La ayuda de un euro fuerte

El euro cumplió en enero 21 años en nuestros bolsillos. Y sigue cotizando por encima del dólar (costaba 1,071 dólares el viernes), tras superar el bache de 2022, cuando cotizó por debajo. Este euro más fuerte ayuda a Europa, porque quita presión a la inflación, al reducir el coste de la energía y los productos importados, ahora más baratos (-10,5%). Pero también es una mala noticia, porque dificulta las exportaciones (que mantienen el crecimiento en España) y retrae el turismo con dólares, al que viajar a España le sale más caro. Con todo, el euro se mantiene como la 2ª moneda más usada en el mundo, tras el dólar, que resiste los intentos de China para que medio mundo utilice su yuan. Mientras, el BCE prepara el euro digital, para 2026, con retraso frente al yuan digital, que avanza en China, mientras EEUU retrasa aún más su dólar digital. En papel o digital, la clave del euro es que la economía europea se fortalezca. Y eso es difícil.

Enrique Ortega

El euro nació en los mercados financieros el 1 de enero de 1999, aunque durante los tres primeros años fue una “moneda invisible”: sólo se utilizaba a efectos contables y en pagos electrónicos. Las monedas y billetes en euros se pusieron en circulación el 1 de enero de 2002, en 12 paises de la UE, entre ellos España. Nació en 1999 cotizando por encima del dólar (1,07 dólares por euro), pero enseguida perdió la paridad, desde 2.000 hasta 2002 (0,95 dólares). Y se recuperó en 2003 (cotizando a 1,13 dólares), hasta alcanzar su máximo anual en 2008 (1,47 dólares por euro). Con la crisis financiera y la debacle de la deuda europea, cayó hasta alcanzar un mínimo en 2015 (1,11 dólares). Así se mantuvo (entre 1,11 y 1,18 dólares) hasta 2022, cuando la invasión de Ucrania y la inflación disparada revalorizaron al dólar como “moneda refugio”. Y el euro volvió a perder la paridad, costando menos de 1 dólar entre el 22 de agosto y el 8 de noviembre de 2022. Pero las rápidas subidas de tipos del BCE y el temor a una crisis bancaria en EEUU han fortalecido la moneda europea, que el viernes cotizaba a 1,071 dólares, un +10,5% sobre los peores momentos de 2022 (0,96 dólares en septiembre).

Este fortalecimiento del euro frente al dólar supone una ayuda a las economías europeas, porque “quita presión a la inflación”, el mayor problema del continente. ¿Cómo? Pues reduciendo el coste de los productos importados que se pagan en dólares (ahora “más baratos”), reduciendo el efecto negativo de “la inflación importada”. La mayoría de la energía (petróleo, gas, carbón) se paga en dólares, al igual que los metales (hierro, acero) y muchas materias primas, además de los alimentos. Y todos estos productos importados que se pagan en dólares son ahora un 10,5% más baratos que en septiembre de 2022. Así que los europeos tenemos dos ayudas. Una, que ha bajado el coste de la energía y de muchas materias primas. Y la otra, que a esta rebaja se suma la rebaja de pagar en dólares “más baratos”. Un ejemplo, el petróleo. Ha bajado de 90 euros el barril (septiembre 2022) a 76 dólares (mayo), una rebaja del -15,6%. Pero ha bajado más en euros: de 93,8 a 69,1 euros, un -24,9%. Es la ayuda de tener un euro más fuerte.

Como la mayoría de paises europeos importa más que exporta (también España: 457.381 millones de euros frente a 389.208 millones en 2022), esta ayuda del euro fuerte ha sido clave para bajar la inflación, junto a las bajadas de la energía y las materias primas. Así, la inflación anual de la zona euro ha bajado del 10,6% en octubre (el peor dato) al 7% en abril, según Eurostat. Y en España más: del 7,3% en octubre al 3,8% en abril pasado. Y lo mismo en Alemania (del 11,6 al 7,6%), Francia (del 7,1 al 6,9%) e Italia (del 12,6 al 8,7%).

Pero ojo, tener un euro más fuerte que el dólar también supone problemas, básicamente dos. El primero, que resulta más difícil exportar a otros paises, sobre todo a los que pagan en dólares, porque los productos europeos les resultan ahora más caros (+10,5% que en septiembre pasado), al debilitarse el dólar frente al euro. Esto es clave para todos los paises, pero especialmente para España, donde llevamos varios años en que las exportaciones son claves para sostener el crecimiento. Así pasó en 2022: las exportaciones aportaron casi la mitad del crecimiento español (+2,6% del 5,5%). Y en el primer trimestre de 2023, la aportación exterior fue la clave (+1,3%), junto a la inversión,  de que la economía creciera algo (un +0,5%), ya que cayó el consumo (-1,4%), según el INE.

Así que los exportadores miran con recelo la fortaleza del euro, porque les costará más vender fuera, aunque nos beneficie a los consumidores. De momento, esta fortaleza del euro perjudica menos a las exportaciones españolas (y alemanas), que vendemos menos a paises que pagan en dólares (un 30% del total de nuestras exportaciones), que a las exportaciones de Francia e Italia, más vinculadas a compradores de fuera del euro. Los últimos datos lo corroboran: si las exportaciones española crecieron un +21,2% en  2021 y un +22,9% en 2022, batiendo récords históricos, en el primer trimestre de 2023 crecen un +14,6%, menos pero el doble que las de la zona euro (+7,7%) y más que las de Alemania (+7,8%), Francia (+9,5%) e Italia (+9,8%). Claro que también ayuda que la inflación en España sea la más baja de Europa y que tengamos unos salarios un 31,5% inferiores a la zona euro (23,5 euros la hora frente a 34,3 euros en la UE-20, según Eurostat): menores costes y precios que ayudan a contrarrestar que ahora nuestros productos sean más caros en dólares.

El otro problema de tener un euro más fuerte que el dólar es que perjudica la llegada de turistas, al menos los que viajan con dólares, porque se les encarecen los paises del euro. Y eso es especialmente preocupante para España, el 2º mayor destino de turistas del mundo, que espera superar este año los 83.7 millones de turistas extranjeros que llegaron en 2019. Un turismo que es clave para sostener la economía y el empleo, porque se espera que deje casi 100.000 millones de euros en divisas. El riesgo es que ahora, con un euro más fuerte que les obligará a gastar más dólares, o no vengan (y se vayan a Turquía, Marruecos, Túnez o Egipto, donde su moneda se ha revalorizado) o vengan menos días o gasten menos, sobre todo los turistas de Alemania y Reino Unido, dos paises en recesión.

