jueves, 28 de diciembre de 2017

Suben las autopistas y otras ayudas al rescate


Este 1 de enero suben las autopistas de peaje, un 1,91% (en Galicia, el doble), tras dos años de ligeras bajadas. Y desde 2002, las autopistas han subido ya un 33,3%. Además, cuando vaya por algunas autopistas y adelante a un camión, sepa que entre el 42% y el 75% de su peaje se lo ha pagado usted, porque el Gobierno subvenciona con 33 millones del Presupuesto el que circulen por algunas autopistas. Subidas y subvenciones son algunas de las ayudas a las autopistas españolas, aunque la principal será que en 2018 se hará efectivo el rescate de 9 autopistas de peaje quebradas, que serán nacionalizadas (por segunda vez en nuestra historia reciente) y cuyo saneamiento nos costará entre 3.400 y 5.000 millones a todos los españoles. Una ayudas que se suman a otras cuantiosas que recibieron con el franquismo, con Aznar, Zapatero y Rajoy, unos 15.000 millones de euros públicos en total. Y es que las autopistas son uno de los grandes escándalos de la transición.


enrique ortega

Todas las autopistas de peaje suben sus tarifas un 1,91% desde el 1 de enero, en virtud de un sistema de actualizaciones de precios fijado en 2002 y que fue un “regalo” del Gobierno Aznar a las autopistas: a cambio de haber bajado tarifas en 1999 (Real decreto 6/1999), para ayudar a España a entrar en el euro, las autopistas tienen derecho a subir cada año sus tarifas en base al IPC (subida octubre-octubre) y el tráfico que reciben. Eso les ha asegurado subidas anuales, sobre todo en 2011 (donde Zapatero les permitió una subida extra del 3,43%, por la caída del tráfico) y en 2012 (donde Rajoy les permitió tres subidas de peajes en el año, un 13,5% en total). Pero además, el Gobierno Rajoy les dejó fuera en 2013 de la Ley de Indexación, que quería desligar la revisión de muchas tarifas públicas de la subida del IPC.

Al final, aunque las tarifas no subieron en 2015 y bajaron algo en 2016 (-0,55%) y 2017(-0,4%), ahora vuelven a subir en 2018 un 1,91% (y el 3,81% en Galicia, para ayudar a financiar obras en la AP-9, que los gallegos pagarán con subidas extras anuales los próximos 20 años). Con ello, las tarifas de las autopistas de peaje habrán subido un 33,3 % entre 2002 y 2018, cuando el IPC ha subido estos 16 años un 37,7%, según el INE, pero los salarios de los españoles han subido sólo un 7,6%% desde 2002.

Esta subida no será el único ingreso extra de las autopistas en 2018. Además, varias concesionarias se beneficiarán de la bonificación de peajes a camiones, para la que se presupuestó 32,7 millones en 2017 (mientras se recortaba para la Ciencia o la Dependencia, por ejemplo), un dinero que no se ha gastado y se usará en 2018, mientras llega el nuevo Presupuesto (y nuevas ayudas). La experiencia piloto se inició en 2015, cuando se subvencionó durante 5 meses (julio a noviembre) el peaje de los camiones (del 30 al 50% de las tarifas) que dejaran las carreteras nacionales y pasaran a 6 tramos de autopistas subvencionados. La iniciativa costó a los contribuyentes 7,5 millones de euros y consiguió 222.000 camiones más para las autopistas privadas. En 2016 se presupuestaron otros 10 millones, pero no se puso en marcha porque el Gobierno estaba en funciones. Y en el Presupuesto de 2017 se destinaron 32,7 millones, cuatro veces lo que en 2015.

El primer lugar donde se subvencionó el trasvase de camiones a una autopista fue en Cataluña, donde hace ya 4 años que está prohibido que los vehículos pesados lleguen a la frontera de La Junquera por la N-II: tienen que circular por la AP-7. Además, en agosto de 2017, a pesar de las peleas políticas, la Generalitat y el Ministerio de Fomento firmaron un acuerdo por el que, desde el 1 de enero de 2018, se prohíbe circular a camiones por dos tramos del corredor mediterráneo (entre Peñíscola y Villafranca del Penedés), obligándolos a circular por la AP-7, a cambio de subvencionarles del 42,5 al 50% del peaje (según tramos). El 13 de noviembre, Fomento firmaba un acuerdo similar con la Junta de Castilla y León, para prohibir el paso  de camiones por un tramo de la N-I (entre Burgos y Miranda de Ebro), para que circulen por la AP1 con una bonificación del peaje del 71,23 al 75% (pagarían sólo la cuarta parte del ticket).Y el 22 de noviembre, ampliaban el acuerdo para prohibir los camiones en otro tramo de la N-120 (entre León y Astorga), obligándoles a circular por la AP-71, con una bonificación del peaje del  71,27 al 75%. El tercer acuerdo, firmado este 1 de diciembre, fue entre Fomento y el Gobierno de la Rioja, para el desvió obligatorio de camiones en la N-232 (entre Zambrana y Tudela), forzándoles a que circulen por la AP-68, con una bonificación de tarifas del 71,27 al 75%. Y el cuarto acuerdo, con la Xunta de Galicia, prohíbe también el paso de camiones en algunos tramos de la N-550 (entre Porriño y Vigo) y su trasvase obligatorio a la AP-9, con una bonificación de tarifas del 42,5 al 50%.

