lunes, 29 de julio de 2013

Carburantes: otro verano con precios récord


Nueva Operación Salida esta semana y nueva subida prevista de los carburantes, que llevan subiendo desde finales de junio. Se repetirá así la historia del verano 2012, cuando los carburantes batieron en agosto su récord histórico: 1,52 euros el litro de gasolina. Y todo porque el sector petrolero sigue sin competencia, dominado por un triopolio (Repsol, Cepsa y BP) que controla el 73% del mercado y el 80% de las gasolineras. El Gobierno les ha abierto  en mayo otro expediente por falta de competencia, que se suma al de marzo por el “efecto lunes”: bajan precios para quedar bien en las estadísticas que mandan a Bruselas y los suben el martes. La reforma aprobada por el Gobierno en febrero para abrir el mercado y forzar la competencia tardará en surtir efectos (limitados). Mientras, hacen falta multas ejemplares para que no abusen de su poder a costa de nuestros bolsillos.
enrique ortega

Se repite la historia del año pasado con los carburantes: en junio, estuvieron bajando todo el mes, hasta que subieron la última semana, para aprovechar la primera Operación Salida de las vacaciones, con lo que dispararon el IPC. Y en julio han seguido al alza (+2,1% la gasolina y +2,4% el gasóleo), con precios más altos que hace un año (+9,27% gasolina y +7,15% el gasóleo), a la espera de una segunda fase de la Operación Salida del verano, donde Tráfico espera 80 millones de desplazamientos, dos millones más que el verano pasado. Y así, podemos esperar que, a finales de agosto, coincidiendo con la vuelta de vacaciones, volvamos a ver precios récords, como en agosto de 2012, cuando la gasolina alcanzó los 1,522 euros por litro y el gasóleo 1,450 euros.

A más demanda, las petroleras aprovechan para subir los precios, que también suben en los mercados internacionales de carburantes. Y eso, básicamente, porque no hay competencia. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) abrió, a finales de mayo, una investigación a las petroleras (incluso con registros sorpresa en sus oficinas, que se han repetido a finales de julio) por “posibles prácticas restrictivas de la competencia”, para intentar demostrar posibles acuerdos para fijar precios. Además, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) les abrió en marzo otro expediente por el “efecto lunes: acordar bajar precios el lunes, día que se envían a Bruselas, para subirlos el martes, una práctica comprobada desde el verano pasado (ahora es el "efecto viernes", día que Repsol baja los carburantes y muchos le siguen). Y como tercer frente, la CNE investiga a las gasolineras de Aragón, País Vasco y Rioja (las tres únicas autonomías sin “céntimo sanitario”) porque están aprovechando su menor fiscalidad para subir precios.

El problema de fondo es que en el sector petrolero español, liberalizado hace 15 años, hay poca competencia y está dominado por tres empresas : Repsol, Cepsa (controlada por IPIC, la empresa estatal de Abu Dabi) y la británica BP. Un triopolio que controla toda la cadena del  negocio, desde la compra internacional de crudo y carburantes, el refino (las 9 refinerías que hay en España son suyas, mientras en otros países hay entre 5 y 10 operadores refinando), el almacenaje, transporte y distribución (tienen el 29,15% de CLH, la antigua CAMPSA y controlan la logística) y, sobre todo, la venta en gasolineras: controlan el 73% de la venta de carburantes (45% Repsol, 16% Cepsa y 12% BP), aunque en la mayoría de provincias (Madrid incluida) superan el 80% del mercado con gasolineras propias o abanderadas. Un poder que contrasta con el de las grandes petroleras en Francia (50% mercado) o Italia (31%).

Y gracias a este poder, el triopolio es capaz de adelantar o retrasar compras de carburantes, establecer cuellos de botella en la logística que perjudiquen a la competencia y forzar a las gasolineras a pactar precios (a cambio de mejores comisiones), como denuncia un detallado informe de la CNC, que ya les impuso en 2009 una multa de 7,9 millones por pactar precios.

El resultado de este enorme control del mercado por las tres hermanas es que sus márgenes son más elevados que en Europa. El precio de los carburantes se compone de tres partes: coste del petróleo o carburantes en el mercado internacional (para España, en Rotterdam y Génova), los impuestos y el margen bruto, que incluye los costes del transporte, almacenamiento, distribución y comercialización (venta en gasolineras). Y resulta que el coste de los carburantes sin impuestos es más alto en España que en la media de Europa: +4,4 céntimos por litro la gasolina y +2,7 céntimos el gasóleo. Y eso se debe a que las petroleras en España tienen más margen, bien porque tienen más costes (menos eficiencia) o más beneficios o las dos cosas.

De hecho, España es el país europeo donde las petroleras han aumentado más sus márgenes brutos con la crisis, entre 2007 y 2010: un 21% en el gasóleo (80% ventas) frente al 16% en Francia, 9% en Italia, 7% en Reino Unido o 5% en Alemania, según la CNC. Otro dato revelador. En 2006, el margen bruto de los carburantes era 16 pesetas litro (9,68 céntimos de euro), que se repartían a medias entre petroleras y gasolineras. En 2012, este margen bruto es de 27 pesetas (16,22 céntimos), que ahora van un tercio a la gasolinera (5,4 céntimos litro) y dos tercios a las petroleras (10,8 céntimos litro), aunque ellas dicen que la mayor parte son costes (financieros, transporte, almacenamiento y distribución) y que sólo ganan entre 1 y 1,5 céntimos por litro.

