lunes, 11 de diciembre de 2017

Automóvil: la revolución pendiente


Llueva o no, las grandes ciudades tienen un grave problema: la creciente contaminación, que mata a medio millón de europeos cada año (y a 31.000 españoles), provocada en un 75% por los coches. París y Londres prohibirán  los coches diésel en 2024 y los gasolina en 2040, mientras Bruselas fuerza a los fabricantes a reducir a la mitad las emisiones de los coches europeos para 2030. Tras 131 años de historia, el automóvil de gasoil y gasolina tiene los años contados. “Quien no se adapte, desaparecerá”, advierte la Comisión Europea. Es la hora del coche híbrido y eléctrico. Pero la industria se reconvierte lentamente y España más: sólo el 0,3% de los coches vendidos  son eléctricos y el Gobierno acaba de aprobar unas ayudas ridículas (20 millones), que sólo incentivarán la compra de 5.600 eléctricos, muy caros y sin postes de recarga. Y no aprueba el Plan Aire II ni sube  impuestos a los carburantes y a los coches más contaminantes. Nos jugamos el aire y la vida.


enrique ortega

En el aire que respiramos cada día hay 5 tipos de contaminantes, sobre todo en las grandes ciudades. El más grave son las micro partículas PM10 y PM 2,5 (M son micrones: milésimas de milímetro de diámetro), cien veces más finas que un cabello, uno de los principales causantes del cáncer de pulmón, según la OMS. El 65% las producen los automóviles (por los motores y el desgaste de frenos, ruedas y pavimento) y el resto las calefacciones, centrales térmicas e industrias. El contaminante que más ha crecido es el NO2 (dióxido de nitrógeno), un gas tóxico que procede en un 80% de los vehículos (sobre todo los diésel). El tercer contaminante más extendido es el O3, el ozono troposférico (el “ozono malo”), producido sobre todo en verano por la fotooxidación de N02 y compuestos orgánicos volátiles (COVs), procedentes de vehículos, calefacciones e industrias. El cuarto contaminante es el SO2 (dióxido de azufre), producido sobre todo por las industrias químicas y refinerías. Y el quinto contaminante que respiramos (en España menos) es el benzopireno (BaP), producido por el uso de estufas de madera y calefacciones de biomasa.

La contaminación es un problema muy serio en todo el mundo y en Europa: el 82% de la población de las ciudades europeas está expuesta a emisiones de micro partículas (PM2,5) superiores a los niveles recomendados por la OMS, el 9% a niveles elevados de NO2 y el 95% a un exceso de O3 (ozono troposférico), según un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), que cifra en 487.000 las muertes que causa cada año la contaminación en Europa (31.250 de ellas en España), ocho de cada diez causadas por las partículas (23.000 muertes en España) y el resto por N02 (6.700 muertes) y O3 (1.600 muertes). Y además, añaden, la mala calidad del aire aumenta los costes médicos en Europa, reduce la productividad laboral y provoca daños en bosques, lagos, suelos y semillas.

España está mejor que la media europea en la contaminación del aire, según los últimos datos de la AEMA (2015): 10 microgramos/m3 de media en partículas PM 2,5 frente a 14,1 en la UE-28 (23,5 en Polonia o 18,6 en Italia), 19,4 microgramos/m3 de NO2 frente a 22,9 en la UE-28 (y 26,6 en Alemania o 25,9 en Italia) y 109,4 microgramos/m3 de O3 frente a 114,4 de media en Europa (y 135 en Italia o 130 en Austria). Pero el problema es que la contaminación en España crece imparable y las grandes capitales, como Madrid o Barcelona, están entre las ciudades más contaminadas de Europa, junto a París, Londres, Atenas, Berlín o Roma.

De hecho, los datos enviados por el Gobierno a Bruselas, señalan que 7 ciudades españolas superaron en 2016 los límites de N02 fijados por la UE (40 mgr/m3): Granada y su área metropolitana, el área de Barcelona y Vallés-Baix Llobregat, Madrid y el corredor del Henares, Valencia y su área de influencia y San Sebastián de la Gomera (Canarias), en los 6 primeros casos “principalmente por el tráfico”. En partículas PM10, sólo se superaron los límites europeos en la zona central de Asturias. Y en O3, hay 35 zonas españolas que superan los límites. Lo malo es que en 2017, la situación no mejora, según los datos de Ecologistas en Acción. Hay 16 ciudades que superaron en noviembre (15 al 19) los límites europeos de partículas en suspensión PM10 (50 mgr/m3): Huelva (175 mgr/m3), Valencia (145), Lleida (80), Puertollano, Bailén, Avilés, Santander, Talavera, Valladolid, Barcelona, Sevilla, Murcia, Madrid, Zaragoza, Granada y A Coruña. Y otras 6 ciudades que superaron el límite europeo diario de NO2 (200 mgr/m3): Madrid (244 mgr/m3, llegando en una de sus estaciones a 341), Salamanca, Sevilla, Barcelona, Guadalajara y Zaragoza. Y sólo dos ciudades, Madrid y Valladolid, informaron a sus ciudadanos y tomaron medidas sobre el tráfico.

