jueves, 30 de enero de 2014

El ahorro familiar, por los suelos


Los españoles ahorramos menos que nunca desde 2007. Y nos hemos “comido” el ahorro que acumulamos en los primeros años de la crisis. Las familias (un tercio con la mitad de sus miembros en paro) viven al día y no pueden ahorrar, lo que les dificulta pagar sus deudas, sobre todo las hipotecas: uno de cada tres hogares tiene pendiente pagar su casa. Al final, la caída de salarios, las pensiones congeladas, la subida de precios básicos e impuestos y el empleo precario impiden que las familias españolas ahorren y eso puede agravar los desahucios y, sobre todo, impedir que se reanime el consumo, la única vía para crecer y crear empleo. Con las familias asfixiadas, sin poder ahorrar y con problemas para llegar a fin de mes, no hay recuperación posible. Hay que abrir la mano con los salarios más bajos, renegociar hipotecas y crear empleos dignos para que las familias ahorren y consuman.
enrique ortega

Antes de la crisis, los españoles ahorraban poco (un 11% de su renta), porque la mayoría gastaba sin temor o utilizaba su  remanente para comprar piso o cambiar de casa. Pero cuando vieron las orejas al lobo, en 2008, empezaron a ahorrar contra reloj, para prepararse ante lo peor: el ahorro subió sin parar, hasta un récord del 17,8% de la renta en diciembre de 2009. A partir de ahí, con 2 millones de empleos perdidos (y cayendo más) y los salarios a la baja, los españoles se vieron obligados a “tirar de sus ahorros” para sobrevivir y pagar deudas. Y en septiembre de 2013, el ahorro había caído ya al 10,5% de la renta, el nivel más bajo desde 2007, según el INE.

El ahorro de las familias está por los suelos, básicamente, porque han caído drásticamente sus ingresos, por la dramática caída del empleo (3.687.400 empleos perdidos desde septiembre de 2007) y la escasa subida (e incluso bajada) de salarios y pensiones, junto a los recortes de subvenciones y ayudas públicas (becas, subsidios). Los hogares han tenido menos ingresos y han afrontado subidas de precios e impuestos (IRPF e IVA), mientras pagaban sus hipotecas, con lo que se han comido parte de sus ahorros. En 2013, la renta disponible de las familias volvió a caer, por los menores ingresos (caída de salarios, congelación de pensiones y recorte de subsidios), mientras subían los precios de productos básicos (luz +3,5%, transporte público urbano +3,7%, interurbano +2,6%, alimentos +1,2%, carburantes +1,7%, enseñanza y gastos médicos +1,9%), las tasas (universitarias hasta el 50%) e impuestos locales (IBI) y autonómicos, además de mantenerse la subida del IRPF. Total que los españoles ingresan menos, consumen menos y ahorran menos.

España ahorra menos que el resto de Europa porque los españoles tienen también menos renta disponible: 18.000 euros de media, un 33 % menos que austriacos o noruegos (27.000 euros), un 25% menos que alemanes (26.000€) o franceses (24.000€) y un 10% menos que los italianos (19.700€). Pero además, tradicionalmente hemos ahorrado menos que muchos países europeos (un 11% de la renta disponible frente al 16% de Alemania, Francia o  Suiza) porque los españoles dedicaban su remanente a comprar casa: el 83% de los españoles son propietarios, frente al 60% en la UE y el 44% en Alemania. Con todo, ahora, con la crisis, también cae más el ahorro en España (y en Irlanda y la Europa del sur) que en el resto de Europa. Y eso, porque está cayendo la renta disponible, mientras sube en Centroeuropa.

La caída del ahorro ha sido diferente según las familias. Donde más ha caído ha sido entre las familias con menos rentas, que también tenían menos colchón de ahorros (no pueden cortar más sus gastos básicos y han de “tirar del ahorro”), entre las familias sin hipoteca (las que están pagando su piso, conservan lo más posible sus ahorros por si tienen que utilizarlos para pagar al banco) y entre los jóvenes con trabajo temporal y poca formación, según un estudio del Banco de España. Ahora, 4 de cada 10 españoles no son capaces de ahorrar nada, mientras sólo un 15% ahorra periódicamente, según un informe de Kelisto.es.

Para este año 2014, las previsiones son que el ahorro de las familias siga cayendo, por debajo del 10% de la renta, dado que los ingresos seguirán congelados o a la baja (salarios caerán un 1%, las pensiones suben un 0,25% y habrá muchos parados que pierdan el subsidio) y  los precios básicos siguen subiendo (luz, transporte, carburantes, alimentos, enseñanza y sanidad), como los impuestos y algunas cotizaciones sociales, mientras el poco empleo que se cree será temporal y precario, con ingresos mileuristas (como para ahorrar).

La caída del ahorro, además de agravar el panorama de muchas familias (no pueden hacer frente a gastos imprevistos, desde cambiar de coche a ayudar a un hijo), es una bomba de relojería para la banca y la economía: dificulta que los españoles, muy endeudados (una de cada tres familias está pagando su hipoteca) paguen sus deudas. De hecho, la deuda de las familias españolas aumentó en 260.000 millones de euros en los años del boom (2005-2008) y aunque han devuelto 125.783 millones con la crisis (a costa de comerse el ahorro), aún les queda devolver más de la mitad de la nueva deuda, 134.217 millones.