Los expertos apuestan porque la moneda europea siga fuerte el resto de 2023, salvo que se complique la guerra en Ucrania o vuelva a dispararse la inflación. Y eso porque el BCE va a seguir subiendo los tipos en junio y quizás en julio, mientras quizás no lo haga la Reserva Federal USA (aunque allí están en el 5,25% frente al 3,75% en Europa), lo que puede atraer inversiones y fortalecer al euro, sobre todo porque los mercados temen que caigan más bancos regionales en EEUU. Y aunque Europa apenas crece (+01% la zona euro, en el primer trimestre) y Alemania está ya en recesión (dos trimestres, el 4º de 2022 y el 1º de 2023 con la economía cayendo), también hay nubarrones sobre el futuro de la economía USA: la Reserva Federal ha anunciado una posible recesión en EEUU, una caída del crecimiento en el 4º trimestre de 2023 y el 1º de 2024, como fruto de las subidas de tipos.

Mientras esperamos la evolución de la cotización del euro, la moneda europea avanza, dentro y fuera del continente. Dentro, ya es la moneda de 20 paises europeos, tras la incorporación al euro de Croacia (1 enero 2023), que se suma a las de Lituania (2015), Letonia (2014), Estonia (2011), Eslovaquia (2009), Malta y Chipre (2008) y Eslovenia (2007). Ahora, está previsto que se incorporen al euro Bulgaria (1 enero 2024) y Rumanía (2029). Los demás paises, o no están por la labor de perder su moneda (caso de Suecia o Dinamarca) o tienen complicado cumplir las exigencias económicas que se piden para ingresar en el euro (caso de Polonia, Hungría o Chequia).

A nivel mundial, el euro gana peso pero muy lentamente. Actualmente, es la 2ª moneda mundial: 60 paises de fuera de la UE utilizan el euro como moneda o han vinculado su moneda al euro, según la Comisión Europea. En 2022, el 20,5% de las reservas mundiales están en euros (frente al 18,5% en 1999 y el 20% en 2015), sólo por detrás del dólar USA, que acapara el 58,4% de las reservas mundiales (frente al 72% en 1999) y por delante del yen japonés (5,5%), la libra (4,9%) y el resto de monedas (10,7%, la mayoría el yuan chino). En las transacciones en divisas, el peso del dólar es mayor (el 88% del total) y también en las emisiones de deuda (60% frente al 21% en euros), aunque se reduce en los pagos comerciales (42% en dólares y 38% en euros). Y destaca también el mayor uso del dólar en los préstamos internacionales (55% del total frente al 18% en euros).

La Comisión Europea presentó en enero de 2021 una Estrategia para fomentar el uso del euro en el mundo, con un abanico de medidas a medio plazo: llegar a inversores de terceros paises, promover los bonos verdes de la UE (la mitad el total mundial), desarrollar índices de referencia y centros de negociación en euros, fomentar los derivados sobre materias primas en euros y mejorar los derechos de emisión de CO2 de la UE. Eso puede ayudar a mejorar el peso internacional del euro, pero todos los expertos creen que,  en las próximas décadas, el dólar seguirá siendo el rey (como lo es desde finales de la II Guerra Mundial), aunque ahora se haya depreciado frente al euro. Sigue siendo “la moneda refugio” del mundo y más en las crisis, como se vio tras la invasión de Ucrania. Y eso, a pesar de los intentos de China por comer terreno al dólar en el mundo con su yuan.

En el último año se han producido una serie de noticias que confirman esta estrategia de China por promover su moneda, el renminbi (“moneda del pueblo”), más conocida como yuan: el anuncio de Rusia de incorporar la moneda china a sus reservas (un tercio están ya en yuanes, según el FMI), el acuerdo entre Brasil y China para usar el yuan como moneda de intercambio comercial en vez del dólar (y el anuncio de que el yuan ha superado al euro como moneda de reserva de Brasil), la decisión de Argentina de cambiar el dólar por el yuan en su comercio con China, el anuncio de Arabia Saudí para aceptar yuanes en lugar de dólares en las ventas de petróleo, y, más sorprendente, la primera compra francesa de gas natural chino pagado en yuanes… Además, destaca el anuncio de los paises BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para estudiar la posibilidad de crear juntos una nueva divisa mundial, mientras India ha decidido ya liquidar compras y ventas con algunos paises pagando en rupias (su moneda) en vez de en dólares…

En definitiva, que una parte del mundo se mueve para superar el monopolio del dólar, con China a la cabeza. Pero el dólar es demasiado poderoso y aunque cede terreno, será la moneda dominante durante mucho tiempo. Máxime si China sigue siendo un país demasiado cerrado financieramente, con controles de capitales e intervenciones en la cotización del yuan (reiteradamente denunciadas por EEUU), que no acaban de gustar a los inversores. Una cosa es que Brasil o Argentina paguen en yuanes “de forma forzosa (a cambio de materias primas o créditos) y otra que inversores y paises “elijan el yuan frente al dólar o el euro”. De hecho, la proporción de reservas internacionales en yuanes (un 10% del total) ha bajado desde la guerra en Ucrania, un -12% el último año, según el FMI.

En lo que sí lleva ventaja China es en crear una moneda digital, e-Yuan, siguiendo la estela innovadora de sus antepasados, de la dinastía Tang: el dinero papel se inventó en China en el siglo VII y la innovación llegó a Europa con Marco Polo, en el siglo XIII. El proyecto se puso en marcha en 2014, cuando el Gobierno chino creó un grupo de investigación. Y las primeras pruebas se hicieron en abril de 2020, que se aceleró en enero de 2022, con el lanzamiento de una versión piloto de monedero virtual de e-Yuanes en las tiendas de iOS y Android. Con ello, la moneda digital china se ha ido extendiendo entre algunas regiones y ciudadanos y, según el Banco Central chino, ya hay 13.600 millones de e-Yuanes en circulación. Y más de 260 millones de chinos tienen ya cuentas en e-Yuanes (e-CNY).

