Adjudicados la mitad de los Fondos europeos
Los Fondos Europeos han superado la primera
mitad de su trayecto, que acaba el 31 de agosto de 2026, cuando
tienen que estar adjudicados los 163.800 millones que llegarán de Europa
(mitad subvenciones, mitad créditos). De momento, vamos bien,
porque se han adjudicado el 48% de las subvenciones inicialmente
previstas, dirigidas a 600.000 proyectos en marcha, que benefician a 400.000
empresas y autónomos, 150.000 particulares y 5.000 centros de investigación.
Pero lo más difícil está por hacer: habrá que adjudicar 114.500
millones en los próximos 2 años y medio, más del triple de lo
adjudicado hasta ahora. Eso exigirá un enorme esfuerzo de gestión
al Gobierno, autonomías, Ayuntamientos, empresas y centros de investigación,
porque el dinero que no se ejecute se pierde. Y estos Fondos
europeos son claves para modernizar la economía y afrontar los retos
energético y digital, la garantía para mejorar nuestra productividad, empleo
y nivel de vida. Nos jugamos mucho gastando bien estos Fondos europeos, un
reto que debería unirnos a todos, relegando las peleas políticas (?).
España fue el primer país europeo en aprobar un
Plan de Recuperación, el
27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del
Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente
adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en créditos
con bajo interés a devolver), con 4
objetivos básicos: la
transición energética, la digitalización de la economía, las reformas
económicas necesarias y la reducción de desigualdades regionales, sociales y de
género. El Gobierno Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y
medio después, el 16 de junio de 2021 lo
aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado),
siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de
2021, “con la máxima calificación”.
A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar
y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el
Tesoro español recibió la
primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”.
A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas de
Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que
España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e
inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega…
El primer
desembolso oficial condicionado
(tras el anticipo de agosto) llegó el 27 de diciembre de 2021: 10.000
millones de euros, que eran, otra vez más, la
1ª entrega de Fondos del Plan de Recuperación que hacía Bruselas a
un país europeo, tras confirmar la Comisión que España había cumplido 52
hitos y reformas, entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de
la conectividad, la aprobación del Plan de Ciencia, la modernización de la
Administración Pública y los Planes para la igualdad retributiva de hombres y
mujeres. Además, España tuvo que aceptar y firmar antes, en noviembre de 2021,
el Reglamento de concesión de los Fondos europeos aprobado por la Comisión, una
exigente “hoja de ruta” para asegurar su buen funcionamiento.
España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el
27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un segundo
desembolso oficial a España: otros
12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40
hitos, entre ellos la aprobación de la reforma laboral, la primera fase de
la reforma de las pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de
ruta de la eólica marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders
(repartidores), las medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la
modernización de la Agencia Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria
y la Ley de la Cadena Alimentaria.
Y ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea
autorizó el
tercer desembolso condicionado para España
(la 4ª entrega efectiva de Fondos): 6.000 millones de euros, que
llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España había cumplido otros 29
hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley Concursal, la Ley de Formación
Profesional, la reforma de la cotización de autónomos y la Ley de medidas
contra el fraude fiscal. Esta vez, la
luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la
Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para
cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una
herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.
En total, con estas 3 entregas condicionadas y el anticipo
inicial, España recibió en el primer año y medio del Plan 37.036
millones de subvenciones de Fondos europeos,
el 52,9% de las ayudas a fondo perdido previstas inicialmente (70.000
millones). Y había cumplido, en esos primeros 18 meses, 121 hitos
(objetivos y reformas), el 30% de los 416 hitos que España se comprometió a
cumplir dentro del Plan de Recuperación hasta 2026. Con ello, España era
el país europeo más avanzado en el cumplimiento del Plan y la Comisión lo
ponía como “ejemplo”, como demostraban los
2 tuits escritos el 17 de febrero de 2023, el día que se autorizó el tercer
pago condicionado: “Doy la enhorabuena a España. Que siga
trabajando así de bien y que la Comisión está a su lado”, escribió la
presidenta Úrsula Von der Leyen. “Enhorabuena a España. La
Comisión avala la tercera solicitud de pago del Plan de recuperación”,
tuiteó el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis.
