jueves, 27 de abril de 2017

EPA marzo 2017: menos empleo y más paro


El Gobierno Rajoy utiliza “la buena marcha de la economía” para echar balones fuera contra la corrupción. Pero el empleo, la principal preocupación de los españoles, no tira: se han perdido 70.000 empleos en el primer trimestre, según la EPA publicada hoy, mientras el Gobierno promete 506.000 este año, algo difícil porque creceremos menos que en 2016.Y ha aumentado el paro, que afecta a 4.255.000 españoles. Lo peor es que más de la mitad de los parados llevan más de 1 año sin trabajo y sin asesoramiento ni formación, porque las oficinas de empleo no funcionan, como ha denunciado el Consejo de Europa. Y que más de la mitad de los parados (el 53,7%) no cobran nada y están en la pobreza, según acaba de señalar el INE. Urge dejarse de triunfalismos sobre la economía y aprobar un Plan de choque contra el paro, con políticas activas de empleo, formación y reformas, para reducir un paro que duplica con creces al de Europa. Y además, reanimar la economía, en vez de aprobar los recortes del Presupuesto 2017. Hay que dejarse de “politiqueos” y volcarse en el empleo.

enrique ortega

El primer trimestre suele ser malo para el empleo, porque se pierden los empleos creados por la Navidad, Reyes y las rebajas de enero. Este año 2017, se han perdido 69.800 empleos de enero a marzo, según la EPA conocida hoy, más de los perdidos en el primer trimestre de 2016 (-64.600) y menos de los perdidos en 2015 (-114.300), 2014 (-184.600) y 2013 (-322.300). La mayoría de los empleos se han perdido en los servicios (- 94.700 y en la industria (-8.200), mientras subió el empleo en la agricultura (+31.000) y la construcción (+2.100 empleos). El empleo ha caído el doble entre las mujeres (-46.500 empleos menos) que entre los hombres (- 23.400 empleos) y sobre todo entre los que tienen entre 25 y 50 años (126.800 empleos perdidos en el primer trimestre). Y por autonomías, el empleo cayó sobre todo en la Comunidad Valenciana (-29.300), Baleares (-22.100), Canarias (-16.600) y castilla y León (-13.800), mientras sorprende la mejora del empleo de Andalucía (+63.100 empleos).                       

En el primer trimestre de 2017 se perdieron más empleos de los creados, pero, además, la mayoría de los contratos firmados (4.818.893) fueron muy precarios: el 90,05% de los contratos fueron temporales y sólo un 9,95% indefinidos, según los datos del Ministerio de Empleo. Y un tercio de todos los contratos fueron a tiempo parcial (el 33,27%), frente a dos tercios a jornada completa (66,73%). Lo que sucede es que se firman muchos contratos al año por cada puesto de trabajo. Así, en 2016, se necesitaron 39 contratos de media para mantener un puesto de trabajo (141 contratos por nuevo cotizante en Extremadura y 67 en Andalucía, frente a 27 contratos por empleo en Madrid). Y hubo 627.784 trabajadores que firmaron entre 5 y 10 contratos a lo largo de 2016, junto a 141.284 trabajadores que llegaron a firmar 15 contratos durante 2016. Así rota y se reparte el poco empleo que hay. Un nuevo empleo muy precario: sólo el 5,99% de los nuevos empleos creados este 2017 son fijos y a tiempo completo, con lo que un 94% son precarios (en 2016 lo fueron el 95%).

Al empeorar el empleo este primer trimestre, el paro ha aumentado en 17.200 personas, según la EPA conocida hoy,  hasta alcanzar los 4.255.000 parados registrados en las oficinas de empleo (SEPE), un 18,75% de los españoles en edad de trabajar, más del doble que en Europa (8% de paro en la UE-28). Y sigue siendo muy elevada la tasa de paro juvenil, que está en el 41,6% (frente al 17,3% de media en Europa).

