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| Enrique Ortega |
España es uno de los paises más descentralizados del mundo, con un gran peso de los gobiernos regionales y locales en la política y el gasto. Así, el 44% de todo el gasto público en España lo hacen las autonomías (32%) y los Ayuntamientos (12%), según la OCDE (datos 2019). Y así, somos el tercer país con más descentralización del gasto en Europa, tras Suiza (57% gasto lo realizan cantones y ciudades) y Bélgica (46% de gasto público es no estatal). Y superamos en gasto descentralizado a paises federales como Alemania (40%) o Estados Unidos (48%) y a la media OCDE (31%), muy por delante de dos paises bastante centralizados como Francia (sólo el 20% del gasto no lo hace el Estado) e Italia (28%), según este reciente estudio del Banco de España.
Sin embargo, el informe revela que esta gran descentralización de los gastos públicos en España no se corresponde con la descentralización en los ingresos, que es mucho menor: así, autonomías y Ayuntamientos sólo recaudan el 22,6% de todos los ingresos públicos. Este desequilibrio indica dos cosas. Una, que autonomías y Ayuntamientos están muy dispuestos a gastar pero no a subir sus impuestos, que les puede costar votos. Y la otra, que este desequilibrio “se tapa” con las aportaciones (crecientes) del Estado central, que traspasa parte de sus ingresos impositivos a autonomías y Ayuntamientos (un porcentaje de lo que recauda por IRPF, IVA o impuestos especiales, más transferencias anuales). Y eso permite que algunas autonomías y Ayuntamientos bajen impuestos, como bandera electoral, gracias a la mayor aportación de fondos del Estado central.
En 2023, esta disparidad entre gastos descentralizados e ingresos se ha agravado, porque el Gobierno Sánchez ha multiplicado sus transferencias a autonomías y Ayuntamientos, gracias al aumento extra de la recaudación prevista (+35.000 millones), por la inflación, el aumento del empleo y el crecimiento de la economía. Así, los gobiernos regionales y locales recibirán este año 157.000 millones del Estado central, la mayor aportación de la historia: las autonomías recibirán 134.335 millones (+26.130 millones, +24% más que en 2022) y los Ayuntamientos 23.035 millones (+1.100 millones, un 5% más que en 2021. Y también han sido importantes las transferencias recibidas en años anteriores. Con ello, las autonomías recibirán 178.750 millones más en los 5 años de Gobierno Sánchez (2019-2023) que los recibidos en los cinco años anteriores del Gobierno Rajoy (2013-2017).
No es ningún “regalo”: simplemente, se ha recaudado más y una parte de esos ingresos extras se han transferido a autonomías y Ayuntamientos, que no recaudan más, porque asientan su financiación en un sistema que les quita responsabilidad fiscal y deja el grueso de los ingresos periféricos al Estado central. Pero lo realmente chocante es que algunas autonomías y Ayuntamientos, sobre todo las gobernadas por el PP, han aprovechado estos mayores ingresos del Estado para bajar ellos sus impuestos (autonómicos y municipales), en lugar de aprovecharlos para reforzar servicios, desde la sanidad y la Educación a la Dependencia o la Vivienda. Incluso, y es más escandaloso, algunas han recortado gastos en Dependencia, en servicios sociales (rentas básicas) o en vivienda, sanidad y educación, destinando los extras recibidos a otras partidas (y a bajar impuestos: la Comunidad de Madrid pierde 900 millones de ingresos cada año por suprimir el impuesto de patrimonio).
