miércoles, 30 de noviembre de 2011

La Justicia gratuita, en peligro

Casi 2 millones de personas con pocos recursos reciben cada año la asistencia gratuita de un abogado. Es el 112 de la Justicia, un servicio financiado con los impuestos y que cuesta menos que en Europa. Las autonomías, sobre todo Madrid y Valencia, lo han recortado y deben casi un año a los abogados. Y quieren recortar aún más la Justicia gratuita, un derecho constitucional, dentro de otros recortes que ya está sufriendo la Justicia en muchas autonomías, sobre todo en personal, medios y nuevos juzgados. Varias autonomías del PP, con Madrid a la cabeza, quieren devolver las competencias de Justicia. Y Cataluña ha abierto la puerta del copago, subiendo las tasas judiciales para 2012.

enrique ortega
Defender gratis a los que no tienen posibles se hace desde el siglo XIII, pero en España es un derecho reconocido en tres artículos de la Constitución (17.3, 24.2 y 119) y desarrollado en una Ley de enero de 1996. Con la crisis, han aumentado los beneficiarios (han de ganar menos de 14.910 euros anuales), 1,7 millones de personas en 2010. La mayoría son del turno de oficio (66%), seguido de la asistencia letrada al detenido (22%) y asistencia por violencia de género (4%), destacando los temas penales (64%) y civiles (20%).

En España, la Justicia gratuita, en la que colaboran 36.000 abogados de 83 Colegios, es muy valorada por los usuarios (nota de 6,9, según encuesta de Metroscopia) y resulta más barata que en Europa: costó 256,6 millones en 2010, 5,40 euros por habitante frente a 7 € de media europea (y 50 € en Reino Unido, donde tienen derecho a ella todos los ciudadanos). Y su coste bajó por primera vez en 2010, un 4%, a pesar del aumento de expedientes, sobre todo por impagos, ejecuciones hipotecarias, litigios en pagos por divorcios y juicios por delitos de tráfico.  

En las 5 autonomías donde la Justicia no está transferida (Castilla y León, Murcia, Castilla la Mancha, Baleares y Extremadura), el Ministerio paga a los abogados sin problemas. Pero en el resto, las autonomías aplican recortes e impagos al turno de oficio. Madrid  debe los 10 meses de este año (8,14 millones), lo que ha provocado la primera huelga de abogados de la historia. Y Valencia debe otros 10 millones. En ambos casos, y en otros (Cataluña debe cuatro meses), los Colegios tienen créditos para pagar a sus colegiados (como los farmacéuticos).

Junto a estos impagos, casi todas las autonomías han aplicado recortes a la Justicia gratuita en 2011, reduciendo derechos: exigencia de más requisitos a los emigrantes (Valencia, Castilla y León, Madrid, Sevilla, Granada, Melilla), recortes a la asistencia a presos y desvío de la asistencia a mujeres maltratadas a asociaciones al margen de los Colegios de abogados. Y hay varias autonomías, con Madrid a la cabeza, que se han reunido para estudiar “reformas”, por tres vías: asumir ellos el servicio (“funcionarizarlo”), privatizarlo (Madrid ya ha adjudicado a Legalitas el Servicio de asistencia jurídica a mayores) y restringir el servicio (“a los pobres de solemnidad”, como dijo el ex- consejero madrileño, Granados).

Los recortes e impagos en la Justicia gratuita (el chocolate del loro: supone el 6,3% del gasto  en Justicia), son sólo una muestra de los recortes en la Justicia, tras los de sanidad, educación y gastos sociales, aplicados por el Gobierno (el Presupuesto 2011 cayó un 7%) y todas las autonomías, que financian el 60% del gasto judicial. Y eso, a pesar de que España gasta menos en Justicia (0,38% PIB, frente al 0,50 % de media en Europa). Y, lo más llamativo: hay varias autonomías del PP, empezando por Madrid y Aragón, que ya han dicho que quieren devolver  esta competencia al Estado. Y tanto Murcia como Castilla la Mancha no han querido este verano asumir las competencias de Justicia, como les tocaba.

En paralelo, Dolores de Cospedal advirtió que el PP “estudiará cómo gestionar mejor los recursos en Justicia”, lo que augura nuevos recortes. Y Cabré, el consejero de Justicia valenciano defendió que” los que usan la Justicia paguen una tasa extra”. Precisamente, varias asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria) han lanzado el debate del copago judicial: aumentar las tasas judiciales que liquidó Felipe González en 1986 y que recuperó Aznar en 2002. Actualmente las pagan sólo las empresas, en temas civiles y contenciosos, aportando 173 millones al año. Algunos expertos plantean extenderlas también a los temas penales y de lo social y que paguen también los particulares (que ya pagamos la Justicia con los impuestos). Otros sin embargo defienden aumentar el Presupuesto de Justicia, para modernizarla y hacerla más ágil, lo que pasa por aumentar jueces, plantillas, tecnología  y juzgados.

De momento, Cataluña introducirá en 2012 el copago en la Justicia, con siete nuevas tasas. En paralelo a este debate sobre la financiación de la Justicia, está en el aire el futuro del turno de oficio y la Justicia gratuita, más aún con el futuro Gobierno. Y eso cuando la Unión Europea se está planteando crear un turno de oficio europeo. El Consejo de Colegios de Abogados denuncia que “con la excusa de la crisis, algunas autonomías aprovechan para reducir derechos de los que por no tener posibles no tendrían ni derecho a una defensa justa”. 