Una anécdota: un pequeño país se adelantó a China y fue el primer Banco Central que creó una moneda virtual en el mundo: Bahamas, que puso en circulación su moneda digital (el Sand Dólar, el Dólar de Arena, la CBDC) en octubre de 2020. El proyecto salió adelante "por necesidad", tras la tremenda experiencia de la COVID y un huracán, que trastocaron la actividad financiera de un país con 400.000 habitantes que viven…¡ en 700 islas¡ Después, en 2021, Nigeria ha sido la primera nación africana en lanzar su moneda digital, la e-Naira.

Mientras, la Unión Europea iniciaba en julio de 2021 un proyecto del BCE para emitir una moneda digital europea, la e-Euro. Una moneda, que como la e-Yuan, no tiene nada que ver con las criptomonedas: es una moneda oficial, respaldada por el BCE, para operar en paralelo al euro físico (en moneda o papel). El objetivo es que pueda ser utilizado como medio de pago en los paises euro, por empresas y particulares, y que permita realizar pagos con tarjeta o móvil. El proyecto de la e-Euro tiene 2 fases. En la primera, que terminará en 2023, se realizarán pruebas entre el BCE y los bancos centrales y las entidades financieras de la zona euro. Dentro de estas pruebas, el Banco de España lidera un proyecto piloto de una moneda virtual (CBCD) para realizar operaciones digitales interbancarias. En la 2ª fase, el BCE y los bancos de los paises euro avanzarán en pruebas prácticas con la nueva moneda digital europea, que se espera podamos utilizar en 2026.

Mientras la moneda digital ya es una realidad en China y Europa espera tenerla en tres años, en Estados Unidos apenas se avanza en la e-Dólar. El empuje lo dio el presidente Biden, aprobando a principios de 2022 una Orden ejecutiva para “evaluar con urgencia la creación de una moneda digital”. Los primeros pasos del proyecto piloto no se dieron hasta noviembre de 2022, con una prueba de tres meses, que ha chocado con la crisis de los bancos regionales USA. En el subconsciente de las autoridades norteamericanas pesa también la crisis de las bitcoin y la dificultad de crear una moneda virtual que sea la moneda del mundo.

A la espera de la e-Euro, el BCE va a cambiar los billetes de los euros en 2024, para intentar hacerlos más seguros. Y buscará que la moneda europea se utilice más en el resto del mundo. Pero la moneda no deja de ser “el espejo de una economía”, así que su fortaleza o debilidad tiene mucho que ver con el desarrollo económico, industrial y tecnológico, con la productividad y el potencial de un país o un continente en el mundo. Y ahí, Europa avanza pero tiene muchas tareas pendientes. Eso se reflejará en el euro.

Elecciones 28-M: nos jugamos mucho

Este domingo son las elecciones en 8.131 municipios y 12 autonomías, más Ceuta y Melilla. La derecha se empeña en desvirtuarlas y convertirlas en un plebiscito sobre el Gobierno Sánchez, cuando lo que se juega es quien gestiona los servicios y problemas que más nos preocupan: sanidad, educación, Dependencia, ayudas sociales, vivienda, empleo, Justicia, transportes, tráfico y contaminación o despoblación. España es el tercer país más descentralizado de Europa y el Estado del Bienestar depende de autonomías y Ayuntamientos. Y cada uno gasta distinto, baja o sube impuestos y tiene distintas prioridades. Eso es lo que deberíamos valorar y no los pactos con Bildu o la gestión del Gobierno. Pero los grandes temas, desde la sanidad a la pobreza, los transportes o el empleo, no han salido apenas en esta campaña. Este Blog recopila los datos básicos, la situación por autonomías y el papel de los Ayuntamientos, para centrar el debate en lo que nos importa. Lee, infórmate (aquí y fuera) y vota.

Enrique Ortega

España es uno de los paises más descentralizados del mundo, con un gran peso de los gobiernos regionales y locales en la política y el gasto. Así, el 44% de todo el gasto público en España lo hacen las autonomías (32%) y los Ayuntamientos (12%), según la OCDE (datos 2019). Y así, somos el tercer país con más descentralización del gasto en Europa, tras Suiza (57% gasto lo realizan cantones y ciudades) y Bélgica (46% de gasto público es no estatal). Y superamos en gasto descentralizado a paises federales como Alemania (40%) o Estados Unidos (48%) y a la media OCDE (31%), muy por delante de dos paises bastante centralizados como Francia (sólo el 20% del gasto no lo hace el Estado) e Italia (28%), según este reciente estudio del Banco de España.

Sin embargo, el informe revela que esta gran descentralización de los gastos públicos en España no se corresponde con la descentralización en los ingresos, que es mucho menor: así, autonomías y Ayuntamientos sólo recaudan el 22,6% de todos los ingresos públicos. Este desequilibrio indica dos cosas. Una, que autonomías y Ayuntamientos están muy dispuestos a gastar pero no a subir sus impuestos, que les puede costar votos. Y la otra, que este desequilibrio “se tapa” con las aportaciones (crecientes) del Estado central, que traspasa parte de sus ingresos impositivos a autonomías y Ayuntamientos (un porcentaje de lo que recauda por IRPF, IVA o impuestos especiales, más transferencias anuales). Y eso permite que algunas autonomías y Ayuntamientos bajen impuestos, como bandera electoral, gracias a la mayor aportación de fondos del Estado central.

En 2023, esta disparidad entre gastos descentralizados e ingresos se ha agravado, porque el Gobierno Sánchez ha multiplicado sus transferencias a autonomías y Ayuntamientos, gracias al aumento extra de la recaudación prevista (+35.000 millones), por la inflación, el aumento del empleo y el crecimiento de la economía. Así, los gobiernos regionales y locales recibirán este año 157.000 millones del Estado central, la mayor aportación de la historia: las autonomías recibirán 134.335 millones (+26.130 millones, +24% más que en 2022) y los Ayuntamientos 23.035 millones (+1.100 millones, un 5% más que en 2021. Y también han sido importantes las transferencias recibidas en años anteriores. Con ello, las autonomías recibirán 178.750 millones más en los 5 años de Gobierno Sánchez (2019-2023) que los recibidos en los cinco años anteriores del Gobierno Rajoy (2013-2017).

