jueves, 13 de junio de 2019

Las cuentas (sin control) de la Iglesia española


La Iglesia católica española acaba de publicar, por primera vez, unas cuentas algo más detalladas (poco), para simular “transparencia” y animar a los católicos a que marquen la X en esta declaración de la renta. Pero no dicen que más de la mitad de sus ingresos no pasan el control de Hacienda, gracias al Concordato de 1979. Tampoco reconocen que la aportación de los contribuyentes a financiar la Iglesia católica no son sólo los 250 millones que ingresan por el IRPF sino 11.600 millones anuales que les pagamos todos para financiar sus colegios, hospitales, capellanes en hospitales, cárceles y cuarteles, su obra asistencial y el mantenimiento y conservación de decenas de catedrales, iglesias y monasterios, muchos apropiados y registrados unilateralmente en los últimos años, en pugna con los Ayuntamientos. Y tampoco hablan de los 2.000 millones de impuestos que no pagan, en IBI, sociedades, obras y plusvalías. Es hora de que el Tribunal de Cuentas audite las cuentas de la Iglesia. Y de revisar el Concordato



La Iglesia católica española es una poderosa organización, que cuenta con 70 diócesis, 23.021 parroquias, 17.754 sacerdotes, 116 obispos y cardenales, 40.096 religiosos (de 407 órdenes), 11.018 misioneros (trabajando en 130 paises), varias ONGs y asociaciones de ayuda (Cáritas y Manos Unidas), 77 hospitales, 62 dispensarios, 802 casas de ancianos, 2.587 centros de enseñanza católicos (con 1,5 millones de alumnos), 15 Universidades católicas (con 89.547 alumnos)  y 189 centros culturales, más 12.988 asociaciones de fieles, según la última Memoria 2017 publicada por la Conferencia Episcopal Española. Y por si fuera poco, la Iglesia católica tiene el 2º mayor patrimonio de España, tras el Estado: más de 100.000 inmuebles, miles de tierras, 95 catedrales, 860 monasterios y 540 santuarios. Y la Iglesia católica mantiene 64.925 empleos directos e inducidos.

Todo ello se mueve y se mantiene con sólo 1.386 millones de euros al año, según las cuentas recién publicadas de la Conferencia Episcopal, una cifra difícil de creer. De este Presupuesto (el de 2017, publicado en mayo 2019), la mayoría es lo que mueven las 70 Diócesis (924 millones) y el resto es el presupuesto de Cáritas y Manos Unidas y otras asociaciones religiosas. Centrándonos en el grueso del gasto, las Diócesis, los ingresos proceden de 5 fuentes: la asignación tributaria, el 0,7% del IRPF (223,48 millones, el 24% del total), los ingresos voluntarios de los fieles (320,28 millones, el 35%), los ingresos del patrimonio, como entradas a edificios religiosos y museos (122,48 millones, el 13%), “otros ingresos corrientes” (por servicios religiosos como bautizos, bodas, comuniones, funerales o misas: 212,84 millones, el 23% del total) y diversos “ingresos extraordinarios”, como herencias o donaciones (44,99 millones, el 5% restante de ingresos de las Diócesis).

Lo primero que hay que decir es que más de la mitad de estos ingresos (el 58% que corresponde a “aportaciones de fieles” y “otros ingresos corrientes”) no pagan impuestos ni están sometidos a ningún control de Hacienda, en virtud del Concordato firmado entre España y la Santa Sede el 4 de diciembre de 1979. En cuanto al 0,7% del IRPF de asignación tributaria, pactado también en el Concordato, recordar que el Gobierno Zapatero subió el porcentaje del 0,5239% al 0,7%, quitando el pago mínimo que había hasta entonces, a cambio de que la Iglesia empezara a pagar el IVA (hasta entonces, se ahorraba 30 millones al año), una imposición de la Comisión Europea a España. Actualmente, la Iglesia católica ingresa con la X del IRPF unos 250 millones al año y lleva acumulados ya unos ingresos por este impuesto de unos 6.600 millones de euros, entre 1980 y 2018.

En 2017, el 12% de las declaraciones de renta (2,4 millones de contribuyentes) señalaron la X de la Iglesia católica, según Hacienda, aunque la Conferencia Episcopal eleva esta cifra a 7.364.502 contribuyentes, el 33,30% del total, porque suma también los contribuyentes que señalaron la casilla de asignación “a la Iglesia católica y a fines sociales”, concepto que incluye las ayudas que luego se dan a Cáritas y Manos Unidas. Pero hay un hecho cierto: hoy, son muchos menos los contribuyentes que señalan sólo la casilla de la Iglesia católica en el IRPF: ese 12% citado es casi la mitad del 21,7% que la señalaban en 2007, según Hacienda. Y lo mismo en el dinero destinado a este fin: si en 2007, la asignación de los contribuyentes a la Iglesia suponía el 28,5% de la cuota líquida, en 2017 fue el 17,2%, según Hacienda. Eso sí, la Iglesia no nota tanto la caída en la asignación tributaria (del 47,4% del total en 2007 al 42,2% en 2017) porque se lleva parte del aumento que ha sufrido la asignación “a la Iglesia y a fines sociales” (del 15,6 al 27%) y “a fines sociales” (del 33,3 al 33,5%), gracias a lo que recibe a través de Cáritas y Manos Unidas.