Una deuda difícil de pagar, porque han caído drásticamente el empleo y los ingresos y los precios de las casas (-40% desde 2007), que además no se pueden vender ni perdiendo (1 de cada 10 viviendas hipotecadas valen hoy menos que su préstamo), porque no hay compradores ni crédito. El FMI ya advirtió en verano del grave riesgo de esta enorme deuda privada (familias y empresas) sobre la banca, con un nivel de morosidad que ya ha superado el 13% y que no se frena. Ello debería obligar al Gobierno a promover con la banca planes de renegociación de la deuda, con aplazamientos y bajadas de tipos, con ayudas especiales para las familias más vulnerables (1 de cada 20 familias no puede pagar), para evitar los desahucios. Y hacer otra política económica: sólo con un crecimiento del empleo y los salarios, no con la austeridad a ultranza, las familias podrán hacer frente a una deuda pendiente que todavía está en 798.039 millones de euros (70% son hipotecas).

El pago de esta deuda (desapalancamiento) todavía podría llevar a las familias una década, según los expertos. Y mientras, esta losa de la deuda de las familias es el principal obstáculo para que consuman. Y el consumo es el principal motor del crecimiento (aporta el 57% del PIB). En definitiva, si las familias no recomponen sus ingresos, con más empleo y mejores salarios, no podrán pagar sus deudas y a la vez consumir. Y si no compran, las empresas no venden y no crean empleo. Con una economía paralizada, creciendo al 0,3%, y con unos salarios y pensiones perdiendo poder adquisitivo, no hay recuperación posible.

Al final, volvemos a lo mismo. Cae el ahorro porque las familias se están comiendo sus reservas y porque no pueden ahorrar con sueldos y pensiones mileuristas. Y así, ni pagan sus deudas (con lo que más bancos pueden tener problemas, que nos caerán encima) ni consumen, con lo que no se crece ni se crea empleo para mejorar rentas. Un círculo vicioso que sólo se puede romper acabando con la austeridad, reanimando la economía, subiendo los salarios más bajos y bajado impuestos a los que menos ganan, para que mejoren las rentas y las familias puedan pagar sus deudas y consumir, reanimando las ventas, la inversión y el empleo. Un camino que España debe emprender ya, con ayuda de Europa. En lugar de eso, Bruselas está forzando más ajustes para 2014, 2015 y 2016. Así, no habrá ni ahorro ni consumo ni recuperación. Seguiremos estancados. Con mucho paro y poco empleo precario.

lunes, 27 de enero de 2014

Fracking: España apoya, Europa no se moja


Es la gran revolución energética del siglo XXI: perforar y romper las rocas para extraer gas (y petróleo). Es el fracking. Una técnica que ha permitido a EEUU, en sólo 15 años, autoabastecerse de gas y ser el primer productor mundial de petróleo. Pero es una técnica muy polémica y contestada  a la que se achaca contaminar acuíferos, emitir gases y provocar microseísmos, por lo que ha sido prohibida en zonas de EEUU y en Francia. Europa está dividida sobre el fracking y la semana pasada decidió que no haya una Directiva común y cada país legisle a su aire. El Gobierno Rajoy se adelantó y aprobó en octubre y noviembre dos Leyes para promover el fracking, a pesar de las protestas en pueblos y autonomías. España no puede perder el tren del fracking, pero debe ir poco a poco y con todas las garantías. Y buscar antes las energías de arriba (eólica, solar, biomasa) que las del subsuelo. 
enrique ortega

La mayoría del gas natural se extrae por métodos convencionales: perforando una bolsa que está a pocos cientos de metros, en una roca porosa, y el gas sale por la diferencia de presión. A finales de los años 90, se inició en EEUU la búsqueda de gas no convencional (gas pizarra), que se encuentra en capas de pizarra a más profundidad (de 2.000 a 5.000 metros), para lo que hay que romper esta roca poco permeable. La técnica de fractura hidráulica (fracking) consiste (ver gráfico animado) en hacer una perforación vertical hasta llegar a la pizarra (unos 5.000 metros) y luego otra perforación horizontal (de 1.500 a 3.000 metros), provocando pequeñas explosiones para fracturar las rocas. Después se inyecta agua a presión, con arena y aditivos químicos, que ayudan a liberar el gas y subirlo a la superficie.

EEUU lleva quince años extrayendo gas no convencional (y petróleo) con el fracking, y ha abierto más de un millón de pozos (ahora unos 35.000 al año). El boom del fracking se gestó a principios de este siglo, en 2005, con el apoyo de Bush hijo y su vicepresidente Cheney (su empresa Halliburton, que explotó el petróleo de Irak tras la guerra, es líder en tecnología de fracking), aunque también recibe apoyos (y un mayor control) con Obama. El éxito del fracking ha permitido que el gas pizarra suponga ya un 25% del consumo de gas y que EEUU sea ahora autosuficiente en gas y el primer productor mundial de crudo en 2013, según la OPEP, por delante de Rusia y Arabia Saudí. Una revolución energética, clave para asentar la recuperación norteamericana: EEUU paga un tercio por el gas y la mitad por la electricidad que Europa o Japón.

