jueves, 29 de marzo de 2018

La apuesta por los Centros comerciales


Los inversores extranjeros llevan 3 años apostando por el ladrillo en España, invirtiendo en oficinas, hoteles y Centros comerciales: el año pasado se abrieron 5 nuevos Centros y 29 cambiaron de manos, mientras se esperan 20 aperturas entre 2018 y 2020. España tiene 555 Centros comerciales, el 4º país con más instalaciones, tras Reino Unido, Alemania y Francia. Esta fiebre por los Centros comerciales, en España y el resto de Europa, contrasta con EEUU, donde no paran de cerrar Centros y van a desaparecer la cuarta parte. De momento, los Centros comerciales en España tienen tráfico (1.900 millones de visitantes), ventas y generan altos alquileres. Además, se dan grandes “pelotazos” cuando cambian de manos. Pero su futuro está amenazado por las ventas online. Los expertos creen que sobrevivirán, convirtiéndose en grandes Centros de ocio, con entretenimiento, deportes, restaurantes y tiendas. Pero ojo a una posible “burbuja”, alimentada por inversores extranjeros (dueños del 75% de Centros), que se pueden ir en cualquier momento y dejarnos un rosario de “cementerios comerciales”. Habría que planificar su crecimiento.


enrique ortega

En todo el mundo hay una verdadera “fiebre inmobiliaria, alimentada por el dinero abundante y barato y por la especulación, que deja grandes beneficios en la compra venta de inmuebles, oficinas, hoteles, naves industriales y Centros comerciales. En 2017 se invirtieron en el mundo 1,62 billones de dólares en inmuebles, más de la mitad de inversores asiáticos, sobre todo de China, según el Global Investment Atlas 2018. Y España fue el cuarto país del mundo que atrajo más inversión inmobiliaria, tras EEUU, Reino Unido y Alemania: 13.990 millones de euros de inversión directa, un 45% más que en 2016, según la consultora inmobiliaria JLL. Dentro de este “boom del ladrillo”, la mayor inversión inmobiliaria (el 28% del total) se ha dirigido al comercio (“retail”): 3.909 millones de euros de inversión en 2017, un 31% más que en 2016, repartidos entre los Centros y parques Comerciales (2.700 millones) y tiendas, supermercados e híper (1.209 millones).

La inversión en Centros comerciales batió en 2017 otro récord histórico, como viene pasando desde 2015: creció un 35%, hasta los 2.700 millones de euros (2.000 millones en 2016), según la patronal AECC, el 70% capital extranjero, básicamente británico, norteamericano, francés y alemán. El año pasado se abrieron 5 nuevos Centros comerciales (Alisios en las Palmas, Sambil Outlet y Plaza Río 2 en Madrid, Terrasa Plaza en Barcelona y Parque Melilla) y se realizaron 29 transacciones (compraventas, ampliaciones, intercambio de acciones), entre ellas, la venta de Madrid Xanadú (se pagaron 530 millones de euros, la cifra más alta pagada por un Centro comercial en España), de Nueva Condomina (en Murcia: 233 millones), Área Sur (Jerez: 110 millones) y Alcalá Magna (Alcalá de Henares: 105 millones).

Con estas operaciones, España cuenta ya con 555 Centros y parques comerciales, unas instalaciones que tienen 15,8 millones de metros cuadrados, con 33.744 tiendas y generan 720.000 empleos (332.000 directos), según la patronal AECC. Eso coloca a España como el 4º país europeo con más Centros comerciales, sólo por detrás de Reino Unido (1.200 Centros), Alemania y Francia (unos 700 Centros comerciales cada uno). En general son Centros de tamaño medio, muy alejados de los grandes Centros comerciales de Asia y Norteamérica. Así, el mayor Centro comercial en España, Puerto Venecia (en Zaragoza) tiene 206.000 metros cuadrados, menos de la tercera parte que el mayor Centro comercial del mundo, el South China Mall (660.000 metros cuadrados), instalado en la ciudad china de Dongguan (en Cantón, cerca de Hong Kong), al que siguen, en el Top 10 mundial, 6 Centros en Asia y uno en Turquía, Canadá, Dubai y EEUU.

La patronal de los Centros comerciales (AECC) cree que la fiebre va a seguir y prevé que se pongan en marcha 27 nuevos proyectos entre 2018 y 2020, con 1 millón de metros cuadrados más de oferta en Centros comerciales. La mayoría serán la apertura de nuevos Centros (20), entre ellos el Open Sky en Torrejón de Ardoz (Madrid), para diciembre de 2018, el Centro Palmas Altas en Sevilla (abrirá en 2019), el Centro Canalejas, en Madrid (abrirá a principios de 2019) y el Centro Comercial de Benidorm (para el verano de 2019). De momento, en los dos primeros meses de 2018 ya se han cerrado 4 importantes operaciones en Centros comerciales, por valor de 300 millones (Parque Corredor en Torrejón, Modoo Oviedo, Plaza Imperial en Zaragoza y Rivas Futura en Madrid) y los expertos creen que este año podría batirse un nuevo récord de inversión en Centros comerciales, rozando los 3.000 millones de euros. Y además, sigue la fiebre por invertir en nuevos supermercados y tiendas de moda en el centro de las ciudades, al calor del consumo.

La inversión en Centros Comerciales les parece a los inversores (el 75% extranjero) un buen negocio por varias razones. La primera y básica, porque son lugares de mucho tráfico de consumidores, compren o no: tuvieron 1.900 millones de visitantes en 2017, un 1,8% más que en 2016, según la patronal del sector (AECC). Y además, los visitantes compran: el año pasado se vendió en los Centros por valor de 43.950 millones de euros, un 3,5% más y todo un récord histórico, consiguiendo un 17,9% de cuota de mercado. En el caso de España, el “boom” del turismo (el de verano y los cruceros) es un aliciente complementario para la fiebre de instalar Centros Comerciales próximos a la costa (Levante, Cataluña y Andalucía). Estas ventas crecientes permiten a los inversores cobrar altos alquileres a las tiendas, lo que genera fuertes ingresos y una rentabilidad de la inversión entre el 5% y el 6%.

Pero quizás, lo que más atrae a los inversores extranjeros a los Centros comerciales es la posibilidad de “dar un pelotazo si luego venden su participación. Así, en 2016, el fondo británico Northwood  vendió el Centro Comercial Diagonal Mar a Deutsche Bank por 495 millones, cuando lo había comprado 3 años antes por 160 millones (335 millones de beneficio). Claro que también a veces pierden: los dueños de Madrid Xanadú lo han vendido por 530 millones cuando lo compraron en 2006 por 770 millones.

En cualquier caso, también hay “sombras” sobre el futuro de los Centros comerciales. Una de ellas es que grandes marcas que han abandonado los Centros en los dos últimos años, entre ellas Inditex, C&A, Cortefiel y Alfonso Domínguez, mientras las pequeñas tiendas se quejan de las subidas de los alquileres. Pero la mayor amenaza es el comercio online, el creciente interés de los consumidores por comprar por Internet. Esto es lo que ha hundido a los Centros comerciales en EEUU (los “Mall”): se han cerrado miles de tiendas y grandes almacenes que han dejado vacíos los Centros comerciales y se estima que en los próximos 5 años van a cerrar 300 de los 1.200 Centros comerciales en Estados Unidos.

