lunes, 29 de mayo de 2017

España tiene un serio problema de inversión

España sigue creciendo y este primer trimestre de 2017 se ha recuperado ya lo que producíamos (PIB) antes de la crisis. Pero crecemos gracias al consumo de las familias y a las exportaciones, porque el tercer motor del crecimiento, la inversión, aún está muy débil y es todavía menor que en 2008. Lo preocupante es que el 87% de las empresas no están aumentando sus inversiones, a pesar de que ganan ya más que antes de la crisis: utilizan sus beneficios para quitarse deudas y pagar dividendos a sus accionistas, no para invertir capital en máquinas, personal y nuevos proyectos. Y encima, las inversiones públicas siguen cayendo (para recortar el déficit)  y el Estado invierte la mitad que en 2009. Este parón de la inversión privada y pública es especialmente preocupante porque las inversiones son los cimientos del futuro, del crecimiento y el empleo de mañana. Un grave problema del que no se habla, pero que nos afecta a todos: sin inversión no hay recuperación estable y duradera. No hay futuro.



                                                                                   Enrique Ortega

Tres son los motores que hacen crecer a un país: el consumo de las familias y el Estado (68% del PIB), la inversión (17%) y las exportaciones (15%). España lleva tres años seguidos creciendo, 2014 (+1,4%), 2015 y 2016 (+3,2%), gracias sobre todo al tirón del consumo de las familias (poco el del Estado, por los recortes) y a las exportaciones, que ya han superado el nivel que tenían antes de la crisis. El tercer motor, la inversión, lleva también tres años creciendo (2014 a 2016), pero mucho menos que el consumo y las exportaciones, aunque haya mejorado este primer trimestre la inversión en bienes de equipo (+3%). Pero se invierte todavía menos de lo que se invertía antes de la crisis: 227.289 millones de euros en 2016, un 25% por debajo de los 338.676 millones que se invirtieron en 2007, según los datos del INE.

La inversión en España pegó un gran salto a principios de este siglo, ya que se triplicó entre 1995 (102.748 millones de euros) y 2007 (338.678 millones), el año récord de la inversión, gracias a la burbuja del ladrillo, que disparó la inversión en suelo e inmuebles. Pero en 2008 pincha la burbuja inmobiliaria y la inversión se desinfla hasta los 191.921 millones en 2013, el año más bajo, con una caída total en la crisis del 43,3%. Y aunque luego la inversión se ha recuperado ligeramente entre 2014 y 2016, todavía pierde ese 25% sobre 2007. Y el esfuerzo inversor de España, que invertía un 31,33% de su producción (PIB) en 2007, se desplomó al 18,7% del PIB en 2013 y ahora sólo ha subido al 20,4%, según la Fundación BBVA e Ivie. Es decir, que España está invirtiendo ahora menos que antes de la crisis, al nivel de 1995. Y si descontamos el efecto de la inflación, la inversión real ha caído al nivel del año 2001.

Lo peor no es que hayamos retrocedido a un nivel de inversión de hace 14 años. El problema más grave es que la inversión hecha ha sido muy poco rentable y se ha depreciado mucho, al ser las dos terceras partes inversión inmobiliaria, que ha perdido mucho valor. Y en consecuencia, ahora hay que invertir para cubrir estas pérdidas y para afrontar el futuro. Y como la inversión está todavía en niveles bajos, no llega para tapar a la vez las pérdidas y generar aumentos de capital para el futuro. Y así, el stock de capital neto real, lo que crece la capitalización de la economía, ha pasado de aumentar el 4% anual antes de la crisis a crecer un 0,5% anual ahora, el aumento más bajo de los últimos 50 años, según un riguroso estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Dicho de forma más sencilla: la inversión apenas da para aumentar el capital de la economía, que es junto a la mano de obra, uno de los dos factores claves del crecimiento y la riqueza de un país.

Además, la inversión es España tiene otros dos problemas adicionales. Uno, que se ha centrado demasiado en el ladrillo y la especulación inmobiliaria y poco en sectores industriales competitivos, en la tecnología y en la digitalización. Y el otro, que se ha concentrado sólo en una parte de España, en 4 autonomías que concentran ellas solas el 57,6% del capital invertido: Cataluña (17,2%), Madrid (16%), Andalucía (14%) y Comunidad Valenciana (10%). Y así, la inversión y el capital han agravado las diferencias económicas entre autonomías ricas y pobres, en lugar de ayudar a reequilibrar el país.

La clave de este problema inversor de España está en la inversión privada, porque supone el 88% del total, aportando el 12% restante la inversión pública. Y aunque la inversión privada empezó a crecer en 2014, lo hace lentamente, más que la economía. De hecho, este año 2017, sólo el 13% de las empresas españolas prevén aumentar sus inversiones, según un estudio realizado por la patronal CEPYME. Y además, el 40% de las empresas consultadas no prevén realizar ninguna inversión este año 2017.