El paro se concentra en las mujeres, que ya son más de la mitad de los desempleados, con una tasa de paro femenino del 20,51%, frente al 17,22% los hombres. Y también hay más paro entre los jóvenes menores de 24 años (41,6% ) y entre los mayores de 50 años (16,6%, el triple que en 2007), donde ya hay 1.036.200 españoles sin trabajo. Y el paro también se ceba más entre los inmigrantes, cuya tasa de paro (25,46 %) es superior a la de los españoles, según la EPA. Y todavía hay 1.394.700 hogares donde todos sus miembros están en paro y no trabaja nadie. Por autonomías, hay 6 regiones con una tasa de paro “insoportable”, superior al 22% : Melilla ( 29,46% de paro), Extremadura ( 29,23%), Andalucía (26,94%), , Canarias (25,68%), Ceuta (23,30%) y Castilla la Mancha (22,48), media España, que contrasta con el paro “casi europeo” de Navarra (10,25%), País Vasco (11,86%), y la Rioja (12,92%).

Pero quizás el dato más preocupante es que más de la mitad de los parados no cobran ninguna ayuda. Así, de los  4.255.000 españoles que se consideran parados (EPA primer trimestre 2017), estén o no apuntados en las oficinas de empleo, hay 2.285.137 parados que no cobran ningún subsidio, el 53,7 % de todos los parados EPA (al llegar Rajoy a la Moncloa, en diciembre de 2011, no cobraban el 44,5% de los parados EPA). Y de los 1.969.863 parados que sí cobran algo (febrero 2017), según el Ministerio de Empleo, sólo un tercio (756.420 parados) cobran un subsidio contributivo, de 813,60 euros al mes. Los dos tercios restantes (1.213.443 parados) sólo cobran un subsidio asistencial de 426 euros al mes. Estos datos preocupantes explican que casi la mitad de los parados (un 48,5%) estén hoy en situación de pobreza, según la estadística que acaba de publicar el INE. Y eso porque muchos parados no han cotizado suficiente o se les ha acabado el paro y otros no reúnen las condiciones para cobrar un subsidio asistencial, muy recortado desde 2012. Todo ello para “ahorrar” con los parados y ayudar a rebajar así el déficit público: si en 2012 se gastaron 31.680 millones en los parados, en el Presupuesto para 2017 se incluye un gasto en paro de 18.318 millones de euros.

Si más de la mitad de los parados no cobra nada tiene mucho que ver con que el paro se ha hecho “viejo”, que cada vez hay más “parados de larga duración” (que llevan más de 1 año en paro): eran ya  2.313.500 parados a finales de marzo de 2017, el 54,3% del total según la EPA. Y lo peor es que, de ellos, 1,7 millones llevan parados más de 2 años y casi 1,2 millones más de cuatro años, según un estudio de Fedea. Son una enorme bolsa de “parados crónicosque tienen muy difícil volver a trabajar algún día. Un tercio de estos parados de larga duración proceden de la construcción y dos tercios son mayores de 55 años, más mujeres que hombres, concentrados sobre todo en Andalucía, Canarias, Ceuta, Melilla, Castilla la Mancha y Extremadura. Y además, tienen un problema adicional para colocarse, su poca formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen acabada la ESO o incluso menos.

Ahora queda esperar que este segundo trimestre, con la Semana Santa, el empleo crezca, lo mismo que el verano, aunque será “un milagro” crear este año 506.000 nuevos empleos, como promete el Gobierno, ya que la economía crecerá menos que en 2016 (un 2,5%, frente al 3,2% del año pasado), cuando se crearon 413.000 nuevos empleos. La Comisión Europea estima que se podrían crear 370.000 empleos este año y la última previsión de Manpower Group habla de 421.000 nuevos empleos este año. En cualquier caso, demasiados pocos para los 4.255.000 españoles que esperan un empleo. Y a este ritmo, recuperar los 20,5 millones de empleos que había en España en 2007 nos costaría todavía 5 años más, hasta 2022, según la estimación de Funcas y Manpower Group.

Los parados y el país no pueden esperar tanto, por lo que urge acordar un Plan de choque contra el paro, que debería ser la prioridad del Gobierno y la oposición porque es la primera preocupación de los españoles (para el 72,3%), según el Barómetro del CIS (marzo 2017). A corto plazo, lo más urgente es destinar más dinero a los parados (4.000 millones más), para que cobren algún subsidio al menos los que están en situación de pobreza, un millón largo de parados que ahora no cobran nada. Y aumentar el subsidio asistencial (hoy 426 euros) a los parados con familia, combinando estas ayudas con las rentas básicas de las autonomías. Y todo ello porque un parado español cobra de desempleo (el que cobra un subsidio contributivo) el 61% de su último salario, una prestación inferior a la media de 16 paises europeos, que es del 69% del último salario (o del 67% que cobran alemanes y británicos).

