España: gran retraso digital con Europa

Creemos que todos estamos “enganchados” a Internet y que España es un país muy digital. Pero no: casi 4,5 millones de españoles y más de 2 millones de hogares no tienen conexión a Internet. Estamos a la cola de Europa en acceso y uso de la Red. Y lo peor: esta “brecha digital” es muy desigual y afecta más a mujeres, mayores, personas poco formadas, rentas bajas, parados y los que viven en autonomías y zonas rurales muy desconectadas, precisamente los que tienen más problemas para trabajar. La principal causa de este retraso digital  está en nuestra baja formación digital: sólo el 1,6% de españoles han estudiado TIC frente al 52,5% de media en Europa y el 100% en Finlandia o Suecia. Unos datos más preocupantes si sabemos que la mitad de los empleos futuros van a ser digitales. UGT ha dado la voz de alarma y pide un Pacto de Estado para conseguir una España más digital, al margen de las ideologías. No podemos perder este tren.



                                                                                   enrique ortega

Internet y el mundo digital son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a las personas, empresas y paises mejorar su productividad y nivel de vida. Pero, por otro, la digitalización de las economías, al ser desigual, agrava las diferencias entre personas, empresas y paises, dejando atrás a las que pierden “el tren digital”. Y en el caso de España, el retraso digital con Europa y muchos paises punteros del mundo es especialmente preocupante, según revela un reciente estudio de UGT sobre la brecha digital de España en 2019.

Hay dos parámetros básicos para medir este retraso digital: los hogares conectados a Internet y el uso de la Red por los españoles. En el primero, hay 2,2 millones de hogares que no disponen de conexión a Internet, según el INE (Encuesta sobre equipamiento y uso TIC en los Hogares). Esto nos coloca a la cola de Europa en acceso a Internet en los hogares, el puesto 24 de 28, según el Eurobarómetro especial de julio de 2018 publicado por Eurostat: cifra en un 62% del total los hogares con acceso a Internet, por debajo del 70% de media europea y muy lejos de Holanda (97% hogares conectados), paises nórdicos (92% Dinamarca, 91% Suecia, 84% Finlandia), Francia (77%), Reino Unido (76%) o Alemania (74%), sólo por delante de Italia (45% hogares conectados), Rumanía (55%), Bulgaria(59%) y Lituania (61%). Y si nos comparamos con todo el mundo, ocupamos el lugar 29 de 120, con un 81,9% de hogares con acceso a Internet (según la estadística de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU), por detrás de Corea (líder con el 99,2% de hogares conectados), Bahréin (96%), Luxemburgo (97%), Noruega (96,6), Islandia (96,5%) y Japón (96,2%).

El segundo parámetro importante es el uso de internet : 4,4 millones de españoles no han utilizado nunca Internet, el 12,7% de los mayores de 16 años, según el INE. Un porcentaje que el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones (ONT) sube al 18,2 % de la población (7,14 millones) y el Barómetro del CIS de enero de 2019 al 22,9% de españoles, que reconocieron no haber usado Internet en los últimos 3 meses. Y aquí volvemos a estar por debajo de la media europea: según Digital Scoreboard 2017, un 14% de españoles no utiliza Internet frente a un 16% de europeos y, sobre todo, frente a un  4,5% de británicos, un 7,5% de alemanes y un 10% de franceses.

Hay otros indicadores muy precisos que nos muestran la brecha digital de España con Europa y el resto del mundo. La Unión Europea utiliza el índice DESI, 34 indicadores que evalúan el desarrollo digital de los paises europeos. Y en el último índice, el DESI 2018, España ocupó el puesto 10º entre los 28 países UE, con 58 puntos, ligeramente por encima de la media UE (53), pero por debajo de los paises nórdicos (70 puntos), Holanda (62), Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido (61), Bélgica y Estonia, aunque por delante de Alemania (57), Francia (52) e Italia (44, el 4º por la cola). Este índice señala que España está mejor que la media europea en servicios públicos digitales, integración de la tecnología digital y conectividad (más fibra óptica), pero estamos peor en el uso de Internet y, sobre todo, en “capital humano”, en la menor preparación digital de los españoles, la mayor debilidad digital de España, según la Comisión Europea.

Si España está en la media digital europea no es un consuelo, porque Europa está retrasada frente a otros paises del mundo que lideran la revolución digital, según alerta la Comisión Europea: el indicador DESI 2018 atribuye a la UE 54 puntos, por detrás de Corea (el líder digital), Japón y EEUU, aunque todavía por delante de China. Pero esta media de desarrollo digital europeo esconde tremendas desigualdades entre el norte (72 puntos Dinamarca y 70 Suecia, Finlandia y Holanda), el sur (58 España, 44 Italia, 38 Grecia) y sobre todo la Europa del Este (34 puntos Rumanía o 40 Bulgaria).

Otro indicador, el IDT, índice de desarrollo de las TIC (tecnologías de la información y comunicación), utilizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y que analiza 11 indicadores digitales, coloca a España en el puesto 27 de 120 paises, muy lejos de Corea, Singapur, Suiza, Australia o Reino Unido (los líderes digitales), de los paises nórdicos, de Alemania y Francia (15º en el ranking) y de EEUU (16º), colocándonos en línea con Andorra, Chipre, Macao o Malta. Y en el índice NRI, que elabora anualmente el Foro Económico de Davos, para medir la capacidad de los paises para aprovechar las oportunidades que ofrecen las TIC, España ocupa el puesto 35 (4,8 puntos sobre 7), muy lejos de los líderes mundiales (Singapur, nórdicos, EEUU, Reino Unido, Corea y Alemania, con más de 5,5 puntos) y con 18 paises europeos por delante, incluso Portugal (4,9 puntos).

Un repaso a los indicadores internacionales que confirma el retraso digital de España, que se ha estancado y no mejora respecto a los indicadores de 2015, según el informe de UGT. Pero lo peor es que esta brecha digital de España es tremendamente desigual, porque la sufren más las mujeres, los mayores, los que tienen menos formación, los más pobres y los que viven en  autonomías y zonas rurales más desconectadas. Veámoslo.