Y no invierten a pesar de que las empresas españolas llevan tres años aumentando sus beneficios, que ya son mayores que antes de la crisis: ganaron 473.032 millones de euros en 2016 frente a 465.182 millones en 2008, según la Contabilidad Nacional del INE. La razón es que las empresas destinan un 13% de sus beneficios a repartir dividendos (a sus accionistas) y el 87% restante a “reservas”, a aumentar capital y sobre todo a devolver créditos y reducir el pago de intereses. De hecho, las empresas españolas se han quitado más de una cuarta parte de su deuda: si en 2009 debían 1.272.181 millones, en 2016 debían ya “sólo”  913.350 millones. Se han quitado 358.800 millones, el 28% de la deuda, aprovechando sus beneficios. Y lo que ha ido a los bancos (o a dividendos) no ha ido a invertir.

Junto a esta débil inversión privada, otro problema es que la inversión pública (el 12% de la inversión total) se ha desplomado en estos años, por los recortes hechos por ZP y sobre todo por Rajoy para reducir el déficit público. La inversión pública ha caído de 55.030 millones en 2009 (un 5,1%, el récord histórico por el “Plan E” de inversiones de Zapatero para tratar de atajar la crisis) a 21.548 millones en 2016, el 1,9% del PIB, una cifra que es el mínimo histórico de la serie estadística que arranca en 1.995. Con este drástico recorte (-58%), España se coloca ahora como el segundo país europeo con menos peso de la inversión pública (tras Portugal): un 1,9% del PIB, frente al 2,7% de inversión pública en la UE-28 y el 3,3% del PIB que invierte Francia o el 2,1% que invierten Alemania o Italia, por ejemplo.

Esta drástica caída de la inversión pública varía por autonomías, pero afecta a la mayoría: la inversión productiva por habitante se ha reducido a menos de la mitad en 13 de las 17 autonomías. Y de no corregirse, esta caída de la inversión pública compromete el futuro de los servicios públicos que prestan las autonomías (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales…), según el análisis de Fedea. Pero el Gobierno Rajoy sigue con los recortes y para este año 2017, la inversión pública en infraestructuras caerá un 20,6%. Y la inversión pública del Estado en las autonomías caerá otro 22,2% (en todas menos en Canarias).

La inversión (el capital), es, junto al trabajo, uno de los dos cimientos de cualquier economía: la mejora de la productividad (muy baja en España) y el aumento del empleo y del nivel de vida (menores que en Europa) dependen de que un país cuente con capital suficiente. Y para ello hace falta que se invierta más y mejor. El reto es doble: volver a invertir un tercio de lo que se produce (PIB), como en 2007 (eso significaría invertir unos 120.000 millones más al año) y destinar esa inversión (privada y pública) a sectores con futuro, en línea con la nueva inversión que ya se está produciendo: maquinaria y bienes de equipo,  tecnología, sectores información y comunicación (TIC) y digitalización de la economía. Y diversificar también la inversión, para que no sólo vaya a las autonomías “ricas”.

Haría falta pactar una Plan de choque para reanimar la inversión y colocar a España en línea con la inversión que hace el resto de Europa. Y para ello, tendría que empezar dando ejemplo el Estado, reanimando la inversión de la administración central, las autonomías y los Ayuntamientos. Tras los recortes, hace falta invertir en casi todo (menos en más AVEs): carreteras (están muy deterioradas), obras hidráulicas (para evitar las consabidas inundaciones periódicas), ferrocarril (ahí está, a medio gas, el corredor mediterráneo), tecnología, digitalización, escuelas, hospitales y centros de salud, residencias de ancianos, etc., etc. Inversiones públicas necesarias y que tirarían de las inversiones privadas. Y que podrían financiarse con una mejora de la recaudación, porque España recauda 90.000 millones anuales menos que el resto de Europa, según Eurostat. Para ello, habría que reducir el fraude fiscal y conseguir que paguen más impuestos los que pagan poco (grandes empresas, multinacionales y los más ricos).

En paralelo, habría que tomar medidas para reanimar la inversión privada, facilitando que las empresas destinen una mayor parte de sus inversiones a invertir en máquinas, renovación tecnológica y digital, nuevos negocios y personal mejor formado. Eso obliga a un tratamiento fiscal que incentive más la inversión privada y en paralelo, un Plan de refinanciación de la deuda de las empresas, para facilitarles la devolución anticipada de créditos y que puedan destinar sus ingresos más a invertir y menos a pagar intereses. Además, habría que conseguir una mayor colaboración inversora entre el Estado y las empresas, para cofinanciar proyectos, intentando conseguir los mayores fondos posibles de la Unión Europea.

