lunes, 16 de julio de 2018

Las mujeres, cuidadoras sin cobrar


Las mujeres siguen discriminadas y lo peor no es la brecha salarial (ganan  un 22,3% menos) sino que trabajan mucho menos que los hombres. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de decirnos por qué: hay 2,5 millones de españolas que no pueden trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos y padres, gratis. Y en el mundo, eso les pasa a 606 millones de mujeres. Además, las que sacan tiempo para trabajar fuera de casa, tienen peores empleos, por "las ataduras" de los cuidados. El mayor obstáculo a la igualdad de las mujeres es que tienen que cuidar a niños y ancianos, según la OIT, por lo que proponen quitarlas parte de ese trabajo y que lo hagan también el Estado y los hombres. Y urgen a los Gobiernos a que mejoren el gasto en guarderías, permisos de paternidad, conciliación laboral y cuidado de los ancianos, para que las mujeres puedan pensar en trabajar fuera, como los hombres. Liberarlas de una parte de los cuidados en casa.
 
enrique ortega

Cuidar a niños y ancianos es el trabajo más importante que se hace en el mundo: en 2015 había 2.100 millones de personas necesitadas de cuidados, 1.900 millones niños menores de 14 años y 200 millones de ancianos dependientes, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y estiman que para 2030, serán ya 2.300 millones (2.000 millones de niños y 300 millones de ancianos) los que necesiten cuidados, 1 de cada 3 habitantes del mundo. Pues bien, las tres cuartas partes de este trabajo de cuidado, el 76,2%, lo hacen las mujeres, según el informe “Care work and care Jobs for the future of work, recién publicado por la OIT. Las mujeres dedican al cuidado de los hijos y ancianos una media diaria de 4 horas y 25 minutos, frente a 1 hora y 23 minutos los hombres.

La mayor parte de este trabajo, el cuidado diario de niños y mayores, se hace gratis y hay que sumarlo a las tareas domésticas, que también hacen mayoritariamente las mujeres. Al final, cada día se dedican 16.400 millones de horas al trabajo no remunerado en casa, lo que supone el trabajo de 2.000 millones de personas trabajando 8 horas diarias. Si ese trabajo doméstico y del cuidado de niños y mayores se pagara, supondría 11.000 millones de dólares, con lo que esta actividad supondría el 9% del PIB mundial, según la OIT. Una actividad no remunerada, que recae sobre las mujeres y niñas del mundo, más en países de ingresos medios y bajos, en mujeres casadas adultas, con niños pequeños, poca educación y que viven en zonas rurales de países en desarrollo. Y un trabajo que recae más entre las más pobres: las mujeres ricas pagan porque les cuiden a niños y padres.

Esta actividad, el trabajo de cuidados no remunerado, es el principal obstáculo” para que la mujer trabaje fuera de casa, según el informe de la OIT. En 2018, hay 647 millones de personas en el mundo que no pueden trabajar fuera de casa por “responsabilidades familiares”, por tener que cuidar a niños y ancianos. Y de ellos, 606 millones son mujeres, el 41% de todas las mujeres inactivas del mundo. Las mujeres más “penalizadas” con los cuidados de niños y ancianos son las madres de niños pequeños (tienen una tasa de empleo del 47,6% frente al 87,9% los hombres), sobre todo en los países árabes, Asia Pacífico y países de ingresos medios, según el informe de la OIT, siendo menores las diferencias de empleo para las madres con niños pequeños en países ricos y en África.

Hay otras mujeres que además de cuidar su casa, a sus niños y ancianos, consiguen sacar unas horas para trabajar fuera de casa. Estas mujeres consiguen empleos peores, más precarios y mal pagados, según la OIT, porque se ven obligadas a trabajar menos horas o en actividades marginales. Así, las mujeres sin hijos trabajan de media 46,1 horas a la semana pero cuando tienen un hijo trabajan ya solo 41,5 y cuando tienen tres hijos o más, trabajan sólo 38,1 horas a la semana (frente a 45 horas los hombres). La mayor brecha de horas trabajadas se da entre las madres con hijos y sin hijos de Europa y Asia central, según la OIT. Y además de trabajar menos (y ganar menos), las mujeres con hijos o ancianos a su cargo trabajan más por cuenta propia, como autónomas, para sobrevivir, muchas de ellas en la economía sumergida (62%), sin cotizar (el 53%) y sin derechos laborales.

En España, la economía del cuidado atiende a 10 millones de personas: 7 millones de niños pequeños y 3 millones de mayores dependientes, según los datos de la OIT, que estima que este colectivo será de 8,8 millones de españoles para 2030 (5,6 millones de niños pequeños y 3,2 millones de ancianos). El trabajo de cuidado no remunerado supone unas 130 millones de horas diarias, lo que supone el trabajo de 16 millones de personas. Si se pagara, sólo con el salario mínimo, serían 168.000 millones de euros, que no están contabilizados pero que suponen el 14,9% del PIB español, con lo que la economía de los cuidados sería la primera actividad económica en España, como lo es en el resto del mundo.

Y dos tercios de estos cuidados no remunerados, el 68%, los hacen las mujeres españolas, según el informe de la OIT: las mujeres dedican 4 horas y 23 minutos diarios a los cuidados no remunerados, más del doble que los hombres (2 horas y 6 minutos). Esto se traduce en que muchas mujeres no pueden pensar en trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos y padres dependientes. La OIT estima que hay 2,5 millones de españolas que no pueden acceder por eso al mercado laboral y se quedan en casa. De hecho, hay 9.374.800 mujeres en España que son inactivas (ni trabajan ni buscan trabajo), frente a 6.734.700 hombres. Y el tener que cuidar a hijos y padres también es un hándicap para trabajar, las que lo intentan: de hecho, hay 8.590.200 mujeres trabajando frente a 10.284.000 hombres, según la EPA. La tasa de empleo de los hombres es del 67,55% y la de las mujeres del 56,59%. Menos mujeres activas y ocupadas, en gran parte porque tienen que cuidar la casa y a su familia (gratis). Y a más hijos pequeños, menos porcentaje de mujeres trabajando. Y más en los hogares con bajos ingresos, según la Encuesta de condiciones de vida del INE.

Hay otras mujeres españolas que cuidan cobrando, pero como pasa en el resto del mundo, su trabajo es más precario. En España, hay unos 3,8 millones de personas trabajando en el cuidado remunerado, entre la educación, la sanidad, el trabajo social y la dependencia (hay 390.000 cuidadores profesionales, el 89% mujeres) y el trabajo doméstico (612.000, la mayoría mujeres e inmigrantes), según la OIT. En líneas generales, este empleo ligado al cuidado de niños, ancianos y hogares es más precario (temporal y por horas) y peor pagado que el resto, incluso mucho no legalizado y vinculado a la economía sumergida.