Por género, los datos revelan que el 60% de los hogares desconectados son de mujeres, aunque en el acceso a Internet la brecha es mínima (un 85,6% de mujeres y un 86,6% de hombres). Pero los datos indican que las mujeres tienen menos formación digital y aprovechan menos las herramientas digitales (sobre todo, configurar software, crear documentos e instalar aplicaciones). Y la ITU nos coloca en el puesto 37 de 90 paises por “paridad digital”, un ranking encabezado por los nórdicos y Francia, con total paridad.

Otra desigualdad digital viene por la edad: el 72% de todos los desconectados españoles (recordemos: 4,4 millones) tienen más de 65 años. Y el 47% de los mayores de 65 años no se ha conectado a Internet en los últimos 3 meses (el 22% de los que tienen entre 55 y 64 años), frente a sólo el 2% entre los menores de 34 años, según desvela el estudio de UGT. El tercer factor de desigualdad digital es la baja formación: el 63% de las personas desconectadas en España no tienen estudios secundarios (sólo la ESO o menos). Y usan menos Internet los analfabetos (sólo el 28,8% se han conectado en los últimos 3 meses), los que sólo tienen Primaria (53,1% conectados) y la ESO (86,1% se conectan), mientras rondan el 100% de conexión los españoles con Bachillerato (97,3% se conectan), Grado universitario (98%) o Licenciados y Máster (99,2%). Y así, España es el país 15º de los 28 con más personas poco formadas que no acceden a Internet, mientras es el 9º país por el acceso de las personas más formadas a la Red.

El 4º factor clave en la desigualdad digital es la renta, lo que se gana: 1 de cada 3 hogares (el 31,5%) con ingresos inferiores a 900 euros no tienen acceso a Internet, mientras que sólo está desconectado el 1% de los hogares que ganan más de 2.500 euros. Y no utilizan Internet el 25,5% de los hogares pobres (menos de 900 euros) y sólo el 2,4% de los que tienen mayores ingresos (+ 2.500 euros). Lo que se gana es un factor clave, ya que un 71% de los hogares pobres dicen que no tienen Internet en casa por razones económicas, mientras sólo lo esgrimen el 39% de los hogares con más ingresos.

Un 5º elemento de exclusión digital es dónde uno vive, según revela el informe de UGT: hay 6,5 millones de españoles que no pueden conectarse a 100 Megas en buena parte de España. Por un lado, hay 1,12 millones de “excluidos digitales”, que viven en zonas donde no reciben ni una conexión básica de 1 Mega. Otros 500.000 que no llegan a 2 Megas, 2,35 millones más que no alcanzan los 10 Megas y 3,25 millones más (que viven en 2.130 localidades) donde no llega el 4G ni las conexiones a 30 Megas. Hay también una importante “brecha digital” entre autonomías, con muchas zonas donde resulta difícil acceder a Internet de alta velocidad (750.000 personas en Galicia, 580.000 en Castilla y León, 377.858 en Cataluña, 300.938 en Castilla la Mancha) y otras con pocos excluidos (35.456 en Madrid, 19.654 en Navarra, 18.314 en Euskadi, 14.595 en La Rioja, 1.215 en Cantabria).

El 6º factor de desigualdad digital es la situación laboral: los parados usan menos Internet (sólo el 69,9% en la última semana) que los que trabajan (82,3%). Y los ocupados y estudiantes (94,3% lo usan) están más conectados que las amas de casa que no trabajan (sólo 45,5% acceden a la Red) y los pensionistas (39,5%). Y algo bastante llamativo: sólo el 58,4% de los parados utilizan Internet para buscar trabajo.

¿Cuál es el trasfondo de este retraso digital, tan desigual entre españoles? La clave es la poca formación digital que tenemos. Cuando se pregunta a los españoles por qué no usan Internet, la respuesta más abundante es porque no saben utilizarlo (48,3%), porque no sabe utilizar el ordenador (46,9%) o porque no lo tiene (45,2%) y son menos los que contestan que no se conectan a la Red porque no lo necesitan (39,4%), porque no tienen interés (33,3%), por su coste (29,9%) o porque no tienen conexión (25,9%). Así que la primera causa del retraso digital es la poca formación, por delante del coste o los problemas de conexión a Internet.

Y es que muy pocos españoles están formados digitalmente: sólo el 1,6% han obtenido formación en tecnologías de información y comunicación (TIC), frente a un 52,5% de europeos (media UE), un 42% de alemanes, un 65% de franceses, un 95% de británicos y un 100% de suecos o finlandeses. En realidad, somos el tercer país europeo con menos personas formadas en TIC, sólo mejor que Rumanía e Italia. Y esto es dramático, porque las empresas necesitan cada vez más licenciados con formación digital y no los encuentran. Pero no es sólo que no tenemos titulados en TIC, sino que casi la mitad de españoles adultos (el 45,3%) tienen nula o baja formación digital. Y hay otros datos impresionantes, que revelan el estudio de la ONTSI 2017: el 37% de españoles no usan nunca el correo electrónico, el 42% no sabe crear un documento ni usar un procesador de textos, un 22% no sabe mover o copiar archivos y carpetas. Y un 18% de españoles no han tocado nunca un ordenador (un 25% en Extremadura y un 20% en Castilla la Mancha, Andalucía, Galicia, Asturias, Castilla y León, Canarias, la Rioja y Murcia), según datos de Eurostat.

Así que tenemos demasiados “analfabetos digitales” y pocos “expertos”, aunque España tenga más universitarios que la media Europea. Es un problema educativo, porque los jóvenes salen de las Universidades sin formación en las TIC, aunque tengan muchos másteres e idiomas: sólo tenemos un 2,9% de especialistas TIC trabajando, frente al 3,7% en Europa. Y luego, las empresas tampoco ayudan: el 77,4% de las grandes empresas españolas no dan formación digital a sus trabajadores y tampoco el 96,6% de las pymes, según el citado informe de UGT. Y además, tienen una organización del trabajo que no potencia el trabajo digital, la digitalización del negocio. El dato es impactante: un 48% de los trabajadores españoles nunca usa ordenadores conectados a Internet en su trabajo habitual, a pesar de que el 99% de las empresas están conectadas a la Red.