Además, desde el próximo 1 de enero, los camiones que vienen de Francia por la autopista, si circulan después por la N-1 tendrán que pagar un peaje en Guipúzcoa (de 0,56 a 6,89 euros, según los tramos, lo que animará a muchos camiones a circular por autopista (AP-8 o AP-1), aunque de momento no se haya negociado subvencionar estos peajes. Y aún están pendientes de materializar dos acuerdos más. Otro con la Junta de Castilla y León, para prohibir el paso de camiones por San Rafael (Segovia), en la N-VI, y trasvasarlos a la AP-6, con tarifas bonificadas. Y también en varios tramos de la N-120 de Logroño a Vigo (que atraviesa Burgos, Palencia y León), para trasvasar parte de este tráfico pesado a la AP-71.

El ministro de Fomento ha dicho públicamente que está abierto a subvencionar el trasvase de camiones a autopistas en muchos más tramos del país, pero que tienen que pedirlo las autonomías. Y eso porque, en los acuerdos, ellas pagan una parte de la bonificación de tarifas a los camiones (normalmente el 60%, mientras el Estado pone el 40% restante).Así, hasta gastar los 32,7 millones presupuestados, que podrían ampliarse en 2018 si hace falta. Y mientras, las empresas de transporte están muy molestas con el Gobierno. Primero, porque habían quedado con ellas en pactar los tramos de desvíos y Fomento no se ha reunido hasta finales de noviembre y ha llegado a acuerdos bilaterales con las autonomías, sin consultarles. Pero, sobre todo, porque se les prohíbe circular por algunos tramos y se les obliga a circular por las autopistas, algo que en la experiencia de 2015 era voluntario: el camionero podía elegir entre seguir por la nacional o pasar a la autopista con ticket subvencionado. Y amenazan incluso con movilizaciones en 2018.

El Gobierno justifica su política en mejorar la seguridad de las carreteras nacionales y reducir los accidentes, un buen objetivo pero que no debía cargar sobre los bolsillos de los contribuyentes (sobre el Presupuesto del Estado y de las autonomías). Si una empresa de transportes circula por autopista, no debería ahorrar costes a cargo de los contribuyentes. Lo que debería hacer el Gobierno es reducir el número de camiones (hay 340.000, 235.000 de transporte pesado), porque somos el 2º país de Europa con más camiones, sólo por detrás de Portugal (109,9 por 1.000 habitantes, frente a 89,6 en Francia, 69,8 en Italia, 58,9 en Reino Unido o 34,4 en Alemania, según Eurostat). Y no sólo entorpecen el tráfico, sino que gastan mucha energía (el 39% de toda la energía primaria y el 52,5% del petróleo que consume España) y contaminan mucho.

Por eso, el Gobierno, en vez de “ocultar a los camiones” y bonificar sus peajes con el dinero de todos, debería fomentar el transporte de mercancías por tren y barco, en perjuicio de los camiones. Porque España es el 5º país europeo con más peso del transporte por carretera, tras tres islas (Chipre, Malta e Irlanda) y Grecia: el 94,1% del transporte interior frente al 75,3% en Europa (85,9% en Portugal, 85,4% en Francia, 86,5% en Italia y 71,5% en Alemania, mientras sólo se transporta un 5,9% por tren (un 18,3% en la UE) y casi 0% por vía marítima (dentro de España, aunque llega a un 20% de las exportaciones), cuando en Europa supone un 6,4% del tráfico interior, según datos de Eurostat (2015).

La subvención al peaje de los camiones supondrá, al menos, unos 300.000 nuevos clientes (forzados, pero clientes) para las empresas de autopistas, sobre todo para las dos empresas más beneficiadas hasta ahora por los acuerdos de Fomento: Abertis (concesionaria de la AP-7, la AP-71, la AP-68 y los futuros acuerdos de la AP-6 y la AP-71) e Itinere (concesionaria de la AP-1 y la AP-9). Una ayuda extra junto a la subida de tarifas, que se une a la gran ayuda pública que se va a materializar a mediados de febrero de 2018, la asunción por el Estado de 9 autopistas privadas en quiebra: las cuatro radiales de acceso a Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la M-12 a Barajas, la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36 ( Ocaña-La Roda) y la AP-7 en dos tramos (Cartagena-Vera y Circunvalación de Alicante).

La nacionalización de estos 9 tramos de autopistas, decidida por el Gobierno Rajoy en julio de 2017 (en el último Consejo, cuando toda España salía de vacaciones), es una historia increíble pero real y escandalosa. Se remonta a principios de este siglo, con tres protagonistas claves: el presidente Aznar, el ministro de Fomento Álvarez Cascos y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, empeñada en tener tantas autopistas rodeando la capital “como los catalanes y como París”. Para eso, embarcaron a las principales constructoras y bancos en un macro proyecto de 10 autopistas de segunda generación, que se construyeron entre 1999 y 2003, en pleno boom económico: las 9 ahora nacionalizadas y la de Alicante-Cartagena, que queda fuera del plan de rescate.

El problema fue que se diseñaron pensando en un tráfico irreal, que se desplomó con la crisis, máxime cuando hay varias autovías gratuitas que circulan en paralelo a estas de peaje. Y además, se multiplicó por siete el coste de las expropiaciones, gracias a la Ley del Suelo aprobada por Aznar en 1998. Pero no importaba: el negocio de las autopistas estaba en construirlas (sus dueños son las grandes constructoras: ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC, Ferrovial y Globalvía) y en financiarlas (los bancos participantes, Santander, Bankia, la Caixa y Sabadell, más algunos extranjeros, cobraban de 10 a 20 millones al año en intereses), sin necesidad de poner capital. Un ejemplo: en la R-2 (Madrid-Guadalajara), inaugurada con todo boato por Aznar en 2003, los socios solo pusieron un 12% de inversión y el 88% restante eran créditos (424,5 millones).