Pero el fracking tiene su lado oscuro: los riesgos para el hombre y el medio ambiente. El principal, que utiliza hasta 600 productos químicos (muchos tóxicos y hasta cancerígenos) que pueden dispersarse por los acuíferos subterráneos o incluso en la superficie (almacenamiento, transporte), contaminando al hombre y al medio natural. Además, a veces se escapa metano, un gas con un potencial de efecto invernadero 21 veces mayor al CO2. Y puede provocar microseísmos. En cuarto lugar, genera muchos residuos y desechos líquidos, que hay que almacenar y gestionar. Y quinto, utiliza mucha agua (de 54.000 a 174.000 m3 en un campo de 6 pozos) y mucho espacio (entre 16 y 20 hectáreas por campo) y genera mucho ruido y movimiento de camiones (entre 8 y 12 meses de perforación día y noche). Por todo ello, en EEUU se han multiplicado las protestas contra el fracking, visualizadas en el documental Gasland. Y por ello, se ha prohibido en Nueva York, Buffalo y Pittsburg, a la espera de un informe definitivo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

En Europa, las autoridades comunitarias están impactadas por los logros energéticos de EEUU con el fracking, pero se encuentran divididas a la hora de apoyarlo y legislar, por los riesgos de su impacto ambiental. Por un lado, Francia prohibió el fracking con Sarkozy (por Ley, en 2011) y otros países aplican moratorias, como Bulgaria, República Checa, Dinamarca o Irlanda. Y por otro, hay dos países firmes partidarios del fracking: Polonia y Reino Unido, donde el premier Cameron quiere abrir 20.000 pozos para 2020, en medio de las protestas locales. Ante este panorama, la Comisión y el Parlamento europeo están divididos sobre el fracking. Y la semana pasada, han tomado una decisión salomónica: que no haya una Directiva, sino aprobarunas recomendaciones y que cada país legisle a su aire.

España se ha adelantado a estas recomendaciones, aprobado el Gobierno Rajoy, en 2013, dos Leyes (en solitario, sin apoyo de otros grupos) para impulsar el fracking. “No podemos perder este tren”, ha dicho el ministro Soria. Primero, la noche del 9 de octubre de 2013, el PP introduce por sorpresa en el Senado una enmienda para incluir el fracking en la Ley de Hidrocarburos (de 1998), a través de algo tan estrambótico como dos disposiciones adicionales a la Ley de garantía del suministro eléctrico a Baleares y Canarias…Y el 28 de noviembre, el Congreso aprobó, por trámite de urgencia (no habitual), la Ley de Evaluación Ambiental, que complementa la legislación sobre fracking. Por un lado, centraliza en el Estado la competencia, quitándosela a las autonomías (el Parlamento de Cantabria prohibió el fracking en abril 2013). Además, acelera los proyectos, al reducir a 4 meses el plazo para resolver los expedientes de impacto ambiental (ahora 3 años). Y concede la cláusula de confidencialidad a los proyectos, dificultando las alegaciones (hay ya 102 municipios contra el fracking en España).

Con esta normativa, todo apunta a un boom del fracking en España. El Gobierno ya ha concedido 75  permisos de investigación (en Soria, Burgos, Álava, Cantabria, la Rioja, Huesca, Castellón, Guadalajara, Jaén, Sevilla y Cádiz) y hay otras 75 en espera (en Asturias, Navarra, Burgos, Palencia, Euskadi, Zaragoza, Lleida, Gerona y Albacete), de la mano de una decena de empresas, la mayoría multinacionales norteamericanas (BNK, Heyco, Trofagas, Schuepbach, Heritage Petroleum, True Oil, Cambia), canadienses (R2Energy) o británicas (Leni Oil Gas), además de la vasca SESHA, creada por el ex lehendakari Patxi López, con mayoría de capital público, para explotar el yacimiento alavés de Gran Enara. Ahora, los proyectos están en fase de investigación y no se hará ninguna prospección antes de dos años (según el ministro), con lo que se tardará en extraer gas masivamente hasta una década.

Los defensores del fracking argumentan que permitiría a España cubrir el consumo de gas durante 70 años (y el 20% del consumo de crudo durante 20 años), aunque un informe del Consejo de Ingenieros de Minas habla de reservas de gas para 39 años. Los detractores dicen que las estimaciones están infladas (como pasó en Polonia), para atraer inversiones al fracking: entre 700 y 1.000 millones de euros están ya comprometidos en España. Y temen que este nuevo negocio quite recursos a las energías renovables.

España es el país europeo más dependiente del petróleo y el gas extranjero (99% se importa) y pagamos cada año una factura energética de 45.000 millones de euros, lo que ingresamos por el turismo. Por ello, cualquier nueva técnica que nos permita extraer hidrocarburos debería ser bien recibida. Pero con matices. Porque nos hace falta más petróleo que gas, dado que existe una burbuja de centrales de gas, que funcionan al 10% de capacidad, por la política de incentivos que pagamos con el recibo de la luz. Y porque tenemos que concentrar los esfuerzos en buscar energía arriba (eólica, solar, geotérmica…) antes que en el subsuelo, que tiene más riesgos medioambientales y menos rentabilidad energética: la tasa de retorno energético (TRE) de la eólica (18) y solar (7) es mayor que la del gas pizarra (entre 2 y 5). Y las reservas disponibles son menores (que el sol o el aire).

