Este martes, junto a la subida del SMI, el Gobierno aprobó la
reforma de la Ley de Dependencia, impulsada por Sumar para recuperar “protagonismo
político”. El proyecto de Ley amplía algunos servicios a los
dependientes, pero no compromete nuevos fondos: serán “derechos”
de papel”. Supone agravar el problema de base de la Dependencia:
derechos sin financiación. Ahora, el Gobierno no puede aportar
más (porque no aprueba Presupuestos) y las autonomías “hacen caja” a
costa de los dependientes. Y no gastarán más en los nuevos derechos que quieren
aprobarse. Tampoco gastan en financiar nuevas residencias de ancianos,
donde faltan 89.324 plazas. Consecuencia: las familias (las
mujeres, el 75% de las cuidadoras”) “cargan” con los dependientes,
con escasa ayuda pública. Un grave problema ahora y más en
unos años, porque en 2050, un 30% de los españoles tendrán más de 65
años. Y habrá 6 millones de españoles con 80 años y más, el doble que
ahora. Menos demagogia populista y más fondos para ayudar a los mayores
dependientes. 
Y
finalmente, hay casi 300.000 dependientes “desatendidos” (270.325),
bien porque están pendientes de valoración o porque tienen su derecho
reconocido pero no le llegan las ayudas. Y como 4 de cada 5 dependientes
tienen más de 80 años, muchos se mueren antes: 900.000
dependientes han muerto desde 2007 esperando una ayuda pública… (34.252
en 2024).
El problema de fondo de la Ley de Dependencia,
según la mayoría de expertos, es que se
aprobó sin comprometer una financiación suficiente. En teoría, la
mitad del gasto lo iba a costear el Presupuesto del Estado y la otra mitad las
autonomías, que son quienes gestionan la Dependencia. Pero la financiación fue
insuficiente desde el principio y, a partir de 2012, el Gobierno Rajoy le
aplicó duros recortes (-2. 825 millones entre 2012 y 2015), como a todo
el país. Y las autonomías se vieron obligadas a hacer los suyos y a gestionar
las ayudas con muchos menos recursos. Resultado:
retrasaron los expedientes, aumentaron las listas de espera y trataron de
atender a más dependientes con menos recursos, ofreciendo más servicios “low
cost” (teleasistencia, ayuda a domicilio) y menos plazas en residencias y
escasas ayudas a las familias que cuidan a sus dependientes.
En enero de 2021, el entonces vicepresidente Pablo Iglesias
retoma personalmente la gestión de la Dependencia y aprueba un Plan
de Choque 2021-2023 para inyectar 1.845 millones extras a la Dependencia
(615 al año), para reducir las listas de espera y mejorar la atención a los
dependientes. El Plan contó con el apoyo de las autonomías, pero
muchas aprovecharon estos mayores recursos estatales para
“hacer caja” y reducir su aportación. En 2022 lo hicieron 10
autonomías (Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura,
Canarias, La Rioja y Castilla la Mancha), “ahorrándose entre todas 309 millones
(que gastaron en otras cosas). Y en
2023 volvieron a hacerlo otras 9 (Cataluña, Andalucía, Comunidad
Valenciana, Madrid, Extremadura y Asturias), recortando su gasto en Dependencia
en otros 186 millones… En cambio, el Estado central ha aportado a la
Dependencia 3.793 millones más entre 2021 y 2023.
En 2024, el problema ha estado en que el Gobierno no
consiguió aprobar un Presupuesto, con lo que mantuvo su aportación a la
Dependencia y no pudo aumentarla : financia el 39,6% del gasto público y las
autonomías el 60,4% restante, mientras muchas (sobre todo las 12 gobernadas
por el PP, con apoyo de Vox) han estancado esta partida en 2024 (como
otros gastos sociales) y también lo harán en 2025. Y a la vista de la
polarización política, existe el riesgo de que el Gobierno tampoco consiga
aprobar un Presupuesto en 2025, con lo que tampoco este año habrá más
dinero para la Dependencia…
En este contexto, Sumar ha querido “recuperar
protagonismo político” y ha forzado la aprobación, este martes, de una
Ley que modifica y amplía algunos derechos de la Ley de Dependencia. En líneas
generales, según
explicó el ministro Bustinduy, “se revierten los recortes, se garantizan
más derechos y se amplía el catálogo de servicios”. Pero hay una pega: no
se aumenta un euro la financiación estatal para la Dependencia. Por
eso, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales hicieron
un duro comunicado: “el Gobierno, mientras congela la financiación a la
Dependencia, propone una reforma de la Ley sin recursos. Son derechos en
papel. Sólo generará falsas expectativas”.