Al final, aunque el margen de las petroleras es mayor en España, los usuarios pagamos los carburantes más baratos que la mayoría de europeos (13,2 céntimos/litro más barata la gasolina y 8,3 céntimos litro más barato el gasóleo que la media UE-28) .Y eso, porque pagamos menos impuestos, aunque ya suponen la mitad del precio de la gasolina (49,89% frente al 55% en UE) y algo menos en el gasóleo (45.08% frente al 50% en UE). Y eso, por la fuerte subida de impuestos a los carburantes desde 2009, nada menos que 18 céntimos por litro, debido a la subida de los impuestos especiales (2009), dos subidas del IVA (la última, en septiembre 2012, supuso 3,5/3,6 céntimos por litro), las subidas del céntimo sanitario en once autonomías (+2.2/2,5 céntimos litro sólo en 2012) y la subida en enero 2013 de la fiscalidad a los biocarburantes (+2,4/+2,6 céntimos litro gasolina/gasóleo).

Ahora, la Comisión Europea presiona a España para que suba aún más estos impuestos y los ponga “a nivel europeo”, para lo que Rajoy tiene de plazo hasta marzo de 2014. Eso supondría una subida del 9% para la gasolina (12 céntimos litro) y 6% para el gasóleo (9 céntimos litro), lo que sería la puntilla al transporte profesional y al consumo de carburantes, que en 2012 ya bajó a niveles de 2002. Por ello, el Gobierno quiere, antes de subir impuestos, forzar a las petroleras a bajar sus márgenes, para lo que aprobó una reforma en febrero en dos frentes. Por un lado, limitar el poder de las grandes petroleras: les prohíben recomendar precios a las gasolineras, les obligan a revisar y acortar los contratos con ellas (de 5 años a 1), no podrán abrir nuevas donde tengan más del 30% de mercado y se revisará el funcionamiento de CLH y el mercado mayorista. Por otro, se facilita que otras empresas abran gasolineras en centros comerciales, polígonos industriales y cooperativas, para fomentar la competencia.

Las medidas están bien, pero tardarán años en surtir un efecto limitado, quitando al triopolio sólo entre un 5 y un 10% del mercado (como mucho). Por eso, debe irse a fondo en las investigaciones y los expedientes, con multas ejemplares que limiten los abusos de las petroleras. Y en paralelo, hay que mantener las ayudas (Plan PIVE)  para cambiar de coche (un 40% del parque tiene más de 10 años y consumen un 15% más) y fomentar el transporte por tren y barco (en España, un 83% de las mercancías van por camión, frente al 45% en la UE), para reducir el consumo y la factura de los carburantes. Porque, con mayores o menores márgenes (al final, se podrían ganar sólo unos 5 céntimos por litro, el chocolate del loro), llenar el depósito será cada vez más caro. Por el petróleo y por los impuestos, márgenes aparte.

jueves, 25 de julio de 2013

Poco empleo (precario) y mucho paro (crónico)


El Gobierno echa las campanas al vuelo con los datos de paro, insistiendo que ha acabado la recesión. No es verdad. Primero, se ha creado poco empleo y muy precario. Y siguen perdiendo empleo la industria y la construcción, creciendo sólo por el turismo y el campo.  Segundo, un tercio de la bajada del paro se debe a que menos gente busca trabajo, porque han salido de España o se han “desanimado”. Lo grave es que rondamos los 6 millones de parados, duplicando la tasa europea. Que más de la mitad llevan más de un año en paro y no cobran ya ningún subsidio. Y que en 2013 y 2014, España perderá empleo neto, según las previsiones del Gobierno, al margen de las alegrías de primavera y verano. Así que, dejémonos de triunfalismos y afrontemos una política para crear empleo y formar mejor a los parados, aumentando los subsidios para que no pasen hambre. Hagan algo ya.
 

La EPA del segundo trimestre tiene un dato indudablemente positivo: se han creado 149.000 empleos (en 2012 se perdieron 16.000 y en 2011 se crearon 151.000). Pero al mirar más, se ve que son empleos muy precarios: dos de cada tres son a tiempo parcial y casi todos temporales. Típicos de la hostelería, el turismo y las tareas agrícolas, empleos que acaban con el verano. Y sigue cayendo la ocupación en la industria (-16.800) y la construcción (-26.500).

El paro ha caído más en el segundo trimestre, en 225.200 personas, aunque sigue en el 26,26%, más del doble que en Europa (11%). Un tercio se explica porque hay 76.200 personas en edad de trabajar que ya no buscan empleo, o porque se han ido de España (españoles e inmigrantes) o porque se han desanimado y ya no lo buscan. Los activos llevan cayendo desde 2010 y más en el último año, en que hay 349.100 personas que ya no buscan trabajo, lo que reduce el paro sin necesidad de crear empleo. Una tendencia que seguirá, porque la mayoría de los parados ya no cobra subsidio y no les compensa estar apuntados al paro dado que el SPE (antiguo INEM) sólo encuentra empleo al 3%.