No es ningún “regalo”: simplemente, se ha recaudado más y una parte de esos ingresos extras se han transferido a autonomías y Ayuntamientos, que no recaudan más, porque asientan su financiación en un sistema que les quita responsabilidad fiscal y deja el grueso de los ingresos periféricos al Estado central. Pero lo realmente chocante es que algunas autonomías y Ayuntamientos, sobre todo las gobernadas por el PP, han aprovechado estos mayores ingresos del Estado para bajar ellos sus impuestos (autonómicos y municipales), en lugar de aprovecharlos para reforzar servicios, desde la sanidad y la Educación a la Dependencia o la Vivienda. Incluso, y es más escandaloso, algunas han recortado gastos en Dependencia, en servicios sociales (rentas básicas) o en vivienda, sanidad y educación, destinando los extras recibidos a otras partidas (y a bajar impuestos: la Comunidad de Madrid pierde 900 millones de ingresos cada año por suprimir el impuesto de patrimonio).

Al final, la clave de la gestión autonómica y municipal (y de estas elecciones) debería ser quien  ingresa más o menos y quien gasta más o menos. Si analizamos los Presupuestos autonómicos de 2022, la conclusión es clara: algunas autonomías apuestan por ingresar menos y, en consecuencia, gastan menos en sus ciudadanos. Veámoslo. Ingresos: de las 6 autonomías que menos ingresan por habitante, 5 están gobernadas por el PP: Madrid (3.809 euros por habitante), Andalucía (4.225), Canarias (4.410), Murcia (4.547), Castilla y León (4.729) y Galicia (4.866 euros por habitante). Unos ingresos que contrastan con los de Navarra (7.967 euros/habitante), La Rioja (6.121), País Vasco (6.024), Cataluña (5.781), Castilla la Mancha (5.557) y Aragón (5.315 euros). Y lógicamente, a la hora de gastar pasa lo mismo: son las mismas 6 autonomías (5 gobernadas por el PP) las que menos gastan (en servicios al ciudadano): Madrid (3.809 euros por habitante), Andalucía (4.225), Canarias (4.410), Murcia (4.547), Castilla y León (4.854) y Galicia (4.866). Y se repiten las 6 autonomías que más gastan: Navarra (7.967 euros/habitante), La Rioja (6.121), País Vasco (6.024), Cataluña (5.781), Castilla la Mancha (5.532) y Aragón (5.315 euros/habitante).

Esto es aún más importante porque las autonomías son las que gestionan la mayor parte del Estado del Bienestar, dado que España es el 2º país europeo con más descentralización de competencias, tras Alemania. Basten tres datos: las autonomías gestionan el 92% del gasto sanitario público, el 85% del gasto educativo y el 73% del gasto en Dependencia… Por eso son tan importantes estas elecciones: nos jugamos quien gestiona y cómo servicios claves: sanidad, educación, Dependencia, servicios sociales, vivienda, fomento del empleo, transportes, Justicia… Y ayudas importantes a la cultura, la agricultura, la industria y el comercio, la investigación, la familia o la despoblación. Y en el ámbito municipal, la limpieza, los servicios municipales, el transporte, el agua, la movilidad o la contaminación y los servicios sociales. Hagamos un repaso de su situación.

La sanidad es la 4ª mayor preocupación de los españoles, según el CIS, tras la crisis económica, el paro y la política. Los ciudadanos dan una nota de 6,14 a la sanidad pública (6,74 en 2019), pero un 46,8% piensan que necesita cambios importantes, sobre todo en la atención primaria y en reducir las listas de espera. Y aquí volvemos a la desigualdad en el gasto. Hay 6 autonomías que gastarán poco en sanidad este año 2023, mucho menos que la media (1.809 euros por habitante): Madrid (1.446 euros), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.651). Y otras 6 que gastan bastante más en sanidad: Asturias (2.133), País Vasco (2.130), Extremadura (2.092), Navarra (2.020), Castilla y León (1.999) y Baleares (1.827 euros). Y el gasto sanitario autonómico apenas ha crecido, a pesar de la pandemia. Es más: hay 4 autonomías que gastaron menos en sanidad en 2021 que en 2019: Madrid (-874 millones, -9,96%), Murcia (-231 millones, -9,58%), Cataluña (-969 millones, -9,10%) y Canarias (-6,3 millones, -0,19%).

Está claro que mejorar la sanidad no pasa sólo por gastar más (necesario pero no suficiente) sino por gestionar mejor, con más personal (faltan 8.000 médicos, 15.000 enfermeras y 10.000 administrativos), mejores políticas laborales (menos precariedad y más incentivos) y  potenciando la atención primaria (se lleva el 13,9% del presupuesto total, un 10,7% en Madrid, cuando debería recibir el 25%, según la OMS). Pero el gasto es clave. Y si no, veamos las regiones con peor sanidad, según el ranking de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que valora múltiples factores: a la cola están Andalucía (65 puntos sobre 143), Murcia (71), Comunidad valenciana (73) y Canarias (73), seguidas de Madrid (74), Cataluña (75), Castilla la Mancha (80) y Baleares (81), 6 de las 8 autonomías que menos gastan en Sanidad. Y dan la mayor puntuación a la sanidad de Navarra (108 puntos de 142), País Vasco (106), Extremadura (95), Asturias (93) y Aragón (92)… que son 4 de las 6 autonomías que más gastan en sanidad (¿casualidad?).

Vayamos a la educación, otra competencia clave que gestionan las autonomías. Aquí se repite la tremenda desigualdad en el gasto educativo. Y se repiten las autonomías que menos gastan en educación (año 2022): Madrid (819 euros por habitante), Canarias (907), Castilla y León (968), Galicia y Aragón (998), Asturias (935) y Baleares (937 euros/habitante). Y las que más gastan: País Vasco (1.445), Navarra (1.349), Murcia (sorpresa: 1.080 euros), Comunidad Valenciana (1.192), Cantabria (1.167), Extremadura (1.173) y Andalucía (1.017 euros/habitante). Y otra vez pasa lo mismo: el gasto educativo de las autonomías ha crecido poco estos años (+4.128 millones entre 2021 y 2019, un +9,98%), sobre todo en Cantabria (cayó en 0,6 millones, -0,10%), País Vasco (+102,5 millones,+3,51%), Madrid (+226,6 millones, +4,64%) y Cataluña (+313,9 millones, +4,89%).