El informe de la OIT propone aumentar el gasto público en la economía del cuidado, para liberar a las mujeres del trabajo no remunerado y mejorar el que cobran. Actualmente, existen enormes diferencias por países en el gasto público en políticas de cuidado: los más preocupados son los países nórdicos (que gastan en cuidados del 8,8% del PIB en Suecia al 7% en Finlandia), seguidos de lejos por otros países europeos (del 4,2% del PIB en Francia y el 4% de España y Alemania al 3% de Italia) a porcentajes ínfimos en países en desarrollo (0,5% en México o Turquía y el 2% del PIB en China), según la OIT.

La OIT propone que los Estados (y los hombres) se hagan cargo de parte de las tareas de cuidado que hoy hacen las mujeres, en su mayoría gratis. Y eso supondría duplicar el gasto público mundial en cuidados, pasando el gasto del 8,7% del PIB (2015) al 18,3% para 2030, lo que permitiría crear 149 millones de empleos remunerados nuevos en el sector del cuidado, uno de los sectores de trabajo con más futuro. El mayor esfuerzo, señala la OIT, habría que hacerlo en las zonas del mundo con menos atención pública al cuidado de niños y ancianos: África, Asia-Pacífico, estados árabes y algunos países de Latinoamérica. Además, plantean extender la protección a la maternidad (de 184 países, 107 no cumplen el convenio de protección de la maternidad de la OIT), los servicios de cuidado de niños menores de 3 años (sólo los tienen el 18,3% de los niños del mundo) y la atención a los ancianos y discapacitados graves (sólo el 27,8% tienen atención pública en el mundo).

En definitiva, que el trabajo de cuidados (hijos, padres, hogar) no remunerados es el principal obstáculo para la liberación de la mujer, en el mundo y en España. Y lo será aún más en las próximas décadas, porque aunque habrá menos niños aumentará el número de ancianos (un tercio de los españoles tendrán más de 65 años en 2066, según el INE). Así que hay que buscar una solución, que, según la OIT, pasa por “las tres R”: reconocer el valor del trabajo de cuidados, reducir su precariedad y redistribuir los cuidados no remunerados que hoy hacen las mujeres entre el Estado (servicios y ayudas públicas) y los hombres. Los datos de Eurostat (2016) son impactantes. Primero, el 95% de las mujeres españolas (25-49 años) cuida y educa a los hijos diariamente (el 92% en la UE-28), frente al 68% de hombres (igual que en Europa, aunque en Suecia son el 90% y en Grecia el 53%). Segundo, el 84% de las mujeres españolas cocinan y hacen diariamente las tareas domésticas frente al 42% de hombres (en la UE-28 son el 34%, en Suecia el 56% y en Grecia el 16%). Y tercero, las mujeres en España trabajan una media de 26,5 horas a la semana en casa, frente a 14 horas los hombres, según el INE. Eso sí, la igualdad llega con los nietos: hombres y mujeres dedican 16 horas semanales (las mismas) a cuidarles.

Se trata de actuar en dos frentes a la vez. Por un lado, tomar medidas para “repartir” el cuidado de los hijos, entre mujeres, hombres y el Estado: fomento de las guarderías públicas e incentivos y ayudas a las guarderías privadas (extendiéndolas en las empresas), aumento de los permisos de paternidad, más ayudas fiscales a la familia y una política decidida de conciliación familiar en los trabajos, con horarios más razonables. Por otro, actuar para mejorar la situación de los ancianos y jóvenes dependientes, un colectivo potencial de 3 millones de personas que deberían ser atendidos más en el ámbito público que en el privado. O si se les atiende en casa, que los cuidadores familiares tengan más ayudas (el Gobierno Rajoy dejó de cotizar por ellos en 2012 y les rebajó la ayuda) y un mejor trato fiscal (en Francia, el 50% de los gastos privados en cuidados se deducen del IRPF). Y junto a estas actuaciones, habría que aprobar un Plan de empleo para mujeres con hijos, facilitando su vuelta al trabajo y mejorando sus contratos y sueldos, hoy muy precarios.

Mucho se habla de la discriminación de la mujer, de que ganan menos que los hombres   (-22,3% de brecha salarial, según el INE), pero se habla poco de que su mayor discriminación es que trabajan menos que los hombres, porque muchas son “esclavas” de su casa, sus hijos pequeños y sus padres ancianos. Sólo quitándoles parte de este trabajo de cuidados, que además hacen gratis, se podrán dedicar a trabajar como el resto y ser independientes de verdad. La solución es que muchas de sus tareas las cubra el Estado, con nuestros impuestos, y otras las repartan con los hombres. Claro que para eso, tenemos que cambiar de mentalidad: el 44% de los europeos (44% de las mujeres y 43% de los hombres) piensan que “el rol más importante de la mujer es el cuidado del hogar”, según el Eurobarómetro de noviembre 2017. Así no hay forma de avanzar.


jueves, 12 de julio de 2018

Media España consume videojuegos


Muchos piensan que “es cosa de chavales”, pero hay casi 16 millones de españoles que consumen videojuegos y un tercio tienen más de 35 años. Somos el 9º país del mundo donde más se venden: gastamos en videojuegos más que en cine y música juntos. Y hay 3 millones de jóvenes que siguen las competiciones de “e-sports”. Una industria que mueve 1.359 millones, pero que tiene los pies de barro: la mayoría son pequeñas compañías que apenas facturan. Por eso, consiguieron que el Gobierno Rajoy les aprobara en marzo nuevas ayudas, hasta 150.000 euros por empresa. Pero hay dos pegas. Una, que la OMS y Sanidad han incluido recientemente a los videojuegos entre las “adicciones” (enfermedades) , porque un 2% de jugadores están “enganchados”. Y la otra, que muchos juegos son violentos y poco educativos, con lo que no pueden considerarse “cultura” a la que subvencionar. Vale que la gente juegue, pero quizás sea mejor ayudar con dinero público al teatro, la música, la pintura, el cine o los libros que a los videojuegos. Habría que revisarlo.

enrique ortega

Uno de cada tres habitantes del Planeta consumen videojuegos: 2.300 millones de personas jugarán este año 2018, según la estimación de la consultora Newzoo. Los videojuegos son desde hace una década la primera opción de ocio audiovisual del mundo: se gasta en ellos más que en el cine y la música grabada juntos. Este año 2018, la previsión es que el mercado mundial de videojuegos facture 137.900 millones de dólares, casi el doble que en 2012 (70.600 millones $). Y que siga creciendo más de un 10% (como en esta década), hasta alcanzar unas ventas de 180.100 millones de dólares en 2021, según Newzoo. Este año, por primera vez, más de la mitad de las ventas (70.300 millones de dólares, el 51%) serán videojuegos para móviles (el 80% para smartphones y el 20% para tablets), seguidos de la venta de consolas (34.600 millones) y juegos para ordenador (32.900 millones). Y se espera que, para 2021, los juegos móviles sigan creciendo y ronden el 60% de las ventas.