Así pues, más empleo (precario) y menos parados (porque muchos ya ni buscan). Y mientras, las frías estadísticas de la EPA revelan tres datos estremecedores. Uno, que más de la mitad de los parados (3.492.900, el 58,43%) llevan más de un año sin trabajo: 1.393.700 más de un año y 2.099.200 más de dos años (y de ellos, 1.100.000 más de 3 años). Un dato preocupante, porque cuanto más tiempo se lleva en paro, menos posibilidades hay de encontrar empleo, según los expertos (sólo un 11,7% pasado dos años), con lo que la mitad del paro en España es estructural: podría seguir ahí cuando salgamos de la crisis. Dos, que sigue habiendo dos Españas para el paro, con cinco autonomías por encima del 30% (35,79% Andalucía, 34,96% Ceuta, 33,69% Extremadura y Canarias, 30,29% Castilla la Mancha) y tres por debajo del 20% (15,46% País Vasco, 18,32% Navarra y 19,52% Madrid). Y tres, que más de la mitad de los parados EPA no cobran ya ningún subsidio.

De los 5.977.500 parados estimados en junio, sólo el 47,72% cobraba algún subsidio (2.852.801 en mayo, según Empleo): el 45% cobraban una prestación contributiva de 849 euros (media), y el resto prestaciones asistenciales de 426 euros. Y la mayoría, el 52,28% de los parados estimados no cobra nada. Esto no es sólo porque hayan agotado los dos años de paro, sino también porque el Gobierno Rajoy ha implantado una serie de recortes en el desempleo: reducción de la prestación del 60 al 50% de la base reguladora desde el 7º mes de desempleo, eliminación del subsidio extraordinario para mayores de 45 años, elevación de la edad del ordinario de 52 a 55 años y negación de ayudas a parte de los parados mayores de 55 años. Además, introdujo subsidios parciales en lugar de completos, endureció el acceso a la renta activa de inserción, redujo la cotización a la SS con cargo al Estado de los desempleados y cortó subsidios a los 61 años para forzar la jubilación anticipada.

Con ello, hay menos parados que cobran (es la cobertura más baja de la crisis), reciben menos (el subsidio medio ha pasado de 865 a 849 euros en el último año) y todo apunta a que sufrirán más recortes antes de final de año, porque el presupuesto no llega. En 2012 hubo un gasto real en prestaciones de desempleo de 31.706 millones y este año se han presupuestado 26.721 millones, un 15% menos. Pero hasta mayo, la factura sólo había bajado un 1%, con lo que se esperan más recortes en las prestaciones de desempleo para otoño.

Y en otoño, tras un tercer trimestre (verano) de creación de empleo (precario) y nueva bajada del paro, volveremos a la realidad: la economía está parada y no se crea empleo. Es más, la previsión del Gobierno (enviada en abril a Bruselas) es que 2013 se cierre con una pérdida de 576.500 empleos. Y que en 2014 se pierdan otros 65.500, porque la economía sólo crecerá un 0,5%. O sea que seguiríamos con el paro en el 26% durante el próximo año y medio. Y si baja de los 6 millones es porque aumentan los desanimados que no buscan ya empleo porque no ven posible encontrarlo (sobre todo mayores de 45 años y mujeres).

Por eso, es inmoral hacer triunfalismo con las cifras de paro de un trimestre: España tiene un problema de paro estructural, como alerta la OCDE, con más de la mitad de los parados que no ven perspectiva, o bien por su edad (2 millones de parados tienen más de 45 años) o bien por su baja formación: más de la mitad tienen una formación básica y 3 de cada 4 nuevos parados con la crisis sólo tienen estudios primarios o secundaria incompleta. Y eso obliga a volcarse en políticas activas de empleo, destinando medios y recursos a la formación y reciclaje de parados, junto a ayudas para la contratación de mayores de 45 años, mujeres y jóvenes.

Pero el Gobierno Rajoy hace lo contrario: recortes. El Presupuesto de las políticas activas de empleo (formación y bonificaciones a la contratación) ha pasado de 7.307 millones en 2011 a casi la mitad (4.193 millones) en 2013. Y además, se han suprimido 3.000 empleos de orientadores a parados en el SPE, un servicio que no ayuda a encontrar empleo (sólo el 3% de los contratos) ni ofrece apenas cursos de interés, mientras aún no se han firmado los convenios con las ETTs privadas para que ayuden a colocar a parados. Y hasta enero no se utilizarán los primeros 950 millones de la última Cumbre UE para ayudar a contratar jóvenes en paro.

La Comisión Europea, el FMI y la OCDE han criticado a España por no poner en marcha políticas activas de empleo ni evaluar lo que se hace, disperso entre las autonomías, más preocupadas por recortar el gasto (y “limpiar” las listas del paro, como Madrid) que en invertir dinero en ayudar a colocar a los parados. Pero no nos engañemos: para colocar a los parados tiene que haber empresas que los contraten. Y el problema es que la economía sigue en recesión (ya lleva dos años cayendo), no hay demanda (hay mucho paro y los salarios siguen cayendo), no hay ventas, no hay crédito, y así no hay empresa que contrate.

