Este mes, el día 21, los sindicatos se manifiestan no para pedir más salarios sino para pedir más industrias. Saben que el futuro del empleo pasa por promover nuevas industrias, que crean un empleo más estable y mejor pagado, más inmune a las crisis que el de los servicios, como se ha visto con el coronavirus. Por eso, la prioridad de los Fondos europeos es relanzar la industria, junto a la economía verde y la digitalización. En España, ya se han aprobado 8 Planes estratégicos (PERTEs), para apostar por el coche eléctrico, la industria agroalimentaria, naval y aeroespacial, la economía circular, energías renovables y microchips, con una inversión estratosférica (66.000 millones), que espera crear 500.000 nuevos empleos industriales en 4 años. Parece que esta vez se apuesta por la industria y no sólo por batir récords de turistas, bares y comercios. Ahora falta una Ley de la Industria (es de 1992) y concretar el Pacto de Estado por la industria, que firmaron (¡en 2016 ¡) sindicatos y patronal. A ello.
Enrique Ortega |
La pandemia sumió al mundo en una grave crisis económica, que ha afectado sobre todo a los servicios, en especial al turismo y al consumo. Curiosamente, la industria salió mejor parada, a pesar de los cierres durante algunos meses de las factorías y la interrupción de suministros en el comercio mundial. Los datos indican que mientras la economía se desplomaba en el primer año de la pandemia (-10,8% cayó el PIB en España), la industria ganó peso en la economía en 2020 y también en 2021: pasó de aportar el 14,5% del crecimiento (PIB) en 2019 al 14,7% en 2020 y el 15,3% en 2021. Y los datos del INE revelan que la industria ha seguido mejorando su peso en el primer trimestre del 2022, al aportar ya el 16% del crecimiento total de la economía. Y ello gracias a un menor peso de los servicios y la construcción, más dañados por la pandemia.
Pero esta ligera mejoría de la industria, por la mayor caída de los servicios, no puede ocultar que la industria en España está “de capa caída” comparada con hace 50 años: en 1970, la industria suponía más de un tercio de la economía (aportaba el 38% del PIB) y todavía en 1980 éramos la 9ª potencia industrial del mundo. A partir de 1983, el gobierno de Felipe González tuvo que afrontar una dolorosa reconversión industrial, que desmanteló las industrias básicas (ruinosas). En los años 90, el gobierno Aznar privatizó las empresas públicas más rentables (Telefónica, Repsol, Tabacalera), mientras España se volcaba en el ladrillo y los servicios. El resultado fue que el peso de la industria cayó en picado: de aportar el 19,86% del PIB en 1987 al 16,36% en 2007 y un mínimo del 15,98% en 2013, el peor año de la crisis. A partir de ahí, siguió perdiendo peso, hasta aportar sólo el 14,5% en 2018 y 2019. Y sólo ha mejorado su aportación después (hasta el 16% actual), por la caída de los servicios con el coronavirus.
Con ello, España es ahora la 17ª potencia industrial del mundo y compite sobre todo en precio, por nuestros menores salarios en relación a la mayoría de Europa. Y la industria tiene un menor peso en España que en Europa: ese 15,3% que aporta a la economía (2021) contrasta con un 19% de media en Europa, el 23,6% de Alemania y el 17,4% de Italia, aunque supera a Francia (13% aporta la industria) y queda muy por debajo de los paises de Europa del Este (con más del 20% de peso de la industria), según Eurostat. Y queda lejos del objetivo europeo para 2020: que la industria aportara el 20% del PIB.
Lo más preocupante no es sólo que la industria española no recupere el peso del pasado sino que se ha perdido mucho empleo industrial, trabajadores que se han cambiado a la construcción o a los servicios: se ha pasado de 3.244.300 empleos en el verano de 2008 a 2.697.100 ocupados en el primer trimestre de 2022, según la EPA. Son -547.200 empleos industriales perdidos entre la crisis financiera (-480.600) y la pandemia (-66.600). Esta caída del empleo industrial preocupa doblemente a los sindicatos: porque son empleos perdidos y porque los empleos industriales son “de más calidad” (mejores contratos, bien pagados).
Ahora, en 2022, se esperaba que la industria siguiera mejorando, tras haberse superado lo peor de la pandemia. Pero el 24 de febrero, Putin invadió Ucrania y estalló una nueva crisis que ha trastocado otra vez la economía y también a la industria, que sufre una “tormenta perfecta”: se les han disparado los precios de la energía (gas, luz y carburantes) y las materias primas, mientras se mantienen los problemas de suministros en el mercado internacional. De hecho, la industria está siendo el sector más afectado por la alta inflación (+8,7% en mayo), sobre todo las industrias más dependientes de la electricidad (cuyo precio se ha duplicado en 2022), como la siderurgia, el aluminio o el cemento, o del gas natural (cuyo precio se ha multiplicado por 10), como la industria química o la cerámica.