El principal mercado de los videojuegos es Asia Pacífico (52% de las ventas), seguido de Norteamérica (23,7%), Europa (15%), Oriente Medio y África (5,8%) y Latinoamérica (3,6%). Sin embargo, los mayores aumentos de ventas de videojuegos se están dando en África y Oriente medio, Latinoamérica y otros países en desarrollo. Para 2018, el líder indiscutible de ventas será China (que superó a USA en 2016), con ventas de 37.900 millones de dólares, EEUU (30.400 millones $), Japón (19.200 millones $) y Corea del Sur (12.500 millones $). A estos “cuatro grandes” del videojuego les sigue Alemania (3.701 millones de euros), Reino Unido (3.642 millones €), Francia (2.500 millones), Canadá (1.650 millones €), España, en 9º lugar del mundo y 4º de Europa (con 1.913 millones ventas en 2017) e Italia (1.100 millones €), según el ranking mundial de Newzoo.

El mercado mundial de los videojuegos se mueve alrededor de multinacionales que cada vez invierten más en diseñar los juegos y sobre todo comercializarlos por todo el mundo. El grupo líder sigue siendo la china Tencent, que facturó 10.201 millones de dólares en 2017, seguida de 5 compañías norteamericanas, Sony (7.837 millones $), Activision Blizzard (6.607 millones $), Microsoft (6.467 millones $), Apple (5.864 millones $) y EA (4.626 millones $), seguidas de la china NetEase (4.177 millones $), Google (4.177 millones $) y las japonesas Bandai Namco (1.991 millones $) y Nintendo (1.831millones $), segúnNewzoo.

En España, el mercado del videojuego casi se ha recuperado del bache de la crisis: en 2017 facturó 1.359 millones (creció un 17%), aunque todavía menos que en 2008 (1.432 millones), cuando “pinchó” para caer hasta unas ventas mínimas de 755 millones en 2014, remontando en 2015 (1.083) y 2016 (1.163), según los datos de la Asociación española de Videojuegos (AEVI). Con todo, los videojuegos llevan varios años siendo la primera industria audiovisual en España, facturando más que el cine (597 millones en 2017) y la música grabada (232 millones) juntos. A diferencia del mercado mundial, en España domina la venta de videojuegos físicos (885 millones) frente a la venta online (474 millones). En 2017 se vendieron en España 9,6 millones de videojuegos, 1,5 millones de consolas (sus ventas crecen mucho por el lanzamiento de nuevas videoconsolas) y 4,35 millones de accesorios.

El mercado de los videojuegos se beneficia del tirón de los jugadores profesionales y las Ligas de “e-sport, que son un movimiento imparable en el mundo y en España: somos el 8º país en el ranking de audiencia de competiciones de videojuegos, con 5,5 millones de personas que los siguen en vivo (Congresos, lugares cerrados) o por la Red, 2,9 millones de espectadores ocasionales y 100 jugadores españoles profesionales (viven de jugar), en unas competiciones que mueven en España 14,5 millones de euros al año, según AEVI. Y somos el país del mundo con más entusiastas por habitante a las competiciones de videojuegos, 5,6 seguidores por 100 habitantes, según el reciente Libro Blanco de los e-sports.

Se estima que 15,8 millones de españoles consumen videojuegos (el 44% de la población de 5 a 65 años), según AEVI, una cifra que crece año tras año. Y no son muchos más hombres (el 56%, frente a 44% mujeres) ni “chavales: el 11% tiene menos de 10 años, el 8% de 11 a 14, el 23% de 15 a 24 años, el 25% de 25 a 34 años, el 19% de 35 a 44 años y el 16% de 45 a 64 años, según el Anuario 2017 de AEVI. O sea, un 35% de los que consumen videojuegos tienen más de 34 años. Los españoles dedican una media de 6,6 horas a la semana a videojuegos, menos que en Reino Unido (9,5 horas semanales), Francia (7,3) y Alemania (7). La mayoría juega en consolas (33%), ordenador (22%), smartphones (21%) y tablets (11%). Y los juegos preferidos por los españoles son los juegos de acción, los deportivos, los juegos “de disparos en 1ª persona” y, en último lugar, los de aventuras, carreras, estrategia, familia y pasatiempos. En 2017, los cuatro juegos más vendidos fueron FIFA 18, Call of Duty, WWII-Grand Theft Auto y FIFA 17 (el más vendido en 2016).

La industria española del videojuego cuenta con 450 empresas, tras desaparecer 30 en 2017 (eran 330 en 2014), que dan empleo directo a 8.790 personas (y otros 15.000 indirectos). Se trata de un sector muy dinámico, con mucha innovación y tecnología, que ha conseguido situar varios juegos en el mercado mundial, pero que tiene una base empresarial muy débil, según el Libro Blanco 2017 del sector , elaborado por las empresas (DEV) y el ICEX: la mayoría son empresas muy pequeñas (el 47% tiene menos de 5 empleados), sin capital, muy nuevas (el 52% no existían hace 5 años) y facturan muy poco (el 87% vende menos de 2 millones de euros al año y 1 de cada 6 estudios no factura nada). Existe un pequeño número de empresas potentes (9 empresas, el 2% del sector) que facturan el 56% del negocio total, con varios proyectos al año, y cientos de estudios independientes que no consiguen diseñar ni un videojuego al año. Y todo ello lleva a una escandalosa precariedad laboral, abusando las empresas del exceso de desarrolladores: se pensaba que era una profesión con futuro y hay 6.000 jóvenes estudiando para diseñar videojuegos.

Además de la deficiente estructura empresarial (facturan 1,4 millones de euros por empresa, frente a 10 millones anuales en Finlandia, 5,3 en Francia o 4,1 en Alemania), el sector del videojuego sufre dos problemas más: la falta de financiación y la piratería. La mayoría de las empresas se autofinancian con la aportación de los fundadores y no consiguen financiación bancaria ni socios (sólo el 12% tienen capital extranjero). Y todos sufren los efectos de los videojuegos piratas, el 11% de los que se juegan (hay 241 millones de “accesos ilegítimos”), lo que “roba” a esta industria 242 millones de euros de ventas al año, la quinta parte de su negocio anual, según los datos del Observatorio de la Piratería 2017.