Los expertos creen que la crisis de los Centros comerciales en EEUU no se va a dar en España ni en Europa por varias razones. Una, porque aquí el comercio online no tiene tanta fuerza: supone un 4% de las ventas en España frente al 15% en USA (sí podría hacer daño en Reino Unido, con un 20% de ventas online). La segunda diferencia es que en EEUU hay un exceso de Centros comerciales, una “sobre oferta”: 5 veces más metros cuadrados por habitante que en España y Europa. O sea, que ha “estallado la burbuja”, máxime cuando los Centros comerciales en EEUU son muy antiguos (más de un tercio son de antes de 1978) y se han quedado obsoletos, con una oferta muy pobre: la mayoría tienen un par de grandes almacenes y unas pocas tiendas, con escaso ocio, restauración y otros servicios.

Así que la patronal del sector, los expertos y los inversores creen que “Europa es diferente” y que los Centros comerciales “tienen recorrido” siempre que se aprenda de los errores USA y se apueste por la innovación de la oferta. Por un lado, defienden renovar las instalaciones, que en el caso de España tienen ya 17 años de vida media (se construyeron al principio del siglo), por lo que el 40% de los Centros comerciales en España necesitan remodelarse. Y al hacerlo, la clave es considerarlos como “grandes espacios de ocio”, ofreciendo junto a las tiendas y comercios de todo tipo una oferta complementaria atractiva: restaurantes, cines y espectáculos, actividades deportivas y lúdicas, parques  y muchos otros servicios (hay Centros que ya incorporan clínicas dietéticas, hospitales, hoteles y hasta bibliotecas). Se trata de diseñar Centros comerciales donde las familias “pasen el día”, gastando no sólo en compras. Y Centros donde puedan hacerse conjuntamente compras físicas y online.

En resumen, parece que la fiebre de los Centros comerciales va a seguir, según la consultora CBRE, con la apertura de Centros más modernos y completos mientras quizás se queden vacíos los Centros más antiguos y obsoletos. Pero ese crecimiento de los Centros comerciales debe hacerse con cuidado, para no crear una “burbuja” que un día nos explote, como la de la vivienda en 2008. La autorización de los nuevos Centros comerciales la hacen las autonomías y cada una “va a su aire”: unas permiten casi todo (Madrid y Cataluña) y otras son más restrictivas, como Andalucía y la Comunidad Valenciana, que no quiere autorizar el mega Centro de Puerto Mediterráneo (en Paterna, Valencia), mientras se quiere abrir otro en Torremolinos para 2020 (Intu Costa del Sol). Y los inversores, el 75% extranjeros, sólo buscan rentabilidad a corto: invertir, cobrar rápido y si pueden, irse pronto con plusvalías. Y si detrás queda un “cementerio comercial”, es cosa de los españoles. Así que cuidado con los Centros: abrir nuevos sí, pero con mesura y planificación. Para que luego no haya que “rescatarlos” con nuestro dinero.


lunes, 26 de marzo de 2018

Plan de vivienda: muchas trampas y poco dinero


El Gobierno ha aprobado el Plan de vivienda 2018-2021, dicen que “el más social de la historia”. Pero está repleto de “trampas”, para gastar lo menos posible, un 43% menos que su anterior Plan 2013-2016. Para ello limitan las ayudas a alquileres de 600 euros (o 900), que apenas hay, con limitaciones de ingresos que dejan fuera a muchos. Y se aprueba tarde, sin aportación autonómica este año. Resultado: 88 euros de ayuda al mes para medio millón de españoles. Menos de lo que cuesta rescatar las autopistas. El Plan debería volcarse sólo en el alquiler y actuar sobre la oferta, no sobre la demanda: si los alquileres están disparados es porque hay pocos. La solución es doble: incentivos fiscales para que se alquilen parte de los 3 millones de pisos vacíos y dedicar el triple de dinero para  promover viviendas públicas en alquiler. Poner en el mercado 1 millón de alquileres más, una parte públicos y a bajo precio, como en Europa. No un Plan engañoso, que "racanea" ayudas y hará subir los alquileres.


enrique ortega

La vivienda preocupa cada vez más a los españoles que no tienen piso propio. Y es normal, porque los precios de las casas llevan años subiendo sin parar (más de un 20%) y en 2017 se han encarecido otro 6,2%, la mayor subida en 10 años. Y los alquileres suben aún más, un 25% en los dos últimos años,  con lo que alquilar un piso en una gran ciudad cuesta ya entre 900 y 1.500 euros (si se encuentra). Un alto coste que ha disparado los desahucios de familias que no pueden pagar el alquiler: 35.666 desahucios en 2017, 150 cada día laborable, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Y mientras, los jóvenes y las familias recién creadas tienen contratos precarios y sueldos mileuristas, con lo que no pueden comprar ni alquilar, obligando a muchos (el 80,6% de los jóvenes) a vivir con sus padres.

En medio de este panorama, el Gobierno Rajoy aprobó el 9 de marzo el Plan de Vivienda 2018-2021, con 15 meses de retraso y una prórroga en 2017 del anterior Plan 2013-2016. Y lo ha “vendido” a todo trapo como “el Plan más social de la historia” (PP dixit), que intenta ayudar a los españoles a alquilar o comprar una vivienda. Pero el Plan está repleto de “trampas”, porque tiene un objetivo de partida: gastar lo menos posible. De entrada, el Plan de vivienda 2018-21 contempla un gasto del Estado de 1.443 millones de euros, dicen que un 62,4% más que el Plan anterior. Primera “trampa”: lo comparan con el gasto realmente hecho en esos cuatro años (888,21 millones), no con el Presupuesto que tenía el anterior Plan (2.311 millones), como debe ser. Y entonces resulta que van a gastar un 43% menos. Y eso si lo cumplen, porque este año está medio perdido y las autonomías, que son las que gestionan el Plan, no aportarán un euro este año, porque ya tienen aprobados y en marcha sus Presupuestos. Además, las autonomías gobernadas por el PSOE se quejan del reparto de las ayudas por autonomías, por "opaco" e injusto.

Se trata pues de un Plan “social” para la galería pero casi con la mitad de dinero que el anterior, gracias a que ponen “trampas” por todos lados para gastar menos. Por un lado, las ayudas al alquiler son para alquileres de no más de 600 euros al mes (apenas hay), que pueden subir a 900 euros en algunas  ciudades (hay 3.800 alquileres de 900 euros en Madrid y Barcelona, según el portal Idealista.com, el 1% del total). Por otro, en la letra pequeña del BOE (no lo dijo el ministro al “vender el Plan) han incluido una limitación a los beneficiarios de la ayuda al alquiler de 35 a 65 años: no pueden ganar más de 806,76 euros al mes (si viven solos), más de 1.075 euros si son dos y no más de 1.344 euros al mes si son tres, lo que deja a muchos españoles fuera. Y a la hora de ayudar a los jóvenes a la compra de pisos, sólo aportan 10.800 euros (el 10% de una casa de 100.000, el tope que permiten) y sólo incluyen viviendas en ciudades de menos de 50.000 habitantes, donde únicamente viven el 11% de los jóvenes españoles (cuyo problema es comprar o alquilar en grandes ciudades).