Una vez construidas las autopistas de peaje, si luego no pasaban coches y no salían las cuentas, el problema no era de las concesionarias ni de los bancos, el problema lo tenía el Estado. Porque Aznar pactó con las concesionarias, en 1993, incluir en los contratos una clausula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA): si había problemas y las concesionarias no pagaban la deuda, debía hacerlo el Estado. Negocio redondo.

Con la crisis, el tráfico y los ingresos de estas nuevas autopistas (ya bajos) cayeron en picado. Y el Gobierno Zapatero salió en su ayuda (con el apoyo del PP), forzado por la RPA. En los Presupuestos de 2010 y 2011 concedió a las autopistas 800 millones de créditos blandos, a devolver al final de la concesión (65 años), más un adelanto de dinero (de 80 millones anuales) para cubrir la caía del tráfico. Al llegar Rajoy, mantiene las ayudas en 2012 y las amplía hasta 2021 (ZP las estableció hasta 2018). Y para 2013, duplica el adelanto de dinero (de 80 a 150 millones anuales). En conjunto, estas autopistas ahora rescatadas ya tenían garantizadas ayudas públicas por 5.200 millones de euros hasta 2021, sin contar la ayuda de las subidas extras de tarifas y la ayuda de subvencionar el trasvase de camiones, todo a costa de nuestro bolsillo. Y sin contar los 1.098 millones recibidos por las autopistas (todas) entre 1999 y 2011, como compensación por haber bajado tarifas para que España entrara en el euro (Real decreto 6/1999). Y sin remontarnos a las ayudas que tuvieron las autopistas durante el franquismo: la Ley de autopistas de peaje de 1972 les permitía endeudarse en divisas con aval del estado y seguro de cambio, un doble privilegio que duró hasta 1988 y que nos costó a los españoles otros 8.000 millones de euros.

Sumen y las ayudas públicas a las autopistas rondan ya los 15.000 millones de euros. Y falta la factura del rescate, aprobado en 2017 y que se pondrá en marcha en 2018, que tendrá un coste para los contribuyentes, digan lo que digan, como el rescate bancario. Por un lado, el Estado tendrá que hacer frente a la deuda bancaria de los 9 tramos de autopista, unos 3.400 millones de euros. Además, tendrá que afrontar el pago de indemnizaciones aún pendientes por expropiaciones, demandas que suman otros 1.200 millones. Y cargar con los costes de mantenimiento, conservación y personal de las 9 autopistas rescatadas y traspasadas a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (SEITTSA), unos 65 millones más al año. Eso sin contar ayudas extras, como la subida de tarifas o la subvención a los camiones (podrían ser otros 40 millones en 2018). Redondeando, el rescate de las autopistas nos costará unos 5.000 millones de euros, cifra que coincide con la de la patronal SEOPAN.

Lo más sangrante de este rescate de las autopistas, es que muchas pertenecen a concesionarias y constructoras con elevados beneficios, como Abertis (R-2, R-3 y R-5), Acciona (R-2), OHL (M-12), Sacyr (R-2, R-3 y R-5), Itinere (R-4 y AP-36), Azvi, Isolux y Comsa (AP-41) o Globalvía (R-3, R-5 y AP-7) Y que varias de ellas explotan autopistas muy rentables, como saben los catalanes, valencianos y murcianos, en especial Abertis (con Acesa, Aumar e Iberpistas).Lo lógico hubiera sido forzarles a “cargar con el error” de esas inversiones (la sacrosanta “economía de mercado”), o bien liquidando estas empresas o fusionándolas con otras autopistas rentables. Pero no, el Gobierno Rajoy nos ha cargado sus pérdidas a todos, al Estado, gracias a la clausula de responsabilidad (RPA) que les regaló Aznar. El ministro de Fomento dice que el rescate no es una decisión política, sino una obligación de los Tribunales. Es verdad. Pero se olvida decir que si los jueces no instan la quiebra es porque las concesionarias se agarran a una clausula que aprobó su partido (el PP y Aznar) hace 24 años.


En los próximos años, cuando estas 9 autopistas estén saneadas (con dinero público), el Gobierno Rajoy pretende venderlas y privatizarlas, en lotes, probablemente en 2019, pero no se podrá recuperar todo el dinero público gastado en ellas (como pasará con los bancos). Y con este rescate de las autopistas, se repetirá la historia. En marzo de 1984, el gobierno de Felipe González creó la empresa pública ENA para nacionalizar 6 autopistas en apuros (Audasa, Audenasa y Aucalsa). Y en mayo de 2003, cuando ya ganaban dinero, el Gobierno Aznar las privatizó: las compró Sacyr (la constructora a la que ahora se rescatan las autopistas radiales madrileñas R-2, R-3 y R-5), por 1.586 millones, menos de lo que aportó el Estado a ENA para nacionalizarlas (1.700 millones).