Al final, la calidad de la educación también es muy diferente por autonomías, no sólo por su mayor o menor gasto sino por su gestión y los medios que tienen (de los 33.323 profesores contratados por la pandemia, 16.000 han sido despedidos entre 2022 y 2023). España es líder europeo en alumnos repetidores (el 29% de los jóvenes de 15 años han repetido, frente al 16,1% en la OCDE), estando en cabeza Andalucía, Castilla la Mancha, Madrid y Galicia. Y en abandono escolar temprano (el “cáncer” de nuestra educación: jóvenes de 18 a 24 años que no han completado la ESO o no han completado Bachillerato o FP), donde España alcanza un 13,9% (superior al 9,7% en la UE), superan esta media Murcia (18,7%), Baleares (18,2%), Cataluña (16,9%), Comunidad Valenciana (15,7%), Andalucía (15,3% y Castilla la Mancha (15,1%). Globalmente, Murcia y Madrid tienen los peores datos de educación pública en España y el País Vasco los mejores, según este completísimo estudio de la Asociación Sociedad Civil por la Educación.

Vayamos a la cuarta pata del Estado del Bienestar (en la 3ª, las pensiones, no intervienen las autonomías), la Dependencia, un derecho reconocido en 2007 y que gestionan y co-financian las autonomías. El balance es bastante desastroso: hay 353.965 dependientes desatendidos (176.542 dependientes “pendientes de valoración”, “aparcados”, y otros 177.423 dependientes en “lista de espera” de atención: tienen legalmente reconocida una ayuda, prestación o servicio, pero que no la reciben). Y la mayoría de estos dependientes “desatendidos” son  mayores, lo que condujo a que 45.360 ancianos murieran en 2022 sin recibir la atención que les correspondía.  Encima, en 2021, el Gobierno aprobó un Plan de Choque, con el que ha duplicado su aportación a la Dependencia, mientras 10 autonomías aprovecharon que había más recursos estatales para reducir ellos su financiación, para “hacer Caja” y gastar 309 millones menos en Dependencia: son Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura, Canarias, La Rioja  y Castilla la Mancha.

En Dependencia, también el gasto autonómico es desigual, con grandes diferencias entre los que más gastan por habitante (7.159 euros La Rioja, 6.835 Castilla la Mancha y 6.752 Euskadi) y los que menos (4.101 euros Asturias, 4.155 Aragón, 4.377 Castilla y León y 4.537 euros Baleares). En conjunto, todos aportan relativamente menos que antes de la pandemia: si las autonomías financiaban el 63,8% de la Dependencia en 2019, en 2022 sólo financian en 53%, mientras crece la financiación del Estado (del 15,5 al 26,5%) y sobre todo el copago de las familias (financian el 20,5% del gasto). Y existe un ranking de la gestión autonómica de la Dependencia, que elaboran desde 2008 los Directores de Servicios Sociales: suspenden en 2022 Murcia (2,4 puntos sobre 10), Canarias (2,9), Cataluña, Cantabria y Asturias (3,5), Euskadi (3,8), Ceuta y Melilla (4,4), Aragón (4,4) y Extremadura (4,7), destacando Castilla y León (7,5 puntos), Castilla la Mancha (7,9) y Extremadura (7,6).

Vayamos a la vivienda, donde las autonomías tienen competencias para promover viviendas protegidas (VPO) y gestionar ayudas a la compra y alquiler (con fondos propios y del Estado central). La dejación de responsabilidades ha sido generalizada. Basten 2 datos. Uno, las autonomías han promovido 3.090 VPO en toda España en 2022. Y hay 5 autonomías que no terminaron en 2022 ninguna vivienda protegida: Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Murcia y la Rioja, más Ceuta y Melilla). Y tres autonomías (Aragón, Asturias y Extremadura) no promovieron ninguna VPO para alquilar. En general, no hay promoción pública de vivienda y los promotores privados se quejan de que no les facilitan suelo para construir y que se les fija unos precios (módulos) que no les compensan. Además, el gasto en políticas autonómicas de vivienda es ridículo y también desigual: el gasto menor por habitante lo hacen Baleares (26 euros), Castilla y León (27), Murcia (32), Andalucía (37), Madrid (40), Aragón (42), Asturias (43) y Galicia (48 euros por habitante), destacando sólo el esfuerzo de Navarra (153 euros), Euskadi (89), Cataluña (85) y Comunidad Valenciana (73). Otra crítica a las autonomías es que gestionan con retraso y excesiva burocracia las ayudas públicas (del Estado y propias) al alquiler (del 40 al 50% para jóvenes) y compra de vivienda.

Otra cuestión clave que gestionan las autonomías es la política de empleo, la gestión de las oficinas de empleo y con ella, la concesión de los subsidios, los cursos de formación y los incentivos a la recolocación. Otro desastre: las oficinas del SEPE sólo han gestionado el 2% de los contratos hechos en la última década. Y sólo 1 de cada 38 parados que cobran el desempleo llegan a recibir una oferta de empleo. Además, la gestión de cursos es ineficaz y por eso sólo los hacen el 2% de los parados. Todas las oficinas de empleo necesitan más personal y mejor formado para ayudar a la recolocación de los parados, pero los datos indican que las regiones que consiguen más recolocaciones son Extremadura, Andalucía y Canarias y las que menos son Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid.

Una competencia autonómica clave, compartida con los Ayuntamientos, son los servicios sociales, el gasto social para atender a los más desfavorecidos. Y aquí, también el esfuerzo es muy desigual: las que hacen menos gasto social son Baleares (227 euros por habitante), Canarias (266), País Vasco (296), Murcia (310), Andalucía (317) y Madrid (310 euros/habitante), mientras el mayor gasto social lo hacen Navarra (669 euros por habitante), Extremadura (557), Asturias (507) y la Rioja (504). Y además, muchas autonomías han aprovechado que el Estado aprobaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para reducir su renta básica, la ayuda que dan a los más pobres: les llegaba en 2021 a 645.317 beneficiarios, con un gasto de 1.772 millones de euros. Son 150.000 beneficiarios menos y un recorte de 247 millones (-12,58%) sobre los datos de 2020. Adivinen quien ha recortado más en rentas mínimas: Madrid (-55,4%), Aragón (-52,5%), Castilla la Mancha (-53,37%), Castilla y León (-40,15%) y Melilla (-44,93%), aumentando este gasto sólo Cataluña (+0,53%).

