Otra Semana Santa récord

No importa si llueve o no: media España ha salido corriendo para pasar esta Semana Santa en la playa, en el interior o en Europa. Este año, la fiesta es más tarde y eso ha disparado los viajes, a pesar de la fuerte subida de hoteles (+16%), apartamentos, bares y restaurantes (sólo bajan los carburantes). La ocupación es muy alta en Andalucía, Levante y las islas, pero también en el norte de España, provocando una contratación récord: 126.000 empleos por la Semana Santa. La previsión es que el récord de turistas y gastos se mantenga en mayo (puente) y junio, como antesala de otro verano récord. La incógnita es cómo afectará al turismo la guerra arancelaria de Trump. Por un lado, bajarán los turistas USA (4,26 millones en 2024, que gastan mucho), a los que perjudica un dólar débil, pero por otro, se espera que aumente el turismo europeo, el 84% de todo el turismo que llega a España. Pero si llega la recesión a Europa, el turismo “pinchará”.

                            Enrique Ortega

El turismo en España ha empezado el año 2025 con fuerza, tras batir todos los récords en 2024 (93,8 millones de turistas y 126.282 millones de euros de gasto). Así, en los dos primeros meses de este año, llegaron a España 10.462.373 turistas extranjeros (+6,9%, 684.892 turistas más que un año antes) y se gastaron 14.392 millones de euros (+8,3% que en 2024), según los últimos datos publicados por el INE. La mayor afluencia de turistas ha llegado de Reino Unido (1,86 millones, +5,3%), aunque el mayor aumento se ha dado en los turistas franceses (1,36 millones, +14,1%), suizos (+10,4%) e irlandeses (+10,1%), estancándose la llegada de turistas alemanes (1,15 millones, +1%) y creciendo poco los italianos (+6%). Madrid (+12,9%, 1,34 millones de visitantes) y Cataluña (+10%, 2,21 millones) han sido las autonomías donde más crecen los turistas, aunque el liderazgo de estos dos primeros meses lo ostenta Canarias (2,8 millones de turistas, +2,8%), según el INE.

En el primer trimestre de 2025, el turismo habrá crecido un +3, 2%, más que la economía, según la patronal Exceltur, que destaca un fuerte aumento de las ventas (+2,7%), a pesar de las lluvias de marzo y el retraso de la Semana Santa a abril . La mayor actividad turística se ha dado en Madrid, Canarias, Costa del Sol y Levante, destacando la mejoría de resultados en las empresas de transporte (compañías aéreas y alquiler de coches), hoteles urbanos, empresas de ocio y compañías que operan en Canarias, con un aumento del gasto turístico de los extranjeros mientras se estabiliza el gasto turístico de los españoles. De hecho, las pernoctaciones de españoles han caído algo este año (-1,9% en enero y febrero), mientras han subido las pernoctaciones de extranjeros (+2,1%), según el INE.

Centrándonos en la Semana Santa, el sector espera otro récord de ocupación y gasto, superando la Semana Santa de 2024, que ya fue récord: Exceltur espera un crecimiento de la actividad turística del +5,3%, con aumentos mayores para el transporte de viajeros (+7,8%) y el alquiler de coches (+8,5%) y menores en los hoteles urbanos (+4,4%), los de playa (+4,1%) y los servicios de ocio (+3,1%). Llama la atención que los mayores aumentos en la actividad turística se esperan en el País Vasco (+6,9%), Madrid (+6,7%), Asturias (+6,6%) y  La Rioja (+5,8%), junto a la Comunidad Valenciana (+5,6%), creciendo menos en Canarias (+4,6%), Baleares (+4,5%) Cataluña (+4,1%), %), Andalucía (+3,9%) y Galicia (+1,3%).

Con todo, se espera un alto nivel de ocupación hotelera (90%) y de los apartamentos turísticos esta Semana Santa, sobre todo en Madrid y Barcelona, Levante y Andalucía (Sevilla y Málaga), más la España verde, Baleares y Canarias (final de la temporada alta). Turespaña espera un aumento del +7,3% de los turistas extranjeros en abril (+700.000 que el año pasado), sobre todo en Canarias, Madrid, Barcelona y parte de Andalucía. En cuanto al turismo nacional, se espera que viajen  esta Semana Santa dos de cada tres españoles, la mayoría a destinos de playa, ciudades y ciudades de interior, pero también a Europa, donde han aumentado las reservas para Londres, París, Roma y Ámsterdam.

Y también se espera que todos gasten más, básicamente porque han subido los precios de los hoteles, servicios, bares y restaurantes. Ya en febrero, el gasto medio por turista extranjero fue de 1.345 euros, con una duración media del viaje de 7,3 días (183 euros de gasto diario). El gasto medio de los españoles esta Semana Santa se estima en 598 euros y muchos han reducido los días de viaje, a 3 y 4 noches, dada la subida de hoteles y apartamentos. La estimación de Booking es que el coste de la estancia subirá un +15,6% sobre la Semana Santa pasada, con un coste medio de 140 euros por noche, que será mucho más alto en Sevilla (246 euros), Málaga, Barcelona, Madrid, Valencia y Benidorm, los destinos más demandados esta Semana Santa. Y también será más caros los demás servicios turísticos, desde bares y restaurantes al ocio o el alquiler de coches. Eso sí, están más baratos los carburantes, tanto la gasolina (1,51 euros/litro frente a 1,67 hace un año) como el gasóleo (1,44 euros/litro frente a 1,55 en abril de 2024).

Esta Semana Santa, la mayoría de los que viajan buscarán un piso turístico (hay 368.295 viviendas turísticas, con 1,85 millones de plazas, según el INE), sobre todo en las ciudades más saturadas y con los hoteles más caros (Barcelona, Baleares, Sevilla, Madrid, Málaga y Tenerife). Y eso dispara los precios en las 10 ciudades con más concentración de pisos turísticos: Alicante (19,9 pisos turísticos/km2, el triple de la media nacional, que es de 6,8), Málaga (19), Madrid (16,1), Las Palmas (15,3), Santa Cruz de Tenerife (14,4), Cádiz (13,9), Barcelona (13,1), Valencia (12,1), Sevilla (12) y Girona (11,3 pisos turísticos/km2). Todo apunta a que serán estas ciudades las más colapsadas por el turismo esta Semana Santa, junto a los habituales destinos de playa y de procesiones.