Al final, estamos tan obsesionados con el día a día que nadie piensa a medio plazo. Y no basta con crecer, sino que hay que asegurar los cimientos de este crecimiento. Y la inversión es un elemento clave, porque sin más inversiones será difícil asegurar un crecimiento estable y duradero, más empleo, algo vital para España. Por eso, hablar de inversión puede sonar a algo muy técnico, un “rollo”, pero si España no consigue mayores inversiones, atraer más capital (español y extranjero), no podremos apuntalar el crecimiento futuro, el empleo y un mejor nivel de vida. Así que ya lo saben: más inversión igual a mejor futuro.

jueves, 25 de mayo de 2017

Un país de hogares solitarios


En 1 de cada 4 hogares españoles vive una persona sola: separados, divorciados, jóvenes y mayores que viven solos, la mitad “por obligación”. Son 4,6 millones de personas, 1 de cada 10 españoles, el triple de “solitarios” que hace 25 años. Pero España es uno de los paises donde viven menos personas solas: el 25,2% de hogares, frente al 31,8% en Europa o el 45% en Dinamarca. Y eso, porque en España, los jóvenes no tienen empleo ni ingresos para irse del hogar familiar y muchos mayores viven con sus hijos o en residencias en vez de solos como en la Europa del norte. Con todo, cada vez hay más españoles que viven solos y eso está cambiando el consumo, los alquileres, la sanidad y la asistencia social. El Gobierno debería tomar medidas para ayudar a los mayores que viven solos, 3 de cada 4 son mujeres con bajas pensiones de viudedad. Porque muchos ancianos están abandonados y la soledad les causa depresiones y enfermedades. Hay que atenderles mejor.


                                                                                            enrique ortega

Los hogares españoles están hoy mucho más vacíos que hace 25 años. Si en 1991 había una media de 3,2 personas por hogar, en 2001 había bajado a 2,9 y en 2016 son 2,5 personas de media por hogar, según la Encuesta continua de Hogares 2016 del INE. Ello se debe a que las parejas tienen ahora menos hijos (1 y como mucho 2) y  a que hay muchas más personas que viven solas: separados, divorciados, jóvenes y mayores. Así, de los 18.406.100 hogares registrados en España, un 25,2% son hogares unipersonales, donde vive una persona sola. En total, son 4.638.300 españoles “solitarios”, según el INE, 1 de cada 10 habitantes. Y su número se ha triplicado en los últimos 25 años, pasando de 1.581.055 personas que vivían solas en 1991 (el 13,3%) a 2.876.572 en 2001 (el 20,27%) y a los 4.638.300 (25,2%) de hoy. Con ello, los hogares unipersonales son hoy los segundos más frecuentes, tras los hogares con dos personas (30,5%) y por encima de los de tres personas (21%).

¿Quién vive solo en España hoy? De los 4.638.300 “solitarios” censados, 4 son mayores de 65 años (1.933.300) y los otros 6 son jóvenes y adultos no jubilados (2.705.100 personas). La mayoría son mujeres (2.476.700) y sólo el 46,6% son hombres (2.161.600). Por estado civil, destacan los “solitarios” solteros (45,8%), seguidos de los separados o divorciados (17%), casados (6%) y viudos (30,2%). Y por autonomías, las que tienen más hogares unipersonales son Cataluña (750.000), Andalucía (736.000), Madrid (655.000) y Comunidad Valenciana (517.000), aunque en porcentaje relativo, hay más hogares con gente sola en Asturias (29,7% de hogares unipersonales), Castilla y León (28,7%), La Rioja (28,5%), País Vasco (27,2%) y Aragón (27,1%), según la Encuesta continua de hogares 2016 del INE.

Aunque los hogares unipersonales se han triplicado desde 1991, España es todavía uno de los paises europeos donde hay menos gente que vive sola: hay un 25,2% de hogares unipersonales frente al 31,8% de estos hogares en Europa (UE-28), con lo que hay 18 paises con más “hogares solitarios” que España, según Eurostat. El ranking lo encabeza la Europa del norte: Dinamarca (45% de hogares unipersonales), Finlandia (40,8%), Noruega (40,6%), Alemania (40,5%), Suecia (39,9%) y Holanda (39,6%), seguidos de Austria (37%), Bélgica (34,3%), Francia (35,8%) o Italia (34,3%). Y entre los paises con menos “solitarios”, la Europa del sur y del Este: Chipre (20,8%), Portugal (21,4%), Irlanda (22%), Rumanía (22,1%), Hungría (22,8%), Malta (23,3%), Bulgaria (24,2%), Polonia (24,4%), España (24,6%) y Grecia (25,7%).