Al final, volvemos a lo mismo: o Europa y España reaniman sus economías, ingresando más de las empresas y los más ricos para destinarlo a promover inversiones, o seguiremos con una economía estancada, que podría empezar a crecer algo a finales de año, pero tan poco que no se creará empleo neto hasta 2015 (según el Gobierno). Y tan poco, que hará falta otra década para que el paro baje de los 4 millones. Y muchos de los parados actuales, si no se hace nada, ya no volverán a trabajar nunca más. Un drama como para que hagan triunfalismo barato. Hagan algo. Cambien.

lunes, 22 de julio de 2013

El pago por receta salva a las autonomías


El copago por receta ha cumplido un año el 1 de julio, consiguiendo rebajar más el gasto farmacéutico y reduciendo por primera vez el número de recetas. También ha ayudado el medicamentazo (dejar de financiar 426 fármacos), aprobado en septiembre. Pero el mayor ahorro se ha conseguido con la bajada de precios impuesta a laboratorios y farmacias desde 2010. Al final, la factura farmacéutica se ha reducido un tercio en los últimos tres años y ahora gastamos en medicinas menos que la media europea. Pero el Gobierno prepara más recortes: nuevo copago por tramos, copago de fármacos hospitalarios y no financiar los modernos anticonceptivos orales que toman un millón de mujeres. Muchos expertos insisten que no hacen falta más ajustes, que están pagando los jubilados con enfermedades crónicas, farmacias y laboratorios. El recorte farmacéutico está salvando las cuentas de las autonomías, que apenas toman medidas para racionalizar el resto del gasto sanitario.
 
enrique ortega

Al inicio de esta crisis, la sanidad española tenía un serio problema, el gasto farmacéutico, que se había triplicado en quince años, alcanzando un récord en 2009: 12.505 millones de euros (20% del gasto sanitario), con 4 millones de recetas al día. Era el resultado de un sistema perverso: las medicinas gratis para los pensionistas, que suponen 7 de cada 10 recetas. Y ello llevaba a un despilfarro de medicamentos, con acaparamiento, fraude (muchos fármacos para jubilados acababan en otras manos, en España, Rumanía o Ecuador) y 3.700 Tm. de medicamentos caducados tirados a la basura cada año (1.200 millones €).

En 2010, el Gobierno Zapatero tomó las primeras medidas para rebajar el gasto sanitario, por dos caminos: uno, forzar a los laboratorios a bajar precios (-30% entre 2010 y 2011) y obligar a laboratorios, distribuidores y farmacias a devolver un porcentaje sobre ventas (del 7,5 al 15%) a las autonomías, que además, recortaron gasto retrasando pagos a farmacias y empresas. Y otro, obligar a los médicos (desde noviembre 2011) a recetar por principio activo (amoxicilina) en vez de por marca (Clamoxil) o genérico (amoxicilina Normon), exigiendo además a las farmacias que vendan el genérico más barato. Con ello, la factura farmacéutica se rebajó en 2010 (-298 millones), por primera vez en una década, y más en 2011 (-1.072 millones). Pero el número de recetas seguía creciendo: seguía el despilfarro, los tacos de recetas de pensionistas en las farmacias, ahora con medicinas más baratas.

En 2012, el Gobierno Rajoy impuso nuevas rebajas de precios a los laboratorios, mantuvo la exigencia de descuentos a empresas y farmacias (“el impuesto revolucionario”) y el vender el genérico más barato. Pero el 1 de julio fue más allá: introdujo por primera vez un copago del 10% a los jubilados, con un tope mensual según renta (8,18 y 60 euros). Y el resto de activos, o seguía pagando el 40% de las recetas (para ingresos menores 18.000 €) o pagaban el 50% (de 18.000 a 100.000 €) o incluso el 60% (+100.000 €). Los parados de larga duración sin prestación no pagaban nada y los funcionarios jubilados el mismo 30%.

Pero el Gobierno hizo más cambios. Por un lado, los jubilados empezaron a pagar como los demás pacientes un 10% de los medicamentos de aportación reducida (6.000, un 20% ventas), que son para enfermos crónicos (insulinas, Sintrom, antidiabéticos, tratamientos hormonales, antidepresivos, arritmias, gota, Parkinson, tratamientos cáncer hospitalario…), con un tope actualizado a 4,13 € (llevaba 10 años en 2,64 €). Y el 1 de septiembre, entró en vigor el medicamentazo: salieron de la lista de medicamentos financiables por la sanidad pública 426 fármacos, entre ellos algunos muy vendidos como antiácidos (Almax), antidiarreicos (Fortasec), contra el estreñimiento (Duphalac), antiinflamatorios (Voltaren) o anticatarrales (Mucosán), que ahora todos (pensionistas incluidos) pagan al 100%. Además, ahora los médicos utilizan más las recetas diferidas (varias, pero con distinta fecha), lo que reduce el acaparamiento.