Con todo, es verdad que España no debe perder el tren del fracking, pero tampoco liderarlo. Hay que ser prudentes, avanzando poco a poco, con una normativa estricta y con transparencia, incorporando a los municipios implicados (se podría crear una Comisión de seguimiento, con participación pública, privada y ciudadana). Y abrir un debate riguroso, sin prejuicios ni mentiras , apoyado en informes técnicos independientes. Y siempre, en línea con lo que haga la mayoría de Europa. No pretenda el Gobierno vendernos ahora el milagro del fracking. La energía con mayúsculas está a la vista.

jueves, 23 de enero de 2014

Menos parados buscando y menos empleo


El Gobierno, dentro de su descarada campaña vendiendo la recuperación, echa las campanas al vuelo con la EPA de hoy, resaltando que el paro ha bajado y se destruye menos empleo. Pero no dicen que el paro baja porque hay menos gente buscando trabajo, muchos desanimados que tiran la toalla después de años buscando y otros (inmigrantes y jóvenes) que se han ido de España y han salido de las listas del paro. Tampoco dicen que el 60% de los parados llevan más de 2 años sin trabajo y más de la mitad no cobran subsidio. El empleo ha caído en 2013 (por sexto año consecutivo) y el poco que se crea es temporal (por meses e incluso días) y a tiempo parcial, por horas, minijobs mal pagados: lo que se está haciendo es repartir el poco empleo que hay (2x1). El problema es que apenas creceremos este año, con lo que se creará muy poco empleo (precario).Hay paro para rato.
enrique ortega

A finales de 2013 había en España 5.896.300 parados, sólo 69.000 menos que al comienzo del año. El paro baja (por primera vez desde 2007), sobre todo porque hay menos gente buscando trabajo: han crecido los “desanimados”, españoles que ya ni buscan trabajo, que salen de las listas del SEPE cansados de no encontrar nada y de no recibir ni subsidios ni formación. Los españoles activos (que trabajan o buscan trabajo) han caído (desanimados) en 267.900 personas sólo en 2013 (y en 482.000 desde el segundo trimestre de 2011, cuando España entró en la segunda recesión). La mayoría son mayores de 45 años (60%) que no se pueden prejubilar, mujeres (70%) y con poca formación. Pero también hay jóvenes, que han vuelto a estudiar o que no hacen nada (hay 200.000 jóvenes ni-ni-ni: ni estudian, ni trabajan ni buscan): 1 de cada 3 jóvenes menores de 25 años (unos 850.000) han abandonado la búsqueda activa de empleo desde que comenzó la crisis, según ASEMPLEO.

Junto a los desanimados (que no buscan empleo) están los que han salido fuera de España a buscar trabajo y tampoco están en las listas del paro: inmigrantes que han vuelto (al menos 450.000) y españoles (225.000). Y luego están los subempleados, personas que trabajan sólo unas horas a la semana (800.000 trabajan menos de 15 horas semanales): con trabajar sólo una hora,no son parados para la EPA. En total, sumando desanimados, los que se han ido de España y los subempleados, son más de 2 millones de parados ocultos: no aparecen en las estadísticas, pero si la economía mejora buscarán trabajo.

Vayamos a las cifras del paro oficial, la EPA del cuarto trimestre 2013. Hay cuatro datos preocupantes. Uno, que casi 1 de cada 3 hogares (31,27%) tiene a la mitad de sus miembros activos en paro. Y que 1 de cada 7 familias (el 14,08%) tiene a todos sus miembros en paro (1.832.300 hogares). Dos, que media España, el sur,  tiene un paro que supera el 30%: Ceuta (36,82% de paro), Andalucía (36,32), Melilla (35,36%), Canarias (33,18%) y Extremadura (32,29%). Tres, que más de la mitad de los parados EPA no cobra ningún subsidio: de los 5.896.300 españoles que se consideran parados, sólo cobran el  47,5% (2.801.262 en noviembre, según Empleo): un 43,5% el subsidio de 821 euros y la mayoría restante 426 euros al mes. Sólo hay 7 autonomías donde cobran subsidio más de la mitad de los parados EPA (País Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias, Galicia, Extremadura y Baleares) y Asturias) y en las 12 restantes son más los que no cobran, destacando la bajísima cobertura de Murcia (37,7% parados EPA cobran), Melilla (39,4%) y Canarias (39,6%).

El cuarto dato, el más preocupante, es que más de la mitad de los parados (3.590.100, el 60,18%) llevan más de un año sin trabajar: 2.309.500 de ellos llevan más de 2 años y 1.250.000 llevan más de 3 años). Un grave problema, según acaba de destacar la OIT, porque cuanto más tiempo en el paro, menos posibilidades hay de encontrar empleo (sólo un 11,7% pasados dos años). España es el país de la OCDE donde más ha crecido el paro de larga duración con la crisis: se ha multiplicado por 9 desde 2007, mientras en Irlanda se multiplicaba por 4,5, en Grecia por 3,5 y en EEUU por 3,2. La mayoría de estos “parados con antigüedad” son padres de familia entre 30 y 44 años (40% del total), seguidos de mayores de 45 años (35%) y jóvenes (25% restante), la mayoría con poca formación y de la construcción.