Estamos hablando del 112 de la Justicia, un servicio público esencial (como la salud) que nos cubre por si nos pasa algo y no podemos pagar un abogado. Un servicio modelo en Europa y que cuesta 45 millones al año en Madrid (lo que 4 meses Tele Madrid) o 24 millones en la Comunidad Valenciana (poco más que las tres torres fantasmas de Calatrava). Es un derecho fundamental, para los más débiles, y hay que salvarlo.

domingo, 27 de noviembre de 2011

Guarderías: recortes y falta de plazas públicas

Otro curso más, miles de niños menores de 3 años se han quedado sin plaza en las guarderías públicas, que han sufrido recortes, de profesores y medios, como el resto de la enseñanza. El Gobierno y las autonomías han incumplido el Plan Educa-3, para construir 300.000 nuevas plazas infantiles públicas en 5 años: sólo se harán la tercera parte. Y con ello, las guarderías privadas, más caras, ya son mayoría en España. Con la crisis, muchas familias no pueden pagarlas y lo sufre la mujer, que deja su empleo para cuidar a sus hijos. Los niños y sus familias necesitan un Plan de choque de guarderías públicas, a salvo de los recortes.

enrique ortega
La educación infantil ha dado un gran salto en la última década, multiplicándose por cuatro: de 101.441 niños menores de 3 años escolarizados en 2000-2001 se ha pasado a 462.390 este curso, con un aumento del 7,6 %, el mayor en toda la enseñanza (+2,1% de media). El problema es que está mal repartida: la tasa de escolarización es mínima hasta 1 año (7,6%), baja en 1 año (27,6%), media en 2 años (44,8%) y muy elevada en 3 años (99,1%), donde superamos la media europea (77,2%), muy por encima de Alemania (88%) o Reino Unido (79,8%) y por debajo de Francia (100%).
Sin embargo, las plazas de educación infantil son insuficientes. Un estudio de la Universidad de Vic (2006) cifraba en 351.593 las plazas públicas necesarias para contar con una por cada tres niños. En 2007, el Gobierno Zapatero aprobó el Plan Educa-3, para crear 300.000 nuevas plazas de educación infantil entre 2008 y 2012, con una inversión de 1.087 millones, financiados a medias entre el Estado y las autonomías. Pero con la crisis, las autonomías no han puesto su parte y aunque Educación si ha aportado 100 millones cada año, sólo se han construido 71.000 plazas entre 2008 y 2010 (un 20%). La Comunidad Valenciana y Canarias son las que menos han construido ( 6%), seguidas de Murcia (12,8%), Galicia (16,8%), Asturias (17,8%) y Castilla y León (19,8%), construyendo más de la mitad sólo Castilla la Mancha (66,8%), Ceuta y Melilla (51,9%).

Pero ese no es el único problema. Además de construir nuevas escuelas infantiles, hay que mantenerlas, pagando profesores, gastos y material. Y los Ayuntamientos, que gestionan normalmente las guarderías públicas han sufrido los recortes de las autonomías, sobre todo este curso, donde se han reducido profesores, horarios  y material, sobre todo en Madrid, Valencia, Canarias, Castilla y León, Murcia, Baleares y Navarra. Y se han reducido las subvenciones (cheques bebé) a las familias.  

El resultado es que unos 100.000 menores de 3 años se han quedado sin plaza en las  escuelas infantiles públicas (25.000 en Madrid, 14.000 en la Comunidad Valenciana y 16.000 en Castilla la Mancha), según los sindicatos. Y los que han podido, han mandado  a sus niños a guarderías privadas, que son ya mayoría (4.122 de los 8.062 escuelas infantiles, un 51,12% cuando en el conjunto de la enseñanza, la privada supone el 32%).En varias autonomías gobernadas por el PP (en especial Madrid), se recortan presupuestos a las escuelas públicas y aumentan a las guarderías privadas y concertadas. Y se privatiza la gestión de las públicas, dando entrada a empresas de servicios y restauración, que ganan concursos por precio frente a cooperativas de profesores, en perjuicio de la calidad.

La mayoría de los padres que llevan a sus hijos a una guardería privada lo intentaron primero en una pública, según una encuesta de la OCU, que revela enormes diferencias de precios por autonomías y un coste de 200 euros más al mes en las privadas (sobre 400 euros mes). Las públicas, además de ser escasas y con horarios muy estrechos, no son accesibles a la clase media y media-baja, porque resulta difícil conseguir plaza ganando más de 15.000 euros anuales. Al final, un 35% de los encuestados deja a los niños en casa o con los abuelos (el 70% cuida a sus nietos). Y más con la crisis.

La falta de escuelas infantiles, sobre todo entre 0 y 2 años, es grave por dos razones. Una educativa: los alumnos de 15 años que han ido a preescolar obtienen notas de lectura 40% superiores a los niños que no, según un informe de la OCDE. Y tienen menos fracaso escolar. La otra razón es económica: las escuelas infantiles fomentan el trabajo de la mujer, que en España tiene más paro que el hombre y una de las tasas de actividad más bajas de Europa (un 48% son inactivas frente al 27% en Suecia, por ejemplo). Además, en España, un 23% de las mujeres con niños menores de 5 años han dejado su empleo para atenderlos, por la escasez de guarderías asequibles pero también por la escasa ayuda de sus maridos (somos el sexto país de los 32 países de  la OCDE donde menos ayudan los hombres en casa).

Un reciente estudio de la  OCDE denuncia que en España resulta difícil combinar trabajo y vida familiar: Y resalta que no hay suficientes guarderías fuera del horario escolar, pidiendo más ayudas públicas a la familia, para aumentar la tasa de natalidad (1,4 hijos por mujer frente a 1,74 de media en la OCDE) y el trabajo de la mujer. De hecho, España gasta poco en protección a la familia (el 0,7% del PIB frente al 2,3% en la UE).

El nuevo Gobierno ha prometido, en campaña electoral, “impulsar la educación infantil”. Habrá que verlo y si lo que se fomentan son guarderías privadas estilo “aparcamiento de niños”, caras y subvencionadas con dinero público, en vez de escuelas infantiles de calidad. Hacer un Plan de choque para construir las 150.000 guarderías públicas que faltan costaría 500 millones de euros. Es poco: la cuarta parte de lo que nos cuestan las TV autonómicas. Hay que volcarse en ello: es la semilla de nuestra educación y del empleo de la mujer. Dos puntos clave para salir de la crisis.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

La Formación Profesional está de moda

Este curso se ha batido el récord de alumnos en Formación Profesional (FP). Y muchos se han quedado sin plaza, mientras la FP gana ya al Bachillerato en varias autonomías. La crisis ha revalorizado la FP como el mejor pasaporte al empleo, mejorando su atractivo entre los jóvenes. Mucho han ayudado los cambios hechos en los últimos años, ampliando las vías de acceso y los títulos. Pero todavía estamos muy por debajo de Europa en FP, que también está sufriendo los recortes de presupuestos y profesores. El reto es conseguir 200.000 plazas extras en la próxima Legislatura y destinar más recursos, sobre todo las autonomías.


