas y mejorar así la productividad y el empleo, nuestro “primer problema”, según la opinión de los españoles. Aprovechar el crecimiento para recaudar más (reduciendo el fraude fiscal y haciendo que paguen más las grandes empresas, multinacionales y los más ricos) y con esos mayores recursos (podrían conseguirse 40.000 millones extras), afrontar los grandes problemas del país: un Plan de empleo, una mayor financiación de las pensiones, un Plan de choque contra la pobreza, unos mayores recursos para la sanidad, la educación y la dependencia, un apoyo decidido a la Ciencia, la tecnología y la digitalización de la economía y un programa de inversiones públicas necesarias, sin olvidar medidas para reindustrializar el país, aumentar el tamaño y la internacionalización de las empresas y mejorar la productividad de la economía.

Son muchos retos, pero hay que aprovechar los años de crecimiento para afrontar las reformas de fondo y modernizar la economía, reduciendo las desigualdades, para que la mayoría de los españoles noten la recuperación. Hay que dejarse de “triunfalismos” y aprovechar los años de “vacas gordas” para reforzar los cimientos y resolver problemas de fondo que nos colocan en el “vagón de cola de Europa” en empleo, competitividad, renta, pobreza y desigualdad. Si no lo hacemos y nos perdemos en debates inútiles, los problemas seguirán ahí, y volveremos a sufrir más que los demás países la próxima crisis. Que llegará, antes o después. Seguro. Es pura historia.

jueves, 15 de febrero de 2018

El miedo acelera las jubilaciones


En 2017 se jubilaron cada día 848 españoles, la 2ª cifra más alta de la historia, tras el récord de 2013, el año de la reforma (recortes) de Rajoy. En ambos años, el miedo al futuro de las pensiones disparó las jubilaciones anticipadas, aunque se pierda dinero. Y en  2018 puede batirse otro récord de jubilaciones, porque en enero de 2019 entran en vigor dos cambios que van a recortar las nuevas pensiones, un 5% cada década. Así que muchos mayores optan por anticipar su jubilación y más si están en paro (casi un millón). Mientras, el Gobierno Rajoy miente con las pensiones (“no han perdido poder adquisitivo”/ “han mejorado las cuentas”) y lanza “globos sondas” (“tener en cuenta toda la vida laboral, quitando 5 años malos”) que esconden nuevos recortes. Y la oposición se empeña en un impuesto a la banca, insuficiente y poco eficaz. Todos han perdido un año sin aprobar medidas. Pero recuerden: si no deciden aumentar ingresos, lo demás que propongan serán más recortes. Que no les engañen.

enrique ortega


La mayoría de españoles con más de 50 años están muy preocupados por su pensión y por eso, en cuanto pueden, se jubilan sin esperar a cumplir  los 65 años aunque pierdan dinero por anticipar su retiro. Es lo que ha pasado en 2017: hubo 309.709 nuevas jubilaciones, 848 al día, la segunda cifra más alta de la historia tras las jubilaciones de 2013 (314.204), un récord provocado por la reforma de las pensiones (recortes) aprobada por el Gobierno Rajoy. El salto anterior en las jubilaciones se había dado en 2012 (308.400 jubilaciones desde las 286.143 de 2011), debido también a las reformas (recortes) aprobadas por Zapatero en 2011.

De las 308.400 jubilaciones de 2017, casi la mitad (133.602, el 43%) se produjeron con 64 años y menos, a pesar de que el año pasado, la edad oficial de jubilación era ya de 65 años y 6 meses. Una parte importante de las prejubilaciones fueron a los 61 años (56.518) y otras a los 63 (41.175) y 64 años (41.175). Con ello, la edad media de jubilación en España está en 62 años, por debajo de la media de los 35 países de la OCDE, que se jubilan de media a los 64,3 años. Así que nos jubilamos antes y como además vivimos más años que el resto de los occidentales (salvo Japón), pues aumenta más el gasto en pensiones.