¿Qué ha pasado con el empleo? En 2013 se ha vuelto a perder empleo neto, por sexto año consecutivo: hay 198.900 personas menos trabajando que a principios de año y 3,75 millones menos de ocupados que en septiembre 2007. Y el poco empleo que se crea, es  mal pagado y precario: un 93% de los contratos firmados en 2013 han sido temporales y el 35% a tiempo parcial, por días o meses (54,7 días de media, aunque el 40% son por menos de 1 mes y el 24% por menos de una semana). Son los famosos mini-jobs, por los que una persona puede tener más de una docena de contratos al año, cobrando menos que sus compañeros y viéndose obligado a hacer horas complementarias si la empresa se lo exige. El pasado 20 de diciembre, el Gobierno ha impulsado este contrato a tiempo parcial, aprobando un decreto que aumenta las horas complementarias (“voluntarias) del 15 al 30% de la jornada (y hasta el 60%) y reduce de 7 días a 3 el plazo para avisar al trabajador del cambio. Contratos que se usan mucho en hostelería, turismo, comercio y servicios, con mucho fraude: contratos de 4 horas que acaban siendo 8 o 12, a veces ilegalmente.

Al final, se trata de repartir el trabajo (2x1): dos o tres personas para cubrir un puesto y parece que se han creado 2/3 empleos y hay 2/3 parados menos. Y así Rajoy podrá presentarse a las elecciones de 2015 con menos parados “oficiales”. Pero es una trampa que nos caerá encima. Por un lado, como ha advertido el Comisario europeo de empleo, “aunque el paro descienda, aumentará la pobreza”, porque “no podemos decir que tener un trabajo (de estos) equivalga a tener una vida decente”, en palabras de Lászlo Andor. Y además, el subempleo frena el crecimiento (estos trabajadores apenas consumen) y dificulta la mejora de la productividad en las empresas (se sienten marginados).

Cara a este año 2.014, el empleo y el paro van a depender de lo que crezca la economía, que será muy poco: entre el 0,5% (Comisión Europea), el 0,6% (FMI) y el 1% que espera el Gobierno. Insuficiente, ya que para crear empleo hay que crecer más del 2%, imposible si Bruselas y Rajoy siguen con sus recortes (hasta 2016). Con este bajo crecimiento sólo será posible crear empleo si es precario, como ahora: favoreciendo que las empresas hagan muchos contratos por días a muchos trabajadores. Y rotando plantillas: cambiar un trabajador maduro por dos jóvenes a menos coste. Muchos empleos a efectos estadísticos (lo que busca Rajoy), pero pocos empleos nuevos de verdad. De hecho, según una encuesta de las Cámaras de Comercio, la mayoría de empresas (69%) no crearán empleo en 2014, un 18% todavía lo reducirá y sólo el 13% creará empleo.

Seguimos con casi 6 millones de parados y una tasa de paro del 26%, más del doble que Europa (10,9%). No es para tirar cohetes sino para poner en marcha, de una vez por todas, un Plan de choque contra el paro, con un pacto político y social detrás. Es urgente lanzar ambiciosas políticas activas de empleo y acabar con los recortes en este campo (-50%), que se han cargado la formación y los incentivos para contratar a parados. Poner en marcha Planes de apoyo a los parados jóvenes, mujeres y mayores de 55 años, con un especial énfasis en la formación (la mitad de los parados no tienen la ESO acabada). Y lanzar ya el Plan de empleo juvenil, que Rajoy retrasa porque tiene que adelantar los 1.880 millones que nos va a dar Europa y teme que disparen el déficit (es la cuarta parte de lo que se ha perdido en rescatar NovaCaixaGalicia, por ejemplo).

El Gobierno y todo el país tienen que ponerse las pilas en crear empleo y ayudar a los parados a reciclarse y trabajar. Hay que parar los ajustes previstos para 2014 y 2015, reanimar la economía y crecer más. No hacer malabarismos con la EPA y multiplicando el empleo precario. Hay que poner a España a trabajar.

jueves, 16 de enero de 2014

El automóvil remonta con ayudas (públicas)


El Gobierno ha aprobado un nuevo Plan de ayudas para comprar vehículos, el PIVE 5, destinando ya 578 millones de dinero público en 15 meses para reanimar las ventas de coches, que crecieron en 2013. El automóvil, la segunda industria del país (tras el turismo) ha recibido más de 7.000 millones de ayudas públicas en la última década. Y gracias a ello, España es el segundo fabricante europeo de coches y mantiene un 12% del empleo del país. Pero es momento de pensar si el automóvil ha de seguir enchufado a estas ayudas públicas a los compradores o si sería mejor destinar esos recursos a fortalecer la competitividad industrial del sector, con un Plan que mejore su innovación, logística, impuestos y costes. Y también hay que recordar que esos millones públicos favorecen a empresas extranjeras, que en cualquier momento pueden decidir irse a fabricar coches a otros países. Ayudas sí, pero con garantías.
enrique ortega

El Plan PIVE 5 es el que contempla más ayudas, 175 millones, destinados a entregar 1.000 euros a los que compren un coche nuevo (y recibirán otros 1.000 euros del fabricante). Con ello, son ya 540 millones en los cinco Planes PIVE iniciados por el Gobierno Rajoy en octubre 2012, que han permitido vender 202.500 coches más de los que se habrían vendido sin estas ayudas, más los 38 millones destinados al Plan PIMA Aire (vehículos industriales y motos eléctricas). Un dinero público bastante rentable, ya que cada euro destinado a subvencionar la compra de vehículos reporta tres euros al Estado en impuestos. Y luego está el empleo que se mantiene (14.500 puestos con los 5 PIVEs), el menor consumo de carburantes y la mayor actividad en doce sectores económicos que dependen del automóvil. En total, diez euros de más actividad económica por cada euro de ayudas.