Además, y para enfadar aún más a los jubilados, el nuevo Plan de Vivienda tiene otra “trampa” escondida: quita el pago de 200 euros que se estaba dado a algunos mayores de 65 años que tenían piso en propiedad, para ayudarles a pagar la comunidad o algunos recibos. Con todo ello y con un abanico de requisitos muy estrictos en todas las ayudas (al alquiler, la compra y la rehabilitación), el Plan prevé “ayudar” a 557.109 beneficiarios en cuatro años. Si a los 1.443 millones que pone el Estado sumamos lo que van a poner las autonomías (un 30%, a partir del año que viene), otros 328 millones, el gasto total en el Plan de vivienda 2018-2021 será de 1.771 millones de euros, lo que da una ayuda media por beneficiario de…88 euros al mes. Una “miseria” como para ayudar de verdad a comprar o alquilar. Y con ello, el Gobierno Rajoy dedicará a la vivienda menos dinero del que nos costará rescatar las autopistas de peaje privadas (mínimo: 2.500 millones de euros).

El Plan de vivienda 2018-2021 tiene tres patas. La primera y fundamental son las ayudas al alquiler, que varían según la edad del que las solicite. Para los jóvenes (menores de 35 años) y mayores de 65 años, se les subvenciona por tres años el 50% del coste del alquiler, pero con el tope de 600 euros (y 900 en algunas ciudades). Eso sí, la condición es que ganen menos de 22.558 euros al año. En el caso de familias desahuciadas, se les subvenciona el 100% del alquiler, pero hasta un máximo de 400 euros (dónde hay alquileres de 400 euros?: otra trampa más). Para los españoles de 35 a 65 años, la ayuda es menor, del 40% del alquiler, y sólo se les da si ganan entre 11.182 (solteros) y 18.798 euros (3 personas), lo que restringe mucho. Y además, hay una novedad: por primera vez el Plan subvenciona a los promotores privados que hagan viviendas para alquilar (con 350 euros/m2), una buena iniciativa que puede fracasar, como ha pasado con las ayudas a las viviendas de protección oficial (VPO), si no se facilita esta construcción privada, quitando burocracia y poniendo suelo público en manos de los promotores privados. También se ayuda a los promotores que construyan pisos con servicios comunes para alquilar a mayores, otra buena idea que algunos promotores critican  porque está llena de restricciones.

La segunda pata del Plan de vivienda 2018-2021 son las ayudas a la compra de vivienda para jóvenes, poco más que “simbólicas”, porque las restringen a viviendas en ciudades de menos de 5.000 habitantes, donde sólo viven el 11% de los jóvenes, según el portal idealista.com. Y otra limitación: la ayuda tiene un tope de 10.800 euros, un 10% del precio máximo de coste de la vivienda, 100.000 euros (UGT dice que la ayuda “es un espejismo: no da ni para pagar el notario y los gastos). Los expertos critican que se ayude a la compra, cuando un joven debería dedicar un 61% de sus ingresos (898,35 euros de media, según el Observatorio de la Juventud) a pagar una hipoteca, algo que les invalida como clientes ante los bancos. Y algunos creen que el Gobierno sólo busca con esta ayuda dar salida a los pisos que no consiguen vender los bancos y la SAREB (el “banco malo”), situados muchos en pequeños municipios.

La tercera pata del Plan de vivienda 2018-2021 son las ayudas a la rehabilitación, “una guinda” para decorar el Plan, que contempla ayudas del 35 al 40% de la inversión, incluyendo por primera vez las viviendas unifamiliares y rehabilitar viviendas aisladas, no edificios enteros. Esta ayuda tampoco ha funcionado en el Plan anterior (25.880 actuaciones en 2016), pero podría ser una buena salida para familias con viviendas antiguas, aunque no sea la prioridad.

Al final, la primera crítica que puede hacerse al Plan de Vivienda 2018-2021 es que tiene recursos muy escasos, un 43% menos que el Plan anterior. Y además, tiene tantas “trampas” y requisitos por todos los lados, que lo normal es que no se gaste lo presupuestado (el Plan 2013-2016 gastó solamente el 38,43%). Pero aunque se gastara todo, sería un esfuerzo mínimo: 1.771 millones en cuatro años, 442 millones anuales, el 0,04% del PIB, un porcentaje ridículo comparado con lo que gastan la mayoría de países en subsidios a la vivienda, según la OCDE: 1,41% del PIB Gran Bretaña, 0,83% Francia, 0,59% Alemania o 0,45% Suecia. Y Eurostat acaba de publicar las ayudas públicas a la vivienda y equipamientos colectivos en Europa en 2016: 0,6% de media en la UE-28, 1,1% en Francia o  0,7% en Gran Bretaña o Italia  frente al 0,5% en España y  0,4% en Alemania. Y un dato más: sólo la ciudad de Viena gasta cada año en vivienda social 600 millones de euros, más que toda España al año con este Plan 2018-2021.

Pero la principal crítica de fondo al Plan de Vivienda 2018-2021 no es que “racanee” con las ayudas y gaste poco: es que está mal orientado. El problema de la vivienda, sobre todo del alquiler, no está en la demanda, sino en la oferta: hay pocos pisos en alquiler y por eso los alquileres se han  disparado. Por eso, ayudar al alquiler acabará traduciéndose en nuevas subidas de los alquileres, como denuncian los portales inmobiliarios y han demostrado algunos estudios universitarios: si el propietario sabe que ahora le subvencionan al inquilino el 40 o el 50% del coste, tenderá a subirlo, porque no se notará tanto con la ayuda. Así que el dinero público del Plan acabará en el bolsillo de los arrendadores. La alternativa es gastar ese dinero en aumentar la oferta, en ampliar el número de viviendas en alquiler, sobre todo en las grandes ciudades, lo único que bajaría los precios y ayudaría de verdad a los inquilinos.

Hay dos vías para actuar y conseguir que haya más pisos en alquiler. Una, incentivar a los propietarios de los 3 millones de casas vacías (particulares, bancos y empresas) a que las pongan en alquiler, con ayudas fiscales. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno Rajoy, que en mayo de 2015 rebajó la deducción fiscal a los propietarios que alquilaban, del 100% al 50% del alquiler, y se la quitó a los inquilinos. Hay que conseguir que al menos 500.000 de esos pisos se alquilen, no por la fuerza, obligando al dueño (eso nunca funciona) sino convenciéndole de que le sale rentable (y “garantizándoles” el cobro de los alquileres). La otra vía es crear un parque público de viviendas en alquiler, a partir de las viviendas protegidas (VPO) vacías (15.000), las viviendas del “banco malo” SAREB (76.000), viviendas que se compraran a bancos y particulares a precios razonables y nuevas viviendas que podrían promover Ayuntamientos, autonomías, ONGs y Fundaciones si tuvieran ayudas, lo que apenas se contempla en este Plan de Vivienda. Podrían ser otras 500.000 viviendas en 4 años.

