Renta 2022: el impuesto que más crece

Toca confesarse con Hacienda y presentar la declaración de la Renta, aunque la mayoría ya la ha entregado, para acelerar la devolución, que toca a 2 de cada 3 contribuyentes. El IRPF ingresará más de 100.000 millones este año y es el impuesto que más ha crecido (+38%), mientras el impuesto a las empresas recauda la mitad que en 2007. Pero el IRPF está lleno de exenciones y “agujeros”, con tipos máximos más bajos, por lo que somos el tercer país europeo que menos recauda. Pero es un impuesto que “se nota mucho”, más que el IVA o los impuestos especiales, por lo que nos parece muy elevado. El problema de fondo es que España recauda por todos los impuestos menos que Europa (-45.000 millones al año) y necesitamos más recursos para reforzar los servicios públicos, como se ha visto con la pandemia. Urge recaudar más, no subiendo impuestos a los que ya pagamos sino haciendo que paguen más grandes empresas, bancos y los más ricos. Es el gran debate. 

Enrique Ortega

El impuesto sobre la renta (IRPF) es el principal impuesto que pagamos: en 2021 recaudó 94.546 millones de euros, el 42,3% de todos los impuestos, muy por delante de lo que recaudó el IVA (72.498 millones), el impuesto de Sociedades que pagan las empresas (26.627 millones), los impuestos especiales (19.729 millones de los carburantes, tabaco y alcohol) y las tasas (1.989 millones). Y este año 2022, el Presupuesto prevé superar con la Renta los 100.000 millones de recaudación (100.132 millones), gracias a la mejora del empleo y la subida de la inflación (al no deflactarse los ingresos, pagamos realmente más). Con ello, el IRPF es el impuesto cuya recaudación ha subido más desde 2007, un +38%, más que el IVA (+35%) o los impuestos espaciales (+11,5%) y sobre todo, mucho más que el impuesto de Sociedades, donde las empresas pagan hoy la mitad que en 2007(44.823 millones).

En la declaración de la Renta que presentamos este año, por los ingresos de 2021, Hacienda espera recibir casi 22 millones de declaraciones (21.921.000), aunque dos tercios de ellas (14,35 millones) salen a devolver (11.122 millones), porque al contribuyente se le hicieron más retenciones de lo que tiene que pagar, debido sobre todo a múltiples deducciones. El tercio restante de contribuyentes (5,97 millones) tendrán que pagar (13.400 millones), aunque todos habrán pagado la mayor parte de este impuesto en 2021, con las retenciones que les han hecho sus empresas o ellos mismos por el IRPF.

Este año, la declaración del IRPF tiene pocos cambios. El más llamativo es que sube el tipo máximo (del 45 al 47%) a las rentas más altas, a los que en 2021 tuvieron ingresos por más de 300.000 euros, una minoría de contribuyentes  (unos 40.000, el 0,17% del total). Y también a los que tuvieron rendimientos de capital (intereses, dividendos, ventas Bolsa y Fondos) superiores a 200.000 euros (una minoría aún menor…). Además, se reduce la inversión desgravable en Planes de pensiones (máximo 2.000 euros), que beneficia sobre todo a las rentas más altas, y se incluye una deducción (del 20 al 60%) por obras para mejorar la eficiencia energética en los hogares.

¿Quién paga el IRPF? Este impuesto, el principal de nuestro sistema tributario, lo pagan básicamente los que viven de un sueldo (o pensión), que aportan el 85,5% de la recaudación, según los datos de la Agencia Tributaria, siendo el resto aportados básicamente por los ahorradores e inversores (4,6%) y los ingresos empresariales y de otras actividades (7,2%). Ahondando en los niveles de ingresos, un tercio largo  del impuesto sobre la Renta (el 36,69%) lo paga la clase media, los contribuyentes que ingresan entre 30.000 y 60.000 euros. Otro 24% lo pagan las familias con bajos ingresos (menos de 30.000 euros), básicamente los que ingresan entre 12.000 y 30.000 euros (23,29%). Otro 21,74% lo paga la clase media alta (ganan entre 60.000 y 150.000 euros). Y el 17,72% restante lo pagan los contribuyentes que ganan más de 150.000 euros (123.000 contribuyentes).

Este reparto del esfuerzo, según los datos de la Agencia Tributaria, indica que el IRPF es “medianamente progresivo”, aunque más de la mitad de la recaudación recae entre la clase media y media alta, menos entre los más ricos (que, en su mayoría, utilizan empresas y otros mecanismos para saltarse el IRPF). Pero la Renta tiene un problema estructural: es un impuesto plagado de deducciones y exenciones fiscales (rendimientos del trabajo, tributación conjunta, familia, vivienda, planes de pensiones, donaciones, deducciones sociales, inversiones…), lo que acarrea dos inconvenientes: reducen mucho la recaudación final (-13.745 millones en 2018, el 16,5% de la recaudación final, según la AIReF) y son muy “regresivas”, porque de estas deducciones se aprovechan más las rentas medias y altas que los contribuyentes con menos ingresos, según los expertos fiscales.