Este retraso digital es especialmente preocupante porque las habilidades digitales son claves para competir en el mundo y trabajar hoy pero serán más necesarias en el futuro. En todo el mundo, pero más en España, según el reciente estudio de la OCDE “Cómo es la vida en la era digital”: un 52% de los actuales empleos están en riesgo en España, por la tecnología y la automatización (un 30% sufrirán cambios importantes y un 20% podrían desaparecer). España es el 9º país más afectado de la OCDE (36 paises) por esta drástica reconversión laboral, sólo por detrás de Eslovaquia, Lituania, Turquía, Grecia, Japón, Alemania, Chile y Eslovenia (con el 60-70% de sus empleos en riesgo).

Algo habría que hacer. La OCDE acaba de lanzar una alerta en su informe “Perspectivas Económicas”, publicado el 21 de mayo: los avances en la digitalización de las economías son “decepcionantes” y sólo “una pequeña parte de las grandes empresas mundiales se están beneficiando de la digitalización”, lo que provoca que la productividad “se ha ralentizado” y con ella  se han estancado los salarios y el nivel de vida en Occidente. Así que la OCDE pide, a Gobiernos y empresas, políticas para impulsar la transformación digital eficiente e inclusiva de las economías. Y eso requiere, añaden, cambios en las prácticas empresariales y en la organización del trabajo, reformas educativas y una mayor financiación en tecnología y digitalización, adaptando las regulaciones a los cambios del modelo de negocio.

En el caso de España y su mayor retraso digital, UGT propone un gran Pacto de Estado por la digitalización, con 8 medidas : crear un ente público que coordine el impulso de las TIC (un Observatorio de la Brecha digital que proponga y persiga objetivos anuales de mejora), planes de formación digital para parados y ocupados, asignaturas de habilidades digitales en todos los niveles educativos, tarifas sociales de acceso a Internet para los colectivos más vulnerables (30 Megas a 20 euros/mes), un Plan nacional para llevar el acceso a Internet de alta velocidad a toda España y una Estrategia de Teletrabajo que lo fomente en las empresas.

Es una buena “hoja de ruta” al futuro. Pero la clave es avanzar en dos frentes, desde el Estado y desde las empresas. El futuro Gobierno tiene que sacar recursos para mejorar las infraestructuras de acceso a Internet (creando nudos de alta capacidad en cada autonomía para los grandes motores de la digitalización: enseñanza, transporte, grandes empresas y proveedores, más los servicios públicos), para relanzar la enseñanza digital, entre parados, trabajadores y para dar ejemplo, mejorando los servicios públicos electrónicos y priorizando las compras públicas hacia los proveedores más digitalizados. Y las empresas españolas han de implantar una reconversión digital, asentada en 4 frentes: creación de un potente equipo interno de cambio digital, fuertes inversiones, poner al cliente en el centro del negocio (explotando al máximo el big data) y crear en la empresa una nueva cultura digital, con nuevas formas de trabajo y organización, apostando por la formación digital de la plantilla y la contratación de jóvenes preparados (“nativos digitales”).

El camino hacia una economía digital exige inversiones, formación y tiempo. Pero hay que dar un empujón cuanto antes, desde el Gobierno, el mundo educativo y las empresas, apostar por reciclarnos y recuperar la brecha digital con Europa y el mundo. Es la única manera de asegurar a medio plazo el empleo y el bienestar. No podemos perder el tren digital.

Pérdida de biodiversidad amenaza la economía

Los humanos hemos provocado un cambio drástico del clima en la Tierra, con olas de calor, sequías, inundaciones, tormentas y un aumento del nivel del mar. Pero también somos responsables de que 1 millón de especies (animales, insectos y plantas) estén en riesgo de extinción tras haber desaparecido ya muchas otras, según un reciente informe impulsado por la ONU. Esta pérdida de la biodiversidad preocupa no sólo a ecologistas y muchos jóvenes, sino también ahora a los economistas: la OCDE ha dado la alerta y dice que es la mayor amenaza para la economía mundial. Vamos, que antes de cargarnos el Planeta, nos vamos a cargar la economía, con la destrucción de especies, la tierra, el mar y el clima. Para evitarlo, proponen con urgencia subir los impuestos a quien emita CO2 y gastar 10 veces más en nuevas tecnologías para huir del petróleo y el carbón. Acordar un Plan mundial de inversiones verdes. O eso o nuestros biznietos sufrirán la última Gran Recesión.

enrique ortega

La vida en la Tierra está en peligro por culpa del hombre: 1 millón de especies (animales, insectos y plantas), de los 8 millones que existen, están en peligro de extinción y podrían desaparecer en las próximas décadas si no se toman medidas para frenar la drástica pérdida de biodiversidad, según un informe publicado el 8 de mayo por la Plataforma intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES), organismo impulsado por la ONU. El estudio, elaborado durante 3 años por 145 expertos de 50 paises, revela que están amenazadas más del 40% de las especies anfibias, casi un tercio de los arrecifes de coral, un tercio de los mamíferos marinos y un 10% de los insectos, que son claves para la polinización, de la que depende gran parte de nuestra agricultura. Y además, están amenazadas más de 1.000 especies de mamíferos domesticados. Estamos en puertas de “la 6ª gran extinción” de especies en la historia del Planeta.

El informe “Evaluación Global sobre Diversidad y Ecosistemas”, de 1.500 páginas, deja claro que esta pérdida de biodiversidad “es consecuencia de la actividad humana” y evalúa los 5 cambios en la naturaleza provocados en los últimos 50 años: deterioro de la tierra y el mar (alteración del 75% de la superficie terrestre y del 66% del mar), sobreexplotación (el 33% de los recursos pesqueros eran explotados de forma insostenible en 2015), aumento del Cambio Climático (la emisión de gases de efecto invernadero se ha duplicado desde 1980 y ha provocado un aumento de la temperatura global de 0,7º centígrados), aumento de la contaminación del aire y los océanos (la polución por plásticos se ha multiplicado por 10 desde 1980) y han crecido las especies foráneas invasoras (un 70% desde 1970 en 21 paises).