Y con ellas, tendríamos un parque de 1 millón de nuevas viviendas para alquilar, que forzarían a la baja los alquileres, la mejor ayuda. Y en la parte de las viviendas públicas, podría reservarse una parte para familias sin casi recursos, alquileres sociales de 150 a 400 euros, que no se contemplan en este Plan. Crear un gran parque público de viviendas en alquiler no es una propuesta “de rojos”, es algo que se hace en toda Europa, para permitir que alquilen los que no pueden pagar un alquiler de mercado. Holanda tiene 2.300.000 viviendas públicas en alquiler, el 32% del mercado, Austria el 24%, Dinamarca el 19%, Suecia el 18%, Reino Unido el 18%, Francia el 16%, Irlanda el 9%, Alemania el 2% (1 millón de viviendas) y España… el 2%, unas 300.000 viviendas, según datos oficiales. 

Menos gasto público y menos ayudas a la vivienda cuando en España hay un problema grave de alojamiento para tres colectivos: jóvenes, ancianos y pobres. El 80,6% de los jóvenes menores de 30 años siguen viviendo con sus padres: son 5.236.856 jóvenes que no pueden emanciparse. Dar alojamiento a la cuarta parte supone buscar alquiler para 1.300.000 jóvenes. De los mayores de 65 años, el 91% es propietario de su vivienda, pero el resto, unos 800.000 mayores, viven de alquiler y algunos con dificultades. Ayudar a la cuarta parte supone buscar alojamiento a 200.000 mayores. Y hay 10,5 millones de españoles en situación de pobreza (ingresan menos del 60% de la renta media), de ellos 3 millones de pobres en situación precaria. Buscar alojamiento a la mitad supone sumar 1.500.000 personas más a la lista de los que tienen más problemas de vivienda, 3 millones de españoles en total. Y el Plan de vivienda 2018-2021 pretende ayudar a sólo 557.000, en el mejor de los casos.

Necesitamos un Plan de vivienda más ambicioso, que al menos triplique los beneficiarios (1,5 millones, la mitad de los que realmente necesitan ayuda) y el gasto en vivienda, hasta los 5.000 millones de euros en cuatro años. No es un objetivo descabellado si España recaudara más impuestos, como el resto de Europa (ingresamos 72.000 millones menos cada año por el mayor fraude fiscal y porque pagan poco grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos). Y si destinamos las ayudas, no a financiar a los arrendadores sino a poner en alquiler viviendas vacías y crear un parque público de 500.000 nuevas viviendas en alquiler, para los que no pueden pagar los alquileres de mercado. Todo lo demás son “trampas” y “demagogia”, disfrazados de un Plan de vivienda  el más social de la historia". Otro engaño más.

jueves, 22 de marzo de 2018

España sigue lejos de la Europa rica


Rajoy y de Guindos presumen en Europa del  milagro español”: crecemos más que nadie (falso: 17 países UE crecieron más en 2017) y creamos más empleo (otra mentira: hay 6 países que crearon más). Pero Bruselas ha dado en las últimas semanas dos toques” a España que el Gobierno ha ocultado. Uno, que tenemos el 92% de la renta media europea y 5 autonomías tienen menos del 75%, con lo que estamos peor que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. El otro “aviso”, una alerta de la Comisión Europea sobre la elevada precariedad, pobreza y desigualdad en España, a pesar de la recuperación: somos el primer país en contratos temporales, el 7º país con más pobreza y el 4º con más desigualdad. Y los salarios subieron sólo un 0,5% en 2017, en plena "recuperación". La OCDE también ha alertado esta semana sobre el alto paro, la pobreza y la desigualdad en España, pidiendo reformas fiscales, educativas y laborales.Hay que dejar tanto triunfalismo y ponerse a la tarea: conseguir que trabaje más gente y con más eficacia y productividad para que ganen más. Es la vía para acercarnos a la Europa rica. Se puede.


enrique ortega

Durante la transición política, la mayoría de los españoles queríamos entrar en Europa porque pensábamos que era una garantía de democracia y mejor nivel de vida. Y así fue, a pesar de los problemas. Si España tenía en 1986, el año de la adhesión a la UE, un 72% del nivel de vida europeo (PIB por habitante), fue mejorándolo año tras año hasta equipararnos con los europeos en 2002 (100% del PIB/habitante UE)  e incluso mejorar después (101% en 2005) y llegar a un máximo del 103% de su riqueza en 2007. Pero empezó la crisis y España la sufrió más que la mitad norte de Europa, con lo que empezamos a perder su nivel de renta, en2 010 (España tenía el 99% del PIB/habitante de la UE-28), cayendo hasta un mínimo del 90% de su renta en 2015. Eurostat acaba de publicar los últimos datos, de 2016, ocultados por el Gobierno y poco difundidos por los medios: España tiene el 92% de la renta media europea (PIB/habitante), por debajo del 96% (2011) que encontró Rajoy al llegar a la Moncloa.

Según estos datos, que miden lo que produce cada español (deducida la inflación de los países), España ocupa el lugar nº 14 en el ranking de riqueza europeo, a pesar de ser “la cuarta potencia económica de Europa” (somos el 4º país con más PIB, tras Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, pero otros países más pequeños producen menos en total pero más por habitante, que es lo que importa). El ranking de riqueza europea lo encabeza Luxemburgo (con el 257% del PIB/habitante medio de Europa, o sea que produce 2,5 veces la media UE por persona), seguido de Irlanda (183% del PIB/habitante UE) y varios países ricos del norte de Europa: Holanda (128% del PIB/habitante UE), Austria (127%), Dinamarca (124%), Alemania (124%) y Suecia (123%). En un segundo bloque están Bélgica (118%), Finlandia (109%), Reino Unido (108%) y Francia (104%). Y luego ya, los 17 países europeos restantes están por debajo de la media de riqueza europea, empezando por Italia (97% del PIB/habitante UE), Malta (96%, que superó a España ya en 2015) y España (26.700 euros producidos por  cada español, el 92% de la media UE-28), a la que sigue muy de cerca la República Checa (25.600 euros por habitante), que nos podría “pasar” en un par de años.

Si estos no son datos para “presumir”, menos lo son cuando bajamos al nivel regional, de la riqueza de las 276 regiones europeas que acaba de publicar Eurostat. Aquí aparece que España tiene 5 regiones en el pelotón de las regiones pobres, de las que tienen el 75% o menos de la riqueza europea: Extremadura (63% del PIB/habitante UE-28, peor que Lituania y similar a la riqueza de Hungría o Polonia), Melilla (67%), Andalucía (68%), Ceuta (73%) y Canarias (75%), según Eurostat. Y lo más preocupante es que son más regiones pobres que antes de la crisis (en 2007 eran 4: Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y Melilla) y bastantes más que cuando Rajoy llegó a la Moncloa, en 2011, sólo 2 regiones tenían menos del 75% de la renta europea, Extremadura (67%) y Andalucía (73%), ambas peor hoy. En el otro extremo, Rajoy se encontró en 2011 con 7 regiones españolas que todavía tenían más riqueza que la media europea: Madrid (126%), País Vasco (130%), Navarra (124%), Cataluña (113%), La Rioja (109%), Aragón (108%) y Baleares (101%). Pues bien, en 2016, sólo hay 4 regiones españolas más ricas que la media UE: Madrid (125% del PIB/habitante UE), País Vasco (121%), Navarra (114) y Cataluña (110%). Y todas están peor que en 2011.

