1º mayo: el trabajo no es (ni será) lo que era

Viene otro 1º de mayo y aprovecharemos el “Día del trabajador” para coger puente y olvidarnos del trabajo, cada vez más difícil, precario e incierto. El que lo tenga, porque 1 de cada 7 españoles siguen en paro. España crece y las empresas ganan dinero, pero el poco empleo que se crea es temporal (90%), por semanas y mal pagado. Y más de un tercio, a tiempo parcial. España es el país con empleo más precario de Europa, un cáncer para la economía: los trabajadores precarios gastan menos, cotizan menos, pagan menos impuestos, no pueden tener familia ni piso y acaban “pasando” de la política o en las redes populistas y extremistas. Y encima, más de la mitad de los empleos actuales están en peligro por la tecnología y los robots, según la OCDE, que pide a los gobiernos una nueva estrategia para conseguir un empleo de calidad y más seguro. Urge que el próximo Gobierno Sánchez pacte una reforma laboral eficaz para conseguir empleos más dignos. Felices 1º de mayo... futuros.

enrique ortega

España lleva 5 años creciendo y las empresas aumentando sus beneficios, pero el empleo que se crea es precario y mal pagado. En 2018, el 89,75% de los empleos creados fueron temporales, casi igual que en plena crisis (92% empleos fueron temporales entre 2011 y 2015), según los datos de Trabajo. Y más de un tercio (el 35,8%) a tiempo parcial, por horas o días. Con ello, sólo el 6,5% de los empleos creados en 2018 (566.200) fueron “de calidad”, como deberían ser: empleos indefinidos y a tiempo completo, una “rareza” hoy día.

Como esta precariedad ha sido la tónica de la última década, vemos que una cuarta parte de los asalariados (4.419.500, el 26,86% del total) trabajan en España con un contrato temporal, según la EPA, el mayor porcentaje de temporales en Europa, por delante de Polonia (26,1%): son casi la mitad en la UE-28 (14,3%) y estamos peor que Francia (16,8% de temporales), Italia (15,5%), Alemania (12,9%) o Reino Unido (5,6%), según Eurostat. Y además de ser el país con más contratos temporales (sobre todo entre jóvenes, mujeres, inmigrantes y trabajadores no cualificados), somos el país con más contratos de menor duración: en España, el 60% de los contratos temporales son por menos de 6 meses (la cuarta parte, por menos de una semana), frente a sólo el 15% en Alemania, según la OIT. Y resulta además que un 85% de estos contratos temporales son “involuntarios” (se cogen porque no se encuentra un empleo indefinido), frente a un 75% en Italia, 30% en Holanda o 15% en Alemania.

Otro signo de precariedad son los contratos a tiempo parcial, por horas o días, que tienen ya un 14,8% de los trabajadores españoles, todavía menos que en Europa (19,4% de los contratos son a tiempo parcial en la UE-28), Francia (18,2%), Italia (18,5%), Reino Unido (24,9%) y Alemania (26,9%), según Eurostat. Pero la diferencia es que en esos paises hay gente que “busca” trabajos por horas o días, mientras en España es la única opción que tiene mucha gente para trabajar, sobre todo jóvenes y mujeres: aquí el 61,1% del trabajo a tiempo parcial es “involuntario” frente al 26,4% en la UE-28.

Lo más preocupante de esta alta precariedad es que no ha venido con la crisis sino que es estructural en España, viene de tres décadas atrás. Los “contratos temporales no causales” nacen en 1984, con el primer Gobierno de Felipe González, que los crea para fomentar la contratación con indemnizaciones más bajas que los indefinidos. En 1987 son ya el 23% de los contratos y en 1995 ya alcanzan el récord del 40%. Y en 2007, antes de la crisis, tenían un contrato temporal el 32% de los trabajadores, más que ahora. Con la recesión, las empresas empiezan a despedir por los temporales, con lo que su peso baja, al 29,98% en 2011 y al mínimo del 23% en 2012. Y ya en 2013 suben ligeramente (23,52%), hasta el 24% en 2014 y el 26,86% de 2018, todavía menor que en 2007 (32%). Esto significa que, con recesión o con recuperación, los empresarios apuestan por los contratos temporales y tienen “miedo” a hacer contratos fijos, aunque ahora sea más fácil y barato despedir, tras la polémica reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012.

Podría pensarse que las empresas utilizan los contratos temporales para “probar” a sus trabajadores, en el camino a hacerlos luego fijos. Pero la realidad es que sólo el 8% de los contratos temporales se hicieron fijos en 2017, casi la mitad que en Europa (el 24% de los temporales se hacen fijos en la UE-28). Y esto tampoco ha cambiado con la recuperación, porque siempre han sido pocos los trabajadores  temporales que pasaban a fijos: si eran un 18/20% en los años de bonanza, bajaron al 15/16% en los años de crisis y ahora se mantienen en el 14,6%, según el Banco de España. Lo que hacían y hacen las empresas es contratar a mucha gente para un mismo puesto, una gran rotación: en 2018 se hicieron 5,2 contratos temporales por cada empleo, cuando en 2007 se hacían 3,4 contratos. A lo claro: se reparten los trabajos entre más gente y por eso hay más gente trabajando (en precario).

“El uso generalizado de los contratos temporales supone un freno para el potencial de crecimiento y la cohesión social en España”, alertó en febrero de 2019 la Comisión Europea, en su último informe sobre España. Y es que la precariedad laboral no sólo es algo injusto para los que la sufren sino que además es un cáncer para la economía y toda la sociedad: los trabajadores precarios ganan menos (un 23% son “pobres”) , gastan menos (menos consumo y menos crecimiento), cotizan menos (más déficit pensiones), pagan menos impuestos (peor Estado del Bienestar), no pueden emanciparse y formar una familia (baja natalidad) y tienen un menor arraigo social y político, lo que favorece su “pasotismo” o su extremismo, dificultando la cohesión social y política como advierte Bruselas.