Uno de nuestros problemas de fondo es la baja formación de los españoles respecto al resto de europeos: la mitad de la población tiene un nivel de formación de la ESO o inferior (48,2% entre 25 y 64 años, frente al 23,2 % en Europa), un 22,1% tiene un nivel medio (Bachillerato o FP de grado medio) frente al 48,9 % en Europa y un 29,7% tiene un nivel de estudios superior (Universidad o FP grado superior), más que en Europa (27%). Y esto tiene mucho que ver con que tengamos más del doble de paro que Europa, ya que la crisis se ha cebado sobre todo en los trabajadores con menos formación (31,2% de paro).

Cara al futuro, la Comisión Europea estima que el 50% de los empleos de 2020 van a exigir una cualificación media (y otro 35 % una cualificación alta). O sea que, o nos ponemos las pilas o la mitad de los españoles sólo tendrán acceso a un 15% de los empleos. Por eso, hay que apostar por la formación en esta década, sobre todo a nivel medio (universitarios nos sobran). Y aquí es clave apostar por la Formación Profesional, donde estamos muy retrasados respecto a Europa: de cada 100 jóvenes que acaban la ESO, sólo 32,5 eligen estudiar FP, cuando en Europa son la mayoría (58%). Y así nos va con el empleo.

Las causas de este retraso de la FP en España son su mala imagen histórica (parecía una enseñanza “de segunda” y para “malos estudiantes”), unos estudios poco ligados a la demanda  y escasa relación con las empresas. Ahora, con la crisis, muchos jóvenes han visto que los que tenían FP se libraban mejor del paro. También  han surtido efecto las medidas de apoyo a la FP puestas en marcha desde 2008, con un doble objetivo: ampliar las vías de acceso a la FP (más alumnos) y su catálogo de cursos.

Hasta ahora, FP y Bachillerato eran enseñanzas separadas: si un joven elegía una y luego la dejaba (tenemos el 28,4% de abandono escolar, el doble que Europa), entraba en una vía muerta y no podía cambiar. Había que terminar la ESO para hacer FP de grado medio y el Bachillerato para la FP de grado superior. Ahora, para el curso 2012-2013, se opta por crear puentes entre la FP y el Bachillerato, ampliando las vías de entrada. Así, un adolescente de 15 años que ha dejado la ESO puede ser recuperado para la FP estudiando unos módulos obligatorios. Un adolescente que deja el bachiller puede ser recuperado para la FP con un curso de acceso al grado superior de FP. Y cualquiera que saque el título superior de FP puede entrar en la Universidad si su nota le acompaña (hasta el curso 2010-11, tenían cupos). Con ello, los jóvenes pueden ir de una a otra enseñanza, sin vías muertas.

Además, se quiere ampliar la FP con adultos, por dos vías: con master para los que quieren reciclarse (los están haciendo hasta universitarios, porque ayudan a encontrar empleo) y dando titulación (50.000 en las pruebas de selección de junio) a los que no estudiaron en su día y justifiquen una experiencia y formación. En enero darán también FP los centros de Defensa y este curso ya hay más de 100 titulaciones FP que se pueden estudiar online. Además, el catálogo general de títulos se ha ampliado a 140, aún lejos de los 320 de Alemania. Y hay más movilidad para hacer prácticas, en España y en Europa (programa Leonardo da Vinci).  

Con todo ello, se ha conseguido el récord de alumnos este curso en FP: 610.860 (frente a 684.697 en Bachillerato), un tercio más que hace diez años, el 69,5% en centros públicos  y más de la mitad concentrados en cuatro autonomías (18,6 Andalucía, 16,9% Cataluña, 11,9% Comunidad Valenciana y 11% Madrid).Se  estima que han faltado unas 50.000 plazas de FP y son varias las autonomías (Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia) donde ya hay más jóvenes estudiando FP que Bachillerato, con saturación de demanda en muchos estudios.

Cara al futuro, Educación ha elaborado un Mapa donde propone dar un mayor empujón a la FP hasta 2020, para que la estudien 1,4 millones de españoles más de los que lo harían al ritmo actual. Y más a corto plazo, plantean el objetivo de crear 200.000 plazas  de FP la próxima Legislatura, sobre todo en los estudios donde más faltan: distribución y transporte (115.000), sanidad y dependencia (60.000), industria (12.000), construcción (11.000) y sector agrario (2.000 en agroecología y alimentación). La clave es pactar los estudios con las empresas y que colaboren contratando alumnos para formarlos, como en Alemania.

La gran incógnita de todo este Plan son los recursos para la FP, una enseñanza más barata que la universitaria, aunque más costosa que Bachillerato. En los dos últimos cursos, ha sufrido los recortes de la enseñanza, en presupuesto y profesores, porque el 88%  la financian las autonomías. Ahora, hacen falta más profesores, más centros y más medios. Y  el Mapa de la FP del Gobierno saliente no concreta cómo va a financiarse. Hace falta un gran pacto para impulsar la Formación Profesional y ponerla a nivel europeo. Es la formación que nos puede sacar de la crisis, sobre todo a los jóvenes. Hay que estudiar para trabajar.

domingo, 20 de noviembre de 2011

España pierde población (y no sólo por la crisis)