El sector del videojuego, enfrentado internamente entre unos pocos estudios grandes y muchos pequeños (“indies”), lleva años moviéndose como un “lobby” ante Gobiernos y partidos políticos, solicitando su reconocimiento como “industria cultural” y consiguiendo ayudas desde 2016, cuando se aprobaron por unanimidad en el Congreso dos proposiciones no de Ley (de Ciudadanos y PSOE). Y en marzo de 2017, el Gobierno presentaba el Plan Cultura 2020, vigente, que contempla  apoyar ayudas e incentivos a la industria de los videojuegos. Siguiendo este compromiso, el Gobierno Rajoy aprobó antes de irse (BOE 6 abril 2018) un paquete de ayudas 2018-2020 para el sector de los videojuegos, con un monto de 5 millones de euros (en parte, fondos europeos FEDER), que se repartirán entre los pequeños estudios (con un máximo de 10 empleados) que diseñan videojuegos, con una subvención de hasta 150.000 euros por proyecto (máximo, el 80% del coste).

El sector de los videojuegos ha acogido muy bien estas ayudas públicas, justificándolas en que son  una “industria cultural”, como otras audiovisuales a las que también se ayuda. Pero hay una diferencia importante: los videojuegos pueden crear “adicción”, crear problemas de salud a los usuarios, lo que hace más discutible el financiarlos parcialmente con ayudas públicas. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió, el 18 de junio de 2018, incluir la adicción a los videojuegos en la nueva Clasificación internacional de enfermedades(CIE-11), que actualiza el anterior catálogo de 1992. Este nuevo listado de enfermedades, con la adicción a los videojuegos incluida, se presentará a la Asamblea de la ONU de mayo de 2019 y si se aprueba, la lista sería adoptada por todos los países miembros a partir del 1 de enero de 2022.

Pero antes, el 9 de febrero de 2018, el Gobierno Rajoy aprobó la Estrategia Nacional de Adicciones 2017-2024, en la que el Ministerio de Sanidad ha incluido ya a los videojuegos y al juego como “adicciones”. Y eso, porque los expertos estiman que un 2% de los consumidores de videojuegos acaban siendo adictos, con lo que estaríamos hablando de 316.000 jugadores enfermos, una cifra muy llamativa y que ya empieza a notarse en las consultas psiquiátricas y en unidades de tratamiento de ludopatías en grandes hospitales.

El sector de los videojuegos niega estas cifras y critica duramente el “alarmismo” de la OMS y del Ministerio de Sanidad, argumentando que los videojuegos son “cultura” y ayudan a los jóvenes a desarrollar sus capacidades intelectuales, además de haberse desarrollado muchos videojuegos que ayudan a la educación, la sanidad, la cultura, el deporte o la empresa. Y es verdad. Pero también lo es que estos videojuegos (llamados en el sector “serious games”, lo que es muy significativo de lo que consideran al resto…) suponen sólo el 14% de las ventas en España, según los datos del propio Libro Blanco del sector. Y basta que cojamos los videojuegos de nuestros hijos o nietos para que veamos por detrás advertencias europeas (clasificación PEGUI) como “lenguaje soez”, “violencia”, “drogas”, “sexo”, ”juego”, “miedo” o “discriminación”, incluso en videojuegos calificados para menores. Y hay muchos jóvenes que juegan “en línea” (on line) y sus padres no saben a qué juegan.

Parece claro que la industria española de videojuegos puede tener un gran potencial, a la vista del enorme mercado que hay en España y los millones de jugadores. Y también es un hecho que una parte de esta industria es innovadora y puede competir en el mundo, vender fuera, ser una fuente de ingresos y empleo, además de permitir un avance tecnológico medio. Por todo ello, debería ser una industria a apoyar desde la Administración, como otras industrias innovadoras. Pero como una industria, no como un producto cultural. Una cosa es facilitarles financiación (pública y privada), ayudarles a ser competitivos y exportar (con incentivos fiscales y promoción internacional) y otra darles subvenciones como al cine, los libros o la música. Hay que separar lo que es una industria de lo que es un género cultural, porque es dudoso que la mayoría de los videojuegos (superficiales y violentos) lo sean. Las ayudas y el tratamiento deben ser distintos. Porque no tiene sentido subvencionar un videojuego (que no aporta “cultura” y conlleva un riesgo de adicción) y no a un pintor, un grupo de teatro o danza, a un cantante o a un escritor. Al menos para mí.

lunes, 9 de julio de 2018

Pacto salarial: hay que ir más lejos


El pasado jueves, patronal y sindicatos firmaron un acuerdo salarial a 3 años, con una subida del 2 al 3% y un compromiso para que los salarios mínimos lleguen a 1.000 euros en 2020. Es un avance, pero insuficiente: la subida, mayor que los últimos años, se la come la inflación (2,3% en junio). Y todavía no se resarce a los trabajadores del recorte salarial y la pérdida de poder adquisitivo desde 2008: -10,8%. Pero, sobre todo, el acuerdo debería ir más allá y avanzar en algo más importante que los salarios: conseguir un empleo decente, reducir los contratos temporales y a tiempo parcial sin justificación, las claves de unos salarios “de pobres”, un 32% más bajos que en Europa. Y patronal y sindicatos deberían negociar mejoras no salariales, ahora que los beneficios empresariales llevan 5 años subiendo: más formación, cotizaciones a la SS más altas, ayudas a la conciliación familiar, organización interna y contratos estables. Así tendríamos empresas más justas y más competitivas.

enrique ortega

La economía lleva ya 5 años creciendo, pero los salarios de los españoles no se recuperan. Hasta el 31 de mayo, la subida pactada en los convenios firmados (2.385, que incluyen 5,7 millones de trabajadores, sólo un tercio de todos los asalariados) es del 1,59%, similar a la subida de convenio de todo 2017 (+1,45%), aunque mayor a la de años anteriores (del 0,53% en 2013 al 0,99% en 2016). Pero estos datos no son representativos de lo que están subiendo de verdad los salarios porque muchos trabajadores aún no han firmado la subida de 2018 y otros no tienen convenio (muchas pymes y microempresas) y muchos trabajadores (temporales, por horas, eventuales (están “fuera de convenio”.

Por eso, es más representativa la subida salarial que refleja el INE, en su Encuesta trimestral de coste laboral, para los 16 millones de asalariados. El último dato es que los salarios crecieron un +0,8% en el primer trimestre 2018 (el IPC subió un 2%), tras subir un 0,7% en 2017 y bajado un -0,8% en 2016. Y la última estadística, del 28 de junio, es peor: los salarios cayeron un -1,4% entre 2008 y 2016, según el índice de precios del trabajo (IPT), tras subir en 2009 (+1,5%), 2010 (+0,5%), 2014 (+0,8%) y 2015 (+0,7%) y bajar en 2011 (-1,5%), 2012(-1,6%), 2013 (-0,3%) y 2016 (-1,3%). Por autonomías, la caída de salarios fue peor en Madrid (-4%), Asturias y Aragón (-3,8%) y Murcia (-3,7%), mientras sólo crecían los sueldos estos años en el País Vasco (+4,1%), Galicia (+1,2%), Baleares (+1,1%) y Navarra (+0,4%). Si tenemos en cuenta la subida de precios en estos ocho años (+9,4%), el resultado es que los salarios españoles perdieron un 10,8% de poder adquisitivo entre 2008 y 2016.