Como se ve, el trabajo fijo y estable es una entelequia del pasado lejano y a la precariedad laboral actual se suma la preocupación por el futuro, porque la tecnología, la digitalización y los robots van a revolucionar el trabajo en las próximas décadas, como revela el reciente estudio de la OCDE “Cómo es la vida en la era digital”. El dato es muy impresionante: un 52% de los actuales empleos en España están en riesgo por la tecnología y la automatización (un 30,2% sufrirán cambios importantes y un 21,7% podrían desaparecer), frente al 45,6% en la OCDE (donde el 14% de empleos podrían desaparecer y un 30,2% cambiar). España (ver informe OCDE 2019 sobre futuro del empleo) es el 9º país más afectado de la OCDE (36 paises desarrollados), sólo por detrás de Eslovaquia, Lituania, Turquía, Grecia, Japón, Alemania, Chile y Eslovenia (con el 60-70% de sus empleos en riesgo). Y estamos lejos de Noruega o Nueva Zelanda (sólo tienen un 30% de empleos en riesgo), Reino Unido (35%), Francia e Italia (50% de empleos en riesgo).

El dato llama a la reflexión y a tomar medidas, como propone la OCDE, básicamente en el terreno de la educación y la formación, para adaptar a los jóvenes actuales a esos empleos futuros que imponen la digitalización y robotización de todas las economías. La OCDE plantea a los Gobiernos, en su reciente informe “Buenos empleos para todos en un mundo cambiante” una estrategia laboral que ayude a trabajadores y empresas a adaptarse a ese mundo laboral futuro, impulsando más empleo, de calidad e “inclusivo”, que no deje atrás parados sin futuro. La propuesta de la OCDE es que si antes se hizo hincapié en la flexibilidad laboral (década 1990) y en el fomento del empleo (década 2000), ahora hay que hacer hincapié en un empleo de calidad, combinando “eficiencia” y “equidad”. Y pone como ejemplo de esta estrategia a cuatro paises nórdicos: Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega.

El problema de España es que su punto de partida para lograr ese triple objetivo (más cantidad de empleo, de calidad e “inclusivo”) es peor que el de otros paises, según el análisis que nos hace la OCDE. En cantidad de empleo, el dato de España es bajo: trabajan el 65,5% de los mayores de 20 años, sólo mejor que Turquía (55,3%) y lejos de la media OCDE (72,1%) y del mejor país, Islandia (trabajan el 87,2%). En tasa de paro, también somos el 2º peor (14,3%), tras Grecia (18,5%) y muy lejos de la media OCDE (5,2% de paro). Y en población laboralmente “subutilizada” (inactivos, parados o con trabajos por horas), España es también el segundo peor país de la OCDE, con un 39,3% de adultos “subutilizados”, sólo por detrás del Grecia (44,8%), lejos del 27,2% de la OCDE y del 12,6% de Islandia.

En calidad del empleo, ya hemos visto que somos líderes en precariedad y estamos peor que  la mayoría de la OCDE en calidad de ingresos (salarios/hora), seguridad laboral y tensión laboral. Y en “inclusividad”, somos el 2º país con más trabajadores con bajos ingresos (tras Grecia) y uno de los paises OCDE  con menos empleo de los grupos sociales más débiles (madres con hijos, jóvenes poco formados, mayores de 55 años y discapacitados).

Así que conseguir crear más empleo, de calidad y para todos (“inclusivo”), los tres grandes objetivos que marca la OCDE para las próximas décadas, nos va a costar más que a otros paises. Y más porque la OCDE señala otra característica preocupante en España: nuestra economía tiene menor capacidad de resistencia (“resiliencia”) ante las crisis, la peor de la OCDE. Así, señala el informe, una caída del 1% del PIB aumenta la tasa de paro en los 3 años siguientes un 0,9% en España, frente al 0,4% que lo aumenta en la OCDE y el 0,1% en Luxemburgo. Esta menor “resistencia” de la economía española contra el paro tiene mucho que ver con nuestro modelo económico (más servicios y menos industrias), la baja tecnología, el exceso de pymes (las grandes empresas aguantan mejor la crisis) y, sobre todo, 2 factores claves: la elevada precariedad (los trabajadores temporales son más fáciles de despedir) y la baja formación (el 40,9% de adultos españoles tienen sólo la ESO o menos, frente al 21,8% en la OCDE y el 19,8% en la UE-22, según el informe Panorama de la Educación 2018 de la OCDE).

Así que España tiene una gran tarea por delante para conseguir mejorar el empleo y que llegue a más gente. Para conseguirlo, la gran receta de la OCDE es “invertir en un sistema de educación y formación eficaz, que dote a los trabajadores de las competencias que piden las empresas y les formen a lo largo de toda su vida laboral”. Además, el informe de la OCDE propone “mejorar la protección social”, para que todas las personas estén cubiertas por regulaciones laborales básicas y tengan derecho a prestaciones sociales, “al margen del tipo de contrato o empleo que tengan”, ampliando los subsidios no contributivos y las prestaciones sociales (incluida una posible renta básica). Una propuesta que tiene un gran sentido en España, donde casi la mitad de los parados EPA no cobran nada: sólo hay  1.844.843 parados con subsidio, el 55,83% de los españoles que se declaran en paro, según Trabajo. Y de ellos, la mayoría  (1.053.869 parados) cobraban  un subsidio asistencial, de 430 euros al mes, mientras los 790.974 restantes cobran un subsidio contributivo, 824,80 euros de media (con grandes diferencias, según autonomías, sexo y trabajo que hayan tenido). Y el 44,17% de parados restante no cobran nada.