Vistos los ingresos (1.386 millones, de los que 924 millones corresponden a las Diócesis), vayamos a los gastos de la Iglesia, 908, 04 millones, según su Memoria 2017: un 23% lo gastan en “acciones pastorales y asistenciales” (210,95 millones), un 19% a pagar al clero (174 millones para sus sueldos, lo que daría 700 euros al mes en 14 pagas, más el coste de su Seguridad Social, otros 17,6 millones), un 13% a pagar al personal seglar de la Iglesia (118,94 millones), un 8% a centros de formación (70,31 millones), un 9% a “gastos extraordinarios” y el 28% restante, la mayor partida de gasto, para conservación de edificios y gastos de funcionamiento de todo el aparato de la Iglesia (252,4 millones). Con ello, las cuentas de la Iglesia tienen superávit, 16,04 millones. Y dicen que el 80% de las 70 Diócesis españolas tuvieron superávit en 2017 y sólo el 20% tuvieron déficit.

Ahondando en estas cuentas aparecen algunos gastos curiosos, como los 4,9 millones gastados en 2017 a “campañas de comunicación y Plan de transparencia”, con los que la Conferencia Episcopal financia el canal de televisión 13TV, una TV muy conservadora (escaparate del PP y Vox, con sólo un 2,6% de audiencia)  y un negocio ruinoso (acumula 83,5 millones de pérdidas desde que nació en 2010), que se mantiene gracias a las aportaciones de capital y créditos de la Iglesia católica (50,6 millones aportados hasta ahora por la Conferencia Episcopal), superiores a lo que la Iglesia aporta a Cáritas (6,2 millones en 2017). Y también es reseñable la aportación de 4,23 millones a la Universidad Pontificia de Salamanca, junto a los 2,26 millones para pagar a los obispos y los 2,62 millones para el funcionamiento de la Conferencia Episcopal.

Hasta aquí, las cuentas que publica la Iglesia católica española, pero las cuentas reales son otras, porque la Iglesia recibe mucho más de los 250 millones de la asignación tributaria (el 0,7% del IRFP) y los 100 millones de asignación social que reciben Cáritas y Manos Unidas. En total, la Iglesia católica recibe 11.600 millones de financiación pública al año, según la estimación de Europa Laica, cifra que incluye lo que se ahorra de impuestos. La principal partida son 5.400 millones de ingresos públicos para la enseñanza concertada religiosa (4.750 millones al año para 2.452 centros concertados de enseñanza) y para pagar a los 16.000 profesores de Religión (otros 650 millones anuales). Otros 2.000 millones son ayudas públicas a la obra social y asistencial de la Iglesia. Y 900 millones más para subvencionarles su actividad hospitalaria. Les llegan también 300 millones para subvencionar distintos eventos religiosos (Fiestas, cofradías de Semana Santa…) y 10 millones más son para entidades específicas (como la Obra Pía de los Santos Lugares). Otros 40 millones son para pagar a los capellanes que la Iglesia católica tiene en el Ejército, los hospitales, las cárceles y las Universidades. Y hay una última partida importante: 600 millones más que reciben para el mantenimiento del patrimonio artístico e inmobiliario de la Iglesia.

Un  doble inciso sobre este tema del patrimonio religioso. Por un lado, reseñar que el Estado, las autonomías y Ayuntamientos aportan cada año mucho dinero (nadie publica la cifra exacta) para el mantenimiento, conservación y rehabilitación de las iglesias, abadías, monasterios, conventos y catedrales propiedad de la Iglesia (algo normal, ya que es un patrimonio cultural de todo el país) pero es la Iglesia la que lo gestiona, sin ningún control público, fijando horarios, condiciones de acceso y quedándose con el importe de las entradas (sólo en la Mezquita de Córdoba recaudan 8 millones anuales). Y por otro, no sólo la Iglesia es titular de este rico patrimonio (en Francia, todos los templos, incluida Nôtre Dame, son propiedad del Estado desde 1905) sino que, desde 1998, la Iglesia católica española se ha dedicado a registrar miles de iglesias y ermitas, al amparo de una normativa aprobada por Aznar, enfrentándose a decenas de Ayuntamientos.

Y queda el tema de los impuestos que no paga la Iglesia, no sólo el IBI, sino también otros como la licencia de obras municipales (ICIO), plusvalías, sociedades, patrimonio, IAE,  transmisiones patrimoniales y sucesiones. La exención de muchos  de estos impuestos no viene del Concordato sino de la Ley de Mecenazgo de 2002, que dejó exentos del IBI y otros impuestos a la Iglesia católica y a numerosas instituciones sin ánimo de lucro, como Fundaciones, partidos políticos, sindicatos, embajadas, otras comunidades religiosas o federaciones deportivas. O sea, que no es un privilegio sólo de la Iglesia, aunque en su caso, debido a su inmenso patrimonio, les ahorra muchos impuestos: unos 700 millones al año en el pago del IBI y otras tasas municipales (que muchos Ayuntamiento llevan años exigiendo) y 1.300 millones más en el resto de impuestos, según Europa Laica, que incluye estos dos conceptos en sus 11.600 millones de aportación pública a la Iglesia.

Ante este panorama, el PSOE y Podemos propusieron en 2017 que el Tribunal de Cuentas auditara las cuentas de la Iglesia. Pero la propuesta no salió adelante, por la mayoría del PP en ese Tribunal (7 frente a 5). Por ello, el PSOE y Podemos registraron después, con el apoyo de Ciudadanos, en enero de 2017, una solicitud para que el Tribunal de Cuentas fiscalizara el dinero público que recibe la Iglesia. Pero dos años largos después, no se ha hecho nada.