Pero estas no son las únicas ayudas públicas que recibe el automóvil en España. Además del Plan PIVE, la industria automovilística recibió en 2013 otros 180 millones en créditos blandos (al 4,9%) para proyectos industriales, tras haber recibido otros 220 millones en 2012 y 1.154 millones más de préstamos entre 2009 y 2011, más 110 millones en subvenciones directas. En 2009, el sector recibió 4.070 millones entre ayudas y préstamos del Plan Integral de la Automoción (PIA), aprobado por Zapatero dentro del Plan E. Y antes habían recibido ayudas de los Planes PREVER (1.997-2007) y RENOVE (1.994-95). En total, más de 7.000 millones de ayudas públicas en la última década, a los que añadir el coste de los múltiples EREs aprobados en el sector: miles de trabajadores que se van a casa temporalmente (por días o meses) y les pagamos todos el paro ese tiempo que no trabajan.

Estas ayudas, sobre todo los últimos Planes PIVE, han permitido mejorar las ventas en 2013 (por primera vez desde 2010), con 722.000 vehículos matriculados, un 3,3% más. Y se han creado 2.400 empleos en el primer semestre, tras perderse 74.000 durante la crisis. Además, se han consolidado nuevas inversiones: entre 2012 y 2013, las multinacionales del automóvil han invertido 3.500 millones en nuevos proyectos y plantas en España, a las que se sumarán otros 1.000 millones en 2014. Y si en 2011 se fabricaban en España 34 modelos, en 2015 se fabricarán 45, algunos de mayor tamaño y valor añadido, lo que reportará más beneficios. El problema es que sólo tres de los 10 turismos más vendidos en Europa en 2013 (Renault Clío, Volkswagen Polo y Opel Corsa) se fabrican en España.

El automóvil remonta su marcha, gracias a las ayudas públicas, pero aún con debilidad: en 2013 se fabricaron 2,2 millones de coches en España (frente a 3 millones en los buenos años 2000-2004) y se matricularon 722.000, menos de la mitad de los vendidos en 2007 (1,6 millones). España es el segundo fabricante europeo de vehículos (por  detrás de Alemania, que fabrica más del doble, 5,7 millones) y el 8º del mundo (tras China, Japón, Alemania, USA, Corea del Sur, India y Brasil), pero su futuro está marcado por muchas incertidumbres, a pesar de las indudables fortalezas de nuestra industria del automóvil: gran flexibilidad laboral (ajuste jornadas y horarios), plantas de montaje muy productivas (10 de las 17 factorías españolas están entre las más eficientes de Europa), salarios más bajos que los grandes (25€ por hora trabajada frente a 45 en Francia o Alemania, pero más del doble que los 8,7 euros por hora de Eslovaquia, 6,9€ de Polonia o 11,5€ de la República Checa), un personal muy formado y con experiencia y una importante y competitiva industria auxiliar cerca de las factorías.

Pero la industria del automóvil en España cuenta también con una serie de debilidades estructurales, según un reciente estudio de PwC : costes laborales más altos que Europa del Este y países emergentes competidores (Turquía o Marruecos), mayores costes de la energía (la luz industrial cuesta en España un 31,5% más que en Alemania, un 49% más que en Francia o un 19% más que la media UE28, tras haberse encarecido un 23,4% desde 2007), menos innovación y tecnología (España vive de ensamblar vehículos, pero no interviene apenas en el diseño, clave para completar la cadena de valor) y un problema logístico, el más importante: estar a 1.200-1.500 kilómetros de los principales mercados europeos del automóvil (Centroeuropa), transporte que encarece los vehículos más de un 10%. Además, España es el país donde los coches pagan más impuestos (23.315 millones en 2013) y el único europeo donde se paga impuesto de matriculación, lo que retrae más las ventas.

El automóvil es la segunda industria española (tras el turismo), aporta un 10% de la riqueza (PIB) y el 12% del empleo (241.715 directo más 350.000 indirectos y 1,8 millones inducidos), siendo el tercer sector exportador (16,1% del total) y la segunda industria que más invierte en innovación (I+D+i). Razones suficientes para volcarse en ayudar al automóvil, como hacen la mayoría de países. Pero es el momento de plantearse si las ayudas deben seguir siendo a los compradores, a fondo perdido, o si deben dirigirse a las industrias, a reforzarlas, para que las 17 plantas españolas puedan competir mejor con las otras 152 plantas europeas (y centenares en el mundo) que están dispuestas a robarnos modelos y trabajo.

