Gigantes tecnológicos: más control e impuestos

Aunque parezca increíble, el Congreso de EEUU (republicanos y demócratas) y Trump se pusieron de acuerdo en algo, a primeros de junio: investigar si se comportan como “monopolios” los gigantes tecnológicos de Internet, Google, Facebook, Apple, Amazon y Microsoft, que utilizamos cada día millones de personas. Algunos dicen que el excesivo poder de estos gigantes mundiales “es peligroso para la democracia”. Mientras, en Europa, las tecnológicas USA llevan años vigiladas y Google ya ha pagado más en multas por malas prácticas que en impuestos. En paralelo, el G-20 ha acordado en junio estudiar un nuevo impuesto para los gigantes tecnológicos para 2020, esa llamada “tasa Google” que la UE no ha conseguido pactar, aunque se ha aprobado en Francia, Austria y España. Parece que los gobiernos del mundo quieren controlar a los gigantes de Internet y que paguen más impuestos. Pero son demasiado poderosos y no será fácil, mientras controlan nuestros datos y nuestras vidas. Ojo: o les frenamos ya o no habrá quien les pare. 

enrique ortega

Uno de los grandes cambios económicos de este siglo XXI ha sido que las grandes multinacionales no son ya petroleras, empresas automovilísticas o bancos, sino empresas tecnológicas que han crecido con Internet. Así, 5 de las 6 empresas con mayor valor en Bolsa en EEUU son gigantes tecnológicos, según Bloomberg (finales 2018): Microsoft (685.600 millones euros de valor bursátil), Apple (653.800 millones euros), Amazon (641.400), Alphabet, la matriz de Google (631.700 millones) y Facebook (329.500 millones de euros), en 6º lugar, tras la empresa inversora Berkshire Hathaway, de Warren Buffet (439.000 millones). Y globalmente, las compañías tecnológicas suponen el 34% del valor de las 100 empresas más valiosas del mundo, por delante del sector financiero (18%), la industria química y farmacéutica (12%), las energéticas(7,8%), alimentarias (5%), telecos (4,3%) y de consumo (3%).

Estos gigantes tecnológicos son las empresas con más valor porque son las que tienen más usuarios, lo que les da un tremendo potencial de futuro, aunque no sean las empresas que más venden. De hecho, el ranking mundial de ventas lo encabeza la empresa de tiendas Wal-Mart (455.633 millones de euros), seguida de las petroleras Shell (344.004 millones €), Sinopec (301.869), BP (264.624) y Exxon (247.414), más Volkswagen (246.740), antes que Apple (235.244 millones de euros en ventas), Toyota (234.872 millones €) y Amazon (206.280 millones €), según Bloomberg (2018). Pero el enorme valor de las grandes tecnológicas no son las ventas actuales, sino las futuras, dado que tienen cientos de millones de usuarios cada día: 2.320 millones Facebook, 1.900 millones YouTube, más de 1.000 millones Google, 1.098 millones Wechat (mensajería de la china Tencent),  1.000 millones Instagram, 321 millones Twitter…Y arrastran plataformas con millones de “APPs”: 3,8 millones Google Play, 2,2 millones APPLE AppStore, 0,67 millones Microsoft Store, 0,38 millones Amazon AppStore…

Este inmenso poder, económico y de clientes, lleva años preocupando a los Gobiernos de todo el mundo. Pero ha sido ahora, el 3 de junio de 2019, cuando este temor ha unido al Congreso de EEUU, logrando algo inaudito: que demócratas y republicanos hayan acordado abrir una investigación pública sobre el posible comportamiento monopolístico de los gigantes tecnológicos. Y sólo unas horas antes,  se supo que el Gobierno Trump se había unido a la “cruzada” contra los gigantes de Internet: la Comisión Federal de Comercio (FTC) iba a investigar a Amazon y Facebook, mientras el Departamento de Justicia abría otra investigación a Google y Apple, las cuatro en materia de competencia.

Algunos republicanos y sobre todo los demócratas quieren “dar un escarmiento” a las grandes empresas tecnológicas, mientras algunas voces críticas hablan de que estas corporaciones son, incluso, “un peligro para la democracia”.  Se les acusa de actuar como monopolios y atacar la libre competencia. A Google se le achaca favorecer sus propios productos en las búsquedas (controla el 96%) y de abusar de su influencia en el mercado publicitario digital (controlado en un 60% por Facebook y Google). A Facebook, de convertirse en un monopolio en redes sociales, tras la compra de Instagram y WhatsApp. A Amazon, que controla la mitad del comercio online y presiona a los 6 millones de vendedores que utilizan su plataforma. A Apple, de abusar de su posición monopolística en el mercado de las aplicaciones (“APPs).  A Microsoft, querer imponer sus programas a los usuarios. Y tanto a Google como a Apple, el controlar con sus dos sistemas operativos el 100% del mercado de móviles.

El problema de fondo es que su enorme poder económico y tecnológico más su  millonario número de clientes, les permiten controlar cada mercado e imponer sus reglas, bloqueando o echando a posibles competidores (como ha denunciado Spotify con Apple Music). Y en otros casos, simplemente los compran (WhatsApp o Instagram). Esta situación de “cuasi monopolio” está provocando que cada vez haya menos emprendedores independientes (“startups”), porque los grandes fondos de capital riesgo dudan ahora de financiar nuevas empresas innovadoras que pueden ser asfixiadas por las grandes tecnológicas, según ha denunciado la senadora demócrata Elizabeth Warren, la más dura con estos gigantes. Y en el caso de Amazon, se le achaca destrozar el pequeño y mediano comercio en todo el mundo. Los críticos señalan que, aunque a corto plazo, estos gigantes tecnológicos benefician a los usuarios, a medio y largo plazo pueden ser “un cáncer” para la economía, porque reducen la innovación alternativa y matan la competencia y muchos empleos. 