De hecho, la OCDE acaba de alertar  la semana pasada que, a pesar de la recuperación, España es uno de los 3 únicos países de los 35 de la organización donde cayeron los salarios reales (descontando la inflación) entre 2007 y 2017: un -0,45%, sólo por detrás de Italia (-1,1%) y Australia (-0,6%), mientras crecían una media del +0,6% en toda la OCDE, un 0,5% en Alemania y casi un 1% en Francia. La OCDE lo atribuye al elevado paro en España, la débil productividad y el elevado "subempleo" (empleados que trabajan a tiempo parcial de manera obligada), el 10,5% de los asalariados en España, el subempleo más elevado de Occidente tras Italia (13% asalariados).  

Con esta caída de sueldos en la última década, España se ha alejado aún más de los sueldos europeos. En salario hora, el dato mejor para comparar entre países, los trabajadores españoles cobraban 15,9 euros/hora en 2017, frente a 20,3 euros/hora los trabajadores de la UE-28 y los 23,60 euros/hora que cobran en los países euro, según los últimos datos de Eurostat. Con ello, España es el país nº 16 con los salarios más bajos de Europa, sólo más altos que en Chipre, Grecia, Portugal, Malta y 11 países del Este. Y nuestros sueldos (15,9 euros/hora) quedan muy lejos de los países europeos con los que competimos: 26,4 euros/hora en Alemania (+39,8%), 24,2 euros/hora en Francia (+34,3%), 21,3 euros/hora en Reino Unido (+25,3%) y los 20,4 euros/hora en Italia. Y lo peor es que esta brecha salarial con Europa se ha agravado con la crisis: si en 2008 era del -14,3% con la UE-28, en 2017 era ya del -21,66%. Y del -32,6% con los países euro, según los datos de Eurostat.

Estos bajos salarios en España han provocado además un fenómeno nuevo: la aparición de trabajadores pobres, que se pueda tener un trabajo y “ser pobre”. De hecho, hay más de 2,36 millones de trabajadores (2.368.830 asalariados), el 14,8% del total, que son pobres, porque ganan menos del 60% de la media del país. Con ello, España es el séptimo país del mundo en porcentaje de trabajadores pobres y el primero en Europa, según la OCDE, cuya tasa media (35 países) de trabajadores pobres (8,2%) casi duplicamos.

Pero quizás, el dato más llamativo y preocupante es que los salarios han perdido peso en la economía, en el “reparto del pastel” de la riqueza (PIB). Así, si en 1978, los salarios se llevaban el 52,2% de la riqueza (el máximo histórico) y en 2008, al inicio de la crisis, todavía recibían la mitad del pastel (50,1% del PIB), luego han perdido peso año tras año, con la rebaja de salarios y el elevado paro, hasta cerrar 2017 recogiendo sólo el 47,3% de la riqueza del país. Y en paralelo, los beneficios empresariales han pasado de llevarse el 41,7% del pastel en 2008 al 42,45% en 2017, según la Contabilidad Nacional del INE. El resto, hasta el 100% del PIB se lo llevan los impuestos, el 10,3% de la renta en 2017.

Dicho a lo claro: la crisis ha servido para que los trabajadores españoles pierdan un trozo del pastel de la riqueza (PIB) en beneficio de las empresas. Hay otro dato muy explícito: los beneficios empresariales aumentaron en +98.680 millones de euros entre 2008 y 2017 (82.811 millones se han quedado en las empresas y 15.663 millones han ido a sus accionistas, en forma de dividendos) mientras los salarios totales han caído -10.214 millones desde 2008, según la Contabilidad Nacional (INE), a pesar de la recuperación. Y otro dato llamativo: las empresas españolas consiguieron en 2017 un beneficio empresarial bruto del 42,8% de su producción, frente al 40% de beneficio de las empresas europeas, el 41,2% de las alemanas y el 31,8% de las francesas, según Eurostat. O sea, ganan más que las europeas.

En este contexto, se entiende que los sindicatos lleven meses protestando por las mínimas subidas de salarios de estos años y hayan amenazado con movilizaciones para recuperar lo perdido. Al final, consiguieron firmar con la patronal, el jueves 6 de julio, un pacto salarial por 3 años, que contempla una subida anual del 2% más un 1% más si hay mejoras de productividad. Y lo más importante: la patronal se compromete con los sindicatos a recomendar a las empresas que suban los salarios mínimos en los convenios, para que en 2020 estén en los 14.000 euros anuales, 1.000 euros mensuales en 14 pagas. Un acuerdo que, si se cumple (es una “recomendación”) va más allá del acuerdo firmado en diciembre de 2017 por el Gobierno Rajoy, sindicatos y patronal para subir el salario mínimo (SMI) de 707 euros a 850 euros en 2020.

Este pacto salarial es un importante avance, porque asegura una cierta paz laboral a 3 años y mejora las subidas de sueldos en convenio de los últimos años (del +0,5 en 2013 al 0,09 en 2015 y el 1,49% en 2017), aunque no concreta el sistema de revisión salarial, que puede ser motivo de conflictos, máxime cuando la inflación anual está en el 2,3% en junio y puede subir más con el petróleo y el alza de tipos en 2019. Pero el mayor avance está en la recomendación de subir a 1.000 euros el salario mínimo., una medida que va a beneficiar a 2,2 millones de trabajadores que cobran menos, además de a muchos trabajadores a tiempo parcial, que también verán mejorado su salario. Los más beneficiados serán los asalariados que menos cobran hoy: los de la enseñanza privada no concertada  (les subirá el sueldo un 55% para 2020) y concertada (+13,9%), los de productos cocinados para venta a domicilio (+47,5%), el personal que atiende a discapacitados (+38,2 subirá su sueldo) y a dependientes (+12%), personal de peluquería y gimnasios (+31,2%), trabajadores de ocio y animación socio-cultural (+29,6%) y de la industria audiovisual (+32,1%).

Si se cumple esta parte del pacto salarial, tendremos salarios mínimos más decentes en 2020. Hay dos pegas. Una, que muchas pequeñas empresas y microempresas no tienen convenio ni sindicatos y será difícil que sus trabajadores consigan este salario mínimo (sí el SMI acordado en diciembre, que es obligatorio). Y la otra, que el nuevo salario mínimo queda aún muy lejos del que se paga hoy en la mayoría de Europa: hay 7 países con el SMI más alto que España (859 euros en 12 pagas este año): Luxemburgo (1.999 euros), Irlanda (1.619), Holanda (1.578), Bélgica (1.563), Alemania (1.498), Francia (1.498) y Reino Unido (1.401 euros), según Eurostat. Italia, Dinamarca, Austria, Finlandia, Suecia y Chipre no tienen salario mínimo y en los países del Este oscila entre 503 euros (Polonia) y 261 euros (Bulgaria).