Este apoyo explícito de la Comisión a España, más
avanzada que la mayoría
de los paises en el cumplimiento de los Planes de Recuperación, chocaba
con la actitud crítica del PP español, que llevaba año
y medio poniendo en cuestión la
ejecución y la transparencia del Gobierno Sánchez con los
Fondos Europeos. Primero criticó la gestión en España y luego llevó sus
críticas a Bruselas y al Parlamento Europeo, “alimentando las dudas” de los partidos populares europeos (sobre todo, alemanes y holandeses), a
los que no les gusta mucho el Fondo de Recuperación europeo, básicamente porque
les toca pagar… (a los paises derrochadores del sur, Italia y España). Además, una parte de “la familia popular europea”, el
ala “más ultra” (encabezada por el alemán Manfred Weber, de la CSU) intentaron
utilizar a los Fondos Europeos y a España para atacar a la
presidenta Von der Leyen (de la CDU), cuyo puesto Weber quiso ocupar.
Así se explica que la presidenta del Comité de Control del
Parlamento Europeo, la
eurodiputada alemana Mónica Hohlmeier (de la CSU y brazo derecho de Weber),
organizase una visita a España el 21 y 22 de febrero de 2023, acompañada
de eurodiputados españoles, para una misión de “control y auditoría” de
los Fondos europeos. Tras dos días de reuniones con Hacienda, Economía,
autonomías, empresarios y sindicatos, analizando proyectos e inversiones (“hasta
el detalle de los movimientos de tesorería”, reconocieron), la delegación del
Europarlamento abandonó España señalando Hohlmeier que “no
ha encontrado fraude ni incumplimientos legislativos” en el
despliegue de los 31.000 millones recibidos. Y la misión constató que “España
cumple”.
Un año después, este 14 de marzo de 2024, la Comisión
Europea se ha reunido en Madrid con el
ministro de Economía y otros expertos, para hacer un balance de
la ejecución de los Fondos europeos, cuando se cumple la mitad de su
trayectoria (2 años y medio). La Comisión ha calificado de “excelente”
el Plan español, en palabras del Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, aunque
pide “acelerar ahora la ejecución de los Fondos europeos porque tienen
que gastarse para 2026”. Y como prueba de buena voluntad, la
Comisión ha concedido a España un
plazo extra de 2 meses, hasta el 20 de mayo, para que culmine dos
reformas que se exigen para entregarnos la 4ª entrega condicionada de fondos,
otros 10.021 millones de euros, vinculados al cumplimiento de 61
hitos y objetivos. Ahora, España tiene que avanzar en dos de esos hitos
pendientes: uno, aprobar una nueva reforma del seguro de desempleo (la
anterior fue
aprobada el 19 de diciembre, pero Podemos
la tumbó en el Congreso este 10 de enero) y el otro, introducir una
serie de cambios técnicos (exigidas por el Tribunal de Cuentas Europeo)
en las inversiones en las redes de transportes.
Mientras España aprovecha esta prórroga para aprobar los
cambios, el Gobierno ha hecho un balance
del cumplimiento del Plan de Recuperación
en su primera mitad de vida: se han utilizado ya, el Tesoro ha adjudicado 37.000
millones de euros (a 30 de noviembre de 2023), el 48% de los Fondos
europeos asignados a España. O sea, que se han “inyectado” a la economía la
mitad de los fondos disponibles al cumplirse la mitad del Plan. Inicialmente,
en 2020, se dijo que España iba a recibir 69.500 millones de euros en
subvenciones a fondo perdido. Pero después, la
Comisión ha ampliado esta cifra, porque resulta que la caída del
PIB de España con la pandemia fue mayor de la esperada (-11,2%) y así, en
octubre de 2023, nos
han adjudicado 7.700 millones más en
transferencias adicionales (de ahí que los 37.000 millones adjudicados supongan
el 47,92% de los 77.200 millones en subvenciones que nos corresponden). Y
todavía hay otros 2.600 millones más de ayudas a fondo perdido para
España, con cargo al Plan REPower EU, un
nuevo Plan que Bruselas aprobó en mayo de 2022, a raíz de la invasión de Ucrania
para diversificar el abastecimiento energético.
A finales de noviembre, según
el último informe de ejecución del Plan de Recuperación, se habían adjudicado
el 47% de las subvenciones recibidas por España (37.000 millones pagados
por el Tesoro), con una media de 2.000 millones licitados al mes). Y en
febrero, según el ministro de Economía, se había hecho la convocatoria para
adjudicar 60.000 de los 70.000 millones inicialmente previstos (el 86%).