Este récord esperado de ocupación y gasto ya tiró del empleo en marzo : hubo empresas que anticiparon contratos y se crearon 67.477 empleos en la hostelería más otros 5.000 en actividades de ocio y entretenimiento, según la SS. Y volverá a subir el empleo en abril: la campaña de Semana Santa generará 126.260 empleos, un 5,6% más de los contratos hechos en la Semana Santa de 2024 (119.590), según Randstad, destacando los contratos en transporte, logística, hostelería y entretenimiento. Eso sí, a finales de abril se perderán muchos de estos empleos de Semana Santa y aumentará el paro…

La Semana Santa será otro empujón al turismo en España, pero el sector cree que estamos ante otro año récord, donde el turismo ha crecido otra vez antes de Semana Santa y volverá a crecer después, empujado por “las ganas de viajar” de europeos y españoles, que priorizan este gasto frente a otros y que aprovechan la mejora de poder adquisitivo que supone unos salarios por encima de la inflación (que ha vuelto a bajar al 2,3% en marzo). La patronal Exceltur estima que la actividad turística crecerá un +5,3% en el 2º trimestre, empujada por el “puente” de mayo y la mejora del tiempo. Y apuestan por “otro verano récord”, a la vista de las reservas hoteleras  que se están haciendo y las mayores plazas que están ofertando las aerolíneas para los próximos meses.

Junto a este “optimismo turístico”, mucha gente se pregunta cómo pueden afectar a los viajes y al gasto turístico los aranceles impuestos por Trump. Parece evidente que la subida arancelaria ya en marcha, (aranceles del 25% al acero, el aluminio y los coches, más un 10% de arancel a todo el mundo y un 145% a China), que no suaviza “la tregua” de 90 días de Trump, acabará afectando negativamente, provocando más inflación y debilitando al dólar. Y eso, en principio, debería reducir el número de turistas de EEUU que nos visiten. En 2024 vinieron 4.263.842 estadounidenses, que se gastaron unos 6.000 millones de euros.

En general, los turistas USA gastan más que la media (273 euros diarios, frente a 183 euros), porque se alojan más en hoteles (el 80%), en su mayoría de 4 y 5 estrellas, sobre todo en Cataluña, Madrid, Sevilla, Costa del Sol y Mallorca. Si les sube la inflación por los aranceles, tendrán menos margen para viajar y más si el dólar sigue depreciándose respecto al euro (el viernes cotizaba a 1,135 dólares, una caída del -10,8% desde enero: eso significa que viajar a España les sale ahora casi un 10% más caro…).

El sector turístico español no está de momento muy preocupado, según Exceltur, porque piensan que si perdemos turistas estadounidenses podemos ganar turistas europeos, que son los que ahora más nos visitan (el 84% del turismo en 2024 vino de Europa). Y que puede haber turistas asiáticos (Japón y China) y de Oriente Medio que “desvíen” sus viajes de EEUU a Europa y a España. Por eso, muchos expertos piden campañas de promoción turísticas en esas zonas, así como en Latinoamérica.

En cualquier caso, la incertidumbre geopolítica y económica no ayuda al turismo y puede frenar reservas y viajes en todo el mundo, también hacia España. Por eso, hay que estar atentos ante el flujo de llegadas tras la Semana Santa y cara al verano, por si se detecta una caída de turistas internacionales, no sólo de EEUU. Porque si la guerra comercial no se resuelve en estos 90 días, la inflación y la recesión podría volver con fuerza, en todo el mundo y más en Europa, que ya crece poco ahora. Y eso destrozaría todas las previsiones de conseguir en 2025 otro récord turístico, rozar los 100 millones de visitantes. Hoy por hoy, este objetivo está amenazado por la guerra comercial y los conflictos geopolíticos. Si la incertidumbre no mejora, el Gobierno deberá aprobar un Plan de promoción y apoyo al turismo, porque si “pincha” nos jugamos la cuarta parte del crecimiento económico y mucho empleo.

Mientras, a disfrutar esta Semana Santa, más cara y con más turismo que nunca.

España se acerca a Europa

España lleva ya 4 años seguidos creciendo más que la media europea (2021,2022, 2023 y 2024) y eso nos ha permitido conseguir algo importante: reducir la brecha de productividad y riqueza con Europa. Si en 2020, por la recesión de la pandemia, producíamos el 83% de la media europea, en los últimos 4 años hemos dado un salto importante y ya producimos el 92% (la brecha que teníamos en 2016). Con todo, lo preocupante es que todavía estamos en el puesto 14º del ranking europeo de productividad (y riqueza): nos adelantan no sólo las grandes economías sino también paises como Luxemburgo, Irlanda, Paises Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Suecia, Malta , Finlandia o Chipre. El motivo: que en España trabaja menos gente y con menos eficacia, por nuestro modelo económico y empresarial. Ahora, con los aranceles de Trump, parece que dañarán más a otros paises europeos que a España, que crecerá, por 5ª año, más que la media europea. Y eso nos permitirá acercarnos más a Europa en 2025.

                          Enrique Ortega

España volvió a crecer en 2024 más que la mayoría de Europa, como ya pasó en 2021, 2022 y 2023: nuestro PIB aumentó un +3,2%, 4,5 veces el aumento del crecimiento de la zona euro (+0,7%) y que Italia (+0,7%), el triple que Francia (+1,1%) y muy por encima de Alemania (cuya economía cayó otra vez, un -0,2%). Con ello, España se consolida como la 4ª mayor economía de la UE, con una producción (PIB) de 1.591.627 millones de euros en 2024, sólo por detrás de Alemania (4.305.260 millones de PIB), Francia (2.921.411 millones) e Italia (2.192.181 millones), según Eurostat. Y si tomamos toda Europa, seríamos la 5ª mayor economía europea, porque Reino Unido es la 2ª, con un PIB de 3.364.019 millones de euros en 2024. A España le siguen, todavía lejos, Paises Bajos  (1.134.115 millones de PIB), Polonia (840.131 millones) y Bélgica (614.538 millones de PIB en 2024).