La causa de que en Europa haya más hogares donde sólo viva una persona es doble. Por un lado, los jóvenes europeos se emancipan antes que los españoles y viven por su cuenta en mayor medida que aquí. Y por otro, las relaciones entre padres e hijos son diferentes: en la Europa del sur hay más costumbre de que los hijos se hagan cargo de los padres y vivan con ellos, mientras en la Europa del norte hay más “independencia” intergeneracional. Baste un dato: en España, el 54,3% de los padres mayores de 65 años tienen contacto con los hijos todos los días, mientras en Europa sólo tienen este contacto diario el 37,8% de los padres jubilados (y en Dinamarca el 18,3%), según un estudio de Eurofound 2012.

Veamos con detalle los dos grupos de españoles que viven solos: los jóvenes y adultos no jubilados y los mayores de 65 años. Primero, los 2.705.100 “solitarios” menores de 65 años en 2016 (1.228.528 más que en 2001). La mayoría son hombres (1.595.800) y en los últimos años han crecido los que viven solos porque se han separado o divorciado, mientras se reducían los jóvenes que viven solos, por la crisis. De hecho, la edad media de los jóvenes para independizarse ha subido en España a 29,4 años, frente a 26,1 años de media en Europa, los 20,7 años de Suecia , los 23,7 de Alemania, los 23,8 años de Francia o los 24,9 años de Reino Unido, según datos de Eurostat (2016). Y hay un dato todavía más llamativo: en España, el 80,3% de los jóvenes de 19 a 29 años (5.233.406 jóvenes) sigue viviendo con sus padres frente al 70% de media en Europa, según el Observatorio del Instituto de la Juventud. Y si tomamos a jóvenes algo más mayores, entre 22 y 29 años, el 70% de los españoles viven con su familia, frente al 16% en Francia, un 21% en Alemania o un 30% en reino Unido, según un informe de la OCDE (2015).

¿Por qué los jóvenes españoles no se lanzan a vivir solos? Por su penosa situación económica. Primero, la tasa de paro juvenil (menores de 25 años) es en España del 40,5% (la segunda más alta tras el 48% de Grecia), más del doble del paro juvenil de la UE-28 (17,2%) y la zona euro (19,4%), según Eurostat. Y segundo, los jóvenes con empleo tienen un trabajo muy precario: el 73% de los jóvenes españoles (menores 25 años) tienen contratos temporales frente a un 43,8% de media en Europa (UE-28). Con ello, su incertidumbre laboral es muy alta y su salario muy bajo: un tercio de los jóvenes españoles de 16 a 29 años (casi 2,5 millones) son oficialmente “pobres”, ingresan menos del 60% de la media de ingresos española. O sea, ingresan menos de 8.209 euros netos anuales, según el INE. Así no hay forma de irse de casa y ponerse a vivir solo o en compañía y formar un hogar.

Veamos al otro grupo de los que viven solos, los mayores de 65 años: forman 4 de cada 10 hogares solitarios, según la Encuesta continua de Hogares 2016. Son 1.933.300 personas mayores que viven solas, 552.000 más que en 2001. Y de ese total de mayores solos, el 70% son mujeres mayores solas (y cuanto más mayores, más solas: el 21,4% de las que tienen entre 65 y 74 años viven solas y el 39,7% de las que tienen más de 85 años). En España, los mayores que viven solos suponen el 22,9% de todos los hogares de personas mayores (2016), un porcentaje que no ha dejado de crecer desde 1991 (hace 25 años, sólo el 16,6% de mayores españoles vivían solos). Con todo, esta proporción de “mayores solitarios” es también menor en España que en Europa: 24% en 2015 frente a 32,2% de mayores que viven solos en Europa, según Eurostat. Donde hay más mayores viviendo solos es en los países nórdicos y centro Europa: 40% del total en Dinamarca o Finlandia, 39% en Suecia, 38% en Francia, 34% en Alemania o 32% en Reino Unido. Y donde menos en la Europa del sur: 31% de mayores en Italia y 24% en Portugal, España o Grecia.

La explicación de que en España tengamos menos mayores que viven solos que Europa es múltiple. Por un lado, hay razones familiares y educativas: en la Europa del sur funcionan mejor las redes familiares y las hijas están más acostumbradas a cuidar a los padres en casa. Por otro lado, en el norte y centro de Europa existen más ayudas sociales para que los ancianos puedan vivir en su hogar, con asistencia externa. Y como contraposición, las pensiones españolas son muy bajas (el 47% son menores de 650 euros) y no permiten a muchos jubilados vivir solos, con lo que acaban aportándolas a sus hijos, también como forma de ayuda para salir adelante todos. Y en el caso de las mujeres, su pensión de viudedad es aún más exigua y les dificulta vivir solas: la pensión media de viudedad es de 645 euros al mes y hay 538.000 viudas (casi 1 de cada 4) que reciben menos de 400 euros de pensión al mes.