La Comisión Europea ya no sabe qué hacer para luchar contra la creciente contaminación. En 2010 entró en vigor una Directiva (2008/50/CE) que establecía límites para los contaminantes más peligrosos, el NO2 y las micro partículas PM10 y PM 2,5, límites más laxos que los recomendados por la OMS (2,5 veces menores) y los aplicados por EEUU (la mitad). Pero aun así, los paises europeos no los cumplen. Y  por ello, en 2015, la Comisión Europea denunció a 12 paises europeos (entre ellos, España) al Tribunal Europeo de Justicia, en Luxemburgo, que está pendiente de imponer multas por incumplimiento de la Directiva. Y el 15 de febrero de 2017, la Comisión Europea aprobó un “Dictamen de última advertencia” a 5 paises europeos “por violación constante de los límites de N02 en muchas ciudades”. Son Alemania (incumple los límites en 28 zonas de Berlín, Múnich, Hamburgo y Colonia), Francia (incumple en 19 zonas de París, Marsella y Lyon), Reino Unido (incumple en 16 zonas de Londres, Birmingham, Leeds y Glasgow), Italia (incumple en 12 zonas de Roma, Milán y Turín) y España (incumple en 3 zonas, 1 de Madrid y 2 de Barcelona). Junto a la advertencia, la Comisión  lanza a los 5 paises un ultimátum: o toman medidas o llevará el asunto al Tribunal europeo de Luxemburgo, con lo que se arriesgan a cuantiosas multas.

Mientras la Comisión amenaza, algunas ciudades europeas han empezado a tomar medidas drásticas contra la contaminación, que en un 75% está motivada por el tráfico. Así, París anunció que prohibirá la entrada de los coches diésel en 2024 y los de gasolina en 2040. Y el Gobierno británico quiere prohibir la venta de coches diésel, gasolina e híbridos en 2040, algo que Noruega y Holanda adelantarán a 2025 (y la India a 2030). Y ciudades como Berlín, Londres, Estocolmo o Copenhague estudian también  prohibir la entrada de los coches más contaminantes y establecer peajes al coche privado. Madrid contempla también prohibir la entrada en la capital de los coches más contaminantes en 2025 y Barcelona en 2020.

La guerra contra el coche de motor de combustión, inventado por Karl Benz en 1886, es un hecho, en Europa y en el mundo. Sobre todo la guerra contra el diésel, que emite muchas más partículas y NO2 que el motor de gasolina (que emite más CO2). Pero en la vanguardia de la lucha contra el coche diésel y gasolina no está Europa, sino China: es líder mundial en coches eléctricos, por delante de EEUU, y vende un tercio de los 2 millones de coches eléctricos vendidos en 2016. Y ya ha introducido una cuota obligatoria a sus fabricantes, con el objetivo de que un 12% de los coches sean eléctricos en 2020. Europa está retrasada en esta batalla mundial por el coche eléctrico y los fabricantes europeos se resisten a dejar sus cadenas de coches diésel y gasolina, que fabrican el 20% de los coches del mundo.

La Comisión Europea ha hecho la vista gorda con los fabricantes europeos de coches, porque son la primera industria del continente y emplean a 12,6 millones de europeos. Pero el fraude de las emisiones de Volkswagen, detectado en 2015, ha hecho reaccionar a Bruselas. Y han tomado dos medidas. Una, modificar el sistema de medición de emisiones, para que no sea en el laboratorio sino que se vigilen las emisiones reales en carretera. El sistema está en vigor desde septiembre, aunque el Gobierno Rajoy ha dado una moratoria de 16 meses a los fabricantes de automóviles en España (muy poderosos): el nuevo sistema de detección de emisiones (más riguroso) no se aplicará hasta el 1 de enero de 2019. La otra medida, aprobada el 8 de noviembre, es reducir a la mitad el tope de emisiones permitidas a los coches fabricados en Europa: de los 95 grs./km de CO2 fijados para 2021 se pasará a 80 grs. en 2025 (un 15% menos) y a 66,5 grs. en 2030 (-30% sobre emisiones 2021).

La industria del automóvil europea se queja de que el recorte de emisiones es “demasiado ambicioso” y exigirá un enorme esfuerzo inversor, encareciendo mucho los coches. Para ayudarles, la Comisión Europea prevé una inversión de 378.000 millones de euros anuales hasta 2030, de los que 177.000 sería financiación barata de la UE y el resto inversión privada de las empresas. Pero los fabricantes van bastante retrasados en esta “reconversión” a motores menos contaminantes. De hecho, según la consultora PA Consulting, sólo cumplirán los topes de emisiones establecidos por Bruselas para 2021 tres fabricantes, Volvo, Toyota y Nissan. Y están muy lejos de cumplir (en la media de todos sus modelos) Volkswagen, PSA, Fiat-Chrysler, BMW, Ford y Hyunday-Kia, los fabricantes más importantes. La Comisión ha amenazado con multas cuantiosas a los fabricantes que incumplan, pero el automóvil es una industria demasiado poderosa y muy influyente en Alemania y Francia como para dudarlo y pensar en sucesivas moratorias, a costa de una contaminación que mata.