El pacto salarial entre la patronal CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CCOO incluye también otros acuerdos no salariales. Unos sobre temas laborales, como la intención de reformar con el Gobierno las subcontratas, para evitar tanta precariedad, o la intención de reducir la jornada temporalmente antes que pensar en nuevos despidos (no se habla del exceso de horas extras, la mitad sin pagarlas, que habría que recortar). Y otro sobre la intención conjunta de mejorar la formación de los trabajadores, reformando el sistema actual (el Gobierno Rajoy hizo una reforma que dejó fuera a sindicatos y patronal) y reasignando automáticamente a otro ejercicio el dinero remanente (ahora no se gastaba). También se plantea un apartado sobre la igualdad laboral y salarial de hombres y mujeres, donde plantean la necesidad de equiparar los permisos de paternidad y maternidad y la reducción de jornada o el estudio del sistema de pluses y complementos salariales, pero sin compromisos concretos sobre informar en las empresas de la brecha salarial de género. Otro apartado del acuerdo hace referencia al relevo generacional, al rejuvenecimiento de plantillas, pero también sin acordar medidas concretas. Y hay dos puntos más incluidos por presión de la patronal: el estudio del absentismo laboral (habrá un informe en 6 meses) y la lucha contra la economía sumergida (se habla de un Plan para reducir la “competencia desleal”).

Todo esto está muy bien, pero sindicatos y patronal tienen que seguir avanzando en estos temas, sabiendo que la mayoría exigen Leyes y normas que han de pactar con el nuevo Gobierno y que son difíciles de aprobar en esta Legislatura, con un Parlamento tan dividido. Pero su obligación es hacer propuestas, porque son cuestiones clave para consolidar la recuperación. En especial, la lucha contra la precariedad, la temporalidad y el trabajo esclavo, que son un cáncer para las empresas y su productividad. Urge un Pacto por el empleo decente y bien pagado, tras esta década de sacrificios de los trabajadores españoles.

Otra cuestión clave son las cotizaciones sociales: sindicatos, patronal y Gobierno deberían pactar una subida escalonada, porque en España son más bajas que en Europa. En 2017, las cuotas a la SS que pagaban empresarios y trabajadores suponían el 12,2% del PIB en España, por debajo del 13,3% de media en la UE-28 y el 13,2% en Italia, el 16,7% del PIB que pagan en Alemania y el 18,8% en Francia, según Eurostat. Eso significa que hay un margen para cotizar como los europeos e ingresar 12.500 millones más por cotizaciones. Y a corto plazo, si se obliga a cotizar por todo el sueldo (quitando el tope actual a los 3,4 millones de trabajadores que ganan más de  45.000 euros anuales), la Seguridad Social ingresaría 4.500 millones más al año. Serían dos medidas claves para asegurar las pensiones a medio plazo.

Hay otra serie de temas claves que no tienen que ver con salarios, cotizaciones o contratos, en los que deberían volcarse patronal y sindicatos, con el apoyo de los políticos. Uno de ellos es la formación de los trabajadores y de los parados, muy deficiente hoy: un 41,7% de los españoles adultos (25-64 años) tienen un nivel educativo bajo (sólo con la ESO acabada o ni siquiera), frente al 20,3% en Europa o el 22,4% en la OCDE, el peor dato de toda Europa salvo Portugal (53,1% poco formados), muy lejos del 13,1% de poco formados de Alemania, el 20,2% de Irlanda, el 21,9% de Francia, el 35,7% de Reino Unido o el 39,9% de Italia, según los últimos datos de la OCDE (“Panorama de la educación 2017”). En el medio, tenemos menos adultos con formación media: el 22,5% de españoles tienen Bachillerato o FP, frente al 46,4% de media en Europa y el 44,2% en la OCDE. Y eso sí, por arriba, tenemos más universitarios que la mayoría: un 35,7% de los adultos en España, frente al 33,4% en Europa y el 36,7% en la OCDE, el 28,3% en Alemania o el 34,6% en Francia.

Otro tema clave es mejorar el clima laboral y la organización de las empresas, porque el estilo del “ordeno y mando” y “exijo a golpe de despido” no son los mejores caminos para mejorarla productividad en una empresa, que exige participación y colaboración. Y además, las empresas deberían apostar por la innovación, la tecnología y la digitalización, implicando en ello a sus trabajadores. Y forzar con ellos al Gobierno en el recorte de otros costes empresariales, para que haya más recursos para el empleo, la formación y los salarios: recorte de los costes energéticos (las empresas españolas pagan la luz un 20% más cada que las europeas, según Eurostat), de los costes financieros y logísticos.

El pacto salarial recién firmado es un buen principio, pero empresas y sindicatos deberían ir más allá, apoyados y acuciados por el Gobierno y los políticos. Deberían conseguir un empleo más estable y menos precario, mejorar las condiciones laborales y el clima de trabajo, cotizar más y de forma más justa para salvar las pensiones, apostar por la formación y la innovación y tratando de recortar los costes no laborales y los dividendos desorbitados, para dejar más margen a la inversión, el crecimiento y el empleo. Demostrar que se puede competir y tener beneficios razonables con salarios y empleos decentes, con trabajadores más formados y más implicados en las empresas. No es mucho pedir, aunque ahora parezca imposible.

jueves, 5 de julio de 2018

Dime qué son tus padres y te diré qué serás tú


Lo llaman “el ascensor social”: que un hijo de padres pobres suba de escalón social (algo difícil) y que un hijo de padres con posibles baje de clase (más difícil todavía). La OCDE revela que el “ascensor social” está averiado en Occidente y que España tiene poca movilidad social a corto plazo (la gente no mejora en unos años), algo más de padres a hijos (pero el 28% de los hijos de familias con bajos ingresos se quedan ahí) y mejora más a largo plazo, aunque hacen falta 4 generaciones para dar “el salto social”. Las causas de esta baja movilidad social en España son el paro y la educación: los jóvenes españoles no están suficientemente preparados, hay demasiado abandono escolar y demasiado paro juvenil. Por eso, la OCDE nos “receta” mejorar las ayudas a los parados, gastar más en educación y becas, ayudar a las familias pobres con niños y aprobar impuestos más progresivos. Para que “el ascensor social” funcione.

enrique ortega

Nace ya criado el que de padre rico es engendrado
Refrán popular
El aumento de la desigualdad, uno de los grandes males de este siglo, acarrea un deterioro de la movilidad social: los ricos son cada vez más ricos y los pobres se mantienen ahí, sin poder mejorar su situación, sin subir en “el ascensor social”, según revela un reciente estudio de la OCDE. Si se compara la desigualdad y el salto de rentas entre generaciones, lo que se llama “la curva del gran Gatsby”, se comprueba que en Occidente hay tres grupos de países, según el estudio de Miguel Requena, catedrático de la UNED. Uno, los países escandinavos y Canadá, con alta movilidad social: menos del 20% de la ventaja o desventaja de los padres se traslada a los hijos. Otro, de los países con baja movilidad social, como EEUU, Reino Unido e Italia, donde la mitad (50%) de la ventaja o desventaja de los padres se traslada a los hijos. Y un tercer grupo, donde estarían España y Francia, con una movilidad intermedia tirando a baja, porque el 40% de la situación de los padres se traslada a los hijos.