Además, el Plan de choque contra el paro debería incluir un mayor gasto en políticas activas de empleo, como han pedido reiteradamente al Gobierno la Comisión Europea, la OCDE y el FMI. España, con más del doble de paro que Europa, es uno de los países que menos gasta en políticas activas de empleo: un 0,88% del PIB, frente al o,93% de Francia, el 0,79% de Alemania, el 1,09% de Suecia, el 1,10% de Holanda, el 1,59% de Bélgica o el 2,26% de Dinamarca, según los datos de la OCDE. Y no es sólo que gastemos menos, sino que lo gastamos mal, entre otras cosas porque no hay coordinación entre el Gobierno central y las autonomías, responsables últimas de aplicar las políticas activas de empleo. Así, 12 autonomías (gobernadas por el PSOE y los nacionalistas) se han quejado de que el Gobierno Rajoy retrasa sistemáticamente el pago de las políticas de empleo (para reducir el déficit) y que los 1.800 millones de 2016 no se los pagaron hasta diciembre. Además, las autonomías se han quejado también de que España ha perdido la mayoría de las ayudas del Plan europeo de empleo juvenil (Garantía Juvenil) porque el Gobierno central complicó mucho la inscripción a los jóvenes (sólo lo hicieron 400.000 de los 800.000 que podían hacerlo).

El Gobierno Rajoy aprobó en abril de 2016 un Plan trianual de empleo 2016-2018, con sólo 515 millones de euros para ayudar al empleo de 1 millón de parados de larga duración. Un Presupuesto tan ridículo que supone 172 euros por parado al año: no da ni para elaborar su perfil. Harían falta 10 veces más de recursos, un mínimo de 3.000 a 6.000 euros por parado, según el estudio de Fedea, para poder elaborar su perfil, mejorar su formación y asesorarle personalmente para ayudarle a encontrar empleo. Ahora, en el Presupuesto para 2017, el Gobierno Rajoy ha “vendido” que va a gastar “mucho más” en políticas activas de empleo. Un “espejismo”: gastará 5.499 millones, un 5,5% más, 289 millones extras tras un recorte de 2.135 millones entre 2011 y 2016 (a pesar de tener el doble de paro que Europa).  Con estos recursos, será imposible atender a esos 2,3 millones de parados de larga duración (mujeres, mayores y jóvenes sin formación) que tienen graves problemas para encontrar un trabajo.

El tercer frente de actuación del Plan de choque contra el paro debería ser la reforma a fondo de las oficinas de empleo, el SEPE. El Consejo de Europa ha suspendido este año (por segunda vez) a las oficinas de empleo españolas, calificándolas de  ineficientes”. Y tanto la Comisión Europea como la OCDE y el FMI han pedido muchas veces su reforma, porque funcionan mal. Basten tres datos. Uno, los parados tardan 9 meses y medio (de media) en recibir la primera atención personalizada en la oficina del SEPE y un tercio la reciben cuando ya llevan más de un año parados, según un estudio de Fedea. Dos, el 91,3% de los parados registrados no recibe ninguna orientación personalizada para encontrar trabajo. Y el 8,7% que sí recibe orientación son precisamente los que menos la necesitan: parados más formados, los que cobran el subsidio y los más jóvenes, no los parados mayores y menos formados. Y tres, sólo el 1,8% de los parados encuentran trabajo gracias a las oficinas de empleo, según la EPA, frente al 10% de media en Europa y Alemania.

Las oficinas de empleo no ayudan a colocarse pero tampoco forman a los parados. El dinero para la formación (que sale en parte de las cuotas de empresas y trabajadores) se dedica sobre todo a formar a los que están trabajando (3.756.000 en 2015) y poco a formar a los parados: sólo un 5% de los desempleados (213.049) recibió cursos de formación en 2015 (y de ellos, sólo acabaron estos cursos 179.354, el 4,2% de los parados). Y encima, la mayoría de los parados que reciben cursos vía SEPE son los jóvenes con más formación, los que menos lo necesitan. Y reciben formación menos del 1% de los parados que llevan más de un año en paro y sólo el 0,29% de los parados de larga duración sin estudios, según Fedea. Además, los cursos disponibles son demasiado largos (35% de más de 300 horas) y poco atractivos (muy “clásicos”), sin mucha ligazón con los perfiles que buscan las empresas.