El objetivo de estas medidas es que en 2030, el 80% de los coches tengan motores diésel y gasolina que contaminen la mitad. Y que el 20% restante sean coches híbridos y eléctricos. Para impulsarlos, la Comisión acaba de aprobar un paquete de 1.000 millones de inversión, 800 para mejorar los puntos de carga y 200 millones para investigar en baterías. Y han advertido a los fabricantes que si pierden este reto eléctrico, Europa se verá invadida por coches híbridos y eléctricos de China, India, Corea, Japón y EEUU. “El diésel desaparecerá y lo hará más rápido de lo que pensamos. Quien no se adapte, desaparecerá del mercado”, ha vaticinado la comisaria europea de Industria.

España está muy retrasada en esta batalla europea por unos coches menos contaminantes. Primero, porque tenemos una serie de problemas estructurales de partida: tenemos más coches (somos el 4º país del mundo en coches por habitante, 479 por 1.000, sólo por detrás de Italia, 602, Alemania, 510, y Francia, 495), más viejos (la edad media del parque es de 12 años, frente a 8 en la UE) y más coches diésel (un 60% del parque frente al 40% en Europa), circulando además en unas ciudades menos extensas (5.700 turismos por km2 en Barcelona, 2.600 en Valencia o 2.300 en Madrid frente a 1.500 turismos por km2 en Berlín o Roma y 1.300 en Londres). Y segundo, porque el Gobierno Rajoy no toma medidas (deja el problema a los Ayuntamientos y autonomías) y las que toma son insuficientes.

La última “medida estrella” del Gobierno Rajoy ha sido aprobar, en noviembre, el Plan Movalt para “incentivar el coche eléctrico”. Y ha destinado la ridícula cifra de 20 millones de euros, para ayudar (con 5.500 euros por turismo) a la compra de 5.600 coches eléctricos (el anterior Plan, el Movea, agotó sus fondos en 24 horas). Y destina otros 15 millones a instalar postes de carga (no hay) y 15 más a “investigación”. Una miseria de Plan, comparado con las ayudas en el resto de Europa, claramente insuficiente  para incentivar el coche eléctrico en un país donde solo se han vendido 3.205 coches eléctricos entre enero y octubre, el 0,3% de las ventas, con lo que estamos a la cola de Europa (1,2% de las ventas), muy lejos de Reino Unido (1,7% ventas), Francia (1,5%), Alemania (1,3%) o Portugal (1,4%) y sólo en línea con Italia (0,2% venta coches eléctricos), según European Alternative Fuels.

Mientras, estamos a la espera de que el Gobierno Rajoy apruebe el Plan Aire II (2017-2019), pero por el borrador que se conoce, es poco ambicioso en los objetivos y carece de recursos para poner en marcha medidas eficaces. Los expertos creen urgen dos medidas fiscales contra la contaminación de los coches. Una, subir los impuestos a los carburantes, porque en España la gasolina paga un 27% menos de impuestos (18  céntimos menos/litro) y el gasóleo un 25,6% menos (14 céntimos menos/litro) que la media europea. La otra, cambiar el impuesto de circulación, para penalizar no sólo la emisión de C02 (que hoy penaliza a los coches de gasolina, al emitir un 20% más) sino sobre todo la emisión de NO2 y partículas (los coches de gasoil emiten 4 veces más que los de gasolina). Y trazar un Plan con las grandes refinerías (como hizo Obama en USA), para invertir en reducir las emisiones de los carburantes mientras persistan los motores de combustión. Y sobre todo, hay que volcarse en fomentar los coches híbridos y eléctricos (el Gobierno Rajoy vetó en febrero una proposición no de Ley del PDCat, porque costaba 17 millones), con más ayudas al comprador  y más postes de recarga (sobre todo para furgonetas de reparto y flotas de empresas), dando ejemplo la Administración con un mayor uso de los coches oficiales eléctricos, autobuses (sólo 33 en Madrid) y taxis eléctricos (hay 70 en toda España, entre 67.000 taxis).

Y sobre todo, hay que planificar mejor el transporte público en las ciudades (ver opiniones viajeros en esta encuesta de la OCU), con más rutas, flotas y personal (recortados desde 2008), fomentando también su uso vía tarifas y aparcamientos disuasorios, además de ampliar los trenes de cercanías. Y fomentar las flotas (eléctricas) de coche compartido, junto a promover los carriles bici, sobre todo en ciudades medianas y pequeñas (hoy colapsadas). Y todo ello sin olvidar nuestras industrias (ver las 10 que más contaminan) y calefacciones, responsables de ese otro 25% de la contaminación en nuestras ciudades.

Queramos o no, el coche es un problema grave para nuestras ciudades y todos tendremos que ayudar, comprando coches menos contaminantes (mucho más caros) y pagando más impuestos en carburantes y matriculaciones, peajes de acceso a las ciudades y aparcamientos. Y en muchos casos, siendo obligados a dejar el coche en casa y coger el transporte público. Porque lo contrario es envenenarnos. Hay que tomárselo en serio ya. Todos, pero sobre todo el Gobierno y los Ayuntamientos, cueste lo que cueste.