Al final, la clave de la gestión autonómica y municipal (y de estas elecciones) debería ser quien ingresa más o menos y quien gasta más o menos. Si analizamos los Presupuestos autonómicos de 2022, la conclusión es clara: algunas autonomías apuestan por ingresar menos y, en consecuencia, gastan menos en sus ciudadanos. Veámoslo. Ingresos: de las 6 autonomías que menos ingresan por habitante, 5 están gobernadas por el PP: Madrid (3.809 euros por habitante), Andalucía (4.225), Canarias (4.410), Murcia (4.547), Castilla y León (4.729) y Galicia (4.866 euros por habitante). Unos ingresos que contrastan con los de Navarra (7.967 euros/habitante), La Rioja (6.121), País Vasco (6.024), Cataluña (5.781), Castilla la Mancha (5.557) y Aragón (5.315 euros). Y lógicamente, a la hora de gastar pasa lo mismo: son las mismas 6 autonomías (5 gobernadas por el PP) las que menos gastan (en servicios al ciudadano): Madrid (3.809 euros por habitante), Andalucía (4.225), Canarias (4.410), Murcia (4.547), Castilla y León (4.854) y Galicia (4.866). Y se repiten las 6 autonomías que más gastan: Navarra (7.967 euros/habitante), La Rioja (6.121), País Vasco (6.024), Cataluña (5.781), Castilla la Mancha (5.532) y Aragón (5.315 euros/habitante).
Esto es aún más importante porque las autonomías son las que gestionan la mayor parte del Estado del Bienestar, dado que España es el 2º país europeo con más descentralización de competencias, tras Alemania. Basten tres datos: las autonomías gestionan el 92% del gasto sanitario público, el 85% del gasto educativo y el 73% del gasto en Dependencia… Por eso son tan importantes estas elecciones: nos jugamos quien gestiona y cómo servicios claves: sanidad, educación, Dependencia, servicios sociales, vivienda, fomento del empleo, transportes, Justicia… Y ayudas importantes a la cultura, la agricultura, la industria y el comercio, la investigación, la familia o la despoblación. Y en el ámbito municipal, la limpieza, los servicios municipales, el transporte, el agua, la movilidad o la contaminación y los servicios sociales. Hagamos un repaso de su situación.
La sanidad es la 4ª mayor preocupación de los españoles, según el CIS, tras la crisis económica, el paro y la política. Los ciudadanos dan una nota de 6,14 a la sanidad pública (6,74 en 2019), pero un 46,8% piensan que necesita cambios importantes, sobre todo en la atención primaria y en reducir las listas de espera. Y aquí volvemos a la desigualdad en el gasto. Hay 6 autonomías que gastarán poco en sanidad este año 2023, mucho menos que la media (1.809 euros por habitante): Madrid (1.446 euros), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.651). Y otras 6 que gastan bastante más en sanidad: Asturias (2.133), País Vasco (2.130), Extremadura (2.092), Navarra (2.020), Castilla y León (1.999) y Baleares (1.827 euros). Y el gasto sanitario autonómico apenas ha crecido, a pesar de la pandemia. Es más: hay 4 autonomías que gastaron menos en sanidad en 2021 que en 2019: Madrid (-874 millones, -9,96%), Murcia (-231 millones, -9,58%), Cataluña (-969 millones, -9,10%) y Canarias (-6,3 millones, -0,19%).
Está claro que mejorar la sanidad no pasa sólo por gastar más (necesario pero no suficiente) sino por gestionar mejor, con más personal (faltan 8.000 médicos, 15.000 enfermeras y 10.000 administrativos), mejores políticas laborales (menos precariedad y más incentivos) y potenciando la atención primaria (se lleva el 13,9% del presupuesto total, un 10,7% en Madrid, cuando debería recibir el 25%, según la OMS). Pero el gasto es clave. Y si no, veamos las regiones con peor sanidad, según el ranking de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que valora múltiples factores: a la cola están Andalucía (65 puntos sobre 143), Murcia (71), Comunidad valenciana (73) y Canarias (73), seguidas de Madrid (74), Cataluña (75), Castilla la Mancha (80) y Baleares (81), 6 de las 8 autonomías que menos gastan en Sanidad. Y dan la mayor puntuación a la sanidad de Navarra (108 puntos de 142), País Vasco (106), Extremadura (95), Asturias (93) y Aragón (92)… que son 4 de las 6 autonomías que más gastan en sanidad (¿casualidad?).