En resumen, que las autopistas de peaje tienen una larga historia de ayudas, nacionalizaciones y privatizaciones, una historia que nos ha costado muchos millones a los españoles. Y ahí siguen, privadas y cobrándonos el ticket, a pesar de que muchas concesiones (como la AP-6) han cumplido 50 años y están ya súper amortizadas. Ahora, en medio del segundo rescate y mientras muchos piden poner peajes en las autovías, es momento para plantearse la política de autopistas de las próximas décadas. Porque las autopistas son una de las grandes asignaturas pendientes de la transición. Ya vale de privilegios.

lunes, 25 de diciembre de 2017

Navidad 2017: más consumo y más pobreza


La Navidad  es la gran fiesta del consumo, más que una festividad religiosa. Este año, ha vuelto la fiebre de las compras, empujada por las promociones (boom de ventas anticipadas con el Black Friday y el Ciber Monday), las tarjetas que echan humo y medio millón de nuevos empleos (precarios). Pero junto a este consumismo de muchos, hay otra Navidad, la de los millones de españoles en paro o con sueldos bajísimos, que no están para gastar mucho: son 13 millones de españoles en riesgo de pobreza y exclusión social, según las estadísticas europeas, 1.242.000 más que antes de la crisis. Y la Comisión Europea acaba de poner a España “bajo vigilancia por la persistencia de la pobreza. Y “en situación crítica” por la creciente desigualdad. Ni con esas aprueba el Gobierno un Plan contra la pobreza, mientras Caritas y Cruz Roja reiteran que se agrava entre los que la sufren. Vale, estamos en Navidad, seamos felices, pero no olvidemos que hay dos Españas y dos Navidades.


enrique ortega

España es el país europeo que celebra la Navidad durante más tiempo (15 días) y con más gasto: 633 euros de media por familia, un tercio más de gasto que la media europea (445 euros), según una encuesta realizada por la consultora Deloitte en 10 países europeos. Sólo se nos acercan los británicos (614 euros de gasto navideño) y ya lejos están Italia (529 euros) y Alemania, quedando a la cola Polonia (257 euros), Holanda (295 euros) y Rusia (339 euros). Otro estudio, de American Express, eleva el gasto medio en Navidad a 907 euros por hogar, que también puede parecer bajo, pero pensemos que son medias: unos gastarán 3.000 euros y otros 600 y la media de gasto saldría 1.800 euros.

Lo que sí es similar es en qué se gasta en Navidad, en España y en Europa: la mayor parte en regalos (35-40%), seguidos de gasto en comidas (26-30%), viajes (11-16%) y ocio (12%). Y lo que más se compra por Navidad, además de comida y bebida, es tecnología (móviles, ordenadores y gadgets), videojuegos, música, ropa y calzado, perfumes y cosmética. Esta Navidad, la gran novedad es que un tercio de las ventas se han hecho en noviembre, empujadas por los descuentos del Black Friday y el Ciber Monday, lo que ha disparado las compras por Internet, que serán ya una cuarta parte de las compras navideñas. La otra novedad es el auge de las compras con tarjeta (más de 2.000 millones al mes desde febrero) y el tirón de los créditos personales, que son “la gasolina del consumo”: de marzo a octubre se han pedido más de 12.000 millones al mes en créditos al consumo, un 12,5% más que el año pasado, aunque los clientes estén pagando por ellos un elevado interés, del 8,84% TAE (frente al 6,15% que pagan en la zona euro).

Los descuentos, las ventas online, las tarjetas y créditos están siendo, junto a que hay medio millón más de españoles con trabajo (precario y mal pagado), los motores de una Navidad con más gasto, un 3,5% más según Deloitte. Pero ese mayor gasto navideño no incluye a los españoles que siguen pasándolo mal, porque están parados o tienen sueldos bajos, y que no están para gastar, tampoco en Navidad. Y es que hay 12.989.405 españoles en riesgo de pobreza o exclusión social, según la última estadística europea de Eurostat (2016), 1.242.000 más de los que tenían una situación precaria en 2008, según la Agencia Europea contra la pobreza (EARP). Con ello, España se coloca como el 7º país europeo con más pobreza (tasa AROPE) en 2016, con un 27,9% de la población en situación vulnerable, por encima de la UE-28 (23,5%) y sólo por detrás de Bulgaria (40%), Rumanía (38,8%), Grecia (35,6%), Lituania (30,1%), Italia (30%) y Letonia (28,5%), según Eurostat.     

Estos “pobres españoles” lo son porque cumplen uno de estos tres requisitos, según la EARP: o tienen bajos ingresos o sufren carencia material severa (retraso en los pagos de vivienda y otros recibos, no tener vacaciones ni TV ni teléfono) o una baja ocupación (trabajar menos de 2 horas diarias). El grueso de la pobreza está en los españoles con bajos ingresos, que ganan menos del 60% de la media del país: menos de 684 euros al mes si viven solos o  de 1.700 euros en una familia con 3 hijos. Pues bien, con ese perfil hay 10.382.000 españoles, el 22,3% de la población, el mayor porcentaje de pobreza en nuestra historia reciente, según el INE. Más que en 2008 (19,6% de pobreza) y más que en 2012 (20,4%), a pesar de la cacareada recuperación. Y lo peor es que más de la cuarta parte de los españoles pobres, 2,9 millones,  tienen un nivel de pobreza severa: ingresan menos del 30% de la renta media del país, menos de 342 euros al mes (solteros) o de 850 euros (familias con dos hijos).