Esta pérdida y deterioro de la biodiversidad afecta más a América Latina, África y buena parte del Sudeste Asiático, según el informe del IPBES, aunque advierte que como vivimos en un mundo interconectado (“somos una red de vida interconectada”), en realidad “nos afecta a todos”. Y advierten: “La vida en la Tierra se está deteriorando rápidamente. Estamos dilapidando nuestro patrimonio mundial común”.

Al día siguiente de este dramático informe, la OCDE, el organismo económico que integra a los 36 paises más desarrollados de Occidente, lanzaba esta inusitada alerta: la alarmante pérdida de biodiversidad es la mayor amenaza para la economía mundial. Y añadía más datos preocupantes sobre el deterioro del Planeta: 6.000 millones de hectáreas de suelo se han degradado (20 veces la superficie de Francia), 6,5 millones de hectáreas de bosques han desaparecido cada año entre 2010 y 2015 (más que la superficie de Reino Unido), han desaparecido un 35% de los humedales de la Tierra, el 30% de los arrecifes de coral corren riesgo, han desaparecido desde 1970 el 60% de los vertebrados y se han reducido drásticamente más del 40% de las especies de insectos.

Todos estos ataques a la biodiversidad son ataques a la economía, según la OCDE, porque las distintas especies, la tierra y el mar sostienen la vida en la tierra y también la economía: la biodiversidad aporta entre 125 y 140 billones de dólares al año, vez y media el PIB mundial. Es un factor clave para la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y un crecimiento inclusivo. Y por eso, la pérdida de biodiversidad es una tremenda fuente de pérdidas para el mundo: el valor de los ecosistemas perdidos y de las tierras y océanos degradados supone unas pérdidas anuales para el mundo entre 10 y 31 billones anuales, según el informe “Financiar la biodiversidad, clave para la economía y las empresas”.

El informe de la OCDE llama la atención de Gobiernos, empresas y bancos de que la pérdida de la biodiversidad entraña enormes riesgos para la economía y para muchos sectores económicos (sobre todo la alimentación y el turismo), riesgos en materia de responsabilidad económica y jurídica (seguros y bancos), riesgos de reputación (sobre todo para las empresas energéticas) y riesgos de mercado y financieros. Por ambas razones, las pérdidas que se generan y los riesgos que se corren, la OCDE pide a Gobiernos, empresas y bancos que afronten la pérdida de biodiversidad como “el mayor reto económico del siglo XXI”, junto al Cambio Climático, otro problema muy relacionado. Y proponen 10 aspectos prioritarios donde concentrar los esfuerzos y presentar soluciones, cara a la Cumbre del G-7 que se va a celebrar en China en 2020, dentro de la Convención de Biodiversidad de la ONU.

Lo primero que propone la OCDE es plantearse unos objetivos mundiales para recomponer la biodiversidad, apoyados en unos indicadores objetivos y homogéneos. Además, plantean la necesidad de que los Gobiernos vigilen los ataques contra la biodiversidad y tomen medidas. Y que se movilicen empresas, bancos e instituciones, para aportar compromisos y dinero en la mejora de la biodiversidad. La clave está en destinar más dinero a favor de la biodiversidad, porque ahora no se dedican ni 50.000 millones de dólares anuales y haría falta gastar casi 10 veces más, 440.000 millones de dólares al año. Parece mucho, pero hoy los distintos paises están gastando 500.000 millones al año en subvenciones energéticas que van en contra de la biodiversidad: ayudas al gasóleo y al transporte, subvenciones a las industrias energéticas y a la agricultura, que van en contra de la vida en la Tierra. Se trata de “gastar ese dinero de otra manera” y destinar fuertes inversiones a reconvertir la economía, para no crecer a costa de matar especies y destruir el clima.

El mensaje de la OCDE es claro: la ventaja de restaurar la biodiversidad en el Planeta es superior a los costes. Y ponen este ejemplo: restaurar el 46% de los bosques degradados del mundo generaría entre 7 y 30 dólares por cada dólar invertido. En general, insisten, prevenir una mayor degradación de los ecosistemas es más barato que restaurarlos. Y lo más importante: si seguimos degradando el Planeta, la economía mundial entrará en una Gran Recesión de dimensiones desconocidas, con pérdidas del PIB superiores al 20%. Así que el riesgo no es sólo “cargarnos el Planeta” sino “cargarnos antes la economía”.

Esta alerta de la OCDE nos la viene dando desde 2017 el Foro Económico de Davos, que encuesta cada año a 750 expertos y líderes mundiales sobre los mayores riesgos globales. En su informe de 2019, los riesgos medioambientales suponen 3 de los mayores riesgos probables que tiene el mundo en un horizonte a 10 años: el 1º (el mayor riesgo) es el clima extremo, el 2º el fracaso de la política medioambiental (los pocos avances tras los Acuerdos del Clima de París) y el 3º, los desastres naturales, por delante del riesgo de robo y fraude de datos o los ciberataques. El cuanto a los mayores riesgos por su impacto, el Informe de Riesgos Globales 2019 señala 4 riesgos medioambientales entre los 5 más impactantes: el fracaso de la política medioambiental (2º), el clima extremo (3º), la crisis del agua (4º) y los desastres naturales (5º), estando en cabeza el riesgo de las armas de destrucción masiva. Y citan como ejemplo que 800 millones de personas viven en 570 ciudades costeras muy vulnerables al aumento previsto del nivel del mar (+0,5 metros para 2050).