Al margen de estas propuestas a medio plazo, urgen medidas a corto plazo para reducir la precariedad laboral, que entorpece la recuperación. Para ello, el futuro Gobierno debería actuar en 2 frentes. Por un lado, hacer cumplir la Ley, reforzando la inspección de Trabajo para descubrir y multar a las empresas que utilizan fraudulentamente los contratos temporales (sólo en 2018, la inspección forzó la transformación de 195.000 falsos temporales en indefinidos) y los falsos contratos a tiempo parcial (contratos por horas que encubren jornadas completas sin cotizar ni pagar por ellas), elevando las multas en ambos casos (hoy son muy bajas y a las empresas les compensa arriesgarse). Y por otro, pactar con sindicatos y patronal una nueva reforma laboral, que simplifique la contratación y penalice con un aumento de cotizaciones a las empresas que abusen de los contratos precarios. Una reforma laboral que debe incluir a las nuevas plataformas digitales, donde la falta de legislación está multiplicando la precariedad y los abusos laborales sobre muchos jóvenes.

El trabajo ya no es como era y lo será menos en unas décadas, por la creciente competencia global y la tecnología. Pero no se puede dejar al mercado laboral y a las empresas a su aire, sino que hay que anticiparse a esos cambios con formación y con normas legales, para evitar la precariedad laboral y los abusos. Y como dice la OCDE, los Gobiernos deben anticiparse, de la mano de unos sindicatos que han de reconvertirse y de unas empresas que tienen que olvidarse de competir a base de precariedad, que han de ganar dinero sin explotar a sus trabajadores. Este es el gran pacto social que hay que configurar en Europa y en España, con fuertes inversiones en educación y formación y con ayudas a trabajadores y empresas para afrontar mejor el futuro. Porque si no, el trabajo en el siglo XXI será “una nueva esclavitud”  y destrozará la cohesión social y política conseguida. Trabajar sí, pero más dignamente. 

EPA marzo 2019: menos empleo y más paro

La EPA publicada hoy, con una caída del empleo y un aumento del paro, debería servir para que los partidos hablaran menos de la Patria y de Cataluña y se plantearan resolver la 1ª preocupación de los españoles: el paro. Porque hay 3.354.200 parados, un 14,70% de los adultos (y un 35% de los jóvenes), más del doble que en Europa. Y casi la mitad llevan más de un año sin trabajo y sin cobrar el paro, sobreviviendo en la pobreza. Son datos como para que los partidos acordaran un Plan de choque contra el paro, con recursos, formación y ayuda a los parados que lo tienen peor: jóvenes, mujeres y mayores de 50 años. Y más cuando, este año, Europa está estancada y España crecerá menos y se crearán menos empleos (muy precarios). Pero no se unirán contra el paro: harán declaraciones, le echaran la culpa al otro y seguirán “a su bola”, mientras el paro se enquista y los jóvenes y muchos españoles “no ven una salida”. Volcarse en una “cruzada contra el paro”. Eso sí sería “patriotismo”. 

enrique ortega

El primer trimestre es, desde 2008, una mala época para el empleo, porque se acaban los contratos de Navidad y Reyes, que suelen ser de temporada. Y este año ha sido aún peor, porque la Semana Santa no ayudó en marzo (como en 2018), porque cayó en abril. Y por eso, el empleo cayó, entre enero y marzo de 2019, en -93.400 personas, según la EPA de hoy, aunque sea menor a la del año pasado (-124.100 empleos en el primer trimestre 2018) y mayor que en 2016 (-64.600) y 2017 (-69.800). El empleo ha “pinchado” sobre todo en los servicios (- 109.200 empleos), en el turismo, la hostelería y el comercio, mejorando muy poco  en la industria  (+200 empleos), la construcción (+1.400) y algo más en la agricultura (+ 14.100 empleos). El empleo se ha perdido más entre los hombres (-54.000 empleos) que entre las mujeres (-39.400) y entre los más jóvenes: dos tercios de empleos los pierden los jóvenes (-70.000 empleos entre 16 y 29 años), algunos menos los de 40 a 44 años (-48.400) y curiosamente mejoran su empleo los mayores de 50 años (+38.500 empleos). Y donde se pierden más empleos es en Baleares (-40.000), Castilla y León (-26.200) y Canarias (-20.900), mientras ganan empleo Andalucía (+15.900), País Vasco (+5.300) y Extremadura (+5.100).

El poco empleo creado este primer trimestre ha sido otra vez un empleo muy precario, como entre 2014 y 2018: de los 5.138.900 contratos firmados entre enero y marzo (una barbaridad, porque se hacen muchos para cada empleo), el 89,69% fueron temporales (la cuarta parte, por menos de una semana de duración) y un 10,31% indefinidos, un dato similar al 10,25% de contratos indefinidos firmados en todo 2018, según los datos del Ministerio de Trabajo. Y un 33,18% fueron empleos a tiempo parcial, por horas, similar dato al 35,8% de contratos a tiempo parcial de 2018. Con ello, sólo el 6,8% de todos los contratos firmados este año han sido “normales”, fijos y a jornada completa, una precariedad que se arrastra desde 2009 (6,5% en 2018).