Incluso hay otra preocupación más, porque las grandes tecnológicas se estén metiendo en el negocio de la banca:  el Banco Internacional de Pagos Internacionales (BIS) acaba de advertir que la incorporación de Google, Facebook, Amazon, Alibaba o Tencent a los servicios financieros, como los pagos, tarjetas, ahorro y crédito plantea riesgos como la aparición de empresas dominantes que podrían reducir la competencia financiera en el mundo.

La nueva “cruzada” en EEUU contra los gigantes tecnológicos llega muchos años después que en Europa, donde la Comisión Europea lleva ya décadas investigando y multando a las grandes tecnológicas norteamericanas, en medio de las protestas de Bush, Obama y Trump. Quien se lleva la palma es Google: la  Comisión Europea le ha abierto 3 expedientes con fuertes multas en 2017 (2.420 millones de euros), 2018 (4.340 millones) y marzo de 2019 (1.490 millones) por prácticas anticompetitivas en el mercado publicitario, por favorecer su comparador de precios y aplicar restricciones a los fabricantes de móviles y tablets para favorecer su sistema operativo Android. Aunque todas estas multas están recurridas, ya en 2018, Google “pagó más en multas que en impuestos en Europa”. Y desde 2004, la Comisión Europea ha abierto expedientes y aplicado multas millonarias a Microsoft (2.200 millones en sanciones en 15 años), Intel, Amazon, Apple, Facebook y Qualcom.

Otra preocupación de los gobiernos (y de los usuarios), en EEUU y en Europa, es la fuga de datos de los clientes de las tecnológicas, muchas de ellas ocultadas durante meses y años. El último caso conocido ha sido otra vez Facebook, al descubrir una empresas de ciberseguridad (no ellos) datos sin cifrar de 540 millones de usuarios de la red social en un servidor de Amazon. Un año antes, en marzo de 2018, Facebook anunció una fuga masiva de datos (50 millones de clientes USA), aprovechados por la consultora Cambridge Analytics. Y unos días después, fueron Google (52 millones de datos) y Twitter los que reconocieron sendas fugas de datos de clientes.  Un fallo de seguridad que se viene dando en las empresas tecnológicas desde 2014 (ver listado): EBay (145 millones de cuentas expuestas en 2014), Yahoo (3.500 millones de correos en 2016), Linkedln (116 millones en 2016), Dropbox (69 millones en 2016), Tumblr (65 millones en 2016) y Uber (57 millones de cuentas en 2017).

Y hay un tercer problema que se achaca a las grandes tecnológicas: pagan pocos impuestos. El FMI y sobre todo la OCDE llevan años tratando de luchar contra la “elusión fiscal” de las multinacionales, en especial los grandes gigantes de Internet. Según algunas estimaciones, sólo pagan en impuestos entre el 1 y el 1,5% de sus beneficios, aunque deberían pagar entre el 15 y el 25% (impuesto sociedades). La mayoría de estas multinacionales utilizan la misma estrategia: facturan la mayor parte de sus ingresos a través de empresas registradas en otros paises con baja fiscalidad (Irlanda, Luxemburgo y Holanda) o a través de paraísos fiscales. Y además, utilizan empresas filiales pantalla para pagarlas derechos de patentes, engrosando sus cuentas a costa de rebajar los ingresos en el país donde operan. Un ejemplo es Google, que opera a través de Irlanda, mueve luego los beneficios a Holanda y de ahí al paraíso fiscal de Bermudas, “eludiendo” así 20.000 millones de beneficios.

Un estudio de Gabriel Zucman revela que el 40% de los beneficios de las multinacionales terminan en paraísos fiscales, provocando enormes pérdidas fiscales a los paises donde operan. La Comisión Europea está muy vigilante con la operativa fiscal de las grandes tecnológicas y en 2017, obligó a Apple a devolver 14.300 millones a Irlanda por ayudas fiscales recibidas que eran “anti comunitarias”. Y la Comisión también ha obligado a Amazon a devolver 250 millones de euros a Luxemburgo por beneficiarse de acuerdos tributarios que van en contra de las normas de la UE. Pero la Comisión Europea saliente ha sido incapaz de evitar que Irlanda, Holanda y Luxemburgo busquen atraer a las grandes multinacionales con bajos impuestos y ayudas fiscales encubiertas (son verdaderos “paraísos fiscales” en la UE).

En España, el 94% de las multinacionales fueron “opacas” con sus impuestos en 2017, según un informe de la Fundación Compromiso y Democracia. Y entre las más opacas, Apple y Google, que apenas pagan impuestos porque desvían su facturación a Irlanda y otros paises. De hecho, las 5 grandes tecnológicas pagaron sólo 31,7 millones de impuestos en España en 2017, según el Registro Mercantil: 13,5 millones Apple, 9,1 millones Google, 6,9 millones Microsoft y sólo 2,2 millones Amazon (que vende por valor de 4.200 millones). Y eso porque dicen facturar aquí sólo unos 1.000 millones de euros, cuando en realidad deben facturar más de 10.000 millones anuales (si facturan casi 600.000 millones en todo el mundo, a España le debería corresponder el 1,69%, que es nuestro peso en el PIB mundial). Eso significa que deberían pagar 200 millones anuales en impuestos, no 31,7.

Ahora, los principales paises del mundo se han “conjurado”, en la reciente Cumbre del G-20 en Tokio, para aprobar un impuesto mundial para las grandes tecnológicas, a las que acusan de “eludir el pago de impuestos”. Y han fijado una fecha: habrá un nuevo impuesto en 2020, que podría ser el 3% de sus beneficios, dado que resulta muy difícil demostrar lo que facturan en cada país, dado el desvío y trasvase de fondos entre países (habrá que ver cómo se cobra y cómo se reparte). Los paises del G-20 han encargado a la OCDE (agrupa 36 paises occidentales) que avance en este nuevo régimen tributario para las multinacionales tecnológicas, dado que la OCDE ya aprobó en 2018 el proyecto BEPS , para el intercambio de información fiscal entre paises, que permite ahora un mayor control fiscal de las multinacionales.