Este mínimo gasto social choca con las altas cifras de pobreza, muy desigualmente repartida entre las autonomías. En 2022, había 9.698.436 españoles “pobres” (el 20,40% de la población), algo objetivo de medir: los que ingresan menos del 60% de la renta media del país (menos de 841 euros al mes los solteros y 1.765 euros las familias con 2 hijos). De ese total, el 59% se concentra en 4 regiones: Andalucía (2.481.567 “pobres”, el 29,1% de la población), Comunidad Valenciana (1.129.539, el 22,3%), Cataluña (1.112.909, el 14,5%) y Madrid (1.004.418 “pobres”, según el INE, el 14,8% de los madrileños). Y si nos fijamos en los pobres que no llegan a ingresar ni el 40% de lo que gana el español medio, son 5.476.908 los españoles “en pobreza severa” (1.254.816 en Andalucía, 678.082 en la Comunidad Valenciana, 621.441 en Cataluña y 557.640 en Madrid), los que engrosan esas “colas del hambre” de las que casi nadie habla y a los que apenas se atiende.

Y luego quedan muchas competencias autonómicas en Justicia (transferida a 12 autonomías, todas salvo Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares, más Ceuta y Melilla), con gran desigualdad en el gasto (60 euros por habitante en Galicia  a 96 en Euskadi), en transporte (con autonomías que apenas lo subvencionan), en comercio y turismo, en investigación (Castilla la Mancha gasta 22 euros por habitante y 30 Murcia, frente a 392 la Rioja y 250 euros Euskadi), o Cultura (Murcia gasta 14 euros/habitante y Madrid 31 frente a 113 Navarra y Cataluña 60). Y el grave problema de la despoblación: 6 regiones pierden población respecto a 2019 (-26.908 habitantes Castilla y León, -18.114 Asturias, -12.934 Extremadura, -9.035 Galicia, -1.660 Ceuta y -1.317 Melilla). Y la ganan Cataluña (+117.394), Madrid (+86.942), Andalucía (+85.947) y Comunidad Valenciana (+64.198).

Me he alargado con las autonomías, pero no quiero terminar sin hablar de los Ayuntamientos, que gastan unos 50.000 millones al año en servicios básicos para el ciudadano: recogida de basuras, transportes, abastecimiento de aguas, policía municipal y obras. Aquí también, el gasto es muy desigual, muy relacionado con su población y su economía, clave para los ingresos municipales: dos tercios proceden de la vivienda, del IBI, y el resto de los vehículos, la actividad comercial, las tasas y las transferencias del Estado y las autonomías.  Los Ayuntamientos con más gasto por habitante (media 2018-2021) son Barcelona (1.666 euros), Bilbao (1.612), Madrid (1.355), Granada (1.092), Santa Cruz de Tenerife (1.087), Sevilla (1.065), Pamplona (1.018), Málaga (1.010), Zaragoza (1.002) y Valencia (1.002). El mayor problema lo tienen los Ayuntamientos pequeños, con bajos ingresos y que han de mantener un gasto mínimo (la farola alumbra a menos personas y gasta lo mismo).

Uno de los grandes retos de los Ayuntamientos es ampliar su gestión, porque son "la primera línea de los problemas" (vivienda, empleo, pobreza) y les faltan recursos y competencias. El Gobierno Rajoy (Montoro) les utilizó para bajar el déficit público global  y llevan años con superávit y el contrasentido de que no lo pueden gastar: tienen 37.370 millones en efectivo y depósitos, que sólo pueden destinar a rebajar su deuda, no a la vivienda, el tráfico o los pobres. Y deberían recibir más recursos del Estado y las autonomías, hasta un 25% del total (ahora gestionan el 12% del gasto público). Sobre todo porque tienen grandes retos, como la movilidad, la contaminación, las infraestructuras y los servicios públicos, que conocen y deberían gestionar más, en detrimento de las autonomías y el Estado.

Si has llegado hasta aquí, verás que nos jugamos mucho en estas elecciones del 28-M, porque los políticos autonómicos y municipales gestionan cuestiones clave en nuestras vidas, desde la sanidad, educación o dependencia al empleo, la vivienda, la Justicia, el tráfico, el agua, la contaminación o los parques. Así que valora cómo están esos servicios, cómo se gestionan y el gasto que se hace (ver cuadro) antes de votar el domingo. Infórmate y vota.

La sequía, una pandemia sin vacuna

España entró en diciembre en una sequía de larga duración, de la que no saldrá hasta otoño (si llueve). Después del primer cuatrimestre más seco de nuestra historia, todo apunta a un verano cálido y seco, que tendrá un alto coste económico y social: restricciones de agua en media España, pérdida de cosechas y un encarecimiento adicional de los alimentos, sobre todo este verano, con otro récord de turistas. La situación es preocupante, sobre todo en Andalucía, Cataluña y Levante, e irá a peor en el futuro, porque el Cambio Climático afectará más al sur de Europa y al Mediterráneo. Estamos ante una sequía que no es puntual y que se va a agravar, según alerta la ONU. Sufrimos una nueva pandemia, para la que no hay vacuna. La clave es afrontar juntos este reto, desde el Gobierno y las autonomías y Ayuntamientos a agricultores, industrias y consumidores, ahorrando agua, gestionándola mejor y gastando más en infraestructuras y desaladoras. El agua es clave en nuestro futuro económico y vital. Hay que salvarla.

Enrique Ortega

El calor extremo y la sequía asolan a medio mundo, como consecuencia del Cambio Climático. Y más a Europa, el continente que más se calienta: su temperatura media aumenta a una velocidad que duplica la media global. Ya en el verano de 2022, Europa sufrió el verano más caluroso desde que hay registros, según Copernicus. Y en el último quinquenio, la temperatura media europea ha subido 2,2 grados por encima de la era pre-industrial (1850-1900), generalizándose una sequía que los europeos sufren desde 2018. Y ahora, el invierno y la primavera en Europa están siendo más cálidos de lo habitual, con lo que los europeos sufriremos otro verano cálido y seco, acompañado de lluvias torrenciales.

En España, como en el resto de la Europa del sur, la situación es aún peor. Por un lado, 2022 fue el año más cálido desde que hay registros (1961), según la AEMET, y terminó con temperaturas entre 5 y 10º superiores a las habituales. Y en 2023 hemos sufrido el mes de abril más cálido de nuestra historia, según la AEMET, tras un 5º invierno consecutivo muy cálido y el 2º marzo con mayores temperaturas del siglo. Y junto a las altas temperaturas, apenas ha llovido: hemos sufrido el primer cuatrimestre más seco de la serie histórica, con 112 litros por metro cuadrado entre enero y abril, un 54% por debajo de lo normal. Y con ello, las precipitaciones en lo que llevamos de año hidrológico (desde el 1 de octubre a mediados de mayo) han caído un -27,5% sobre el año pasado.