Es indudable que el envejecimiento es una de las causas del récord de jubilaciones en 2017, pero todavía juegan más otros dos factores. Uno, el miedo, la preocupación por el futuro de las pensiones, que impulsa a jubilarse cuanto antes aunque se pierda dinero. Actualmente, todavía se puede uno jubilar a los 63 años si ha cotizado 35 años (o incluso a los 61, con 33 años cotizados, si uno viene de un ERE o un despido improcedente), aunque pierde un porcentaje de pensión por cada año que anticipe el retiro: le quitan entre el 8% y el 6,5% por año anticipado, según los años cotizados (ver la normativa). Pero muchos no lo dudan: prefieren jubilarse cuanto antes y perder un 14% de pensión que esperar y sufrir más recortes.

Sobre todo si esa espera le pilla al mayor en paro, el segundo factor que dispara las jubilaciones anticipadas. A finales de 2017, había en España 949.100 mayores de 50 años sin trabajo, según la EPA, más del triple que antes de la crisis (281.600 en 2007). Y de ellos, 170.400 parados tienen entre 60 y 64 años, el único grupo de parados que no ha notado la recuperación, sino que ha aumentado (eran 169.800 parados de 60 a 64 años en 2013). Así que si un mayor está en paro y la mitad encima no cobra desempleo, en cuanto puede se jubila: deja de pagar una cotización al mes y empieza a cobrar algo, aunque sea un 14% menos que si espera a los 65 años y 6 meses.

Así que ya entendemos por qué hay un récord de jubilaciones, sobre todo entre funcionarios (3 de cada 4 son prejubilaciones voluntarias). La cuestión es que el récord se va a superar este año 2018. Primero, porque sigue la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones, gracias a la inacción y los “globos sonda” de nuestros políticos. Pero sobre todo, porque el 1 de enero de 2019 se van a producir dos cambios, por la reforma de pensiones de Rajoy (2013), que van a recortar las nuevas pensiones a partir del año que viene. Así que los expertos se temen una avalancha de jubilaciones este año, para evitar esos recortes.

El primer recorte vendrá de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2019, del llamado “factor de sostenibilidad”: se vincularán las nuevas pensiones a la esperanza de vida de cada generación, que crece año tras año, con lo que la pensión inicial bajará año tras año (menos pensión durante más años). Este factor de sostenibilidad no está todavía fijado (el Gobierno espera a saber la cifra oficial de fallecimientos en 2017), pero los expertos del BBVA ya han determinado que supondrá un recorte del 0,5% en las nuevas pensiones de 2019: si la pensión media de jubilación es de 1.074 euros (2017), perderían 75 euros al año. Y así, año tras año, las nuevas de 2020, 2021 y siguientes. Los expertos estiman que las nuevas pensiones serán entre un 4 y un 6% más bajas en una década, para 2029. Así que cuanto más tarde se jubile uno, peor, lo que presiona a acelerar las jubilaciones estos años.

El otro factor que aumentará las jubilaciones en 2018 será que en enero de 2019 se endurecen las jubilaciones anticipadas, porque la reforma de Zapatero, que daba un plazo hasta 2024 para beneficiarse de las actuales condiciones ventajosas para prejubilarse, fue endurecida por Rajoy, que redujo ese plazo a enero de 2019. Así que todo el que esté pensando en jubilarse antes de los 65 años y se informe, aprovechará este año para hacerlo porque luego le exigirán más tiempo cotizado y peores condiciones.

Estos son recortes ciertos y a plazo fijo en las nuevas pensiones, pero hay más que sufrirán los futuros pensionistas y los actuales. Por un lado, los recortes derivados de la reforma Zapatero de 2011, básicamente dos: ampliar la edad de jubilación (de 65 a 67 años en 2027) y ampliar los periodos de cotización exigidos (de los 36 años y 6 meses actuales a 38 años y 6 meses en 2017). Y por otro, los recortes derivados de la reforma de Rajoy en 2013: revalorizar las pensiones sólo un 0,25% (probablemente hasta 2040) y fijar la pensión en función de la esperanza de vida (factor de sostenibilidad). Estos recortes ya están haciendo efecto: así, en 2017, la pensión inicial fue de 1.318 euros, un 1% inferior a la de 2016. Y así será cada año: caerá el importe de las nuevas pensiones. La consecuencia será que los españoles que se jubilen en 2050 (los nacidos en 1983) cobrarán un 40% menos de los que se han jubilado en 2017, según estimaciones sindicales. O sea, 790 euros de los de entonces.

