lunes, 30 de enero de 2017

Dependencia: 10 años falta de recursos


La Ley de Dependencia cumplió 10 años en enero, para garantizar la atención a ancianos y discapacitados. Y en esta década, 1.600.000 dependientes han solicitado ayudas, aunque hoy sólo las reciben 859.053, mientras otros 353.990 dependientes con el derecho reconocido están “a la espera”, por falta de recursos. La Ley fue un gran avance, pero no aseguró una financiación estable y el Gobierno Rajoy la ha invalidado con sus recortes. Ahora, las autonomías exigen recibir más recursos con la futura financiación autonómica, para terminar con las listas de espera, porque muchos ancianos se mueren antes de que les lleguen las ayudas. PP y Ciudadanos han pactado 400 millones más al año para la Dependencia, pero harían falta 2.275 millones anuales extras en esta Legislatura. Y todos los partidos, salvo PP y PNV, han firmado un Pacto para salvar la Dependencia. Cada vez habrá más viejos y más dependientes y tenemos que asegurar su cuidado. Por justicia y por puro egoísmo.
 
enrique ortega

El ex presidente Zapatero no pasará a la Historia por muchas cosas, pero quizás sí por haber sido el promotor de la Ley de Dependencia, la “cuarta pata” del Estado de Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), que su Gobierno aprobó el 20 de abril de 2006. Con ella, España se sumaba a los pocos países europeos que tienen una Ley para garantizar a los ciudadanos una atención o una ayuda cuando no pueden valerse por sí mismos, ya sea por minusvalías o por la vejez. Austria aprobó una Ley en 1993, Alemania en 1995 y Francia en 1997, mientras los países nórdicos y Holanda lo tienen incluido en sus Leyes de servicios sociales. Y en el resto de Europa, se atiende a los dependientes, pero dentro de la asistencia sanitaria o social, sin una Ley específica que reconozca este derecho. En España, la Ley fue aprobada en noviembre de 2006, por una amplia mayoría en el Congreso (la apoyaron todos los partidos, salvo CiU, PNV y EA, por cuestión de competencias autonómicas) y el apoyo entusiasta de Rajoy, entonces en la oposición: se mostró muy satisfecho” con la Ley y pidió al Gobierno socialista que dotara a la norma de “recursos presupuestarios suficientes”.

La Ley arrancó el 1 de enero de 2007, hace ahora 10 años, con un Presupuesto que tenía superávit, porque la economía estaba en años de “vacas gordas”. Pero con la crisis de 2008 empezaron los problemas y los déficits, para el Estado y para las autonomías, que son las que gestionan la Dependencia, la mayoría entonces dirigidas por el PP. Y así Rajoy declaró en noviembre de 2011, tres días antes de ganar las elecciones: “la Dependencia no es viable”. Y menos que lo iba a ser con su política de recortes, que empezó a aplicar sólo 9 días después de tomar posesión: dejó fuera del sistema a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), recortó drásticamente la aportación del Estado a la dependencia (-2.865 millones entre 2012 y 2015) y aprobó un decreto de cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto en Dependencia: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes, les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.

Las autonomías, que gestionan las ayudas a los dependientes, se encontraron con menos recursos del Estado central y con recortes propios (otros 1.000 millones entre 2012 y 2015), por lo que se vieron obligados a reducir el gasto en Dependencia, apoyados en el decreto del Gobierno de 2012 y buscando además “vías propias” de recortes, como denunció el Observatorio de la Dependencia. La primera, retrasando los expedientes, tanto el reconocimiento del derecho como la concesión de ayudas, disparando las “listas de espera” (384.326 dependientes con derecho reconocido, pero sin recibir ayudas en diciembre de 2015). La segunda, endureciendo los requisitos en febrero de 2012, con lo que redujeron el número de “grandes dependientes (Grado III), los más caros de atender, y aumentando los “severos” (Grado II) y sobre todo los “moderados” (Grado I), los más baratos de tender. Y la tercera “vía de “ahorro” ha sido “revisar de oficio” valoraciones ya hechas: se llama al dependiente y se le baja el grado (y la ayuda), lo que ha multiplicado las denuncias de las familias a los Tribunales. Las suelen ganar, pero 2 años después y muchos ancianos mueren antes.

Después de tanto recorte, el balance de estos 10 años de Ley de Dependencia sólo puede ser gris: hay 1.619.043 españoles dependientes que han solicitado ayudas y 1.213.043 a los que se les ha reconocido el derecho a recibirlas, pero sólo 859.053 dependientes recibían alguna ayuda a 31 de diciembre de 2016, según datos del IMSERSO. O sea que hay 353.990 dependientes “en lista de espera (un 28,7%), con el derecho reconocido a una ayuda, pero sin recibirla. Y eso, además de injusto es muy preocupante porque más de la mitad de los dependientes tienen más de 80 años (el 54,5%) y pueden morirse esperando la ayuda. De hecho, 125.000 ancianos dependientes se han muerto desde 2012 esperando una ayuda que tenían reconocida, según estimaciones de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Esta injusta aplicación de la Ley de Dependencia es muy desigual por autonomías. Así, hay 5 regiones donde más de una tercera parte de los dependientes reconocidos no reciben ayudas: Canarias (45,2% de los dependientes reconocidos no reciben ayuda), Cataluña (41,7% en lista de espera), Aragón (37.4%), Castilla la Mancha (36% pendientes) y Andalucía (35,8% dependientes a la espera). Y en número, más de la mitad de los dependientes reconocidos sin ayudas están en Andalucía (102.691 dependientes en espera) y Cataluña (90.673). En el otro extremo, hay otras 5 regiones donde casi todos los dependientes reconocidos reciben ayudas, donde no hay casi listas de espera, porque gastan más o lo gestionan mejor: Castilla y León (sólo un 0,6% de dependientes en espera), Ceuta y Melilla (4,16% pendientes), Madrid (14,5% pendientes) y Asturias (15,6% dependientes en espera).