Con todo, 1.933.300 mayores de 65 años viviendo solos (el 22,9% de todos los mayores) son muchos mayores solitarios. Y esa abultada cifra, que crece año tras año, conlleva varias consecuencias económicas. La primera, cómo estos “mayores solitarios” consiguen sobrevivir y pagar con su exigua pensión la comida (17,4% de su gasto frente al 15% en el presupuesto de los menores de 65 años), los gastos de vivienda (39,9% frente al 31,8% el resto) y la salud (4,7% frente al 3,5%), ya que en lo demás gastan mucho menos: en ocio (10,2% frente a 15,1%), en vestir (3,8% frente al 5,1%) y en los demás bienes y servicios (24% frente al 29,5%), según la Encuesta de presupuestos familiares del INE. Con la crisis, muchos mayores solitarios se han encontrado con que no pueden pagar la luz o la calefacción y están a la cabeza de la pobreza energética.

Otro elemento clave del aumento de mayores que viven solos es su atención sanitaria y social, para evitar que su salud se deteriore o se mueran solos, como se informa con demasiada frecuencia. Debería existir un Plan de choque de la sanidad pública para tener censados a estos mayores que viven solos y asegurarles una asistencia sanitaria y social frecuente, con la ayuda de la teleasistencia. De hecho, la soledad es un grave problema que acaba teniendo efecto sobre la salud de los mayores, provocando en un 10% de los casos depresiones y enfermedades, según los expertos.

El aumento de los hogares donde vive una sola persona, sea mayor, joven o de mediana edad, está revolucionando el consumo y lo va a modificar mucho más, desde la presentación de los alimentos (no es lo mismo comprar para uno que para cinco) a los servicios (lavadora para uno). Y va a aumentar la oferta de servicios comunes para personas solas, desde comedores a lavanderías. Y lo mismo en la vivienda: promotores y constructores tendrán que pensar cada vez más en pisos-estudio para jóvenes, adultos y mayores que viven solos y a los que no compensa comprar o alquilar una casa de varias habitaciones.

En paralelo, el Gobierno debería actuar en dos frentes, a la vista de los datos de españoles que viven solos. Por un lado, fomentando que los jóvenes puedan emanciparse y vivir solos (o formar familias) como en Europa. Eso pasa por mejorar la formación y educación de los jóvenes (somos un país líder en abandono escolar: el 19% de los jóvenes de 18 a 24 años, frente al 10,7% de media en Europa), para que estén mejor preparados para trabajar en lo que se demanda, ampliando la Formación Profesional, los contratos en práctica y la contratación estable de jóvenes, menos precarizados y mejor pagados.

Por otro, hay que tratar de apoyar más desde el Estado a los mayores que viven solos. Primero, reforzando su asistencia social y sanitaria, con un servicio de visitas frecuentes al domicilio y teleasistencia, que prevengan enfermedades y depresiones. Segundo, fomentando servicios comunes y desarrollando proyectos como los  pisos tutelados y viviendas compartidas iniciados en Madrid. Tercero, promoviendo ayudas para el acogimiento familiar de los mayores y co-financiando cuidadores a domicilio, una fuente de trabajo y residencia para jóvenes. Y por supuesto, trasvasando los ancianos más vulnerables de sus viviendas a residencias de mayores, lo que exige aumentar las plazas disponibles y, sobre todo, redistribuirlas mejor porque hay regiones con poquísimas residencias para ancianos (2,22 por 100 habitantes mayores de 65 años en Canarias, 2,91 en Valencia, 2,95 en Andalucía, 3,06 por 100 en Galicia) y otras mejor dotadas (7,43 plazas por 100 mayores en Castilla y León, 7,09 en Castilla la Mancha,6,38 en Aragón ó  5,16 por 100 en Navarra).

Al final, de los 4.638.300 españoles que viven solos, algo más de la mitad (59,4%) lo hacen por voluntad propia, pero casi la mitad (40,6%) se ven obligados a ser “solitarios” , según una encuesta de la Fundación Once (2015). Y la mayoría de estos “solitarios obligados”  son ancianos que se han quedado solos, el 70% de ellos mujeres. Aquí es donde deberían centrarse las ayudas públicas, para mejorar su vida y sus últimos años. Si es posible en su casa, mejor, pero reduciendo riesgos y problemas. Y si no, evitando que malvivan solos, facilitando su atención familiar o en una residencia. Es lo menos que merecen.

 

lunes, 22 de mayo de 2017

Rajoy hunde más el Estado del Bienestar


El Gobierno ha informado  a Bruselas que recortará más el gasto público en sanidad, educación, pensiones, desempleo y familia de aquí a 2020. Si España era uno de los paises europeos con menos gasto social antes de la crisis y más tras los drásticos recortes 2010-2014, Rajoy quiere ahora reducir aún más el Estado del Bienestar, a pesar de la recuperación. Estos futuros ajustes son especialmente preocupantes en educación, clave para mejorar la competitividad y el empleo. También en sanidad, porque el envejecimiento, la tecnología y  los medicamentos forzarán aumentos del gasto. Y en pensiones (España gasta menos que Europa), parados (más de la mitad no cobran) y familias (cuando cae la natalidad y la población). Urge frenar estos futuros recortes, por injustos y antieconómicos. Y actuar por el otro lado, ingresando más, porque España recauda mucho menos que Europa. Se puede, siempre que algunos paguen más impuestos. Este nuevo ataque al Estado del Bienestar es  una cuestión ideológica, no económica. Hipoteca nuestro futuro.