Esta pobreza, que recordemos alcanza al 27,9% de los españoles, se debe principalmente a dos causas. Una, que sigue habiendo muchos parados (3.731.700 parados EPA en septiembre) y más de la mitad no cobran (el 52%). Y la otra, la precariedad laboral conduce a que los sueldos sean muy bajos (un 30% de los trabajadores son mileuristas), con lo que hay muchos españoles que tienen trabajo pero son pobres, concretamente 2 millones de asalariados pobres, el 13,1% de los ocupados, lo que nos convierte en el tercer país europeo con más porcentaje de trabajadores pobres, tras Rumanía (18,9%) y Grecia (14,1%), muy alejados del 9,5% de media en la UE-28.

Lo peor no es sólo que España tenga un nivel de pobreza escandaloso. Es que muchos pobres viven peor cada año que pasa, porque se les acaba el colchón del ahorro o las ayudas de la familia y amigos. Es lo que revela el último estudio de Cruz Roja española, que ha hecho un muestreo entre el millón y medio de personas necesitadas que atiende al año. La muestra indica que aumentan los atendidos sin ningún ingreso (23%), los parados (73%),los que trabajan en la economía sumergida (12% de los atendidos) y las familias con todos sus miembros en paro (el 38,5%). Y han aumentado los que no pueden tener su vivienda caliente (39,2% de los atendidos) y los que tienen problemas para pagar su vivienda (26,2%). Al final, Cruz Roja señala que han crecido los pobres entre las personas que atienden (son ya el 82,7%, un 3% más que en 2016) y sobre todo las familias con pobreza infantil (la 3ª mayor de Europa, alcanza al 94,6% de los atendidos). Caritas, que atiende a 4 millones de personas necesitadas, reitera que la pobreza en España se está haciendo crónica.

Ante este panorama, no debe extrañarnos que cada año haya 8 millones de españoles que acuden a los servicios sociales públicos, gestionados por los Ayuntamientos, que están superados por la creciente demanda de ayudas (comida, medicamentos, pago alquileres y recibos, empleos o un techo: hay 40.000 españoles viviendo en la calle, según Caritas) y los pasados recortes, que les han dejado sin medios y personal. Además, estos servicios sociales son muy desiguales por autonomías, que son las que tienen ahora esta competencia y los financian. Y son desiguales porque unas gastan mucho menos que otras. Así, mientras el País Vasco o Navarra gastan 600 euros por habitante en servicios sociales y Extremadura, Rioja y Cantabria algo más de 400 euros (la media española está en 339,69 euros), hay otras autonomías que gastan mucho menos en servicios sociales, como la Comunidad Valenciana (251,16 euros), Murcia (262,39) y Galicia (274,91), según un reciente estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Así que también para ser pobre o necesitar ayuda social es importante dónde uno viva. Este estudio da un suspenso (4,35 puntos) a los servicios sociales de las autonomías y sólo aprueba la atención social de 6 regiones: País Vasco (8,05 puntos), Navarra (6,95), Castilla y León (6,70), la Rioja (5,70), Asturias (5,40) y Cantabria (5,15). Y entre las 11 autonomías a las que suspende por sus servicios sociales, hay 4 regiones cuyos servicios sociales califican de “irrelevantes”: Comunidad Valenciana (1,05 puntos sobre 10), Murcia (2,35 puntos), Canarias (2,40) y Galicia (2,60 puntos). En estas regiones, mejor no ser pobre o necesitar ayuda.

Y claro, con unos servicios sociales públicos tan precarios, los millones de españoles con problemas para sobrevivir (hay 10.314.000 españoles en una situación vulnerable, porque son inactivos o están en paro o subempleados, según un informe de Fedea) tienen que echar mano de las ONGs (superadas y con pocos recursos) y de la familia o los amigos. Y cuanto más tiempo pasa (llevamos ya 9 años de crisis), menos recursos quedan para ayudar. Encima, España está a la cola de Europa en colaboradores y donantes a ONGs.

Pero la responsabilidad básica de luchar contra la pobreza debería ser del Estado, desde el Gobierno central a las autonomías y Ayuntamientos. La Comisión Europea acaba de “sacarles los colores”: en noviembre, dentro de su informe sobre Indicadores sociales 2016, Bruselas puso a Españabajo vigilanciarespecto a la pobreza, junto a tres países más (Bulgaria, Grecia y Lituania) tras varios avisos anteriores sobre la gravedad de la pobreza en España. Y encima, la Comisión Europea nos colocóen situación crítica” por la creciente desigualdad, debido a que España es el cuarto país europeo con más desigualdad (el 20% que más tiene ingresa 6,6 veces más que el 80% que menos tiene), tras Bulgaria, Rumania y Lituania, según Eurostat. Pero el Gobierno Rajoy no hace nada y la “oposicióntampoco se obsesiona por la pobreza.

Urge poner en marcha un Plan contra la pobreza, para ayudar a los que se han quedado “tirados” con la crisis y no se benefician de la recuperación. Este Plan debería actuar en cuatro frentes. Uno, ampliando los subsidios a los parados, porque hay 1.800.000 parados EPA que no cobran nada, además de mejorar su formación y ayudar activamente a su colocación. Todo ello costaría unos 2.000 millones. El segundo frente sería ampliar la renta mínima, que hoy cobran solo 323.406 beneficiarios. Pagar una renta básica  de 548 euros (el 85% del salario mínimo) a las 700.000 familias que no ingresan nada costaría 3.600 millones más de lo que hoy pagan las autonomías con la renta mínima (1.200 millones). En tercer lugar, habría que destinar una ayuda específica a las familias pobres con niños (casi 3 millones), lo que costaría unos 4.000 millones más. Y quedaría destinar nuevos recursos, otros 2.500 millones, a los Ayuntamientos y ONGs para paliar las necesidades más urgentes de esos 8 millones de españoles que acuden a ellos cada año. En total, unos 12.000 millones anuales para paliar la grave pobreza de España.