Claro que recibir una ayuda tampoco significa que los dependientes o ancianos estén bien atendidos. Porque muchas autonomías optan por sistemas de atención baratos y que no les compliquen, la mayoría pagar una pequeña cantidad ( de 153 a 442 euros al mes, según el grado de dependencia) a las familias para que les cuiden (así son el 33,79% de todas las ayudas) y ofrecer servicios “baratos, como la tele asistencia (15,35% de las ayudas) o las ayudas a domicilio (15,97% de las ayudas). Y son minoría los dependientes que reciben atención en una Residencia (el 14,19%) o en Centros de día (8,02%), la atención “más cara”. Y en los dos últimos años, hay autonomías que han apostado por “privatizar el servicio”, pagando un cheque a las familias para que contraten lo que quieran: esta ayuda (“vinculada a servicio) es muy importante en Castilla y León (22,6% del total de ayudas), Extremadura (38,9%), Aragón (19,7%), Canarias (15,2%) y Comunidad Valenciana (10,92%).

El problema central de la Dependencia es la falta de recursos y el desequilibrio en su financiación. La Ley pretendía que las ayudas públicas se pagaran “a medias” entre el Estado central y las autonomías, pero los recortes de Rajoy han llevado a que el Estado cada vez pague menos y las autonomías más, junto a las familias. Así, si en 2009 el Estado central financiaba el 39,2% de la dependencia, en 2015 financió sólo el 18,1%, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Las autonomías, que pagaban el 46,2% de la Dependencia en 2009 pagaron en 2015 el 62%. Y las familias, con el copago obligatorio de los servicios, financian ya el 19,9% restante, cuando en 2009 sólo pagaban el 14,7%. Así que el Gobierno Rajoy está incumpliendo la Ley de Dependencia porque de la financiación pública (sin los copagos), el 77,4% lo ponen las autonomías y el 22,6% el Estado (no 50/50).

El “escaqueo” del Estado es igual en todas las regiones, pero luego hay autonomías que gastan más en Dependencia y que gestionan mejor, con lo que tienen menos dependientes “en espera”. Pero la mayoría lo hacen mal. De hecho, el Observatorio de la Dependencia sólo aprueba la gestión de 6 autonomías, encabezadas por Castilla y León (8,75 puntos sobre 10), Andalucía (7,50), País Vasco (6,79), La Rioja (6,07), Castilla la Mancha y Madrid (5,71 puntos). Y suspende a las 11 autonomías restantes, más Ceuta y Melilla, colocando en el farolillo rojo de la Dependencia (y desde hace varios años) a la Comunidad Valenciana (nota: 0), Canarias (0,71), Aragón (0,11), Baleares (2,14), Navarra y Murcia (2,86 puntos sobre 10), malas regiones para ser hoy un discapacitado o un anciano dependiente en España.

Ahora, cuando la Ley de Dependencia ha cumplido sus primeros 10 años, es un buen momento para mejorar su aplicación, aumentando sus recursos. En julio pasado, Ciudadanos forzó al PP a mejorar la financiación de la Dependencia, dentro de las 150 medidas pactadas para apoyar la presidencia de Rajoy. El compromiso es aumentar el Presupuesto en 400 millones anuales esta Legislatura. Una cantidad claramente insuficiente, porque las estimaciones de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales son que hacen falta 5.100 millones netos en 4 años para acabar con las listas de espera y atender a esos 354.000 dependientes con derecho a ayuda y que no la reciben. Eso supone un gasto extra de 1.275 millones de euros al año, más otros 500 millones anuales que harían falta para recuperar el nivel acordado (lo que Rajoy suprimió en 2012) y otro tanto para hacer frente al aumento de dependientes, por el envejecimiento. Hablamos de 2.275 millones extras anuales para la dependencia en esta Legislatura, empezando por el Presupuesto 2017. Eso supondría gastar en Dependencia unos 8.800 millones al año, en vez de los 6.589 actuales (2015).

Hace falta un Pacto político para conseguir más recursos para la Dependencia, sobre la base de las propuestas planteadas en 2009 por la Comisión de expertos que informó sobre la Ley de Dependencia en el Congreso: más ingresos fiscales (se pueden conseguir, porque España ingresa 50.000 millones menos que la media europea, según Eurostat), posibles recargos del IVA o cotizaciones sociales adicionales. De momento, la Conferencia de Presidentes autonómicos, el 19 de enero, acordó crear (en un mes) una Comisión para estudiar la financiación futura de la Dependencia, reconociendo que este gasto ha de contemplarse en la reforma del sistema de financiación autonómica.

