miércoles, 29 de junio de 2011

El problema es Europa, no Grecia

Se repite la historia de marzo con Portugal. La última Cumbre europea ha dejado a Grecia a los pies de los mercados, forzando al país a un nuevo ajuste, aún más duro, a cambio de nuevas ayudas muy condicionadas. Trece meses después de estallar la primera crisis de la deuda, en mayo de 2011, sigue la inestabilidad  en los mercados y los tres países intervenidos están peor que antes, pagando cada vez más por financiarse, sin crecer y en medio de una grave crisis social. Y España, con un año largo de ajuste duro, sigue presionada por los mercados y tampoco crece ni mejora. El problema no son los países periféricos, sino la errónea política adoptada por los conservadores de Bruselas, injusta e ineficaz. La crisis seguirá.

La última Cumbre europea, del 23 y 24 de junio, ha sido una encerrona a Grecia, como lo fue la Cumbre de marzo con Portugal. En la tarde del jueves, antes de la cita oficial, el presidente del Consejo europeo, Van Rompuy, acompañado de Merkel, Sarkozy y Trichet (presidente BCE), convocó en su despacho al presidente Papandreu para darle un ultimátum: no habría un euro para Grecia si no había garantías de que gobierno y oposición aprobaban un nuevo Plan de ajuste. Primero, la aprobación del Parlamento heleno y luego los 12.000 millones pendientes de entrega del primer Plan de rescate (110.000 millones), que Grecia necesita para pagar su deuda en agosto. Y sólo así se aprobaría en julio un segundo Plan de rescate (100.000 millones, pero poco de ello dinero nuevo).
En paralelo, los Gobiernos europeos se reunían con sus bancos para “pedirles” que echaran una mano a Grecia. Merkel y Sarkozy habían comprendido, tras un año de desgaste, que si Grecia suspendía pagos, iban a tener que pagarlo sus contribuyentes y ellos en las elecciones. Y que la salida era que los bancos e inversores, sobre todo alemanes y franceses (que tienen el 50% de la deuda griega), y el BCE, dieran una tregua a Grecia: renovar la deuda que vence, al menos otros cinco años, en vez de exigir su cobro, como garantía de que algún día la cobrarán. Y mientras, garantizarse el pago de intereses, el doble de los habitualesAbrir algo la mano o forzar las condiciones y no cobrar.
A cambio, Bruselas exige a Grecia un nuevo plan de ajuste, para que recorte gastos y libere 28.300 millones para pagar los intereses de la deuda y no aumentarla. Un durísimo Plan que pasa por el despido de 150.000 funcionarios (1 de cada 4), recorte de sueldos (15%) y pensiones (10%), y un fuerte aumento de impuestos para la inmensa mayoría de griegos. Y un plan de privatizaciones, para ingresar otros 50.000 millones, en el que ya están “pescando” empresas alemanas (Deutsche Telecom, Fraport) y de otros países europeos.
Este nuevo Plan de ajuste va a agravar la crisis económica griega, como los anteriores, que han provocado una recesión (-4,5% PIB en 2010 y -3,5% en 2011), un  paro del 16 % y una caída de rentas (al 89% de la renta UE), con el consumo y la inversión por los suelos. Es lo que ha pasado con Irlanda y Portugal: los planes de ajuste han empeorado la economía, han encarecido los intereses y ven cada día más difícil pagar su deuda. Incluso España, con un año largo de duro ajuste, está pagando un 1% más por la deuda (5,64%) que en mayo de 2010: son 12.400 millones más de gasto para el Presupuesto, se encarece la financiación de bancos y empresas y se dificulta la recuperación y el empleo (deuda 1% más cara = 160.000 empleos).
Las recetas de los conservadores de Bruselas son injustas e inútiles y han hecho perder 13 meses a Europa y muchos millones de euros, que han ganado los especuladores. Hay que ir por otro camino. La clave es admitir que ni Grecia ni los demás países periféricos son los culpables de la crisis: se debe al excesivo endeudamiento, propiciado por los bancos europeos, que se lanzaron a prestar sin tino hasta 2008. Y ahora quieren imponer unas condiciones leoninas a sus deudores. Grecia es un desastre de economía, pero no es la única culpable de tener 320.000 millones de deuda. Y todos saben que no podrá pagarla tal cual.
Por eso, lo primero es renegociarla, ajustar plazos y tipos de interés, flexibilizarla para que puedan pagarla, lo mismo que Portugal o Irlanda. La banca tiene que pagar su parte de esta crisis que ayudó a crear. Y eso va mucho más allá de lo que han aceptado esta semana los bancos franceses y alemanes.Hará falta también emitir deuda europea y un mayor protagonismo del BCE y de Bruselas ante el FMI (que ha llevado la iniciativa en la crisis griega) y ante los mercados (no dejarles que fijen su ley). Y en paralelo, ayudar a estos países a reanimar sus economías, con planes europeos de inversiones, con ayudas estructurales, con políticas sensatas, no con duras políticas de ajuste que van a matar al enfermo en vez de curarlo y a crear una grave fractura social en el sur de Europa.
Pero este camino no interesa a la Europa rica del norte, que ya ha salido de la crisis y que no quiere gastar un euro más en la Europa del sur, con la que se hicieron más ricos sus bancos e inversores. Y eso es lo que representan Bruselas y los gobiernos conservadores de 23 de los 27.Pero no es una cuestión ideológica, sino económica y práctica: por este camino, el de los últimos 13 meses, los países con problemas estarán cada vez peor, los mercados seguirán nerviosos y harán falta nuevas ayudas a cambio de más recortes. Y se condena a una serie de países a una década de atraso y estancamiento, abriendo una peligrosa brecha social y política, con millones de indignados. Hasta que el sistema estalle porque la crisis llegue a un país grande, España o Italia. Está en juego el euro y Europa. Reaccionen y prueben otro camino.