La novedad es que el Gobierno Sánchez propuso en octubre de 2018, en una reunión en Roma de la vicepresidenta Calvo con el Secretario de Estado del Vaticano, dos cambios importantes. Uno, acabar con la exención del IBI para los bienes y edificios de la Iglesia que no están dedicados al culto (como hoteles, restaurantes, centros de formación…), a través de un cambio en la Ley de Mecenazgo. El otro, más de fondo, una revisión del Concordato de 1979, replantearse la relación Iglesia-Estado actual, cuyo origen está en el Concordato firmado por Franco en 1953 y revisado por Suárez en 1979. Por un lado, hay estudiosos como Vázquez Vaamonde,  que argumentan que es “anticonstitucional” y “nulo de pleno derecho. Y por otro, el texto del propio Concordato plantea el compromiso de la Iglesia de “lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Han pasado 40 años y, por mucho que ellos digan con sus “cuentas oficiales”, la mayor parte de sus ingresos son dinero público. Y encima, no les auditan las cuentas.

La Iglesia católica española es una institución muy poderosa, con gran penetración en la sociedad (aunque cada vez tenga menos fieles: sólo 8 millones de españoles van a misa regularmente y 46.556, uno de cada cuatro matrimonios, se casa por la Iglesia), pero no puede vivir del conjunto de los contribuyentes ni monopolizar las ayudas públicas frente a otras religiones que han ganado importancia en España. Lo normal sería reducir su peso público (somos un Estado laico, según la Constitución) y en los Presupuestos, subvencionando los servicios importantes que presta (educación, sanidad, asistencia y servicios sociales) pero dejando que el resto de su aparato institucional lo financien sus fieles, no todos los españoles. A Dios lo que es de Dios.

lunes, 10 de junio de 2019

El alto coste del envejecimiento


Todos los días damos vueltas a los problemas más inmediatos: paro, empleo, sueldos, vivienda, pensiones, sanidad, educación…Pero hay otros problemas de fondo de los que hablamos menos. Dos son los mayores retos del siglo XXI, junto al cambio climático, según el Banco de España: la revolución tecnológica y el envejecimiento, especialmente preocupante para España, porque somos el país europeo donde nacen menos niños y donde más años se vive, con lo que un tercio de españoles tendrán más de 65 años en 2050 y habrá pocos jóvenes para trabajar. Un grave problema que va a recortar el empleo y el crecimiento, agravando el agujero de las pensiones y el déficit público. Pero nadie plantea medidas para favorecer la natalidad y la familia, reformar las pensiones y los impuestos y mejorar la formación y el empleo, para evitar este “suicidio demográfico”. La baja natalidad y el envejecimiento son un problema de Estado, gobierne quien gobierne. Y resolverlo exige tomar medidas ya, porque tardan décadas en surtir efecto en la demografía. 

A partir de una escena de El séptimo sello. enrique ortega

El bajo número de nacimientos y el envejecimiento de la población son los dos graves problemas demográficos de todos los paises desarrollados, de Japón a EEUU y Europa. Pero España los sufre más, porque tenemos una tasa de natalidad de las más bajas del mundo y un país con una de las mayores esperanzas de vida, con lo que hay cada vez más viejos y menos jóvenes, un auténtico “suicidio demográfico” que lastra la economía y el futuro, como han reiterado la OCDE y el FMI y ahora el Banco de España, que considera los cambios demográficos y los avances tecnológicos como “las dos tendencias estructurales que van a condicionar la economía de las próximas décadas”.

El primer problema es que cada vez nacen menos niños, en Occidente y sobre todo en España. Si en 1975 nacieron en España 669.378 niños, en 2017 nacieron casi la mitad, 390.024 niños (1.068 diarios), menos incluso que en 1939 (419.848) y muy lejos del récord histórico de 1964 (697.697 nacimientos, casi 2.000 diarios). Y en 2018 han vuelto a bajar, con 179.800 nacimientos hasta junio (último dato del INE). Los nacimientos se han desplomado por dos causas. Una, porque hay menos mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la caída de la natalidad en los años 80 y 90: hay un millón menos que en 2009. La otra, porque las españolas esperan cada vez más para ser madres, ocupadas en estudiar o hacerse una carrera profesional: si en 1976, las españolas eran madres a los 28,5 años de media, en 2018 lo son a los 32 años. El resultado es que la tasa de natalidad ha caído bruscamente, de los 2,76 niños por mujer en 1975 (3,15 en 1900 y 3,01 en 1964) a 1,31 niños en 2018.

Y con ello, España tiene la 2ª tasa de natalidad más baja de Europa, 1,30 niños por mujer en 2017, por detrás de Malta (1,26 niños por mujer), lejos de la media europea (1,59 niños por mujer UE-28) y por debajo incluso de los paises del sur de Europa: Italia y Chipre (1,32 niños/mujer), Grecia (1,35) y Portugal (1,38). Y estamos muy alejados de la mayor natalidad de la Europa del norte, encabezada por Francia (1,90 niños por mujer), Suecia (1,78), Irlanda (1,77), Dinamarca (1,75), Reino Unido (1,74) e incluso Alemania (1,58 niños/mujer), según los datos de Eurostat (de 2017). Y somos también el país donde las mujeres son madres más tarde (a los 30,9 años en 2017), tras los 31,1 años de Italia y los 29,1 años de media en la UE-28. Y el país donde nacen menos terceros hijos (sólo el 8,5% de los hogares con hijos frente al 15% en Europa) y menos cuartos (2,8% de hogares frente al 6% en Europa).

Si estos datos de natalidad son preocupantes, lo es más que va a seguir cayendo en el futuro, según las proyecciones de población hechas por el INE hasta 2065. La principal causa es que se agrava la caída del número de mujeres en edad fértil (15-49 años): habrá 1,8 millones menos en 2031 y 3,5 millones menos (-32,7%) en 2065). Y también subirá la edad a la que las mujeres españolas tienen hijos: de los 32 años actuales bajará a 31,40 años en 3031 y subirá a 33 años en 2065. El resultado será que la tasa de natalidad se mantendrá casi igual: de 1,31 niños por mujer en 2018 a 1,36 en 2031 y 1,38 niños en 2065, según el INE. Pero como habrá menos mujeres fértiles, los nacimientos caerán bruscamente: de unos 370.000 nacimientos en 2018 se bajará a 366.402 nacimientos en 2020, 353.595 nacimientos en 2030, 322.799 en 2050 y 294.003 en 2065, menos de la mitad que un siglo antes.