Así que la preocupación por la biodiversidad, el Cambio Climático y el medio ambiente no es cosa de ecologistas o jóvenes que se manifiestan sino que empieza a calar en el mundo económico y empresarial, aunque todavía sin resultados tangibles. Pero ya son muchos los que ven el medio ambiente como “el mayor problema económico del siglo XXI”. Y esta preocupación es mayor en Europa, quizás porque es una de las zonas más afectadas por el Cambio Climático y el deterioro de la biodiversidad, junto a Asia y el Pacífico. De hecho, un 24% de los europeos están alarmados y un 54% preocupados por el cambio climático (un 78% en total), frente al 63% en EEUU y el 65% en China. Quizás porque algunos sepan que Europa podría perder 240.000 millones de euros anuales para 2100 si la temperatura aumenta 3º centígrados, por los negativos efectos de las olas de calor, las inundaciones en las costas, las pérdidas en la agricultura y las bajadas de productividad, según un informe del Centro Común de Investigación (JRC). Y los paises del sur de Europa (España, Portugal, Italia, Grecia, Malta y Chipre) sufrirán 8 veces más daños que la Europa del norte, según este informe, encargado por la Comisión Europea.

España es uno de los paises más vulnerables al Cambio Climático y la pérdida de biodiversidad, según los expertos.  La temperatura sube dos veces más rápido que en el resto del mundo: 0,42ºC de promedio anual cada década en los últimos 40 años, según Manola Brunet, que preside la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Y un informe de Greenpeace alerta que la temperatura ha subido en España 1,5ºC las tres últimas décadas (+2º en Murcia), frente a los 0,4ºC que ha subido la temperatura global en el último siglo. Un aumento de la temperatura que ha provocado el deshielo de gran parte de los Pirineos y numerosos sequías, olas de calor, inundaciones y temporales en los últimos años. Y pérdidas de playas y zonas costeras en el Cantábrico, deltas del Ebro y Llobregat, Mar Menor y Doñana, mientras el mar sube 4 milímetros anuales y  podría subir entre 10 y 68 centímetros en este siglo. Además, Greenpeace alerta que un 20% de la Península es un desierto y que media España corre el riesgo de desertificarse, al sur del eje de Alicante a Lisboa. Y desaparecen especies autóctonas (oso y alcornoque) mientras llegan otras invasoras (mejillón cebra y medusas). Sin olvidar las muertes por olas de calor y frío o por contaminación (30.000 al año, según la Agencia Europea de Medio Ambiente) y el aumento de enfermedades olvidadas, transmitidas por mosquitos (malaria y dengue).

Lo más preocupante es que, a pesar de estos datos sobre el tremendo alcance del problema medioambiental en el mundo, la situación no mejora, sino que empeora. En 2018, aumentaron las emisiones mundiales de CO2 un +1,7% (el mayor aumento desde 2013) alcanzando un nuevo récord de 33.143 millones de TM, tras subir otro 1,2% en 2017, después de tres años de estancamiento (2014-2016). La culpa fue de India (+4,8% emisiones, que suponen el 6,94% del total), EEUU (+3,1% emisiones, que suponen el 14,75% del total) y China (+2,5% emisiones, que suponen el 28,6% del total), mientras las bajaba Europa (-1,3% emisiones, que suponen el 11,94% del total), según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AEI). En España, las emisiones de CO2 bajaron un -3,2% en 2018 (+2,6% en 2017), como en 19 paises europeos, sobre todo en Alemania (-5,4%), Francia e Italia (-3,5%).

Ahora, los expertos mundiales, la ONU y la OCDE piden que los paises se tomen más en serio el grave problema medioambiental, porque apenas se ha avanzado desde los Acuerdos de la Cumbre de París de 2015. Y se acaba el tiempo, no sólo para recortar las emisiones sino para salvar las especies, la tierra y el mar. Presionados por las manifestaciones de los jóvenes en medio mundo, 8 paises europeos (Francia, España, Portugal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca y Suecia) han firmado una declaración conjunta en la que piden actuar con más decisión en la lucha contra el Cambio Climático, adelantando a 2050 el plazo para conseguir la neutralidad de las emisiones (emitir sólo lo que se pueda absorber). Para ello piden que la próxima Comisión Europea defienda la máxima prioridad a los problemas medioambientales, destinando el 25% del futuro presupuesto a inversiones contra el Cambio Climático. Y piden que la financiación verde sea la 1ª prioridad europea.

En paralelo, la congresista demócrata  USA Alexandria Ocaso-Cortez ha propuesto un “Green New Deal” (GND), un gigantesco Plan de inversiones verdes que movilice recursos sin precedentes desde el Plan Marshall, una interesante iniciativa que podría cuajar si Trump pierde las elecciones en noviembre de 2020. Pero hasta entonces, el mundo no puede esperar. La próxima Cumbre europea de junio abordará el problema, junto a la elección del próximo Gobierno europeo (Comisión). Y a partir de ahí, Europa quiere encabezar la lucha mundial contra el cambio climático y la pérdida de diversidad, donde será clave el papel de China. Pero lo más importante es que el mundo económico asuma la alerta de la OCDE: el medio ambiente es la mayor amenaza contra la economía. Hay que tomar medidas ya.

Todos los expertos creen que hay que actuar en un doble camino: penalizar las emisiones e invertir lo más posible en energías alternativas y una reconversión energética de las economías. El Premio Nobel de Economía 2018, William D. Norhaus, ya propuso hace años crear un Club mundial de "paises verdes", que aplicaran un elevado impuesto a las emisiones de CO2 (hasta 50 dólares por Tm., frente a los 25 dólares que se pagan en mayo 2019) y que se “defendieran” frente a los “paises sucios” aplicándoles unos aranceles a sus exportaciones. Es una buena idea, siempre que haya consenso en los grandes paises (China, USA e India), que por ahora parece difícil. Pero parece evidente que hay que penalizar con impuestos a las empresas más contaminantes, a la vez que se recortan drásticamente las subvenciones que van contra el medio ambiente (transportes, carburantes, petroleras y agricultura) y se las dedica a la reconversión energética de las economías.