La patronal del sector ha propuesto al Gobierno destinar 500 millones de ayudas (50 veces menos que el rescate a Bankia) a poner en marcha un Plan 3 millones, para volver a fabricar 3 millones de coches al año, gracias a una serie de medidas: menos impuestos, más créditos blandos a empresas y concesionarios, mejorar el trasporte ferroviario y marítimo de vehículos, impulsar la investigación y el diseño (I+D+i), mejorar la formación y reducir los costes energéticos (luz y gas). Así se consolidaría a España como uno de los mejores países del mundo para fabricar automóviles, mejorando el empleo y las exportaciones.

Hay que volcarse con el automóvil, pero sin perder de vista que es un sector muy vulnerable, con dos grandes riesgos. Uno, que es muy dependiente del exterior: el 87% de los vehículos que se fabrican en España se exportan, así que estamos en manos sobre todo de que los europeos (82% exportaciones) nos compren. Y segundo, es una industria en manos de las multinacionales, donde las decisiones sobre las plantas españolas se toman en Wolfsburgo (Volkswagen) o Stuttgart (Mercedes), París (Grupo PSA), Yokohama (Nissan), Detroit (GM) Dearborn (Ford) o Turín (IVECO). Y estos fabricantes tienden a fabricar donde se vende (en España, la mitad que antes). De ahí que el mayor riesgo sea a medio plazo: para 2020, las ventas de coches crecerán sobre todo en el Sudeste asiático y Latinoamérica, según los expertos, con lo que las multinacionales tenderán a fabricar allí y no en Europa.

España tiene un gran dilema con el automóvil: si no le sigue dopando con ayudas públicas, no subirán las ventas y las multinacionales pueden optar por irse a otros países, pero aunque las mantenga, corremos el riesgo de que en una década se vayan igual a fabricar donde estarán las ventas, a Brasil, México (VW ha empezado a fabricar el Golf en Puebla), Rusia, Turquía, Marruecos, India, China o Indonesia. Y se habrá gastado en vano dinero público. Por eso, es clave gastarlo bien, en reforzar las factorías españolas en innovación, tecnología, calidad y eficiencia, para que sean imprescindibles para las multinacionales. No es fácil, pero es la única salida. Invertir bien y no regalar nuestro dinero.

El negocio con nuestros datos en Internet


España ha sido el primer país europeo en sancionar a Google, en diciembre, por tres infracciones graves contra la privacidad de los internautas. Y la semana pasada fue Francia quien le sancionó por lo mismo. Europa  persigue así el abuso en la utilización de nuestros datos en Internet, con los que hacen negocio Google, Facebook, Twitter, Apple y demás operadores, que venden publicidad personalizada gracias a que conocen al dedillo nuestros hábitos. En España, hace casi dos años que se implantó una nueva normativa sobre cookies (los archivos que rastrean lo que hacemos), pero la mayoría de Webs no la cumplen. La Unión Europea ha elaborado un Reglamento de protección de datos que debe aprobarse en marzo, pero parece que, por presiones del Reino Unido, Google y los grandes de Internet, se retrasará hasta 2015. Así que, de momento, estamos bastante desvalidos en Internet, a merced que hagan negocio con nosotros impunemente. Ojo a lo que hacemos en la Red.
enrique ortega

Internet es una mina de oro de información, que facilitamos gratis cada día los 2.400 millones de internautas (más de 25 millones en España), al entrar en la Red y utilizar sus servicios, desde las búsquedas, envío de correos, compras, noticias, subida de fotos, vídeos o la participación en redes sociales. Vamos dejando un rastro (con las cookies, esos archivos que rastrean lo que hacemos) sobre nuestros hábitos y preferencias, datos que sirven para que los operadores de Internet vendan a empresas, bancos (o políticos) una publicidad personalizada, que es la base de su negocio, a nuestra costa. El anzuelo es que la mayor parte de estos servicios son gratuitos, pero no es verdad: los pagamos con nuestros datos.

Google, el mundipolio, es el mayor almacenista de nuestra información, sobre todo en España: es la puerta de acceso a Internet para el 98% de internautas (83% en el mundo).Y gracias a que tiene estos millones de datos, ingresa unos 500 millones de euros en publicidad online al año (el 50% del total, frente al 44% en el mundo). Vende más publicidad que nadie porque los anunciantes saben que la van a colocar de forma personalizada, ligada a los gustos de los internautas, que conocen muy bien porque vamos dejando rastro cada vez que usamos sus servicios: las búsquedas (qué nos interesa), el correo Gmail (hacen un filtrado de palabras clave y ficheros anexos, además de conocer tus contactos), Google Calendar (rutinas, horarios), Alertas, Google Reader o  iGoogle (temas que te interesan), You Tube, Google Docs (proyectos colaborativos), Google+ (círculos de amigos), Google Maps o Street View (ubicación, viajes), sin olvidar los datos que damos al utilizar smartphones (con Android).

Cuantos más servicios usamos, más sabe Google de nosotros y más imprescindible se hace para los anunciantes. En marzo 2012, Google modificó su política de privacidad, para integrar y explotar mejor los datos de más de 60 servicios y tener una foto más completa de los usuarios. La UE consideró que la nueva política de privacidad era contraria a la normativa europea de protección de datos y dio dos avisos a Google (octubre 2012 y abril 2013), para que la cambiara. Pero no lo hizo. Y en mayo 2013, las autoridades de 29 países europeos decidieron iniciar expedientes contra Google, país a país. El primero en resolverlo e imponer sanciones ha sido España (19 diciembre 2013), seguido de Francia (8 enero 2014).