En definitiva, que urge poner en marcha un Plan de choque contra el paro que aumente los subsidios a los parados a cambio de ayudarles a formarse y colocarse, con una reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE). Y en paralelo, Gobierno y oposición deberían aprobar medidas complementarias para reanimar la economía, con mayores inversiones públicas y privadas, sobre todo en infraestructuras necesarias (no en más AVEs), en reindustrialización, en formación, innovación, tecnología y digitalización, para aumentar el crecimiento y la oferta de empleo. Porque el problema de fondo es que la economía crece pero las empresas (aunque ya ganan más que en 2007) aumentan poco sus plantillas, cubriendo los picos de más trabajo con horas extras y empleos por horas o temporales. Y así pasa que el 93,9% de las empresas españolas no contemplan aumentar sus plantillas, según la última encuesta de costes laborales del INE. Y sólo hay un 0,7% de empleos vacantes, siendo España el tercer país europeo con menos empleos vacantes, tras Grecia (0,3%) y Chipre (0,6%), dos veces y media menos que la media UE (1,8% de vacantes), según Eurostat.

Hay que dejarse de triunfalismos y afrontar con todos los medios el grave problema del empleo, dedicando más recursos, incentivos y medios en ayudar a los parados a colocarse y en que haya más empleos disponibles, lo que obliga a reanimar la economía española, no a hacer más recortes como los que incluye el Presupuesto para 2017. Y todo ello, presionando en Bruselas para que se reanime también la economía europea, con más gasto y más inversiones, que tiren del crecimiento y el empleo en la Europa más pobre del sur. Y más con el parón que va a suponer el Brexit, que afecta muy negativamente a España. Esto es lo que debería preocupar a los líderes europeos, si quieren combatir a le Pen y a los populismos en Europa. Y a Rajoy: menos triunfalismo económico y que luche de verdad contra el desempleo. Es lo que más nos preocupa a todos.

lunes, 24 de abril de 2017

Los ciberataques se duplican en España


En 2016 se produjeron en España 315 ataques informáticos diarios a empresas, instituciones o particulares, más del doble que en 2015, cuando ya se triplicaron sobre los de 2014. Y esos son los ataques que se detectan o se denuncian, porque ciberataques puede haber diez veces más. De hecho, el cibercrimen mueve ya en el mundo más dinero que la droga y ataca a 1 de cada 5 internautas (689 millones en 2016). Esto exige una mayor atención de los particulares a su seguridad informática y, sobre todo, fuertes inversiones de Gobiernos y empresas en ciberseguridad, una de las industrias con más futuro. En España, empresas y particulares gastan poco en ciberseguridad y sólo una de cada cinco grandes empresas tiene un Plan de seguridad informática. Urge un acuerdo mundial contra el cibercrimen, como el alcanzado contra el Cambio climático. Y en España, ampliar presupuestos  y medios públicos, desde técnicos a  policías y jueces especializados. Son delitos muy peligrosos para la economía y nuestra vida diaria.


enrique ortega
 
La mitad de la población mundial es internauta, unos 3.773 millones en 2016, y un tercio son activos en la Red: 2.789 millones de personas. Pues bien, 1 de cada 4 de estos internautas activos sufrió algún ciberataque en 2016: 689 millones de personas, según revela el informe Norton sobre Ciberseguridad 2016. Según sus estimaciones, los ciberdelincuentes lanzaron más de 1 millón de ataques diarios y causaron pérdidas por 125.900 millones de dólares (119.900 millones de euros), lo que convierte al cibercrimen en el mayor negocio ilegal del mundo, por delante del narcotráfico o el tráfico de armas, según los expertos.

La razón es este auge de los ciberataques es que los internautas siguen sin tomar medidas para proteger sus dispositivos, mientras los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados. De hecho, según el informe Norton, el 35% de la población mundial tiene algún dispositivo informático sin proteger, lo que propicia los ciberataques. Y más con el auge del “Internet de las cosas: 1 de cada 5 dispositivos domésticos enlazados a la Red no cuenta con la protección necesaria y eso explica el auge de los ciberdelitos. La mayoría de los ataques, según el informe Norton, se centran en el robo de contraseñas (“phishing”), para el posterior acceso a información financiera y personal, además del “hackeo” del correo electrónico o de los archivos y material sensible de particulares y empresas. También la suplantación de empresas y organismos, para el envío de correos en su nombre pidiendo información, como ha denunciado en febrero de este año el Banco de España.