Hará falta destinar mucho dinero y muchas inversiones a esta gigantesca “revolución energética”. La gestora ISF Global estima que hará falta invertir 2 billones de dólares anuales (el PIB USA) en la próxima década, mientras la Comisión Europea estima que la UE tendrá que invertir más de 220.000 millones de euros anuales, que tendrán que salir de los impuestos verdes y de una energía más cara (y más limpia), más potentes inversiones públicas y privadas. Y en España, el coste de la reconversión energética puede costar unos 10.000 millones de euros anuales de aquí a 2050 (el 65% en el sector eléctrico), según un informe de Deloitte. Es mucho, pero más caro será no tomar medidas y avanzar hacia una peligrosa Recesión, como advierte la OCDE. Y además, el reto medio ambiental puede generar nuevas industrias y nuevos empleos. Es la hora de dejar de lamentarse, de afrontar la gravedad del problema con medidas y dinero. Porque si no, destruiremos la economía y el Planeta.

Elecciones 26-M: nos jugamos mucho

Para los 4 grandes partidos, las elecciones del domingo son “la 2ª vuelta” de las últimas generales: unos buscan confirmar su victoria y otros una “remontada” que atenúe su derrota del 28-A. Para nosotros, no debería ser así, porque en estas elecciones autonómicas y municipales nos jugamos mucho, nuestro día a día: la sanidad, la educación, las políticas de empleo, la dependencia, las ayudas sociales, la Justicia, la vivienda, el tráfico o la contaminación y los servicios públicos, que dependerán mucho de quien gobierne nuestra región o ciudad. Porque España es el 2º país más descentralizado de Europa y la mitad del gasto lo hacen autonomías y Ayuntamientos. Ahora, están en juego el Estado del Bienestar y los servicios públicos, lo que exige reformar con urgencia la financiación autonómica y reordenar los impuestos, que la derecha promete bajar, algo imposible (faltan recursos) si no queremos más recortes. Defendamos unas regiones y ciudades que funcionen y mejoren nuestra vida. Votemos.

enrique ortega

España se ha convertido en el 2º país más descentralizado de Europa y del mundo, tras Alemania y por delante de Bélgica, Austria o Estados Unidos, según el indicador de Autoridad Regional elaborado por la Universidad de Oxford. Y el gasto autonómico y local supone ya la mitad de todo el gasto público, un porcentaje sólo inferior al de Dinamarca, Suecia y Bélgica, donde tiene un mayor peso el gasto local, según Eurostat. Eso quiere decir que gran parte de los servicios públicos, desde las políticas de empleo a la sanidad, la educación, la justicia, la vivienda  o las ayudas sociales los gestionan las autonomías y Ayuntamientos, no el Gobierno central. Y por eso, es tan importante o más votar quien va a presidir nuestra autonomía o nuestra ciudad que quien va a estar en La Moncloa. Nos jugamos mucho.

Las autonomías tienen mucho que decir en el problema que más preocupa a los españoles, el paro. Primero, porque son las que gestionan las oficinas de empleo (SEPE) y por tanto, las responsables de ayudar a los parados a encontrar trabajo (sólo al 2%), con cursos de formación y asesoramiento especializado. Las diferencias en la gestión del SEPE y en los medios de que disponen son muy patentes entre autonomías, aunque la mayoría adolece de falta de medios y personal. Pero hay más: las autonomías tienen también competencias en política económica, gestionando ayudas a las empresas y a la promoción de empleo. Y tienen mucho que decir a la hora de atraer inversiones o apoyar la exportación, el turismo o la investigación. Y todo esto se acaba notando en el empleo y el paro. No es casualidad que las dos autonomías más ricas, Navarra y el País Vasco, sean las que tienen menos paro (8,19% y 9,62%) y que las tres autonomías más pobres, con menos industria, tecnología y exportación, sean las que tienen más paro: Extremadura (22,52%), Andalucía (21,08%) y Canarias (21,03%). Cuenta mucho la historia y la política económica que se haga en Europa y en España, pero ayuda o entorpece lo que se haga en las autonomías.

Las autonomías gestionan la mayoría de las competencias que afectan al Estado del Bienestar, a los servicios públicos. Los últimos Gobiernos autonómicos, elegidos en 2015, trataron de paliar los recortes que les dejaron Rajoy y Zapatero. Concretamente, entre 2009 y 2017, las políticas sociales de las autonomías sufrieron un recorte de -8.255 millones, un 7,07%, según un reciente estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y ese recorte social  fue mayor en 5 autonomías, las “campeonas del ajuste”: Cataluña (-19,96%), Castilla la Mancha (-18,76%), Canarias (-8,53%), Aragón (-7,90%) y Galicia (-7,5%). En 2017, sólo 6 autonomías habían recuperado ya el gasto social de antes de la crisis: Baleares (+7,96%), Navarra (+7,94%), País Vasco (1,87%), Cantabria (+1,20%), Asturias (+0,50%) y Comunidad Valenciana (0,22%). Y es bueno conocer  las autonomías que más gastaron por habitante en políticas sociales en 2017: Navarra (3.247 euros), País Vasco (3.196), Extremadura (2.780), Asturias (2.734) y Cantabria (2.705 euros). Y las que menos gastaron: Madrid (2.065 euros, el 34,6% menos que Extremadura), Canarias (2.131), Baleares (2.180), Andalucía (2194) y Cataluña (2.227 euros).

Dentro de este gasto social autonómico, la principal partida es la sanidad: de los 68.483 millones que España gastó en Sanidad en 2017, según el Ministerio, el 92,71% (63.494 millones) lo gastaron las autonomías (y un 0,9% los Ayuntamientos). En esta partida sanitaria, el recorte entre 2009 y 2017 fue de 5.993 millones, un -9,3%, que vuelve a ser mayor en Cataluña (-27,51% de recorte sanitario), Castilla la Mancha (-14,35%), Aragón (-12,67%) y Extremadura (-9,79%). De hecho, sólo hay 5 autonomías que gastan ahora (2017) en Sanidad más que antes de la crisis: Baleares (+12,30%), Navarra (+7,45%), Cantabria (+3,3%), Asturias (+1,60%) y País Vasco (+1,02%).