Mientras se espera el trabajo de esta Comisión, hay un nubarrón en el horizonte: la actitud de Rajoy y el PP, que ha sido el único partido (junto al PNV, pero por cuestión de competencias) que no firmó el Pacto de Estado por la Dependencia, alcanzado entre todos los grupos políticos en el Congreso el 14 de diciembre, a propuesta de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con dos objetivos básicos: revertir los recortes de 2012 y conseguir un modelo estable de financiación para la Dependencia. Se trata de destinar unos 8.800 millones anuales a la Dependencia, un gasto mucho menor de lo que nos cuesta la sanidad (88.000 millones anuales), la educación (50.000 millones) o las pensiones (120.000 millones). Y, además, un gasto que tiene muchos retornos, en ingresos impositivos y empleo: actualmente hay 250.000 personas trabajando en la dependencia y se podrían crear otros 100.000 empleos más, además de ingresos fiscales y cotizaciones, financiando mejor la Dependencia.

En resumen, tenemos una Ley de Dependencia que asegura unas ayudas (un “derecho”) que no se pueden dar por falta de recursos. Y si no se financia mejor, el sistema se colapsará aún más en el futuro, porque cada vez vivimos más años y habrá en España más ancianos dependientes, que necesiten cuidados: la estimación del CSIC es que se dupliquen con creces los dependientes, pasando de los 3 millones actuales (discapacitados y ancianos dependientes) a 7 millones en 2050. Así que hay que afrontar el problema, liquidando las listas de espera actuales y afianzando el sistema para que atienda a los dependientes futuros. Por justicia, para ayudar a los dependientes y sus familias, porque muchos necesitan apoyo para cuidarlos. Y por puro egoísmo: pronto, los dependientes podemos ser nosotros.

jueves, 26 de enero de 2017

EPA 2016: menos empleo y paro crónico


La creación de empleo "pinchó" en el cuarto trimestre de 2016: se perdieron 19.400 empleos, algo nunca visto desde 2013, según la EPA conocida hoy. Con ello, 2016 ha sido el año en que se ha creado menos empleo: 413.900, frente a 525.000 en 2015 y 433.900 en 2014. Y lo más preocupante: los trabajadores de 30 a 40 años han perdido empleo en 2016. Y del empleo creado, sólo 1 de cada 20 nuevos contratos fueron de calidad: indefinidos y a jornada completa. El Gobierno Rajoy presume de que ha creado casi 1,4 millones de empleos, pero se trata de un empleo precario y muy vulnerable, concentrado en el turismo, la hostelería y el comercio, empleos muy poco estables, donde se hacen 32 contratos al año por cada puesto de trabajo. Y en 2017, como creceremos menos, sólo se crearán 400.000 empleos. Mientras, el paro baja más porque aumentan los españoles que "han tirado la toalla" y ya no buscan empleo (inactivos). Y se hace crónico: 1,75 millones de parados llevan más de 2 años sin trabajar. Y encima, más de la mitad de los parados (53%) no cobran nada. Las oficinas de empleo no tienen medios y funcionan mal. Y las autonomías se quejan de falta de recursos para hacer políticas de empleo. Urge un Plan de choque contra el paro, con más recursos. Menos triunfalismo y más medidas eficaces.
 
enrique ortega

2016 ha sido el tercer año consecutivo en que se ha creado empleo neto en España: 413.900 nuevos empleos, tras haber "pinchado" el empleo en el cuarto trimestre, con una pérdida de 19.400 empleos (algo nunca visto desde 2013), según la EPA conocida hoy. Con ello, 2016 es el año que se ha creado menos empleo, 413.900 frente a los 525.100 empleos creados en 2015 y los 433.900 empleos de 2014. En total, son 1.372.900 empleos creados desde la primavera de 2014, que no cubren ni la mitad de los 3.802.800 empleos perdidos desde septiembre de 2007 a marzo de 2014.

En 2016, la mayoría de los 413.900 empleos creados lo han sido en los servicios (+ 240.400), en especial en el turismo, la hostelería y el comercio, seguidos de la industria (+115.700), la agricultura (+30.000) y la construcción (+20.800. Un dato llamativo es que todo el empleo creado se lo han llevado los mayores de 40 años (+ 481.800 empleos) y muy pocos empleos los jóvenes (+55.300  entre 16 y 24 años), mientras que las edades medias, entre 30 y 40 años han perdido mucho empleo en 2016 (-125.200 puestos de trabajo). Y también en 2016 se perdió empleo en todo el sector público (-14.600 empleos), según la EPA. Eso sí, los nuevos empleos se han repartido casi por igual entre hombres (+208.500) y mujeres (+205.400). Por autonomías, el empleo subió en todas, aunque la mitad del creado se concentró en Cataluña (+100.800 nuevos empleos), Comunidad Valenciana (+68.300) y Murcia (+35.300 empleos).