España es el país nº 19 en el ranking mundial de ciberdelitos y el 8º europeo, según el último informe de Symantec. El cibercrimen representa ya el 32% de la delincuencia económica  en España y mueve unos 10.000 millones de euros al año, según estimaciones de los expertos. Y avanza año tras año de forma imparable: si en 2014 se detectaron unos 18.000 ciberdelitos, en 2015 alcanzaron los 50.000 y en 2016 se han superado los 115.000 ciberdelitos, más del doble, según el balance del Instituto Nacional de Ciberseguridad(INCIBE), con sede en León. De ellos, 110.293 fueron ataques informáticos a empresas y ciudadanos, 479 a operadores críticos (energía, transportes, comunicaciones, puertos)  y otros 4.458 ataques a la red RIS (Universidades y centros de Investigación). Y eso son los ataques detectados por INCIBE o denunciados por particulares y empresas, porque hay muchos ciberataques que no se detectan ni se denuncian (por no dañar la imagen de empresas), con lo que se estima que los ciberataques reales, en España y en el mundo, pueden ser diez veces los detectados.

En paralelo a los ciberdelitos detectados por el Instituto Nacional de Ciberseguridad , están los delitos informáticos que particulares y empresas denuncian a la policía, que tiene unidades especializadas contra los ciberdelitos. En 2015 (últimos datos oficiales) se contabilizaron en España 60.154 delitos informáticos (frente a 42.812 en 2012), de los que dos tercios fueron por fraude informático (40.864), 10.112 por amenazas y coacciones, 2.386 por acceso ilícito, 2.361 por falsificación informática, 2.131 contra el honor, 1.233 delitos sexuales, 900 por interferencias en sistemas y 167 delitos informáticos contra la propiedad industrial. De todos estos ciberdelitos registrados por la policía, sólo un tercio pasaron al juez: hubo 22.575 procedimientos judiciales por delitos informáticos en 2015, según la Memoria de la Fiscalía. La mayoría se tipificaron como estafas (86%) y destacaron los delitos de “phishing” (robo de datos y claves) y fraudes con tarjetas y transferencias. Muchos de estos delitos se archivan, bien porque son importes bajos o porque su investigación es compleja y son delitos muy difíciles de investigar, con tramas mafiosas en  el extranjero, por lo que se estima que un 95% de los delitos informáticos quedan impunes. Y así, sólo se imputaron por delito informático a 4.667 personas en 2015. Y la mayoría no acaba en la cárcel.

Los ciberataques se centran en España en internautas, empresas y organismos públicos. Si empezamos por los 28 millones largos de internautas, las dos terceras partes (64,6%) reconocen que han sufrido algún incidente al utilizar Internet, según la Encuesta de Equipamiento y Tecnología  del INE (2015). Más de la mitad sufren “spam” (correos no deseados) y otro 24,6% han sufrido algún virus. Según los datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los mayores ataques proceden del envío de correos y mensajes engañosos, con el objetivo de robar datos y contraseñas. Una variante muy extendida es el “malware bancario”: envío de mail con virus que se instalan en el ordenador del cliente para robarle claves o números de cuentas y tarjetas.

Los ataques a empresas son los que más han crecido en los últimos años, con una media de 2,8 ataques por empresa en 2016, según una encuesta de la consultora PwC, que estima una pérdida de 1,3 millones de euros por empresa. Según el INCIBE, tres son los ataques informáticos que causan  más daño a las empresas españolas. Uno, el secuestro de datos (conocido como “ramsonware” o “criptoware”), que afecta sobre todo a las pymes: el hacker envía un virus a la empresa que encripta los archivos y piden un rescate a cambio de desencriptarlos (una especie de “cibersecuestro” de datos). Normalmente se pide el rescate en moneda virtual (bitcoins) y en webs extranjeras encriptadas, lo que dificulta su seguimiento. Otro ciberdelito es el llamado “fraude al CEO”: se accede al correo del directivo de una empresa y se solicitan pagos a proveedores en la cuenta del ciberdelincuente. Otra variante es suplantar al departamento de compras o crear tiendas virtuales inexistentes  y enviar correos para ofrecer ofertas y concursos o recabar pagos.