Las diferencias en el gasto sanitario por autonomías (2017) son muy llamativas. En cabeza están el País Vasco (1.648 euros/habitante), Navarra (1.616), Asturias (1.614), Aragón (1.434) y Extremadura (1.428 euros), mientras a la cola del gasto sanitario están Andalucía (1.255 euros, un 50% menos que en Euskadi), Madrid (1.133), Cataluña (1.178), Murcia (1.197) y Comunidad Valenciana (1.230), las cinco con un gasto inferior a la media española (1.255 euros). Esto se traduce en menos camas de hospital, menos médicos o enfermeras y menos medios, que el ciudadano sufre en una peor atención y en mayores o menores listas de espera (48 días para operarse en el País Vasco y 132 en Cataluña, por ejemplo). Al final, se ha configurado un mapa de “4 Españas sanitarias”, según el ranking de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública. Una sanidad “buena” en el País Vasco (94 puntos sobre 118), Navarra (83), Aragón (80) y Castilla y León (83 puntos). Una sanidad “regular” en Asturias (78), Castilla la Mancha y Extremadura (77), La Rioja (76) y Madrid (73). Una sanidad “deficiente” en Baleares (72 puntos), Galicia (71), Andalucía (68), Cantabria y Murcia (66). Y una sanidad “mala” en Cataluña (65 puntos), Valencia (63) y Canarias (53). Recuérdenlo al votar.

El segundo capítulo de gasto social de las autonomías es la educación: si España gastó 49.458 millones en 2017, según el Ministerio, el 83,6% lo aportaron las autonomías (41.333 millones en 2017). Aquí, el recorte del gasto educativo entre 2009 y 2017 fue de 2.800 millones, un -6,9%, aunque fue mayor en Castilla la Mancha (-19,35%), Asturias (-12,03%), Cataluña (-12%), Canarias (-11,61%) y Castilla y León (-10,45%), según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Y sólo hay 3 autonomías que gasten en educación (2017) más que antes de la crisis: Baleares (+2,19%), la Rioja (1,20) y Extremadura (+014%).

Las diferencias en el gasto educativo por autonomías son también muy llamativas. Las que más gastan en educación por habitante (2017) son el País Vasco (1.245 euros), Navarra (1.004 euros), Extremadura (943 euros), Cantabria (906) y Comunidad Valenciana (887 euros), mientras están a la cola del gasto educativo Madrid (682 euros, un 82,5% menos que Euskadi), Canarias (770), Asturias (721), Baleares (766) y Cataluña (769 euros), las cinco por debajo del gasto medio español en educación (818 euros). El gasto no es todo, pero explica en buena parte las enormes diferencias educativas entre regiones, desde el porcentaje de repetidores (41,5% en Aragón o 39,2% en Murcia frente al 23,8% en Euskadi) al fracaso escolar (23,5% en Andalucía y 7% en el País Vasco) o el bajo nivel educativo (46,3% de jóvenes poco formados en Castilla la Mancha frente a 19,3% en el País Vasco).

El tercer gran capítulo de gasto autonómico es el gasto social, desde la dependencia a la renta básica o las ayudas familiares. Si en España se destinan 17.723 millones al gasto social (2017), el 61,7% de ese gasto lo hacen las autonomías (10.935 millones), el 25,2% los Ayuntamientos (4.466 millones) y sólo el 13,2% restante lo hace el Estado central. Y también aquí ha habido recortes, aunque las autonomías ya han recuperado el gasto social de 2009 (gastan 550 millones más), salvo 4 que todavía gastan menos: Castilla la Mancha (-31,70%), Galicia (-13,88%), Andalucía (-5,88%) y Cataluña (-1,19%). Los que hacen un mayor gasto social por  habitante son Navarra (626,2 euros), Extremadura (408,3), Asturias (398,6) y La Rioja (397 euros), estando a la cola de gasto social Baleares (117 euros, la quinta parte que Navarra), Canarias (154), Comunidad Valenciana (204) y Murcia (230). Las autonomías que hacen más y mejor gasto social son el País Vasco (7,20 puntos sobre 10), Castilla y León (7,45) y Navarra (7,15) y es "irrelevante" en Madrid (3,20 puntos), Comunidad Valenciana (3,30), Murcia (3,35) y Canarias (3,75 puntos), según el ranking regional de gasto social 2018 elaborado por los Directores de Servicios Sociales.

El gasto en Dependencia, la atención a ancianos y jóvenes discapacitados, es el mayor gasto social de las autonomías, que financian ya el 83,7% del gasto público en Dependencia (7.458 millones en 2017), frente al 16,3% que pone el Estado central (la Ley establece que fuera 50%/50%). Los drásticos recortes de Rajoy a la Dependencia (-5.000 millones) han sido compensados por las autonomías con un retraso en el reconocimiento de las ayudas, un desvío a los servicios más baratos (low cost) y unas listas de espera injustificables: hay 250.037 dependientes con derecho reconocido que no reciben ayudas (diciembre 2018), un 19% del total. Y aquí también hay diferencias: hay 5 autonomías donde las listas de espera superan el 25% de los dependientes (Cataluña, Canarias, la Rioja, Andalucía y Cantabria). Y otras 5 autonomías donde apenas hay dependientes esperando la ayuda (Castilla y León, Ceuta, Melilla, Navarra y Castilla la Mancha). En el pago de rentas mínimas, a familias sin ingresos, la cifra de ayuda es baja (314.562 beneficiarios) y hay grandes diferencias entre los 300 euros mensuales que se pagan en Murcia o los 385 en la Comunidad Valenciana y los 672 euros que pagan en el País Vasco o los 600 euros de Navarra.

Otro gasto autonómico importante es la Justicia, transferida y gestionada por 12 autonomías, todas salvo Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares. Esto ha llevado a una “Justicia a varias velocidades”, según los recursos de cada autonomía para juzgados, personal y medios informáticos (con 9 sistemas distintos). Incluso alguna autonomía, como Madrid, se ha planteado devolver las competencias de Justicia, en medio de un colapso general, con enormes atascos y retrasos, sobre todo en la jurisdicción social y mercantil.