Los datos son aplastantes: estamos más lejos de Europa que antes de la crisis y que en 2011. Todos y peor aún las regiones españolas más pobres. Así que “de milagro nada”. Baste una comparación sencilla. Alemania produce casi el triple (PIB 2016: 3.144.050 millones de euros) que España (PIB 2016: 1.118.852 millones). Y Francia (PIB 2016: 2.228.857) casi el doble, según Eurostat. Si descontamos el efecto de que Alemania tiene casi el doble de habitantes (82,8 millones) que España (46,5 millones) y Francia un tercio más (67 millones), resulta que Alemania y Francia producen comparativamente mucho más que España y por eso son más ricos. Concretamente, España produce dos tercios de lo que produce Alemania (26.700 euros de PIB /habitante frente a 36.000 euros, en 2016) y una cuarta parte menos que Francia (26.700 euros frente a 30.400 euros). Producimos menos por español que cada alemán o francés y por eso tenemos peor nivel de vida que ellos.

La siguiente pregunta es obligada ¿Por qué producimos menos que alemanes, franceses y otros 11 países europeos? La respuesta es sencilla y doble: porque trabajamos menos gente y porque trabajamos peor.

Primero, producimos menos porque trabajamos menos gente. Los datos son muy evidentes: en España trabajan el 62,57% de los españoles de 16 a 64 años (EPA diciembre 2017), frente al 67,7% de ocupados en la UE-28, el 65,2% de Francia, el 74,4% en Reino Unido o el 75,4% de Alemania, según los datos de la OCDE, que revelan que España es el tercer país con menos gente trabajando en Europa, sólo por detrás de Grecia (53,9% adultos trabajan) e Italia (57%). Quiere esto decir que si en España trabajara tanta gente como la media en Europa (67,7%), habría 1.543.000 españoles más trabajando y creando riqueza. Y si fuéramos como Alemania, habría 3.850.000 españoles más trabajando (sobre todo mujeres y jóvenes hoy inactivos) y mejoraría el nivel de vida de todo el país.

Segundo, producimos menos también porque los que trabajan lo hacen peor, con menos eficiencia, son menos productivos que en Alemania, Francia y otros 11 países europeos. El indicador de productividad más utilizado es el ranking mundial de competitividad del Foro Económico mundial, que analiza a 137 países. En el informe 2017-2018, España ocupa el lugar 34 del mundo en competitividad (ha empeorado del puesto 32 en 2016-2017), por detrás de 16 países europeos, entre ellos 12 que nos ganaban en riqueza más Suiza, Islandia, Estonia y República Checa, más competitivos que España (sólo ganamos a Italia, en el puesto 43 del ranking, y a los países del Este).  El informe nos da baja nota en innovación, en acceso al crédito, en regulación laboral, en exceso de regulación y burocracia, en impuestos y en formación de la mano de obra, valorando alto infraestructuras y sanidad. Otro ranking de competitividad, de la escuela de Negocios IMD, nos sitúa en el puesto 34 del mundo y en el puesto 18 en Europa, sólo por delante de Italia (39) y Portugal (34).

La siguiente pregunta es más difícil de contestar: ¿por qué trabajamos menos gente y trabajamos peor? Primero tiene que ver con la estructura de nuestra economía, muy asentada en los servicios (turismo y hostelería o comercio) y la construcción pero poco en la industria, que proporciona una riqueza más estable: en España, la industria aporta un 19% del PIB frente al 25% en Alemania. Además, España tiene un nivel tecnológico medio-bajo y la mayoría de lo que producimos tiene un bajo “valor añadido” (a lo claro: son productos de medio o bajo valor) y es muy sensible al precio y a la competencia de terceros países. Algo que tiene mucho que ver con el abandono de la Ciencia, a la que España destina, tras los recortes de Rajoy, el 1,19% del PIB frente al 2,03% en la UE-28 o el 2,94% en Alemania, según Eurostat.

Un factor importante es el tamaño de las empresas: las grandes suelen ser más productivas que las medianas y pequeñas, porque aprovechan mejor las economías de escala (al fabricar más, les bajan los costes medios), consiguen mejor financiación, utilizan más tecnología, exportan más, forman y pagan mejor  y crean un empleo más estable. En España, el 99% de las empresas censadas (ver datos enero 2018) tienen menos de 50 trabajadores y sólo hay un 0,15% de empresas grandes (4.487 empresas con más de 250 empleados), frente al 0,5% en Alemania (más de 9.000 grandes empresas), el 0,4% en Reino Unido o el 0,2% en Francia.

También es un factor clave de riqueza y competitividad exportar más o menos, porque se crea riqueza vendiendo fuera. España ha dado un gran salto exportador en la última década, con la crisis, y las ventas exteriores aportan ya más de un tercio del crecimiento (32,9% del PIB en 2016). Pero hay otros países europeos con mucho más poder exportador, que se traduce en más riqueza: Irlanda (exporta el 121,6% de su PIB), Alemania (exportaciones suponen el 46% del PIB), Bélgica (82,9% del PIB), Holanda (82,4%), Malta (139,6% del PIB), Dinamarca (53,6% del PIB), países la mayoría más pequeños que España pero más ricos por el empuje de sus exportaciones, como República Checa (exportaciones suponen el 79,5% del PIB), Eslovenia (77,4%) o Hungría (89,5%), según los datos del Banco Mundial. Con ello, España es el 5º país europeo con menos peso de las exportaciones, porque hay pocas empresas que exporten (menos de 50.000 de forma habitual) y la exportación sólo es importante en 5 regiones, que suponen dos tercios del total: Cataluña (25,6%), Andalucía (11,2%), Madrid (11%), Comunidad Valenciana (10,6%) y País Vasco (8,6%).

Pero quizás el factor decisivo sea la baja formación de los españoles. Los últimos datos de la OCDE (“Panorama de la educación 2017”) son impactantes: un 41,7% de los españoles adultos (25-64 años) tienen un nivel educativo bajo (sólo con la ESO acabada o ni siquiera), frente al 20,3% en Europa o el 22,4% en la OCDE, el peor dato de todos los países europeos, salvo Portugal (53,1% poco formados), muy lejos del 13,1% de poco formados de Alemania, el 20,2% de Irlanda, el 21,9% de Francia, el 22,9% de Holanda, el 35,7% de Reino Unido o el 39,9% de Italia. En el medio, tenemos menos adultos con formación media (un motor de crecimiento y riqueza): el 22,5% de españoles tienen Bachillerato o FP, frente al 46,4% de media en Europa y el 44,2% en la OCDE, con lo que somos el 2º país europeo con menos personas de formación media, tras Reino Unido (18,4%), muy alejados de Alemania (58,2% adultos con Bachillerato o FP), Francia (43,5%), Italia (42,4%), Holanda (41,1%), Irlanda (37%) y hasta Grecia (41,4%) o Portugal (23,1%). Eso sí, por arriba, tenemos más universitarios que la mayoría: un 35,7% de los adultos en España, frente al 33,4% en Europa y el 36,7% en la OCDE, el 28,3% en Alemania o el 34,6% en Francia.