Un tercer frente de ciberataques son las empresas estratégicas, desde la energía a los transportes y las industrias básicas, apoyándose en que España es el 5º país del mundo con más sistemas informáticos (3.059 sistemas) que controlan este tipos de instalaciones y procesos industriales  a través de Internet, la mayoría sin la adecuada protección. Sólo en 2016 se registraron 479 incidentes de seguridad en infraestructuras críticas, un 35% más que en 2015, según el Centro nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC). Y según los expertos, esta estadística no recoge ni el 10% de los incidentes reales: si se analizaran los 5.000 operadores de servicios esenciales, se contabilizarían realmente unos 100.000 incidentes informáticos al año. Los servicios más atacados, según un estudio del Centro de Ciberseguridad Industrial, son los servicios de salud (40.000 ataques al año), la energía (la gran  preocupación de todos los Gobiernos: en 2015, un ciberataque dejó a Ucrania sin luz durante 7 horas) y los transportes (Renfe, metro, cercanías, aeropuertos y líneas aéreas).

Si la ciberdelincuencia es ya un problema muy serio, en el mundo y en España, lo va a ser aún más en el futuro, según los expertos, porque van a seguir creciendo los dispositivos conectados a Internet (“el Internet de las cosas”), en las viviendas, los coches y multitud de dispositivos (routers, impresoras, TV inteligentes…) con poca protección, que los hackers utilizan como un ejército de robots que propicia ataques masivos, como los que en octubre de 2016 atacaron al proveedor de Internet estadounidense DYN, que afectó a más de 1.000 millones de usuarios en  todo el mundo. En definitiva, cada vez se venden más dispositivos sin seguridad que los ciberdelincuentes utilizan como “puertas traseras” para entrar fácilmente en sistemas muy protegidos. Y se estima que para 2020, la mitad de los aparatos del hogar estarán conectados a Internet y serán “los caballos de Troya” de los hackers.

La clave contra la ciberdelincuencia es invertir en personal y medios para detectarlos y combatirlos. Las empresas españolas invirtieron unos 3,6 millones de euros al año (de media) en empresas de seguridad (unas 550 en España, que dan trabajo a 6.000 personas), que facturaron 600 millones de euros en 2014, según el Observatorio de las Telecomunicaciones. Y se espera que las empresas españolas inviertan en ciberseguridad  más de 1.000 millones en 2019. El problema es que invierten menos que en otros paises (en 2016, las empresas invirtieron 76.000 millones en ciberseguridad en el mundo, según Gartner), sobre todo las pymes, que están “desnudas” ante los ciberdelitos, como si tuvieran negocios físicos sin cierres de seguridad y alarmas. Y que sólo el 17% de las grandes empresas industriales tienen un Plan definido de seguridad informática, mientras un 10% de ellas ignora incluso los riesgos, según el informe del Centro de Seguridad  Industrial. Y los particulares tenemos cada vez más antivirus, pero sin gastar casi nada en ellos ni actualizarlos con frecuencia.

El mundo tiene que tomarse en serio la lucha contra la ciberdelincuencia, como ha empezado a hacer con el Cambio Climático. Obama declaró la ciberseguridad como uno de los objetivos estratégicos de EEUU y ahora Trump ha reiterado que es una de sus prioridades de gobierno. En Europa, la Comisión aprobó en febrero de 2016 una Directiva que establece medidas para lograr un elevado nivel de ciberseguridad, obligando a paises y empresas a informar, desde 2018, de los incidentes y fugas de datos. Y en España, Rajoy aprobó en diciembre de 2013 la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, un punto de partida al que le faltan medios, fondos y una mayor coordinación entre instituciones públicas y empresas privadas. Baste un dato: el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) cuenta  sólo con 25 especialistas y 20,7 millones de euros de Presupuesto. Y en paralelo, hay que revisar la legislación y su aplicación, aportando más medios policiales y judiciales especializados, para que el ciberdelincuente acabe finalmente juzgado y en prisión, no libre como ahora.