domingo, 26 de junio de 2011

Sortear la crisis con las exportaciones

Lo único que parece ir bien en la economía española son las exportaciones y el turismo. Dependemos de fuera: lo poco que crecemos es gracias a los extranjeros que nos visitan y nos compran. Vamos a tener un verano récord de turistas, sobre todo europeos. Y España está ganando cuota de mercado, gracias a que nuestras empresas aumentan sus ventas en China, Norteamérica, Latinoamérica, Rusia y también en Europa. Ahora, los retos son exportar productos más sofisticados y vender más a los países emergentes, los que más crecen. Y que haya más empresas que exporten, ya que ahora sólo lo hacen 3 de cada 100. El objetivo debe ser vender fuera tanto como dentro, para conseguir sortear la crisis.
El turismo despega, ayudado por la recuperación europea y la crisis del norte de África. Y todo apunta a que este podría ser el cuarto mejor año de nuestra historia, tras la incipiente recuperación de 2010.Ya han llegado 19 millones de turistas hasta mayo (+4,2%), sobre todo británicos, franceses, holandeses y nórdicos, aunque han caído los alemanes. Y tanto las islas como Andalucía y la costa levantina están ya a tope de reservas para el verano.
Las exportaciones están siendo la válvula de escape de muchas empresas, que no consiguen vender en España. Entre enero y abril han crecido un 22,2 %, el mayor aumento desde 1.994.Y lo más llamativo es que donde más crecen las ventas es fuera de la UE, a EEUU (+49%), Canadá (+52%), Latinoamérica (+40,9%), China (+31,9%), Rusia (+46,1%) y países nórdicos. Las principales exportaciones españolas son bienes de equipo (un 19,5 %: maquinaria, motores, material de transporte), automóviles (16,6%: se exportan el 87% de los fabricados), alimentos (14,7%, la mitad frutas y verduras), productos químicos (14,2%, sobre todo medicamentos y plásticos), metales, hierro y acero (12,1%) y ropa y calzado (8,1%).
España es el único país europeo que ha ganado cuota exportadora en 2011, ya que la mayoría la ha perdido por la competencia de los países emergentes, que son ya 11 de los 20 países que más exportan (con China a la cabeza). Tenemos un 1,70% de la cuota mundial, algo menos que antes de la crisis, y estamos en el puesto 18 del ranking exportador, tras habernos superado India y Taiwán. Pero mantenemos el nivel y, lo más importante, hemos ganado fuerza en Europa: llevamos 7 meses seguidos con superávit comercial con la UE, algo impensable al entrar en el euro: vendemos a los europeos más de lo que nos venden.
El problema es también nuestra excesiva dependencia de Europa, donde van el 74,7 % de las exportaciones (66,8% a la UE).El primer reto es diversificar más y aumentar las ventas en Asia (ya hay 6.500 empresas españolas en China) y en Latinoamérica (no tiene sentido que vendamos menos en Brasil, México o Argentina que en China), así como a Rusia y norte de África, las zonas más dinámicas del mundo, sin olvidar Norteamérica y el norte de Europa.
El segundo reto es diversificar lo que vendemos, exportar productos de más valor y más tecnología, que no compitan sólo por precio (salarios). La mayor parte de la exportación española, según el Banco de España, son productos de tecnología baja (alimentos, ropa y calzado) y media (plásticos, metales y automóviles), mientras Alemania, el segundo exportador del mundo, vende más productos de alta tecnología. Con todo, está creciendo la exportación española de medicamentos y aviones (alta tecnología), sin olvidar las polémicas exportaciones de armamento, donde España es el 8º exportador mundial.
El tercer reto, el básico, es animar a más empresas a exportar. Hoy, sólo exportan 110.000 empresas de las 3,2 millones censadas en España. Y sólo 39.000 lo hacen de forma regular: 24.000 son pymes y 500 son grandes empresas que exportan ellas solas más de la mitad del total. De hecho, las 35 empresas del IBEX ya hacen fuera de España la mitad de su negocio y diez de ellas (Telefónica, bancos y constructoras) facturan fuera el 70% de las ventas. Para que más empresas den el salto al exterior hace falta más ayudas, más financiación y más promoción (España tiene 98 oficinas comerciales frente a 153 Francia o 120 Alemania), pero aquí hemos chocado con los recortes presupuestarios y de créditos.
Con más o menos ayudas, es vital que tire la exportación porque todo lo que va a crecer España en 2011 (entre 0,8 y 1,3%) será por el sector exterior, que puede chocar con dos problemas: la subida del euro (un 7,5 % este año) y nuestra mayor inflación (3,5 % frente al 2,7 en la UE), dos factores que encarecen nuestros productos en el mundo.
Como la crisis va para largo, las empresas tendrán que seguir exportando como algo habitual para sobrevivir. Y eso va a fortalecer nuestra economía, ya que las empresas exportadoras son más innovadoras, más productivas, invierten más, hacen más formación y mantienen un empleo más estable (aunque no creen mucho empleo). España tiene todavía un gran potencial exportador, ya que nuestra riqueza es el 2,5 % del PIB mundial y sólo tenemos un 1,70% de cuota en el comercio mundial. Italia, por ejemplo, con una economía del tamaño de la nuestra, exporta el doble. Ese es el gran objetivo, que pasa por duplicar el número de empresas que exportan y por lanzarse a vender por los cinco continentes  productos más complejos, no sólo frutas, coches y ropa. Y lo mismo con el sol y playa. Ahora, el mercado es el mundo.

miércoles, 22 de junio de 2011

Dinero público para salvar las autopistas

El Gobierno lo ha aprobado de tapadillo, en el Consejo que daba luz verde a la reforma de los convenios colectivos: 80 millones en créditos para compensar a ocho concesionarias de  que tengan menos tráfico del previsto en diez autopistas de peaje. Un dinero que se suma a los préstamos ya aprobados en los Presupuestos 2010 y 2011, con la unanimidad de todos los partidos, para compensarles del mayor coste de la construcción y las  expropiaciones. En total, unos 800 millones de euros en ayudas durante tres años, además de una subida extra en los peajes que ya sufrimos en enero. Pero las autopistas quieren más y proponen que se pongan peajes en las autovías y un canon a los camiones para sanear sus cuentas, amenazando si no con quiebras y obligar al Estado a cargar con sus deudas.