Parece mucho, pero se debe y se puede gastar. Se debe porque el gasto en protección social es más bajo en España que en el resto de Europa, según Eurostat: 24,7% del PIB frente al 28,6% en la UE-28, 48.000 millones menos de gasto cada año. Y se puede, porque también se han destinado recursos extras al rescate de la banca (42.590 millones) o de las autopistas (5.000 millones), al cierre del almacén de gas Castor (3.000 millones) o a  las eléctricas. Y porque se puede conseguir ese dinero y mucho más  (hasta 50.000 millones) si España reduce el fraude fiscal y consigue que paguen más los que pagan poco (multinacionales, grandes empresas y fortunas). Eso sí: si PP y Ciudadanos bajan impuestos en 2018, como pretenden, será más difícil luchar contra la pobreza en España.

Siento estropearles la comida de Navidad, pero estos días resulta más patente que nunca que hay muchos españoles que lo están pasando mal y se nos olvida. Que hay dos Españas y dos Navidades. Y estos días más que nunca se ve la urgencia de un Plan contra la pobreza. Eso sí, mientras llega o no, aprovechemos cada uno para ayudar a los que tenemos cerca y nos sentiremos mejor estas fiestas. Los pobres son nuestro mayor fracaso como país y ayudarles debe ser nuestro primer deber como personas. No los olvidemos. Y mientras, disfrutemos estos días de lo que tenemos y de nuestra familia y amigos.

 ¡Feliz Navidad¡  

jueves, 21 de diciembre de 2017

Sequía: urge tomar medidas para tener agua


Ha llovido algo este mes, pero insuficiente para resolver la grave sequía que padecemos: los pantanos están al 37,7% de capacidad, el nivel más bajo desde 1994.Y no estamos ante un problema coyuntural: por culpa del Cambio Climático, cada vez lloverá menos y hará más calor, con lo que las sequías serán más frecuentes y más agudas. Urge tomar medidas, no sólo para garantizar el suministro de agua la próxima primavera y verano sino dentro de 20 años, cuando España tenga un angustioso problema de agua. Las soluciones pasan por ahorrar agua (sobre todo en la agricultura, que consume el 82%), recuperar acuíferos, desaladoras y aguas residuales, reducir fugas en los suministros (se pierden 1 de cada 5 litros) y mejorar la calidad del agua, que provoca un consumo de 120 litros al año de agua embotellada. Y además, hacer fuertes inversiones hidráulicas y subir las tarifas del agua, las octavas más bajas de toda Europa. Sin  garantizar el agua, no hay futuro.

enrique ortega

Estamos sufriendo la primera gran sequía del siglo XXI, tan grave como la que sufrió España a finales del siglo XX (1.991-1995). Ya entre 2014 y 2016 llovió un 6% menos que la media. Pero la falta de lluvias se ha agravado en 2017: entre enero y octubre llovió un 24,33% menos que la media de esos meses entre 1.981 y 2000, según la AEMET. Y mientras 2017 será el año más seco del siglo, será también el más caluroso, con un aumento de la temperatura media de 1,4 grados sobre la media 1981-2010. Pero además de sufrir los efectos del Cambio Climático (menos lluvias y más calor), la sequía se agrava en España por factores propios: erosión y desertificación de los suelos, sobre explotación de acuíferos, contaminación de las aguas, escasa depuración de aguas residuales y poca utilización de las desalinizadoras, junto a un consumo excesivo y creciente de agua, sobre todo por los regadíos, las industrias, las urbanizaciones en la costa y el turismo récord.

El agua disponible es ahora un 20% inferior a los caudales de hace 30 años, según Ecologistas en Acción, y el resultado se ve en los pantanos, que están al 37,72% de su capacidad (18 diciembre), según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, el nivel más bajo de los últimos 23 años (desde 1994). Las lluvias de diciembre apenas han subido los niveles unas centésimas y hay tres cuencas hidrográficas bajo mínimos: Segura (embalses al 13,85% de capacidad), Júcar (25,02%) y Duero (30,22%), a las que siguen la Mediterránea andaluza (30,66%), Guadalquivir (31,67%), Tajo (37,35%) y Guadalete (39,01%).

Con este nivel de agua embalsada, si no llueve bastante este invierno, podría haber problemas para garantizar el suministro de agua la próxima primavera y el verano, sobre todo en Levante (Comunidad Valenciana y Murcia), Andalucía y sur de Aragón. Pero además, la grave sequía que sufrimos ya nos está pasando otras facturas. La primera, encarecer el recibo de la luz un 11,7% este año (hasta noviembre), debido a que se produce más electricidad con carbón, gas y fuel, que son más caros (y más contaminantes). Además, la falta de agua y el calor excesivo han hundido muchas cosechas y agostado los pastos para el ganado, con lo que se han encarecido los alimentos: son lo que más sube en el IPC (+2,2% frente al 1,6% de subida anual hasta noviembre), especialmente aceites (+9%), frutas (+8%), legumbres y hortalizas (+7,5%),  cordero (+4%) y cerdo (+2,7%).