Mientras el mundo acaba de superar los 7.000 millones de habitantes, España está perdiendo población, por primera vez desde 1.939. Con la crisis, ha estallado también la burbuja demográfica, por la marcha de inmigrantes y de españoles jóvenes a la busca de un empleo fuera. Pero la culpa la tiene también la baja natalidad española, fruto de una escasa ayuda a la familia y a la mujer trabajadora, mientras aumentan las muertes por el envejecimiento de la población. Con todo ello, España va a perder medio millón largo de habitantes hasta 2020. Menos población y más viejos, con lo que sólo habrá un activo por un inactivo para 2050. Una bomba demográfica, económica y social.

enrique ortega
Danica, una niña filipina nacida el 31 de octubre, pelea con otros bebés por ser el habitante 7.000 millones del Planeta, que registra el crecimiento demográfico más rápido de la historia. Si para conseguir los primeros 1.000 millones de habitantes, el mundo hubo de esperar a 1.804 y los 2.000 millones a 1.927 (123 años), los últimos mil millones se han conseguido en 12 años. Y se esperan los 9.200 millones para 2.050, en una vorágine demográfica que conlleva problemas alimentarios, de escasez de recursos (agua y energía) y de hacinamiento (75% población viviendo en las ciudades para 2.050).

Pero también el boom demográfico está mal repartido: la población se dispara en Asia, África y países emergentes, pero no en Europa, que apenas ha crecido en los últimos 30 años (de 693 a 740 millones de habitantes) y donde la ONU prevé un estancamiento hasta 2025, para caer la población hasta 2050, por culpa de la baja natalidad y el envejecimiento de la población. España seguirá esta pauta, incluso antes: este año 2011 ya está bajando la población, algo nunca visto desde 1939: perderemos 34.193 habitantes, quedando 46.118.733 a fin de año, según el INE.

La primera causa es la crisis: se están yendo los inmigrantes que llegaron con el boom (hasta un millón en 2007) y crecen también los emigrantes españoles que salen a buscar trabajo (50.521 hasta septiembre, el doble que el año pasado). Con ello, el INE espera terminar 2011 con un saldo migratorio negativo (-130.850), por primera vez en la última década: entrarán 450.000 extranjeros y saldrán 580.850 residentes (9 de cada 10, extranjeros). Desde 2009 se están marchando los inmigrantes, pero la novedad este año es que aumentan las salidas de mujeres hasta casi igualar a los hombres, quizás porque los españoles ya no las podemos pagar que nos ayuden en casa o cuiden a nuestros niños y ancianos.

La fuga de población (inmigrantes y españoles) se va a mantener en los próximos años, hasta  perder 945.663 habitantes entre 2011 y 2020. Pero la crisis no es la única causa de pérdida de población: la tasa de natalidad de España, una de las más bajas de Occidente, cae desde 2009  y se espera que continúen bajando los nacimientos, al haber menos mujeres inmigrantes (generan un 20% de los nacimientos, con 1,81 niños por mujer, frente a 1,38 las españolas). Y mientras, el país envejece y aumentan las defunciones, con lo que en 2019 habrá ya más muertes que nacimientos. Y aunque hasta entonces  habrá crecimiento demográfico, no  ayudará a compensar la salida de inmigrantes: España perderá 567.351 habitantes hasta 2021, en que seremos 45.585.574 residentes. La pérdida de población se dará sólo en 8 autonomías, concentrándose en cinco: Cataluña (casi la cuarta parte del total), Comunidad Valenciana y País Vasco, Castilla y León y Galicia.

Para 2021, España será el país más envejecido de Occidente, según la ONU, con 9,276 millones de habitantes mayores de 64 años (20 % población). Habrá también menos niños menores de 5 años y una fuerte caída de la población entre 20 y 40 años, con lo que tendremos menos mujeres en edad fértil, menos madres para el futuro. Y como aumentará la esperanza de vida unos 6 años (84,3 para los hombres y 89,9 para las mujeres), seguirá el envejecimiento de la población, con 15,3 millones de habitantes mayores de 64 años para 2049, uno de cada tres españoles.

Menos niños, menos mujeres jóvenes y más viejos, una bomba de relojería demográfica y social. Porque si en 2011 tenemos 2 españoles activos (en edad de trabajar, aunque un 22% en paro) por 1 inactivo (con menos de 16 años o más de 64), en 2021 serán 1,7 activos por 1 inactivo y para 2049, la previsión es de 1,1 activo por 1 inactivo. Un cocktail explosivo, que no sólo se resuelve recortando las pensiones futuras y que exige tomar ya medidas demográficas. Y pensar que cuando salgamos de la crisis (que saldremos), harán falta de nuevo los emigrantes para apoyar el crecimiento, porque habremos perdido población.

España debe apoyar la natalidad, con ayudas a la conciliación familiar (horarios razonables, más guarderías públicas, trabajo a tiempo parcial), a promover el trabajo de las mujeres para que sea compatible con la maternidad (un 23 % de las mujeres con hijos menores de 5 años hayan dejado su empleo para atenderlos) y de los jóvenes, para que puedan encontrar empleo y formar una familia, ya que si no perderemos una generación de madres, las que rondan hoy los 25 años y están en paro y sin perspectivas. De hecho, España gasta poco en protección a la familia (el 0,7% del PIB frente al 2,3% en la UE) y gasta mal, por falta de coordinación entre administraciones. Así no hay manera de frenar la caída de población.

No podemos seguir perdiendo población, en España y en Europa, porque es un suicidio demográfico que nos lleva a un suicidio económico, al no contar con jóvenes trabajadores que puedan mantener a viejos que van a vivir cada vez más años. Y la emigración debe ser una variable de ajuste, no la alternativa a no tener hijos. Pero hay que ayudar a los jóvenes a tenerlos. Nos jugamos nuestro futuro.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

El último recorte de Zapatero

Ha pasado bastante desapercibido, pero Zapatero se despide con un último recorte de 654 millones de euros, la mayor parte en infraestructuras. Mientras el candidato Rubalcaba defiende estímulos europeos al crecimiento, ZP se ha despedido de sus colegas europeos como el mejor alumno de la clase, el que hace recortes hasta el final para rebajar el déficit lo prometido. Aun así, es muy probable que no cumpla, por culpa de las autonomías. E incluso que haya que hacer recortes adicionales en diciembre, si sigue la crisis de la deuda y no crecemos. Lo más grave es que el G-20 no ha aprobado medidas de estímulo y se han sumado a los recortes Francia e Italia, con lo que Europa se va a estacar aún más. Y con ella, España. Eso sí, ahora nos quieren multar por tener mucho paro. No se puede ir a setas y a Rolex.