Visto quien paga y quien se beneficia de las deducciones, hay que decir que la cuota resultante y las deducciones dependen también mucho de la autonomía donde uno viva. Y eso porque hay un tipo aplicable a nivel estatal (9,50% mínimo y 24,5% máximo) y otro tipo autonómico que varía mucho, con lo que los tipos resultantes del IRPF (mínimo y máximo) varían mucho según las autonomías. Y también son diferentes las deducciones autonómicas, un galimatías que la mayoría desconoce (ver listado por autonomías). En el caso de los tipos, hay dos autonomías que tienen los tipos más bajos: Madrid  (18% mínimo y 45% máximo) y Andalucía (19 y 47%). Y son más elevados en la Comunidad Valenciana (19,50 y 54%), Navarra (13 y 52%), La Rioja (18,50 y 51,50%), Asturias (19,5 y 50%), Cataluña  (20 y 50%) y Baleares (19 y 49,50%), según el Consejo General de Economistas.

Podría parecer que se paga menos por el IRPF en Madrid o Andalucía y más en la Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja o Cataluña. Pero no es así: depende del nivel de ingresos, según estos ejemplos elaborados por el Consejo de Economistas. Así, los que ganan 16.000 euros pagan menos en Madrid y el País Vasco. Y los que ganan 20.000 euros, pagan menos en Cataluña y el País Vasco. Para ingresos de 30.000 euros, se paga algo menos en Madrid y Cataluña. Y a partir de los 45.000 euros de ingresos, siempre se paga menos en Madrid. Sobre todo cuanto más se gana: un contribuyente con 110.000 euros paga de Renta en Madrid 35.175 euros, 2.807 euros menos que en la Comunidad Valenciana, la autonomía donde más pagan los más ricos. Y para los que ganan 300.000 euros, la Renta en Madrid les cuesta 117.415 euros y en la Comunidad Valenciana 135.140. Así que Madrid tiene el IRPF más bajo, pero sobre todo para los más ricos.

En resumen, el IRPF es un impuesto clave pero resulta poco progresivo, desigual entre autonomías y además recauda menos que en Europa (un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-27), no sólo por el “agujero” de las deducciones sino porque pagamos unos tipos menores que en la mayoría de paises de Europa, según este cuadro del Consejo de Economistas: el IRPF tiene un tipo máximo (medio) del 45,5% en España, frente al 47,2% en Italia, el 47,5% en Alemania, el 49,5% en Paises Bajos, el 50% en Austria, el 51,3% en Finlandia, el 52,1% en Suecia, el 53% en Portugal, el 53,1% en Bélgica o el 55,9% en Dinamarca. Así que sentimos que pagamos mucho al presentar cada año el IRPF, pero comparativamente menos que en Europa. Y, sobre todo, los que más ganan.

La Campaña de la Renta y las elecciones en Andalucía han vuelto a poner sobre la mesa el debate de los impuestos, con la derecha y su “receta mágica”: hay que bajar impuestos. Reiteran una y otra vez el tópico económico, inventado por Laffer y probado por Thatcher y Reagan: bajan los impuestos, hay más gasto, crece más la economía y se recauda más. Algo que se ha demostrado falso múltiples veces en la historia reciente, como demuestra el libro “Contra los zombis”, del Nobel Paul Krugman. Y tiene un riesgo que conocemos bien: la bajada de impuestos reduce finalmente los ingresos y fuerza a hacer recortes en los servicios básicos (sanidad, educación, pensiones, Dependencia…).

El debate sobre los impuestos se plantea como un debate ideológico, cuando debería ser un debate sobre los datos. Y la realidad es incontestable: España recauda por todos los impuestos comparativamente menos que el resto de Europa. No es algo de ahora, sino que lleva pasando todo este siglo. En 2019, antes de la pandemia, la recaudación fiscal en España suponía el 43,7% del PIB, frente al 46,9% en la UE-27 y el 47,3% en la zona euro. Y el 47,8% en Alemania, el 48,3% en Italia y el 52,8% en Francia. A lo claro: España recaudaba 83.394 millones menos al año que la media europea. Y  89.618 millones menos que Alemania o 124.471 millones menos que Francia.

Con la pandemia, la recaudación ha mejorado algo, pero seguimos recaudando menos que Europa: 43,7% del PIB en España en 2021, frente al 46,9% de media en la UE, el 47,8% en Alemania, el 48,3% en Italia o el 52,8% en Francia. A lo claro otra vez: España recaudó 45.000 millones menos que la media de la UE-27 en 2021, 44.100 millones menos que Alemania, 57.250 millones menos que Italia y 113.260 millones menos que Francia.

