Los retos económicos del Gobierno Sánchez

El nuevo Gobierno Sánchez empieza a trabajar y su gran reto no será la amnistía sino afrontar una economía española que crece menos y una economía europea estancada, con 10 paises decreciendo. Su estrategia “socialdemócrata” busca crecer y repartir la riqueza, con ayudas a familias, empresas y modernización de la economía, para que sea más verde y digital. Problema: con poco crecimiento (1,7% en 2024), será difícil recaudar y gastar más, porque Bruselas exige reducir el déficit público, lo que obliga a ajustar gastos (-15.000 millones), máxime con una derecha europea radicalizada ante las elecciones UE (junio 2024). El Gobierno tendrá difícil cuadrar los Presupuestos 2024 y reforzar a la vez el Estado del Bienestar (sanidad, educación, Dependencia, vivienda) sin tocar impuestos (exigiría una reforma fiscal). La clave será contener la inflación y mantener el consumo familiar (subiendo salarios por mejoras de productividad). Y gastar bien los Fondos europeos. Que la economía y el empleo se mantengan, para poder gastar en lo mucho que hace falta. Suerte. 

                 Enrique Ortega

La situación económica no va a ayudar al Gobierno Sánchez en esta Legislatura. Por un lado, la economía española va a crecer mucho menos este año (+2,4%) y sobre todo en 2024 (+1,7%)  de lo que creció en los dos últimos años, en 2021 (+6,4%) y 2022 (+5,8%). Y por otro, el nuevo Gobierno echa a andar con una economía europea estancada, que apenas va a crecer en 2023 (+0,6%) y con 10 paises europeos cuya economía caerá esta año: Alemania (-0,3%), Austria (-0,5%), Luxemburgo (-0,6%), Suecia (-0,5%), Irlanda (-0,9%), Estonia (-2,6%), Letonia (-0,2%), Lituania (-0,4%), República Checa (-0,4%) y Hungría (-0,7%), según la Comisión Europea. Y en 2024, la economía europea apenas mejorará: crecerá un +1,3% (menos de la mitad del 3,4% que creció en 2022).

Esta debilidad en el crecimiento de España y Europa complicará la política económica del Gobierno Sánchez, cuya estrategia “socialdemócrata” se basa en “crecer para recaudar y redistribuir”: su objetivo es crecer y crear empleo y riqueza, para después, con los impuestos, poder dedicar recursos públicos a reforzar el Estado del Bienestar y a modernizar la economía. El problema es que si se crece menos, se recauda menos y resulta más difícil gastar en sanidad, educación, pensiones, dependencia o en el ajuste energético y digital de la economía. La otra estrategia ya la conocemos, de la crisis financiera y Rajoy, los ajustes: se crece menos, se ingresa menos y se recortan gastos públicos, desde la sanidad a las pensiones.

El primer reto del nuevo Gobierno va a ser la aprobación de los Presupuestos para 2024. La clave serán los gastos. La elaboración de las cuentas públicas se hace al revés: primero analizar cuántos gastos son ineludibles, luego ver qué ingresos se pueden conseguir y a la vista del déficit que resulta, ver cómo conseguir más ingresos o qué gastos hay que recortar para cuadrar las cuentas. Este año, como los anteriores, un tercio del gasto público será para pagar las pensiones (casi 200.000 millones), donde el Gobierno tiene poco margen, porque tienen que subir, por Ley, lo que la inflación (un +3,8% previsto hasta noviembre). Otro gasto fijo son los sueldos de los funcionarios (+2% y un 0,5% adicional).Y un tercer gasto obligado son los intereses de la deuda pública, una factura disparada por la subida de tipos (habrá que pagar 39.078 millones, frente a 26.805 millones en 2021).Y a partir de ahí, analizar qué margen queda para el resto del gasto social (Sanidad, Educación, Dependencia, ayudas sociales), vivienda e inversiones públicas. Con un dilema: si se mantienen las ayudas contra la inflación a familias, sectores y empresas (rebaja impuestos energía y alimentos más ayudas directas), que cuestan 15.000 millones anuales.

Analizados los gastos, habrá que ver los ingresos, con un problema: no se pueden aprobar nuevos impuestos ni una reforma fiscal (necesaria), porque eso exigiría aprobar una Ley previa. Así que se mantendrán los impuestos como están, incluyendo en 2024 el impuesto extraordinario a las energéticas y bancos  (2.908 millones recaudados en 2023) y el impuesto a las grandes fortunas (623 millones). Y todo apunta a que la recaudación de Hacienda no crecerá tanto en 2024, al crecer menos la actividad y el empleo. En 2022 se pudo gastar más, porque hubo un récord de recaudación (255.000 millones, +14,4%), pero en 2023 (el PIB crece casi un tercio) la recaudación crece menos (+5,1% hasta junio) y crecerá todavía menos en 2024 (con un PIB menos y la mitad de empleos nuevos).