Estas serían las causas básicas de que seamos más pobres que la Europa rica, las razones que explican por qué trabajamos menos gente y trabajamos peor que otros 13 países europeos. Si tuviéramos un Gobierno que no sólo pensara en hacer triunfalismo barato y una “oposición” que denunciará los problemas de fondo, estos temas estarían en la agenda política, como lo están las pensiones, el paro o las mujeres. Pero son problemas “complejos” y la política va al día a día y a la consigna fácil. Aunque aquí está la clave de todo: o conseguimos trabajar más gente y trabajar mejor o casi nada tendrá arreglo.

Esa es la primera lección de los datos europeos, la “brecha” con la Europa rica. Pero la Comisión Europea acaba de publicar, el 7 de marzo, un informe económico y social que cuestiona el milagro español, alertando del alto nivel de precariedad laboral, pobreza y desigualdad en España, a pesar de la recuperación. Primero, ya somos el país europeo con más porcentaje de empleo temporal (lo tienen el 27,5% de los asalariados) y también el que tiene más empleo a tiempo parcial no deseado (el 60% de los que trabajan por horas). Pero, además, el 40% de los empleos indefinidos tampoco son seguros: se pierden antes de 1 año, según un estudio del blog Nada es gratis. O sea, un empleo como para presumir poco. Y además, los que trabajan tienen bajos salarios, que han perdido peso a favor de los beneficios empresariales: si en 2008, los salarios se llevaban la mitad de la riqueza del país (el 50,1% del PIB), en 2017 se llevan sólo el 47,3% del pastel, mientras crecen los beneficios empresariales (del 41,7% al 42,4%) y los impuestos (del 8,2 al 10,3%). Y en 2017, en plena "recuperación", los salarios subieron sólo un 0,5%, según el INE, mientras la inflación media anual subía el 2%. Eso después de que los salarios hayan bajado en España un -4.4% de 2010 a 2017, según Benchmarking Working Europe 2018.

En segundo lugar, la Comisión Europea alerta a España de que la pobreza ha crecido en España, a pesar de la recuperación: si en 2008 afectaba al 23,8% de españoles, en 2011, al llegar Rajoy subió al 26,7% y en 2016, último dato de Eurostat (índice AROPE) alcanzaba al 27,9%, a 12.989.405 españoles que estaban en el umbral de la pobreza (por bajos ingresos, servicios o alto paro), 2 millones de “pobres” más que antes de la crisis (y +389.543 desde que está Rajoy). Y de ellos, casi 3 millones están en pobreza severa, malviviendo con menos de 342 euros al mes. Un dato que coloca a España como el 7º país con más pobreza de Europa, tras Grecia (35,6%), Italia (30%) y cuatro países del Este, Bulgaria (40,4% pobres), Rumanía (38,8%), Lituania (30,1%) y Letonia (28,5%). No son datos para presumir…

La tercera alerta de Bruselas es el aumento de la desigualdad en España, el mayor sufrido por un país durante la crisis. La renta media (10.708 euros por persona en 2016) ha caído un 0,3% sobre la de 2018, pero a la mitad de españoles con menos renta les ha caído entre un 2,2 y un 12% mientras la otra mitad ganan ya más que antes. Con ello, el 20% de españoles más ricos ganan ahora 6,6 veces lo que el 20% más pobre, cuando en 2008 la diferencia era de 5,6 veces. Y así, España se ha convertido en el 4º país europeo con más desigualdad entre ricos y pobres, sólo por detrás de Bulgaria, Letonia y Rumania. Lo peor es que la Comisión Europea denuncia que las políticas gubernamentales y fiscales no han servido estos años para reducir la pobreza y la desigualdad en España. Pero Rajoy no toma nota.

Esta misma semana, el lunes 19, la OCDE daba otra alerta sobre la recuperación en España, en su informe "Apuesta por el crecimiento 2018": España mantiene una "brecha" de riqueza con los países avanzados y la desigualdad es superior a la media de la OCDE (34 países desarrollados), con un mayor aumento de la pobreza (incluso infantil)  y menores ayudas a las familias desfavorecidas. Y propone al Gobierno mejorar las políticas de empleo (destaca que gasta la mitad que la OCDE) y las ayudas a los parados de larga duración, reformas fiscales que Montoro no atiende (bajar impuestos a los salarios más bajos, subir los impuestos al gasóleo, subir el IVA y los impuestos medioambientales), reformas educativas (mejorar la educación profesional y universitarias de los jóvenes, pero formados que en la OCDE) y laborales (reducir la dualidad fijos/temporales), para mejorar el empleo y la productividad, más bajos que en la OCDE.  

Así que la Comisión Europea, la OCDE y los datos (oficiales) no revelan un “milagro económico español” por ningún lado. Estamos más lejos de la Europa rica y la recuperación no ha servido para evitar tener el 2º paro más alto de Occidente, un empleo más precario, peores sueldos y más pobreza y desigualdad. Lo dicen las estadísticas y los organismos internacionales. Hay que dejar “el triunfalismo y afrontar  los problemas de frente, los que causan que tengamos menos empleo y seamos menos productivos y más pobres. Los expertos de aquí y de fuera ya no han dado las recetas: más industria, más tecnología, empresas más grandes, más exportación, más formación y educación, más productividad, mayor recaudación, más gasto social, mejores salarios, más y mejor empleo. Empiecen por algún lado, pero muévanse para que en unas décadas vivamos mejor, más cerca de la Europa rica. Se puede.  

lunes, 19 de marzo de 2018

Los jóvenes, de mal en peor


La cacareada recuperación no llega a los jóvenes. Más de un tercio siguen en paro (37,46%) y somos el tercer país con más paro juvenil, doble que en Europa. Y tenemos la 4ª tasa más baja de empleo juvenil, mientras se crean empleos muy precarios (sólo el 2% de los contratos hechos a jóvenes en 2017 fueron indefinidos y a tiempo completo) y se abusa del contrato en prácticas, con licenciados trabajando en tiendas o de camareros. Y hay 1.400.000 jóvenes que trabajan de becarios sin cobrar ni cotizar. Los jóvenes que sí cobran, ganan 898 euros netos al mes (640 los menores de 24 años). Y con estos sueldos y esta precariedad, el 80% de los jóvenes siguen viviendo con sus padres. Los jóvenes no salen a la calle para protestar, como los jubilados o las mujeres, pero su situación es dramática. Urge un Plan de empleo, que fomente contratos justos para una generación muy formada pero subempleada. Y mejorar las ayudas fiscales y al alquiler, para que puedan emanciparse y crear una familia, tarea urgente para asegurar las pensiones. Hay que apostar por su futuro.