El Gobierno aprobó el 10 de junio un préstamo de 80,1 millones de euros, al 4% de interés, para compensar a ocho concesionarias de los menores ingresos en 10 autopistas de peaje: las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 a Barajas, la autopista Madrid-Toledo, Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante, la autopista Ocaña-la Roda y el peaje Alto de las Pedrizas-Málaga. Esta ayuda se incluyó de matute el último día de 2010, en una enmienda a la Ley Postal, con el compromiso de que durante tres años se les compensará por la diferencia entre sus ingresos y el 80 % del tráfico previsto al adjudicarlas. O sea, que habrá que darles otro crédito en 2012 y 2013.Y devolverán estos créditos con nuestros peajes, que han subido un 1,44 % en enero y más (hasta el 3,43%) en la R-3 y la R-5.
Un dinero público que se suma a los préstamos aprobados en los Presupuestos de 2010 (200 millones) y 2011 (250 millones), con la inusitada unanimidad de todos los grupos, para compensarles del mayor coste de las autopistas y las expropiaciones, que se multiplicaron por siete debido a la ley del Suelo de 1998, aprobada por el Gobierno Aznar. En total, serán unos 800 millones en ayudas las que recibirán las autopistas en tres años.
Pero las empresas no están satisfechas y piden más. Por un lado, la concesionaria de la autopista Madrid- Toledo demandó al Estado ante los tribunales, por 460 millones de euros, alegando que no se había autorizado la continuación hasta Córdoba (por una declaración de impacto ambiental negativo) y la competencia desleal de la autovía libre M-407 (inaugurada por el Gobierno de Esperanza Aguirre antes de las elecciones de 2007). Ahora, el 1 de junio, el Tribunal Supremo le ha dado en parte la razón y Fomento tendrá que compensarla (o sea, nosotros). Y el resto de autopistas se están mirando la sentencia, para ver si siguen esa vía, exigiendo más compensaciones por tener menos tráfico del previsto.
Además, SEOPAN, la patronal de la construcción ha pedido por carta a Fomento que la compensación por menos tráfico sea de 210 millones al año (en vez de 80,1) durante 20 años (en vez de 3). Y para compensar al Presupuesto, proponen dos medidas para conseguir 2.000 millones extras: que paguemos por usar algunas autovías (M-50 y las que salen de Madrid, entre ellas) y que se ponga un canon a los camiones, como ha hecho Europa.
La amenaza es que si no se resuelve su problema, pueden acabar suspendiendo pagos, presionados por los bancos y Cajas que les financian. Eso supondría que el Estado se tendría que hacer cargo, por Ley, de su deuda, unos 5.000 millones de euros entre deuda bancaria (3.500 millones) y pago de indemnizaciones pendientes. La fuerte presión al Gobierno viene de las poderosas empresas constructoras que están detrás de estas autopistas: ACS, Acciona, Abertis, Ferrovial, Sacyr, FCC, OHL, Itinere, Globalia, Isolux…, presididas por destacados líderes empresariales, asiduos a la Moncloa (Florentino Pérez, José Manuel Entrecanales, Rafael del Pino, Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero…). Un lobby de empresas que ganaron 890 millones de euros en el primer trimestre, un 51% más que en 2010.
El problema de estas autopistas no es que no tengan tráfico, sino que se planificaron mal, en plena euforia del crecimiento (1.999-2004) y con la presión política de las autonomías del PP, que buscaban el efecto imagen de tener más autopistas que nadie: no es casual que 6 de las autopistas con problemas estén en la Comunidad de Madrid y otras dos en Alicante y Murcia. Pero la clave de fondo es que el negocio de las autopistas no está en su explotación, sino en su construcción: las empresas ganan dinero al hacerlas y luego, si no pasan coches, el problema no es suyo, sino del Estado (o sea, nuestro).
Las autopistas es un sector con privilegios desde el franquismo: la Ley de autopistas de peaje de 1972 les permitía endeudarse en divisas con aval del estado y seguro de cambio (si había que devolver más, al subir el yen o el dólar, lo pagaba el Presupuesto). Un privilegio que duró hasta 1998 y que nos ha costado a los españoles unos 8.000 millones de euros. Ahora, la presión sobre el Presupuesto sigue, con la amenaza de suspender pagos y el argumento de que les han caído los ingresos. Con ese argumento podrían presionar los vendedores de coches, las inmobiliarias o el 99% de las empresas españolas. Y no tienen sus beneficios. Esperemos que ni este Gobierno ni el próximo les den más ayudas con nuestro dinero. Ni que nos obliguen a volver a pagar las autovías que ya pagamos con los impuestos. Ya vale.