Resultado: España entró en diciembre en una sequía de larga duración, de la que no saldrá hasta otoño (si llueve), según la AEMET. Y eso porque los meteorólogos prevén que este verano sea “más cálido de lo normal” (otro año más), sobre todo en el este peninsular, Baleares y Canarias. Y que apenas llueva, agravando la sequía actual. Estos 2 fenómenos, el calor y la sequía, volverán a provocar más incendios forestales, ya iniciados en abril y mayo en muchas zonas de España. Con más virulencia, junto a fenómenos climáticos extremos, como el granizo y las lluvias torrenciales que han sufrido zonas del este y sur de España.

El indicador de la gravedad de la sequía la dan los pantanos, que tienen menos agua que nunca en casi 30 años (desde 1994). La semana pasada, los embalses estaban a menos de la mitad de su capacidad, al 48,2%, por debajo del 50,4% de hace un año, del 62,5% de hace 5 y del 69% de hace 10 años, según embalses.net. Pero la situación es más grave en algunas regiones: Andalucía (embalses al 27,8%, con la Cuenca del Guadalquivir al 24,18%, la del Guadalete-Barbate al 26,11%, la del Guadiana al 32,1% y la cuenca Mediterránea Andaluza al 34,41%), Murcia (embalses al 28,36%, con la cuenca del Segura al 33,3%), Castilla la Mancha (embalses al 37,5%, con la cuenca del Tajo al 59,85%), Cataluña (con los embalses al 39,69%), Cantabria (embalses al 42,96%), Aragón (embalses al 47,36%, con la cuenca del Ebro al 49,68%) y Extremadura (embalses al 49,82%).

Si los datos globales de los embalses son malos, son peores los de los embalses cuya agua se destina al uso humano y a la agricultura: están al 39,9% de su capacidad, frente al 48,3% de hace un año, el 57,4% de hace 5 y el 64,9% de capacidad hace 10 años, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. Esto ha provocado ya restricciones en el suministro de agua en Andalucía y Cataluña, la región donde algunos Ayuntamientos han tenido que acudir a camiones para abastecer de agua a pequeños municipios de Barcelona y Lleida. De momento, las restricciones no afectan al consumo humano y sí a la utilización de piscinas y al riego de jardines, así como a los agricultores que usan canales de riego. Pero como no se espera que llueva y sí un verano muy caluroso, el temor es lo que puede pasar en julio y agosto, en las zonas de interior y de costa de Cataluña, Andalucía y levante, más Baleares y Canarias, ante la afluencia de turismo español y un nuevo récord de turistas extranjeros, como en 2019 (llegaron 20 millones de turistas foráneos entre julio y agosto).

El calor y la sequía no sólo ponen en riesgo el abastecimiento de agua este verano (lo sufrirán  un 10% de la población, sobre todo en zonas rurales, según los expertos), sino que aumentan también la contaminación, especialmente en las grandes ciudades, porque no hay lluvia que arrastre partículas y pólenes. España está sufriendo ya una de las primaveras más secas de las últimas décadas y eso tiene efectos negativos sobre nuestra salud: más concentración de NO2 y partículas, más riesgo de neumonías y enfermedades crónicas y más alergias (que sufren la mitad de la población), además de daños a la piel (la sequía aumenta las dermatitis). Y no olvidemos las muertes que provocan las olas de calor: en 2022 hubo 5.876 muertes provocadas por las altas temperaturas, según el Instituto de Salud Carlos III. España se ha convertido en el país europeo con más riesgo de muerte por calor extremo: 30 por cada millón de habitantes, el doble que la media UE (15), según The Lancet.

Otra grave consecuencia del calor extremo y la sequía persistente son los daños al campo, a las cosechas y a la ganadería. Ya en 2022, las pérdidas por la sequía superaron los 8.000 millones de euros, según los Jóvenes Agricultores. Y todo apunta a que las pérdidas en 2023 serán superiores, superando los 10.000 millones de euros,  después de que las indemnizaciones pagadas a los agricultores por los seguros agrarios batieran su récord histórico en 2022: 769 millones de euros (frente a una media de 534 millones pagados entre 2007 y 2016 y 695 millones anuales entre 2017 y 2021) Incluso el ministro Planas cree que la situación en el campo es ahora “más dura que en los años 90, por las elevadas temperaturas”. De momento, y pendientes de que llueva o no en mayo y junio, la situación en el campo español es muy grave: “la sequía asfixia ya al 80% del campo español y produce pérdidas irreversibles en más de 5 millones de hectáreas de cereales de secano”, dice el informe de la organización agraria COAG (11 mayo).

El informe de COAG da por perdidas las cosechas de trigo y cebada en Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia, Aragón, Madrid, Cataluña y Castilla y León, con el riesgo de que 3,5 millones de hectáreas queden improductivas. Están en riesgo los frutales de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, porque a la sequía se unen las restricciones al regadío. Y creen que será imposible el cultivo de arroz en Andalucía, mientras la cosecha de aceite y frutos secos en la mitad sur de España será sólo un 20% de la normal. Y la falta de pastos obliga a comprar pienso y forraje a los ganaderos, lo que agravará la situación de la cría de ovejas, cabras y vacas. Y para completar el panorama, los apicultores sufrirán su 3ª mala cosecha de miel, por falta de vegetación y floración.

Estos daños de la sequía, que se pueden agravar si no llueve en los próximos meses o si se repiten las olas de calor, nos anticipan que los alimentos se van a encarecer en los próximos meses, tras estar ya muy caros (suben un +12,9% anual, el triple que el IPC general, un +4,1%): subirán cereales, harina, patatas, arroz, aceite, frutos secos, frutas de fuera de temporada, verduras, carnes, huevos y lácteos… Y sobre todo este verano, cuando se reduzca la oferta de alimentos (por las malas cosechas) y se dispare la demanda, por el récord de turistas. Así que será difícil que baje más la inflación y los alimentos, porque la mitad de su subida se debe a la crisis climática.