El Consejo de Ministros del 14 de octubre aprobó un recorte de gastos de 654 millones, para compensar una desviación similar de gastos en desempleo (162 millones), Ley de Dependencia (260 millones), ayudas a los jóvenes y a la vivienda (124 millones), el coste de la intervención en Libia (86 millones) y pago cotizaciones SS de los profesores de religión (21 millones). El recorte se reparte entre todos los Ministerios (incluidos Sanidad y Educación), aunque la mayor parte (500 millones) se corta de infraestructuras, de obras públicas, una partida que “se nota menos” cara al 20-N, pero que es clave para crear empleo.

El problema es que “llueve sobre mojado”: España lleva ya dos años con fuertes recortes de la inversión estatal en infraestructuras (-19% en 2010 y -31% en 2011) e incluso este año, para cuadrar el déficit, sólo se iba a gastar dos tercios de lo presupuestado. Y ahora, menos. Y tanto Ayuntamientos como autonomías han reducido a la mitad su obra pública. Es resultado es menos actividad, menos trabajo para miles de empresas y más paro. Y se estima que entre 2010 y 2014, el recorte de inversión en obra pública será de 50.000 millones de euros.

Zapatero podía no haber hecho este último recorte, que va a frenar aún más el crecimiento y el empleo, y dejárselo a Rajoy, que no iba a notarlo mucho dentro del superrecorte de 30.000 millones que tendrá que hacer en 2012 para cumplir con Bruselas. Pero, una vez más, ZP ha querido ser el alumno más aplicado de la clase y despedirse con los deberes hechos. Quizás el Estado sí cierre 2011 con el déficit previsto (4,8% PIB, tras cerrar septiembre en el 3,42%), pero seguro que no lo harán las autonomías, que ya habían casi alcanzado el déficit previsto (1,3%) a mediados de año. Y si la economía no crece y siguen bajando los ingresos fiscales, quizás haga falta hacer ajuste adicional en diciembre, como ha sugerido ya la Comisión Europea, sobre todo si sigue la crisis de la deuda europea (que seguirá). Claro que en ese caso, lo haría ZP con acuerdo de Rajoy (si gana).

Recortes aparte, el problema de fondo es que la última cumbre del G-20 en Cannes no ha aprobado medidas para frenar la recesión económica que se avecina. Obama y Japón van a seguir la senda de reanimar las economías con la inversión pública, pero Europa sigue por el camino de los ajustes. Ahora, a los recortes de la Europa del sur (incluida Italia, que no crece nada y caerá un 0,2% en el cuarto trimestre), se suma Francia, la segunda economía del continente, que ha aprobado 24.000 millones de recortes hasta 2016 (y subidas de impuestos), con lo que bajará su crecimiento (-0,1 % en el cuarto trimestre y +l 0,6% en 2012). Gran Bretaña, tras los recortes anteriores, está creciendo al 0,2% y sólo crecerá un 0,6% en 2012. Alemania, que podría hacer de locomotora europea, no crecerá nada en el cuarto trimestre de 2011 y sólo 0,8% en 2012. Y Merkel no bajará impuestos hasta 2013 (elecciones).

Europa ahonda así el camino de los ajustes, que le ha conducido a la grave crisis actual, donde hasta Francia está en el punto de mira de los mercados. Es el dilema “austeridad o muerte, valga la redundancia”, que escribe Antón Costas (léanlo). Un camino que en España nos ha llevado al estancamiento y a tener 5 millones de parados. Curiosamente, Bruselas quiere ahora penalizarnos por el paro, después de año y medio forzando el recorte drástico del déficit. Señores, aclárense: a setas o a Rolex. No basta con reformas laborales para crear empleo. Ninguna empresa va a crear empleo, aunque sea gratis, si no confía en vender, si no hay consumo ni inversión. Y menos si no hay crédito. Alguien tiene que tirar de la economía para no caer en el abismo. Y si las empresas no pueden, tendrán que ser los Estados. Es lo que trata de hacer Obama y Japón. ¿Por qué no se explora este camino? Por puros prejuicios ideológicos. Pero el recorte puro y duro ya sabemos adónde nos ha llevado.

El debate está abierto, en el G-20, en el FMI y en la OCDE: Europa se ha pasado de frenada. Pero Merkel, Sarkozy y los conservadores de Bruselas siguen con su miopía ideológica, sumiendo a Europa (desde Grecia a Portugal pasando por España y ahora Italia) en el estancamiento, con altos costes sociales, pobreza y paro. Y sin que veamos el camino de salida de la crisis, tampoco para 2012. Tras el recorte de despedida de Zapatero, Rajoy se estrenará con más recortes para el Presupuesto 2012. Y así, diga lo que diga, no se crecerá ni se creará empleo. Y menos con una Europa renqueante, que nos comprará y visitará menos. Se avecinan unos meses muy duros, para España y para Europa. Hasta que la realidad se imponga y el estancamiento obligue  a Europa a cambiar de rumbo. Si no, se agravará la Europa a dos velocidades, una del Norte que crece (poco) y otra del sur estancada. Pero eso no lo aguanta el euro. Ni una España con más de 5 millones de parados. Hagan algo ya.