Por un lado, el
proyecto de Ley pretende hacer compatible las prestaciones, que un
dependiente pueda asistir a un centro de día y recibir a la vez ayuda
domiciliaria, algo no posible ahora (no porque lo diga la Ley, sino porque
Rajoy lo aprobó en 2013, para ayudar a las autonomías a “sobrevivir” tras
los recortes). Ahora, se puede aprobar en una Ley (si la apoya una mayoría, lo
que no será fácil), pero será difícil cumplirlo si las autonomías no aportan (o
reciben) más recursos. Otra
novedad del proyecto de Ley es que elimina el periodo de carencia de
2 años para que las familias reciban una ayuda económica, periodo que también
incluyó Rajoy en 2012 (no la Ley de Dependencia), para recortar gasto. Y además, tiene
poco sentido suprimirlo cuando los expedientes tardan 334 días (esa
sí es una carencia…).
Además, el proyecto de Ley incluye que todos los que tengan
una situación de dependencia reconocida tengan derecho a recibir
teleasistencia. Eso no estaba en la Ley de 2007, pero se
incluyó en 2021, en el Plan de choque aprobado por el Gobierno y apoyado
por las autonomías, para conseguir que la teleasistencia llegara
al 100% de los dependientes a finales de 2022… Pero no se ha cumplido, por la
falta de recursos. Y así, al comienzo de 2025, sólo el 42% de las personas
atendidas en su domicilio tienen teleasistencia y el 58% de los dependientes
no la reciben, según
los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El proyecto de Ley (y el ministro Bustinduy, el
ministro nº 13 de la Dependencia desde 2007) insiste mucho en que va
a reforzar la atención a los dependientes en sus hogares, “en casa”,
potenciando la ayuda a domicilio. Pero tiene mucha tarea por delante para que
esa ayuda a domicilio sea sustantiva, porque a día de hoy, la
media de atención a domicilio es de 34 horas mensuales para la mayoría (1
hora diaria) y de menos
de 2 horas diarias para los “grandes dependientes” (Grado III). Con esta “ayuda”
la mayoría de las familias tienen que recurrir a contratar a un cuidador externo
(pagando un sueldo y cotizaciones) o decidir que una persona de la familia deje
de trabajar y cuide al anciano o menor dependiente (el 75% de los “cuidadores
familiares” son mujeres…). Nada será eficaz en la ayuda a domicilio si
no permite realizar una jornada laboral al familiar cuidador.
Esta idea que ahora defiende la parte de Sumar del Gobierno,
“atender a los dependientes en casa” y no sacarles de su entorno, no es nueva,
pero exige financiación y personal. Y en los últimos años, la ayuda a domicilio
se ha estancado, según
los datos aportados por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales :
en 2023, sólo cubría al 5,5% de los dependientes atendidos, casi el mismo
porcentaje que en 2019 (4,9%) y 2010 (4,7%). Y las horas mensuales de atención
son similares en 2023 (21,1 horas) a las de 2012 (21 horas) . Eso explica que
muchas familias hayan “tirado la toalla” y hayan optado por llevar a sus
dependientes a una residencia… si la encuentran y la pueden pagar. Porque en
paralelo al problema de la escasa atención a domicilio está el problema del déficit
de plazas en residencias de ancianos.
En diciembre de 2023 (último dato del IMSERSO) había en
España 395.065
plazas en residencias de mayores, 3.520 menos que en 2022 (ha sido el
primer año en que bajaron desde 2014). Eso significa que había 4,08 plazas por
cada 100 mayores de 65 años, la tasa de cobertura más baja desde que hay estadísticas
(4,56% en 2010), según
este reciente estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y
se da la circunstancia de que 7 de cada 10 plazas en residencias son de
financiación pública (275.094 plazas), ya sea porque son residencias
públicas, plazas concertadas en residencias privadas (el Estado paga una parte
y la familia otra) o plazas que se financian “con la prestación vinculada al
servicio” (la autonomía da un cheque a la familia y “se busca la vida”… ).