domingo, 19 de junio de 2011

El doble pulso de los convenios

Ha sido el parto de los montes. Patronal y sindicatos han estado más de cuatro meses negociando la reforma de los convenios y al final el Gobierno ha aprobado unos cambios que no convencen a nadie. Se repite la historia de la fallida reforma laboral de septiembre. El acuerdo ha sido imposible porque una parte de la patronal ha echado un órdago en su pulso con los sindicatos: querían cambiar las condiciones de trabajo, pero sin tanto control sindical. Apuestan porque los mercados, Bruselas o un futuro Gobierno del PP harán una reforma a su medida. Mientras, el Gobierno abre la vía a convenios más flexibles y a cambio, facilita el despido (lo abarata). El problema es que para contratar se necesita no sólo convenios más flexibles sino que las empresas vendan, inviertan y tengan financiación. Y eso sigue faltando.
Cada año se firman en España unos 5.000 convenios, que rigen las condiciones de trabajo de un 80% de los asalariados, de unos 11 millones de trabajadores. Sólo quedan fuera algo más de 4 millones, sobre todo funcionarios (3 millones), empleadas de hogar y trabajos en precario (muchos jóvenes). Tres de cada cuatro convenios son de empresa, pero sólo afectan a un 10% de los trabajadores, ya que la mayoría están cubiertos por convenios de sector, provinciales (55% trabajadores), autonómicos (10%) o nacionales (25%), que fijan condiciones de trabajo de arriba abajo, al margen de la situación de cada empresa.
Los empresarios querían, y con razón, dar más peso a los convenios de empresa, para adaptar sueldos, horarios, categorías y condiciones de trabajo a la marcha de la empresa en cada momento. Y empezaron su particular pulso con los sindicatos, para ver cómo decidían los cambios en los convenios. Pero dentro de la patronal había otro pulso, entre los que saben que es mejor un acuerdo pactado que una imposición y los que piensan que el mejor convenio es el que no existe y defienden que el empresario decida lo que hace en su empresa (y más con la crisis). Al final, se ha impuesto esta línea dura, que cree que pueden conseguir más con una reforma impuesta por los mercados, Bruselas o un  Gobierno del PP.
La ruptura vino porque la patronal quería dejar fuera de convenio a los directivos y a las pymes con menos de 6 empleados (sería dejar fuera a un 75% de las empresas y a un 25% de los trabajadores) y porque no aceptaban que los sindicatos tuvieran que dar el visto bueno a los cambios en las condiciones laborales. Un pulso de poder en la empresa. El Gobierno ha optado por una solución salomónica, que da más flexibilidad a los convenios, pero con control sindical. Hay tres cambios importantes. Uno, prevalece el convenio de empresa sobre el resto. Dos, se permite a las empresas modificar las condiciones de trabajo, desde horarios (reparto de un 5% de la jornada) a movilidad, incluso con la posibilidad de descuelgue salarial, para que las empresas con problemas paguen menos que el convenio sectorial. Y eso en el plazo de un mes, recurriendo a un árbitro (como con los controladores) en caso de desacuerdo, así como para renovar un convenio atascado (debe renegociarse en 8-14 meses).
Teóricamente, ahora será más fácil flexibilizar las condiciones de trabajo en una empresa, aunque habrá que negociarlas. Con ello se quiere facilitar que las empresas ajusten sus horarios y sueldos antes de tener que despedir. Sin embargo, el Gobierno, para compensar a la patronal, ha aprobado, junto a la reforma de convenios, un Reglamento que facilita (más bien, abarata) los despidos colectivos (ERE): ahora permite a las empresas que soliciten despidos con una indemnización de 20 días por año (en vez de los 45 días habituales) si prevén que van a tener pérdidas, incluso transitorias. Un coladero que va a multiplicar los ERE.
El problema en España, por mucho que se diga, no es que sea difícil despedir, como lo prueban los 2.358.000 empleos perdidos desde que empezó la crisis. La propia OCDE señala que en España es más fácil despedir que en Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Italia, Portugal o Austria, por ejemplo. Otra cosa es que sea más o menos barato. Pero si se abarata, como ha hecho el Gobierno socialista para contentar a empresas y mercados, ¿no estamos facilitando que haya más despidos?
La reforma de los convenios, la aprobada o la que finalmente se apruebe en el Congreso (si da tiempo), es clave para flexibilizar las condiciones de trabajo en las empresas, mejorar la productividad y evitar más despidos. Pero no va a crear empleo por sí misma. Para que las empresas creen empleo tienen que vender, invertir y eso resulta difícil con la caída del consumo y los ajustes. Y les hace falta financiación, crédito, “la gasolina” del empleo. Sólo así, con más ventas y financiación, las empresas pueden pensar en crear empleo. Y para ayudarles, mejor que el despido libre (con 20 días) que piden algunos sería rebajarles las cotizaciones sociales, para que no les sea tan caro contratar, como ha pedido la Unión Europea. Pero eso obliga a subir impuestos a los que tienen empleo (y a las empresas y particulares con más beneficios). Y no parece que se esté por la labor.
En resumen, tenemos una reforma de convenios impuesta, que puede quedar en agua de borrajas o tumbada por los mercados. Tenemos un pulso en las empresas que sigue ahí y que debería quedar en tablas, primando el acuerdo, para salvar el empleo. Y tenemos demasiada ideología y demasiado politiqueo a corto plazo, que pueden frustrar un necesario Pacto por el empleo, equilibrado y realista, que no puede esperar a 2012. Actúen ya.  

miércoles, 15 de junio de 2011

Los impuestos del tabaco se esfuman

La cruzada contra el tabaco está dando sus frutos: caen las ventas y hay menos fumadores y menos “clientes” en los hospitales. Pero las menores ventas y el contrabando le están haciendo un roto a Hacienda: ya lleva 163 millones menos de ingresos en cuatro meses. Y se ha desatado una guerra de precios entre las tabaqueras, que han rebajado la  cajetilla entre 30 y 45 céntimos, lo que supone también menos ingresos. Al final, Hacienda podría ingresar este año 1.500 millones menos de lo previsto, lo que nos cuesta pagar las becas. Y lo peor es que, con tres de cada cuatro cajetillas a menos de 3,66 euros, subirá el consumo.
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Las ventas de tabaco han caído un 23,5 % hasta abril, por tres causas. La primera, por la entrada en vigor de la Ley que prohíbe fumar en lugares públicos, que ha reducido ya un 6% el número de fumadores. La segunda, por la fuerte subida de precios, al aumentar los impuestos al tabaco un 44,5% en los dos últimos años, con una subida media de un euro en el precio de la cajetilla (aunque todavía tenemos precios más bajos que la mayoría de Europa, donde hay países con el tabaco de 6 a 8 euros). Y la tercera, el fuerte aumento del contrabando de tabaco.
La fuerte subida de impuestos ha dado alas al contrabando: de enero a abril se han decomisado 3 millones de cajetillas, medio millón más que en 2010. El mercado ilegal de tabaco supera los 200 millones de cajetillas, un 6% del mercado. Las ventas de tabaco ilegal son especialmente preocupantes en Galicia y Andalucía, donde llega al 20% de las ventas en Málaga, Sevilla o Cádiz. Una parte es tabaco que entra ilegalmente de Gibraltar, Andorra o Canarias, pero el 90% es tabaco falsificado, que viene de China, sin garantías sanitarias (se ha encontrado excremento de animales).El sector teme que el fraude aumente después que el Congreso haya aprobado, el 25 de mayo, una reforma de la Ley de Contrabando que sube de 6.000 a 20.000 euros el importe para que sea delito: ellos pedían que se bajara a 10.000 euros, que es lo que cabe en un coche (5 cajones de tabaco). Ahora, señalan los tabaqueros, se incentiva a las mafias al contrabando hasta 20.000 euros, pagando sólo una multa.
Con la caída de ventas, Hacienda ha perdido ya 163 millones de recaudación por el tabaco hasta abril y se estima que podría perder 1.200 millones en todo el año, sobre todo por el aumento del contrabando. Pero además, la industria tabaquera ha desatado en mayo una guerra de precios, con tres bajadas en menos de un mes, entre 30 y 45 céntimos la cajetilla, que van a recortar aún más la recaudación fiscal. Porque de los 40 céntimos que ha bajado la cajetilla de Marlboro (líder de  ventas), Hacienda pierde 29 céntimos. En total, podrían ser unos 300 millones este año.
La guerra de precios es una pelea entre multinacionales para ganar cuota de mercado en España. En principio, es una pelea de las marcas más caras (Philips Morris, con Marlboro, Chester y LM) que buscan aproximar precios a las marcas más baratas (Fortuna, Ducados rubio y Nobel, de Altadis). Bajan Marlboro a 3,85 euros (estaba a 4,25) y LM a 3,30 (estaba a 3,60)  y los acercan a Nobel o Fortuna (han bajado de 3,70 a 3,50 €) y a Ducados Rubio (de 3,70 a 3,30). Si se fuma menos, se mira menos 35 céntimos de diferencia entre marcas.
Esta guerra comercial es también un pulso a Hacienda, para que cambie el sistema de impuestos al tabaco. Hoy, los cigarrillos pagan un 78, 9 % de impuestos (frente a 76,4% en la UE). Y lo pagan con dos impuestos: el IVA (18%) y un impuesto especial, que tiene dos tramos: una parte fija (impuesto específico) y otra parte proporcional (57%) al valor de la cajetilla. Este es el desglose del precio de una cajetilla de 4 euros: 0,55 céntimos el tabaco, 3,15 euros de impuestos (0,62 IVA, 0,25 impuesto específico y 2,28 € el impuesto proporcional), más 0,30 céntimos de comisión para el estanquero. Como se ve, el impuesto básico es el proporcional, sobre el valor de la cajetilla. Por eso, cuando baja el precio, baja la recaudación, aunque exista un impuesto mínimo (para cuando la cajetilla baja de 3,66 euros). Las multinacionales quieren bajar ese impuesto proporcional al precio, que perjudica más a las marcas caras, y subir el componente específico, por cajetilla, lo que perjudicaría a las baratas. Una pelea que recorta la recaudación y, lo peor, fomenta el consumo, ya que la guerra de precios ha provocado ya que hoy, más del 75% de las marcas estén por debajo de los 3,66 euros la cajetilla.
El Gobierno debería tomar medidas para forzar una subida de precios, ya que el tabaco causa 55.000 muertes al año, unos elevados costes sanitarios (8.000 millones de euros al año) y a las empresas (8.780 millones por pérdida de productividad, absentismo y gastos limpieza). Pero es que además, entre la caída de ventas, el contrabando y la guerra de precios, Hacienda puede recaudar por el tabaco 1.500 millones menos de lo previsto este año (9.054 millones). Y eso es lo que nos cuesta pagar las becas, por ejemplo, o el ahorro por congelar las pensiones.
No están las cuentas públicas para que se esfumen ingresos. Pero sobre todo, España no puede dar marcha atrás en la guerra contra el tabaco, presionado por cuatro multinacionales que ya están vendiendo cajetillas a 3,30 euros, el precio de dos cañas. El que quiera fumar, que lo pague, que los costes sanitarios y empresariales de fumar son el doble que la recaudación. Y las multinacionales, que no peleen a costa de nuestras vidas.