Vayamos a la educación, otra competencia clave que gestionan las autonomías. Aquí se repite la tremenda desigualdad en el gasto educativo. Y se repiten las autonomías que menos gastan en educación (año 2022): Madrid (819 euros por habitante), Canarias (907), Castilla y León (968), Galicia y Aragón (998), Asturias (935) y Baleares (937 euros/habitante). Y las que más gastan: País Vasco (1.445), Navarra (1.349), Murcia (sorpresa: 1.080 euros), Comunidad Valenciana (1.192), Cantabria (1.167), Extremadura (1.173) y Andalucía (1.017 euros/habitante). Y otra vez pasa lo mismo: el gasto educativo de las autonomías ha crecido poco estos años (+4.128 millones entre 2021 y 2019, un +9,98%), sobre todo en Cantabria (cayó en 0,6 millones, -0,10%), País Vasco (+102,5 millones,+3,51%), Madrid (+226,6 millones, +4,64%) y Cataluña (+313,9 millones, +4,89%).
Al final, la calidad de la educación también es muy diferente por autonomías, no sólo por su mayor o menor gasto sino por su gestión y los medios que tienen (de los 33.323 profesores contratados por la pandemia, 16.000 han sido despedidos entre 2022 y 2023). España es líder europeo en alumnos repetidores (el 29% de los jóvenes de 15 años han repetido, frente al 16,1% en la OCDE), estando en cabeza Andalucía, Castilla la Mancha, Madrid y Galicia. Y en abandono escolar temprano (el “cáncer” de nuestra educación: jóvenes de 18 a 24 años que no han completado la ESO o no han completado Bachillerato o FP), donde España alcanza un 13,9% (superior al 9,7% en la UE), superan esta media Murcia (18,7%), Baleares (18,2%), Cataluña (16,9%), Comunidad Valenciana (15,7%), Andalucía (15,3% y Castilla la Mancha (15,1%). Globalmente, Murcia y Madrid tienen los peores datos de educación pública en España y el País Vasco los mejores, según este completísimo estudio de la Asociación Sociedad Civil por la Educación.
Vayamos a la cuarta
pata del Estado del Bienestar (en la 3ª, las pensiones, no intervienen las
autonomías), la Dependencia, un
derecho reconocido en 2007 y que gestionan y co-financian las autonomías. El
balance es bastante desastroso: hay 353.965 dependientes desatendidos
(176.542 dependientes “pendientes de valoración”, “aparcados”, y otros 177.423 dependientes en “lista de espera” de
atención: tienen legalmente reconocida una ayuda, prestación o servicio, pero
que no la reciben). Y la mayoría de estos dependientes “desatendidos” son mayores, lo que condujo a que 45.360 ancianos murieran en 2022 sin recibir la atención que les
correspondía. Encima, en 2021, el
Gobierno aprobó
un Plan de Choque, con el que ha
duplicado su aportación a la Dependencia, mientras 10 autonomías aprovecharon que había más recursos estatales para
reducir ellos su financiación, para
“hacer Caja” y gastar 309 millones menos en Dependencia: son Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura, Canarias, La
Rioja y Castilla la Mancha.
En Dependencia, también el gasto autonómico es desigual, con grandes diferencias entre los que más gastan por habitante (7.159 euros La Rioja, 6.835 Castilla la Mancha y 6.752 Euskadi) y los que menos (4.101 euros Asturias, 4.155 Aragón, 4.377 Castilla y León y 4.537 euros Baleares). En conjunto, todos aportan relativamente menos que antes de la pandemia: si las autonomías financiaban el 63,8% de la Dependencia en 2019, en 2022 sólo financian en 53%, mientras crece la financiación del Estado (del 15,5 al 26,5%) y sobre todo el copago de las familias (financian el 20,5% del gasto). Y existe un ranking de la gestión autonómica de la Dependencia, que elaboran desde 2008 los Directores de Servicios Sociales: suspenden en 2022 Murcia (2,4 puntos sobre 10), Canarias (2,9), Cataluña, Cantabria y Asturias (3,5), Euskadi (3,8), Ceuta y Melilla (4,4), Aragón (4,4) y Extremadura (4,7), destacando Castilla y León (7,5 puntos), Castilla la Mancha (7,9) y Extremadura (7,6).