Pero este dato del PIB total es engañoso, porque unos paises tienen más población que otros. Por eso, lo relevante es lo que produce cada país por habitante, el verdadero indicador de la productividad y la renta de cada país. Y con esta estadística (PIB por habitante), la situación cambia drásticamente: España produjo 27.740 euros por habitante en 2024, un 92% de la media UE-27 (33.530 euros), un 65% que Alemania (42.580 euros/habitante), un 73,2% que Francia (37.870 euros/habitante) y un 84,5% que Italia (32.810 euros/habitante), según Eurostat. Y además, producimos casi la mitad que Paises Bajos (51.170 euros por habitante) y menos de la mitad que Dinamarca (60.510 euros/habitante), Irlanda (85.700) y Luxemburgo (100.880), los 3 paises más productivos de Europa.

Este dato es el mejor para comparar la productividad en Europa por paises (y la renta o nivel de vida), ya que tiene en cuenta la población y la inflación de cada país. Eurostat acaba de publicar el dato de 2024 y España ha mejorado su posición en el ranking de paises más productivos, subiendo del puesto 15º que teníamos en 2023 (y en 2019, antes de la pandemia) al puesto 14º en 2024. El PIB por habitante de España en 2024 fue el 92% de la media europea (UE-27), subiendo del 91% que estábamos en 2023 y en 2019.

Cuando España ingresó en la CEE, en 1986, teníamos un PIB por habitante que era del 76% de la media europea. En el año 2000 rozamos el 100% (98%) y lo superamos en 2002 (101%), alcanzando nuestro máximo en 2006 (105% del PIB por habitante europeo) y manteniéndonos por encima de la media UE en 2007 (104%), 2008 (102%) y 2009 (101%). Pero la crisis financiera y de la deuda nos llevó a una recesión, más grave en España, que volvió a alejarse de Europa, desde 2010 (96% del PIB por habitante UE-27) hasta 2013 (90%). Y aunque luego se recuperó ligeramente (92% en 2016), cayó fuerte con la pandemia (83% del PIB por habitante europeo en 2020), recuperándose después hasta el 92% de 2024.

Estos datos significan que España, aunque sea la 4ª mayor economía de la UE-27, está por detrás de 13 paises europeos que nos ganan en producción por habitante (PIB por habitante) y por tanto en renta y nivel de vida. En 2024, había 10 paises UE que produjeron más por habitante que la media UE-27 (índice 100) y por eso “son los más ricos”, según Eurostat: Luxemburgo (241% del PIB por habitante europeo, porque tiene un alto PIB y poca población censada), Irlanda (211% del PIB UE-27, porque tiene radicadas muchas multinacionales que facturan allí y producen en otros paises), Paises Bajos (produce el 135% de la media UE-27), Dinamarca (128%), Bélgica (117%), Austria y Alemania (producen el 115% de la media UE-27), Suecia (114%), Malta (109%, por ser paraíso fiscal y sede muchas multinacionales) y Finlandia (103%). A estos “10 más productivos y ricos” les siguen Francia (99% del PIB de la UE-27), Italia (98%) y Chipre (95%), ocupando el puesto 14º España, con un PIB por habitante que es el 92% de la media UE-27. En 2019 nos superó también Chequia y en 2023 nos superaba Eslovenia, dos paises que ahora están por detrás de España.

Lo llamativo de este ranking del PIB por habitante en 2024 es que los paises ricos del centro y norte de Europa han empeorado su productividad (PIB por habitante en relación a la media UE-27), por su menor crecimiento y la recesión en Alemania, mientras ha mejorado su situación la Europa del sur, que ha crecido más tras la pandemia. Así ha caído el porcentaje del PIB/habitante frente a la media (entre 2019-2024) de Austria (-9%), Alemania (-7%), Francia (-6%), Finlandia y Chequia (-4%) o Suecia (-3%), mientras reducían su brecha de productividad con la UE-27 Portugal (+5%), Grecia (+3%), Italia o Chipre (+2%) y España (+1%: del 91% en 2019 al 92% del PIB europeo en 2024). Eso quiere decir que los paises “malos” (“PIGS” ) de la crisis financiera se han comportado mejor que “los buenos” tras la pandemia, gracias al Plan de recuperación y a las ayudas nacionales.

En definitiva, el mayor crecimiento de España los últimos 4 años nos ha permitido reducir la brecha de productividad y riqueza con Europa, aunque poco. Y todavía somos el país nº 14 en PIB por habitante, aunque seamos el 4º económicamente más grande. Así que tenemos un problema “de fondo”, estructural, del que apenas se habla: somos poco productivos y por eso nuestros salarios y nivel de vida son más bajos que en la mayoría de Europa. ¿Por qué pasa esto? Básicamente hay 2 causas de fondo que explican que seamos menos productivos y por ello tengamos menos renta que dos tercios de los europeos: en España trabaja menos gente y trabajan peor, con menos eficacia y productividad. Veámoslo.

Primero, trabaja menos gente: hay menos personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 15 a 64 años ocupadas) era del 66,4% (4º trimestre 2024), frente al 70,9% en la UE-27, el 77,6% en Alemania, el 68,9 en Francia o el 62,2% en Italia (y el 75,5% en la República Checa o el 73,8% en Lituania, por ejemplo), según Eurostat. Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 1,5 millones de personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB por habitante y nuestra renta). Y si tuviéramos la de Alemania, en España trabajarían 3,6 millones más.

Segundo, los que trabajan lo hacen “peor”, son menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España (-13,11%), según la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Esta pérdida de productividad en las últimas dos décadas no se debe a la productividad del trabajo (PIB dividido por horas trabajadas), que ha crecido una media anual del +0,7% (menos que el +1,1% en la UE), sino a la caída de la productividad del capital (valor añadido generado por el capital disponible), que ha bajado un -1,2% anual. Y eso, por el exceso de inversión inmobiliaria, que ha supuesto un lastre para la productividad del capital en España, por el exceso de activos inmobiliarios poco productivos acumulados por las empresas. Y también por la baja inversión de las empresas españolas en “activos intangibles”, claves para aumentar la productividad: I+D+i, software y bases de datos, diseño, imagen de marca, formación y organización y gestión.