domingo, 12 de junio de 2011

Se retrasa la ampliación de horarios comerciales

El Gobierno quería que este verano pudiéramos comprar los domingos y festivos en los lugares turísticos, como le habían pedido a Zapatero Bruselas y los grandes almacenes, en la última cumbre empresarial en Moncloa. Pero el varapalo electoral del 22-M  y la actitud contraria de CiU y PNV hacen difícil la reforma, que además no puede hacerse por decreto-Ley. Y dado que tampoco  el PP quiere hacer ruido con este polémico tema, todo apunta a que la liberalización de horarios comerciales quedará para el verano de 2012. El pequeño comercio, que emplea a 3 millones de personas, se opone a ampliar horarios y dice que el problema de las tiendas no son las horas que abren sino que no se vende.
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El presidente Zapatero prometió el 11 de enero, al presentar el Informe Económico, que el Gobierno plantearía a las autonomíasacciones concertadas en materia de horarios comerciales”. En la Cumbre europea de marzo vuelve a hablar de ampliar horarios, como le pide en Moncloa el presidente de El Corte Inglés: “no es de recibo que un crucero llegue a Barcelona un domingo y los turistas se encuentren con todas las tiendas cerradas”, le comentó Isidoro Álvarez. En abril, Economía habla de ampliar los horarios a los híper, supermercados y grandes almacenes (el pequeño comercio ya tiene libertad de horarios): se pasaría de 72 a 84 horas a la semana y de 8 domingos y festivos al año a 12. Y en mayo, Comercio centra la ampliación de horarios en zonas turísticas: podrían abrir todos los festivos.
Pero dos hechos han frenado estas intenciones del Gobierno. El primero, una sentencia del Tribunal Constitucional que determina que los horarios comerciales no se pueden regular por decreto-Ley, como pretendía hacer ahora el Gobierno, sino por Ley. El segundo y más importante, el varapalo electoral del 22-M, que dificulta cualquier acuerdo con las autonomías (que tienen las competencias de comercio interior) y con el PP para hacer una Ley antes de las elecciones de 2012. De hecho, el Gobierno catalán ya ha dicho que se opone a la ampliación de horarios e incluso podría restringir su estricta  normativa actual, dado que el apoyo social de CiU son los comerciantes (botiguers).El PNV ha gobernado décadas en el País Vasco, la única autonomía que no abre ningún domingo, y tampoco está por la ampliación. Y el PP, que ha impulsado la liberalización comercial en Madrid (90 horas y 22 domingos al año), tampoco querrá abrir este frente, que le puede restar votos de los comerciantes cara a 2012.
Así las cosas, los comerciantes insisten en que la ampliación de horarios sólo beneficia a las grandes superficies, que defienden, como muchos expertos y organismos (OCDE, UE, FMI, Banco de España), que la libertad de horarios aumentaría las ventas y el empleo. Algo que no demuestran los datos en España: entre las catorce autonomías donde han caído las ventas y el empleo en el comercio (datos INE 2010) se sitúan cuatro de las cinco autonomías que tienen los horarios más liberalizados (ver mapa horarios) : Madrid, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. La única con más horario que mejoró ventas fue Castilla y León.
Otro argumento a favor de la libertad de horarios es que favorece a los consumidores. Hay encuestas que lo defienden, como una de la OCU, pero la última encuesta del CIS (abril 2011,pregunta 26) dice que el 61,3% de los consumidores no se sienten nada perjudicados por los actuales horarios. Y es que lo que preocupa a la mayoría es poder comprar, no cuando. De hecho, las ventas de los comercios minoristas volvieron a caer en abril por décimo mes consecutivo. Es la puntilla para un sector, el comercio, donde han cerrado el 10% de los establecimientos y donde se han perdido 420.000 empleos en los tres últimos años (302.128 asalariados y 118.000 autónomos), un 22% de todas las bajas a la Seguridad Social  provocadas por la crisis.
El comercio es, después de la construcción, el sector que emplea a más personas en España, casi 3 millones de trabajadores (2.219.000 asalariados y 780.500 autónomos). Un 90 % de los comerciantes son autónomos y dos tercios de sus trabajadores son mujeres, por lo que los pequeños comerciantes insisten que si se liberalizan más los horarios, como no pueden contratar a nadie por la caída de ventas, tendrían que trabajar los siete días de la semana (ellos y sus empleados), sin poder estar con sus familias. Y además, se aceleraría el trasvase de ventas a las grandes superficies, provocando más cierres de comercios y desertizando el centro de las ciudades, Enfrente, los grandes comercios defienden libertad de horarios, para que cada uno compre cuando pueda, añadiendo que eso les permitiría crear empleo. De hecho, IKEA y Leroy Merlin se han acogido a un decreto regional para el mueble y van a abrir ya todos los domingos en sus centros de Madrid.
La pelea de los horarios comerciales está en tablas y así seguirá hasta que haya otro Gobierno que pueda pactar un difícil acuerdo con las autonomías y en el Parlamento. La “guerra” de los horarios comerciales, recurrente desde el decreto Boyer de 1985, volverá cuando se recupere el consumo. Porque, ideologías aparte, para vender hay que tener compradores con empleo y confianza para gastar. Entonces podremos hablar de horarios.