Eso sí, en 2016 se creó empleo muy precario, como en 2015 y 2014: un 91,4% del empleo creado fue temporal y sólo el 8,6% indefinido, según datos del Ministerio de Empleo. Y dos tercios de los nuevos empleos fueron a tiempo completo (el 64,02%), pero el tercio restante (36%) fue a tiempo parcial, por horas. La duración media de los contratos sigue bajando y ahora está en 51 días de media (81 antes de la crisis), aunque una cuarta parte de los contratos (el 26%) duran ya menos de 1 semana. Como resumen de esta precariedad del empleo que se crea, baste decir que sólo un 4,96% de los nuevos contratos (1 de cada 20 contratos que se hacen) son “de calidad: fijos y a jornada completa.

A pesar de que el empleo cayó en el cuarto trimestre (-19.400 empleos), el número de parados bajó porque hubo menos españoles buscando trabajo, porque bajaron los activos. Viendo todo el año 2016, el paro bajó en 541.700 personas, mucho más otra vez que lo que subió el empleo creado (+413.900 empleos) porque volvió a pasar lo mismo que en los últimos años: hubo 127.800 españoles en edad de trabajar que "tiraron la toalla", que dejaron de buscar trabajo  (se les llama "desanimados") y se fueron a su casa o al extranjero, con lo que bajó más de lo que debía la cifra de parados. Con ello, todavía hay 4.237.800 parados en España, según la EPA, un 18,63 % de los españoles en edad de trabajar, más del doble que en Europa (8,3% en la UE-28). Y sigue siendo muy elevada la tasa de paro juvenil, que está en el 42,92% (19,6% en Europa).

Frente al habitual triunfalismo del Gobierno Rajoy, las cifras de paro (EPA) esconden varios datos muy preocupantes. El primero, que todavía hay 1.387.000 hogares donde no trabaja nadie, 168.900 menos que hace un año. El segundo, que sigue habiendo 5 autonomías (media España) con una “tasa de paro insoportablesuperior al 20% : Andalucía (28,5%), Extremadura (28,31%), Melilla (27,38%), Canarias (24,90%), Ceuta (22,39%) y Castilla la Mancha (22,14%), que contrastan con el paro “casi europeo”  de Navarra (10,9%), la Rioja (10,90%) y el País Vasco (12, 27%). Pero el peor dato es que más de la mitad de los parados no cobran ninguna ayuda. De los 4.237.800 españoles que se consideran parados (EPA 4º trimestre 2016), 2.246.957 no cobran ningún subsidio, un 53% de todos los parados (al llegar Rajoy a la Moncloa, no cobraban el 44,5% de los parados EPA). Y de los 1.990.843 parados que sí cobran algo (noviembre 2016), según el Ministerio de Empleo, sólo el 38% cobraba un subsidio contributivo de 810,60 euros al mes (54 euros menos del que cobraban en diciembre de 2011) y la mayoría, el 62% restante, cobran un subsidio asistencial de 426 euros.

Si más de la mitad de los parados EPA no cobran nada es básicamente porque llevan tanto tiempo en paro que se les ha acabado el subsidio. Cada mes el paro se hace “más viejo”: el número de parados “de larga duración” (llevan más de 1 año en paro) era a finales de 2016 de 2.392.000 parados, el 56,4% del total, según la EPA. Y lo peor es que, de ellos, 1.758.200 millones llevan parados más de 2 años y casi una cuarta parte del total, 1 millón de parados, llevan 4 años o más sin trabajar, según un estudio de Fedea. Ambos grupos son una enorme bolsa de “parados crónicos”, que tienen muy difícil volver a trabajar algún día. Un tercio de estos parados de larga duración proceden de la construcción y dos tercios son mayores de 55 años, más mujeres que hombres, concentrados sobre todo en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, Castilla la Mancha y Extremadura. Y el mayor problema para colocarse es que tienen poca formación: el 63% de estos “parados con antigüedad” sólo tienen la ESO o menos.

Ahora, 2017 va a ser un año peor para el empleo que 2016 y 2015, porque la economía crecerá menos: un 2,3% (FMI), frente al 3,3% de 2016. Y por eso, se crearán sólo 421.000 empleos este año, según la última previsión de ManpowerGroup y quizás no más de 400.000 nuevos empleos, a la vista del "pinchazo del empleo en el cuarto trimestre de 2016. A este ritmo, estiman que España tardará hasta 2021 o 2022 en recuperar el empleo de antes de la crisis, los 20.753.400 empleos que había en septiembre de 2007. Algo que ya consiguieron en 2014  Alemania, Reino Unido, EEUU y la mayoría de países occidentales.

El problema no es sólo que en España se van a crear menos empleos. Es que, además, el empleo se crea en los servicios, básicamente en el turismo, la hostelería y el comercio (30% del nuevo empleo), sectores muy sensibles a la coyuntura y donde el empleo es estructuralmente muy precario y mal pagado. Y si en algún momento estalla “la burbuja del turismo” (porque perdemos esos 11 millones de turistas “prestados” por países hoy en conflicto) o se desinfla el consumo (por la subida del petróleo y de los precios), son empleos que se pierden fácilmente, porque son temporales y por horas. El problema de fondo es que hay mucha rotación de los pocos empleos disponibles y pocas vacantes: el 93,6% de empresas asegura que no necesitan contratar a ningún trabajador, según la encuesta trimestral de coste laboral del INE. Y que la industria, un sector con empleos estables, ha perdido peso en España.