¿Por qué recaudamos porcentualmente menos que otros paises? Básicamente, porque ingresamos comparativamente menos en todos los impuestos. En el IRPF, porque tenemos tipos más bajos y hay demasiadas deducciones. En el IVA, porque tenemos un exceso de tipos reducidos y mínimos, además de mucho fraude. En impuestos especiales, porque carburantes, alcohol y tabaco pagan menos impuestos. Y sobre todo, porque en Sociedades hay una bajísima recaudación, por el exceso de deducciones para grandes empresas y bancos. Dos datos: en 2020, las grandes empresas españolas pagaron un tipo efectivo del 8,3% sobre sus beneficios. Y  los bancos pagaron de impuestos el 6,3% de las ganancias, frente al tipo medio del 12,9% que pagamos los contribuyentes en el IRPF. Y además, hay demasiadas deducciones en todos los impuestos (60.000 millones, según la AIReF) y mucho fraude, sobre todo en el IVA y entre los que no viven de un sueldo.

Visto el panorama, la cuestión es evidente: si queremos reforzar los servicios públicos y el Estado del Bienestar, muy “debilitados” como se ha visto con la pandemia, sólo queda un camino: hay que recaudar más, no menos. Sobre todo porque además, gastamos también menos que la media europea: un 42,3% del PIB en 2019 frente al 46,5% de la UE-27, lo que supone 52.277 millones menos de gasto al año. Y aunque el gasto público ha subido, con la pandemia y la guerra, todavía fue más bajo en España en 2021: 50,6% del PIB frente al 51,6% de media en la UE-27. Aún gastamos 12.500 millones menos al año.

Recaudamos menos y gastamos menos, pero aún así, tenemos un agujero en las cuentas públicas, un déficit, que es el 4º más elevado de la zona euro (tras Malta, Italia y Bélgica): -6,9% de déficit sobre el PIB en 2021, frente al -4,7% de media en la UE. De momento, la Comisión Europea “hace la vista gorda”, por la necesidad de gastar más ante la pandemia y la guerra. Pero ya ha advertido a los paises que en 2023 tendrán que recortar sus déficits, buscando que no sobrepasen el tope del 3% impuesto a los paises del euro.

Para recortar el déficit público en el futuro, España solo tiene dos caminos: ingresar más o gastar menos. Gastar menos parece difícil, porque ya gastamos menos que la media europea y necesitamos gastar más en sanidad, educación, pensiones y Dependencia, donde se ve cada día una falta de medios y personal. Y además necesitamos más inversiones para modernizar el país y hacer frente a los retos del siglo XXI: el Cambio climático, la digitalización y la revolución tecnológica. Así que sólo queda avanzar por el otro camino: recaudar más para reforzar los servicios públicos y la modernización de la economía.

Recaudar más no significa subir los impuestos a todos sino reordenar el sistema fiscal. Hacer una reforma para reducir las deducciones (injustas e ineficaces), ajustar tipos (¿tiene sentido que una comida en un restaurante pague el 10% de IVA, lo mismo que las medicinas?), reducir el fraude y hacer que paguen más impuestos no todos sino los que ahora pagan poco: grandes empresas, bancos, multinacionales y rentas altas. Una propuesta que parece más razonable que bajar genéricamente impuestos: por ahí, nos arriesgamos a recaudar menos y a tener que hacer recortes pronto, obligados por Bruselas.

En marzo de 2022, un Comité de 17 expertos independientes entregó al Gobierno el Libro Blanco de la Reforma Fiscal sobre el que habían trabajado 10 meses, por encargo de Hacienda. Su presidente lo tiene claro: defiende “la necesidad de recaudar más para sostener los servicios públicos”. Y en las 800 páginas de su informe señalan los cambios que harían falta, en Renta (reformular deducciones), en el IVA (eliminar progresivamente los tipos reducidos y superreducidos: supondría +27.000 millones de recaudación), en Sociedades (revisar deducciones y exenciones), en los impuestos a los combustibles (subirlos, bajando impuestos a la luz), establecer cánones digitales, tasas en las autovías y fijar un mínimo en los impuestos del patrimonio, sucesiones y donaciones (donde hay una carrera autonómica a la baja). En paralelo, el Banco de España acaba de decir que considera “imprescindible una revisión integral del sistema tributario”, empezando por revisar el IVA y aumentar la fiscalidad medioambiental, que tiene un bajísimo peso en España, como ha reiterado la Comisión Europea.

Así que frente a recetas simplistas que buscan votos (“hay que bajar impuestos"), los expertos apuestan por una reforma integral de los impuestos, para recaudar más y repartir mejor el esfuerzo fiscal, que ahora cae en exceso sobre los trabajadores y el IRPF. El problema es que cualquier reforma fiscal exige un pacto político y social, algo que no se otea en el horizonte. Y menos para 2023, un año plagado de elecciones. Así que los impuestos no se van a reformar de momento, lo que impedirá mejorar la recaudación y aumentar el necesario gasto social. Hasta que Bruselas nos dé un toque con el déficit. O la derecha llegue a la Moncloa. Entonces, ya saben lo que pasará.