Al final, el copago ha tenido el efecto buscado: se han facturado 125 millones de recetas menos, desde julio 2012 a mayo 2013. Y se ha reducido el gasto en 2012 en 1.365 millones, lo mismo que en los dos años anteriores. Pero el Gobierno quiere dar otra vuelta de tuerca al gasto farmacéutico y ahorrar mucho más en 2013: 1.809 millones. ¿Cómo? Por un lado, retocando el copago, con lo que algunos pacientes pagarán más: se dejará igual el copago (50%) de los que ganan entre 18.000 y 36.000 euros, pero pagarán más porcentaje el resto (en dos tramos). Además, habrá copago para los fármacos que se dan en los hospitales. Y no se financiarán los anticonceptivos orales de tercera generación, los más modernos, que toman un millón de españolas. Y como complemento, en octubre se obligará a los laboratorios a bajar el precio de 11.300 fármacos.

Además, este verano, la Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha no aceptarán recetas de enfermos crónicos de otras autonomías. Y son varias las Comunidades (como Cataluña) que ponen problemas para atender y dispensar recetas a los enfermos de vacaciones.

Con todo ello, el gasto farmacéutico podría bajar a 7.961 millones en 2013, un tercio menos que en 2009 y la menor factura desde 2004. Algunos expertos creen que el Gobierno Rajoy se ha pasado de ajuste, porque ahora España gasta en medicinas bastante menos que la media europea: 206,7 euros per cápita frente a 349 euros en UE-25.Y la factura farmacéutica, que llegó a ser el 1,2% del PIB, ha bajado al 0,8%, por debajo del 1% que recomienda y tiene Europa. Y destacan el alto coste del ajuste para pacientes (sobre todo pensionistas), laboratorios y farmacias.

Los pacientes han pagado el 40% del recorte farmacéutico de 2012, según un estudio de Antares Consulting. Y los que más, los jubilados de rentas más bajas: si un 17% de pensionistas renunciaron a comprar algún medicamento tras el copago, son un 27,3% los que lo hicieron entre los que tienen menos de 400 euros de pensión. Se estima que entre copago y medicamentos que ya no se financian (y que han subido un 50% de media), los pensionistas pagan ahora 18,2 euros más al mes en medicinas, según una encuesta de la Federación en defensa de la Sanidad Pública. Y más, los enfermos crónicos, que se teme puedan ahorrar en medicinas a costa de su salud.

El grueso del ahorro farmacéutico (60%) no viene del copago, sino de las presiones de los Gobiernos a laboratorios y farmacias para que bajen precios y márgenes. Sólo en 2012, eso llevó a las 21.427 farmacias a facturar un 7,3% menos (-38.060 € por farmacia) y aportar 21.108 euros más a las autonomías, en total 5.000 euros menos al mes por botica. Y además sufren retrasos en los pagos: sólo Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y País Vasco debían en mayo 610,25 millones a las farmacias. Con todo ello, 1 de cada 6 farmacias está en apuros y algunas ya han cerrado, en perjuicio de la atención sanitaria.

En cuanto a los laboratorios, tras bajadas forzadas de precios (-40% desde 2010), menores ventas y muchas deudas (las autonomías les deben todavía 3.200 millones), muchos han forzado despidos (6.000 hasta ahora y 1.000 más anunciados para 2013), mientras hay multinacionales que se van. Lo peor es que se trata de un sector industrial clave, que exporta y realiza un 21 % del gasto en I+D+i  y donde los recortes les llevan a invertir menos en crear nuevos medicamentos (80% son genéricos), en perjuicio de nuestra salud futura.

En resumen: el Gobierno se ha pasado de frenada en el recorte farmacéutico, con un alto coste para pacientes, laboratorios y farmacias. Pero este recorte extra ha permitido a las autonomías salvar la cara de sus cuentas: en los últimos tres años, el 79% del recorte sanitario se ha hecho en las medicinas (-3.597 millones), cuando sólo suponen el 18% del gasto. A lo claro: que las autonomías han tapado otros agujeros con los medicamentos. Y que farmacias y pacientes pagamos más por los fármacos porque ni Gobierno ni autonomías racionalizan el gasto sanitario, no con recortes, sino con reformas de fondo que no llegan.

Había que acabar con el despilfarro, con la “barra libre de los medicamentos”. Y mucho se ha conseguido. Pero no hay que pasarse, porque nos jugamos que los pensionistas ahorren en salud, que las farmacias cierren y los laboratorios no investiguen o se vayan. Y todo para que las autonomías rebajen su déficit y presenten mejores cuentas. No es justo.  