jueves, 7 de diciembre de 2017

Suben petróleo, euro y tipos: un mal cóctel



Está pasando desapercibido, por Cataluña y el puente, pero el petróleo cuesta ya más de 63 dólares barril, un precio que duplica con creces el mínimo de 2016 y que supone una subida del 42% sobre este verano. Y en paralelo, el euro ha subido otro 12,5% este año frente al dólar, mientras el precio del dinero se prepara para subir, tanto en EEUU como en Europa, tras varios años de coste cero. Son tres subidas preocupantes, porque el petróleo barato, el euro débil y el dinero barato han sido responsables de más de la mitad del crecimiento de la economía española en los últimos tres años, no la política de Rajoy. Y ahora, si cambia el viento exterior y en vez de tenerlo “de cola” lo tenemos “de cara”, la recuperación y el empleo peligran. Por eso, ante esta incertidumbre exterior, es importante que el Gobierno no recorte más en el Presupuesto 2018 y reanime la economía. Que "empuje" desde dentro.


enrique ortega


El petróleo agudizó la crisis financiera, al saltar de los 36,61 euros por barril en septiembre de 2008 a 126,65 euros en la primavera de 2011 (+245%), un elevado precio que se mantuvo hasta los 115 euros de junio de 2014. A partir de ahí, empieza a bajar con fuerza y cierra el año 2014 con un precio de 55,46 dólares por barril. Durante 2015 siguió bajando, con altibajos, hasta los 37,36 dólares a fin de año. Y el 20 de enero de 2016 alcanzó su precio mínimo, 27,88 dólares por barril. O sea, el precio del petróleo cayó un 75% entre 2014 y 2016, la tercera mayor caída del crudo en los últimos 24 años, desde la década de los 90. A partir de este desplome, el petróleo volvió a subir en 2016, hasta cerrar el año pasado en 57 dólares barril y luego bajó a un mínimo de 44,82 dólares en  junio de 2017. Pero es sólo una tregua, porque el crudo volvió a subir este verano y el 27 de octubre superaba la barrera de los 60 dólares barril, un precio que se mantiene y ahora ronda los 63 dólares.

Eso significa que el petróleo vuelve a costar caro, un 128% más que en enero de 2016 y un 41% más que este verano. Es mucha subida en poco tiempo. El primer detonante de estas nuevas subidas fue la decisión de la OPEP y Rusia, el 30 de noviembre de 2016, de recortar la producción de crudo (en 1,8 millones de barriles diarios), por primera vez en 8 años, para reanimar los precios. El 25 de mayo de este año, los firmantes acuerdan extender el recorte hasta marzo de 2018 y hace dos semanas, el 29 de noviembre, una nueva reunión en Viena de la OPEP (14 países) y otros 10 países productores (entre ellos Rusia, el 2º productor mundial, México y Nigeria y Libia, que no se habían sumado a los recortes anteriores) acordó extender los recortes de producción durante todo 2018.

Si cumplen con los recortes, como han hecho en 2017, los precios del petróleo podrían  mantenerse en los próximos meses entre 60 y 65 dólares barril, por encima de la última previsión del Gobierno Rajoy para 2018, que es un precio del petróleo de 54,8 dólares por barril. Este mayor precio puede trastocar el crecimiento y las cuentas de la economía mundial y muy especialmente de España, uno de los países europeos más dependientes del crudo. De hecho, la factura energética hasta septiembre se ha encarecido en 9.000 millones de euros sobre la del año pasado (30.000 millones frente a 21.000). Y esta mayor factura del petróleo (y del gas) puede restar a España un 0,5% de crecimiento del PIB, más incluso que la crisis política en Cataluña. Para entender la importancia del cambio de tendencia, recordemos que la bajada del petróleo entre 2014 y 2016 ahorró a España casi 60.000 millones de euros en la factura energética, añadiendo un 2,5% al crecimiento del PIB esos años.

Además, esta subida del petróleo ya está encareciendo los costes de las empresas y recortando sus beneficios, según los datos del Banco de España: el margen de las 884 mayores empresas ha crecido sólo un 0,8% hasta septiembre, por el alza de costes de la energía, y eso ha provocado que sus beneficios suban solo un 4,8%, la mitad que en 2016. Y también notamos la subida del petróleo los ciudadanos, en el coste de la luz (la factura media ha subido 79 euros hasta finales de noviembre) y en los carburantes. La gasolina sube ya un 6% sobre el precio de julio y el gasóleo otro 9,2%. Y esta subida del crudo se arrastrará a toda la economía, con lo que la inflación media de 2017 subirá al 2%, comiéndose la mínima subida de los salarios (+1,4% aumento convenios) y pensiones (+0,25%). Y los expertos apuestan porque el petróleo mantenga alta la inflación también en 2018, en el 1,6%.

Otra subida clave para España es la del euro. La cotización nos había dado una tregua, como el petróleo, bajando de un máximo de 1,35 euros por dólar a principios de 2014 a 1,038 euros por dólar el 20 de diciembre de 2016, un 23% menos. Y muchos expertos apostaban porque este año 2017 iba a llegar al 1x1 con el dólar: que cotizaran igual el euro y el dólar. Pero la errática política de Trump en USA y la recuperación política y económica en Europa (débil) han trastocado la bajada y este año 2017, el euro ha vuelto a subir, superando incluso los 1,20 euros por dólar (1,2065 el 20 de agosto), para quedar ahora en torno a 1,185 euros por dólar, lo que supone una revalorización del 12% sobre el valor de principios de año. Y si Merkel consigue armar un gobierno de coalición la próxima semana o si la Reserva Federal USA no sube los tipos este mes, es probable que el euro acabe el año cerca de los 1,20 euros por dólar y se encamine a los 1,25 euros/dólar en 2018, según los expertos.