La crisis de la última década se cebó sobre los jóvenes: de los 3.802.800 empleos perdidos en España entre 2007 y 2014, casi las tres cuartas partes (2.744.000) los perdieron los jóvenes menores de 30 años, según la EPA. Ahora, han recuperado 914.600 empleos (un 44,6% de todo el empleo creado), que es bastante, pero aún les queda recuperar dos tercios del empleo perdido (1.829.400 empleos pendientes de recuperar por los menores de 30 años). En 2017, los jóvenes consiguieron el 30% de todo el empleo creado, pero aún así, su tasa de empleo es baja: sólo trabajan 2.577.200 jóvenes menores de 30 años, el 39,66% de los jóvenes de esa edad. Y si tomamos a los jóvenes de 15 a 24 años, su tasa de empleo es sólo del 21,1%, la cuarta más baja en Occidente, sólo por debajo del nivel de empleo de los jóvenes en Sudáfrica (12,8% empleados), Grecia (14,4%) e Italia (17%) y muy lejos de Francia (28,6%), la media europea (34,7% jóvenes trabajando), la OCDE (41,4% empleados), Alemania (46,6%), Reino Unido y EEUU (50% jóvenes empleados), según la OCDE (2016).

A los jóvenes que han encontrado trabajo estos años les ha pasado como al resto de españoles: que han sido empleos muy precarios, más aún entre los jóvenes. Así, sólo 8 de cada 100 empleos han sido indefinidos (el 5% en Andalucía, Castilla la Mancha y Cantabria) y el 92% temporales, según el Observatorio del Instituto de la Juventud. Y en 2017, sólo el 2% de los contratos hechos a los jóvenes (menores de 30 años) fueron contratos indefinidos y a tiempo completo, según una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno. Impresionante. Con ello, el porcentaje de jóvenes asalariados (16 a 29 años) que trabajan con un contrato temporal es ya del 57,5% (1.347.100 de 2.333.200 ocupados), un récord histórico. Y si tomamos sólo a los jóvenes menores de 25 años, el 72% tienen un contrato temporal. Y además, el 23% de los jóvenes  tienen contratos a tiempo parcial, por horas, la mayoría porque no encuentran otra cosa. 

La creación de empleo en los últimos cuatro años ha ayudado a bajar el paro de los jóvenes, pero de forma insuficiente, ya que a finales de 2017 había 1.014.400 jóvenes en paro (de 16 a 29 años), uno de cada seis jóvenes, según la EPA. Lo más llamativo es que el paro ha aumentado en 2017  entre los jóvenes de 16 a 19 años, en +2.700 jóvenes, lo que se explica porque hay chavales que han dejado los estudios y se han animado a buscar trabajo a la vista de que aumentaba el empleo. Y eso pasa también en edades superiores. Así, hay 100.000 jóvenes de menos de 24 años que se han sumado a buscar trabajo desde 2014, la mayoría de ellos (60.000) en 2017. Un fenómeno preocupante porque muchos de ellos han dejado sus estudios para buscar trabajo y aumentar de momento las cifras del paro.

En conjunto, el paro juvenil se redujo en 110.200 jóvenes en 2017, pero la tasa de paro juvenil sigue siendo muy elevada: 54,20% (más de la mitad) entre los jóvenes de 16 a 19 años, el 33,95% para los de 20 a 24 años y el 21,71% para los de 25 a 29 años, tasas muy superiores a la media del paro en España (16,55% en 2017, según la EPA). En conjunto, España tiene la tercera mayor tasa de paro juvenil de Occidente, según las estadísticas de la OCDE (2017): 37,46% de los jóvenes menores de 25 años, sólo por detrás de Sudáfrica (53,3%) y Grecia (47,4%) y el doble de la media UE-28 (18,7% de paro juvenil), quedando por encima del paro juvenil de Italia (37,8%), Francia (24,6%), Portugal (23,9%), Reino Unido y la OCDE (13%), EEUU (9,2%), Alemania (7%) o Japón (4,7%). Y encima, en España hay 5 autonomías con una tasa de paro juvenil exagerada (menos 25 años): Melilla (68,59%), Extremadura (51,03%), Ceuta (48,94%), Andalucía (47,88%) y Castilla la Mancha (46,08%).

 Mucho paro juvenil y poco empleo, que además de precario se ve rodeado de abusos” en la contratación por parte de las empresas. El sindicato CCOO acaba de publicar un informe sobre los contratos de formación y aprendizaje donde denuncia que las empresas (sobre todo las más pequeñas) utilizan este contrato para ofrecer empleos a jóvenes licenciados que no pretenden mejorar su nivel educativo sino conseguir mano de obra barata. Así el 35% de estos contratos de formación se hacen en la hostelería y el comercio para jóvenes universitarios, encadenando ilegalmente contratos: un licenciado puede ser contratado para “aprender” de camarero y al año hacerle otro contrato como dependiente y al año otro como empleado de limpieza. La misma persona y sin cotizar un euro por él, ya que estos contratos están exentos, lo que ha privado a la Seguridad Social de ingresar 1.893 millones en cotizaciones los últimos 5 años (bonificaciones como ésta son una de las razones de su déficit). CCOO denuncia que con los contratos de formación se está subvencionando contratos precarios y ayudando a que las academias privadas (que cobran por cada “alumno”) ganen dinero, mientras la patronal CEOE quiere ahora que estos contratos de formación” se amplíen a mayores de 45 años (ahora el límite son 30 años).

Otro “abuso” en la contratación de jóvenes son los becarios. Un estudio de InfoJobs ya revelaba, en 2015, que el 52% de los becarios trabajaban gratis. Y ahora, en 2018, un informe de CCOO denuncia que en España hay 1.445.000 becarios que ni cobran ni cotizan: 1 millón son universitarios en prácticas externas, 63.000 desempleados en formación para el empleo y 100.000 en otras tres modalidades de prácticas no laborales. De hecho, cotizar por los becarios es obligatorio desde 2011, pero CCOO estima que sólo cotizan una minoría, unos 80.000 (otra causa del déficit de la Seguridad Social). Y encima, la patronal CEOE acaba de pedir que no se les obligue a cotizar ni a pagar a los becarios

Otro problema muy habitual en la contratación de los jóvenes es que hacen trabajos que poco tienen que ver con su formación, están “sobrecualificadospara el empleo, lo que les desanima mucho y supone un despilfarro de los recursos invertidos en formarles. En 2017, el 47,7% de los menores de 30 años estaban “sobrecualificados” para el trabajo que hacían, según el Observatorio  del Instituto de la Juventud,  especialmente en Aragón, Extremadura y Baleares, donde los jóvenes sobrecualificados suponían el 53% de los contratos. Y los universitarios que han hecho un master, aunque trabajen en lo suyo, ven que el 26,8% ganan menos de 1.000 euros y que el 61% no supera los 1.600 euros al mes, según un estudio del CRUE. Tanto estudiar para esto...

Entre el paro, la precariedad laboral y el tipo de contratos que tienen, el 39,3% de los jóvenes españoles menores de 30 años no ingresa nada, según el Observatorio 2017 del Instituto de la Juventud. Y entre los que sí ganan algo, el sueldo neto mensual es de 898,35 euros para los trabajadores menores de 30 años (y 640 euros al mes para los menores de 24 años). Una estimación que parte del Decil de Salarios de la EPA, que fija un salario medio bruto para los jóvenes de 1.029,30 euros al mes (2016), casi la mitad del salario medio bruto para todas las edades (1.878,1 euros brutos). El salario varía con la edad de los jóvenes, según la Encuesta de Salarios del INE 2015: si el sueldo medio bruto español es de 23.106 euros anuales, los jóvenes menores de 20 años ganan la tercera parte (7.526 euros brutos), los de 20 a 24 años la mitad (11.228 euros) y los que tienen entre 25 y 29 años ganan dos tercios de la media (16.046 euros brutos). Y las mujeres jóvenes menos, porque si la brecha de género es del  -22,86%, entre 20 y 24 años sube al -23,74% y luego baja al -14% entre 25 y 29 años.