jueves, 18 de julio de 2013

Móviles 4G: más rápidos y más caros


Este verano, lo último es tener un móvil 4G y descargarse un juego o un vídeo hasta diez veces más rápido, aunque la oferta está limitada de momento a algunas compañías y a grandes ciudades. Los móviles de última generación van a multiplicar por seis el tráfico de datos, con lo que también subirá nuestra factura, aunque ahora todas las compañías ofrezcan tarifas promocionales, para que nos “enganchemos” al 4G. Las grandes telecos buscan con los móviles 4G recuperar clientes frente a las operadoras móviles virtuales, que llevan años quitándoles clientes, en una guerra de tarifas  que ahora se ha trasladado a las ofertas todo en uno (fijo+ móvil + ADSL) y, sobre todo, a Internet móvil, donde España es líder en Europa. Con los móviles 4G, e incluso con el ADSL,  las operadoras buscan compensar su caída de ingresos cobrando más por la descarga de datos a los internautas más activos. Tanto descargas, tanto pagas.
 
enrique ortega

En España, los primeros móviles analógicos 1G (sólo en vehículos, para Madrid y Barcelona) llegaron en 1976. Los móviles 2G se lanzaron en 1994, desatando el boom, que se aceleró con los actuales móviles 3G, lanzados hace diez años. Ahora, la cuarta generación (4G) ha llegado a España en junio y julio, con varios años de retraso sobre el resto de Europa, donde nacieron en 2009 (Ericsson y Telia Sonera en Suecia) y ya estaban operativos en 21 países. En el mundo ya hay 65 millones de terminales 4G y se espera que un 60% de la población mundial tenga cobertura 4G para 2018. Entre tanto, Samsung ya prepara para 2020 el móvil 5G (permitirá descargar una película completa en menos de 1 segundo).

Los móviles 4G son mucho más rápidos: permiten descargas entre 15 y 40 megabits por segundo (cuatro o cinco veces más rápidas que el 3G), superiores a las de los ADSL fijos en casa, con puntas de hasta 150 Mbps (10 veces más). Eso facilitará la descarga de archivos, como fotos, música, vídeos o juegos desde móviles inteligentes (smartphones). Dos ejemplos: descargarse el juego de Angry Birds pasa de 2 minutos y 36 segundos a 16 segundos con 4G. Y una fotografía de alta resolución, de 26 a 1 segundo, según el blog de Orange.

Sin embargo, el 4G nace en España con varias limitaciones. La primera, que sólo la ofrecen de entrada algunas compañías (Vodafone, Orange y Yoigo) y restringida en principio a grandes ciudades (no más de 15 capitales a finales de año), con la previsión de cubrir el 75% de la población española a finales de 2014. La segunda, que sólo ha disponibles en el mercado una decena de terminales 4G (8 smartphones y 2 tablets), aunque todas las empresas lanzarán más móviles 4G para otoño. Y la tercera y básica, que de momento su cobertura no será buena en el interior de los edificios, porque para eso las operadoras tienen que utilizar frecuencias más cortas, de 800 MHz, que no estarán disponibles hasta 2014, cuando el Gobierno libere las frecuencias que ahora utilizan las cadenas de televisión (TDT).

Pero aunque nazca limitada, las operadoras buscarán popularizar los móviles 4G, con el gancho de la velocidad: el que pruebe, no podrá vivir  sin ella. Y por eso ofrecen ofertas de lanzamiento atractivas, con pequeños recargos, aunque será sólo al principio. Porque si algo tiene el 4G es que, al ser más rápido, llevará al cliente a gastar más datos: Yoigo estima que se multiplicará por seis el tráfico de datos, con lo que si un cliente 3G consume una media de 500 megas, el cliente 4G consumirá 3GB. Y claro, pagará mucho más.

De hecho, la llegada del 4G va a forzar a los operadores a modificar su sistema de tarifas. Si hasta ahora, cuando un cliente se pasaba del consumo contratado (15% lo hacen), la  reacción del operador era ralentizarle el acceso, bajarle la velocidad de acceso, ahora con el 4G, no tiene sentido penalizar una conexión de alta velocidad. Y las operadoras optarán por una de estas dos opciones: cobrar un importe adicional para ampliar el consumo (como ya hacen los operadores móviles virtuales) o cortar  la conexión al usuario. Y como en otros países, se modificará el sistema de tarifas planas, tratando de cobrar distintas tarifas según el consumo de datos previsto. Pero en general, con más velocidad, más consumo de datos y más factura a pagar por los usuarios.

La oferta de servicio 4G es el último arma de las grandes operadoras con red (Vodafone, Orange, Yoigo y Movistar quizás en 2014, cuando consiga las frecuencias que le faltan) en su guerra frente a los operadores móviles virtuales (Jazztel, Ono, Pepephone, MasMóvil, Simyo, Lycamobile, Lebara, Carrefour, Día…), que sólo podrán ofrecer 4G si les alquilan redes y frecuencias (algunos OMV anuncian su 4G para finales de año). Una guerra donde siguen perdiendo los grandes: en abril, por primera vez en la historia, las 4 operadoras con red perdieron 350.000 abonados, mientras ganaban clientes sobre todo Jazztel y Ono. La pelea de ofertas aumenta cada mes las fugas de clientes: más  de 5 millones de españoles han cambiado de operador de móvil en el último año.