Europa iba a aplicar un impuesto a las multinacionales, la llamada tasa Google, pero no fue posible aprobarla en el Consejo Europeo del 12 de marzo de 2019, por la oposición de Irlanda y los paises nórdicos más el escaso apoyo de Alemania, mientras la defendían Francia, España, Reino Unido e Italia. Ahora, los paises europeos han decidido esperar a lo que decida en 2020 el G-20 y la OCDE, aunque, mientras, Francia y Austria han aprobado ya una tasa Google en 2019, al igual que España (Consejo de Ministros 18 enero 2019), pero no se aplica porque el gobierno Sánchez no consiguió aprobar el Presupuesto 2019 (que incluía ese impuesto del 3% sobre beneficios, 1.200 millones de ingresos extras, una cifra excesiva según los expertos). Ahora, todo apunta a que no habrá tasa Google hasta 2020.

Mientras el mundo estudia cómo conseguir que los gigantes tecnológicos paguen más impuestos, en EEUU se espera ahora que Google, Facebook, Apple y Amazon desfilen por la Comisión de investigación del Congreso, que les investigará durante 18 meses. Algunos políticos y expertos defienden la opción de “trocear” a estos gigantes para impedir sus “comportamientos monopolistas”, como ya se hizo a principios del siglo XX con las grandes petroleras (en 1911, el Supremo obligó a dividir Standard Oil, el gigante de Rockefeller, en 34 empresas, entre ellas Exxon y Mobil). No parece que esta vaya a ser la opción elegida, porque muchos temen que supondría darle una baza a China y a sus poderosas tecnológicas. Otra opción es obligarlas a desinvertir, a deshacer compras, forzando por ejemplo a Google a vender WhatsApp o Instagram. En cualquier caso, lo que parece evidente es que van a controlar y regular más su operativa, tratando de que no limiten la competencia. Claro que son muy poderosas y tienen un potente lobby para “presionar” en Washington.

Un factor clave va a ser el comportamiento de los usuarios, en los que ha calado la ideología de Google, Facebook, Amazon y Apple, de que los gobiernos no pueden “limitar la tecnología” ni “poner puertas al campo”. Lo que está en juego no es la libertad de Internet sino la libertad a secas: si no se controla a estos gigantes, su poder será omnímodo y nadie podrá hacer nada en unas décadas. Serán tan poderosos que serán “intocables”. 


Ahora estamos a tiempo de fijar unas reglas para un negocio nuevo que no quiere tenerlas. Obligarles a operar y competir con “limpieza”, sin abuso de posición dominante, facilitando que otros innoven y ofrezcan nuevos productos y servicios. Obligarles a vigilar escrupulosamente nuestros datos, evitando fugas y un uso no acordado por nosotros. Y sobre todo, obligarles a que paguen impuestos, porque no es justo que se hagan millonarios a nuestra costa y luego los paises no tengan recursos públicos para mejorar el Estado del bienestar y acaben haciendo recortes. Y si esconden lo que ganan por el mundo, vigilancia y multas globales. Jaque a la prepotencia de los gigantes de Internet. No nos beneficia en nada y nos perjudica mucho.

Recuperación: 1 de cada 5 españoles, excluidos

La economía española lleva 5 años creciendo, pero la recuperación no llega a todos: hay 8,5 millones de españoles “excluidos”, 1,18 millones más que antes de la crisis, según el VIII Informe Foessa (Cáritas). Y de ellos, la mitad son “excluidos severos”, españoles con graves problemas de ingresos, trabajo, vivienda, aislamiento, salud o educación. Y de ellos, 1,8 millones están “expulsados”, con graves problemas para sobrevivir cada día. En conjunto, son 1 de cada 5,5 españoles excluidos económica y socialmente, que “han perdido el tren” y muchos son irrecuperables si no se toman medidas, sobre todo por culpa del paro, la precariedad del trabajo y  la vivienda, los mayores causantes de la exclusión social. Y los más afectados son los jóvenes, las mujeres solas con niños, los discapacitados, los inmigrantes y las familias muy numerosas, sobre todo en Canarias, Extremadura, Baleares y Valencia. Urge intentar recuperarles cuanto antes, porque la exclusión social no sólo es injusta e inmoral: es un cáncer para la economía y la democracia.

enrique ortega

Ya sabíamos que la crisis ha aumentado la desigualdad, a pesar de la recuperación: si en 2008, el 10% más rico tenía 9,7 veces los ingresos del 10% más pobre, ahora, ese 10% tiene 12,8 veces más ingresos, según este informe de Intermón Oxfam. Y España es el 4º país europeo con más desigualdad, tras Bulgaria, Lituania y Letonia, según Eurostat. El  1% más rico concentra el 25,1% de la riqueza española, casi lo mismo que el 70% más pobre (32,1% de la riqueza total). Y el 10% más rico acapara más riqueza (53,8%) que el 90% restante de españoles (46,2% de la riqueza total), según el informe de Intermón Oxfam “La recuperación económica en manos de una minoría”. Y también sabíamos que ha crecido la pobreza: había 12.338.187 españoles pobres en 2017, según la estadística europea AROPE, que incluye personas que ingresan menos del 60% de la renta media española o que sufren privaciones o que trabajan pocas horas. Son 1,4 millones de pobres más que en 2008.