¿Por qué España tiene menos productividad? La causa que siempre se argumenta es nuestro modelo productivo, el elevado peso en la economía de los servicios (turismo, hostelería y comercio), actividades intensivas en mano de obra y con baja productividad, y el menor peso de la industria. Pero si España tuviera la misma estructura productiva del resto de Europa, seguiríamos teniendo un -10% de productividad, según la Fundación BBVA e Ivie, que señala otro factor que suele esgrimirse, con razón: el menor tamaño de nuestras empresas (exceso de pymes), lo que les dificulta financiarse, invertir e innovar. De hecho, el 80% de las empresas españolas tienen menos de 3 trabajadores y sólo hay 5.273 empresas (el 0,18%) con más de 250 trabajadores. Pero resulta que cuando se comparan las empresas españolas con las alemanas, francesas o italianas, todas producen entre un 10 y un 20% menos, independientemente de su tamaño.

Por eso, estos expertos argumentan otras causas con más peso. La primera y fundamental, la menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Hay pocos trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales y las empresas españolas. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de organizar equipos, apoyados en el “ordeno y mando”. La 2ª causa es la falta de tecnología e innovación en las empresas. En España, el gasto en I+D+i fue del 1,49% del PIB en 2023, frente al 2,25% en la UE-27. Y esta baja inversión en tecnología es aún menor en las empresas (0,7% del PIB, la mitad que las empresas europeas). Un tercer factor que juega contra la productividad es la caída de la inversión en España, pública y sobre todo privada, desde 2008. Otras causas se atribuyen a factores institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa ), mucha  burocracia (sólo en 2022, el Estado y las autonomías aprobaron 11.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes superen los 50 trabajadores.

Al final, la reflexión es que el crecimiento de España se ha basado en el esfuerzo, en el trabajo (se hacen más horas que en otros paises) y el capital tangible (maquinaria, naves e infraestructuras) más que en el progreso tecnológico, la innovación y la inversión en intangibles (desde la imagen de marca al big data). Urge avanzar por un triple camino: mejorar la productividad del trabajo (empleados mejor formados), mejorar la productividad del capital (invirtiendo en tecnología que permita producir más) y mejorar la organización y gestión de las empresas, para ser más productivos con el trabajo y el capital disponibles. Tareas que exigen cambios de fondo en la enseñanza (de la escuela a la Universidad), en el reto tecnológico y digital, en la comercialización y exportación, en la organización del trabajo y en las políticas públicas, que deben dirigirse a promover la productividad global.

Para avanzar en estos retos, el Gobierno Sánchez aprobó el 30 de julio de 2024 el Consejo Nacional de Productividad, integrado por 15 expertos independientes que ha de elaborar jun informe anual con medidas para mejorar la productividad. El objetivo será “conseguir empresas más grandes, más productivas y competitivas”, según el ministro de Economía. Podría ser un instrumento clave para reorientar la economía y dirigir los 140.000 millones de Fondos europeos (subvenciones y créditos) que España debe invertir antes de agosto de 2026, apoyados por la nueva empresa pública de Transformación Tecnológica (SETT), donde se agruparán las participaciones públicas en empresas tecnológicas. 

La mejora de la productividad de España es uno de esos grandes retos del que casi no se habla, en medio de la polarización política y las sucesivas crisis (pandemia, Ucrania, inflación, aranceles…). De momento, la OCDE espera que España vuelva a crecer en 2025 más que el resto de Europa (+2,4% frente al 1% la UE-27), lo que reducirá otro poco la brecha europea (quizás hasta el 94% de la media UE). Pero debemos aspirar a más, a estar en el Top 10 del ranking europeo de productividad y riqueza. Eso supone avanzar en modernizar la economía y hacerla más competitiva, para conseguir que, en las próximas 2 décadas, España sea más productiva y tengamos más empresas competitivas. Nos jugamos mejorar el nivel de vida y acercarnos a la Europa rica. Es nuestra gran asignatura pendiente.

Guerra comercial: el chantaje de Trump

Trump ha declarado una guerra comercial a 185 paises del mundo, algo inédito. Lo justifica porque han “estafado” a EEUU, provocando déficits comerciales y hundiendo su economía, obviando que son ellos quienes han perdido competitividad y se han lanzado a fabricar en  medio mundo. Europa se debate entre negociar y defenderse con nuevos aranceles, como ha hecho China. Pero Trump no dará marcha atrás: ha lanzado un “chantaje” y pretende conseguir dinero (hasta 600.000 millones) y contrapartidas para sus tecnológicas, para bajar impuestos en USA y consolidar su revolución de extrema derecha. Si Putin se saltó hace 3 años todas las reglas al invadir Ucrania, ahora Trump (otro autócrata) se salta todas las reglas económicas para imponer al mundo unos aranceles que nos van a empobrecer a todos. Como frente a Putin, hay que aliarse frente a Trump, porque lo que está en juego no son las ventas de coches, aceite o vino, sino la ruptura de las reglas de juego y el futuro de Europa. Ya sabemos por la historia que no se detiene a un dictador negociando.

             Trump "justifica" con mentiras sus aranceles a 185 paises

El anuncio de aranceles de Trump, el 3 de abril, fue un “reality show” para consumo interno en EEUU, para sus 77 millones de votantes, aunque el resto del mundo lo siguiera conteniendo la respiración. Sus argumentos fueron tan simples como su populismo: el mundo se ha aprovechado de EEUU, “nos han timado”, invadiéndonos con sus productos, que han hundido a las empresas y al campo norteamericano, con pérdida de riqueza y empleo. Y ha llegado la hora de responder, “el día de la liberación”: les vamos a imponer aranceles, para recuperar parte de lo que nos han “robado”. Una explicación “simplista” y “falsa”: EEUU ya no es la potencia económica que era hace tres décadas porque su economía ha perdido competitividad y porque muchas empresas norteamericanas han preferido fabricar en China, Vietnam o México para ahorrarse costes y ganar más. EEUU compra más fuera porque los norteamericanos apuestan por coches coreanos o teléfonos fabricados en China.