domingo, 13 de noviembre de 2011

Elecciones 20-N : votaremos con el bolsillo

Son las elecciones de la crisis. El paro y los recortes protagonizan el 20-N, con las recetas de los partidos para salir de la crisis. Pero la solución, más que en España está en Europa y en la economía internacional: si ellos no salen, nosotros tampoco. Con todo, hay que intentar resolver los problemas propios de España, sobre todo tener el doble de paro que Europa y buscar una alternativa al ladrillo. Y salvaguardar en lo posible el Estado del bienestar, en especial la educación, la sanidad y los servicios sociales. El problema es que nos hemos comprometido con Bruselas a recortar más el déficit, unos 30.000 millones el año 2012. Y eso no se puede hacer sólo con las tijeras: habrá que subir impuestos, gobierne quien gobierne. Más recortes, mínimo crecimiento y más paro. Votemos lo que votemos. 

enrique ortega
La crisis económica es el centro de estas elecciones. El paro (81%) y la situación económica (51,3%) son las mayores preocupaciones de los españoles, según la última encuesta del CIS. El 90% ve la situación económica como mala o muy mala. Y la mayoría no cree que vaya a mejorar en los próximos meses: el 72% piensa que el paro seguirá así o subirá más. En definitiva, son las elecciones del pesimismo ante el futuro económico.
Los partidos saben que estas elecciones se juegan en el terreno económico y ahí han centrado sus propuestas. El PP, que se ve ganador, buscando no asustar a los votantes de centro, con un programa edulcorado, sin recortes al estilo Esperanza Aguirre. Y el PSOE, intentando convencernos de que harán contra la crisis lo que no han hecho en estos 4 años.

Curiosamente, el tema estrella de la campaña no es el paro, sino los impuestos. El PP promete bajarlos: a las pymes  (del 25 al 20% el tipo del impuesto de sociedades), a los autónomos (rebaja de módulos), a los ahorradores, a los que contraten planes de pensiones privados, a las familias numerosas, a los que inviertan en I+D+i, y a los que compren una vivienda. Por el contrario, el PSOE promete subirlos: un impuesto a las grandes fortunas, a la banca, a las SICAV, al tabaco y al alcohol. En contrapartida, los socialistas prometen dedicar estos mayores ingresos a crear empleo y a consolidar la sanidad, la educación y los servicios sociales. El PP opta por la entrada de capital privado en los servicios públicos (privatizar, como Esperanza Aguirre en Madrid) y revisar los servicios públicos, creando un catálogo estatal (de mínimos). Sin embargo, la patronal CEOE ya le ha pedido que vaya más allá e introduzca el copago en la sanidad y la dependencia.

El tercer tema estrella es la reestructuración del sector público. El PP propone un plan de austeridad en todas las administraciones, sin concretar, salvo la reducción de organismos, la privatización de TV autonómicas y el recorte de eventuales (un 50%). El PP propone delimitar las competencias de las distintas administraciones y como controlan ya autonomías y ayuntamientos, podrían conseguir poner orden y evitar triplicar gastos. Para crear empleo, la medida estrella del PP es subvencionar  con 3.000 euros cada empleo creado por una nueva empresa y bonificar la cotización de los autónomos por su primera contratación. Además, proponen simplificar contratos y que prevalezcan los convenios de empresa. A su lado, la patronal CEOE propone el contrato único con indemnización de 20 días por año, Ley de huelga más restrictiva y bajada de cotizaciones sociales. Enfrente, el PSOE plantea nuevos contratos para jóvenes, a tiempo parcial y bonificar el empleo estable.

Al final, el PSOE defiende un modelo socialdemócrata que apenas ha aplicado con la crisis y el PP un modelo neoliberal, basado en menos impuestos, menos gasto  y privatizaciones de servicios. El problema es que, al margen de los programas, el nuevo Gobierno tendrá una tarea prioritaria cuando tome posesión el 20 de diciembre: hacer el Presupuesto 2012 y recortar aún más el déficit público, como exige Bruselas (y los mercados). En principio, hay que bajar el déficit del 6% del PIB al 4,4 %: eso obliga a recortar 15.613 millones. Pero además, como este año no se va a cumplir la rebaja del déficit (crecemos menos, se recauda menos y las autonomías no han recortado lo prometido), habrá que recortar más: si el déficit quedara en el 6,5%, ese medio punto de más serían otros 5.450 millones. Y como hay que liquidar en 2012 más dinero a las autonomías (7.900 millones) y a los Ayuntamientos (2.300 millones), pues habrá que sacar de algún sitio otros 10.200 millones. En total, un recorte de 31.263 millones para 2012, que el futuro Gobierno tendrá que hacer, gane quien gane.

Y eso no se consigue sólo con la tijera, que habrá que meter en todo: Zapatero, tocando pensiones, funcionarios, ayudas, inversiones y gastos sociales sólo recortó 15.000 millones en 2010. Por eso, el futuro Gobierno se verá obligado a subir impuestos, desde los especiales al IVA, pasando por Sociedades a las grandes empresas (vía deducciones). Y esta mezcla fatídica, recortes y subida de impuestos, van a frenar más el crecimiento y subirá el paro. La economía española ya no ha crecido nada en el tercer trimestre y la Comisión Europea espera que decrezcamos una décima en el último trimestre (como toda la zona euro), con nueva caída del empleo y aumento del paro en 2011 y 2012, para superar con creces los 5 millones de parados.

El mayor problema del futuro Gobierno será que llega en un contexto internacional muy negativo, con una crisis europea que no se arregla y una esperada caída en el crecimiento de la eurozona: -0,1% en el cuarto trimestre 2011 y un + 0,5% en todo 2012 (+0,3% según la OCDE. Con estas perspectivas, nos ayudarán menos las exportaciones y el turismo. Y con los recortes internos, seguirá cayendo el consumo y la inversión, aumentando aún más el paro. Por eso, lo que haría falta es que el nuevo Gobierno peleara por una política de estímulos económicos en Europa, algo que no defienden Merkel y Sarkozy (ni tampoco Rajoy), aunque ayudará la bajada de tipos del BCE. Reanimar la economía europea, esa es la decisión más crucial, que no votaremos el 20-N.