Con este nivel de ingresos, poco pueden hacer los jóvenes, desde alquilar o comprar un piso a pensar en formar una familia o, mucho menos, ahorrar para la jubilación, como les piden algunos. Y la situación ha ido a peor en los dos últimos años, con la subida de los precios de los pisos (+6,2% en 2017, la mayor subida en 10 años) y de los alquileres (+18,4% en 2017, la mayor subida en 11 años). Estas fuertes subidas han afectado muy negativamente a los jóvenes, que tienen ahora mucho más difícil emanciparse. Así, comprar un piso le supone a un joven, de media, dedicar el 61% de sus ingresos a pagar la hipoteca, algo que además de imposible les invalida ante los bancos (cuyo tope es que el hipotecado destine a pagarles el 30% de los ingresos). Pero tampoco pueden alquilarlo porque el alquiler medio, de 767 euros (difícil de encontrar en una gran ciudad) les supone a los jóvenes dedicar el 85,4% de sus ingresos, según el Observatorio del Instituto de la Juventud. Imposible.

La consecuencia es evidente: con estos precios de pisos y alquileres y sus limitados ingresos (encima muy precarios e inestables), los jóvenes optan por quedarse a vivir con sus padres: en el verano de 2017, el 80,6% de los españoles jóvenes menores de 30 años vivían con sus padres, nada menos que 5.236.860 jóvenes, 4 de cada 5 en esas edades, según el Observatorio del Instituto de la Juventud. Y hay 8 autonomías donde suben al 82% los jóvenes no emancipados: Andalucía, Extremadura, Murcia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, la mayoría de España. Un dato que contrasta con el 70% de jóvenes no emancipados en Europa.

Si el presente de los jóvenes es difícil, a pesar de la recuperación, el futuro se presenta más problemático, por dos razones. Una, porque para 2030, un tercio de los empleos actuales (34%) están en riesgo, por la robotización de la economía, según un reciente estudio de la consultora PWC hecho en 27 países, que señala a España como el 4º país más afectado por la automatización del trabajo, tras Eslovaquia (perdería el 44% de los empleos actuales), Italia (-39%) y Alemania (-37%). Ya hace un par de años, la OCDE señalaba a España como el tercer país occidental más afectado por la robotización, tras Alemania y Austria.

Pero hay otro motivo de preocupación: el empleo del futuro será más especializado y el 70% de los nuevos empleos que se creen en 2025 requerirán una “alta formación”, según la Comisión Europea. Y nuestros jóvenes (25-34 años) tienen todavía baja formación, aunque un tercio largo sean universitarios, según el último informe educativo de la OCDE: el 35% tienen baja formación (sólo tienen la ESO o ni siquiera) frente a menos de la mitad en la OCDE (16%) y en Europa (15% en UE-22 y 13% en Alemania, Francia y Reino Unido), con lo que somos el país europeo con más porcentaje de jóvenes poco formados y el tercero de la OCDE, tras Turquía (45% jóvenes poco formados) y México (53%). En un nivel medio (con Bachillerato y FP) están el 24% de los jóvenes españoles, frente al 42% en la OCDE y el 40% en la UE-22. Y otra vez, tenemos casi tantos jóvenes universitarios (41% como la OCDE (43%) y más que Europa (40% en UE-22). Una pirámide de formación totalmente “de locos”: muchos jóvenes muy formados, muchos jóvenes sin formación y pocos con formación media.

Ante este difícil panorama para los jóvenes, con poco empleo, mucho paro y un futuro que exige más formación, ni el Gobierno Rajoy ni la “oposición” plantean alternativas, mientras los jóvenes se mantienen “dormidos”, tratando de sobrevivir al día a día. Es urgente tomar medidas para afrontar el futuro de nuestros hijos y nietos, cada día más oscuro. Y como en todo lo demás, no hay “soluciones milagro”, sino que hace falta afrontar un abanico de medidas a corto, medio y largo plazo, que exigen dinero, medios y valentía política.

Lo más urgente es poner en marcha un Plan de empleo que gire en torno a los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años, los que menos se benefician de la recuperación. Hay que acabar con los “contratos basura” para jóvenes, que esconden la “explotación laboral” y la precariedad bajo paraguas de formación y aprendizaje. Y fomentar la contratación estable a tiempo completo, con incentivos fiscales y más inspección de trabajo. E implicar a las empresas y a la Universidad en la formación para el empleo, con más prácticas remuneradas y unos cursos de formación actualizados para los jóvenes parados. Y, por supuesto, una reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE), para que reorienten y coloquen a los jóvenes. No basta con gastar el dinero europeo (Garantía Juvenil) en buscar un contrato en prácticas o un curso de formación a los jóvenes por unos meses. Hacen falta contratos de verdad.

En paralelo, hay que reformar de arriba abajo la enseñanza, desde la ESO al Bachillerato y la Formación Profesional y la Universidad, para que los niños y jóvenes actuales estudien lo que la economía va a demandar dentro de 2 décadas (quizás no sepamos qué, pero si sabemos los estudios que no tendrán salida, para no seguir “fabricando parados”). Y en esta tarea, resulta clave recuperar a los jóvenes perdidos por el camino, ese 18,2% de jóvenes que han abandonado los estudios (en Europa son el 10,7%) en 2017 (570.672 jóvenes de 18 a 24 años) para irse al paro o al subempleo y que habría que recuperar para las aulas, para que tengan oportunidades de empleo en el futuro.

Un tercer frente de actuación es apostar por una política de apoyo a la familia (en España sólo se gasta el 0,7% del PIB en ayudas a la familia, según Eurostat, frente al 1,7% de media en la UE-28 y el 2,4% en Francia, que tiene incluso un Ministerio de Familia, como Alemania), con múltiples actuaciones para ayudar a los jóvenes a emanciparse y crear una familia: ayudas a la vivienda (sobre todo al alquiler: el nuevo Plan de vivienda da 390 euros de ayuda mensual a los jóvenes que ganen menos de 19.000 euros, pero es insuficiente para muchos jóvenes y además las ayudas provocarán más subidas de los alquileres), promoción de guarderías, horarios laborales más razonables, mejora permisos paternidad y maternidad, ayudas a la natalidad y medidas fiscales, para frenar la caída de la población y aumentar el número de cotizantes, clave para salvar las pensiones a medio plazo (las de "los jóvenes de hoy").

Pero sobre todo, Gobierno, políticos e instituciones tienen que demostrar a los jóvenes que saben dónde vamos, que nos preocupamos por las nuevas generaciones y por sentar las bases del futuro de España. Porque lo que hay ahora, con el 80% de los jóvenes dependiendo de los padres, es la muestra de un gran fracaso, como país y como generación. No se escuden en el “conformismo” de los jóvenes o en su “impotencia” para seguir sin hacer nada. Nos estamos jugando su futuro.