Pero claro, esa no puede ser la explicación de un presidente “nacionalista”, que prefiere recurrir al viejo tópico del “enemigo exterior” para “hacer a America grande de nuevo”, en lugar de explicarles que han de reconvertir a fondo su economía para competir en un mundo globalizado. Y como buen “populista”, Trump apuesta por “soluciones simples”: seremos un país grande de nuevo si ponemos “aranceles”, impuestos a los productos extranjeros” (una medida del siglo XIX, sin sentido hoy) y obligamos a las empresas (las norteamericanas y las extranjeras) a instalarse en Estados Unidos. Es el cuento de la lechera: “así vamos a ingresar millones de dólares y a recuperar empresas y empleos”.

Y para poner en marcha esta estrategia unilateral frente al mundo, se inventa una fórmula que es otra mentira: vamos a imponer unos “aranceles recíprocos”, para responder a los aranceles que otros paises imponen ahora a EEUU. Y como somos “buenos”, en lugar de responder con el arancel que ellos nos imponen, les impondremos un arancel más bajo. Todo mentira. La fórmula (verla al lado), una ecuación teóricamente “sesuda” (incluso con letras griegas) es un invento (otro): refleja solo una cosa, el déficit comercial que tiene cada país con EEUU, que es el criterio para imponerles ahora los aranceles. Veamos el caso de Europa. El arancel a imponer a la UE-27 sale de dividir el déficit comercial (235.600 millones) entre las importaciones USA (605.800): da 39%. Nada que ver con el arancel real que aplica Europa a los productos USA, que ronda el 3%. Y como “somos buenos”, añade Trump, divido ese 39% por la mitad y, redondeando, me sale ponerles un 20% de arancel…

Y así con todos los paises que venden a EEUU más de lo que les compran, 185 paises del mundo, incluidas dos islas autónomas australianas (Heard y McDonald) donde sólo viven pingüinos y excluyendo a Rusia, Bielorrusia, Cuba y Corea del Norte. … No hay “formulas” que valgan: los aranceles se imponen unilateralmente contra todos los paises (un 10% de entrada), pero se agravan contra los paises con los que EEUU tiene más déficit comercial. En 2024, ese déficit comercial (importaciones-exportaciones) alcanzó la cifra récord de -1.212.000 millones de dólares (1,2 billones), más que en 2013 (1,06 billones) y 2023 (1,17 billones). La cuarta parte del déficit total USA fue por China (-295.400 millones $), seguida de la Unión Europea (-235.571 millones $), México (-171.189 millones $), Vietnam (-123.436 millones), Taiwán (-73.900 millones), Japón (-68.500 millones $) y Canadá (-63.336 millones).

Y estos son, justamente, los paises a los que Trump ha aplicado sus aranceles más altos, no porque estos paises les apliquen a ellos aranceles (apenas tienen) sino porque son quienes les venden más que les compran, bien porque tienen productos más competitivos o bien porque en ellos fabrican muchas multinacionales USA (coches Tesla o iPhone de Apple en China o zapatillas Nike en Vietnam). Así, el mayor arancel se impone a China (39% ahora, que se suma al 20% de aranceles impuestos en enero y febrero: 54%), seguida de Lesoto (50%: allí se fabrican los Levi´s), Camboya (49%), Vietnam (46%),Sri Lanka (44%), Bangladés (37%), Tailandia (36%), Taiwán e Indonesia (32%), India (26%), Suiza (31%), Sudáfrica (30%),Corea del Sur (25%), Japón y Malasia (24%) y Europa (22%), con un 10% para Reino Unido (ver listado de aranceles por paises).

Estos nuevos aranceles entraron en vigor el 5 de abril (para los 117 paises a los que “sólo” les aplica un 10%) y desde este miércoles el 9 de abril para los 40 paises con aranceles más altos, entre ellos los paises europeos. Pero estos son “los nuevos” aranceles, porque hay otros aranceles USA que ya se están aplicando. Recapitulemos. El 4 de marzo entraron en vigor los aranceles del 25% a México y Canadá (al 50% de los productos, los que están excluidos del Tratado de Libre Comercio). El 12 de marzo entraron en vigor los aranceles del 25% a todas las importaciones extranjeras de aluminio y acero. El 3 de abril se empezaron a cobrar los aranceles del 25% a los coches extranjeros (las piezas lo pagarán desde el 2 de mayo). Y también están en vigor los aranceles que se impondrán a los paises que compren petróleo a Venezuela (España entre ellos). Y además, el 2 de mayo entra en vigor la extensión de aranceles (54%) a los productos chinos que lleguen en pequeños paquetes (por importe inferior a 800 euros), que hasta entonces no pagan aranceles.

Hasta aquí el “órdago” de Trump, el “chantaje” de Trump al mundo, que ya es un hecho. Ahora, está sentado a la espera de que el mundo “negocie”, le ofrezca algo (“tiene que ser fenomenal”, ha dicho) para rebajar estos aranceles que, insisto, ya están en marcha. En el caso de Reino Unido, ya ha anticipado que podría ser una rebaja de impuestos y controles a los grandes de Internet (sus financiadores y socios), algo que también va a pedir a la Unión Europea. Y por si acaso el mundo no cede, dice que estudia futuros aranceles específicos al vino y bebidas alcohólicas, cobre, los productos farmacéuticos, la madera, los minerales críticos y la energía (petróleo y gas).

De momento, China, el país más afectado, se queja ante “una intimidación unilateral” y ha respondido anunciando nuevos aranceles a EEUU del 34% (como los últimos de Trump) a partir del 10 de abril. Ya había respondido antes a los aranceles USA  que sufre desde enero (10%) y febrero (otro 10%), imponiendo aranceles del 10 al 15% a muchos productos norteamericanos, desde alimentos a productos manufacturados y energía (por un valor global de 35.000 millones de euros). Ahora la respuesta es más contundente, porque los últimos aranceles USA afectan a 440.000 millones de exportaciones chinas. Pekín ha anunciado otras medidas, como penalizar exportaciones a 27 empresas USA (que se suman a otras 15 penalizadas antes) y restringir la venta de minerales estratégicos a empresas norteamericanas, además de abrir una investigación antimonopolio a Google y denunciar a EEUU ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Y ¿cómo reacciona Europa? En principio, con muchas palabras y pocos hechos. La presidenta Von der Leyen dijo que estos aranceles serán “nefastos para millones de personas en el Planeta”, pero mantiene abiertas todas las puertas para negociar con Trump antes de aprobar aranceles a los productos made in USA. El viernes ya hubo contactos (telemáticos) y la Comisión mantiene las puertas abiertas a negociar con Trump antes de contraatacar. De hecho, hasta el 9 de abril no se votarán en Bruselas los aranceles europeos de respuesta (a la soja, algunos wiskis y motos) a los aranceles impuestos ya al aluminio y acero (25% desde el 12 de marzo), que entrarían en vigor el 15 de abril. Y todavía no han cerrado una 2ª lista de aranceles europeos para responder a los aranceles al automóvil (25% desde el 3 de abril) y a los aranceles adicionales del 20% impuestos el 3 de abril. Cada país tiene su lista y no resulta fácil pactar la respuesta, que sería para el 15 de mayo. 