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Teletrabajo contra la crisis

Cada día, miles de personas trabajan desde su casa para una empresa, gracias a la tecnología, conectados por Internet y videoconferencia. El teletrabajo ha crecido con la crisis, porque ahorra costes y permite flexibilidad de horarios. Ya  hay un millón de personas trabajando a distancia, un 8% de los trabajadores, la mitad que en Europa. Las nuevas tecnologías permiten a las empresas videoreunirse con empleados, proveedores y clientes y trabajar con ellos a distancia, con menos costes y más eficacia. Y más ahora que todo puede estar accesible en la nube, a través de Internet. El teletrabajo es una opción para crear empleos y salvar empresas.


enrique ortega
El teletrabajo no es llevarse trabajo a casa o consultar el correo desde el móvil. Se trata de una nueva forma de trabajo en una empresa desde casa, al menos tres o cuatro días a la semana, con una relación laboral específica. No hay estadísticas actualizadas, pero un estudio de la Comisión Europea (2003) cifraba el teletrabajo en España en el 4,9% de los trabajadores, frente al 13% de media en la UE. Y todo indica que ha aumentado en estos años, con la penetración de Internet y con la crisis, por lo que podría extenderse ya a un 8% de los empleados, un millón de personas. Un porcentaje todavía muy inferior al 25% de teletrabajo en Estados Unidos, el 17% de Alemania o el 21 % de los países nórdicos.

En julio de 2002, sindicatos y empresarios aprobaron un Acuerdo marco europeo de teletrabajo, que es la referencia para todos los países, a falta de una legislación específica. Reconoce el carácter voluntario del teletrabajo (la empresa no lo puede imponer) y establece que el teletrabajador tiene los mismos derechos que sus compañeros que acuden a la empresa, desde el sueldo a los derechos sindicales. Y como regla general, establece que la empresa ha de facilitarle el equipamiento que necesite. En España, el PP intentó en marzo de 2011 que el Congreso aprobara una proposición de ley para regular el teletrabajo, pero fue rechazada por el PSOE y CiU, porque creían que era un tema que debían pactar sindicatos y patronal en la mesa de concertación social.

El teletrabajo ha cobrado más fuerza en algunos sectores: comunicación, periodismo, diseño, enseñanza y formación, analistas informáticos, asesoría y consultoría, trabajos de secretaría y mecanografía, traducciones, edición, ingeniería, arquitectura, abogados, publicistas, tele marketing, estudios de mercado, agentes de seguros, comerciales… En un principio, surgió de la mano de multinacionales y grandes empresas, aunque también lo usan pymes y autónomos, para el autoempleo (ciberautónomos). En España, la empresa líder en teletrabajo es Telefónica, que cuenta con 2.100 teletrabajadores (6,5% plantilla). Y el BBVA, tras una experiencia piloto con 100 empleados, ha lanzado un proyecto de teletrabajo al que podrán acogerse hasta 20.000 trabajadores de servicios centrales y área corporativa.

Las autonomías han dado un gran empujón al teletrabajo, con experiencias interesantes en Cataluña, Castilla León (con 99 funcionarios y un Decreto), Castilla la Mancha (100 funcionarios y la idea de llegar a 2.000) y el País Vasco (330 de 5.500 funcionarios).

En todos los casos, los trabajadores se muestran bastante satisfechos (flexibilidad de horarios, ahorro costes y tiempo de transporte, conciliación familiar…) y las empresas también, porque ahorran costes (oficinas, luz, teléfono, viajes…, unos 1.200 euros por teletrabajador), aumentan la productividad (+20%) y reducen el absentismo. Además, el teletrabajo resulta muy útil para el trabajo de las mujeres con niños pequeños y los discapacitados. Eso sí, los expertos plantean unas reglas mínimas: debe ser por un máximo de 4 días a la semana (hay que ir un día a la empresa, para mantener el contacto y coordinar el trabajo), debe haber objetivos definidos y hay que tener muy bien resuelto el soporte tecnológico, las herramientas, para no caer en el tecnoestrés.

Las nuevas tecnologías facilitan también el teletrabajo de  las propias empresas, en particular de pymes y autónomos. Así, la videoconferencia permite las videoreuniones a través de Internet, ahorrando gastos en viajes y hoteles y permitiendo el contacto con clientes, proveedores y empleados a distancia. No es sólo verse y hablar. Se trata de videotrabajar: compartir archivos, aplicaciones y escritorio, transmitir ficheros, recorrer conjuntamente Webs, compartir vídeos, trabajar conjuntamente sobre un diseño o documento…, incluso con traducción on line. Todo ello, con un simple ordenador conectado a Internet, también con dispositivos móviles (tablets, Smartphones). Y con licencias incluso en alquiler, a bajo coste.

El teletrabajo y la videoconferencia tienen múltiples aplicaciones, pero hay dos sectores donde  se están imponiendo: la formación (e-learning) y la telemedicina. Hoy día, un profesor puede dar clase a cientos de alumnos, en cursos con tutorías online. Y ya se está utilizando la videoconferencia para hacer diagnósticos clínicos a distancia, tele radiología o transmitir operaciones. Sin olvidar las posibilidades del teletrabajo en banca, seguros, teleasistencia, ONGs, atención al ciudadano, industria y servicios, seguridad, cultura o espectáculos…

Las nuevas tecnologías están alumbrando empresas 3.0, que contratan a empleados 3.0: trabajadores formados en la movilidad, el trabajo multicanal y las tecnologías digitales. Con las aplicaciones en la nube, el teletrabajo recibe un gran impulso, ya que cualquiera puede acceder a los archivos y las herramientas de trabajo desde cualquier lugar, a través de Internet y la intranet corporativa. Es el e-trabajo, una nueva forma de trabajo, que será cada día más habitual y que va a revolucionar el mercado laboral. Se acabará lo de calentar la silla y salir más tarde para hacer méritos. Se impondrá el trabajo por objetivos, hecho en distintos lugares, por equipos compartidos. Lo que hace falta es que eso no suponga subempleo, precariedad, menores ingresos. Y que sea no sólo una forma de ahorrar costes, sino de salvar empleos y de crear otros nuevos. Amén.