Esta pérdida de empleo en 2019 ha llevado a un aumento del paro en este primer trimestre, sumando  49.400 parados nuevos parados (frente a +29.400 entre enero y marzo de 2018), lo que da una cifra estimada de 3.354.200 parados a finales de marzo de 2019, según la última EPA . Una cifra que podría haber sido mayor si no hubieran bajado este trimestre  los españoles que buscan trabajo, los “activos” (- 43.500 activos), porque hay más personas “desanimadas” que ya ni buscan empleo. Con ello, la tasa de paro sube al 14,70 %, todavía la más baja desde 2008 pero  seguimos teniendo más del doble de paro que Europa: 6,5% en la UE-28 y 7,8% en la zona euro, 8,8% en Francia y 3,1% de paro en Alemania, en febrero de 2019, según Eurostat . Y la tasa de paro juvenil (menores de 25 años) todavía está en el 34,9%  en España, frente al 14,6% en Europa.

El paro en España también es desigual, como el empleo, y se concentra en las mujeres (son más de la mitad de los parados: 1.783.800, con una tasa del 16,74%,frente al 12,90% de los hombres), los jóvenes ( 33,60% de paro entre los menores de 29 años), los inmigrantes (21% de paro) y los mayores de 50 años (el 13,02 % de paro, el triple que en 2017), donde ya hay 890.700 españoles mayores sin trabajo (y sin muchas posibilidades de conseguirlo), según la primera EPA de 2019. Por autonomías, todavía hay 5 regiones con una tasa de paro “insoportable”, que se mantiene o supera el 20%: Melilla (25,92% de paro), Extremadura (22,52%), Ceuta (22,31%), Andalucía (21,08%) y Canarias (21,03%). Y otras 3 autonomías que tienen un nivel de paro “europeo” y rondan el 10%, como Navarra (8,19% de paro), el País Vasco (9,62%) y Aragón (10,50% de paro). Además, hay más de 1 millón de hogares (1.089.400) con todos sus miembros en paro.

Pero quizás el dato más preocupante es que el paro se enquista y aumentan los parados que llevan más de un año sin trabajar, casi la mitad del total : 461.700 llevan parados entre 1 y 2 años y otros 1.053.900 parados llevan más de 2 años en paro, según la EPA del primer trimestre de 2019. En total, 1.515.600 parados “de larga duración”, el 45,18% de todos los parados. Una bolsa enorme de “parados crónicos” (668.000 llevan parados más de 4 años, según los datos aportados por UGT), que tienen muy difícil volver a trabajar, básicamente por su elevada edad (un 70% superan los 50 años y dos tercios son mujeres) y su baja formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO e incluso menos. Y además, estar más de un año fuera del mercado laboral reduce un tercio sus posibilidades de ser contratados, según los expertos.

Mientras ven muy difícil recolocarse, el mayor problema de muchos de estos “parados viejos” es sobrevivir, porque tras meses y años en el paro, se les ha acabado el subsidio. De hecho, en febrero de 2019, sólo cobraban el paro el 56,6 % de los españoles que se declaran en paro según la EPA: 1.898.369 parados con subsidio, según la última estadística del Ministerio de Trabajo. Y de ellos, la mayoría  (1.075.587 parados) cobraban  un subsidio asistencial, de sólo 430 euros al mes, mientras los 822.782 restantes cobran un subsidio contributivo, de 827,70 euros de media (con grandes diferencias, según autonomías, sexo y trabajo que hayan tenido). Esto significa que un 43,4 %de los parados EPA, 1,455.831 parados, no cobran ningún subsidio. Y sobreviven en la pobreza, gracias a ayudas de la familia y amigos y a “chapuzas” en la economía sumergida. La situación es peor en las 7 regiones donde son mayoría los parados que no cobran: Melilla (71% parados EPA no cobran), Madrid (57,4%), Canarias (54,6%), Ceuta (52%), Asturias, País Vasco  y La Rioja (51% parados EPA no cobran nada).

Volviendo al empleo, ahora se espera que siga débil en 2019, dado que España va a crecer menos este año: 2,2% frente al 2,6% en 2018, según el Gobierno, y podría ser incluso menos si Europa sigue débil  (Alemania va a crecer sólo un 0,5% este año) y hay turbulencias en la economía internacional (proteccionismo comercial, petróleo caro, subidas de tipos y crisis en paises emergentes). La estimación del presidente Sánchez, en la Cumbre de Davos, fue que se pueden crear 330.000 empleos en 2019, bastantes menos de los creados en estos 5 años de recuperación (372.500 empleos de media anual: 1.862.200 empleos en total). Y se espera crear otros 350.000 empleos en 2020, año en que también bajará el crecimiento. De ser así, España tendrá que esperar todavía a 2021 o 2022 para recuperar el empleo perdido antes de la crisis, los 20,51 millones de puestos de trabajo de 2007 (ahora hay 19,47 millones: falta todavía recuperar 1,1 millones de empleos).

Con menos empleo todavía que antes de la crisis y más del doble de paro que Europa, el empleo y el paro deberían ser la prioridad de todos los partidos en esta campaña electoral (no ha sido así) y del futuro Gobierno. Y más cuando tenemos el empleo más precario de Europa, con 1 de cada 4 asalariados con contratos temporales (el 25,88 % en marzo de 2018, según la EPA) y con 1 de cada 7 empleos a tiempo parcial (el 14,90% de los empleados), empleos por días o por horas que son “obligados”, forzados, para dos tercios de estos trabajadores, más “subempleos” que en la mayoría de Europa. Y lo peor: sólo un 8% de los contratos temporales se hacen fijos en España, cuando en Europa lo son el 24%, según ha advertido recientemente el Banco de España.