La gran "baza negociadora" de Europa es presionar con más controles normativos (evaden todas las normas de libre competencia)  e impuestos (apenas pagan)  a los gigantes de Internet USA (Google, Meta, Amazon, X, Microsoft ..), que tienen en Europa un gran negocio online (publicidad, búsquedas, ventas online, redes sociales, centros de datos...), con un superávit a favor de EEUU frente a Europa del que no habla Trump: +109.000 millones de euros en 2023, según la Comisión Europea. 

El mayor error que puede cometer Europa es retrasar su respuesta o dar señales de debilidad ante EEUU. Porque Trump, como Putin, sólo valora a los “enemigos” fuertes, se agranda frente a los débiles (como “los abusones” del patio de colegio…). Y si no ven una actitud dura y firme en Europa, no van a ceder sino que amenazarán con nuevos aranceles. Hay que dar una respuesta firme y rápida a Trump por tres razones. Una, porque se ha saltado toda la legalidad internacional, al imponer unilateralmente aranceles, al margen de la OMC. Otra, porque Europa es la primera potencia comercial del mundo (450 millones de consumidores) y tiene que aparecer como “un faro” para el resto del mundo, liderar la respuesta a Trump y no intentar “librarse en lo posible” cediendo. Y la tercera, porque estos aranceles van a hundir la economía europea, que apenas crece, en otra recesión.

Esto es lo que el mundo debería entender y contraatacar: los aranceles de Trump van a dañar a todos los paises y a la mayoría de empresas y consumidores (incluidos los de EEUU). Por un lado, imponer aranceles conduce a encarecer todos los productos importados un 20 o un 25%, lo que hará subir la inflación, en Europa y en todo el mundo. Por otro, muchos paises podrán exportar menos y eso llevará a hundir sus ventas, su crecimiento y sus empleos. En el caso de Europa, se estima un daño de 750.000 millones de euros en 4 años (200.000 sólo en Alemania, el país más afectado junto a Irlanda, Italia y Francia), según el Instituto de Economía alemán. Y la Comisión cree que están en riesgo una cuarta parte de las exportaciones europeas a EEUU, nada menos que 133.000 millones en riesgo (la UE exportó por valor de 531.600 millones de euros). Es un tema muy serio, con muchas empresas y empleos en juego. En el caso de España, el daño será menor: están en riesgo 4.500 millones de los 18.179 millones exportados en 2024.

Y además de los aranceles, Trump está jugado otra “carta secreta”, que ya intentó EEUU el siglo pasado: depreciar el dólar, otra medida que también “empobrece” al resto del mundo, como los aranceles. Con una moneda más débil, EEUU tiene más fácil exportar sus bienes y servicios (desde el petróleo a la tecnología), porque son más baratos. Y el resto del mundo ve como se encarecen sus productos y venden menos en USA, no sólo por los aranceles. Los datos indican que el dólar se ha depreciado un -7,76% frente al euro desde la llegada de Trump a la Casa Blanca (el euro cotizaba el viernes  a 1,1035 dólares, frente a 1,024 el 13 de enero), con lo que los productos europeos son un 7,76% más caros.

Con los aranceles actuales y futuros y la debilidad del dólar, el daño económico de Trump al resto del mundo es muy preocupante. ¿Qué pretende Trump? . No está loco, tiene una estrategia de la que apenas se habla. Con estos aranceles pretende ingresar muchos millones del resto del mundo (hasta 600.000 millones de dólares anuales, 81.000 de Europa) para financiar con ellos, y con lo que se ahorre cuando Musk acabe de desmantelar la Administración y el gasto público USA (otros 400.000 millones), tener una “hucha” de 1 billón de dólares para poner en marcha su revolución conservadora: bajar drásticamente los impuestos (más a los ricos, pero también a la mayoría de norteamericanos) y promover un mayor poder de las grandes empresas tecnológicas, para defender sus valores de extrema derecha no sólo en EEUU sino en el resto del mundo, en especial en Europa. Sabe que ahora pueden caer las Bolsas, subir la inflación en EEUU y crecer menos a corto plazo, pero confía en que la bajada de impuestos y el tirón empresarial le lleven a asentarse en el poder, incluso a cambiar la Constitución para un tercer mandato (o para Vance y sus seguidores).

Así que lo que está en juego no es sólo si Europa vende menos coches en EEUU o si los españoles venden menos aceite o vino ni que comprar cualquier producto extranjero (electrónica, teléfonos, ropa y zapatillas, medicamentos) sea más caro. Lo que está en juego son unas relaciones económicas internacionales sin control, donde un autócrata sin contrapesos impone su Ley, la del más fuerte, empobreciendo al resto del mundo para financiar su modelo político de extrema derecha, intentando desmantelar el modelo europeo. Ya lo hizo Putin en 2014, con la invasión de Crimea, y como nadie reaccionó, lo repitió en Ucrania. Ahora, Trump declara al mundo esta “guerra comercial”, frente a la que no valen medias tintas. Ya sabemos por la historia qué pasa cuando no se hace frente a un dictador. Urge que Europa busque aliados y medidas eficaces (como controlar más a los gigantes de Internet) para frenar a Trump. No podemos perder esta guerra.