El Gobierno Rajoy aprobó el 9 de junio un real decreto Ley para paliar los daños de la sequía en el campo, con medidas específicas para las cuencas del Segura, Júcar y Duero, donde los agricultores tendrán exenciones en las tasas de riego, ayudas para compensar pérdidas, moratoria en el pago de cuotas a la Seguridad Social y crédito preferencial hasta 1.000 millones de euros. Las medidas se debaten ahora en el Senado y no se aprobarán hasta febrero, pero toda la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) ha pedido que se incluyan también a los agricultores de otras zonas afectadas, como el Guadiana, cabecera del Tajo, la Rioja y Teruel. Y muchos expertos critican este decreto-Ley de sequía (como los de años anteriores) porque suponen una “socialización de costes”: las ayudas no van a los agricultores más vulnerables sino a todos y benefician más a los grandes usuarios del agua, los regantes con más recursos, del Tajo-Segura y Taibilla (Cartagena).

Y, sobre todo, los expertos critican que el Gobierno Rajoy actúe con medidas de urgencia sólo para el campo y no aproveche la grave sequía para planificar la política del agua a medio plazo, mientras España carece de un Plan Hidrológico Nacional (el último, de 2001, fue parcialmente anulado en 2005). Y eso que la OCDE ha alertado al Gobierno, en su último informe sobre España (marzo 2017), que somos el tercer país occidental con más “tensión hídrica”, porque consumimos un alto porcentaje de agua sobre los recursos disponibles: un 34% frente al 10% de media en los 35 países OCDE, sólo superados por Italia e Israel (46%) y muy alejados de Francia (15,5%) o Portugal (13%). Y 7 de las 10 cuencas hidrográficas con más sequía en Europa están en España. Además, la OCDE desvela otros graves problemas del agua en España: sobreexplotación de las aguas subterráneas, contaminación de aguas superficiales y profundas, bajo nivel de depuración de aguas residuales (la Comisión Europea nos abrió varios expedientes por no depurar bien en 800 localidades donde viven 6 millones de españoles) y un escaso uso de las desaladoras (pagadas con fondos europeos y que sólo se usan un 17% en el Mediterráneo).

Si el agua es un problema serio hoy en España, lo va a ser más en los próximos años, porque vamos a sufrir más que el resto de Europa los efectos del Cambio Climático, según los expertos. Así, el estrés hídrico se va a duplicar, del 34% actual al 65% en 2040, según la previsión del World Resources Institute (WRI). Y eso provocará mayores riesgos para el suministro de agua, sobre todo en Levante y Andalucía, afectando seriamente a la agricultura, la industria, el turismo y el consumo de las familias. Ya antes, para 2021, habrá en España un 20% menos de agua que en 1990 y el consumo crecerá otro 10%, con lo que el déficit de agua actual crecerá un 30% dentro de sólo cuatro años, según las estimaciones de Ecologistas en Acción. Como para preocuparse en serio y tomar medidas.

¿Qué se puede hacer? Hay que actuar en varios frentes a la vez. El primero, reducir el consumo de agua, ahorrar. Y eso pasa, sobre todo, por reducir el consumo de los regadíos, que gastan el 82,1% del agua total. Para lograrlo, hay que reducir las hectáreas actuales de regadío y no aprobar más: Ecologistas en Acción propone reducir las 4 millones de hectáreas actuales a 3/3,2 millones, mientras los Planes de cuenca aprobados por el Gobierno en 2016 autorizaron 750.000 hectáreas más. Y en paralelo, forzar a los agricultores a que tengan regadíos más eficientes, que gasten menos agua, ayudándoles con créditos baratos y subidas de tarifas del agua de riego (para que la gasten mejor). También deben reducir su consumo de agua el turismo y las urbanizaciones de costa (8% consumo de agua), sobre todo en la zona mediterránea: un turista consume entre 3 y 4 veces más agua que un habitante de la zona, según un estudio de IMDEA. Y lo mismo las grandes industrias (2,25% del consumo total de agua), que deben ahorrar y pagar más por el agua.

Y quedan los particulares, las familias, que no consumen mucha agua (4,8% del total), pero cuyo ahorro es muy importante, sobre todo en las grandes ciudades de Levante y el sur. La medida más eficaz sería subir las tarifas del agua, porque son las octavas más baratas de Europa: 2,18 euros por m3, un 35,3% menos que la tarifa media europea, 3,37 euros por m3. Y muy lejos del coste del agua en Dinamarca (7,32 euros/m3), Alemania (5,20 euros/m3), Reino Unido (4,36 euros/m3) o Francia (3,60 euros/m3), aunque por encima del coste en Portugal (2,15 euros), Polonia (2,05) o Italia (1,10 euros/m3), según datos de International Water Association. Los expertos creen que el agua para usos domésticos debería subir en España entre un 20% y un 30% (entre 0,48 y 0,65 euros/m3), para fomentar el ahorro y permitir invertir más en las redes de abastecimiento y saneamiento, viejas y bastante deterioradas. Y piensan que esa subida es asumible, porque pagar el agua no supera el 2% del gasto de una familia mientras la luz o el gas pueden llegar al 8%.

Otra vía de ahorro de agua sería reducir las fugas y pérdidas en el abastecimiento de agua, que son escandalosamente elevadas: 972 hectómetros cúbicos, el equivalente al caudal del río Ebro y un 19% del agua que se consume en España. Corregirlo pasa por invertir más en las infraestructuras de abastecimiento, viejas y bastante abandonadas. De los 224.000 kilómetros de la red de distribución de agua, el 41% tiene más de 30 años y sólo se renueva el 0,9% cada año. Y de la red de alcantarillado, 165.000 kilómetros, el 40% tiene más de 30 años y sólo se renueva el O,6% cada año, según iAgua.