Otra competencia transferida a las autonomías desde hace décadas es la vivienda. El Gobierno central aprueba un Plan estatal de Vivienda (vigente el 2018-2021), pero quien gestiona las ayudas a la compra y alquiler son las autonomías. Pero hacen poco más que de oficinas. La mayoría no hacen política de vivienda, porque les faltan recursos. Un ejemplo: en 7 autonomías no se promovió ni una vivienda pública (VPO) en 2018, según Fomento, y sólo 2.418 en Madrid, 633 en Cataluña o 859 en Euskadi. Y tampoco lo hacen los Ayuntamientos (sí muchas grandes ciudades europeas), más preocupados por controlar los precios de los alquileres que en promover viviendas municipales para alquileres sociales.

Los Ayuntamientos podrían ser claves en la política de vivienda si contaran con más recursos (suelo tienen) y gastaran menos en encierros o fiestas populares y más en promover viviendas municipales, como Viena o Berlín. En manos de la gestión municipal están importantes servicios públicos, desde los transportes al agua y la recogida de basuras o el control de la contaminación, cada vez más preocupante (hay 15 millones de españoles respirando un aire que la Unión Europea considera “insalubre”, sobre todo en Madrid, Barcelona, Bilbao, Granada, Avilés, Málaga y la Costa del Sol). Sin olvidar importantes servicios municipales como guarderías (escasísimas), polideportivos, bibliotecas y centros de mayores, que han sufrido con dureza los recortes y subidas de tasas que pagamos todos.

Las autonomías y Ayuntamientos se presentan a estas elecciones del 25-M con sus cuentas más saneadas, tras 6 años de duros ajustes (2010-2015). En el caso de las autonomías, su déficit ha bajado drásticamente, del 1,66% del PIB en 2015 al 0,23% en 2018 (-2.810 millones). Y 5 autonomías tuvieron superávit en 2018: País Vasco, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia. Este menor “agujero” presupuestario (a costa de cuantiosos préstamos de Hacienda) les ha permitido gastar algo más desde 2015, aunque a costa de aumentar su deuda: de 124.239 millones en 2010 a 263.269 millones en 2015 y 293.128 millones en 2018. Una deuda muy concentrada en 4 autonomías: Cataluña (78.732 millones, el 34% de su PIB), Comunidad Valenciana (47.084 millones, el 41,7% de su PIB), Andalucía (35.409 millones, el 21,9% de su PIB) y Madrid (33.270 millones, el 14,6% de su PIB), mientras apenas tienen deuda La Rioja (1.591 millones), Cantabria (3.171), Navarra (3.445) y Asturias (4.351 millones).

Los Ayuntamientos tienen unas cuentas mucho más saneadas, gracias a los drásticos recortes que han sufrido en los servicios sus ciudadanos. Tienen superávit presupuestario (+0,52%del PIB en 2018, más que el 0,44% de 2015) y una pequeña deuda (25.781 millones), que sólo ha aumentado estos años en Murcia, Zaragoza y Bilbao. La deuda municipal se concentra en Madrid (2.762 millones, 662 millones menos que en 2015 y muy lejos de los 7.773 millones de 2012), Zaragoza (855 millones), Valencia (439) y Málaga (408 millones). Y lo más llamativo: los Ayuntamientos españoles tienen más ahorro (27.000 millones en depósitos bancarios) que deuda, porque Montoro y su Ley de estabilidad les ha impedido gastar más e invertir, a pesar de tener liquidez.

Con este panorama, lo lógico es que los Ayuntamientos que salgan de estas elecciones gasten e inviertan más, en muchos servicios sin recursos, desde los transportes a la limpieza pasando por bibliotecas y centros de mayores. Y lo mismo las autonomías, casi sin déficit, aunque todavía con demasiada deuda. Por eso es una “irresponsabilidad” prometer bajar impuestos, autonómicos y municipales, como defienden Ciudadanos, PP y Vox. Porque en la próxima Legislatura, las autonomías tendrán que reforzar el Estado del Bienestar, recuperar el gasto en sanidad, educación y Dependencia que muchas no han recuperado todavía. Y fortalecer la Justicia, la vivienda y los servicios públicos, junto a los Ayuntamientos. Si se bajan los impuestos autonómicos, no se podrá gastar más en tanto como hace falta, salvo que se suban impuestos que no se ven (como tasas), mucho más injustos.

Precisamente, uno de los retos de las autonomías es reordenar sus impuestos propios, porque son bajos (sólo suponen el 21% de sus ingresos, el 79% restante son tributos cedidos por el Estado) e injustos, mal equilibrados, en medio de una pelea por quién baja más sucesiones o subvenciona el impuesto de patrimonio (en Madrid no se paga). Urge pactar un nuevo sistema de financiación autonómica, que corrija las injusticias actuales (Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Cataluña, Baleares y Castilla la Mancha pierden), pero también las autonomías deben tener mayor “corresponsabilidad fiscal” y saber que si quieren tener mejor servicios públicos tienen que cobrar más impuestos, no vivir de las transferencias del Estado y de la deuda. Y crear mecanismos de compensación, Fondos para corregir el hecho de que haya 3 Españas (rica, pobre e intermedia) y que los españoles tengan mejor o peor sanidad, educación o servicios sociales según donde vivan, como pasa ahora.

Como se ve, no estamos ante problemas menores y por eso nos jugamos mucho en estas elecciones autonómicas y municipales del 25 de mayo: el futuro del Estado del Bienestar y la mejora de los servicios públicos, muy deteriorados con los recortes. Es hora de analizar lo que han hecho los Gobiernos autonómicos y sus propuestas de futuro para mejorar nuestro día a día, desde los hospitales, colegios, residencias o ayudas públicas al transporte, la vivienda, la contaminación, la limpieza o las guarderías públicas. Y votar en consecuencia, por encima de ideologías y “segundas vueltas”. Un voto útil para mejorar nuestra vida cotidiana. Voten.