Esta es la realidad: con las dos reformas ya en vigor, las pensiones futuras serán casi la mitad de las actuales. Y la inflación se comerá además parte de las pensiones de hoy. Así que el problema es doble. Por un lado, asegurar que habrá dinero para pagar esas pensiones recortadas casi a la mitad. Y por otro, intentar buscar recursos para mejorarlas. En total, para tapar el déficit actual de las pensiones, asegurar el futuro y mejorarlo, haría falta ingresar entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Frente a este gran reto, ni el Gobierno ni la oposición proponen medidas serias. Y encima, la ministra de Empleo miente a los pensionistas y al país. Miente cuando dice que “en 2017 se revertió por primera vez la tendencia de deterioro de las pensiones…”. Es falso: el déficit de las pensiones aumentó en 263 millones, hasta los -18.800 millones y si bajó en términos relativos (del 1,67% al 1,61% del PIB) es porque la economía creció. Además, si los ingresos crecieron más que los gastos (5,3% frente al 3%), por primera vez, fue porque se empezaron a notar los efectos de los recortes de 2011 y 2013, no porque el sistema se haya saneado. Y miente cuando dice que “las pensiones no han perdido poder adquisitivo”, manipulando las cifras con la subida especial de las pensiones mínimas hecha entre 2008 y 2011: realmente, las pensiones perdieron un -2,2% con la crisis (2007-2017), según datos oficiales.

Además de mentir y tratar de ocultar el grave problema de las pensiones, el Gobierno Rajoy se dedica a lanzar “globos sonda” en TVE y declaraciones, mientras no ha hecho todavía ninguna propuesta oficial de reforma donde debe hacerlo, en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que se reúne desde diciembre de 2016 sin tomar medidas. La primera idea que lanzó la ministra Fátima Báñez, en enero pasado, fue ampliar el plazo de años que se consideran para determinar la pensión (ahora son 21 años y serán 25 años en 2027), hasta toda la vida laboral del trabajador, pero “pudiendo quitar los 5 años peores” (como un “caramelo” para endulzar la propuesta). Se diga lo que se diga, para la mayoría de trabajadores, considerar toda la vida laboral (en vez de los 21 o 25 últimos años) supone tomar en cuenta cotizaciones más bajas (las de hace 30 o 40 años) y por tanto, rebajar la pensión resultante, entre un 15% y un 35%, según los expertos del Instituto Santa Lucía.

Otra “propuesta milagro” adelantada por la ministra Báñez es permitir que los mayores de 65 años puedan trabajar estando jubilados, para que así coticen y mejoren las cuentas de la Seguridad Social. Actualmente sólo se permite seguir trabajando si se cobra el 50% de la pensión y la idea sería permitir trabajar y cobrar el 100% de la pensión, una propuesta que también ha hecho la OCDE, donde sólo hay 7 países de los 35 que restringen trabajar a los jubilados. La iniciativa “suena bien”, pero tiene dos graves problemas de fondo: uno, que muchos mayores no tienen fácil seguir trabajando e incluso trabajar a secas (recordemos: hay casi un millón de mayores de 50 años en paro). Y el otro, que un 37,4% de los jóvenes españoles está en paro y hay que darles una oportunidad, dejarles paso.

Mientras la ministra Báñez lanza “globos sonda”, el Gobierno Rajoy utiliza el BOE para aprobar por decreto ley, una medida que refleja su forma de pensar: apoyar a los Planes de pensiones privados, aprobando el viernes pasado que los Planes se puedan rescatar en 10 años, para “quitar el miedo” a que los trabajadores los contraten por ser un dinero “cautivo”. Y además, le bajan las comisiones, a ver si así evitan que los Planes de pensiones privados sigan decayendo : han bajado las aportaciones, han subido los rescates (de parados) y se han perdido un millón largo de partícipes mientras los que quedan (8 millones) aportan cada año menos (400 euros de media y dos tercios nada). Así que Rajoy trata ahora de reanimarlos.