Vistos los gastos ineludibles y los ingresos posibles, el Presupuesto 2024 tiene una espada de Damocles: el déficit público (gastos-ingresos) no puede superar el 3% del PIB, porque Bruselas ha advertido que en 2024 vuelven las reglas fiscales, tras la “tregua” por  la pandemia  y Ucrania: un déficit público máximo del 3% (España cerrará 2023 con un 4,1%) y una deuda que no supere el 60% del PIB (España cerrará con el 106,5%). Así que España tendrá que recortar el déficit del 4,1% al 3%: eso son 15.000 millones de ajuste (o menos gastos o más ingresos o ambas cosas). El Gobierno Sánchez, en un primer borrador de las cuentas para 2024 (enviado en octubre) se comprometió con Bruselas a bajar el déficit al 3% del PIB, pero la Comisión Europea no se lo cree y prevé que sea del 3,2%. Tiene dos opciones: o pedir un recorte adicional (-0,2% serían -2.820 millones de ajuste) o “hacer la vista gorda”, dado que otros paises grandes tampoco van a cumplir  (estiman que el déficit de Francia e Italia será del 4,4% del PIB en 2024 y el de Bélgica el 4,9% de su PIB).

En definitiva, el Gobierno Sánchez tiene que hacer “encaje de bolillos” para contener los gastos, recaudar más y reducir el déficit a la vez. La clave va a estar en la marcha de la economía: si crece poco y pincha el empleo, será difícil recaudar más y poder gastar. El Gobierno apuesta por crecer un 2% en 2024 y crear 284.877 empleos (frente a 438.028 en 2023), pero tanto la Comisión Europea como el FMI apuestan por un crecimiento menor (+1,7%), que incluso la OCDE rebajó en octubre (+1,5%). De ser así, las cuentas 2024 no saldrían, porque se recaudaría menos (y habría que gastar más en ayudas).

Este es el gran reto económico del Gobierno para 2024 toda la Legislatura: crecer para poder gastar y redistribuir. Y a partir de ahí, ver si puede afrontar el otro gran reto: consolidar el Estado del Bienestar (frente al PP y Vox, que defienden  privatizar y recortar servicios), Eso exige recursos y gestión, pero sobre todo negociar con las autonomías (11 gobernadas por la derecha) que gestionan y financian (también con transferencias del Estado) la mayoría de servicios públicos. En Sanidad, el gran reto es recortar las listas de espera, que han batido récords en junio: 819.964 españoles esperan para operarse (112 días de media) y 79 de cada 1.000 pacientes esperan para ir al especialista (más de 60 días el 51,6%). Y además, mejorar la atención primaria y las urgencias, implantando un Plan de Salud Mental, que exige triplicar el número de psicólogos. En Educación, las prioridades son reducir el abandono escolar y los alumnos por aula, crear 300.000 plazas públicas en Formación Profesional y la inclusión de todos los niños de 0 a 3 años en centros públicos. Y en Dependencia, forzar a las autonomías a dedicar más recursos, junto al Estado, para reducir las listas de espera, que han aumentado en octubre (a 189.546), provocando que mueran 123 Dependientes cada día sin ayudas. Y extender el ingreso mínimo vital (alcanza ya a 2 millones de beneficiarios), pero sobre todo, que las autonomías no lo aprovechen para reducir sus rentas mínimas (como hacen Madrid y otras).

Dos retos claves para consolidar el Estado del Bienestar son poner orden en los impuestos y reformar el sistema de financiación autonómica. A pesar de las quejas de algunos, España sigue recaudando menos ingresos públicos que la mayoría de Europa: el 42,8% del PIB frente al 45,7% de media UE-27, el 46% en Alemania, el 46,8% en Italia y el 52,8% en Francia, según la Comisión Europea. A lo claro: España recauda 40.890 millones menos cada año que la media europea. Y eso sucede porque algunos pagan menos impuestos, sobre todo las grandes empresas y bancos, multinacionales y grandes fortunas, además de las numerosas exenciones en IVA e IRPF. Así que si queremos tener mejores servicios públicos, habrá que hacer una reforma fiscal para conseguir recaudar más, para que paguen esa minoría que hoy evade o elude impuestos. Hay un Libro Blanco de propuestas de expertos, entregado en marzo de 2022, que podría ser el punto de partida para esa necesaria reforma fiscal.

Y también está pendiente, desde 2014 (la prometió Rajoy), la reforma del sistema de financiación autonómica, fijar un nuevo mecanismo para financiar las autonomías y sus servicios públicos. El sistema actual, según un estudio de FEDEA, beneficia a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Canarias y Castilla y León. Y perjudica a Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Andalucía y Baleares (cada balear recibe 2.296 euros, frente a 3.533 euros cada cántabro). Ahora, la reforma debería cambiar el peso de las distintas variables (población, renta, coste servicios públicos…) para hacer más justo el sistema de financiación.