Urge algún acuerdo social, entre patronal y sindicatos (con el apoyo del Gobierno y los partidos), para conseguir más empleo “decente”, con una estrategia de “palo y zanahoria”: palo a las empresas y sectores (hostelería y servicios) que “abusan” de los contratos temporales y por horas para empleos que son estables y con jornadas normales. Hay que reforzar la Inspección de Trabajo y lanzar campañas contra los que defraudan, como se empezó a hacer en agosto. Y “enseñar la zanahoria” al resto, para incentivarles a que hagan contratos fijos y con jornadas normales, con menores cotizaciones e impuestos. Y con un seguimiento periódico y un objetivo: por ejemplo, rebajar del 89,75% al 70% el porcentaje de temporales en los contratos de 2020. Se puede conseguir si se convence a los empresarios que ahora, tras varios años con beneficios,  pueden y deben ofrecer contratos decentes. Y eso pasa también por una reforma normativa, para dar marcha atrás a la reforma laboral de Rajoy de 2012, como piden los sindicatos y la izquierda.

En paralelo a esta nueva reforma laboral, urge aprobar un Plan de empleo, dirigido especialmente a los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, los colectivos que tienen más difícil colocarse. Primero, hay que volcarse en su formación (hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017), con cursos más eficaces y ligados a lo que piden las empresas. Segundo, hay que reformar los servicios públicos de empleo (SEPE), para que no sean unas oficinas burocráticas sino que ayuden realmente a los parados a encontrar empleo, como agencias de colocación. Un avance pueden ser los 3.000 asesores que van a contratar las autonomías para orientar a los jóvenes parados, en cumplimiento del Plan de empleo joven aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre. Y tercero, hay que incentivar (ayudas fiscales, cotizaciones) a las empresas que contraten de forma estable parados de larga duración, casi la mitad de los parados.

En tercer lugar, además de promover empleos decentes y la contratación, hay que mejorar la situación de los parados, porque es escandaloso que el 43,4 %, casi millón y medio de parados no cobren ningún subsidio. Habrá que revisar el seguro de desempleo, para asegurar que cubra a más parados, en colaboración con las prestaciones sociales (renta mínima) que pagan las autonomías. Y sin olvidar que estamos en Europa y que, de cara a la futura Comisión Europea, somos los más interesados en que se apruebe un “seguro de paro europeo”.

Para todo esto hacen falta recursos (un Plan de empleo creíble, que gaste en formación, asesoramiento e incentivos a la contratación, exige no menos de 5.000 millones extras anuales y mejorar el seguro de paro exigiría 2.000 millones más) y medios, básicamente más personal para los servicios públicos de empleo: cada empleado del SEPE tiene a su cargo 450 parados mientras en Alemania, cada funcionario atiende a 47 parados y en Reino Unido a 22. En definitiva, España tiene que gastar más en “políticas activas de empleo”, porque no es de recibo que teniendo más del doble de paro que Europa, gastemos la mitad: 5.710 millones en 2018, el 0,5% del PIB frente al 1% que gasta de media la UE-28.

A 3 días de las elecciones generales, la EPA del primer trimestre debería servir para forzar a los partidos a ofrecer alternativas eficaces contra el paro y para crear empleo. Pero la principal medida sería dejarse de “peleas políticas” y pactar, a partir del lunes 29 de abril, un Plan de choque contra el paro, gobierne quien gobierne. Los parados de este país, sobre todo los jóvenes, las mujeres y los mayores de 50 años, lo necesitan con urgencia. Es importante que el próximo Gobierno inicie una verdadera “cruzada contra el paro”, con dinero y medidas eficaces, apoyadas por todos. Eso sí sería “patriotismo”.

Elecciones 28-A: urgen más ingresos y pactos

Este domingo 28 son las elecciones y muchos centran la campaña en Cataluña y en quien tiene la bandera más grande, en lugar de afrontar lo que preocupa a la mayoría: paro, desigualdad, pensiones, sanidad, educación, vivienda, cambio climático… El dilema parece ser: “la Patria o las cosas de comer”. No. El gran reto es cómo salir de verdad de la crisis, cómo repartir el crecimiento para que lo noten todos los españoles y cómo afrontamos un futuro incierto. Y para eso, España debe hacer reformas pendientes desde la transición, desde las pensiones a la luz o los alquileres. Reformas que exigen dinero y acuerdos. Pero nadie quiere pactar y tenemos dos Españas muy enfrentadas. Y las tres derechas defienden bajar impuestos, cuando España recauda mucho menos que Europa. Así, sólo conseguirán deteriorar más el Estado de Bienestar, no modernizar España. Urge conseguir más ingresos de los que pagan poco (multinacionales, empresas y ricos) y pactar las reformas más acuciantes o tendremos un país bloqueado unos años más. Eso nos jugamos. Voten.

enrique ortega

España lleva más de 3 años medio paralizada, tras unas elecciones en diciembre de 2015 que acabaron con el histórico bipartidismo y abrieron unos años de fuertes enfrentamientos políticos y pocas medidas eficaces. Y ahora,  tras dos años de un último Gobierno Rajoy medio paralizado y 10 meses de “parches” del Gobierno Sánchez, los problemas de los españoles siguen ahí, agravados y sin resolver: paro, pobreza, desigualdad, pensiones, dependencia, sanidad, educación, vivienda, tecnología, cambio climático. Y con una peor coyuntura exterior, una Europa estancada y una guerra comercial peligrosa, que no va a ayudarnos nada. Así que el próximo Gobierno tendrá que consolidar la recuperación y que llegue de verdad a la mayoría de los españoles, porque el 70% dice que no la nota. Y hacer reformas para resolver graves problemas que afrontamos desde la transición, como conseguir un paro “europeo”, asegurar el futuro de las pensiones, recuperar el deteriorado Estado del Bienestar (sanidad, educación, dependencia y servicios sociales), conseguir una vivienda para la mayoría o un empleo digno para los jóvenes.