 
                                                                                      enrique ortega

España siempre ha sido un país con menos gasto público que el resto de Europa. Ya con Franco, que apenas nos cobraba impuestos a cambio de un mínimo gasto social paternalista. Con la democracia, crece la presión pública por gastar más en todo, pero España sigue con menos gasto público que Europa: un 40% del PIB en 1997-2001 frente al 46% en la UE-28, según Eurostat. Sube algo más los primeros años de la crisis, con Zapatero tratando de frenarla a base de gasto (poco útil): al 43,5% del PIB en 2007-2011 en España frente al 45,7% en Europa. Pero luego, llega el primer Gobierno Rajoy con las tijeras y el gasto público baja año tras año, hasta el 42,8% del PIB en 2016, muy por debajo de la UE-28 (46,9% del PIB) y que los 19 paises del euro (48% del PIB de gasto público). Y más lejos aún del gasto público que hacen Francia (56,5% de su PIB) o los paises nórdicos (57,3% Finlandia o 54,8% Dinamarca), e incluso Alemania (44,1%) o Italia (49,7%).

En definitiva, que si antes de la crisis España gastaba menos que el resto de Europa, ahora ha aumentado la brecha del gasto público con la UE y los paises euro, gracias a los recortes hechos por Zapatero y sobre todo por Rajoy, básicamente desde  2012 a 2015 : -9.878 millones recortados en sanidad desde 2009 (1 de cada 7 euros), -7.613 millones recortados en educación (1 de cada 6 euros), -11.364 millones en ayudas al paro, -2.865 millones  en ayudas a la Dependencia, -1.200 millones en ayudas a las familias… Y gracias a estos recortes, España tiene un Estado del Bienestar más reducido que Europa.

Así, en sanidad, España gastó en 2015 unos 66.000 millones de euros, el 6,2% del PIB, por detrás del 7,2%  que gastaron de media los 28 países UE y los 19 del euro (o sea, gastamos 10.750 millones de euros menos), según los últimos datos de Eurostat. Y bastante menos que Dinamarca (8,6%), Francia (8,2%), Reino Unido (7.6%), Alemania (7,2%) o Italia (7,1%), cinco de los 14 paises que gastan más que España en sanidad. En educación, España gastó en 2015 unos 44.000 millones de euros, el 4,1% del PIB, también por debajo del 4,9% que gastó la UE-28 y del 4,7% que gastaron los países euro (o sea, que gastamos 6.500 millones menos al año. Y somos el 7º país europeo que menos gasta en educación, según Eurostat, muy por debajo del 7% de Dinamarca, del 6,5% de Suecia, del 6,2% de Finlandia, del 5,5% de Francia, del 5,1% de Reino Unido o del 4,2% de Alemania y similar al 4% de Italia.

En protección social, la principal partida del gasto público, España gastó en 2015 unos 184.000 millones de euros, un 17,1% del PIB, según Eurostat, también por debajo del 19,2% que gastó en protección social la UE-28 y del 20,1% que gastaron los paises euro (a lo claro: gastamos 32.000 millones menos que ellos al año). Desglosado, el mayor gasto social es en pensiones y aquí también gastamos menos que los europeos: un 9,2% en 2015, frente al 10,3% de la UE-28 y 10,8% de los paises euro, según Eurostat (17.500 millones menos al año). El gasto en la vejez es muy inferior al de Francia (13,6% del PIB) o Italia (13,8%), similar al de Alemania (9,2%) y superior al de Reino Unido (8,8%). En paro, España gasta más que la media europea, pero tenemos el doble de paro y el triple o cuádruple que muchos paises (por eso, aunque gastemos más en subsidios, el 53,7% de los parados EPA, 2.285.137 parados,  no cobraban nada en marzo). En 2015, España gastó en desempleo 21.500 millones de euros, el 2% del PIB, frente al 1,4% de la UE-28 y el 1,7% de la zona euro. Y gastamos lo mismo en desempleo que Francia (2% PIB), cuando ellos tienen menos de la mitad de paro (10,4% en 2015 frente a 22,1%) y sólo algo menos que Alemania (1,7% PIB, con 4,6% de paro). En ayudas a la familia, España gastó en 2015 unos 6.500 millones de euros, el 0,6% del PIB, casi la tercera parte que Europa (1,7% del PIB en UE-28 y zona euro). Y hay paises con más ayudas a las familias, como Francia (2,5% PIB), Dinamarca (4,6%) o Finlandia (3,2%).