En paralelo a esta reforma, difícil con la mayoría autonómica del PP, habrá que negociar la quita (“perdón”) de parte de la deuda autonómica, propiciada por haber incluido en el pacto de investidura la quita de 15.000 millones de deuda a Cataluña. La ministra de Hacienda ha reiterado que “habrá quita para todos”: el Estado asumirá 88.000 millones de los 191.747 millones de deuda autonómica que asumió el Estado (FLA) en 2012 (Rajoy), porque no conseguían financiarse. La autonomía más beneficiadas por esta “quita” de deuda sería Andalucía (-16.437 millones, el 64,7% de su deuda con el Estado), no Cataluña (-15.000 millones, el 20,5% de la deuda), seguidas de Madrid (no tiene deuda con el Estado, pero se le transferirán 12.979 millones para reducir su deuda privada), Comunidad Valenciana (-9.750 millones, el 20,2% de su deuda con el Estado), Galicia (5.757 millones, el doble de su deuda), Castilla y León (5.125, el doble de su deuda), Canarias (quita de 4.385 millones, el triple de su deuda), Castilla la Mancha (4.205 millones, el 37% de su deuda total), las 8 autonomías a las que se va a perdonar más deuda (6 del PP), aunque la quita será para todas.

Otros temas que protagonizarán esta Legislatura serán los retos laborales. El primero, un “escaparate” para la vicepresidenta Yolanda Díaz, será la subida del salario mínimo vital, que está en 1.080 euros (tras subir +47% desde 2018). La patronal quiere que suba sólo un 3% en 2024 (+32 euros mes) y otro 3% en 2025 (+33 euros), pero los sindicatos piden subirlo a 1.200 euros ya (+11%). El Gobierno tomará una decisión salomónica y podría subirlo en diciembre un 3,8% (la  inflación media anual prevista para noviembre), 41 euros (a 1.121 euros).

Pero hay más temas laborales pendientes. Uno clave es la reforma del despido, porque PSOE y Sumar pactaron en su programa de Gobierno “endurecer” las causas de los despidos (que han aumentado tras el fin de la COVID), lo que preocupa mucho a la patronal, porque cree que “encarecería el despido” en el futuro, dificultado la contratación. Otro tema pactado con Bruselas es la reforma del seguro de desempleo (somos el 2º país europeo que más gasta, tras Francia), para incentivar a los parados a reconvertirse, formarse y buscar trabajo. Y también está pendiente el Estatuto del Becario y la reforma de la jubilación parcial, para que los mayores trabajen menos horas y den paso a los jóvenes. Y urge aprobar  Planes de empleo para jóvenes, mujeres y mayores si el Gobierno quiere conseguir el pleno empleo (8% de paro frente al 11,84% actual). Con todo, “la medida estrella” de esta Legislatura será la prometida reducción de la jornada laboral, de 40 horas a 37,5 horas (2025). Además, Yolanda Díaz quiere aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores (de 1980, aunque se ha retocado muchas veces), que incluya el trabajo digital, la transición verde, la participación de los sindicatos en las empresas o la representatividad empresarial.

Y quedan otros retos importantes, aunque menos mediáticos. Como afrontar el grave problema de la vivienda, con precios disparados del alquiler, por falta de un parque de viviendas públicas (y una baja promoción privada). La preocupante situación de los jóvenes, con un altísimo paro (27,82%) y un empleo precario y mal pagado, que, junto a los alquileres imposibles les obligan a vivir con sus padres (al 66% de los que tienen entre 18 y 34 años, frente al 49% en Europa). Y una mayor atención a las familias, para facilitar la conciliación laboral, los cuidados y los nacimientos, porque la demografía es uno de los grandes retos del siglo XXI: el año pasado nacieron 329.251 niños, 125.397 menos que en 2012. Y no podemos olvidar el otro gran reto de este siglo, la lucha contra la emergencia climática, una de las prioridades de este Gobierno, que debe avanzar en las energías renovables (poniendo orden a la actual burbuja) y en la reforma del mercado eléctrico aprobada por Europa. Otro gran reto (objeto de un nuevo Ministerio) es la digitalización de la economía y la Inteligencia artificial (para la que se aprobará un Reglamento europeo antes de fin de año). Y también es clave la reindustrialización de España, avanzar en las nuevas industrias (baterías, coches eléctricos, hidrógeno verde, nuevas energías, chips, datos…) donde España debe buscar su lugar en el mundo y asegurar así el crecimiento y el empleo del futuro.

Por retos y tareas no será. Retos económicos que deben apoyarse en una mejora de la formación de los españoles y en una cooperación de la inversión pública y privada, para aprovechar el tirón de los Fondos europeos. Y que debería contar con la colaboración de autonomías, instituciones y políticos de todo signo, porque nos jugamos el futuro de España y de los españoles, nuestra competitividad, empleo y nivel de vida. Todos estos retos sí son importantes y deberían unirnos, por encima de la amnistía. El dilema sigue siendo el mismo que hace años: avanzar o retroceder. En España y en Europa.