Esto es lo que se juega en estas elecciones y no la independencia de Cataluña o la Patria. “Es la economía, estúpido”. Los grandes problemas que nos preocupan a todos y para los que no hay “soluciones mágicas”, “atajos”, como parecen ofrecer algunos. Voy a repasar aquí estos 12 grandes problemas, sobre los que llevo escribiendo 8 años en este blog.

El primer gran problema de España es el paro, como revelan los españoles en todos los Barómetros del CIS. Estamos mejor, pero todavía hay 3.304.300 españoles en paro, según la EPA de diciembre, una tasa de paro del 14,45% que duplica con creces la europea (6,6%) y cuadruplica la alemana (3,3%). Y un  tercio de los jóvenes (menores 25 años) está en paro, el 32,7%, más del doble que en Europa (14,9%) y cinco veces el de Alemania (6%). Pero además de tener mucho paro, se ha enquistado (el 47% de los parados llevan más de un año sin trabajo) y casi la mitad de los parados EPA (el 44,17%) no cobran el desempleo (y hay 7 autonomías, entre ellas Madrid, donde más de la mitad de parados no cobran). El gran reto de la próxima Legislatura es ayudar a estos parados a sobrevivir (que haya más cobrando el paro) y a conseguir empleo, con formación y asesoramiento, lo que pasa por tener más recursos para políticas de empleo y una reforma radical de las oficinas de empleo (SEPE).

El 2º gran reto es reformar el mercado laboral, porque España crea el empleo más precario de Europa: en 2018, un 89,75% de los contratos fueron temporales (la cuarta parte por una semana o menos) y un 35,8% a tiempo parcial, lo que indica que sólo 6,5 de cada 100 empleos que se crean son “de calidad”. Y con ello, tenemos un mercado laboral donde 1 de cada 4 trabajadores son temporales (26,86%) y 1 de cada 7 trabajan a tiempo parcial (las dos terceras partes porque no encuentran otra cosa). En consecuencia, los salarios no se recuperan y un trabajador cobra de media (bruto) 1.668,75 euros, según el INE, sólo 40 euros más que en 2014, a pesar de la cacareada “recuperación”. Y así, los trabajadores españoles tienen unos salarios de los más bajos de Europa: 15,94 euros por hora, un 27,6% menos que la UE-28 (20,35 euros/hora), un 51,3% menos que Francia (24,12 euros) y un 68,8% menos que en Alemania (26,91 euros/hora), según Eurostat (2018). Y un tercio menos de salario mínimo (1.050 euros en 12 pagas frente a 1.498 euros en Francia o Alemania).

El tercer gran reto es reducir la pobreza y la desigualdad que ha acrecentado la crisis, debido al desigual reparto de la recuperación (en 2018, el 1% más rico se llevó el 12% de la riqueza creada y el 50% más pobre sólo consiguió el 9%). Con ello, España es el país europeo donde más ha crecido la desigualdad entre 2008 y 2017 y el 4º país más desigual, tras Bulgaria, Ucrania y Letonia: el 10% más rico concentra más de la mitad de la riqueza total (55,3%), más que el 90% restante (que se lleva el 44,67%), según Intermón Oxfam. Y el 1% más rico acapara más riqueza (24,42%) que el 50% más pobre (7,20%). Eso lleva a que España tenga más pobreza que antes de la crisis: el 26,6% de la población (12.338.187 españoles) están en riesgo de pobreza, según el indicador europeo AROPE, sobre todo parados, emigrantes y mujeres solas con niños (más del 50% son pobres). Y 1 de cada 3 niños (menores de 16 años) está en situación de pobreza (el 31%), 1.400.000 niños pobres según Save the Children. Y lo peor es que, ante tanta pobreza y desigualdad, España gasta poco y mal en ayudas sociales, según alerta un estudio de la Comisión Europea.

El 4º gran reto para el futuro es la igualdad de la mujer y la demografía, dos problemas muy relacionados. La discriminación de la mujer no es sólo la brecha salarial (ganan un 22,35% menos que los hombres) sino que hay otras peores: trabajan menos (sólo el 58,3% frente al 69,67% los hombres), en peores puestos y con contratos más precarios, peor pagadas (1 millón de mujeres ganan un tercio menos que los hombres en sus trabajos), tienen más paro (16,2% frente al 12,87% los hombres), cobran menos desempleo (-15%), muchas no consiguen jubilarse (hay 1,5 millones menos que hombres) y su pensión es un 35,69% más baja. Toda esta discriminación de la mujer, y el desigual reparto de tareas con el hombre en el hogar, han provocado un desplome de la natalidad, al tener España la menor tasa de fecundidad de Europa: 1,31 niños por mujer (2,90 en 1970) frente a 1,59 en Europa, 1,57 en Alemania o 1,90 en Francia. Lo que se traduce en una caída y un envejecimiento de la población, un “suicidio demográfico” que es un verdadero cáncer para España.

