Enrique Ortega |
La pandemia ha dado un fuerte empujón a la contratación de seguros médicos privados. En 2021, estos seguros de salud fueron los que más crecieron (+4,93%), más que los multirriesgo hogar (+4,70%), mientras caían los seguros del automóvil (-0,875), según la patronal UNESPA. Y lo mismo pasó en 2020, con lo que las primas (ingresos) de los seguros médicos han crecido un +10,23% entre 2019 y 2021, cuando el conjunto del seguro en España ingresa todavía menos que antes de la pandemia (-3,65%). El salto de ingresos por primas de seguro médico ha sido espectacular: de facturar 2.000 millones en 1996 se pasó a los 4.000 en 2004, a los 6.000 millones en 2009, a los 8.000 en 2018 y a 9.849 millones ingresados por primas en 2021, según UNESPA. Eso significa que los seguros médicos han multiplicado casi por 5 sus ingresos en los últimos 25 años, mientras todos los seguros multiplicaba su facturación casi por 3 (de 21.000 a 61.835 millones).
El éxito de estos seguros médicos privados se ve también en el número de asegurados, que en 2021 habrán rozado los 12 millones de españoles. A finales de septiembre, último dato de ICEA, había en España 11.610.000 personas con un seguro médico privado, repartidos así: 776.709 asegurados con una póliza de reembolso de gastos médicos (les devuelven los gastos justificados) y 10.833.291 con una póliza de asistencia sanitaria propiamente dicha. Y de este grupo, pueden hacerse tres subgrupos: los funcionarios que tienen un seguro médico privado pagado por el Estado (1.841.659 asegurados), para “descargar” a la sanidad pública (el 83,4% de los funcionarios lo utilizan), los trabajadores a los que paga un seguro médico su empresa (3.791.651) y los particulares que se pagan ellos el seguro médico privado (unos 5.200.000 asegurados en septiembre de 2021). El salto de asegurados ha sido llamativo, porque se ha pasado de 9,2 millones de españoles con seguro médico privado en 2015 a los 12 millones actuales (1,5 millones más que antes de las pandemia).
El negocio de los seguros médicos está muy concentrado en España, ya que las 5 primeras aseguradoras se reparten el 72% del mercado, según datos (2020) de la Fundación IDIS: el 29,5% de las primas (2.732 millones) las ingresa Segur Caixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y el 49% por Vida Caixa Group), otro 15,5% Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), un 13,5% Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los hospitales HLA), otro 6,9% DVK Seguros (filial del asegurador alemán DKV) y 6,5% Mapfre (propiedad de la aseguradora, varios Fondos y Allianz). Completan el ranking la vasca IMQ (que se integra en Adeslas en 2022), con un 2,6% de cuota, Axa (2,5%), Asistencia Médica Colegial (2,2%), FIATC (1,8%), más otro 18,9% el resto.
Con los últimos datos de 2021, casi un 25% de los españoles tienen un seguro médico privado (que pagan ellos, su empresa o la Administración pública donde trabajan). Los últimos datos ofrecidos por UNESPA, los del año 2020, ya indicaban que el 23,35% de los españoles tenían un seguro médico privado, frente a sólo el 19,06% en 2012. Pero el reparto es muy desigual. Hay algunas autonomías con muchos más seguros médicos, como Madrid (el 38% de la población lo tenía en 2020), Cataluña (33%) y Baleares (32%), regiones que coinciden con ser las zonas donde menos gasto público en sanidad se hace: 1.297 euros por habitante en Madrid, 1505 euros en Cataluña o 1.521 euros en Baleares, según revela el último informe de la Fundación Idis. Y hay autonomías donde el seguro médico privado tiene poco peso, como Cantabria (lo tiene el 7,7% de la población), Navarra (12%), Murcia (14%), Castilla y León (18%), Extremadura, Galicia, La Rioja y Comunidad Valenciana (19% de la población), autonomías en general con más gasto público sanitario.
El perfil de los que pagan un seguro médico privado son los que tienen entre 30 y 60 años (el 53,5% de los asegurados), según los datos de UNESPA para 2020, siendo los más numerosos los que tienen entre 41 y 50 años (el 21,38%), los que tienen entre 31 y 40 años (16,49%) y los que tienen de 51 a 60 años (15,44% del total), bajando mucho los asegurados entre los mayores de 70 años (sólo 562.498 tienen seguro médico privado, el 6,08% del total), debido a que las pólizas disparan su precio con la edad y además, las compañías los “rechazan”. Los expertos indican que hay “dos momentos” en los que las personas se plantean contratar un seguro médico privado: cuando van a tener un hijo (por el parto y las prestaciones pediátricas en los primeros años) y cuando se acercan a la madurez y empiezan los achaques. Y ahora, dos años de pandemia han impulsado todavía más estos seguros, tras el colapso de los centros de salud, especialistas y hospitales y, sobre todo, al conocerse que muchos ancianos en residencias no fueron derivados a hospitales en la 1ª ola (principalmente en Madrid), “salvo los que tenían un seguro médico privado”.