En
total, hay 2,84
plazas de residencias con financiación pública por cada 100 mayores,
pero hay 4 autonomías con más porcentaje de plazas con financiación pública
(6,25% en Castilla y León, 5,35% en Castilla la Mancha, 3,75% en Aragón y 3,05%
en Extremadura) y otras que apenas tienen, como Canarias (para el 1,74% de los
mayores), Comunidad Valenciana (1,76%), Murcia (1,76%) y Andalucía (1,79%),
quedando por encima de la media Cataluña (2,83) y Madrid (3,06%).
El objetivo que plantean los expertos es que haya plazas en
residencias al menos para el 5% de los mayores de 65 años. Eso supone que en
España faltan 89.324 nuevas plazas en residencias (en 2014, el déficit era
de 53.000 plazas). De ellas, 35.000 plazas hacen falta ya, para cubrir la demanda sin atender de los dependientes de grado III y II, según
los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Eso sí, el déficit (89.324
plazas) se concentra en 2 autonomías, Andalucía (faltan 35.857
plazas) y Comunidad Valenciana (faltan 24.801 plazas), seguidas de lejos por
Cataluña (-14.428), Galicia (-13.404), Canarias (-9.400) y Madrid (-7.954
plazas). Y hay 4 autonomías que tienen más plazas en residencias del 5% de sus
mayores (Castilla y León, Castilla la Mancha, Aragón y Extremadura).
Así que aunque lo ideal sea que los mayores
dependientes “no salgan de casa”, ahora no ayudamos a sus familias para
cuidarlos ni tampoco hay residencias suficientes para trasladar a los que
necesitan más cuidados (si se pueden pagar la plaza o una parte). Y entre
medias, las
ayudas a la Dependencia siguen “en el aire”, entre los recortes
presupuestarios de las autonomías y unos servicios “low cost” que tratan de
atender a más dependientes con menos coste. En este contexto, Sumar “se
descuelga” con una Reforma para “ampliar los servicios a la
Dependencia”, sin Presupuestos y sin
haber acordado nada previamente con las autonomías, que son las que
financian el 60% de las ayudas… Pura
demagogia.
El problema de fondo sigue siendo el mismo que
hace 18 años, cuando echó a andar la Ley de Dependencia: hace falta comprometer
una financiación suficiente para que los derechos no sean “papel
mojado”. Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales han lanzado la cifra
del dinero que falta: 10.000
millones más para la Dependencia, si España quiere gastar la media de la OCDE: el 1,55% del PIB, frente al 0,89% que gastamos ahora. De
hecho, la Dependencia es el gasto social más bajo: 11.500
millones gastados en 2024 (Estado y autonomías), 8,6 veces menos de lo
que gastamos en Sanidad, 7,55 veces menos de lo que gastamos en Educación y 17
veces menos del gasto en pensiones…
Lo importante no es tener Leyes garantistas, con
muchos derechos
“sobre el papel”, sino conseguir más dinero para financiar la Dependencia,
lo que exige (entre otras cosas) una reforma fiscal y no empecinarse en bajar
impuestos (autonomías PP). Este es el gran debate que casi nadie plantea. Si no
se afronta y resuelve, el envejecimiento nos pillará desprevenidos, como
pasó con las pensiones. Porque cada vez habrá más personas mayores y más
dependientes que atender. Basten 2 datos del INE Uno, los
mayores de 65 años: superan el 20% de la población (10,18 millones) y serán el
30,4% en 2050 (16 millones). Y otro, más preocupante: los mayores de 80 años
(con más riesgo de ser dependientes) son ahora el 6% (3millones) y serán el 11% en 2050 (6 millones, el doble).
O nos preparamos desde ahora, con
financiación, personal, medios, ayudas y centros de atención (distintos, por
favor, a las siniestras residencias actuales) o la Dependencia será uno
de los grandes dramas de las familias este siglo. Y, sobre todo, una
losa para las mujeres.