En cualquier caso, una de las lacras de esta última crisis, con su secuela de paro y precariedad laboral, es que ya hay muchos hijos que viven peor que sus padres. “El ascensor social en España está parado desde los años 90”, señala Ildefonso Marqués en su libro “La movilidad social en España”. Según sus investigaciones, la movilidad intergeneracional está “estancadadesde hace 25 años, aunque sí ha mejorado la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, pero no lo suficiente. Y Requena aporta un dato llamativo: el 63% de los hijos de profesionales y directivos logran un título universitario frente a sólo un 26% los hijos de los trabajadores. O sea, que no todos los jóvenes españoles puedan ser universitarios.

Lo que sí es cierto es que España tiene más universitarios que nunca: un 41,2% de españoles entre 30 y 34 años tienen estudios superiores (47,5% mujeres y 41,2% hombres), más que la media europea (39,9% de universitarios), más que Alemania (34%) e Italia  (26,9%) y sólo menos que Francia (44,3%) y Reino Unido (48,3%), según Eurostat. Pero eso tampoco indica que vayan a encontrar un trabajo acorde a su formación. De hecho, a la hora de trabajar, pesa mucho el origen social, según el libro de Marqués, porque juegan mucho los “añadidos” al título universitario (máster, postgrados en el extranjero, idiomas…)  y, sobre todo, las relaciones y “contactos” de la familia del universitario. Así se explica que los universitarios hijos de directivos y profesionales tienen 2,8 veces más probabilidades de llegar a ser directivos o profesionales que los universitarios hijos de trabajadores, según el catedrático Requena. Y 1,4 veces más que los universitarios hijos de las clases medias.

España es uno de los países occidentales con baja movilidad social a corto plazo, según el reciente estudio “A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility”, de la OCDE: el 55% de la población está “atascado en el mismo escalón social, sin posibilidad de mejorar en unos años. Y esa escasa movilidad a corto plazo se agrava en los extremos: el 20% más pobre de la población española  tiene pocas posibilidades (36%) de mejorar su situación en 4 años, frente al 43% que la mejoran en la OCDE. Y el 20% más rico de españoles permanece en ese alto nivel en los siguientes 4 años, frente al 68% en la OCDE. Esta menor movilidad social a corto en España se explica, según la OCDE, por el alto nivel del paro de larga duración (la mitad de todos los parados llevan más de un año sin trabajar) y por la precariedad laboral, muchos contratos temporales y a tiempo parcial mal pagados.

España mejora algo en la movilidad a medio plazo, de padres a hijos, lo mismo que pasa en los países del sur de Europa, según este informe de la OCDE. Así, el porcentaje de hijos de padres con bajos ingresos que terminan con bajos ingresos es del 28% en España, menos que en la OCDE (31%), siendo también más los que acaban ricos (19% frente a 18% en la OCDE). Y en la franja alta, el porcentaje de hijos de padres con ingresos altos que acaban también con ingresos altos  es el 34%, inferior a la OCDE (42% hijos de ricos acaban ricos), siendo también más los hijos de ricos que bajan de escalón (el 20% frente al 18% en la OCDE). Pero ojo, hay otro dato demoledor: 1 de cada 2 hijos de gerentes acaban de gerentes mientras sólo consiguen ese puesto 1 de cada 5 hijos de un trabajador manual.

Y lo que no acaba de funcionar es la movilidad educativa, donde España se sitúa a la cola de la OCDE, junto a Portugal. Y es que más de dos tercios (69%) de los hijos de padres con alto nivel educativo acaban en la Universidad en España mientras que sólo lo consiguen menos de la cuarta parte (el 22%) de los hijos de padres con bajo nivel educativo, según la OCDE. Y al mismo tiempo, el 56% de los niños de padres con un nivel educativo bajo también permanecen en bajos niveles educativos en España, frente a sólo el 42% en la OCDE. O sea, que falla estrepitosamente el ascensor educativo, aunque creamos que no. Y esto se debe, sobre todo, a los altísimos niveles de “abandono escolar” en España, que afecta más a las familias con bajos ingresos: el 18,3% de los jóvenes (18-24 años) no termina la ESO, frente al 10,6% en la UE-28, el 10% en Alemania o Reino Unido y el 8,9% en Francia, según Eurostat.

En el tercer eslabón, la movilidad social a largo plazo, España mejora, gracias a lo avanzado en la transición y antes de la crisis de 2008, con las mejoras en la educación, las becas y las ayudas públicas, junto a un sistema fiscal más progresivo que el actual. Gracias a todo ello, los niños españoles nacidos en una familia de bajos ingresos tardarían 4 generaciones (los tataranietos de los niños de hoy) en alcanzar el ingreso medio, algo menos que el promedio que tardarían en la OCDE (4,5 generaciones). Eso nos sitúa en una posición intermedia, según la OCDE: peor que los países nórdicos (en Dinamarca tardarán 2 generaciones y en Noruega, Finlandia y Suecia, 3 generaciones), igual que muchos países occidentales (en Nueva Zelanda, Canadá, Grecia, Bélgica, Australia, Japón y Holanda harían falta también 4 generaciones) , mejor que otros (en Portugal, Irlanda, Corea, EEUU, Reino Unido, Italia, Suiza y Austria hay que esperar 5 generaciones) y bastante mejor que el resto (en Francia y Alemania hay que esperar 6 generaciones y en China o India, 7).

Sin saber estos datos concretos, la percepción de los españoles es que “el ascensor social” no funciona: somos el 2º país occidental que menos confía en “la meritocracia” y que más importancia da al “origen social”, según la OCDE: el 53% de españoles cree que tener padres con ingresos y mejor educación es “la clave para triunfar en la vida”, frente al 37% que lo creen en los 35 países de la OCDE. Y también somos los occidentales más pesimistas sobre la posibilidad de mejorar de status: sólo el 25% de los españoles contestaron en la encuesta de la OCDE que iba a mejorar su situación financiera ese año (2015).