A pesar del triunfalismo gubernamental y de algunos medios, España tiene un grave problema de empleo, porque sólo trabajan un 61% de los españoles adultos (16 a 64 años), mientras en Europa lo hacen el 67,1% (y en Alemania el 75%), según Eurostat. Y tenemos también un problema grave de paro, una tasa del 18,63% que duplica la media europea (8,3% paro en UE-28 y 9,8% en la zona euro) y casi quintuplica la de Alemania (4,1% de paro). Y eso exige tomar medidas a corto y medio plazo, aprobar un Plan de choque contra el paro que debería ser la prioridad del Gobierno y la oposición, porque es la primera preocupación de los españoles, más cada mes (para el 74,7% en diciembre), según el Barómetro del CIS.

A corto plazo, urge destinar más dinero a los parados, para que cobren alguna ayuda al menos 1 millón más de parados de larga duración en peor situación. El Gobierno Rajoy aprobó en el verano de 2012 recortes a los parados y eso ha provocado que en 2017 se destinen a los parados 17.500 millones de euros del Presupuesto, la mitad que en 2009, año en que había el mismo paro que ahora. Es de justicia aumentar la cobertura, para que cobren ayudas la mayoría de los parados, sobre todo los que tienen familia a su cargo. Y que los que cobran un subsidio de paro contributivo cobren más, porque hoy día un parado español cobra de desempleo el 61% de su último salario, una prestación inferior a la media de 16 países europeos, que es del 69% del último salario (o del 67% que cobran alemanes y británicos).

Además, el Plan de choque contra el paro debería gastar más en políticas de empleo, como ha pedido reiteradamente al Gobierno la Comisión Europea, la OCDE y el FMI. España, con más del doble de paro que Europa, es uno de los países que menos gasta en políticas de empleo: un 0,88% del PIB, frente al 0,93% de Francia, el 0,79% de Alemania, el 1,09% de Suecia, el 1,10% de Holanda, el 1,59% de Bélgica o el 2,26% de Dinamarca, según datos de la OCDE. Y no es sólo que gastemos menos, sino que lo gastamos mal, entre otras cosas porque no hay coordinación entre el Gobierno central y las autonomías, responsables últimas de aplicar las políticas de empleo en España. Así, 12 autonomías (gobernadas por el PSOE y nacionalistas) se han quejado recientemente de que el Gobierno Rajoy retrasa cada año el pago de las políticas activas de empleo (hasta diciembre no les abonaron los 1.800 millones de 2016) para “ajustar” así sus cuentas y reducir el déficit público. Y también denuncian que España ha perdido la mayoría de ayudas del Plan europeo de empleo juvenil (Garantía Juvenil) porque el Gobierno central ha complicado mucho la inscripción a los jóvenes (lo han hecho 400.000 de los 800.000 jóvenes que podían hacerlo).

Al final, el Gobierno Rajoy aprobó en abril un Plan trianual de empleo 2016-2018, con sólo 515 millones de euros para ayudar al empleo de 1 millón de parados de larga duración. Un Presupuesto tan ridículo que supone 172 euros por parado al año, que no da ni para hacer su perfil. Harían falta 10 veces más de recursos, un mínimo de 3.000 a 6.000 euros por parado, según el estudio de Fedea, para poder elaborar su perfil, mejorar su formación y asesorarle personalmente para ayudarle a encontrar un empleo.

Otra urgencia de cualquier Plan de choque contra el paro es reformar las oficinas de empleo, el SEPE, que sólo encuentran trabajo a un 1,7% de los parados, el servicio menos efectivo en Europa: las oficinas de Reino Unido colocan al 10% de parados, las de Alemania al 13% y las de Eslovenia al 17%. Y eso pasa, entre otras cosas, porque los parados tardan 9,5 meses de media en recibir “la primera atención” del SEPE (entrevista personalizada, orientación o formación) y un tercio de los parados espera un año, según el estudio de Fedea. Todo ello es consecuencia de la falta de presupuesto y de personal: España (19% de paro) cuenta con un funcionario del SEPE por cada 269 parados, frente a 1 funcionario por cada 47 parados en Alemania (4,1% de paro), 1 por 36 en Dinamarca o 1 por cada 22 parados en Reino Unido.

Y otra urgencia más es mejorar la formación a los parados, porque la mayoría no hacen cursos o hacen cursos poco eficaces para trabajar (y los hacen para no perder el subsidio). Es prioritario dedicar más recursos a la formación y gastarlos bien, sin corruptelas y con eficacia. Porque resulta escandaloso que el Gobierno no gaste en formación ni siquiera lo que recauda con las cuotas: en 2015, se dejaron de gastar 273 millones de lo recaudado para formación, según acaba de reconocer el Ministerio de Empleo a la Defensora del Pueblo. De esos fondos, se gastaron 33 millones en 2016, pero el resto se gastó en otras cosas, a pesar de que hay sentencias del Tribunal Constitucional que lo prohíben. Ahora, con la reforma de la formación aprobada en 2015, los remanentes ya se gastan otro año, pero el problema es que no puede haber fondos sin gastar cuando lo que urge es gastar más, formar a los parados, sobre todo a esos casi 2 millones con poca formación que llevan dos años en paro.