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto tres sanciones a Google, por un total de 900.000 euros (el 0,18% de su facturación publicitaria) por vulnerar los derechos de los internautas en el filtrado de Gmail, al cruzar los datos de sus diferentes servicios sin informar al usuario para qué se utilizan, al almacenarlos por tiempo indefinido y al obstaculizar (o impedir a veces) al internauta ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Google se ha limitado a decir, tras casi 2 años de “avisos” europeos, que “leeremos con atención el informe y decidiremos los siguientes pasos a dar”. O sea, nada. En EEUU, donde se sienten omnipotentes (fue la tercera empresa que más financió a Obama, que aplaude su trabajo), han salido impunes de varias investigaciones similares.

Pero no sólo Google tiene millones de datos de los internautas. Facebook, con 1.200 millones de usuarios, tiene también millones y restringidos a su red social, a la que damos la exclusiva de lo que subimos (fotos, textos, datos…) cuando nos registramos. Y cada vez que pinchamos Me gusta”, damos pistas de nuestras preferencias. Incluso cuando escribimos un comentario y borramos algo, lo censurado queda registrado. Por todo ello, hay denuncias también contra Facebook, por atentar a la privacidad. Y lo mismo podría decirse de Instagram (intentó vender fotos usuarios), Twitter, Apple (tiene la mayor base de datos de tarjetas de crédito del mundo) y miles de empresas de Internet. Y no sólo ellas: las operadoras de telefonía controlan nuestras llamadas, que guardan dos años por razones de seguridad (desde 2007). Y los smartphones son una gran fuente de datos sobre sus usuarios.

Los datos, los big data, son un gran negocio,” el petróleo del siglo XXI”, según el director de la AEPD. Una nueva industria que movió 46.000 millones de euros en 2013 y que multiplicará su tamaño por 44 para 2020. Los mayores proveedores de datos son Google y las compañías de Internet y alrededor de este negocio giran los analistas de datos (“minería” de datos), los brókeres de datos (que los comercializan) y quien los compran, desde publicitarios, empresas y bancos hasta políticos (Obama utilizó Internet para rentabilizar al máximo su campaña), incluso para espionaje (agencia NSA en USA y caso Snowden). Y luego está el mercado ilegal de datos, la venta de listados robados, como la red Operación Pitiusa (España), con más de 300 detenidos, que robaban y vendían datos de Hacienda, Seguridad Social, Sanidad, SEPE, Policía, Juzgados, bancos, Tráfico, catastro, eléctricas, operadoras telefonía, agencias de viaje, compañías aéreas…

Volviendo a Internet, el origen de los datos está en las cookies, los archivos que guardan la información sobre lo que hace el usuario en  la Red y que explotan las Webs y los operadores de servicios. La UE tiene una Directiva sobre cookies de 2009, poco efectiva y que España empezó a aplicar, con mucho retraso, el 1 de abril de 2012, al aprobarse el Real Decreto 13/2012. Obliga a informar al usuario de que se utilizan cookies y a obtener su consentimiento, tácito o expreso. Pero la nueva norma, casi dos años después, no se cumple. Primero, porque muchas webs no lo tienen implantado. Segundo, porque en la mayoría, las cookies se instalan antes de que el internauta dé su consentimiento. Y sobre todo, porque es un chantaje: si no aceptas las cookies, sólo te queda salir de la página.

La Unión Europea lleva años trabajando en una nueva normativa sobre protección de datos, que sustituya a la vieja Directiva de 1995. La Comisión aprobó un nuevo Reglamento de protección de datos en enero de 2012, pero no se aprobó en la comisión del Parlamento Europeo hasta el 21 de octubre de 2013. Su objetivo es unificar las diferentes leyes nacionales y tener una norma europea que obligue a Google y a todas las empresas de Internet a tres cosas importantes: que informen al usuario de lo que hacen con sus datos, que tengan derecho al acceso, corrección y olvido de sus datos y dificultarles crear perfiles concretos de los usuarios. La presión de las grandes empresas de Internet para evitar que se apruebe este Reglamento ha sido tremenda y a última hora, parece que Cameron ha conseguido de Merkel que no se apruebe en marzo de 2014 y se retrase a 2015. Hay que recordar que el presidente de Google, Eric Schmidt, pertenece a un comité asesor de Cameron.

En definitiva, hay una ardua batalla, económica y política, por controlar y hacer negocio con nuestros datos personales y nada nos asegura que vayamos a estar más protegidos en el futuro. Y el problema se agravará, porque en dos años se duplicará el número de internautas, hasta los 5.000 millones, según Google. Y si ahora sólo se explotan el 10% de nuestros datos, pronto nos sacarán más jugo, gracias al boom de la industria de datos. Estamos cercados. Y sin muchas salidas, salvo que prescindamos de Internet, algo impensable. Hay que ser cuidadosos con lo que hacemos en Internet y presionar a los políticos para que defiendan nuestra privacidad. Estamos desnudos.