Esta caída de la natalidad ya sería preocupante por sí sola (menos niños y jóvenes para trabajar, cotizar y pagar impuestos), pero se agrava porque España tiene otro récord demográfico: es también uno de los paises con más viejos, además de tener menos niños. El problema deriva de algo muy positivo: tenemos más esperanza de vida que la mayoría del mundo (por nuestra excelente sanidad y el estilo de alimentación y vida): 83,4 años de media (2017), 3 años más que la media de la OCDE. De hecho, somos el 5º país con más esperanza de vida a los 65 años (21,4 años), por detrás de Japón (22,1 años), Hong-Kong (21,9), Francia (21,7 años) y Macao (21,5 años), según las estadísticas de la ONU. Y esta longevidad provoca que tengamos más viejos, que seamos uno de los paises con mayor porcentaje de mayores de 65 años: el 19,2% de los españoles en 2018, lo que nos coloca entre los 15 paises más envejecidos del mundo, por detrás de Japón (27,9% superan los 65 años), Italia (23,6%), Portugal (22,3%), Alemania (21,9%), Bulgaria (21,3%), Grecia (20,8%), Croacia (20,5%), Francia (20,4%), Malta (20,3%),Eslovenia y Letonia (20,2%), Finlandia (22%), Suecia (20,2%) y Dinamarca (20% de mayores 65 años), según la ONU.

El problema del envejecimiento de la población española se va a agravar, porque la esperanza de vida en España va a seguir creciendo, más que en el resto del mundo: los 83,4 años que vivimos de media serán 85,8 años en 2040, superando al país ahora más longevo, Japón (donde se vivirá hasta 85,7 años). En 2050, los españoles hombres vivirán 85 años (casi 5 más que los 80,42 de 2018) y las mujeres 89,43 años (frente a 85,80 hoy). Y para 2067, la esperanza de vida de las mujeres superará los 90 años (90,78) y la de los hombres será de 86,35 años: vivirán 5 y 6 años más que ahora, según el INE. Y eso, que es bueno, provocará que se multipliquen los mayores: si hoy, un 19,2% de españoles tienen más de 65 años, en 2033 serán el 25,2%. Y España será uno de los paises más envejecidos del mundo para mediados de siglo: un 36,3% de españoles tendrán más de 65 años en 2050, frente al 28% de media en la OCDE (34 paises desarrollados de Occidente), el 30,7% en Alemania, el 26,7% en Francia o el 25,4% en Reino Unido, según la OCDE. Sólo nos ganará a viejos Japón, con el 36,5% de población mayor de 65 años.

No hace falta ser economista para intuir que con este problema demográfico (pocos niños y muchos viejos) tenemos un grave problema económico: si hoy ya nos faltan jóvenes para trabajar, pagar impuestos y cotizaciones para pagar las pensiones y servicios públicos, en 2050 será aún peor. Porque si en 2018 hay 2 activos (16-64 años) por cada dependiente (menores de 16 años y mayores de 65), en 2050 habrá 1,3 activos por cada inactivo: sólo algo más de la mitad de la población trabajará, pagará impuestos y cotizará para sostener a casi la otra mitad, niños y jubilados. Eso sí que será un grave problema, para todo Occidente pero más para España, como vienen alertando el FMI y la OCDE. Y ahora, el Banco de España, que considera el envejecimiento y la tecnología como los dos grandes problemas que van a condicionar la economía en este siglo XXI.

El reciente informe del Banco de España analiza las consecuencias del envejecimiento para la economía española sobre el consumo, el ahorro, la inversión, el crecimiento y el gasto, sobre todo en pensiones, sanidad y dependencia. Su conclusión es que el aumento de personas mayores aumentará el consumo de alimentos y bienes no duraderos, pero no de bienes duraderos y vivienda (que ya tienen), lo que reducirá el crecimiento y el empleo. Otra tendencia será el aumento del ahorro, pero si los mayores tienen que ayudar a sus hijos (como ahora), podría incluso bajar. Y bajará la inversión, al caer la población ocupada y las necesidades de bienes duraderos y vivienda, lo que desplazará los capitales de los paises más envejecidos a los más jóvenes (en desarrollo).

Todos estos efectos, más una caída de los jóvenes y los activos provocarán una bajada de la inflación (y de los salarios: los jóvenes entran cobrando menos que sus padres), el empleo y el crecimiento (PIB), que será menor en las próximas décadas por la demografía (y por los cambios tecnológicos). También estima el Banco de España que el envejecimiento reducirá la productividad, al haber menos empleados jóvenes y más mayores (peor formados y con menos habilidades tecnológicas). Además, el envejecimiento, al reducir el empleo y los salarios, reducirá los ingresos por impuestos y cotizaciones, agravando los problemas del gasto público y las pensiones, al haber más personas jubiladas que necesitan también mayores atenciones sanitarias y más ayudas a la dependencia.

Aquí va a estar el mayor problema, la peor consecuencia del envejecimiento de la población: exigirá más gasto público mientras se reducen ingresos y cotizaciones. El primer problema es el futuro de las pensiones, cuyo déficit actual (-18.000 millones en los últimos tres años) se va a agravar en el futuro si no se toman medidas. Sobre todo a partir de 2026, cuando se jubilen los españoles nacidos en los años del “baby boom” (1960-1975). Se van a disparar las pensiones, de las 9,7 millones actuales a 15 millones de pensiones en 2050. Y para poder pagarlas, habría que contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más que hoy, algo casi imposible: la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por cada pensión. Y así no salen las cuentas.