Lo que no sabíamos hasta ahora es que la crisis ha aumentado también la “exclusión social”, a pesar de la recuperación: hay 8.592.000 españoles “excluidos” en 2018, el 18,4% de los españoles, 1,18 millones de excluidos más que en 2007, según el VIII Informe Foessa (Fundación de Cáritas). ¿Qué españoles se consideran excluidos? No son sólo pobres (la mayoría sí). Son personas apartadas de la vida económica, social y política debido a carencias económicas, de vivienda o de salud y a su aislamiento social, personas que se han quedado “fuera” y no consiguen salir de su aislamiento. El VIII Informe FOESA estudia 35 variables (ingresos, paro, empleo, vivienda, salud, educación, aislamiento social y político) y ha realizado 29.000 encuestas en 2018 (viene haciendo informes periódicos desde 1964) para estimar el grado de integración o exclusión social de los españoles.

El VIII Informe Foessa (2018-19) revela que algo menos de la mitad de los españoles están plenamente integrados socialmente: 22.601.832 personas, el 48,4% de los españoles, casi los mismos que en 2007 y más que en lo peor de la crisis (el 34,1% en 2013). Un tercio de la población (el 33,2%, 15.503,736 españoles) están integrados de una forma precaria, inestable, casi los mismos que en 2007 (34,6%) y menos que en 2013 (40,7% precarios). Y luego hay 8.592.000 españoles con problemas de exclusión social, un 18,4% de la población, 1,18 millones más que antes de la crisis (eran el 16,4% en 2007) y menos que en 2013 (25,3% con problemas). Dentro de este grupo con problemas de exclusión, hay dos colectivos que están peor, según el Informe Foessa. Uno, los 4.109.000 españoles (un 8,8% de la población) que están en exclusión social severa: se han cebado en ellos el paro y la precariedad laboral, tienen una vivienda insegura e inadecuada que les cuesta pagar, están aislados o tienen problemas de salud y tienen poca formación y no participan social ni políticamente. Y dentro de  este colectivo, hay 1.800.000 excluidos (eran 600.000 en 2007) que Foessa considera “expulsados” de la sociedad: tienen tal cúmulo de dificultades graves que “malviven” cada día y requerirían ayuda urgente para tener una vida digna.

Centrémonos en esos 8,59 millones de españoles (1 de cada 5,5 habitantes) con problemas de exclusión social en 2018, según Foessa. Los excluidos no son un colectivo uniforme, sino que se reparte de forma desigual. Por un lado, por autonomías. Tienen más exclusión social Canarias (29% frente al 18,4% de media española), Extremadura (23,2% de excluidos), Baleares (21,5%), Comunidad Valenciana (20,3%), Cataluña (18,6%) y Murcia (18,5%). Y menos, La Rioja (11,3% de población excluida), Cantabria (11,8%) y Asturias (14,4%), País Vasco (15,2%), Castilla y León (15,3%) y Navarra (15,9%). Y por otro lado, la exclusión social se ceba con los jóvenes, las mujeres con niños, los discapacitados, los inmigrantes y las familias muy numerosas, según el VIII Informe Foessa.

La edad es un factor clave de exclusión social: los menores de 18 años tienen un alto porcentaje de exclusión social (23,3%, de ellos el 12,6% con exclusión severa), lo mismo que los jóvenes de 18 a 24 años (22,6% excluidos, de ellos el 10% con exclusión severa), mientras el resto de la población tiene una exclusión inferior a la media y los mayores de 65 años, la exclusión más baja (11,4% y sólo el 5% sufren exclusión severa), debido a que tienen una pensión (aunque sea baja) y normalmente la casa pagada. Otras que sufren más la exclusión son las mujeres, especialmente las mujeres solas con niños (20% excluidas, 9,4% con exclusión severa), más que los hombres solos con niños (16% excluidos, el 7,5% severos). Y también hay más personas excluidas entre las familias numerosas con 5 o más miembros (36,1% están excluidos, el 18,8% con exclusión severa). La exclusión social se ceba también entre los discapacitados (afecta al 30%) y entre los inmigrantes (43,8% en exclusión social, el 22% en exclusión severa).

¿Qué provoca la exclusión social? Un factor clave es la pobreza, pero no el único, porque el 40% de los excluidos socialmente no son pobres, según el Informe Foessa. Pero el 56% sí y está claro que los  ingresos y la situación laboral son claves para estar excluido socialmente o no. Por un lado, el paro de larga duración y el cobrar o no desempleo (la mitad de los parados EPA no cobran nada). Y por otro, resulta decisivo el tipo de empleo, porque los excluidos suelen  tener empleos precarios: 1 de cada 3 excluidos han pasado por 6 o más contratos o por 3 o más empresas o ha estado 3 meses o más en paro en el último año, según el informe Foessa (y 1 de cada 2 de los que están en exclusión severa). Y lo peor es que el trabajo tampoco es una garantía de integración social: el 12% de los que tienen un trabajo se encuentran en situación de exclusión social. Y muchos no es sólo por su precariedad laboral y bajos salarios, sino porque trabajan pocas horas: el 31% de los excluidos trabaja menos de 20 horas a la semana, están subempleados.

El otro factor clave de la exclusión social es la vivienda, según el informe Foessa, sobre todo en los últimos años en que los alquileres se han disparado, subiendo un 30%. Esto ha llevado a la exclusión a muchas familias, que dedican un tercio o más de sus ingresos a pagar el alquiler : una media del 34% de sus ingresos mensuales en España, que llega al 51% en Madrid y al 49% en Barcelona), según un reciente estudio de Fotocasa e InfoJobs. Además, el VIII Informe Foessa revela que 2.100.000 hogares (el 11% del total) viven en situación de “exclusión residencial”: unos (1,3 millones) porque viven en casas con graves deficiencias  (infravivienda) y sin suministros adecuados (agua, calefacción) y otros (800.000 hogares) porque viven sin contrato de alquiler o con riesgo de que les desahucien o con situaciones de violencia intrafamiliar.