Todas estas son medidas que habría que poner en marcha cuanto antes. Y en paralelo, el Gobierno debería hacer otra política económica, para conseguir crecer más y crear más empleo, porque no podemos esperar a 2022 para recuperar el empleo de 2007. Básicamente, lo que haría falta es reanimar la economía, con más gasto público necesario (infraestructuras, tecnología, medio ambiente), más ayudas a la inversión y al empleo y mayores salarios, para reanimar el consumo y la inversión privada. Y no hacer más recortes, como los previstos en los Presupuestos 2017 (16.500 millones de ajuste), porque frenarán más el crecimiento y el empleo, sobre todo si se agudiza la crisis internacional (por la subida del petróleo y los tipos de interés más el proteccionismo de Trump). La clave está en recaudar más y España podría recaudar 50.000 millones más al año si recaudara como el resto de Europa, según la Comisión Europea. Y con esos mayores ingresos (de la lucha contra el fraude y de que paguen más las grandes empresas, las multinacionales y los más ricos), España podría bajar el déficit y tener más recursos para reanimar la economía y el empleo.

El Gobierno puede seguir con su triunfalismo y la oposición “a sus cosas” (sus Congresos), pero los españoles sabemos que el paro y el empleo son lo más importante. Y no podemos “esperar y ver”, mientras sólo 1 de cada 20 empleos son “normales” y se crean dos clases de trabajadores, los que tienen un empleo decente y el resto. Urge una verdadera cruzada por más empleo y un empleo de calidad. Se puede conseguir, pero hay que tomar medidas concretas y gastar más como otros países, no regodearse en un falso triunfalismo. Muévanse.

lunes, 23 de enero de 2017

Ojo a la "burbuja" del turismo


Este domingo se ha clausurado FITUR y el sector estaba eufórico por el récord de turistas: 75,3 millones en 2016. Un dato conocido porque el nuevo ministro de Turismo se saltó las normas y anticipó dos semanas una estadística que el INE dará oficialmente el 31 de enero. Lo que no dice el Gobierno, y sí el sector turístico, es que 11 de los 22 millones de turistas que España ha ganado desde el año 2010 son “prestados” de Turquía, Egipto y Túnez, por el terrorismo. Y que los turistas gastan cada año menos en España desde 2011. El ministro dice que el turismo “no ha tocado techo”, pero las empresas reconocen que la situación es “excepcional” y piden aprovecharla para reconvertir el sector. Y preocupa que los récords hayan alimentado una “burbuja turística” que puede estallar: se han casi duplicado los apartamentos turísticos y la compraventa de hoteles. Si los turistas vuelven al Mediterráneo, tendríamos un exceso de oferta. Hay que repensar el turismo a 20 años vista.
 
enrique ortega

Si alguien entra en la web del INE (Estadística) y pincha en “Calendario”, comprobará que está previsto publicar el próximo 31 de enero las estadísticas oficiales de turismo de 2016 (Frontur). Pero el nuevo ministro de Turismo, Álvaro Nadal, no ha podido esperar: sabía que iba a haber un récord histórico de turistas y quería “apuntárselo” para FITUR (18-22 enero). Así que, “saltándose a la torera” al INE (algo nunca visto hasta ahora), convocó el pasado 12 de enero una rueda de prensa para anticipar los datos: 75,3 millones de turistas llegaron a España en 2016 (7 millones más que en 2015) y se gastaron 77.000 millones de euros. Ello confirma a España como la tercera potencia turística del mundo, tanto en turistas (por detrás de Francia y EEUU) como en ingresos por turistas (tras EEUU y China).

Ciertamente, el turismo ha vuelto a ser el motor de la economía en 2016, como pasa desde 2010: el sector creció un 4,9% (PIB turístico), por encima del conjunto de la economía (el PIB creció un 3,3%), según la patronal turística Exceltur. La locomotora de ese crecimiento ha sido el turismo extranjero, que creció un 10% (los empresarios estiman 75.411.000 turistas en 2016), la mayor afluencia en los últimos 15 años. Pero sin embargo, la otra mitad del negocio turístico, los viajes de los españoles, no fue tan bien: las pernoctaciones crecieron un 4,6%, menos que en 2015 (+6%), debido a la subida de precios (los hoteles subieron un 4,5% y en algunos ligares hasta un 14%) y a que la demanda de los tour operadores extranjeros limitó mucho las plazas hoteleras disponibles para españoles (overbooking).

Pero el impresionante récord de turistas extranjeros salvó el año y las cuentas del sector, aumentando sus beneficios, sobre todo a los hoteles de la costa y las islas Baleares y Canarias, pero también a  los hoteles de Barcelona y Madrid, la España verde (Galicia, Cantabria y Asturias), Aragón, Extremadura y algunas ciudades de Castilla y León (por el buen tiempo), destacando también el alza del turismo de negocio, de los españoles (+14,6%) pero más de empresas y `profesionales extranjeros (+21%).