El segundo frente a actuación, tras el ahorro, es conseguir más agua, por tres vías: recuperación de aguas subterráneas (acuíferos), desaladoras y recuperación de aguas residuales. En España hay un gran potencial en las aguas subterráneas (debajo de Madrid, por ejemplo, hay un acuífero de 2.600 km2 y hasta 3.000 metros de profundidad en algunos lugares), pero están sobreexplotadas en muchas zonas y contaminadas, lo que exigiría regenerarlas y cerrar los pozos ilegales. En cuanto a las desaladoras, pueden ser claves para asegurar el abastecimiento en Levante y sur de España, pero hoy apenas se utilizan porque su agua es muy cara, por el alto coste de la luz. Haría falta reconvertir estas desaladoras con energía solar y los nuevos avances químicos en el tratamiento de aguas. Una tercera vía para aumentar la oferta de agua (para la agricultura, la industria y el turismo) es la reutilización de aguas residuales, que hoy es mínima: sólo se reutiliza el 8,8% del agua depurada (varía del 1,3% en Cataluña, 2,2% en Madrid, 11,7% en Baleares, 44,8% en Valencia y 64,7% en Murcia), según AEAS, frente al 70% en California o Israel, por ejemplo. Y España incumple la Directiva europea de saneamiento en un 16% del territorio.

Un tercer frente de actuación pasa por mejorar la calidad del agua, porque está muy contaminada en algunas cuencas (Tajo, Segura, Guadiana), por escasez de caudal y falta de vigilancia en los vertidos. Luego, una vez tratada, el agua para consumo humano es apta para la salud, aunque en algunas zonas no tiene un buen sabor, por exceso de cloro o porque son aguas duras con sabor (en zonas con terrenos calizos), lo que está disparando el consumo de agua embotellada: somos el 5º país consumidor, por detrás de Italia, Alemania, Portugal y Bélgica, con 120 litros de agua embotellada al año por español, un gran negocio (más de 1.000 millones de facturación) para marcas blancas y multinacionales. Un agua cara (1 euro por botella, el coste de 1.000 litros de agua corriente en Madrid), cuyo consumo crece sobre todo en las regiones donde la calidad (sabor) del agua es peor, según un estudio de 2003: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias. Y se vende menos en País Vasco, Galicia, Navarra y Madrid, donde el agua del grifo es mejor.

Un factor clave en la gestión del agua es quien la hace. En el mundo, el 90% del abastecimiento de agua es de gestión pública, mientras en España está repartido casi a medias entre la gestión pública (51%) y la privada (49%, que llega al 80% en Cataluña, Galicia y Murcia), liderada por Aqualia, ASGBAR, Acciona, FCC y Sacyr, según AEOPAS. Y eso porque desde 2007, con la crisis, muchos Ayuntamientos quisieron tapar agujeros con los ingresos de privatizar los servicios de agua, mientras en Europa se hacía lo contrario (París lo remunicipalizó en 2008 y Berlín en 2013). A partir de las elecciones municipales de mayo de 2015, con la llegada al poder de la izquierda en muchos Ayuntamientos, se está tratando de dar marcha atrás y remunicipalizar” el agua en muchas ciudades, que chocan con problemas con Hacienda y con la oposición judicial de las concesionarias. Pero el hecho es que en muchas ciudades, la gestión privada del agua ha llevado a tarifas muy elevadas y a escasas inversiones en las infraestructuras, muy deterioradas.

Al final, asegurar el suministro futuro de agua exige tomar muchas medidas, que tardan décadas en ser eficaces, por lo que urge ponerlas en marcha. Y exige invertir en agua, desde mejora de regadíos a obras hidráulicas en cuencas, redes, desaladoras o depuradoras de agua. Sólo cumplir con la Directiva europea de depuración de agua costaría más de 5.000 millones de euros en 390 instalaciones. Y la patronal SEOPAN tiene identificadas obras hidráulicas necesarias por 12.000 millones de euros. Y faltarían otros 10.000 millones para acuíferos, redes y depuradoras. ¿De dónde puede salir tanto dinero? Del Presupuesto y de los usuarios, que deben pagar tarifas más altas, desde el agricultor y las industrias a las familias. Hay que conseguir más recursos para invertir en agua, porque España es el segundo país europeo que menos invierte en agua (el 0,11% del PIB, frente al 0,27% en la UE-28), tras Suecia, cuando somos el país europeo con más sequía. Así nos va.

Falta que todo esto, medidas, tarifas e inversiones, se refleje en un Plan Hidrológico Nacional, planificar una política de agua para toda España y no cuenca a cuenca, como ha hecho estos años el Gobierno de Rajoy. Y eso pasa por conseguir un Pacto del Agua, donde Gobierno, partidos, regiones, regantes, industrias y consumidores pacten medidas, inversiones y tarifas a 20 años vista. Pensando que la sequía que sufrimos ahora no es coyuntural: ha venido para quedarse e irá a más en las próximas décadas, por el Cambio Climático. Urge tomar medidas ya, sin esperar a posibles restricciones en primavera. El agua es otra batalla pendiente de la transición y hay que afrontarla con realismo y dinero, sin politiqueos. Porque sin agua no hay futuro.