Una tercera causa de exclusión social es la salud, un problema de ida y vuelta: una enfermedad grave, una toxicomanía o cuidar a un dependiente pueden llevar a la exclusión social de una familia y a su vez, la exclusión social deteriora la salud de los afectados, agravando sus problemas y su exclusión. Por un lado, hay todavía un 0,8% de personas que no tienen la tarjeta sanitaria (según el VIII Informe Foessa) y existe un conjunto amplio de servicios sanitarios que no están disponibles para los españoles excluidos (dentista, óptica, ayudas técnicas, prótesis, salud mental…). Y por otro, las familias en exclusión social han dejado de comprar medicinas por los copagos (el 52% de los que están en exclusión severa y el 24,4% en exclusión moderada), interrumpiendo tratamientos.

Un cuarto factor importante de exclusión social es el aislamiento: un 5,4% de los hogares españoles (1 millón de hogares) están formados por personas solas o sin apoyo (familia, amigos, conocidos…) en caso de dificultades o enfermedad. Y es lo que les pasa a muchas mujeres solas y a inmigrantes: no tienen a quien pedir ayuda si enferman, se quedan sin trabajo o les echan de casa. Y pasan de estar integrados a “excluidos”.

Y también cuenta mucho, claro, el nivel educativo, la formación de las personas. Hay 3 factores claves que fomentan la exclusión: el analfabetismo o la falta de estudios de los padres y la no escolarización de los hijos. Lo más preocupante, según el VIII Informe Foessa es que los hogares con exclusión social tienen más dificultades para que sus hijos estudien (8 de cada 10 jóvenes que no terminan la secundaria son hijos de padres que no tienen EGB) y hay un mayor riesgo de que los hijos “hereden” la exclusión, porque tendrán grandes dificultades para trabajar y emanciparse si tienen poca formación.

¿Cómo se apañan las familias en exclusión social? La mayoría, según el VIII Estudio Foessa, se centran en recortar gastos (de todo menos de vivienda y comida) y pedir ayuda a familia y amigos, aunque cada vez es más difícil porque la mayoría lleva una década pidiendo y muchas “redes de apoyo” están agotadas, en tanto las instituciones (Ayuntamientos o autonomías) y ONG han sufrido drásticos recortes y tienen menos recursos y más demanda. Los que lo están pasando peor son esos 4,1 millones de españoles en exclusión severa, porque su situación “se ha hecho crónica y ha empeorado”, según el VIII Informe Foessa, especialmente los 1,8 millones que están peor, los “expulsados”, que ya han agotado todas las prestaciones y ayudas y no saben qué hacer.

Frente a esta delicada situación de los excluidos, el resto de españoles hemos cambiado de actitud y somos menos solidarios que hace años, según apunta el VIII Informe Foessa. Esto se debe a una cierta “fatiga en la compasión” y a que muchos españoles de clase media se consideran “los perdedores de la crisis” (aunque lo sean más los pobres) y creen que pagan “demasiados impuestos” (aunque pagan menos que en la mayoría de Europa”) y que muchos ingresos se destinan a ayudar “a otros”, sin control. Un sentimiento de crispación, temor e inseguridad ante el futuro que alimenta ideas contrarias a universalizar las ayudas sociales, a veces favorecidas por la xenofobia contra los inmigrantes. Algo que no se corresponde con la realidad: el 80% de los excluidos socialmente son españoles y sólo un 20% son inmigrantes, según aclara el Informe Foessa.

En cualquier caso, el debate está ahí y el reto es cuánto podemos y debemos ayudar a los excluidos socialmente, que son ya 1 de cada 5,5 españoles, en total 8.592.000 personas. Una cifra que podría aumentar si llega otra crisis, porque el VIII Informe Foessa alerta que en el nivel intermedio, los que tienen una integración precaria (33,2% de españoles) hay 6 millones de personas “en la frontera” y muchas podrían pasar de integradas a excluidas si vuelve a fallar el crecimiento o el empleo o se dispara el problema de los alquileres.

Hay que atacar y reducir la exclusión social no sólo por justicia, sino también por razones económicas y políticas. Por un lado, la exclusión social impide que millones de españoles consuman, coticen y paguen impuestos, lo que supone un cáncer para la economía, el crecimiento y el futuro, como han reiterado la ministra Calviño (“la exclusión es uno de los tres grandes problemas de nuestra economía, junto al paro y la deuda”), el FMI, la OCDE y la Comisión Europea, que lleva años pidiendo a España que reduzca la pobreza y la desigualdad y consiga “un crecimiento inclusivo”, que la recuperación llegue a todos.

Pero además, la exclusión social es un grave problema para la democracia, como señala el VIII Informe Foessa: sólo la mitad de los hogares excluidos votan y el 18% no votan nunca, frente al 74,1% de los hogares integrados que votan siempre. Y hay barrios excluidos en algunas ciudades donde el 75% de los ciudadanos no votan nunca. Una marginación política que es caldo de cultivo para populismos y extremismos y que debilita la democracia y las instituciones. Se da la paradoja de que los ciudadanos que necesitan más al Estado no votan y eso reduce los incentivos para que los políticos recojan y defiendan sus intereses, no sólo los de los ciudadanos integrados que sí les votan. Lo que favorece su marginación política.

¿Qué se puede hacer? El VIII Informe Foessa propone crear un nuevo escenario de ayudas con “responsabilidades compartidas” entre las Administraciones públicas, las ONGs, las empresas sociales, los profesionales y las iniciativas ciudadanas, para perfilar la asistencia a los excluidos, fomentando la solidaridad frente al individualismo. Proponen crear consensos sociales y políticos para evitar que 8,59 millones de españoles se queden atrás, afrontando con urgencia la situación de los 1,8 millones de españoles que están peor. Eso pasa por contar con más recursos para la asistencia social y definir las futuras prestaciones sociales, que hoy son no sólo escasas sino ineficaces.