En 2013, además de la batalla incipiente del 4G, las operadoras están lanzadas a dos guerras comerciales por los clientes. Una, la batalla del todo incluido: ofertas de paquetes con fijo + móvil+ ADSL fijo. De momento, está siendo un éxito y ya se han vendido 3 millones de paquetes todo en uno desde que Movistar iniciara esta batalla (octubre 2012), en perjuicio de los operadores móviles virtuales que no tienen red fija propia (todos salvo Jazztel y Ono). La otra guerra, la de verdad, es la batalla por Internet móvil, dado que España es líder europeo en teléfonos inteligentes (63,2% móviles son smartphones, frente al 54,6% en los principales países europeos. Con ello, 25 millones de móviles tienen ya conexión a Internet y 6 millones de españoles (uno de cada cuatro internautas) se conectan cada día a Internet vía móvil. Y aquí está el negocio, en cobrarles los datos, las descargas que hacen (imparables), no las llamadas que hagan.

En medio de todas estas guerras, las operadoras se enfrentan a una caída de líneas (3 millones de móviles dados de baja en el último año) y a una caída de ingresos del 7,2% en 2012, motivada por la guerra de tarifas, que provocó una rebaja de precios de las llamadas (- 37,3 % entre 2008 y 2011 y otro -13,8 % en 2012). En paralelo, han tenido que frenar sus inversiones, aunque deberán aumentarlas para completar la llegada del 4G. Las telecos se quejan del aumento de la normativa y regulación de la Comisión Europea, que quiere fijar una tarifa única de móviles para toda Europa (sin roaming) en 2014. Y critican la actitud parasitaria de Google, Apple y las redes sociales, que sin invertir hacen negocio gracias a sus redes.

Todo apunta a que la llegada del 4G, las guerras comerciales y la regulación van a obligar a las operadoras a más ajustes y fusiones, porque mientras en EEUU o China hay 3 grandes operadoras, en Europa hay 160. Pero, sobre todo, las operadoras van a cobrar cada día más por los datos, que crecen de forma imparable (por la descarga de vídeos, películas y juegos), amenazando con colapsar sus redes. Primero, van a aprovechar el lanzamiento del 4G para cobrarnos más por el móvil, ahora que vamos a poder hacer descargas más rápidas. Y pronto también por la ADSL de casa: Deutsche Telecom ya ha planteado imponer límites al volumen de datos en sus líneas de ADSL, reduciendo la velocidad si los clientes los superan. En uno y otro caso, a más datos, más factura. Habrá que vigilar mejor el uso que hacemos de Internet, sobre todo en el móvil: tanto descargas, tanto pagas. Ojo al dedo.

lunes, 15 de julio de 2013

Becas: menos ayudas para menos estudiantes


Muchos jóvenes y sus familias están preocupados porque no saben si van a poder ir a la Universidad el próximo curso, dado que ahora tienen más difícil conseguir una beca y les han bajado el importe, mientras vuelven a subir las tasas universitarias un 20%. Y como ha cambiado el sistema de becas, no sabrán cuánto cobran hasta 2014, con el curso avanzado. Se teme que 85.000 universitarios pierdan su beca este año, tras los 35.000 que la perdieron el curso pasado. El Gobierno Rajoy busca ahorrar también en becas, repartiendo menos a cada becario (recortan entre 500 y 2.000 euros), aunque España gasta en becas menos de la mitad  que la OCDE. Y no sólo se recortan las becas universitarias, incluidas las Erasmus y las Séneca (se suprimen): también las becas a Bachiller y FP, las becas autonómicas para libros, transporte y comedores escolares, a pesar de que ha reaparecido el hambre infantil.
enrique ortega

El ministro Wert ha mantenido otro pulso con la comunidad educativa (rectores, profesores, padres y alumnos) e incluso con sus propias autonomías, por la política de becas, pero al final se ha salido básicamente con la suya: habrá recortes, suavizando la exigencia de nota a los becarios en Bachiller y FP pero mucho menos en la Universidad. Lo importante es que las becas se recortan para todos: menos cuantía (entre 500 y 2.000 euros por beca) para menos estudiantes, porque muchos quedarán fuera por las mayores exigencias de nota. Un recorte que se disfraza con la excusa de “promover la cultura del esfuerzo”, pero cuya razón es económica: con la crisis, hay más familias con menos ingresos que cumplen los requisitos para solicitar una beca, así que se trata de repartir menos entre más, recortando a todos.

Al final, la política de becas para el próximo curso sufre tres cambios. El primero, endurecer las calificaciones exigidas a los becarios: un 5 para FP (Wert planteó un 5,5), un 5,5 para Bachillerato y FP Superior (quería un 6), un 5,5 para la matrícula gratuita en la Universidad (Wert planteó un 6,5) y un 6,5 para las becas universitarias (no se rebaja), además de la exigencia de aprobar todo en Humanidades y Ciencias Sociales (el 90% con 6,5 de nota media), Ciencias de la Salud (o el 80% con 6,5 nota media) y Ciencias (o el 80% con nota de 6). Los rectores critican que estas exigencias son excluyentes e injustas, porque no se puede pedir más nota a los que tienen menos recursos. Además, hay estudios que demuestran que los universitarios con menos recursos obtienen peores notas, entre otras cosas porque muchos se ven obligados a trabajar a la vez.