El quinto gran problema, que lleva años sin soluciones, son las pensiones. A corto plazo, el problema es que la Seguridad Social tiene un “agujero” estructural (-18.500 millones de déficit anual en 2016, 2017 y 2018), debido a que los pensiones crecen mucho, con pensiones cada vez más altas que se revalorizan anualmente y las cotizaciones crecen menos porque los nuevos empleos son precarios y con bajos salarios. Pero el gran problema es a medio plazo, porque a partir de 2027 se jubila la generación del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975), con lo que en 2050 habrá 15 millones de pensiones, frente a 9,6 millones ahora. Y sólo habrá 1 millón más de españoles trabajando, con lo que no salen las cuentas. Así que hay que buscar más ingresos (con cotizaciones e impuestos) y frenar el ritmo de gasto, para poder pagar las pensiones actuales y las futuras. Una reforma que nadie afronta y que obligará a aumentar la edad de jubilación y computar lo cotizado toda la vida laboral, junto a una revalorización no con el IPC sino con el aumento del PIB o las cotizaciones.

El 6º gran problema, uno de los grandes, es el deterioro de la sanidad pública, una de las mejores del mundo. Los recortes de Rajoy (1 de cada 7 euros y 41.000 enfermeras y médicos) han llevado a un “atasco” en muchos servicios, que se traducen en las abultadas listas de espera (584.018 españoles esperan una operación y 43 de cada 1.000 esperan 57 días de media para ir al especialista) y en una congestión de los centros de salud y las urgencias, muy desigual por autonomías (Cataluña, Valencia y Canarias tienen una sanidad “mala” y Baleares, Galicia, Andalucía, Cantabria y Murcia “deficiente”, según la FADSP). Urge conseguir más recursos para la sanidad (7º del PIB, unos 12.000 millones más al año), regularizar plantillas (1/3 son empleos temporales) y ampliar el número de médicos y especialistas (+ 4.000,según Sanidad), con un Plan para homogeneizar el servicio en toda España.

El séptimo gran problema son los ancianos y jóvenes dependientes, cuya atención ha sufrido también serios recortes (- 4.600 millones entre 2012 y 2017) y el resultado es que, junto a 1.064.795 dependientes atendidos (marzo 2019), hay todavía 253.346 dependientes en lista de espera, con derecho reconocido pero sin recibir ningún servicio o ayuda, porque la autonomía no tiene recursos. Y lo grave es que la mayoría son ancianos y muy mayores, con lo que 80 de estos dependientes mueren cada día sin recibir la ayuda, según los Directores de servicios sociales, que proponen aumentar la financiación del Estado central (+2.700 millones cada año) para atender a los dependientes, que además, por el envejecimiento del país, se van a duplicar para 2050, según el CSIC.

Otro gran reto, el 8º de esta lista, es la educación. España tiene un grave problema de fracaso escolar: 1 de cada 3 niños de 15 años ha repetido curso y el 18,3% de los jóvenes de 20 a 24 años dejan sus estudios sin terminar Bachillerato o FP, con lo que somos líderes europeos en “abandono escolar temprano”. Y con un paro juvenil récord (32,7%), tenemos 543.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, los “ni-nis”. Y muchos universitarios subempleados, trabajando en un bar o de cajera de supermercado, mientras las empresas dicen que no encuentran los trabajadores que necesitan. Hay que reformar la educación de arriba abajo, desde Primaria a la Universidad, para conseguir recuperar los que se han ido y formar en los empleos que se van a demandar en el futuro. Y eso necesita pactar una nueva Ley de Educación y conseguir más recursos, acordar un gasto del 5% del PIB (11.200 millones extras sobre el 4,1% actual) y permitir una mayor autonomía a los centros y más coordinación entre autonomías.

Otro reto clave es la vivienda, porque la subida de los pisos (+21,5% entre 2014 y 2018, según el INE) y, sobre todo, de los alquileres (+46%, según la Sociedad de Tasación) hace imposible que muchas familias y jóvenes (el 80% de los menos de 30 años viven con sus padres, frente al 66% en Europa) consigan una vivienda. De hecho, 1.500.000 españoles no pueden pagar un piso o aun alquiler de mercado, según un estudio de la Fundación Alternativas. La solución pasa, sobre todo, por ofrecerles alquileres asequibles, pero no forzando a controles de precios (los propietarios no alquilarían), sino poniendo más pisos en el mercado de alquiler, lo que forzaría a bajar precios. Una vía es incentivar fiscalmente a los propietarios de los 3,5 millones de viviendas vacías a que las alquilen, comprando además pisos del banco malo y de la banca para crear un parque de vivienda pública en alquiler. Y en paralelo, facilitar a los ayuntamientos y autonomías a que promuevan viviendas públicas (VPO), aportando suelo público y financiación, porque es una vergüenza que en 2018 sólo se terminaran 5.136 VPO, según Fomento, cuando entre 1957 y 1989 se terminaban en España más de 100.000 VPO cada año.

El 10º gran reto del futuro es la energía y el medio ambiente, para todo el mundo pero más para España, porque somos un país totalmente dependiente de la energía exterior y uno de los únicos 5 paises europeos (con Chipre, Irlanda, Austria y Portugal) que aumentó las emisiones de CO2 entre 1990 y 2017 (+15,5%) mientras el resto de Europa las reducía. Así que ahora nos costará más cumplir el objetivo europeo de recortarlas un 30% para 2030, lo que obliga a cerrar las 15 centrales de carbón actuales (entre junio de 2020 y  2030), a recortar las centrales de fuel y gas, a cerrar las centrales nucleares (entre 2027 y 2033) y a apoyar las energías renovables, que deben producir el 100% de la electricidad para 2040, según los planes enviados a Bruselas. En paralelo, en el recibo de la luz, urge que el próximo Gobierno haga una auditoría de costes, para rebajar los extracostes y peajes que pagamos de más (unos 4.500 millones anuales), extracostes que explican por qué los consumidores españoles pagamos la 2ª luz más cara de Europa (y las empresas, la 4ª más cara).