Lo urgente es conseguir más recursos para los excluidos, porque ahora los Ayuntamientos no tienen medios y las ONGs están saturadas. Y esto obliga al futuro Gobierno a aprobar un Plan de choque contra la pobreza y la exclusión social, sobre todo de las familias con niños. Un Plan que exige recursos, para lo que urge aumentar la recaudación fiscal, una reforma que consiga ingresar más (dado que España recauda 80.000 millones menos cada año que la media europea). Y a partir de ahí, pactar un sistema de ayudas que combine las rentas básicas y el seguro de paro con formación y ayudas a la vivienda y becas. Y sin olvidar la urgencia de promover viviendas públicas en alquiler (se hacen 3.500 VPO al año, frente a 100.000 antes de la crisis), para que no aumenten las familias excluidas. Y, por supuesto, mejorar la calidad del empleo y los salarios, junto a la formación y la educación de jóvenes y adultos, para atacar las raíces de la exclusión social.

No podemos mirar para otro lado: 1 de cada 5,5 españoles se han quedado atrás mientras el resto vivimos como si no existieran. No les podemos dejar tirados. Es una cuestión moral, pero también económica y política: sin ellos no podemos construir un país sano y con futuro. Hay que ayudarles a recuperarse, a integrarse económica y socialmente. Por el bien de todos.

Se fuma más: el mayor riesgo para la salud

Las ventas de tabaco en España vuelven a subir en 2019, tras aumentar en 2018, por primera vez desde 2015. Y han aumentado los fumadores, hasta los 9 millones, más que en 2005, antes de las dos Leyes antitabaco. El tabaquismo es el mayor problema de salud pública mundial para la OMS, porque provoca 8 millones de muertes al año, 52.000 muertes en España. Una epidemia que dispara gastos sanitarios y laborales, con un coste de 1 billón de euros, 16.000 millones en España. Médicos y expertos denuncian que “se ha bajado la guardia” contra el tabaco, aunque sea el mayor riesgo para la salud. Y piden que se cumpla la Ley que impide fumar en lugares públicos y se extienda a recintos deportivos, playas y coches con niños. Y subir los impuestos y el precio de la cajetilla, la mitad que en media Europa. Y que Sanidad pague los fármacos anti-tabaco, medida que aprobará este año. Guerra abierta al tabaco.

enrique ortega

“El cigarrillo es el artefacto más mortífero en la historia de la civilización humana”, según declaró a la BBC el historiador británico Robert Proctor: sólo en el siglo XX produjo 100 millones de muertos, más que las dos guerras mundiales juntas. Y en este siglo XXI, si no se toman medidas drásticas, provocará otros 450 millones de muertos sólo hasta 2050, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de reiterar que el tabaquismo es “una de las mayores amenazas para la salud en el mundo” y ha pedido a los paises que refuercen sus medidas contra el tabaco, dado que dos tercios del mundo no vigilan ni reducen su consumo.

Uno de cada cinco habitantes de la Tierra (mayores de 15 años) fuma: son 1.100 millones de personas y casi la mitad  acabarán enfermando o muriendo por el tabaco, el primer factor de riesgo de cardiopatías y quien provoca casi la mitad de las muertes cardiovasculares así como el 30% de los cánceres (el 80% de los de pulmón) y múltiples enfermedades respiratorias, así como infertilidad, abortos y problemas en los niños que respiran su humo. La OMS alerta que el tabaco mata a una persona cada 4 segundos: 8 millones de muertes al año, de las que 1 millón son no fumadores expuestos al humo de los demás (humo que contiene 4.000 productos químicos, de los que 250 son nocivos y 50 cancerígenos). De hecho, la OMS alerta que 165.000 niños mueren al año en el mundo por respirar humo ajeno. Y sobre  los fumadores activos, indica que 1 de cada 6 fallece prematuramente.

Además, la OMS advierte que las enfermedades provocadas por el tabaco están colapsando la sanidad de muchos paises, provocando enormes costes económicos, a los que hay que añadir los costes del tabaquismo para las empresas, por absentismo y bajas laborales. En conjunto, el coste económico del tabaquismo asciende a 1,4 billones de dólares anuales (1,16 millones euros), el 2% del PIB mundial, según un estudio de Tobacco Control. Y a ello habría que añadir los problemas que plantea el comercio ilícito, el contrabando de tabaco (1 de cada 10 cigarrillos en el mundo), que financia las mafias, el crimen organizado y el tráfico de personas, además de reducir los ingresos fiscales.

En Europa, el tabaco causa la muerte de 650.000 europeos al año, de ellos 52.000 españoles, según el Comité para la Prevención del Tabaquismo (CNPT). En España se fuma por encima del promedio de la OCDE: hay un 22,1% de mayores de 15 años que fuman diariamente (2016), frente al 16,8% en la OCDE, el 25% en Grecia, el 17% en Portugal, el 22% en Francia, el 20% en Italia y el 16% en Portugal, según el Barómetro de Salud de FEDEA 2018. Pero los últimos datos de Sanidad, la Encuesta EDADES 2017,  revela que está aumentado el número de fumadores: el 34% de los españoles (15 a 64 años) ha fumado en el último mes, frente al 30,8% en 2005 y el 32,8% de 2005, cuando se aprobó la primera Ley antitabaco, seguida de otra en 2010 (año con el 30% de fumadores). Y la última Encuesta del Semfyc, de mayo de 2019, lo confirma: en 2018 fumaban el 23,2% de españoles, un 2,3% más que en 2017.