¿Por qué España ha conseguido superar el techo de los 75 millones de turistas extranjeros? Para la patronal turística Exceltur, el principal factor es la crisis turística en otros paises del Mediterráneo, por la inseguridad y el terrorismo, sobre todo en Turquía, Egipto y Túnez. Estiman que si España ha ganado 22,5 millones de turistas desde 2010 (de 52,93 a 75,41 millones), la mitad (un 49%) vienen “desviados” de estos paises, buscando un destino más seguro. Son 11 millones de turistas “prestados”. Incluso esto podría  pasar en Europa: en 2016, España ha captado 6 de cada 10 nuevos turistas llegados al continente y en esta ganancia podrían haber pesado también los atentados sufridos en Francia, Bélgica y Alemania.

La patronal turística Exceltur reconoce que en 2016 ha habido un marco internacional “excepcionalmente propicio” para la llegada de turistas: petróleo barato (vuelos y viajes más baratos), bajos tipos de interés (préstamos para viajar más baratos y menos endeudamiento) y un euro en mínimos frente al dólar (viajar a España es más barato), mientras no se ha notado apenas el Brexit de junio porque agencias y británicos compraron antes sus vacaciones. Eso sí, los empresarios turísticos están preocupados porque los turistas extranjeros siguen gastando menos en España. La patronal Exceltur recuerda que lo importante no es el gasto turístico total, que ha sido récord (los 77.000 millones de que habla el Gobierno), sino la parte de ese gasto que se queda en España, descontando el precio de los viajes y lo que cobran los tour operadores extranjeros. Con ello, el dato de ingresos por turismo en España (el que utiliza también el Banco de España) baja a 54.355 millones de euros en 2016. Eso supone un gasto medio de 721 euros por turista, un 3% menos que en 2015.Un gasto que lleva 5 años cayendo, desde 2011 (792 euros) y 15 años si descontamos la inflación.

Los turistas extranjeros gastan menos cada año en España porque reducen su estancia (ahora la media son 7,9 días) pero sobre todo porque apuestan por un turismo “low cost”. La mayoría (72%) viaja por su cuenta, sin paquete turístico, en vuelos low cost,  y un número creciente viajan  en coche o se alojan en casa de amigos y familiares o en apartamentos no regulados, gastando menos. Y los turistas que más nos visitan (británicos, franceses y alemanes) son los que gastan menos, mientras que los que gastan más (norteamericanos, nórdicos o chinos) vienen menos. Estamos a tope de turistas extranjeros que gastan poco.

Otro punto negro del turismo es el empleo. A pesar del récord, en 2016 se crearon sólo 80.688 empleos, según Exceltur, 1 de cada 6 nuevos empleos. Son 2.575.938 personas trabajando en el turismo (13,9% de los ocupados), pero el empleo sólo ha crecido en 455.535 personas desde 2010, un 21,5%, la mitad de lo que han aumentado los turistas en estos seis años (22,5 millones, un 42,5%). Se crea poco empleo pero además es un empleo precario y muy mal pagado. El 97% de los nuevos empleos turísticos son temporales, según los sindicatos, y la mitad a tiempo parcial, aunque en muchos casos los contratos por horas encubren trabajos a jornada completa donde no se pagan las horas extras. Y crece de forma imparable el empleo “externalizado” (ya supera el 30%), trabajadores a los que se obliga a darse de alta como autónomos para seguir trabajando. Es el caso de las camareras de pisos, “las kellys”, a las que paga 2 euros por habitación. Y además, la hostelería resulta ser el sector peor pagado, según los datos del INE: el coste medio de un empleo era de 1.574,65 euros brutos al mes en 2016, frente a 2.444 euros de media, 2.504 euros en la construcción o 4.538 euros en la banca. Y si descontamos cotizaciones y costes no salariales, el sueldo neto en hostelería se queda en 980 euros al mes de media (muchos cobran menos).

Cara a 2017, el ministro Nadal lo tiene claro: “El turismo no ha tocado techo”. Pero el sector no es tan triunfalista: “2016 ha sido un año insólito, excepcional y difícilmente repetible”, ha dicho José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur. Creen que el turismo volverá a ser este año el motor de la economía española, pero que crecerá menos: un 3,2% (frente al 2,3% el PIB global). Prevén que el turismo de los españoles crecerá menos (por la subida del petróleo y de la inflación) y también el turismo extranjero, porque piensan que este año se notará el Brexit (el presidente de Meliá reconoce que ya se ha "ralentizado" el turismo británico, tras haber caído la libra un 18% desde el verano pasado) y el efecto negativo de la subida del petróleo y de los tipos de interés, más la incertidumbre política en EEUU y en Europa. Y el Mediterráneo perderá ya menos turistas. Aun así, creen que mejorarán los resultados de las empresas y un 67% dicen que crearán empleo este año.