El segundo cambio, el más importante, se da en el sistema de becas: ahora, cada beca tendrá una parte fija (1.500 euros) y una parte variable. La parte fija se da a todos los que cumplan los requisitos (ingresos y notas) y la variable sale de repartir lo que queda (tras pagar la parte fija y las matrículas gratuitas), según la renta de las familias, las notas y el presupuesto disponible. Y así en los tres tipos de becas que hay: beca salario (antes estaba entre 2.040 y 3.500 euros y ahora queda en 1.500 euros más lo que toque de reparto en la parte variable), beca de residencia (para los que estudian en otra autonomía: antes estaba entre 2.556 y 6.995 euros y ahora queda en 1.500 euros más lo que toque de variable) y beca básica (que exime de pagar matrícula, la beca de escolaridad de 581 euros para Bachillerato y FP que ahora queda en 200 euros). El problema no es sólo que la parte fija (asegurada) sea poco dinero, sino que la parte variable sólo se conocerá  cuando se reparta lo que queda (ya en 2014), con lo que el importe total de  la beca es una incertidumbre que los estudiantes no conocerán en septiembre, cuando tengan que matricularse.

El tercer cambio, que ya entró en vigor el curso 2012-2013, es que los estudiantes tendrán que devolver su beca salario si no aprueban la mitad de las asignaturas. Los rectores estiman que la medida puede afectar ya a unos 30.000 becarios, que tendrían que devolver este año unos 63 millones de euros. Y si no, Educación podrá embargar sus cuentas.

Con estos cambios, habrá unos 85.000 alumnos que perderán su beca el próximo curso, según la simulación de algunos expertos. Y hay que sumar otros 35.000 estudiantes que pueden haber perdido su beca el curso pasado, por los mayores requisitos que impuso Wert en notas (del 5 al 5,5 para matrículas gratuitas) y porcentaje de aprobados. Eso supondría rebajar del 23% al 16% los universitarios con beca, bajando al porcentaje de hace diez años. Y gastar en becas para 2014 un tercio menos que dos años antes (-425 millones), cuando España invierte en becas menos de la mitad que otros países (0,11 % PIB frente a 0,29% de media en la OCDE).

El Gobierno Rajoy mete un tajo a las becas (entre 500 y 2.000 euros por becario) cuando la crisis está recortando los ingresos de las familias, con 6,2 millones de parados y un sueldo bruto anual más frecuente de 15.500 euros, según el INE. Y coincide además con una subida de las tasas universitarias: un 66% de media (+540 euros) el curso pasado  y volverán a subir este curso 2013-2014 (un 20% en Madrid, por ejemplo) y el próximo, según el proyecto del Gobierno. Además, el próximo curso se suprimen las becas Seneca (que reciben 2.224 jóvenes, para fomentar la movilidad entre Universidades) y se recortarán otra vez las becas Erasmus europeas.

La consecuencia de todo ello es que muchos jóvenes tendrán que dejar la Universidad, algo que ya está pasando según denuncian los rectores. Y eso cuando no hay trabajo para los jóvenes (53,2% paro) y cuando el paro entre universitarios es mucho menor (12,3%). Además, esta política de becas empeorará la equidad de la Universidad española, donde los hijos de familias humildes están infrarrepresentados: los hijos de trabajadores manuales son menos (26%) que los hijos de padres universitarios (40% alumnos). Y muchos estudiantes de familias pobres no van a la Universidad (89% podrían tener becas y no las tienen) o porque no tienen nota suficiente (menos rentas suelen conllevar peores notas) o porque se ven obligados a trabajar (la mitad que en la UE) para ayudar a mantener a sus familias (y más con el paro actual).

Al ministro Wert no le preocupa que baje el número de universitarios, porque siempre recuerda que España tiene más licenciados que Europa: un 40,1% de los jóvenes son universitarios frente al 35,8% en la UE. Y es verdad. Hacen falta más jóvenes en Formación Profesional. Pero la manera de desviar alumnos a FP y no a la Universidad no debe ser recortando becas para que no vayan los de menos renta con menos nota. Eso es clasismo: la Universidad para los hijos de familias que pueden pagarla sin beca y el resto, a FP. Es el trasfondo de la política de becas y de la reciente reforma educativa del PP.

El problema, además, es que no sólo se recortan las becas universitarias. También se reducen las becas de escolaridad para Bachillerato y FP (de 581 a 200 euros), las becas de idiomas (tras suprimirse en 2013 las becas para estudiar idiomas el extranjero) y las becas autonómicas para libros, transporte y comedores escolares, lo que agobiará el próximo curso a muchas familias, algunas con problemas incluso para dar de comer a sus hijos.

La crisis ha acarreado pobreza y desigualdad y exige aumentar el gasto en becas, para que las familias sin trabajo o con menores ingresos consigan mantener a sus hijos estudiando. O simplemente, permitirles pagar el transporte escolar, comprar libros o comer cada día. Son ayudas asumibles (bastarían 1.000 millones más al año) e imprescindibles para ayudar a las futuras generaciones, que no pueden ser las que más sufran esta crisis. Se deben pagar.