miércoles, 8 de junio de 2011

Multinacionales españolas: el modelo Telefónica

Es una de esas noticias que provocan al personal: Telefónica, la empresa con más beneficios del país occidental  con más paro, despide a una quinta parte de su plantilla. Y mientras, sus directivos se reparten millones en bonus, su presidente es el tercer ejecutivo mejor pagado de España y sus accionistas cobran uno de los dividendos más altos del mundo. Pero lo peor no es eso. El problema es que el modelo Telefónica es el más puro ejemplo de la gestión de las multinacionales españolas, empresas que invierten y crean empleo fuera, que viven pensando en las Bolsas y el dividendo, cuyos directivos tienen sueldos y bonus millonarios y que no crean empleo en España sino que a la menor oportunidad lo destruyen y lo externalizan.
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La noticia no es que Telefónica reduzca plantilla, ya que ha hecho dos grandes ajustes (17.335 empleos en 1.999-2000 y 13.780 en 2003-2007), que han reducido a la mitad su personal en España (de 67.217 a 35.379). Lo provocativo es que lo haga tras ser la primera empresa española que supera los 10.000 millones de beneficios y la empresa con mayor rentabilidad por dividendo de las 50 mayores compañías del mundo, lo que significa que sus accionistas se han embolsado 6.755 millones en 2010 y esperan llevarse el 91 % de los beneficios en 2011. Para redondear el reparto, Telefónica ha aprobado unos bonus de 450 millones de incentivos para 1.900 altos directivos (que tuvieron otro bonus en 2006). Y su presidente, César Alierta es el tercer ejecutivo mejor pagado de España: cobró 8,6 millones de euros en 2010.
Con todo esto, argumentar que han caído las ventas de Telefónica en España y que hay que despedir a 6.500 empleados en tres años, para ahorrar 450 millones al año en gastos de personal, suena poco convincente. Está claro que el fin del monopolio y la dura competencia en el sector afectan a Telefónica, pero el problema clave es su estrategia multinacional, que le lleva a tratar de ajustar sus cuentas en España (reduciendo el 20 % de su plantilla  y vendiendo Atento) para invertir y crear empleo en el extranjero. Y eso que, en 2011, los beneficios sobre  ingresos en España han sido del 44%, un porcentaje superior al conseguido en el resto del mundo y por su competencia. O sea, que los clientes españoles y la plantilla sostienen su internacionalización.
Para poner la guinda, han sido los sindicatos los que han pedido que los despidos suban de 6.500 a 8.500 (aunque finalmente serán 6.500), a cambio de que en 5 años no se tocara la plantilla. Y también, porque hay muchos empleados que quieren convertirse en prejubilados de oro: dejan de trabajar a los 53, tienen dos años de paro y luego cobran un 66% del sueldo bruto (unos 3.000 euros mes) hasta los 61 años y después, el 34% hasta la jubilación (unos 1.500 euros al mes), más las cotizaciones a la SS a cargo de la empresa. Un regalo envenenado, que supone una pérdida de recursos para el país (y eso que no nos toca pagarles dos años de paro, como a otras empresas y a las Cajas) y para Telefónica (que los cambia por becarios y empresas externas). Y una afrenta a los 5 millones de parados.
El problema de fondo es que Telefónica no es un caso aislado, sino el ejemplo más duro de un modelo de gestión, el de las nuevas multinacionales españolas, bancos y empresas, no más de 50, que facturan más fuera de España que dentro. Unas empresas que gestionan su día a día pensando en su valor en Bolsa y en los analistas (los “mercados”), en los Fondos de inversión que tienen de accionistas y que sólo valoran el beneficio y el dividendo, no que creen empleo. Y cuyos directivos gestionan para defender sueldos y bonus multimillonarios, ligados a beneficios y cotización.
Las 35 empresas del IBEX ganaron 51.613 millones de euros en 2010 (+ 24,7%). Además,  su dividendo se ha multiplicado por cinco en los últimos 10 años (repartieron 25.000 millones en 2010), en beneficio de sus accionistas. Los sueldos de sus Consejos de Administración han crecido un 40% en los últimos cinco años, con una subida del 20% sólo en 2010. Y hay 8 altos ejecutivos que ganan más de 4 millones de euros al año, mientras son frecuentes los ejemplos de bancos y empresas que reparten jugosos bonus a sus directivos, bonus que la Unión Europea quiere controlar con una Directiva que el Gobierno español aprobó finalmente el  pasado viernes 3 de junio, sobre todo para bancos y Cajas que reciban ayudas públicas. 
Entre tanto, las multinacionales españolas destruyeron empleo, tanto en 2009 (18 empresas de las 35) como en 2010 (11 empresas). Entre las 35 del IBEX emplean 2.670.774 personas en el mundo (2009), de las que sólo una cuarta parte (559.869) están en España, según UGT. Y la sensación es que si no reducen más plantilla en España, como Telefónica, es por imagen, ya que tienen claro que España es un mercado maduro, donde les sobra plantilla (de un 10 a un 20%), que desearían recortar para crecer más fuera. De momento, abren las puertas a que se vaya (discretamente) el que quiera, fuerzan a empleados a trabajar en otros países y externalizan todo el trabajo que pueden. Además, presionan al Gobierno para que les facilite el ajuste. Así, tras la reunión de 30 grandes empresarios con Zapatero en Moncloa, en noviembre, el Gobierno aprobó en diciembre un Decreto que eliminaba el requisito del mantenimiento del empleo en la libre amortización del impuesto de sociedades. Resultado: los despidos colectivos de grandes empresas han crecido un 210% este año.
Al final, nuestras multinacionales destruyen más empleo del que crean, encabezadas por César Alierta, presidente del Consejo para la Competitividad, un lobby de grandes empresas creado por Zapatero, que se van a repartir 30.000 becarios (que cobrarán 400 euros) de un programa para jóvenes desempleados, impulsado por Economía, que también coordina Alierta. Para nuestra desgracia, estas multinacionales españolas (muchas antiguas empresas públicas) no son la solución contra el desempleo, que tendrá que venir de pymes y autónomos. Pero ellos no tienen su poder ni sus ayudas. Así nos va.  