Si el Gobierno no propone medidas para salvar las pensiones públicas y sólo aprueba un decreto (muy criticado por los expertos) para salvar los Planes de pensiones privados,  la oposición tampoco hace mucho. El PSOE se descolgó en enero con imponer un impuesto especial a la banca, similar al que propuso antes Podemos, una propuesta que “suena bien” a muchos pero que no deja de ser una “ocurrencia populista”. Primero, porque es insuficiente: sólo aportaría 1.860 millones, el “chocolate del loro” para lo que necesitan las pensiones. Y, sobre todo, porque se penaliza a un sector frente al resto, la banca, que nos trasladaría a los clientes ese mayor coste, en forma de comisiones y tipos, además de penalizar a la banca española frente a la del resto del mundo.

Es hora de dejarse de “globos sonda” y “propuestas populistas”, para afrontar con seriedad el grave problema de las pensiones, que es estructural: los ingresos por cotizaciones no crecen lo suficiente (aunque haya 2 millones más de españoles cotizando, pero con sueldos bajos) para hacer frente al aumento de las pensiones, que pasarán de los 9,5 millones actuales a 15 millones en 2050, con menos activos que hoy (por la caída de la población) . Un problema que es doble: poder pagar las pensiones futuras y tratar de revertir los recortes aprobados por Zapatero y Rajoy, porque si no, las pensiones futuras serán un 40% más bajas que las actuales.

Para afrontar ambos retos hace falta ingresar esos 50.000 a 80.000 millones más en 20 años de los que antes hablaba. ¿Cómo? No hay una solución mágica y los expertos coinciden en abordar un abanico de medidas a medio plazo, en dos frentes: por un lado, quitar lastre, costes, a la Seguridad Social, y por otro, conseguir más ingresos.

La Seguridad Social puede conseguir ahorros importantes por cuatro vías. Una, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas”: son 3.700 millones anuales de pérdida de cotizaciones, que deberían suprimirse o pagarse con cargo a los Presupuestos. Y lo mismo el coste del Ministerio de Empleo, 4.000 millones, que paga la Seguridad Social. Otra fuente de ingresos sería pagar el subsidio de desempleo a más parados (el 49,5% no lo cobra) y cotizar por ellos a la SS, lo que le aportaría 1.000 millones más. Y en cuarto lugar, subirla cotización a los sueldos más altos (hoy tienen un tope en 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), con lo que se podría ingresar 7.500 millones más. En total, con estas 4 medidas, se conseguirían 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y poder subir más las pensiones actuales. Y si no queremos aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos caminos: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir cotizaciones a empresas y trabajadores, es viable porque tenemos unas cotizaciones más bajas que en Europa: ingresan el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo de Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Igualarnos a las cotizaciones de la zona euro permitiría a la SS ingresar 34.000 millones más cada año. Y si se aprobara una subida menor, para no penalizar tanto el empleo, podrían ingresarse 20.000 millones más en un horizonte de 4 años. Es defendible que empresas (ahora con beneficios) y trabajadores coticen más, sobre todo si se defiende que ahorren para pagar un Plan de pensiones: mejor que peguen ese extra a la Seguridad Social.

Y quedaría recaudar entre 12.000 y 42.000 millones más, por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer porque, como reiteran la Comisión Europea y los expertos fiscales, España recauda mucho menos que el resto de Europa. Concretamente, en 2018, está previsto recaudar un 38% del PIB en España mientras la media europea (UE-27) recaudará el 44,6% del PIB, según Bruselas. Traducido, eso significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería recaudar 72.000 millones de euros más al año. Eso pasa por reducir el fraude fiscal y hacer que paguen más los que ahora pagan poco, las grandes empresas, multinacionales y los más ricos. Con esa mayor recaudación, esos 72.000 millones, podríamos destinar una parte a asegurar las pensiones y el resto a bajar el déficit y aumentar los gastos públicos necesarios, desde Planes contra el paro y la pobreza a mejorar la sanidad, la educación, la Dependencia y los gastos sociales.

Al final, el PP y Ciudadanos no quieren ni oír hablar de aumentar los ingresos, sino que prometen bajarlos, lo que complica aún más el futuro (de las pensiones y del gasto social). Y por eso, todas sus propuestas van dirigidas a la otra parte de la ecuación, a reducir el gasto con más recortes, como sería considerar toda la vida laboral para calcular la pensión. No se engañen: todos los que no propongan aumentar ingresos, vía ahorro de costes en la SS, cotizaciones y mayor recaudación fiscal, están proponiendo más recortes. Que lo sepan.