Como se ve, los recortes no sólo han desmantelado parte del Estado del Bienestar sino que nos han alejado del gasto social que se hace en Europa. Ahora, con la recuperación de la economía, parece que era el momento de apuntalar este gasto público, recuperando parte de lo perdido. Pero el Gobierno Rajoy apuesta por más recortes, aunque públicamente “venda” lo contrario. Así, este año 2017, el ministro Montoro insiste en que “aumenta mucho el gasto social”, en que suben las partidas para sanidad, educación y prestaciones sociales. Y es verdad en millones (se gastan más, pocos más), pero estos gastos crecen menos que la economía. Y por tanto, el Estado de Bienestar sigue perdiendo peso. Así, el porcentaje del gasto sanitario baja en 2017, del 6,07 del PIB (2016) al 5,95%, el nivel más bajo desde 2007.  Lo mismo el gasto en educación, del 4,01% (2016) al 3,93% (2017), el gasto educativo más bajo de este siglo. Y en protección social (pensiones, paro y familia, sobre todo), el porcentaje de gasto público baja del 16,9% del PIB al 16,58%. Esta es la verdad: se destina menos porcentaje de ingresos a los gastos sociales que en 2016 y que en 2011.

Así que el Estado del Bienestar sigue “cuesta abajo”. Y lo peor es que el Gobierno Rajoy se propone recortarlo aún más, de aquí a 2020, según ha comunicado a Bruselas, dentro del Programa de Estabilidad 2017-2020. Las cifras, sus cifras, son muy evidentes: el gasto público total, que ya cayó del 45,80% del PIB en 2011 al 42,20% en 2016, volverá a caer, al 41,48% en 2017 y al 39,19% en 2020. Significa que si España gastaba en 2011 casi 46 de cada 100 euros que producía, en 2020 gastará sólo 39 euros. Montoro podrá intentar engañarnos con que son más millones (claro, porque la economía producirá más), pero comparativamente (porcentualmente), el Estado gastará mucho menos en el Estado del Bienestar.

Y gastará mucho menos en todo, en las 10 partidas que componen el gasto público, según el Programa de Estabilidad 2017-2020 (ver Cuadro A.8b de la página 101). Pero sobre todo en las que tres donde más gasta y que más nos afectan: protección social (pensiones, paro y ayudas a la familia), que bajará del  16,89% del PIB (2016) al 15,91%, sanidad (del 6,07 en 2016 al 5,57% en 2020) y educación (del 4,01% del PIB en 2016 al 3,67% en 2020). Su excusa para este nuevo recorte del Estado de Bienestar es doble: que hay que rebajar el déficit público y que aunque gasten porcentualmente menos “gastarán mejor”.

La realidad es que el Gobierno Rajoy apuesta por estos nuevos recortes para 2020 por ideología, no por economía. Porque algunos de estos recortes, como los de educación, atentan contra la recuperación. Todos los expertos, como señala este artículo de La Caixa, han demostrado que el gasto en educación favorece la competitividad y la productividad de la economía. Y más en España, donde el nivel de formación de los adultos es muy bajo, según revela el informe “Panorama de la Educación 2014” (OCDE) : el 45% de los adultos españoles (25-64 años) tienen un nivel educativo bajo (sólo la ESO o ni siquiera), frente al 21% en Europa (UE-21) o el 24% de la OCDE (34 países), y muy lejos de Suecia (sólo 12% adultos poco formados), Alemania (14%), Finlandia (15%), Reino Unido (22%), Irlanda (25%) o Francia (27%). En medio, también tenemos menos adultos con formación media (Bachillerato y FP Básica): un 22% en España frente a un 48% en Europa y un 44% en la OCDE. Y sin embargo, por arriba, estamos en cabeza de universitarios: un 32% en España frente al 29% en la UE-21 y en 33% en la OCDE. Y así, tenemos más difícil competir por el empleo.

Recortar el peso del gasto educativo, como ha apostado Rajoy, es un suicidio económico y social, razón por la que hasta la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, ha pedido “frenar los recortes en educación”, porque cree que necesitamos un sistema educativo “mucho más robusto”, por lo que “deberíamos aumentar la financiación”. Lo mismo llevan años pidiendo a España la OCDE, el FMI y la Comisión Europea. Pero nada. Y lo mismo el gasto en Ciencia, en I+D+i: el Gobierno Rajoy apuesta porque suba sólo del 1,23% en 2015 al 2% en 2020, cuando el objetivo europeo ese año es gastar el 3% en Ciencia. Así, con esta racanería presupuestaria, será difícil conseguir un Pacto educativo.