domingo, 5 de junio de 2011

Tregua en la guerra del automóvil

Los políticos han puesto patas arriba al sector del automóvil, provocando un duro enfrentamiento entre fabricantes y concesionarios con una enmienda en el Congreso que luego anularon en otra Ley. Al final, se ha llegado a un pacto inestable y el Gobierno acaba de aprobar una Ley que da una cierta tregua en el conflicto. En el fondo está la fuerte caída de las ventas, a niveles de hace 18 años. El automóvil, la segunda industria española tras el turismo, sobrevive gracias a las exportaciones, pero hay muchos empleos en juego si no se venden coches en España. El sector pide ayudas para renovar los coches de más de 10 años.
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En España, los 10 fabricantes de coches y las 30 empresas importadoras han impuesto tradicionalmente sus condiciones a los 3.500 concesionarios de coches y otros tantos distribuidores, con contratos leoninos que llevan a comprar más coches de los que venden (automatriculaciones) para mantener cuotas y márgenes, en medio de una feroz competencia. En febrero, el PNV y el BNG presentaron una enmienda a la Ley de Economía Sostenible, apoyada por CIU y el PP, para “defender” a los concesionarios, para apoyar a David frente a Goliat: se obligaba a los fabricantes a recomprar a los concesionarios los coches no vendidos en 60 días y en el caso de rescisión de contratos, las marcas tendrían que indemnizar a los concesionarios por las inversiones no amortizadas. La enmienda, aprobada con la Ley, suponía un coste para las marcas de 27.000 millones de euros.
Los estados mayores de las multinacionales del automóvil, en Alemania, Francia y EEUU, montaron en cólera, al igual que los gobiernos de las autonomías con fábricas de automóviles (Galicia, Castilla y León, Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana o Cataluña), controlados por el PP o CiU. Se dispararon las llamadas a Génova, a la Generalitat y a Industria. “Nos vamos de España”, amenazaron. El PP y los nacionalistas comprendieron que habían metido la pata. Y para sacarla, el Gobierno les propuso aprobar una enmienda en otra Ley (la de Sistemas de Pago) que anuló la polémica enmienda aprobada un mes antes. A partir de ahí, fabricantes y concesionarios han tardado dos meses, hasta el 12 de mayo, en llegar a un pacto, que debe culminar en un Código de Buenas Prácticas del sector del automóvil. Y para darle cobertura, el Gobierno aprobó el 20 de mayo el proyecto de Ley de Contratos de Distribución.
La Ley pretende fijar unas nuevas reglas en los contratos entre fabricantes y vendedores de coches, fijando normas sobre compras mínimas, stocks, descuentos, objetivos comerciales y contratos, buscando una relación más equilibrada y con menos imposiciones de los fabricantes. Es sólo una tregua y ahora falta ver cómo se aplica. El problema es que los vendedores de coches es un sector muy fragmentado (el líder, Quadis, tiene el 2% de las ventas), con pequeños establecimientos, escasa presencia extranjera (entrarán) y donde los fabricantes intentan vender directamente sus marcas, agravando la “guerra”.
Con todo, el problema de fondo es la caída de ventas: un 25,7 % en los cinco primeros  meses, y una previsión de vender menos de 900.000 coches este año, la cifra más baja desde 1993. Las ventas han caído en picado desde julio de 2010, por la subida del IVA y por el final del Plan 2000E, introducido en mayo de 2009 y que supuso 313.800 matriculaciones adicionales, según el Banco de España. Ahora, los vendedores de coches piden al Gobierno nuevas ayudas, como la supresión temporal del impuesto de matriculación para los que cambien un coche de más de 10 años, que son el 40 % del parque automovilístico. Una medida que podría costar unos 200 millones a las autonomías, pero que se les podría compensar en parte por la mayor recaudación de IVA si aumentan las ventas.
La crisis del automóvil es por la caída de ventas en España, ya que el sector fabrica y exporta más cada año. Así, en 2010 se fabricaron en España 2.387.900 vehículos, un 10% más que en 2009, el 90% para la exportación. Este año, en el primer trimestre, se han fabricado casi  250.000 vehículos, sólo un 0,43% más, debido al desplome del mercado español, donde las visitas a los concesionarios han bajado un 80% en mayo. Se teme por el empleo, después de haberse perdido 80.000 empleos entre 2007 y 2009, en un sector que sostiene  233.582 empleos directos (fábricas y componentes) y otro millón y medio de empleos indirectos. Y un sector que aporta en impuestos 25.000 millones al año (la mitad que todo el IVA).
España es el segundo fabricante de automóviles de Europa, tras Alemania, y el sexto exportador del mundo. Y somos el país europeo con más fábricas (18) de más multinacionales, fábricas bastante competitivas y con una elevada innovación y tecnología. Tenemos dos debilidades: estamos en la periferia del mercado europeo  (lo que obliga a miles de camiones, trenes y barcos trasladando coches y componentes, con altos costes logísticos) y producimos coches del segmento medio/bajo, que dan menos márgenes. Pero es una industria potente y nuestro segundo renglón exportador. Hay que echarle una mano, como se viene haciendo en los últimos años, en que el automóvil se ha llevado más de la mitad de todas las ayudas industriales, con 4.000 millones en ayudas y créditos públicos.
El futuro pasa por automóviles que consuman menos, más seguros, menos contaminantes y con precios competitivos. Y España debe estar a la vanguardia de este mercado, aunque las decisiones se tomen en otros países. Pero aquí está el empleo. Hay que asegurarlo.