Justicia: arranca una reforma histórica

Hoy 3 de abril entra en vigor la Ley orgánica para mejorar la eficiencia de la Justicia, la mayor reforma de los tribunales en 70 años. Antes de finales de 2025,  los Juzgados de jueces unipersonales se integrarán en Tribunales de Instancia, con varios jueces que se repartirán los casos y coordinarán sentencias, apoyados por Oficinas judiciales. También se crean Oficinas municipales de Justicia, donde harán sus trámites judiciales los ciudadanos. Y  además, se obliga a quien presente un litigio, que busque antes una mediación para intentar acuerdos extrajudiciales. El objetivo es reducir los litigios y agilizar los trámites, que hoy duran años, más que en Europa. En paralelo, se ha reformado la carrera judicial, para que haya más jueces y menos endogamia. Toda esta reforma, bien recibida por los expertos, necesita ahora financiación, personal, digitalización y rodaje, así como implicación de los jueces. Pero necesitamos que funcione, porque afecta a nuestra vida (años para dirimir una custodia de hijos, un despido o una herencia) y a nuestra economía.

                             Enrique Ortega

El colapso de la Justicia es una asignatura pendiente en España desde hace siglos. Y los datos revelan que no mejora: a finales de 2023 había casi 4 millones de asuntos pendientes en los Tribunales españoles (+1,3 millones que en 2022), tras dictarse 1,5 millones de sentencias, según el Observatorio de la Justicia 2024 de Aranzadi. Eso se debe a que, aunque crecen algo las sentencias (cada juez dictó 278 sentencias, +1,1%), crecen mucho más los litigios: entraron 7 millones en 2023. Y esta tremenda litigiosidad provoca dos consecuencias. Por un lado, enormes retrasos en la resolución de los procesos judiciales: más de 2 años en la jurisdicción civil, más de 1 año en los juicios penales, varios años en los procesos contenciosos administrativos, hasta 18 meses y más en las demandas por despido y hasta varios años para dirimir una custodia de hijos o una herencia, según este estudio. Y además, los retrasos judiciales causan pérdidas económicas: hay 4.800 millones de euros bloqueados en cuentas de los juzgados sin entregar a particulares y empresas.

La Comisión Europea lleva años presionando a España para que reforme la Administración de Justicia, porque sale mal parada en los exámenes anuales a los paises de la UE-27. El último, “The 2024 EU Justice Scoreboard”, revela que España es el 4º país europeo donde más se retrasan las sentencias judiciales, sólo por detrás de Chipre, Italia y Grecia: 350 días de media en 1ª instancia, 340 días en 2ª instancia (Tribunales superiores) y hasta 700 días si se recurre a la 3ª instancia (Supremo), el doble de la media de la UE. Además, el examen revela que España está a la cola europea en jueces (11 por 100.000 habitantes, frente a 25 Alemania), aunque el gasto en Justicia (101 euros por habitante) está en la media europea. Y otro punto negro de nuestra Justicia es que los ciudadanos no la ven “independiente”: somos el 6º país UE con menos percepción de independencia, sólo por detrás de Hungría, Bulgaria, Polonia, Eslovaquia e Italia, según el Eurobarómetro 2024.

Este complejo panorama justifica la insistencia de Bruselas en que España mejore la Justicia. Por eso, su reforma se incluyó como un reto clave en el Plan de Recuperación, como una de las exigencias para recibir esos 140.000 millones de subvenciones y créditos previstos hasta 2026. En este caso, el plazo para aprobar la reforma se acababa el 31 de diciembre de 2024 y el Gobierno lo cumplió “in extremis”: el 19 de diciembre consiguió que el Congreso aprobara la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por el Consejo de Ministros el 12 de marzo de 2024. Al final, el Gobierno la sacó  la adelante por 177 votos a favor y 170 en contra (PP, Vox y UPN), con lo que al día siguiente (20 diciembre) pidió a Bruselas el 5º pago de los Fondos Europeos (25.000 millones en subvenciones y créditos), que dependían de esta y otras reformas.

Esta Ley Orgánica 1/2025 es una macro Ley, con más de 300 artículos que reforman unas 30 normas vigentes, algunas no modificadas desde hace 70 años y otras con más de un siglo de antigüedad. La reforma, que debe materializarse entre julio y diciembre de 2025, supone 3 grandes cambios. El primer cambio supone la reorganización de los Juzgados : los actuales Juzgados unipersonales (3.800), vinculados a un Juez titular, se integran en los Tribunales de instancia (431, tantos como partidos judiciales), que serán ahora los Tribunales de 1ª instancia, el primer escalón para acudir a la Justicia. Estos Tribunales de Instancia estarán formados por varios jueces (uno será el presidente), que se repartirán el trabajo, lo que permitirá una mayor integración, especialización y coordinación, evitando diferencias de interpretación que ahora aumentan los recursos en 2ª instancia. Así que los nuevos Tribunales de Instancia serán más colegiados y tratarán de compartir recursos y experiencia, apoyados cada uno por una Oficina Judicial que aportará sus funcionarios, personal y medios. Además, se contempla en algunos casos las sentencias “orales”, más rápidas, que luego serán documentadas.

El segundo cambio es que los Juzgados de Paz de los pueblos se incluyen en las Oficinas Municipales de Justicia, el futuro lugar donde los ciudadanos presentarán sus litigios y harán sus trámites con la Justicia, sin tener que desplazarse a la capital de la provincia. Además, se pondrá en marcha en esta Oficinas municipales de Justicia servicios telemáticos, tanto para enviar documentos como para poder realizar declaraciones telemáticas. Serán una especie de ventanillas públicas judiciales, como una ventanilla única que facilite trámites.

La tercera pata de la reforma (y quizás la más importante) es promover la mediación, exigir a ciudadanos y empresas que acudan antes a los servicios de un mediador que a un Juzgado, que no aceptará una demanda si antes no se ha intentado un acuerdo con un mediados profesional independiente. Ahora, la Ley obliga a las partes implicadas en un litigio que acudan primero a mediadores profesionales, empresas y profesionales neutrales que tratarán de buscar un acuerdo para no acabar en un Juzgado (quedan fuera los litigios en materia penal, laboral y concursal). Para incentivarlo, además de no aceptar el recurso si no se ha acudido a una mediación, se permitirá la suspensión de la ejecución de una sentencia para acudir a una mediación y se penalizan algunas “costas procesales”.