En sanidad, gastar porcentualmente menos de aquí a 2020 es dar la puntilla a una sanidad pública agobiada por los recortes de gastos y plantillas (41.000 médicos y enfermeras), las listas de espera, instalaciones viejas y tecnología obsoleta. Porque el futuro augura un aumento inevitable del gasto, por cuatro poderosas razones: envejecimiento de la población y más esperanza de vida, aumento de las enfermedades crónicas, necesidad de renovación tecnológica y nuevos medicamentos cada vez más caros. Si en vez de gastar más (11.000 millones extras al año para gastar “como los europeos”), se propone gastar porcentualmente menos, el colapso está asegurado, en perjuicio de los más débiles y en beneficio de la creciente sanidad privada (11 millones de españoles tienen un seguro médico privado).

En protección social, la mayor amenaza de estos futuros recortes es para las pensiones, donde España ya gasta hoy menos que la media de Europa (17.500 millones menos al año), pero donde habría que dedicar más recursos en el futuro (no menos) por el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida, así como por el lógico aumento de las nuevas pensiones. Si el Gobierno Rajoy quiere rebajar este gasto, como promete a Bruselas, es porque piensa aprobar más recortes en la reforma de las pensiones que se aprobará este año. Y lo mismo en las ayudas al desempleo, donde ya más de la mitad de parados no cobran. Y en las ayudas a la familia, en un país que necesitaría promover con urgencia y seriedad la natalidad, porque está cayendo la población (hay 726.295 españoles menos que en 2012, según el INE) y habrá menos adultos para trabajar: el INE estima que para 2029 caerá la población activa en 1.736.300 personas.

Además, el gasto en protección social debería subir y no bajar porque España es uno de los paises europeos con más pobreza (13.180.000 españoles, un 28,6% de la población frente al 23,7% en la UE-28, según Eurostat) y con más desigualdad: España es el tercer país europeo donde los ricos acaparan más proporción de renta, según el FMI (el 10% más rico acapara el 52,8% de la riqueza y el 1% el 20,3%, según datos del Banco de España). Y esto debería llevar a reforzar las ayudas contra la pobreza (sobre todo, contra la pobreza infantil) y aprobar medidas para paliar la situación de los 3,3 millones de españoles que están en pobreza extrema, según Cáritas. Y sobre todo, las 648.300 familias sin ningún ingreso (EPA).

Vayamos al fondo de la cuestión: España tiene menos gasto público que Europa porque también recaudamos menos que los demás paises. Eso ya pasaba antes de la crisis, se agravó con ella y sigue pasando ahora: en 2016, España ingresó (total ingresos públicos) el 38% de su PIB, por debajo de la media UE-28 (44,9%) y sobre todo de la zona euro (46,2%), según datos de la Comisión Europea. Traducido, esto quiere decir que si recaudáramos como los demás paises euro, España habría ingresado 90.200 millones de euros más en 2016. No habríamos tenido déficit público  (47.630 millones) y aún nos habría dado para gastar más en sanidad, educación y prestaciones sociales. Así de claro.

Así que la otra vía de salida, que el Gobierno Rajoy desoye sistemáticamente, es conseguir recaudar más, para lo que la Comisión Europea nos ha marcado el camino: subir el IVA, subir los impuestos al alcohol, tabaco, carburantes y otros impuestos medioambientales, reducir las deducciones de las empresas en sociedades (las grandes empresas pagan sólo el 7,3% de sus beneficios), hacer que paguen más las multinacionales y los más ricos, poniendo más personal y más medios en la lucha contra el fraude fiscal. Con una reforma fiscal de verdad, para reducir el fraude y conseguir que paguen más los que pagan poco (grandes empresas, multinacionales y fortunas), se podrían recaudar 40.000 millones más al año, según los técnicos de Hacienda (GESTHA). Con esos recursos extras, se podrían destinar 10.000 millones a rebajar el déficit y otros 30.000 a recomponer el Estado del Bienestar, a recuperar lo perdido en sanidad, educación, dependencia, pensiones y ayudas a parados y familias.

Las cuentas pueden salir de otra manera, con más ingresos, no con menores gastos. Pero para ello, el Gobierno Rajoy tendría que hacer pagar más impuestos no a la mayoría (que ya pagamos) sino a colectivos y sectores que pagan poco y a los que no quiere enfrentarse, ni el PP ni su socio político Ciudadanos (que rechaza cualquier subida de impuestos): grandes empresas, petroleras, eléctricas, industria del automóvil, multinacionales y los más ricos. Para no “tocar” su bolsillo, cuando las empresas ganan más que antes de la crisis, apuestan por “tocar” (recortar) el Estado del Bienestar. Y de paso, como “creen” más en el mercado que en el Estado”, reducen el peso del sector público en beneficio de los negocios privados (sanidad, educación y pensiones privadas para el que pueda pagarlo). “No alimentar al monstruo del Estado, sino recortarlo”. Eso es lo que se esconde detrás del Programa de Estabilidad 2017-2020, recién enviado a Bruselas. Una apuesta ideológica, no económica.