Vayamos a la vivienda, donde las autonomías tienen competencias para promover viviendas protegidas (VPO) y gestionar ayudas a la compra y alquiler (con fondos propios y del Estado central). La dejación de responsabilidades ha sido generalizada. Basten 2 datos. Uno, las autonomías han promovido 3.090 VPO en toda España en 2022. Y hay 5 autonomías que no terminaron en 2022 ninguna vivienda protegida: Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Murcia y la Rioja, más Ceuta y Melilla). Y tres autonomías (Aragón, Asturias y Extremadura) no promovieron ninguna VPO para alquilar. En general, no hay promoción pública de vivienda y los promotores privados se quejan de que no les facilitan suelo para construir y que se les fija unos precios (módulos) que no les compensan. Además, el gasto en políticas autonómicas de vivienda es ridículo y también desigual: el gasto menor por habitante lo hacen Baleares (26 euros), Castilla y León (27), Murcia (32), Andalucía (37), Madrid (40), Aragón (42), Asturias (43) y Galicia (48 euros por habitante), destacando sólo el esfuerzo de Navarra (153 euros), Euskadi (89), Cataluña (85) y Comunidad Valenciana (73). Otra crítica a las autonomías es que gestionan con retraso y excesiva burocracia las ayudas públicas (del Estado y propias) al alquiler (del 40 al 50% para jóvenes) y compra de vivienda.
Otra cuestión clave que gestionan las autonomías es la
política de empleo, la gestión de
las oficinas de empleo y con ella, la concesión de los subsidios, los
cursos de formación y los incentivos a la recolocación. Otro
desastre: las oficinas del SEPE
sólo han gestionado el 2% de los contratos hechos en la última década. Y
sólo 1 de cada 38 parados que cobran el desempleo llegan a recibir una oferta
de empleo. Además, la gestión de cursos es ineficaz y por eso sólo los hacen el
2% de los parados. Todas las oficinas de
empleo necesitan más personal y mejor formado para ayudar a la recolocación de
los parados, pero los
datos indican que las regiones que consiguen más recolocaciones son
Extremadura, Andalucía y Canarias y las que menos son Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid.
Una competencia autonómica clave, compartida con los Ayuntamientos, son los servicios sociales, el gasto social para atender a los más desfavorecidos. Y aquí, también el esfuerzo es muy desigual: las que hacen menos gasto social son Baleares (227 euros por habitante), Canarias (266), País Vasco (296), Murcia (310), Andalucía (317) y Madrid (310 euros/habitante), mientras el mayor gasto social lo hacen Navarra (669 euros por habitante), Extremadura (557), Asturias (507) y la Rioja (504). Y además, muchas autonomías han aprovechado que el Estado aprobaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para reducir su renta básica, la ayuda que dan a los más pobres: les llegaba en 2021 a 645.317 beneficiarios, con un gasto de 1.772 millones de euros. Son 150.000 beneficiarios menos y un recorte de 247 millones (-12,58%) sobre los datos de 2020. Adivinen quien ha recortado más en rentas mínimas: Madrid (-55,4%), Aragón (-52,5%), Castilla la Mancha (-53,37%), Castilla y León (-40,15%) y Melilla (-44,93%), aumentando este gasto sólo Cataluña (+0,53%).