En definitiva, que los españoles tenemos interiorizado que la clave para triunfar es la familia donde se nace, no lo que uno se esfuerza después. Y esto se ha agravado con la crisis, porque hay muchos jóvenes que piensan que estar formados ya no sirve: ven que tienen una carrera y hasta un máster y acaban sirviendo en un Burger o de cajera de supermercado. Pero es una percepción errónea, como demuestra el estudio del profesor Requena: la educación es un factor más relevante que el origen social, es el factor clave para el futuro de cualquiera. Y lo demuestra con tres argumentos. Uno, la educación aumenta las posibilidades de ascender en la escala social y más cuanto más bajo se está. Dos, reduce las posibilidades de descender: caen más de clase social los que están menos preparados. Y tres, la educación reduce el riesgo de quedarse en paro: la tasa de paro de los universitarios españoles en del 9,32%, frente al 17,22% de paro entre los que tienen bachillerato, el 22,79% de los que no acabaron la ESO y el 45,89% de paro de los analfabetos, según la EPA de marzo de 2018.

Y aunque no lo parezca, otro factor clave para la movilidad social es la salud. Y eso porque la salud también “se hereda”, depende mucho de la situación social de los progenitores, según el informe SESPAS 2014, que demuestra, con datos empíricos, que los niños y niñas de familias con bajos ingresos corren el riesgo de tener peor salud y con ello un peor nivel educativo, que les mantenga en su misma clase social cuando lleguen a adultos. En caso de familias pobres con niños, el riesgo de estos  niños es que su posible mala salud les haga bajar en el ascensor social. Incluso se ha detectado que niños de familias desfavorecidas tienen mayores problemas para el desarrollo cognitivo en sus primeros años, claves para su formación.

En definitiva, falla el ascensor social, en Occidente y en España, más tras esta dura crisis, por sus secuelas de paro, precariedad, pobreza y desigualdad. Pero hay un factor clave, la educación, que es mucho más preocupante en España, según los datos impactantes de la OCDE (“Panorama de la educación 2017”): un 41,7% de los españoles adultos (25-64 años) tienen un nivel educativo bajo (sólo con la ESO acabada o ni siquiera), frente al 20,3% en Europa o el 22,4% en la OCDE, el peor dato europeo, salvo Portugal (53,1% poco formados), muy lejos del 13,1% de poco formados de Alemania, el 20,2% de Irlanda, el 21,9% de Francia, el 22,9% de Holanda, el 35,7% de Reino Unido o el 39,9% de Italia. En medio, tenemos menos adultos con formación media : el 22,5% de españoles tienen Bachillerato o FP, frente al 46,4% en Europa y el 44,2% en la OCDE, con lo que somos el 2º país europeo con menos adultos de formación media, tras Reino Unido (18,4%), muy lejos de Alemania (58,2% adultos con Bachillerato o FP), Francia (43,5%), Italia (42,4%), Holanda (41,1%), Irlanda (37%) y hasta Grecia (41,4%) o Portugal (23,1%). Y por arriba, tenemos más universitarios que la mayoría: un 35,7% de los adultos en España, frente al 33,4% en Europa, el 36,7% en la OCDE, el 28,3% en Alemania o el 34,6% en Francia.

Y este preocupante panorama educativo se agrava con otros datos, referidos a la calidad de la enseñanza en España. Como los del informe PISA, que revelan el atraso de los jóvenes españoles (15 años) en habilidades importantes para trabajar, como habilidades en Ciencia (493 puntos, el puesto 30 en el ranking mundial), en matemáticas (486 puntos, el puesto 30º), comprensión lectora (496 puntos, el 25º en el ranking) o conocimientos financieros (469 puntos, el país 10º de los 15 evaluados por la OCDE). Otro problema preocupante, es el elevado nivel de abandono escolar temprano, clave para frenar la movilidad social: un 18,3 % de los jóvenes de 18 a 24 años, 3.120.000 jóvenes) que  han abandonado la enseñanza obligatoria antes de terminarla, lo que nos convierte en el 2º país europeo con más abandono escolar, tras Malta (18,6%), muy por encima de la media europea (10,6%). Y encima, somos el 7º país europeo con más “ni-nis”, jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan: son el 17,1% (casi 3 millones de jóvenes), frente al 14,3% en Europa.

Si el estado de la educación en España es preocupante, lo es más lo poco que se hace para mejorarla. Por un lado, se gasta menos en educación: un 4% del PIB en España, frente al 4,7% en la UE-28 y Reino Unido, el 6,9% en Dinamarca, el 5,4% en Francia o el 4,2% en Alemania, según Eurostat. Y además, la enseñanza superior es más cara en España: la Universidad tiene las tasas más altas de Europa, sólo por detrás de Irlanda, Reino Unido, Holanda e Irlanda, según un estudio de la Conferencia de Rectores (CRUE). De hecho, el coste medio de un grado en España es de 1.262 euros al año (desde 2.011 euros en Cataluña a 713 en Galicia y 756 en Andalucía), frente a 184 euros en Francia y ningún coste en Alemania, Austria, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Y aún son más caros los másteres: 1.991 euros de media en España frente a 256 euros en Francia y un menor coste en el resto.

Y frente a este mayor coste, España gasta en becas entre la mitad y un tercio que la media de la OCDE. Y además, el gobierno Rajoy rebajó las aportaciones a becas (de 943 millones en 2011 a 838 en 2016) y sus importes medios (de 3.247euros en 2010 a 2.649 euros en 2016). Y también restringió los criterios (económicos y académicos) para concederlas, con lo que hay unos 70.000 universitarios necesitados que se han quedado sin poder solicitar beca, según ha denunciado la Conferencia de Rectores (CRUE).

La OCDE, en su estudio sobre el ascensor social en Occidente, reitera que la clave para que haya más movilidad social es la educación. En el caso de España, la OCDE nos propone 5 medidas: reforzar el apoyo a los parados (mejorando las oficinas de empleo), mejorar la formación de los jóvenes (promoviendo la Formación Profesional) y la educación de adultos, afrontar el abandono escolar temprano, mejorar la calidad de la enseñanza y actuar frente a los altos niveles de pobreza infantil, con ayudas directas a los niños y mejorando los trabajos e ingresos de los padres. Además, la OCDE y los expertos coinciden en otras medidas básicas para mejorar la movilidad social: más gasto en becas y en educación (sobre todo en pre-escolar y primaria, los años claves para reducir las diferencias de origen familiar), universalización y mejora de la sanidad, reducir la evasión fiscal en las herencias y diseñar sistemas fiscales progresivos, que contribuyan a reducir desigualdades. En definitiva, que el Gobierno ayude a evitar que los que nacen pobres mueran pobres y también lo sean sus hijos y nietos. Que el “ascensor social” funcione mejor. Otro gran reto para este siglo.