La subida del euro es una mala noticia para Europa, porque es un continente que exporta más de lo que importa y ahora sus productos son un 12% más caros que en enero. Pero tener un euro fuerte hace aún más daño a España que al resto de Europa, según un estudio de Goldman Sachs. Y eso porque España exporta muchos “productos intermedios” a Alemania y Francia, por ejemplo. Y si estos países exportan ahora menos fuera de Europa (por la fortaleza del euro), también nos comprarán menos. Un recorte indirecto que se suma al recorte directo que pueden sufrir las exportaciones españolas al resto del mundo por la subida del euro, que encarece nuestros productos un 12%. Y eso es especialmente preocupante porque un 48% de las exportaciones españolas se dirigen a países no euro, que pagan ahora en dólares y otras monedas devaluadas, con lo que nuestros productos les salen más caros. Y recordemos que las exportaciones son uno de los motores del crecimiento español en los tres últimos años: sólo en 2016, aportaron la 8ª parte del PIB (0,5% del 3,2%).

Pero el daño de tener un euro fuerte no acaba ahí, en encarecer y dificultar nuestras exportaciones. Es también un torpedo al turismo, el gran motor de nuestro crecimiento: si el euro ha subido un 12% este año, significa que los turistas de fuera de la zona euro han de pagar un 12% más para venir a España, además de sufrir ya la subida de viajes (el combustible supone un tercio de los costes de las aerolíneas) y hoteles. Y esto afecta al 40% delos turistas que nos visitan, a 32 de los 82 millones que se esperan este año, especialmente a los británicos, nórdicos, rusos, americanos y asiáticos. Menos mal que el euro se ha revalorizado menos frente a la libra, un +2,6% este año, con lo que su fortaleza afecta menos a los turistas británicos, que suponen el 23% de todos los que nos visitan.

Y hay un tercer efecto negativo de tener un euro fuerte, del que no se suele hablar. Los empresarios exportadores, turísticos y el resto (a los que les suben costes por la mayor inflación), tratan de contrarrestar esta subida del euro, que encarece un 12% sus productos y servicios, recortando otros costes. Y donde lo tienen más fácil es en los salarios: ahora tratarán de que suban poco o nada, deteriorando más los sueldos y contrataciones. Y además, si estaban pensando en aumentar la plantilla, esperarán a que el euro (y el petróleo) bajen. Así que, mira por donde, la subida del euro y de la energía son dos obstáculos para que los trabajadores consigan mayores subidas de salarios en 2018. Y con ello, las familias tendrán menos dinero para gastar, sobre todo ahora que sube la inflación. Eso debilitará el consumo interno y frenará el crecimiento y la recuperación.

Y vayamos a la tercera subida que se barrunta, la de los tipos de interés. La bajada del precio del dinero, desde 2008, salvó al mundo de una catástrofe, a Europa del hundimiento del euro y a España del rescate: el BCE bajó los tipos del 3,75% en 2008 al 0% en que están desde 2015, inyectando además liquidez en la economía con la compra masiva de deuda pública, lo que salvó a Europa y a España (no la política de Rajoy). Ahora, todo apunta a que va a cambiar la situación. Por de pronto, en EEUU ya se han producido 4 subidas de los tipos de interés en los dos últimos años (diciembre 2015, diciembre 2016, marzo y junio 2017), con lo que los tipos oficiales están ahora entre el 1 y el 1,25%. Y la próxima semana se reúne la Reserva Federal USA (12 y 13 diciembre) para decidir si los sube otro 0,25%, algo que quizás retrase a la primavera de 2018 (porque la recuperación y el empleo no son fuertes). Pero haga lo que haga EEUU ahora, el BCE tendrá que acabar siguiendo su senda y subiendo los tipos en 2018, entre 0,25 y 0,50% a lo largo del año. Así que se acabará la época del dinero barato, lo que puede frenar la recuperación, en Europa y en España.

La subida de tipos, antes o después, es más preocupante para nosotros porque España es uno de los países más endeudados del mundo, con más de 2,73 billones (con b) de deuda actualmente, que nos cuesta una enorme factura en intereses, factura que aumentará en 2018.La mayor parte de la deuda, 1.135.869 millones de euros, es deuda pública, del Estado y la Seguridad Social ( 821.250 millones), las autonomías (283.984) y Ayuntamientos(30.635 millones), deuda que ha aumentado un 40% desde que gobierna Rajoy. La otra parte es deuda privada, de las empresas (897.876 millones de euros, a septiembre 2017) y de las familias (706.023 millones de deuda, sobre todo en hipotecas), deuda que ha bajado ya por debajo de la que tenían en 2006, gracias a importantes amortizaciones. Este elevado endeudamiento hace a España muy vulnerable, según la Comisión Europea,  ante las esperadas subidas de tipos, que van a suponer un mayor pago de intereses a la administración, las empresas y las familias. O sea, más gasto público (que puede forzar más recortes) y más costes privados, otra amenaza para la inversión, el consumo, el crecimiento, la recuperación y el empleo.