La consecuencia es que la industria también “ha pinchado”, como el resto de la economía (+0,3% de crecimiento este primer trimestre, frente al +5,1% que crecimos en 2021), cayendo en el primer trimestre (-1,4%), como la agricultura (-2,2%), mientras se mantenían la construcción (+0,3%) y los servicios (+0,4%). El mayor problema en la coyuntura industrial lo tienen la fabricación de vehículos, la metalurgia y los plásticos (que caen en el primer trimestre), mientras aguantan mejor la industria de la madera y corcho, las refinerías, el textil, los productos electrónicos y farmacéuticos, según el Índice de producción industrial. Y otro indicador, el de clima industrial, ha caído en abril a niveles negativos, por primera vez desde junio de 2021. Lo que preocupa ahora a 3 de cada 4 empresas industriales es la inflación, la escasez de materiales y la falta de demanda.
Antes de que estallara la guerra de Ucrania, la mayoría de los paises europeos ya habían aprendido una lección con la pandemia: que es demasiado peligroso depender de los servicios y que la industria es menos vulnerable a las crisis. Los datos lo dejan muy claro: los paises que mejor han aguantado el impacto de la pandemia han sido los paises con más peso de la industria: en 2020, China (la fábrica del mundo) creció un +2,3%, lo mismo que Taiwán (+3,1%), mientras Corea del Sur sólo caía un -1%. Y en Europa, Alemania caía un -4,9%, mientras paises con menos peso de la industria y más dependientes de los servicios sufrían una mayor crisis: Francia (-8,2%), Italia (-8,9%) y España (-10,8%).
Esta mayor o menor caída de las economías según el menor o mayor peso de la industria no es casualidad. Porque la industria ha demostrado, en todas las crisis (en la de 2008-2010 y ahora en la pandemia), que es menos vulnerable y que mantiene mejor la actividad y el empleo que los servicios. Ello se debe a que la industria es más innovadora (el 47% de las empresas innovadoras son industriales), compite mejor fuera (en España, el 83% de todas las exportaciones las hacen empresas industriales), tienen una mano de obra más formada y crean empleos más estables y mejor pagados (cobran un 20% más que en los servicios). Por todo ello, tener más industria supone disponer de “una red de seguridad” frente a las crisis. Eso sí, en el caso de Europa y España, la pandemia ha revelado la excesiva dependencia de China y Asia, así como de las cadenas internacionales de suministro (puertos, barcos, camiones), lo que exige ahora buscar una mayor autonomía industrial.
Por todo ello, la Comisión Europea lleva varios años impulsando una nueva política industrial europea, asentada en potenciar los sectores estratégicos, para lograr grandes compañías que puedan competir con EEUU, China y Asia, asegurando los suministros y la independencia europea en futuras crisis, tras las enseñanzas de la pandemia y ahora la guerra de Ucrania. Por eso, la política industrial es uno de los objetivos claves del Plan de Recuperación europeo (“Next Generation EU”), junto a la reconversión energética y la digitalización.
En el caso de España, durante muchas décadas se ha vivido con la idea de que “la mejor política industrial es la que no existe”. Así que los distintos Gobiernos se han dedicado a facilitar la inversión de las multinacionales (automóvil, farmacéuticas), pero sin entrar en una “planificación de la industria”, escaldados por la historia de las reconversiones de empresas públicas. Hasta que en junio de 2018, el nuevo presidente Sánchez, crea otra vez el Ministerio de Industria (antes, con Rajoy, estaba dentro del Ministerio de Economía) y posteriormente, en febrero de 2019, se aprueba las Directrices de la Nueva Política Industrial para 2030. Es el primer esbozo de una apuesta por la industria a medio plazo, que tarda en concretarse por los cambios políticos, aunque se traduce después en mayores recursos para la industria en los Presupuestos de 2020 y 2021.
Pero el gran salto, la verdadera apuesta por la industria se da con el Plan de recuperación, enviado a Bruselas el 30 de abril de 2021. Ahí se decide destinar el 17,1% de todos los recursos del Plan (70.000 millones de subvenciones europeas) a la política industrial en los próximos cuatro años. El objetivo es modernizar la industria española para que sea “más verde digital y tecnológica”, dotando a los programas con 6.106 millones de inversiones públicas entre 2021 y 2023 (3.781 millones con Fondos UE). La apuesta es apoyar a los sectores industriales claves (“tractores), como la automoción, la industria agroalimentaria, química, farmacéutica, aeronáutica y máquina herramienta, apostando además por sectores nuevos, que quiere impulsar Europa, como las baterías, el hidrógeno verde, la economía circular (residuos) y los microprocesadores.
Esta apuesta por la industria en el Plan de recuperación se
ha traducido en la aprobación (entre
julio de 2021 y mayo de 2022) de 8
Programas estratégicos (PERTE), que son proyectos industriales a
medio plazo donde se pone dinero público
(de los Fondos UE y del Presupuesto) para
atraer también inversiones privadas: PERTE del vehículo eléctrico (24.000 millones a invertir entre 2021 y 2023,
4.300 públicos), PERTE energías
renovables (16.300 millones, 6.900 públicos), PERTE agroalimentario (3.000 millones, 1.000 públicos), PERTE economía circular (1.200 millones, 492
públicos), PERTE industria naval
(1.460 millones, 310 públicos), PERTE industria
aeroespacial (4.533 millones, 2.193 públicos), PERTE digitalización ciclo del agua (3.060 millones) y PERTE microelectrónica y semiconductores
(12.500 millones de inversión pública, el programa más ambicioso). En
total, una inversión industrial histórica,
de 66.000 millones de euros, que
pretende crear 500.000 nuevos empleos.