El informe del Banco de España señala que si las pensiones contributivas se llevan hoy el 10,6% de la riqueza (PIB), este gasto podría dispararse al 17% del PIB en 2050 si no se hacen reformas de fondo. El factor clave, el que tira más del gasto, es la demografía, el envejecimiento de la población: la tasa de dependencia (proporción de jubilados/activos) se va a duplicar, pasando del 29,8% hoy al 51-68% en 2050, según distintas previsiones. Así que sólo queda actuar en otros dos frentes: retrasar la edad de jubilación (para que hay menos jubilados que pagar) y que cobren menos en el futuro, teniendo en cuenta que van a vivir más años. Actualmente, la pensión media en España es el 57,7% del último salario, un porcentaje de los más elevados de Europa, según las estadísticas que aporta el Banco de España: la pensión es el 42% del último sueldo en Alemania, el 50,5% en Francia, el 58,9% en Italia, el 38,6% en Suecia o el 27,8% en Reino Unido. En su escenario alternativo, el Banco de España propone bajar la pensión futura un 10-12%, por solidaridad intergeneracional, para asegurar no sólo las pensiones actuales sino las de sus hijos y nietos.

Otro problema económico derivado del envejecimiento es el aumento del gasto sanitario, debido a que un tercio de los españoles tendrán más de 65 años en 2050 (y un 12,7%, 6,15 millones, tendrán más de 80 años). Los expertos estiman que si el gasto en salud para una persona de menos de 65 años es inferior a 1.800 euros, entre 65 y 70 años supera ya los 2.000 euros, oscila entre 2.200 y 2.500 a partir de los 70 y supera los 3.000 euros por persona para los mayores de 80 años. Eso implica que si el gasto sanitario y los cuidados de larga duración se llevan hoy el 7% del PIB, en 2050 rondarán el 10%, no sólo por el envejecimiento sino porque la tecnología y los tratamientos farmacológicos encarecerán también la sanidad.

Y queda un tercer frente de gasto muy sensible al envejecimiento: el gasto en Dependencia, para atender a los mayores que no se pueden valer por sí mismos. Hoy hay 3 millones de dependientes (1.300.000 con ayudas reconocidas), pero se estima que los dependientes se duplicarán para 2050, según el CSIC, por el aumento de la esperanza de vida. Si ahora harían falta unos 2.700 millones más al año (hasta gastar 9.800 millones anuales en Dependencia), para reducir las listas de espera (250.000) y mejorar los servicios, para 2050, habría que gastar unos 20.000 millones al año para atender la Dependencia, otro 1,8% del PIB.

En definitiva, que el envejecimiento se puede llevar, entre pensiones, sanidad y Dependencia, del 27 al 30% de la riqueza del país (PIB) en 2050. Y eso puede provocar una grave crisis de las cuentas públicas, máxime si hay menos gente que trabaja, cotiza y paga impuestos. Por eso es preocupante la demografía y el problema de tener menos niños y más viejos. Y por eso urge actuar ya contra el “suicido demográfico” de España, porque las medidas tardan años en dar frutos. Y actuar en varios frentes, no sólo con recortes.

En primer lugar, hay que actuar en el frente demográfico: intentar aumentar los nacimientos, con ayudas e incentivos a las mujeres y a las familias, para que tengan más hijos. Actualmente, las ayudas por hijo son más bajas que en Europa: 24,25 euros por cada uno de los 4 primeros, frente a 133/357/542 en Francia, 184/184/190/215 en Alemania, 107/71/71/71 en Reino Unido o 22/34/50/65 euros en Italia. Tanto el Instituto de Política Familiar como Save the Children proponen pagar 100 euros mensuales por hijo y 150 euros para familias monoparentales y pobres. Otra medida sería mejorar la oferta de guarderías subvencionadas (escasas y caras) y rebajar el IVA de los pañales y productos infantiles que tienen el 21% (se baja el IVA al cine y no a los pañales, que deberían pagar un IVA del 4%). Además, hay que aumentar los permisos de maternidad y paternidad, mejorar las ayudas al alquiler para las familias con hijos, mejorar las becas para estudios, libros y transporte escolar  y fomentar unos horarios laborales que faciliten la natalidad.

Un elemento clave para fomentar la natalidad es facilitar el trabajo de las mujeres que son madres, para que tengan hijos antes y tengan más. Este objetivo exige profundos cambios en las empresas y convenios, así como en la mentalidad de los hombres, que deben aumentar su ayuda (escasa) en el cuidado de los niños. En Francia, se rebajan las cotizaciones a las madres trabajadoras y el fomento de la natalidad está presente en todas las políticas públicas, desde los descuentos en servicios públicos a las ayudas al alquiler para parejas jóvenes con hijos. Y claro, nacen más niños.

Otro frente de actuación es el frente fiscal. No se puede hacer frente a los costes futuros del envejecimiento con la baja recaudación fiscal que tenemos: en 2018, España recaudó un 38,9% del PIB en impuestos frente al 45% de media en la UE-28 y el 46,3% en la zona euro, según Eurostat. Eso significa, a lo claro, que España recauda cada año 73.703 millones menos que la UE-28 y 89.410 millones menos que los paises del euro. Pongamos 80.000 millones menos de media. Si nos equiparáramos fiscalmente con Europa, podríamos destinar esos 80.000 millones a reducir el déficit y gastar más en afrontar el envejecimiento. Y eso pasa por subirlos impuestos, no a la mayoría que ya pagamos sino a los que pagan menos: grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Y además, habría que subir algunas cotizaciones sociales, en línea con Europa, para financiar mejor las pensiones.