En definitiva, que está cambiando el panorama económico: si entre 2014 y 2017 España se benefició de “viento de cola” exterior, con ayuda de un petróleo más barato, un euro débil y dinero casi gratis, que han sido claves para la recuperación, ahora empezamos a sufrir el “viento de cara”, con subidas del petróleo, el euro y los tipos que pueden frenar el crecimiento y el empleo, más de lo ya esperado para 2018, un año donde Bruselas espera que España crezca el 2,5%, seis décimas menos que 2017 (+3,2%). Así que ojo a la coyuntura internacional, que nos puede hacer más daño que la crisis en Cataluña.

Ante este cóctel peligroso (petróleo caro, euro fuerte y tipos al alza), España tendría que reforzar su frente interno, tratando de reanimar la economía el próximo año, no aprobando más recortes, como piensa el Gobierno Rajoy para el Presupuesto 2018. No está la coyuntura exterior como para forzar más ajustes, sobre todo si España cierra este año con un déficit público del 3,1% del PIB, casi en línea con el sacrosanto 3% que exige la disciplina del euro. Y sin embargo, sí hace falta tomar medidas para crecer más y contrarrestar el freno que van a suponer el petróleo, el euro, los tipos y la crisis en Cataluña. Habría que reanimar los salarios, con subidas por encima del 2%, y reanimar la inversión pública, con la ayuda de una mayor recaudación, que es posible si se reduce el fraude fiscal y pagan más impuestos los que pagan pocos (grandes empresas, multinacionales y los más ricos). Recordemos que hay margen para recaudar más, porque España ingresa 96.000 millones menos al año que la media de países euro (el 37,7% del PIB en vez del 46,1%, según Eurostat).

La clave, pues, está en ingresar más para gastar más y contrarrestar así el “viento en contra” que se ha levantado en la economía mundial y que afecta especialmente a España, más vulnerable que otros países europeos a las subidas del petróleo, el euro y los tipos. Un debate que nadie plantea, ni Gobierno ni “oposición”, enfangados en las elecciones catalanas, pero que es de gran calado para todos: nos jugamos la recuperación y el empleo.

lunes, 4 de diciembre de 2017

Pensiones: muchos Planes y ninguna reforma


Diciembre es el mes de los Planes de pensiones privados: bancos, financieras y aseguradoras nos bombardean con campañas, aprovechando el temor por las pensiones públicas. Pero los Planes están de capa caída : han bajado las aportaciones, han subido los rescates (de parados) y se han perdido un millón largo de partícipes mientras los que quedan (8 millones) aportan cada año menos (400 euros de media y dos tercios nada). Todo porque es un dinero "cautivo" y los Planes son poco rentables y pagan altas comisiones, El Gobierno Rajoy ha tratado de reanimar a los Planes, aprobando medidas para hacerlos más atractivos, “un parche” según la OCDE. Entre tanto, Gobierno y “oposición” llevan más de un año debatiendo la reforma de las pensiones públicas, sin alumbrar ninguna medidaEl parto se retrasa, mientras los pensionistas pierden poder adquisitivo, sigue el déficit (-17.500 millones) y se agota la “hucha” de las pensiones, obligando a pedir un crédito para pagar la extra de Navidad. Urge tomar medidas para garantizar las pensiones públicas. 


enrique ortega

Los Planes de pensiones privados cumplieron este verano 30 años, al aprobar el gobierno de Felipe González, en junio de 1987, la Ley de Planes de pensiones, que ya existían en toda Europa. Entre 1998 y 2006 fue la época dorada de los Planes, triplicándose los partícipes y el dinero aportado. En 2007, el empuje aflojó, al suprimirse algunas ventajas fiscales, y empezó el declive a partir de 2008, con la crisis, hasta hoy: se han perdido 1.100.000 partícipes (hay 8 millones de españoles, 3 de cada 10 personas entre 25 y 65 años), se han reducido las aportaciones (de 8.093 millones en 2008 a 4.972 en 2016) y han subido los rescates (de 3.301 a 4.728 millones, por los parados que han pedido su Plan), con lo que en 2017, por primera vez en 30 años de Planes, el saldo será negativo: los rescates superarán a las aportaciones. Y los partícipes aportan cada año menos dinero a sus Planes: de los 800 euros de media en 2004 se ha pasado a 400 aportados en 2016. Y dos tercios de los partícipes (64,6%) no aportaron nada el año pasado, mientras otro 22% aportaba menos de 900 euros.

Como se ve, los Planes de pensiones privados están de capa caída, por muchas campañas que hagan los bancos, financieras y aseguradoras, campañas que son “engañosas”: ofrecen un regalo (del 2 al 4% de lo aportado o traspasado), pero la mayoría exigen una aportación mínima de 3.000 euros, aportación que sólo hacen una minoría, el 4% de los partícipes. Actualmente, hay 35 entidades que venden un rosario de Planes (más de 2.700), aunque es un negocio controlado mayoritariamente por los tres grandes bancos, CaixaBank (23,6% del mercado), BBVA (20%) y Santander (13,3 % si le sumamos los Planes de Allianz Popular), a los que añadir Bankia (6,2%), Ibercaja (5,7%), Mapfre (4,8%), Fonditel (3,5%) y Sabadell (3,3%), para totalizar el 80% del mercado. Los Planes tienen un patrimonio de 109.244 millones, sólo un 5,5% del ahorro de los españoles, colocado en depósitos (860.562 millones, el 40% del ahorro), Bolsa (450.000 millones, el 21%), Fondos de inversión (302.000 millones, el 14%) y seguros (243.000 millones, el 11,4%), según los datos de INVERCO (2017).