Son unos 9 millones de fumadores (5 millones hombres y 4 millones mujeres), concentrados sobre todo en familias de rentas bajas y medias, aumentando los fumadores entre las mujeres y sobre todo entre los jóvenes: el 24% de los “veinteañeros” son fumadores, según la Encuesta de Semfyc. Y empiezan a fumar mucho antes. Somos el país europeo donde los adolescentes empiezan antes a fumar, a los 14 años, según la Encuesta ESTUDES (y cada vez más, a los 11 y 12 años). Y España encabeza también el ranking europeo de adolescentes que fuman, el 33% de las chicas y el 29% de los chicos de 14 a 18 años, según la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA). Un hábito que, según los médicos, causa serios problemas a los jóvenes: asma, enfermedades respiratorias y vasculares o trastornos en la alimentación y el sueño.

Este aumento de los fumadores, tras unos años a la baja o estabilizados, se confirma con los datos de ventas de tabaco en España, que aumentaron en 2018 (11.752 millones de euros, un +0,87%) y más este año 2019 (3,64 millones hasta abril, un +2,5%), tras bajar las ventas desde 2010 (salvo en 2015), según los datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos. El número de cajetillas vendidas crece este año 2019 un +2,1% (690.000 hasta abril), tras 10 años bajando o estancadas (2,231 millones en 2018 frente a 2,237 en 2017), algo que se debe a dos factores. Uno, que muchos fumadores se han pasado del cigarrillo al tabaco de liar, más barato, cuyas ventas se han disparado: de 209 millones en 2007 a 1.002 millones de euros en 2018. Y el otro, el auge del contrabando de tabaco, que ya supone el 9,3% del consumo y que en algunas regiones, como Andalucía llega al 31,1% (casi la mitad viene de Gibraltar), según la consultora IPSOS. De hecho, en 2018 se aprehendieron 775.052 cajetillas de tabaco (7% ventas), según el Comisionado para el Mercado de Tabacos.  Y cada año se desmantelan fábricas clandestinas de tabaco, promovidas por mafias del Este.

España, con 4.580 millones de cigarrillos anuales (2017), es el 8º fabricante de tabaco en Europa (1,02%), un mercado que produjo 447.000 millones de cigarrillos en 2017 (950 cigarros por europeo), por un valor de 4.900 millones de euros, según datos de Eurostat. El primer fabricante es Alemania (31%, casi 150.000 millones de cigarrillos fabricados), seguida de Polonia (23%), Rumania (14%), Grecia y Portugal (5% cada uno) y Bulgaria (4%). En el mercado español, las cuatro grandes multinacionales tabaqueras se reparten las ventas, según el Comisionado para el Mercado de Tabacos: el 32,10% la norteamericana Philip Morris (Marlboro, LM, Chesterfield), el 28,23% Altadis, antigua Tabacalera controlada ahora por la británica Imperial Brands (R1, Ducados, BN, Fortuna, West), el 23,08% la japonesa JTI (Winston, Silk Cat) y otro 11,39% la británica BAT (Vogue, Lucky Strike, Rothsmans).

El negocio del tabaco vende en España por valor de 11.752 millones de euros, una cifra similar a la de 2007 (11.809 millones), aunque ha bajado desde el máximo de 2010 (12.992 millones), por las dos Leyes antitabaco. Y también se ha estabilizado la recaudación fiscal: el tabaco aportó 7.016 millones en impuestos en 2018, casi lo mismo que en 2017 (6.978) y un 14% más que en 2014 (6.153 millones). Una cifra insuficiente para financiar los costes sanitarios que provoca el tabaco en España, 7.695 millones anuales, según la cifra estimada por el CNPT sólo para paliar las 5 principales enfermedades que produce (patología coronaria, EPOC, asma, enfermedad cerebrovascular y cáncer de pulmón). Y a eso habría que añadir otros 8.780 millones de costes para las empresas, por absentismo, pérdida de productividad y limpieza. En total, 16.475 millones de costes anuales, a sumar a los miles de enfermos y los 1.000 muertos a la semana.

Por todo ello, el tabaco se ha confirmado como el mayor problema de salud pública, en el mundo y en España. Lo peor, según la OMS, es que la mayoría de personas no está informada de las graves consecuencias del tabaquismo: así, un estudio en China reveló que dos tercios de la población no sabía que el tabaco causaba graves enfermedades. Y además, no se toman medidas: sólo 26 paises (33% de la población mundial) disponen de servicios nacionales para ayudar a dejar de fumar, según la OMS. Y sólo 37 paises (15% de la población mundial) prohíben la publicidad del tabaco, mientras la mayoría apenas lo penalizan con impuestos: sólo 32 paises (10% población mundial) imponen impuestos al tabaco que superan el 75% de su precio. Y aunque hay ya 78 paises (47% población mundial) que advierten en las cajetillas de los riesgos del tabaco, estas advertencias (“el tabaco mata”) no funcionan.

En general, la guerra contra el tabaco no avanza apenas porque la industria tabaquera es muy poderosa y su negocio factura 633.000 millones de euros al año, algo más de la mitad del PIB español (1,2 billones). Con esta fuerza, las multinacionales intentan ganar nuevos mercados en paises pobres y en desarrollo (Asia, África y Latinoamérica) y nuevos clientes, entre las mujeres y los jóvenes, presionando a los Gobiernos para que no suban los impuestos al tabaco y buscando fórmulas para eludir las restricciones a la publicidad y para lanzar nuevos productos. Así, la OMS acaba de denunciar el uso de la Fórmula 1 y la MotoGP para hacer publicidad encubierta del tabaco en estos deportes multitudinarios. Y se han disparado las ventas de “tabaco alternativo”, los cigarrillos electrónicos (de 6 millones vendidos en 2011 a 38 millones en 2018) y el tabaco calentado (PTC), que utilizan ya 7 millones de fumadores en el mundo. Son dos formas de seguir fumando, que tratan de atraer a los jóvenes (en España, el 20,1% de los adolescentes de 14 a 18 años han “vapeado” alguna vez) y que son rechazados por nocivos, tanto por la OMS como por los médicos (“su nicotina les hace adictivos y es una puerta trasera para acabar fumando”) y el Ministerio de Sanidad.  