Internet ha revolucionado la economía y nuestras vidas pero también se ha convertido en una potente plataforma para robar datos, atacar empresas e instituciones y cometer fraudes. Y los ciberdelincuentes, unas mafias internacionales cada vez más organizadas, están mucho más preparados que los particulares, empresas e instituciones para defenderse. Urge que tomemos todos conciencia de la gravedad del problema (que va a ir a más con “el Internet de las cosas”) y que invirtamos más dinero, personal y tiempo en defendernos, con la ayuda de empresas y personal especializado. Porque estamos más desprotegidos de lo que creemos. Internautas sí, súperconectados a tope, pero necesitamos estar más seguros.

jueves, 20 de abril de 2017

España, un país de vertederos que no recicla


El Gobierno Rajoy lleva meses empeñado en la reforma de los puertos, argumentando que lo exige Europa y esgrimiendo la amenaza de multas. Pero no dice que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo acaba de condenar a España por tener 61 vertederos ilegales, tras otra condena en 2016 por otros 30 vertederos ilegales. Y en unos meses pueden llegar las multas, porque Bruselas lleva desde 2008 advirtiendo a España de que no acaba con los vertederos ilegales. En paralelo, la Comisión Europea cree que la gestión de residuos y el agua son los dos graves problemas medioambientales de España, que tiene muchos vertederos porque recicla menos basura que Europa y las plantas de tratamiento de residuos son poco eficientes. Bruselas propone a España que introduzca un impuesto sobre vertidos, que coordine la gestión de residuos de las autonomías y que fomente la recogida selectiva, concienciando a las familias a separar y reciclar. Urge tomar medidas para que la basura no nos coma.


              Vertedero en barranco de Jagua ( Santa Cruz de Tenerife)                                         La Opinión

La basura creciente es un grave problema en todo el mundo y también en España, donde generamos casi 500 kilos de residuos por persona y año (495 kilos), según un estudio de la Fundación para la Economía Circular. Algo más de la mitad (52,1%) procede de los domicilios y otro 40% del comercio, los servicios, oficinas y centros públicos. La mayoría son biorresiduos (40%), seguidos de papel/cartón (20%), plásticos (10%) y vidrio (5%). Y del total de residuos, un 80% los gestionan los Ayuntamientos y el 20% empresas y entidades privadas.

Con todo, España ha reducido los residuos municipales durante la crisis, de 578 kilos/habitante en 2007 a 435 kilos/habitante en 2014, por debajo de la media europea (475 kilos/habitante/año), según el último informe de la Comisión Europea. Pero tenemos un problema estructural: España recicla mucho menos que Europa (33% frente al 43%) y por eso lleva mucha más basura a los vertederos (un 55% de la basura, frente al 28% en Europa). Y eso hace, además, que haya muchos vertederos ilegales en España.

Europa aprobó en 2008 una Directiva sobre gestión de residuos, con el objetivo de que los paises europeos reciclaran el 50% de su basura para 2020 y el 35% a vertederos, dos objetivos que España incumple con creces (33% y 55%). Ya en octubre de 2008, la Comisión Europea emitió un primer dictamen sobre España alertando de que tenía 300 vertederos ilegales. El Gobierno español (entonces Zapatero) se comprometió a “clausurar y restaurar estos vertederos antes de 2011”, pero la crisis y los recortes lo postergaron, con lo que Bruselas emitió otro dictamen complementario, en septiembre de 2014, en el que se instaba a España a actuar contra 63 vertederos incontrolados: muchos de ellos no funcionaban ya pero eran una amenaza para la salud y el medio ambiente. Finalmente, en 2015, la Comisión Europea constató que los vertederos seguían sin restaurarse y llevó a España ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), al que también había denunciado por sus vertederos a Italia, Grecia, Portugal, Croacia, Chipre, Hungría, Irlanda, Eslovenia, Malta y Portugal.

En febrero de 2016, el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) emitió su primera condena contra España por 30 vertederos ilegales que seguían en activo o no se habían sellado correctamente. Y ahora, el 15 de marzo de 2017, el TJUE ha emitido una segunda condena contra España, por otros 61 vertederos ilegales (ver listado) situados en Castilla y León (26), Canarias (25), Castilla la Mancha (5), Murcia 83), Baleares (1) y Andalucía (1). El Tribunal dictamina que “España no ha aplicado las medidas necesarias para asegurar que la gestión de residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente, en particular sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la flora o la fauna”. Ahora, la Comisión Europea puede pedir al Tribunal europeo que imponga una multa a España por no clausurar bien estos vertederos, como ya hizo con Italia (42 millones) y Grecia (10 millones).