También la sequía puede provocar una subida del recibo de la luz. Todavía la luz sigue “barata” (60,27 euros/kwh el viernes, frente a 145 euros el 3 de enero y 327 euros en septiembre de 2022), gracias a la mayor producción de energía renovable (eólica y solar) y a la drástica caída del precio del gas que se utiliza en las centrales térmicas (ha caído de 215,64  euros en septiembre a 25,67 euros el viernes). Pero si cambia el clima (se reduce el viento o las horas de sol) y sube el precio internacional del gas, ahora tenemos poca agua en los pantanos para producir electricidad hidroeléctrica. Los embalses de uso hidroeléctrico están mejor que los de uso humano y agrícola, pero están bajos: al 66,6% de capacidad, mejor que hace un año (55%) pero mucho peor que hace 5 años (72,7%), según la estadística de Transición Ecológica. Las cuencas que concentran las mayores centrales están mal (Ebro y Tajo) o regular (Duero), pero si persiste la sequía, se notará también en estas centrales y en la producción hidroeléctrica. En abril, el agua ha aportado sólo el 8,1% de toda la electricidad producida, según REE,  menos del 11,1% que aportó en el primer cuatrimestre, más que en 2022 (6,47%) y menos que en 2021 (11,4%). Ahora se espera un aumento del consumo eléctrico este verano (sobre todo si es caluroso y “tiramos” del aire acondicionado”), lo que podría encarecer el recibo de la luz, sobre todo se sube el precio del gas.

Como hemos visto, el calor extremo y la sequía tienen un alto coste, en el suministro de agua, las muertes, los daños a las cosechas, la subida de los alimentos y la factura de la luz. Para paliar estos daños, el Gobierno aprobó el 11 de mayo un paquete de medidas extraordinarias contra la sequía, con 2.190 millones. Una parte (784 millones) son ayudas directas a agricultores y ganaderos, más ayudas fiscales y una ampliación de la subvención a los seguros agrarios: habrá 358 millones para subvencionar entre el 50 y el 70% del coste, aunque agricultores y ganaderos aseguran poco sus negocios (sólo un 32% de la producción final agraria está asegurada). El resto del Plan (casi 1.400 millones) son inversiones en las cuencas, en desaladoras y en plantas de reciclaje de agua, además de subvenciones (57 millones) para el pago del canon del agua de los regantes.

La organización agraria COAG cree que estas ayudas son “insuficientes” y piden que se entreguen ya a los agricultores de cereal, los más afectados. Y los ecologistas de Greenpeace también las consideran “insuficientes”, además de “ir en la mala dirección”, porque refuerzan las infraestructuras hidráulicas en lugar de reducir la agricultura industrial, que es el origen del problema: es insostenible porque consume más agua de la que tenemos.

Los ecologistas culpan de los problemas del agua a una agricultura industrial sobredimensionada e insostenible medioambientalmente. Y dan un dato: el 85% del consumo total de agua en España se lo llevan los regadíos, quedando el 15% restante para el consumo particular (10%) y la industria (5%). La realidad es que el regadío no ha parado de crecer en las últimas décadas: se ha pasado de 3 millones de hectáreas en 2010 a 3.877.901 en 2021 y a 4 millones de hectáreas actualmente. Según Ecologistas en Acción, el regadío ha crecido un +64,7% en Castilla la Mancha en los últimos 25 años, un +44% en Andalucía y un +30% en Extremadura, debido al crecimiento de la agricultura “intensiva” y a que ahora se riegan cultivos “leñosos”, que antes eran de secano (olivos, viñas, frutas y cítricos). Actualmente, España (el país más seco del continente) es el país con más hectáreas de regadíos de Europa (4 millones), por delante de  Italia (2 millones), Francia (1,5 millones) y Grecia (1 millón de hectáreas).

Lo que pasa es que España se ha convertido en “la despensa de Europa”, aumentando drásticamente la producción agrícola (y ganadera), con la ayuda del regadío: naranjas, frutas, tomates, cerdos, aceite o vino son “nuestro petróleo” y vendemos fuera el doble de alimentos que de coches. Las exportaciones españolas de alimentos han saltado de 31.497 millones de euros en 2011 a 53.304 millones en 2020 y 62.248 millones en 2022, el doble que hace una década. De hecho, somos el 4º exportador agroalimentario europeo y el 7º del mundo, lo que mantiene 2,5 millones de empleos en España, a costa de un regadío que consume mucha agua, aunque sea cada vez más eficiente. Y a costa de la existencia de 1 millón de pozos ilegales, según Greenpeace, que riegan de forma ilegal 88.645 hectáreas (1,5 veces la superficie de Madrid capital), destruyendo los acuíferos.

El 2º gran consumidor de agua es el consumo humano (10%), que bajó en los últimos años (de 165 litros por habitante y día en 2001 a 127 en 2019), pero que ahora está aumentando (de 128 a 131 litros en 2022, según AEAS-AGA), debido a un cierto “relajo” y a los bajos precios del agua para consumo (1,97 euros m3), de los más baratos de Europa. Y también tiene mucho que ver el récord de turistas: gastan entre 450 y 800 litros por día, según algunos estudios, entre 4 y 6 veces más que un consumidor habitual en España. Eso crea un grave problema de consumo, sobre todo en verano, en Canarias, Baleares, Levante, Costa del Sol y Cataluña, región donde 8 millones de turistas pernoctan en hoteles. Queda el consumo industrial (5%), un porcentaje bajo pero importante, con determinadas industrias más consumidoras de agua (químicas, textiles, industria agroalimentaria, minerales y metales, disolventes y gestión de residuos), que en general carecen de planes de reducción de consumo, también porque pagan precios bajos.  Y no olvidemos otro consumidor oculto: las pérdidas de agua en las instalaciones: cada año se pierden 700.000 litros de agua por fugas y averías (cubrirían el consumo anual de 14 millones de personas), un 20% del consumo total de agua en España, lo que exige importantes inversiones en las viejas redes de abastecimiento.

Al final, la sequía es una pandemia que está aquí, pero contra la que no tenemos “vacuna” como con la COVID-19. Y va a ir a más, según el último informe de la OMM (ONU), por la crisis climática. Eso exigiría un gran Pacto del Agua, para actuar en muchos frentes: frenar el deterioro de ríos y acuíferos, mejorar la calidad del agua, ahorrar consumos innecesarios y frenar las fugas, racionalizar los regadíos y la producción agraria, subir tarifas para reducir el consumo humano e industrial, invertir en infraestructuras, canales y desaladoras, aumentar el peso del agua reciclada y conseguir un turismo sostenible. No hay una solución mágica contra la sequía, sino miles de actuaciones y un objetivo común: salvar el agua, cada vez más escasa pero clave para la economía y la vida. A ello.