Los Planes de pensiones han tocado fondo porque los trabajadores (hay 7,5 millones de planes individuales, el 40% de los empleados) no los ven atractivos: supone inmovilizar un dinero durante muchos años (que sólo se puede rescatar en caso de paro de larga duración, enfermedad grave o desahucio) y saben que recuperarlo luego supone pagar un buen pico a Hacienda en impuestos. Además, hay que pagar altas comisiones anuales (el 1,50% y más), mayores que en el resto de Europa, y los Planes tienen una baja rentabilidad (2,04% de media en 2016), inferior a la de la Bolsa o los Fondos de Inversión. Y tampoco ven claros los Planes de pensiones las empresas (sólo un 0,4% de empresas los tienen, con 2 millones de trabajadores incluidos en planes de empleo), que han recortado sus aportaciones y ya no incluyen en los Planes, en muchos casos, a los nuevos contratados.

Las entidades que venden Planes de pensiones (bancos) han lanzado un SOS al Gobierno, pidiendo ayuda para insuflar oxígeno a un producto de ahorro que languidece. Y además, han tenido la peregrina idea de proponer una aportación “cuasi obligatoria”  a Planes privados de pensiones: un 2% de los sueldos lo aportarían las empresas y otro 2% los trabajadores… Así tendrían un negocio “cautivo” y “redondo”. Y nadie les dice que sería mucho más sensato subir las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social, que son más bajas en España que en otros paises, para consolidar así las pensiones públicas y reducir su déficit, en lugar de alimentar un negocio privado plagado de comisiones.

Pero el Gobierno Rajoy ha recogido de alguna manera el guante de salvar los Planes de pensiones y ha aprobado por decreto, el 13 de noviembre, dos medidas, para reanimar la campaña de Planes de la banca. Una, rebajar la comisión máxima de los Planes del 1,75 al 1,45% (a partir de mayo de 2018). Y la otra, permitir que los partícipes de un Plan recuperen el dinero a los 10 años, no al jubilarse. La OCDE ha calificado este “reforma de urgencia” del Gobierno como “un parche”, porque las comisiones siguen siendo más altas que en Europa (en Reino Unido tienen un tope del 0,9%) y, sobre todo, porque “desvirtúan” lo que es un Plan de pensiones (ahorrar para la jubilación), transformándolos en “Planes de ahorro” sin más.

Eso sí, Planes de ahorro con desgravación fiscal, algo muy injusto y que la Comisión Europea ha calificado en varias ocasiones de “fiscalmente regresivo”. Porque todos los españoles costeamos que una parte, los que tienen Planes, se desgraven en el IRPF por ellos. En 2015, la desgravación por Planes costó 5.000 millones de euros y benefició sólo a 2,8 millones de contribuyentes, 1 de cada 6 españoles que declaran a Hacienda. Y los que más se benefician de esta desgravación son los que más ganan: 1,23 millones de contribuyentes, el 44% de los que desgravan por Planes, ganan más de 30.000 euros al año. Y cuanto más ganan, más aportan (el límite son 8.000 euros anuales) y  más desgravan. Así que tenemos  unos Planes en claro declive que sólo sobreviven gracias a una desgravación costosa que beneficia sobre todo a los más ricos. Urge cambiarlo.

Mientras el Gobierno Rajoy auxilia a los Planes de pensiones privados, deja languidecer la reforma de las pensiones públicas. La Comisión del Pacto de Toledo, que estudia en el Congreso las medidas a tomar, lleva ya más de un año de reuniones (desde el 22 de noviembre de 2016), sin avances, mientras el Gobierno no ha vuelto a reunir desde marzo a sindicatos y patronal para hablar de las pensiones. Y todo apunta a que, con el problema de Cataluña, no habrá avances hasta 2018. Incluso se habla de que las posturas entre PP, PSOE, Podemos y C´s están muy encontradas y que la reforma de las pensiones podría retrasarse sine die, máxime si Rajoy convoca elecciones en junio de 2018, como es posible.

La reforma de las pensiones públicas está atascada y eso es especialmente grave porque se mantiene la asfixia financiera de la Seguridad Social, cuyo déficit previsto en 2017 será de  -17.299 millones de euros (según las cuentas enviadas por el Gobierno a Bruselas), tras cerrar 2016 con un “agujero” de -18.500 millones, porque los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos, debido a la mala calidad del empleo (más empleados que cotizan menos). Y ahora , la Seguridad Social ha casi agotado la “hucha” de las pensiones (quedan 8.095 millones, tras haber tenido 66.815 millones en 2011), con lo que ha tenido que recurrir a un crédito del Estado para pagar la extra de diciembre y la pension del mes (17.400 millones de desembolso total). Y cada mes aumentan los pensionistas (ya hay 8.679.378 pensionistas), que se jubilan con pensiones más altas (1.308 euros de media las altas en octubre).