El tercer frente de actuación es el frente económico. Hay que modernizar la economía, potenciar la industria, la tecnología y la digitalización, conseguir empresas más competitivas y unos trabajadores mejor formados,  para producir más y con más eficacia, para que haya más empleo para más gente, la única manera de pagar de verdad la factura del envejecimiento, con más gente trabajando: hoy trabajan el 67% de los españoles mayores de 20 años, frente al 73,2% de los europeos, el 71,3% de los franceses y el 79,9% de los alemanes, según Eurostat. No basta con ser más españoles: tiene que haber más trabajo. Y hay que fomentar la inmigración regulada, para compensar con mano de obra extranjera (que cotiza y paga impuestos) la caída de la población nacida en España.   

Como hemos visto, el envejecimiento es uno de los grandes retos del siglo y más para España. Habría que conseguir otro Pacto de Estado por la demografía, al margen del partidismo, empezando quizás por crear un Ministerio de la Familia (como existe en Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo o Rumanía) y un Plan 2020-2050, para revertir tendencias y marcar objetivos, medidas y recursos. Hay que actuar cuanto antes, porque, en demografía,  los cambios exigen tiempo. Si no hacemos nada, el envejecimiento nos comerá.

jueves, 6 de junio de 2019

Juego récord, online y en salones de apuestas


Antes, en las ciudades se abrían bancos, inmobiliarias y tiendas de móviles. Ahora se multiplican los salones de juegos y apuestas deportivas, donde entran ya 3 millones de españoles, la mayoría jóvenes. Y en paralelo, crece el juego online, al amparo de millones de anuncios para apostar en deportes (fomenta el amaño de partidos), casinos, máquinas y póquer online, animados por algunos famosos: el juego por Internet mueve ya 17.349 millones de euros, 2 millones cada hora, el triple que en 2013, empujado otra vez por los jóvenes. La consecuencia es que ha crecido la ludopatía, jóvenes y mayores “enganchados” al juego, online y a los salones de apuestas, que son “los billares” de hoy. Y nadie lo frena, mientras sigue sin aprobarse (desde 2015) un Decreto para controlar y frenar la publicidad del juego, que se hace incluso en horario infantil. Urge controlar desde el futuro Gobierno y las nuevas autonomías este “boom” del juego, que lleva el drama a muchas familias. Actúen ya.


Los españoles seguimos enganchados al juego, con un gasto que crece año tras año y que alcanzó en 2017 los 41.827 millones de euros, un 30% más que antes de la crisis (32.139 millones gastados en 2008), según el último Informe sobre el juego elaborado por Codere y la Universidad Carlos III. Pero lo que está cambiando es a lo que jugamos: ha bajado lo que jugamos a la Lotería (de 10.047 millones en 2008 a 8.917 en 2017), en la ONCE (de 2.100 millones a 1.992), en los casinos (de 2.287 a 1.873 millones) y bingos (de 3.378 a 1.973), así como en las máquinas de los bares (de 11.805 a 8.879 millones), mientras se han disparado las apuestas deportivas presenciales (de 20,6 millones en 2008  a 1670,8 en 2017), lo que se gasta en los salones de juego (de 2.264 a 2.756 millones) y, sobre todo, en el juego online (que se ha triplicado: de 5.673 millones en 2013 a 17.350 en 2018).

Este es el dinero que mueve el juego, pero al final, el negocio está en lo que se queda en el sector, tras descontar los premios y las devoluciones. Y ahí, el margen del juego supuso 9.408 millones de euros en 2017, un 22,5% de lo jugado, con muchos más ingresos netos para el juego presencial (8.829 millones) que para el online (579 millones), según el informe Codere. El mayor margen lo consigue Loterías (34,6%), seguido de las máquinas de juego (28,2%), el juego presencial (26,6%) y los salones de juego (22,5%), siendo menos rentables la Once (10,4% de margen), bingos (6,4%), casinos (3,7%) y juego online (4%).

El juego online, legalizado en junio de 2012, mueve ya un tercio del dinero del juego total en España, tras triplicar el dinero jugado, desde los 5.673 millones de 2013 a los 17.349 millones jugados en 2018, un 27% más que en 2017, que fue un año récord (13.673 millones, por el empujón del Mundial de fútbol), según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), en Hacienda. Son 47,5 millones al día, 2 millones jugados cada hora.  El 47,35% del juego online se dirige al segmento Casino (6.962,66 millones jugados en 2018), donde destacan las apuestas en máquinas tragaperras online (3.444 millones, 7 veces lo jugado en 2015, cuando se autorizaron), la ruleta (3.600 millones) y el black jack (1.109 millones). El otro 40,13% del juego online son las apuestas deportivas (6.962 millones), una parte las apuestas tradicionales (2.014 millones) y dos tercios (4.753 millones) para apuestas en directo, sobre múltiples variables de la competición. Tras estos dos segmentos de apuestas online, quedan el póquer online (2.071 millones jugados en 2018, un 12% del juego online), el bingo online (99,27 millones) y los concursos (1,66 millones).