domingo, 6 de noviembre de 2011

El carrito de la compra, más caro

En los últimos meses, muchos alimentos han subido de precio: azúcar, frutas, zumos, arroz, café, cereales, cerveza…El último estudio de la OCU es concluyente: se ha acabado la guerra de precios, incluidas las marcas blancas, que copan el mercado. El problema es doble. Por un lado, están subiendo los alimentos en el mercado internacional, por la mayor demanda, las malas cosechas y la especulación. Por otro, la enorme concentración de los distribuidores (cuatro marcas venden el 58% de los alimentos) está empezando a ser negativa para la competencia. Y mientras, los agricultores y ganaderos se llevan la quinta parte del precio que pagamos. Cara al futuro, todo apunta a que comer será cada vez más caro.
enrique ortega
Comer es el mayor gasto de los españoles (14,4% del presupuesto familiar), tras la vivienda (29,4%) y por encima del transporte (12%). En alimentación nos gastamos 1.460 euros por persona en 2010, un 2,3% menos, en una tendencia a la baja que empezó con la crisis y que se da en toda Europa, aunque España es el país donde más ha bajado el gasto alimenticio, junto a Italia (-7,6%): -5,5% entre 2007 y 2010, frente al -0,4% en Francia, el -2,7% en Gran Bretaña o el -2,8 % en Alemania. Para 2011, la OCU estima que el gasto de alimentación de una familia media será 6.804 euros (567 al mes), unos 400 euros menos que el año pasado, por la crisis y la caída de precios.
Pero los precios están repuntando en los últimos meses y ya hay fabricantes que reconocen estar subiendo los zumos (por la subida de las frutas y el azúcar), el arroz, el café, los cereales y pastas o la cerveza. Y la OCU señala, en su última encuesta, que ha finalizado la guerra de precios de 2009 y 2010 y que la mayoría de cadenas están subiendo precios. De momento, el propio IPC ya lo refleja: los alimentos han subido un 2,3 % en el último año (la inflación, el 3,1), con fuertes subidas en el azúcar (+26,9%), el café (+12,5%), el pollo (+6,9%), los cereales (+6,9%), el pescado (+4,9%) o los lácteos(+4,8%), mientras subían poco la leche(+0,3%) y el aceite(+1,8%),dos “productos escaparate” en los supermercados y con excedentes.
La causa inmediata de estas subidas es el aumento del precio internacional de muchos alimentos, sobre todo cereales, azúcar, arroz, lácteos y café, que han subido más del 40% en el último año, según la FAO. De hecho, desde 2008 asistimos a una gran volatilidad de los precios de los alimentos, por tres causas. La primera, la mayor demanda de alimentos de los países en desarrollo y el aumento de población (80 millones de bocas más cada año), mientras  los cultivos apenas crecen, caen las existencias y cualquier sequía o inundación provoca sobresaltos de precios. La segunda, el aumento de los precios de la energía y la apuesta por los biocombustibles( subvencionados), que fuerza la subida del maíz, trigo, azúcar y aceites. Y la tercera, la especulación pura y dura: los alimentos se han convertido en activos para invertir, que mueven billones de dólares, amplificando la volatilidad de precios.
Pero también hay otras causas de la subida de los alimentos. La concentración de los distribuidores y el auge de las marcas blancas (42% ventas), que fue positiva al principio para bajar precios, puede haber llevado ya a echar del mercado a muchos fabricantes y  a una menor competencia de los que han quedado por producto, uno o dos fabricantes de marca y la marca blanca del distribuidor. Así lo refleja el reciente estudio de la Comisión de la Competencia, donde se indica que cuatro grandes distribuidores (Mercadona, Carrefour, Eroski y Auchan) controlan ya el 58 % del mercado alimenticio, empleando prácticas restrictivas de la competencia: cláusulas con fabricantes, pagos comerciales, información sobre productos…
Las marcas blancas están aquí para quedarse y ya las compran el 87 % de los consumidores (habitualmente en conservas, pastas, legumbres, arroz, leche, lácteos y congelados), sobre todo los menores de 45 años, especialmente en Aragón, Andalucía y Madrid. Y aunque son más baratas (-31,7%), parece que los precios han tocado suelo y ahora que están asentadas, los distribuidores van a tratar de subirlas, poco a poco. Y mientras, tratan de seguir ganando márgenes a costa de agricultores y ganaderos. De hecho, estamos pagando casi cinco veces más caros los alimentos que el precio que recibe el campo, según el observatorio de COAG: casi el doble por el aceite, cinco veces por los tomates o las acelgas, siete veces más por el plátano, el doble por el pollo  o la leche y cuatro veces más por la ternera…
El Gobierno se despide sin haber aprobado la Ley que prometió al campo para regular (como hace Francia) los contratos entre productores y distribuidores de alimentos, que imponen su ley, controlando las ventas (un 63% en supermercados e híper, frente al 27% de la tienda tradicional, en extinción). Un poder que puede imponer ahora subidas de precios, forzado por unos mercados internacionales al alza, donde los alimentos van a duplicar su precio en los próximos 20 años, según Intermón Oxfam. Y eso porque la demografía (2.000 millones de bocas más que alimentar para 2030) y el cambio climático son una bomba de relojería sobre una agricultura mundial que no avanza (las hectáreas cultivables se han reducido a la mitad desde 1960), donde faltan tecnología e inversión y donde los precios los fijan pocos países (EEUU, China y Rusia) y 500 multinacionales (3 en cereales).
La alternativa, intentada por la FAO y el G-20, es promover la inversión en la agricultura, reduciendo el proteccionismo y la especulación. Y en Europa, ayudar a agricultores y ganaderos, para asegurarnos los alimentos. Pero eso cuesta enormes subvenciones, que Bruselas quiere recortar ahora, con lo que España recibiría 5.000 millones en vez de los 7.000 actuales. Eso volverá a echar a más gente del campo. Y comer será aún más caro.