Ahora, España tiene un Plan para relanzar la industria y abundante dinero público (español y europeo), que necesita contar ahora con inversiones privadas y proyectos viables, que hay que ejecutar bien y a tiempo (si no, perderemos las ayudas europeas). Pero en paralelo a la ejecución de los nuevos proyectos, la industria española (toda) tendrá que reconvertirse y resolver sus problemas de fondo, sus debilidades: escaso peso de la tecnología, pequeño tamaño industrias, escasa financiación, baja formación trabajadores, altos costes de la energía y el hándicap de la geografía. Y además, hay que reducir la tremenda disparidad regional: sólo hay 3 regiones españolas con un peso importante de la industria (más del 20% de su PIB regional: Navarra, la Rioja y el País Vasco), mientras la mayoría tiene un peso bajo (en torno al 10%) y hay 5 regiones con un peso mínimo de las industria (del 2 al 7% de su PIB), concretamente Baleares, Canarias, Madrid, Extremadura y Andalucía.
La primera debilidad de la industria española es el escaso peso de la industria “tecnológicamente avanzada” (sólo el 6,2% del total), frente al enorme peso de las industrias tradicionales (agroalimentación, química, farmacéutica, automóvil y transporte suponen el 55% de la industria), lo que se traduce en menor productividad y competitividad, según este estudio de CCOO. La segunda debilidad es el tamaño, demasiado pequeño porque hay un exceso de pymes en la industria: sólo el 15% de las industrias españolas tienen más de 10 empleados, frente al 38% de las industrias alemanas. Y la cifra media de negocio de las industrias españolas es de 3,42 millones de euros, frente a 4,17 millones de media que facturan las industrias europeas. Este menor tamaño redunda en menos inversión, menos tecnología y peor accedo al crédito. La tercera debilidad es el atraso tecnológico, por partida doble: España como país gasta menos en Ciencia (1,41% del PIB frente a 2,32 la UE -27) y las empresas españolas gastan en tecnología la mitad que las europeas. La cuarta debilidad es el mayor coste de la energía en España, lo que debilita su competitividad. La quinta, que las empresas (todas) tienen más dificultades para financiarse (la banca española “ha huido” de la industria). Y luego hay una 6ª debilidad, geográfica: nuestras industrias están en una punta de Europa y tienen que recorrer 2.300 kilómetros para llegar a los mercados de Centroeuropa.
Con todos estos “hándicaps”, aumentar el peso (y el empleo) de la industria en España no va a ser fácil. Pero es clave para consolidar una economía más estable en las crisis. Por eso, sindicatos y patronal ya firmaron el 26 de noviembre de 2016 un Pacto de Estado por la industria, algo poco usual, acordando un decálogo de medidas que pidieron entonces al Gobierno Rajoy: rebaja costes energéticos, digitalización de la industria, aumento tamaño empresas (fomentando fusiones), mayor inversión en tecnología e innovación, mejora en la formación, más financiación, unidad de mercado (no 17 regulaciones autonómicas), reducir los costes logísticos y de distribución, mejorar la sostenibilidad medio ambiental y ayudar a la expansión internacional de las empresas (captando más inversiones extranjeras).
Pasaron los años, cambió el Gobierno y las medidas no se aprobaban. El 22 de marzo de 2021, sindicatos y patronal volvieron a presentar su Pacto de Estado por la Industria en la Comisión de Industria del Congreso, donde todos los grupos lo apoyaron, pero sin más. Y hasta septiembre de 2021 no se creó el Comité Ejecutivo del Foro de Alto Nivel de la industria española, integrado por 30 organizaciones, entre ellas el Gobierno, sindicatos y patronal, que tienen pendiente aprobar formalmente el Pacto otra vez (ojo: ¡ 6 años después ¡), para enviarlo al Parlamento y que se traduzca en medidas concretas. Entre ellas, una nueva Ley de Industria, que sustituta a la vigente, que es de 1.992. El Gobierno lanzó a consulta pública un borrador de esta Ley en abril y quiere aprobarla este año 2022.
Como se ve, hay muchos motivos para que los sindicatos se manifiesten este mes para pedir de una vez medidas concretas para relanzar la industria española, porque no basta con los Fondos Europeos y los PERTEs. Hay que aprobar medidas para afrontar las debilidades estructurales de la industria y reforzarla para afrontar los retos de este siglo, básicamente la digitalización, el cambio climático y la revolución tecnológica. Hay que apostar a tope por la industria, porque es apostar por un empleo estable y de calidad. No podemos seguir siendo un país de hoteles, bares, comercios y grúas. Nos faltan industrias.
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