El Gobierno Rajoy ha alegado la crisis y recursos judiciales de los propietarios para justificar que no se hayan clausurado estos vertederos ilegales, insistiendo en que llevan años cerrados. Pero el problema, alega Bruselas, es que estos vertederos son “bombas de efectos retardados”, que una vez cerrados deben ser vigilados y tratados. No sólo porque pueda haber incidentes (como el fuego en el vertedero de Seseña, Toledo), sino porque sufren procesos de descomposición que pueden contaminar la atmósfera y las aguas subterráneas. Incluso aunque se les cubra con una capa de polietileno o con una barrera de arcilla, es habitual que se “pinchen” por los gases emitidos y los movimientos del terreno. Así que debe haber Planes de cierre y tratamiento de estos vertederos  a 30 años vista, algo que la mayoría no tienen.

España tiene muchos vertederos ilegales porque recicla poco (un 33% frente al 40% la UE) y porque las plantas de reciclaje funcionan mal, según el informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (una buena parte, fondos europeos) en construir enormes plantas procesadoras de residuos, 118 en toda España, que concentran en un solo punto los desechos de provincias enteras, mientras en Europa se apuesta por plantas más pequeñas. Las macroplantas españolas son poco eficaces, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores apenas llega al 5%, con lo que el 95% de la basura restante acaba en los vertederos, que así proliferan por doquier. Otro problema señalado por la Comisión es que como España no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica y así contamina la mayoría de los materiales recogidos. Y así, no se puede reciclar el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa y después del dinero que cuesta procesar esta basura, no se puede vender y acaba en los vertederos.

Ya no es sólo la basura tradicional la que se recicla poco y mal. España también gestiona mal  la "basura electrónica", de la que generamos 17,8 kilos al año, más del doble de la media mundial (7 kg/persona). Según la Comisión Europea, el 75% de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos “no se gestionan de forma adecuada”, lo que supone un peligro para la salud y el medio ambiente, además de ser un fraude a los consumidores: al comprar un ordenador o un electrodoméstico, ya pagamos entre 5 y 30 euros por su futuro reciclado. Y según estimaciones de Bruselas, los fabricantes sólo destinan un 20% de esos ingresos al reciclaje. Según datos de Eurostat, España sólo recicla el 25% de los aparatos electrónicos, frente al 355 de media en la Unión Europea. Y muchos acaban también en los vertederos o exportados ilegalmente para extraerles los componentes de valor.

La Comisión Europea cree que España tiene un buen marco legislativo para mejorar su política de residuos, el Plan estatal marco para la Gestión de Residuos (PEMAR), aprobado en 2016, pero cree que falta una mayor coordinación entre el Gobierno central y las autonomías, que tienen las competencias de medio ambiente, cada una con su política, sus objetivos y sus medios. Por eso, Bruselas pide mayor coordinación y más medios para la gestión de residuos, con dos objetivos claros: producir menos residuos y gestionarlos mejor. Para conseguir más recursos, la Comisión Europea propone a España, en su informe medioambiental de febrero, que cree un impuesto nacional sobre residuos, para destinar este dinero extra a mejorar la recogida selectiva de basura y las plantas de reciclaje. Y además, generalizar la responsabilidad al productor, para que las industrias utilicen sistemas de envasado que reduzcan los residuos y faciliten su tratamiento, penalizando a los que no lo hagan.

Al final, los impuestos y tasas a los que generan basura han sido y son muy bajos en España, lo que ha facilitado la generación de residuos y dificultado su tratamiento. La Comisión Europea insiste que España debe utilizar más los impuestos para mejorar el medio ambiente, penalizando a los que emiten residuos y a los que no reciclan. Y reiteran la necesidad de educar a los consumidores en el reciclado y separación de los residuos orgánicos, con un aumento de la recogida puerta a puerta, para facilitar el reciclado posterior de residuos. No es sólo cuestión de dinero y de impuestos, también de educación: nosotros y nuestros hijos debemos aprender que la basura es un problema y hay que colaborar para reciclarla, en beneficio de la salud y el medio ambiente. Y que no podemos llenar el país de vertederos y escombreras, más propios del subdesarrollo que del siglo XXI. Que no nos coma la basura.