El “boom” del juego online se apoya en el auge de Internet y el uso masivo de los teléfonos inteligentes, que permiten jugar a cualquier hora, en cualquier lugar, con total privacidad y sólo con una tarjeta de crédito. Pero en España, el negocio del juego online, dominado por multinacionales extranjeras, ha sido además apoyado por varias decisiones del Gobierno Rajoy, claves en su crecimiento. La primera, cuando en diciembre de 2017 abrió por tercera vez la ventanilla a nuevas licencias, lo que ha permitido ampliar los operadores del juego a los 54 actuales. La segunda, cuando en enero de 2018 se autorizó partidas de póquer entre jugadores de España, Francia, Italia y Portugal, hasta entonces prohibidas. La tercera, el haberse ido Rajoy sin que su Gobierno aprobara un Decreto para controlar la publicidad del juego online, en un cajón de Hacienda desde 2015. Y la cuarta y fundamental: bajar los impuestos al juego, en el Presupuesto 2018: Montoro les bajó el tipo del 25 al 20% y se aplica además sobre el margen neto (antes sobre el bruto). Y por si fuera poco, se les baja al 10% si instalan la empresa en Ceuta y Melilla. Un “gancho” a las multinacionales del juego para que cambien de Gibraltar a estas ciudades autónomas, de cara al Brexit, que convertirá el Peñón en una colonia al margen de la UE, invalidando su actual licencia comunitaria.

Al margen de estos múltiples apoyos del Gobierno Rajoy, las empresas del juego online han aprovechado la falta de una regulación sobre la publicidad del juego para inundarnos de anuncios sobre el juego online (en TV y radio, antes y durante los partidos, en prensa y sobre todo en Internet) lo que ha sido el principal impulso para su negocio. De hecho, los anuncios de juego online saltaron de 128.000 en 2013 a 2,7 millones en 2017 y más de 3 millones en 2018, según Infoadex, que habla de 137.285 anuncios sólo en TV, muchos con el gancho de jugadores, presentadores o actores famosos y el 44,5% en horario infantil, según denuncia el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). Los gastos de marketing del juego online se han triplicado en los últimos años, pasando de 111 millones en 2013 a 328,5 en 2018, según la DGOJ, sobre todo los gastos en publicidad (de 67,59 en 2013 a 168,07  millones en 2018) y en bonos de promoción para que el cliente “pruebe” (de 30,5 millones a 116,1), sin olvidar otros 30,96 millones gastados en “afiliados” y 13,38 millones en patrocinio. De hecho, 19 de los 20 equipos de fútbol de Primera División (todos menos la Real Sociedad) tenían contratos de patrocinio con operadores de juego. Y 6 de los 22 equipos de Segunda División. Y La Liga tiene el patrocinio de Sportium (salones de apuestas de Cirsa y Ladbrokes).

Las apuestas online atraen a millones de jugadores hacia el fútbol, el tenis y otros deportes (menos). De hecho, las apuestas deportivas suponen más de la mitad (el 55,4%) del margen neto (cantidades jugadas menos premios y devoluciones) del juego online: aportaron a las empresas del juego 365 millones en 2018, según la DGOJ. Y La Liga española se ha convertido en la competición futbolística que más apuestas deportivas concentra, por delante de la Premier británica, la Bundesliga, la Ligue 1 francesa o la Serie A italiana, según la publicación Online Gambling Quartery. En el primer trimestre de 2019, los apostadores online tuvieron 11.550 sucesos futbolísticos europeos para apostar cada día y 2.400 estaban vinculados a la Liga española. Muchísimo dinero en juego que explica el auge del amaño de partidos, como el recientemente detectado en España.

El juego online, por las apuestas deportivas, las tragaperras online, el póquer y la ruleta, atrae cada año a más españoles, sobre todo a jóvenes que juegan en el móvil y la tablet. Los jugadores activos (que han jugado en el último mes) se han más que duplicado, pasando de 637.400 en 2013 a 1.465.129 en 2018, según la DGOJ, que da el dato de más de 3 millones de cuentas de juego, 833.525 activas al mes. El perfil del jugador online es un hombre (83%), menor de 46 años (un tercio de los jugadores tienen entre 26 y 35 años), con cierto nivel de estudios y un estatus económico medio-alto, según la DGOJ. Gastan una media de 9.500 euros al año y en conjunto pierden una media de 293 euros/año por jugador.

Aunque el juego online tiene menos retorno de beneficios (su margen fue del 4% de lo jugado en 2018) que el juego presencial (31% de margen), su potencial es mucho mayor, por los millones de internautas que pueden jugar fácilmente y los menores costes a medio plazo, una vez establecida la plataforma, salvo el marketing. Por eso, todas las grandes multinacionales del juego (la mayoría británicas y con sede en Gibraltar, Malta o isla de Man) operan en España: Ladbrokes, William Hill, Bet365, 888, Betfair, Playtech, Microgaming, GyC (Bwin), PokerStars… Y en 2018, se produjo  además un desembarco de fondos de inversión extranjeros en las dos principales empresas españolas del juego: Codere (comprada por 3 fondos internacionales de capital riesgo) y Cirsa (vendida en abril al fondo Blackstone).

Junto al juego online, el otro “boom” del juego son los salones de apuestas y juego, que se han multiplicado por los barrios de las grandes ciudades. Hay dos tipos: los salones de apuestas deportivas (Sportium tiene 2.500 locales, Codere más de 1.000  y 500 Reta) y los salones de juego, unos locales (de 100 a 300 m2) donde se ofrecen a la vez apuestas online, máquinas con tecnología avanzada, pantallas de TV con retrasmisiones deportivas y bebidas. Son “centros de ocio”, donde apostar y pasar el rato con los amigos, al estilo de los antiguos “billares” de barrio. Cada día se abren más y existen 3.150 salones de juego (según la patronal ANESAR), la mitad propiedad de 20 grupos empresariales y el resto pymes, la mayoría empresas con casinos, bingos, fabricación y distribución de máquinas de juego y tragaperras y concesionarios de juego online. En total, existen unas 600 empresas detrás de estos salones de juego, según la DGOJ, de las que sólo 3 tienen más de 100 salones (Jocker, de Vidamatic tiene 153, Toka, de Cirsa tiene 111 y Orenes 105), 4 empresas tienen entre 51 y 100 salones (Solpark 63, Atzar 55), 17 tienen entre 10 y 50 y 580 tienen menos de 10 salones.