Frente a estos intentos de la poderosa industria tabaquera por sobrevivir, la OMS ha propuesto a los Gobiernos las 6 medidas MPOWER (iniciales en inglés de cada una): vigilar el consumo de tabaco y medidas de prevención, proteger a toda la población del humo, ofrecer asistencia a los que quieran dejar de fumar, advertir de los peligros del tabaco, hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio y aumentar los impuestos al tabaco. Y además, controlar el contrabando, un tabaco aún más peligroso para la salud.

En España, los principales Colegios de médicos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos  y otros profesionales de la salud, junto con numerosas sociedades científicas y asociaciones de pacientes y consumidores, firmaron en junio de 2018 esta “Declaración por la salud y para elavance de la regulación del tabaco en España”. En ella, advierten que “se ha bajado la guardia” en la lucha contra el tabaquismo, dado que 1 de cada 4 adultos fuma y sigue habiendo una gran parte de la población expuesta al humo, porque se permite fumar en muchos lugares públicos y en los regulados, no se cumple la Ley antitabaco. Y dado que el tabaco “causa la muerte prematura a la mitad de los fumadores habituales”, piden al Gobierno que se tomen con urgencia medidas, básicamente cuatro.

La primera y fundamental, actuar sobre los impuestos del tabaco. Por un lado, aumentar el impuesto del tabaco (especiales + IVA), que es más bajo en España: supone un 78,8% del precio de venta, en línea con Portugal (78,1%), Italia (74,4%) y Alemania(74,4%), pero mucho más bajo que en Finlandia(86%), Reino Unido e Irlanda (84%), Grecia (83,9%), Polonia (81,2%) o Francia (80,8%), según datos de Eurostat (2016). Y con ello, una cajetilla de Marlboro, por ejemplo, cuesta en España 5 euros (como en Portugal), en Italia 5,40, en EEUU 6,2 euros, en Francia 8 euros, en Reino Unido 11,23 euros y en Australia 18,34 euros. Por otro, equiparar los impuestos a todo el tabaco, porque ahora pagan menos el tabaco de liar o de pipa (cuyas ventas también se han disparado, para fumarlo) y los electrónicos. Los expertos indican que una subida de precio del 1% reduce el consumo de tabaco un 10%.

La segunda medida es actuar sobre la publicidad del tabaco, siendo más estrictos en la prohibición legislada (ampliándola a tabaco de liar, pipas, cigarrillos electrónicos y estancos) y suprimiendo los patrocinios. Y aprobar el “etiquetado neutro”, cajetillas sin marca y con fotos y advertencias de riesgo (vea aquí fotos de cajetillas así etiquetadas). Esta medida baja las ventas, porque quita a la cajetilla todo el “atractivo” de la marca y diseño actual. Ya ha sido aprobada por 9 paises: Australia (2012), Francia y Reino Unido (2016), Noruega e Irlanda (2017), Nueva Zelanda y Hungría (2018), Uruguay (enero 2019) y Eslovenía (para enero 2020), según este informe. Y estudian implantarlo Canadá, Finlandia, Bélgica, Rumanía, Turquía y otros 11 paises de Asia, África y Latinoamérica.

La tercera medida importante que proponen es exigir el cumplimiento de la prohibición de fumar en los lugares públicos que fija la Ley, ampliando la prohibición a cigarrillos electrónicos y a otros lugares públicos (recintos deportivos o playas y paradas de autobuses) y en coches con niños, una prohibición que va a aprobar este año la Generalitat de Cataluña. Y en paralelo promover campañas públicas contra el tabaco y en favor de los "hogares sin humo".

Su cuarta propuesta es incluir los tratamientos contra el tabaco en la sanidad pública (SNS), dado que consideran el tabaquismo como “una enfermedad más que hay que tratar”. Hoy por hoy, los medicamentos contra el tabaco (parches y pastillas), sólo se financian en Navarra, desde 2017 (el paciente paga sólo una parte, como en las demás recetas), con un gran resultado (tienen un 10% de fumadores menos que la media). Si se incluyera en el SNS, el coste sería de unos 61 millones de euros, pero ayudaría a la deshabituación de 18 de cada 1.000 fumadores: unas 200.000 personas dejarían de fumar al año, según un estudio de la Universidad Internacional de Cataluña. Eso habría que combinarlo con unidades contra el tabaquismo en los hospitales, ayuda psicológica y mayor formación a los médicos de familia. Con esta combinación, fármacos financiados y atención psico-sanitaria, podrían dejarlo del 30 al 40% de los fumadores, frente al 5% que hoy lo consiguen sin ayuda, según estima la sociedad científica Sociodrogalcohol. Es mucho: ahorraría 350 muertes a la semana y 5.600 millones de costes sanitarios y laborales anuales. Es como para intentarlo.

De momento, la ministra de Sanidad en funciones ya dijo en mayo que están preparando el expediente para incluir los fármacos antitabaco en las recetas, quizás este año, aunque va a depender de las autonomías (que pagan la parte pública de los medicamentos) y de los laboratorios, con los que se quieren negociar precios (las pastillas cuestan 68 euros para un mes y los parches 107 euros). También se abordará con las autonomías exigir un mayor cumplimiento de la Ley antitabaco en espacios públicos, quizás aprobando su extensión a espacios deportivos, paradas de autobús, playas y coches. Y Sanidad abre también la puerta a aprobar una nueva Ley antitabaco en esta Legislatura.

Son medidas concretas que habría que aplicar sin demora, en una guerra sin cuartel contra el tabaco, el mayor riesgo para la salud. Es urgente que nos lo tomemos en serio, cada uno y el país en conjunto. Porque nos estamos jugando la vida, la de los que fuman y la de los que estamos al lado y respiramos su humo, niños y embarazadas sobre todo. Adiós al tabaco.