Además, 2017 será el primer año desde 2012 en el que los pensionistas vuelven a perder poder adquisitivo, porque la pensión les subió un 0,25% y la inflación media subirá un 2%. Y lo mismo pasará en 2018: la pensión les subirá 0,25% (2,3 euros al mes la pensión media, 925 euros) y los precios el 1,6%. Eso pasa porque España es el único país europeo que, desde 2013, no liga la subida de las pensiones a la evolución de los precios o de los salarios, como hacen todos los demás paises de la UE, salvo Irlanda, según un reciente informe de la Comisión Europea.

Las pensiones públicas exigen una reforma urgente para hacer frente a dos problemas. Uno, la falta de recursos para revalorizar las pensiones actuales, lo que llevó a Rajoy a aprobar en 2013 un ajuste (el “Factor de Sostenibilidad”) para que las pensiones sólo suban un 0,25% anual hasta que las cuentas mejoren. Y eso no pasará hasta 2040, según el Banco de España, con lo que estos 25 años, las pensiones perderán hasta un 35% de poder adquisitivo. O sea, que una pensión de 700 euros hoy (son la mitad) quedaría en 455 euros reales en 2040. Y si se quiere evitar, subiendo las pensiones como los precios, el déficit de la SS subiría a 70.000 millones anuales, según FEDEA. El otro problema, más grave, es demográfico: en 2050, España será el país más envejecido de Europa y un tercio de los españoles tendrán más de 65 años, con lo que el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años (90 frente a 83 hoy). Y mientras este envejecimiento aumentará el coste de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando (900.000 activos menos en 2025). En definitiva, más jubilados viviendo más años y menos jóvenes para trabajar y pagar las pensiones. Oscuro panorama.

Para hacer frente a estos dos grandes retos, revalorizar las pensiones actuales y pagar las futuras, hace falta una cosa: más ingresos, entre 50.000 y 80.000 millones más de aquí a 20 años. Y hay que conseguir este dinero extra por dos razones. Una, por justicia, porque se debe, ya que España gasta en pensiones menos que el resto de Europa: un 10,6% del PIB en 2016, inferior al 11,6% de la UE-28 y muy por debajo de ocho paises europeos menos envejecidos como Italia (15,8%), Grecia (14,5%), Francia (13,8%), Austria (13,2%), Portugal (13%), Eslovenia (11,4%), Polonia (10,8%) y Alemania (10,6%), según la OCDE. Y la otra, porque se puede: España ingresa menos que la mayoría de Europa tanto por cotizaciones sociales como por impuestos.

Hay pues dos vías para conseguir esos ingresos extras que necesitan las pensiones. Una, subir las cotizaciones sociales, aunque no le guste a nadie porque puede penalizar el empleo (según  se haga). Pero hay margen para subirlas: los ingresos por cotizaciones netas suponen en España el 12,3% del PIB, frente al 13,2% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones en Alemania (16,5% del PIB), Francia (18,9%), Italia (13,3%) o Portugal (11,6%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,8%), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 34.000 millones más cada año. Y otro tanto pasa con los impuestos: la recaudación fiscal en España supone el 38,2% del PIB (2016) frente al 46,1% del PIB que recaudan los paises euro y el 44,8% del PIB que ingresa la UE-28. Eso significa que si recaudáramos como la eurozona, España ingresaría 86.900 millones más en impuestos cada año.

Así que se pueden salvar las pensiones, con más ingresos, siempre que se acuerde subir las cotizaciones (a empresas y trabajadores, que ya gastan dinero extra en contratar Planes de pensiones poco rentables) y se suban los impuestos, no a los trabajadores y pensionistas que ya pagamos, sino a las grandes empresas, multinacionales y los más ricos, que pagan legalmente menos y que defraudan más (en España y en los paraísos fiscales). Además, habría que hacer algunos ahorros en la Seguridad Social, como quitar las bonificaciones de cotizaciones a empresas y autónomos (3.700 millones de ingresos anuales que pierde la SS), porque son poco eficaces. Y quitar del presupuesto de la SS el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios. Y por último, tomar medidas serias para fomentar la natalidad (para aumentar los cotizantes futuros) y mejorar la calidad del empleo, porque los contratos temporales y por horas son un torpedo letal para las cotizaciones y las pensiones.

La prioridad debería ser salvar el sistema público de pensiones, no los Planes privados. Es una irresponsabilidad, del Gobierno y la “oposición”, haber perdido más de un año sin aprobar la reforma. Cataluña es importante pero no más que asegurar las pensiones actuales y futuras. Hay que acelerar la reforma, porque las medidas tardan décadas en hacer efecto. Hay soluciones, pero no sin subir cotizaciones e impuestos. Los trabajadores tendrán que pagar algo más para asegurarse una pensión digna. Y una minoría de españoles, las empresas y contribuyentes más privilegiados, tendrán que ayudar pagando más impuestos. Así que si oye al PP y a Ciudadanos que van a bajar los impuestos en 2018, sepa que están poniendo en peligro sus pensiones, además de la sanidad, la educación y el resto del Estado del Bienestar. No se pueden salvar las pensiones sin más ingresos, salvo que haya más recortes, como los aprobados en 2011 (ZP) y 2013 (Rajoy). Si es así, que lo digan.