Ambos negocios, los locales de apuestas deportivas y los salones de juego están hoy en el punto de mira de las empresas del juego, españolas y multinacionales, porque su margen es muy elevado, porque se abren con poco personal  y el dinero lo dan las sofisticadas máquinas instaladas (37.371 en total), donde se juegan unos 300 euros de media al día, lo que reporta 46 euros de beneficio por máquina, según el informe de Codere. Y a eso sumamos los márgenes por las apuestas, la rentabilidad de las ruletas electrónicas y las consumiciones (bebida y sándwich). No es extraño que estos salones de juego crezcan como hongos, sobre todo en los barrios con más jóvenes y cerca de colegios e institutos: 1 de cada 4 nuevos salones en Madrid están a menos de 150 metros de centros educativos, según un sondeo hecho por El País, aunque las empresas dicen que impiden la entrada a menores.

El éxito de los salones de juego es tal que el 9% de los adultos reconocieron en 2017 haber entrado en uno de estos salones de juego (frente al 3,5% en 2014), lo que indica que los visitan 3 millones de españoles. El perfil del cliente es hombre (11,8% adultos hombres los han visitado frente al 5,1% de las mujeres), joven (dos tercios de los clientes tienen menos de 35 años) y también muchos inmigrantes (12,4% de ellos los visitan).  El mayor número de salones está en Andalucía (746 en 2017), Madrid (385), Comunidad Valenciana (382), Murcia (325), Canarias (206) y País Vasco (206). Su regulación es autonómica y hay una tremenda disparidad normativa, con autonomías más o menos permisivas (Canarias prohíbe abrir salones a menos de 300 metros de colegios, Galicia a 150 y Madrid a menos de 100 metros).

En todos los casos, las empresas del juego se defienden de las críticas recordando que crean empleo (84.702 empleos directos y 167.401 indirectos), aportan riqueza y muchos impuestos y cotizaciones. Pero el juego paga ahora menos impuestos: 1.658 millones en 2017 frente a 2.007 millones en 2007, según el informe de Codere. La mayor parte son impuestos autonómicos (al juego presencial), con una recaudación de 1.094 millones en 2017 (212 millones en Cataluña, 150 en Andalucía, 146 en Madrid y 137 en Valencia, unos ingresos muy jugosos…), siendo mucho menores los ingresos del Estado central: 114 millones en 2017 por impuestos y tasas al juego online y presencial y 450 millones por impuestos sobre premios que pagan los jugadores. Y luego están los 328,5 millones que el juego gasta en patrocinio y publicidad, en beneficio de empresas de medios (TV, radios, periódicos, Webs), que quizás por eso no informan apenas del “boom” del juego en España y sus riesgos.

Un “boom” del juego que cada vez preocupa más a las familias y a los médicos, porque ha disparado la ludopatía: entre un 3,5% y un 6,3% de la población mayor de 18 años tiene “algún riesgo con el juego”, según el último informe de la Dirección General del Juego (2016). Son entre 1.318.724 y 2.373.704 españoles, según el padrón del INE. Y de ellos, el estudio considera que son “jugadores patológicos” (enfermos) entre el 0,3 y el 0,9% de los adultos, entre 113.000 y 339.000 españoles. Pongamos que hay 200.000 ludópatas. Demasiados. Y sobre todo, por dos razones: porque cada vez son más jóvenes los que se “enganchan” (algunos médicos hablan que el juego es “la heroína online”) y porque la sanidad pública no tiene medios para afrontar esta enfermedad, ni en los Centros de salud ni en los hospitales (sólo hay 3 unidades especializadas contra la ludopatía), con lo que las familias sólo cuentan con la ayuda de ONGs especializadas (sin medios), como FEJAR o AZAJER.

Es hora de que el futuro Gobierno central y las nuevas autonomías afronten juntos el grave problema que acarrea el “boom” del juego en España, sobre todo online y en los salones de juegos y apuestas, con un grave riesgo para los jóvenes. La primera medida a tomar es clara: aprobar cuanto antes el Decreto para controlar y frenar la publicidad del juego, un acuerdo que tomaron el PSOE y Podemos en 2018 pero que no pudo aprobarse al rechazarse los Presupuestos y convocarse elecciones. Hay que prohibir la publicidad del juego en horario infantil y durante los partidos, además de limitarla en general, como se hace con el tabaco y el alcohol. Y suprimirla en las TV públicas, como se ha aprobado ya para Telemadrid y ETB (TV vasca). Además, las autonomías tienen que congelar las autorizaciones de salones de apuestas y juego, revisando los actuales y multando severamente a los que dejen entrar a menores. Urge también aprobar un teléfono público de ayuda a la ludopatía (como el 112 o el 016 del maltrato) Y establecer mecanismos eficaces en las Webs del juego que detecten y expulsen a los jugadores más convulsivos y con historial de juego excesivo. Y además, establecer una tasa adicional sobre todo el juego (bastaría un 0,25% para recaudar 105 millones de euros) para costear un Fondo de ayuda a la ludopatía, con el que mejorar la prevención sanitaria y crear unidades especializadas en al menos un hospital público en cada autonomía. Que el negocio del juego ayude a los que enferman por él.

No se puede prohibir el juego y menos poner puertas a Internet. Pero sí se debe intentar controlarlo y asegurarse que crezca de forma sensata y compensar sus efectos negativos, la ludopatía, que está hundiendo a muchas familias. El juego puede ser un ocio saludable, que aporte entretenimiento e ingresos, pero se ha disparado de forma preocupante. Los Gobiernos deben frenar los excesos y controlar más el juego antes que sea una epidemia. Empiecen ya.