miércoles, 1 de junio de 2011

A confesarse con Hacienda

Queda un mes para confesarse con Hacienda, pero este año los contribuyentes parecen tener más prisa por declarar sus ingresos de 2010. Y eso porque ahora, gracias a Internet, en vez de la penitencia reciben antes la devolución. De hecho, los primeros quince días de abril, ya había casi 600.000 contribuyentes que habían cobrado su devolución. Hay prisa por cobrar, por la crisis. Y es que a ocho de cada diez contribuyentes, la declaración del IRPF les sale a devolver, porque les retuvieron de más el año pasado o por las deducciones, sobre todo por vivienda y planes de pensiones. Con todo, este año han subido los tipos, como pasará en la próxima declaración. Y Hacienda sigue controlando de cerca lo que confesamos, cada vez con más datos. Este año va a vigilar sobre todo a los profesionales.
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El impuesto sobre la renta, el IRPF, de dónde saca el Estado casi la mitad de sus ingresos (43,5%), no se paga ahora, sino que lo hemos pagado casi todo en 2010, con las retenciones mes a mes. Ahora, con la declaración, se trata de ajustar esos pagos con las deducciones. Y a  la mayoría, al hacer cuentas, le sale que Hacienda tiene que devolverle dinero. Así, de 19,4 millones de declaraciones que se esperan esta primavera, 15,2 millones tienen derecho a devolución (200.000 menos que el año pasado), que recibirán 11.167 millones de euros (7,33% menos que en 2010). Y 4,2 millones son positivas, aunque sólo 3,8 millones de contribuyentes (2 de cada 10) pagan ahora con la declaración, 6.184 millones de euros (+3,46%). En definitiva, que Hacienda devuelve ahora casi el doble de lo que ingresa, porque la recaudación del IRPF (67.601 millones) ya la hizo el año pasado, con las retenciones en nóminas y otros ingresos.
El IRPF es un impuesto que pagan fundamentalmente los asalariados: casi el 80 % de la recaudación viene de las nóminas, el camino por el que pagan un 90% de los contribuyentes. Y además de ser un impuesto que pagan los trabajadores, el IRPF lo pagan sobre todo las rentas medias y altas, ya que las rentas bajas están exentas o apenas pagan. Tras la reforma fiscal de 2007, en la primera legislatura de ZP, unos 6 millones de contribuyentes (el 30% del total) dejaron de pagar IRPF, según el IEF, al elevarse el mínimo personal y familiar exentos de declarar (ahora, los que ganan menos de 22.000 euros año brutos, o sea todos los mileuristas). Esta enorme bolsa de no declarantes se explica no tanto por progresividad fiscal como porque Hacienda se quitaba así un gran paquete de contribuyentes que ingresaban poco y daban mucho trabajo de gestión, centrándose en menos contribuyentes, las rentas medias y altas.
En consecuencia, si se analiza lo que el contribuyente paga a Hacienda, se ve que las rentas altas, con unos ingresos de más de 39.000 euros (10,3% de las declaraciones) aportan el 56% de la recaudación total del IRPF y que las rentas más bajas (58% de las declaraciones, con ingresos por debajo 18.000 euros) aportan el 10% de los ingresos, quedando el 34% restante para las rentas medias (18.000-39.000 €), según la Agencia Tributaria. Esto habla de un impuesto progresivo (paga más quien más tiene), aunque no controle muchos ingresos y fortunas, que evaden vía empresas interpuestas, sociedades o SICAV. Baste decir que sólo 8.059 contribuyentes reconocen ganar más de 600.000 euros al año, frente a una inmensa mayoría (95,45%) que confiesa ganar menos de 60.000 euros.
Este año, al declarar la renta de 2010, a todos nos han subido los impuestos, un 5,5%, por dos medidas: la supresión de los 400 euros y el aumento de las retenciones al ahorro, del 18 al 19% (o al 21 % si se perciben más de 6.000 euros). Además, no se han actualizado con la inflación los mínimos personales y familiares. Con todo ello, la presión fiscal (ingresos tributarios más cotizaciones/PIB) subió del 30,4 % en 2009 al 31,5% en 2010. Y volverá a subir en 2011, hasta el 32,5%, por la subida de tipos en las rentas más altas, la no actualización de los mínimos con la inflación y, sobre todo, al desaparecer (para la mayoría) la deducción por inversión en vivienda, de la que se benefician 6,6 millones de contribuyentes. Además, en la próxima declaración (a presentar en 2012), subirán los tipos del IRPF algunas autonomías (Cataluña, Andalucía, Extremadura o Cantabria), con lo que pagaremos más que este año.
Ya nos toque pagar o nos devuelvan, hay que procurar confesarse bien con Hacienda, porque cada vez sabe más de nosotros. Y lo que no sabe, se lo dicen. Así, desaparecido el impuesto del patrimonio (2008), bancos y Cajas están obligados a darles nuestros datos claves: saldos de cuentas, depósitos y créditos, rendimientos, compras y ventas de Fondos y valores. Con ello, y con datos de autonomías, Ayuntamientos, Seguridad Social y múltiples organismos internacionales, Hacienda tiene una gran base de datos para controlarnos y detectar el fraude, casi imposible para los que viven de un sueldo.  Y como tiene necesidad de ingresar, va a por todas. En 2010 ya recaudó 10.000 millones en la lucha contra el fraude, un 23,7% más. Y este año ha dicho que va a vigilar con lupa a los profesionales y los signos externos de riqueza, desde el uso de tarjetas de crédito a viajes caros, barcos, coches o pisos de lujo. Vale, que vigile, pero de verdad. La mayoría no tenemos nada que esconder.