No podemos olvidar el 11º gran reto, apostar por la Ciencia, la tecnología y la innovación, algo que todos los políticos prometen pero que ha sufrido un duro recorte (-21.728 millones desde 2009), traducido en abandono de proyectos y emigración de investigadores. España es uno de los países europeos que menos gasta en Ciencia (1,20% del PIB en 2017, lejos del 2,07% de la UE-28, del 3% de Alemania o del 3,30% de Suecia) y estamos en el puesto 17º del ranking europeo de innovación, según la Comisión Europea. Y además de que gastamos poco, lo gastamos mal, porque el 60% del presupuesto es vía créditos que no se piden (hay Universidades y centros que tienen prohibido endeudarse), con lo que en 2018 sólo se gastó el 46,8% del Presupuesto en Ciencia (3.278 de 7.003 millones). Y en paralelo, las empresas gastan poco en innovación (sobre todo las pymes) y están muy retrasadas en la digitalización de su negocio, donde nos jugamos el futuro.

Y como último reto, el 12º, el más difícil y del que menos se habla: conseguir un país más productivo, más competitivo, una economía más moderna, apoyada más en la industria y los sectores de futuro que en los servicios, no un país que crece con tiendas y bares. Hoy por hoy, la productividad española se ha estancado y es un 10,5% inferior a la de 1995, mientras la de Europa ha crecido un 4,5%, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Eso explica que seamos la 5ª economía más grande de Europa (tras Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) y sin embargo seamos el 14º país europeo más rico, en renta o PIB por habitante, por detrás de los 4 grandes, Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, Holanda, Austria, Suecia, Bélgica, Finlandia y Malta, según Eurostat. Somos menos ricos porque somos menos productivos y eso se debe, según los expertos, a que invertimos menos en tecnología e innovación, al desplome de las inversiones públicas (por los recortes), a que tenemos pocas grandes empresas (y demasiadas pymes), a la elevada precariedad laboral (con contratos por días es difícil rendir mucho) y a la deficiente organización del trabajo (con un exceso de autoritarismo y poco trabajo en equipo), además de demasiada burocracia y descoordinación regional.

Hasta aquí los grandes problemas, de los que se ha hablado poco en esta campaña, muchos enquistados sin solución desde hace décadas. Problemas que exigen reformas de fondo, que necesitan dos ingredientes: recursos y acuerdos. Y aquí tenemos un enorme lastre político, porque hay dos bloques antagónicos, una derecha tripartita y una izquierda múltiple, que son incapaces de aunar fuerzas para recaudar más y pactar soluciones.

Porque el primer gran reto de España, por delante del resto, es recaudar más. No es una cuestión ideológica, sino de cifras: España recaudó en 2017 el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó Europa (UE-28), el 45,8% que recaudaron los paises euro y la mayor recaudación de Francia (53,9% del PIB), Italia (46,6%), Alemania (45,2%) o incluso Reino Unido (39,1% del PIB), según los últimos datos de Eurostat. Esto significa, a lo claro, que si España recaudara como el resto de Europa, ingresaríamos 81.456 millones de euros más cada año. Con ello, podríamos tapar parte del déficit público (el mayor de Europa) y destinar recursos a atender los grandes retos, desde las políticas de empleo y las pensiones a la sanidad o la educación, promover viviendas públicas para alquiler, gastar en tecnología o modernizar la economía.

Así que si queremos afrontar los 12 retos, hay que conseguir más ingresos, reduciendo el fraude fiscal, homogeneizando los tipos de IVA y, sobre todo, haciendo que paguen más los que pagan hoy menos (multinacionales, grandes empresas, bancos y los más ricos), no la mayoría de los españoles, que ya pagamos suficiente, como explico con detalle en este blog reciente. Pero las tres derechas van por el camino contrario, prometen quitar o reducir impuestos (Casado cuantifica sus bajadas en -16.000 millones y Vox quiere que los que ganan más de 60.000 euros paguen de IRPF el 22% en vez del 45% actual…). Si ganan y los bajan, sólo hay dos opciones: o consiguen ingresos por otros lados (tasas e impuestos indirectos, que se ven menos pero son más regresivos) o podrán gastar menos en todo lo que nos hace falta. Es lo que hay , porque los cuentos de la lechera (“bajo impuestos, crezco más y recaudo más”) son mentira, como ya vieron los norteamericanos con Reagan y Bush padre, responsables de gigantescos déficits (ver comentario). En el fondo, la ideología que defienden (neoliberalismo) es "menos Estado" y más iniciativa privada,  frente a los que defienden que el Estado "debe" compensar lo negativo del capitalismo, asegurando un crecimiento "inclusivo" para todos (socialdemocracia).

Si no hay mayorías claras tras las elecciones y tampoco pactos post-electorales para aumentar la recaudación y afrontar los grandes retos, la consecuencia es evidente: no se podrán resolver los grandes problemas de España, que seguirán enquistados y agravándose si el viento internacional nos sopla de frente. Hay problemas que son tan graves (paro, pensiones, jóvenes, sanidad, educación medio ambiente…) que lo verdaderamente “patriótico” sería sentarse y no levantarse hasta lograr un acuerdo para arreglarlos. Es lo que han hecho los políticos de Alemania durante décadas. Pero no parece que esto vaya a pasar aquí, donde cada vez hay más crispación y menos acuerdos, donde cada partido quiere imponer su visión al resto. Pero aquí estamos los ciudadanos y deberíamos forzarles a entenderse, por nuestro bien. Y si no, al menos, votemos para que haya una mayoría clara que pueda aprobar algunas medidas urgentes que la mayoría necesitamos.