Con esta tercera medida se trata de reducir los nuevos litigios que llegan a los Tribunales cada año (7 millones en 2023) y con las otras dos, que los Tribunales trabajen de forma más colectiva y eficiente, con parte del trabajo ahora descentralizado en las Oficinas Municipales. Además, la Ley orgánica contempla otros cambios importantes. Uno, la ampliación de competencias de los actuales Juzgados de Violencia contra la Mujer, que asumirán (a finales de 2025) nuevos delitos para los que en principio tienen mayor especialización (y “sensibilidad”): delitos contra la libertad sexual, la trata o el acoso machista. Aunque se ampliarán con más jueces, algunos magistrados han advertido que “colapsarán”.

Otro cambio importante se dará en los litigios laborales: a partir del 3 de abril, las partes en conflicto (empresa y trabajador) tendrán que presentar sus pruebas (documentales y periciales) 10 días antes del juicio, en formato electrónico. Con ello, se obliga a las partes a “enseñar sus cartas” antes del juicio, buscando aumentar los acuerdos de conciliación y desatascar los Juzgados de lo social. Además, la Ley incluye (por presión del PNV) los juicios rápidos contra la ocupación de viviendas y locales, en un plazo de 15 días. Y también se aprovecha esta Ley para suprimir la “Golden Visa” aprobada por Rajoy en 2013 (dar la nacionalidad española a quien compre un piso o invierta en España más de 500.000 euros) y para abrir una vía a las Comunidades de vecinos que no quieran un piso turístico: podrán negar el permiso a que se instale en su edificio (ojo: a partir del 3 de abril) si lo votan el 60% de los vecinos…

El “mundo jurídico”, sobre todo los abogados y expertos ha recibido “bastante bien” estos cambios de una Ley en la que Justicia trabajaba desde la época de Gallardón (PP). Creen que la reorganización y agrupación de los Juzgados puede agilizar procesos y coordinar criterios, reduciendo las apelaciones. Pero todos ponen el énfasis en un tema: hacen falta medios, desde jueces y funcionarios a una digitalización de Juzgados y oficinas, sobre todo ahora las Oficinas Municipales, que quieren ser “la antecámara de la Justicia”. Y como ya es habitual, se ha aprobado la Ley pero no su financiación,  más en entredicho porque llevamos dos años sin Presupuestos y no parece fácil aprobar unos para 2026.

Otro problema que preocupa a muchos expertos es que la exigencia de mediación previa antes de ir a un Juzgado retraiga a muchos ciudadanos y empresas pequeñas, que no tienen experiencia o presupuesto para pagar a un mediador (y más si creen que después pueden acabar pagando abogado, procurador y las costas del juicio si pierden). Por eso, es importante multiplicar la oferta de mediadores, que la gente confíe en su trabajo y comprenda que es mejor un acuerdo regular hoy que un mejor acuerdo dentro de varios años (“Es mejor mala avenencia que buena sentencia”, dice el refrán). En el caso de los litigios contra los bancos por cláusulas abusivas, se obliga a los clientes a hacer una reclamación extrajudicial previa a la entidad, que deberá contestarse en el plazo de un mes. Y en el caso de reclamaciones frente a empresas, se podrá imponer una penalización a los empresarios que no contribuyan a una solución consensuada (ver casuística).

Con todo, muchos expertos creen que no basta con más presupuesto, más medios y más digitalización para agilizar la Justicia en España. Que la clave sigue estando en los jueces y en cómo organizan los Juzgados y su trabajo. Y aportan, como ejemplo, este dato: la tasa de resolución (asuntos resueltos/asuntos ingresados) ha bajado, del 102,8% en 2013 al 92% en 2023. O sea que los jueces apenas sacan más sentencias (+1,1% en 2023), pero como entran muchos más litigios, no aumentan apenas su eficacia. Y eso tiene mucho que ver con cada Juez y la organización de cada Juzgado, con enormes diferencias entre ciudades y autonomías, con jueces “más productivos” y otros mucho menos. Por eso, muchos profesionales del Derecho piden que el Consejo del Poder Judicial realice más evaluaciones de resultados y que se incluyan incentivos por eficacia, no el “café para todos”.

Algo que mejoraría la “eficacia judicial” sería ampliar el número de jueces, porque tenemos menos que en Europa y porque apenas han crecido las plantillas (5.799 jueces en 2023, sólo 437 plazas más que en 2013, a pesar del aumento de los litigios). Para ampliar las plantillas de jueces, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de Ley, el 21 de enero, para reformar la carrera judicial, Ley que pretende aprobar en el Congreso en junio (difícil, porque la mayoría de las asociaciones de jueces están en contra).

La reforma tiene 4 patas: igualdad de oportunidades en el acceso a la judicatura (con becas para que los opositores sobrevivan los 4 años que dura), creación de una Escuela pública para opositores (ahora, a la mayoría les preparan jueces en activo, muchos cobrando “en negro”, lo que favorece la endogamia judicial), cambios en el examen para juez y fiscal (se suprime una prueba oral y se cambia por un caso práctico, por escrito y anónimo, sin el nombre del candidato) y medidas para ampliar el número de jueces (permitiendo el acceso extraordinario de jueces “sustitutos”: 913 hoy, algunos “ejerciendo” desde hace más de 20 años), reforzando el acceso por el 4ª turno (juristas con reconocido prestigio). Además, la reforma incluye cambios en la elección de los órganos judiciales (Salas de Gobierno o Comisiones de ética), para conseguir que haya más “pluralidad” (ahora, la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, copa la mayoría de los cargos judiciales). Y elegirlos por 3 años en vez de por 5.

En resumen, que Europa nos ha forzado a una reforma de la organización de la Justicia que no había intentado ningún Gobierno democrático en España. Por eso, la aprobación de esta Ley Orgánica ya es un avance, aunque hubiera sido mejor que la apoyara el PP.  Ahora falta ponerla en marcha y eso requerirá tiempo, medios, personal, digitalización y presupuesto. Y sobre todo, la implicación de los jueces, los primeros interesados en demostrar que la Justicia funciona y en reducir las esperas (meses y años), que afectan a miles de ciudadanos y empresas y que paralizan millones de euros a la espera de ejecutar sentencias. ”La justicia retardada es injusticia manifiesta”, dice el refrán.  Un país moderno y eficiente necesita una Justicia que funcione, en todas las ciudades y regiones. Es hora de intentarlo, de poner las bases para conseguir una Justicia más ágil en una década. Amén.