Este mínimo gasto social choca con las altas cifras de pobreza, muy desigualmente repartida entre las autonomías. En 2022, había 9.698.436 españoles “pobres” (el 20,40% de la población), algo objetivo de medir: los que ingresan menos del 60% de la renta media del país (menos de 841 euros al mes los solteros y 1.765 euros las familias con 2 hijos). De ese total, el 59% se concentra en 4 regiones: Andalucía (2.481.567 “pobres”, el 29,1% de la población), Comunidad Valenciana (1.129.539, el 22,3%), Cataluña (1.112.909, el 14,5%) y Madrid (1.004.418 “pobres”, según el INE, el 14,8% de los madrileños). Y si nos fijamos en los pobres que no llegan a ingresar ni el 40% de lo que gana el español medio, son 5.476.908 los españoles “en pobreza severa” (1.254.816 en Andalucía, 678.082 en la Comunidad Valenciana, 621.441 en Cataluña y 557.640 en Madrid), los que engrosan esas “colas del hambre” de las que casi nadie habla y a los que apenas se atiende.
Y luego quedan muchas competencias autonómicas en Justicia (transferida a 12 autonomías, todas salvo Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares, más Ceuta y Melilla), con gran desigualdad en el gasto (60 euros por habitante en Galicia a 96 en Euskadi), en transporte (con autonomías que apenas lo subvencionan), en comercio y turismo, en investigación (Castilla la Mancha gasta 22 euros por habitante y 30 Murcia, frente a 392 la Rioja y 250 euros Euskadi), o Cultura (Murcia gasta 14 euros/habitante y Madrid 31 frente a 113 Navarra y Cataluña 60). Y el grave problema de la despoblación: 6 regiones pierden población respecto a 2019 (-26.908 habitantes Castilla y León, -18.114 Asturias, -12.934 Extremadura, -9.035 Galicia, -1.660 Ceuta y -1.317 Melilla). Y la ganan Cataluña (+117.394), Madrid (+86.942), Andalucía (+85.947) y Comunidad Valenciana (+64.198).
Me he alargado con las autonomías, pero no quiero terminar sin hablar de los Ayuntamientos, que gastan unos 50.000 millones al año en servicios básicos para el ciudadano: recogida de basuras, transportes, abastecimiento de aguas, policía municipal y obras. Aquí también, el gasto es muy desigual, muy relacionado con su población y su economía, clave para los ingresos municipales: dos tercios proceden de la vivienda, del IBI, y el resto de los vehículos, la actividad comercial, las tasas y las transferencias del Estado y las autonomías. Los Ayuntamientos con más gasto por habitante (media 2018-2021) son Barcelona (1.666 euros), Bilbao (1.612), Madrid (1.355), Granada (1.092), Santa Cruz de Tenerife (1.087), Sevilla (1.065), Pamplona (1.018), Málaga (1.010), Zaragoza (1.002) y Valencia (1.002). El mayor problema lo tienen los Ayuntamientos pequeños, con bajos ingresos y que han de mantener un gasto mínimo (la farola alumbra a menos personas y gasta lo mismo).
Uno de los grandes retos de los Ayuntamientos es ampliar su gestión, porque son "la primera línea de los problemas" (vivienda, empleo, pobreza) y les faltan recursos y competencias. El Gobierno Rajoy (Montoro) les utilizó para bajar el déficit público global y llevan años con superávit y el contrasentido de que no lo pueden gastar: tienen 37.370 millones en efectivo y depósitos, que sólo pueden destinar a rebajar su deuda, no a la vivienda, el tráfico o los pobres. Y deberían recibir más recursos del Estado y las autonomías, hasta un 25% del total (ahora gestionan el 12% del gasto público). Sobre todo porque tienen grandes retos, como la movilidad, la contaminación, las infraestructuras y los servicios públicos, que conocen y deberían gestionar más, en detrimento de las autonomías y el Estado.
Si has llegado hasta aquí, verás que nos jugamos mucho en estas elecciones del 28-M, porque los políticos autonómicos y municipales gestionan cuestiones clave en nuestras vidas, desde la sanidad, educación o dependencia al empleo, la vivienda, la Justicia, el tráfico, el agua, la contaminación o los parques. Así que valora cómo están esos servicios, cómo se gestionan y el gasto que se hace (ver cuadro) antes de votar el domingo. Infórmate y vota.
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