Con todo, los empresarios coinciden en que hay que aprovechar el momento para perfilar el modelo turístico del futuro. Es cierto que España es una gran potencia turística, que encabeza el ranking mundial de competitividad turística elaborado por el Foro Económico Mundial, gracias a nuestras infraestructuras, nuestro clima, nuestra cultura, nuestra seguridad y la profesionalidad de nuestras empresas turísticas. Pero también lo es que el turismo español tiene “debilidades”, puntos negros que pueden hacernos vulnerables si cambia la coyuntura. Básicamente, el bajo gasto de los turistas, la precariedad del empleo (que deteriora la calidad del turismo), la excesiva concentración de la demanda (89% de los turistas son europeos que vienen sólo en verano) y la enorme concentración de la oferta (sol y playa), más un retraso en la digitalización y modernización de la gestión del sector.

Otro problema del turismo: su concentración. Es la primera industria del país (aporta el 11,2% de la riqueza), pero sólo para una parte de España, la que vive del turismo. Vienen 75,4 millones de turistas, sí, pero el 90,7% llegan sólo a 6 autonomías: Cataluña (23,8% del total), Baleares (18%), Canarias (16,8%), Andalucía (14,2%), Comunidad Valenciana (10,5%) y Madrid (7,4%). Y si nos fijamos a dónde va el gasto de los turistas extranjeros, el 92,7% de todo el gasto se queda en esas 6 autonomías y las 11 autonomías restantes sólo reciben un 7,3% de todos los ingresos turísticos. Estos datos revelan la necesidad de cambiar el modelo de “turismo de sol y playa” por un turismo “más global”, como el de Francia, Italia o EEUU, donde se intente atraer al turismo también con la cultura y el arte, los negocios, la gastronomía, el deporte y hasta la sanidad.

Hay otro problema que preocupa en los dos últimos años: que los récords de turismo estén creando una “burbuja turística”, que podría estallar en unos años si la “normalidad” vuelve al Mediterráneo. Basten dos indicadores. Uno, el “boom” de los apartamentos turísticos no regulados, la enorme oferta de pisos en alquiler a través de plataformas online: en 2014 había 1 millón de plazas y en 2016 había ya 1,76 millones, la mitad de todas las plazas turísticas reguladas (hoteles, apartamentos, campings y casas rurales).El otro, que en 2015 y 2016 se han batido todos los récords de compraventas de hoteles (2.614 y 2.184 millones, según la consultora Irea), la mitad de inversores extranjeros que ven un gran negocio comprar hoteles en España, a un precio desorbitado, en ciudades  (Edificio España y Hotel Villamagna en Madrid, Silkel Diagonal y Torre Agbar en Barcelona) y en la costa. Al final, al calor de un turismo extra circunstancial, se puede estar creando un exceso de oferta, una “burbuja” que nos estalle cuando el sector se normalice. Ojo, ya lo hemos vivido antes con el ladrillo.

El turismo nos ha ayudado a salir de la crisis y somos una potencia turística. Pero hay que repensar el modelo y definir una estrategia a 20 años vista, al margen de los récords. Las empresas turísticas lo tienen claro: piden“ reconvertir” el sector, ajustando y renovando la oferta turística, sobre todo en zonas de costa y destinos “maduros”. Las empresas tienen que renovar sus infraestructuras, sus ofertas, ganar tamaño (fusiones) y ser más internacionales, digitalizando y modernizando su gestión. Y hay que poner orden en la oferta por Internet, en los apartamentos sin control y que no pagan impuestos, una “competencia desleal” que fomenta el turismo “low cost” y la “burbuja  turística”. Los empresarios piden también que Estado y autonomías se coordinen mejor y gasten más en turismo, tras los recortes, sobre todo en infraestructuras, en conexión de transportes (aeropuertos, trenes y ciudades) y en promoción exterior, porque España tiene que captar nuevos turistas fuera de Europa.

Un elemento que podría ayudar es generalizar el impuesto turístico, que hoy cobran Cataluña y Baleares, aunque lo estudian también la Comunidad Valenciana y Sevilla. Cobrar 1 euro por turista al día no gusta al Gobierno ni al sector pero no disuade a nadie de viajar y permitiría unos ingresos clave para compensar los efectos negativos del turismo en ciudades y pueblos (consumo de agua, servicios e infraestructuras puestas al límite) y para financiar parte de la reconversión y la promoción que necesita el turismo a medio plazo. Aprovechar los récords para asentar los cimientos de un sector estratégico para España, alimentar mejor la vaca que todo el mundo ordeña.

En resumen, que debemos alegrarnos de ser una potencia mundial en algo, el turismo, pero la euforia no debería impedirnos ver también los “puntos negros” (bajo gasto, poco empleo precario y mal pagado, excesiva concentración y riesgo de “burbuja” en la oferta).Y deberíamos aprovechar los años de “vacas gordas” para repensar el negocio, para asegurar su futuro modernizando y diversificando la oferta, invirtiendo en su renovación. Hay que definir y construir ahora el modelo de turismo que queremos para dentro de 20 años. Un turismo basado en la calidad y no la cantidad”, como defiende el propio sector (Exceltur).  No podemos dormirnos en los récords.