Según este balance, se han convocado licitaciones para 600.000 proyectos:
400.000 de empresas y autónomos, 150.000 de particulares (ayudas a coches
eléctricos y paneles solares) y 5.000 a proyectos de investigación. Los
grandes beneficiados por estas convocatorias son las empresas
(17.000 millones), los Ayuntamientos (7.200), las autonomías (3.000), entidades
de investigación (2.100 millones), particulares
(1.300 millones) y otras entidades (3.000 millones). En conjunto, la
Administración central y las autonomías son quienes impulsan el Plan.
Parece que “vamos bien” con la ejecución del
Plan de Recuperación, pero en realidad “vamos lentos”. Y eso, porque a
los 77.200 millones de subvenciones (más los 2.600 millones de
ayudas para inversiones energéticas del Plan REPower EU) hay que sumar otros
84.000 millones en créditos (a devolver) que la
Comisión Europea adjudicó a España en octubre de 2023, dentro de la 2ª fase
del Plan de recuperación. El Gobierno español aprobó pedir estos créditos el 20
de diciembre de 2022, como una “adenda” (añadido) al Plan de recuperación,
comprometiéndose a cambio a aprobar 30 nuevos hitos y reformas.
Ahora, tras recibir la luz verde a estos créditos del Plan
de Recuperación (24.000 los canalizará el Banco Europeo de Inversiones y 40.000
España), el
Gobierno aprobó el 24 de febrero 5 líneas
de crédito en el ICO para facilitar la concesión de estos 40.000
millones de créditos UE a empresas y particulares: linea ICO verde (22.000
millones), linea ICO empresas y emprendedores (8.150 millones), linea ICO
vivienda (4.000 millones para financiar viviendas en alquiler), linea Spain
Audiovisual Hub (1.712 millones) y linea Fondo Next-Techo (4.000 millones para
tecnologías disruptivas que promuevan la innovación y digitalización).
Entre subvenciones a fondo perdido (79.800 millones) y
créditos (84.000 millones), España contará con 163.800 millones de euros de fondos
europeos, que hay que adjudicar antes del 31 de agosto de 2026, antes de
2 años y medio. Y de momento, hemos adjudicado 37.000 millones,
el 48% de las subvenciones pero sólo el 22,5% de los Fondos disponibles.
Y quedan 2 años y medio para ejecutar el 78,5% restante. Por eso
habla la Comisión Europea de que hay que “agilizar el Plan”, porque
queda mucho por adjudicar e invertir en estos 2 años y medio (y lo que no
esté adjudicado el 31 de agosto de 2026, se pierde). De hecho, basta
ver los calendarios de pagos previstos: 25.600 millones a recibir en
2024, 44.600 en 2025 y 44.300 millones en 2026. En total, 114.500 millones
pendientes de recibir de Bruselas estos 2 años y medio (y de
gastar) , frente a los 37.330 millones recibidos (y ya adjudicados)
en los 2 años y medio pasados.
En resumen, que queda el grueso de los Fondos europeos (el
70%) por recibir y por gastar. Un
reto colosal para cualquier país y más para España, cuya
administración pública adolece de falta de experiencia y medios (aunque la
ejecución del Plan está muy digitalizada) para movilizar unos Fondos gigantescos
(suponen el 12% del PIB español). Hay
que agilizar al máximo los procesos, reduciendo burocracia, pero asegurando
que las inversiones se seleccionen con rigor y eficacia ( y sin fraudes),
lo que exige la cooperación de autonomías, Ayuntamientos, instituciones y empresas, que deberían volcarse más en esta tarea, “el
gran objetivo” de España en los próximos dos años y medio.
Así deberían verlo todos los partidos políticos, evitando
que la polarización y el constante enfrentamiento político impidan cumplir los
objetivos y acabemos perdiendo unas ayudas imprescindibles. Porque estos
163.800 millones son
el empujón que necesita España para modernizar su economía y afrontar los
retos climáticos y digital, para mejorar nuestra productividad, crecimiento,
empleo (los Fondos crearán más de 1 millón de empleos) y nivel de vida. Hay
que aprovechar hasta el último euro. Nos jugamos el futuro en ello.
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