La pandemia y el colapso de la sanidad pública, con sus elevadas listas de espera, han sido “la mejor publicidad” para los seguros médicos privados, pero, además, las aseguradoras se han volcado en agresivas campañas de publicidad, sobre todo en 2021. De hecho, los anuncios en televisión e Internet se han multiplicado por 5, en medio de una auténtica guerra por aprovechar la pandemia para vender “seguros médicos low cost”, sobre todo consultas online, en que se han volcado aseguradoras y telecos (con Movistar a la cabeza). Una novedad es la utilización del marketing digital para vender seguros médicos, con una fuerte presencia publicitaria en Facebook y otras redes sociales. Incluso Sanitas vende ya seguros médicos a través de la plataforma de Amazon. Y, sobre todo, el “boom” de la telemedicina: ofertas de seguros para la atención médica online, a precios muy bajos (11 euros al mes), que no pueden ofrecer un servicio de calidad.
Precisamente, una de las preocupaciones de muchos profesionales es “la guerra de precios” en los seguros médicos, con ofertas gancho “low cost”, desde 40 euros al mes toda la familia (que luego encierran “letra pequeña”, con copagos y limitaciones en la atención sanitaria). Esta guerra de precios encubre una doble estrategia de las aseguradoras, como hacen las telecos: ofertas “low cost” para atraer a nuevos clientes y fuertes subidas anuales a los asegurados que ya son clientes. La subida de los seguros médicos lleva una década siendo muy elevada, en torno al 5% anual. Y en 2021, los seguros médicos subieron un +5,2%, según el INE. Con ello, la subida acumulada de los seguros médicos ha sido del +46,9% desde 2012 (4,69% de subida anual), una subida que es 3,6 veces la subida del IPC global en la última década (+12,9%, un +1,29% anual), según el INE. Así que cuando entramos en la rueda de contratar un seguro médico, sepamos que las fuertes subidas anuales están aseguradas (la atención médica y los equipos son cada vez más costosos). Y además, suben mucho cuando uno de los asegurados supera los 60 años. De media, cada asegurado paga 820 euros al año (68 euros al mes), según los datos de UNESPA, pero la media de coste para una familia está entre 180 y 300 euros mensuales.
Los seguros médicos son “la gasolina” que mueve la sanidad privada, que cuenta con 441 hospitales (frente a 343 hospitales públicos) y 50.960 camas (frente a 106.289 camas en la sanidad pública. En 2020, la sanidad privada (no benéfica) facturó en España 6.775 millones de euros, algo menos que en 2019 (6.950 millones) y un 9.7% más que en 2016 (6.175 millones). Y los ingresos que les pagan las aseguradoras suponen el 64% de estos ingresos totales de los hospitales privados no benéficos (4.310 millones en 2020), según la Fundación IDIS. Otro 26% de su financiación lo consiguen de los conciertos con la sanidad pública (1.755 millones en 2020): recursos que las autonomías desvían a los hospitales privados para que atiendan y operen a pacientes “derivados” de la sanidad pública.
En conjunto, la sanidad pública (autonomías) desvía un 10% del gasto sanitario público a conciertos con la sanidad privada, pero hay autonomías donde ese “desvío” de fondos públicos es mayor: Cataluña (el 24,5% del gasto sanitario va a los hospitales privados, que allí forman incluso parte de la sanidad pública, recibiendo 2.855 millones anuales), Madrid (10,5% del gasto sanitario público va a conciertos con hospitales privados, 947 millones en 2020), Baleares (8,8% del gasto sanitario público va a conciertos, 289 millones en 2020) y Andalucía (4,1% y 443 millones), según la Fundación IDIS. Sin embargo, hay autonomías donde los conciertos con la sanidad privada apenas tiene peso: Castilla y León (solo les desvían en 3,2% del gasto sanitario público), Cantabria (3,4%) o Extremadura (4%).
El dinero de las aseguradores privadas y de los conciertos públicos lleva años alimentando la creciente sanidad privada en España, donde han puesto sus ojos en los últimos años inversores nacionales y Fondos extranjeros. Hay una parte de esta sanidad privada que es benéfica, sin ánimo de lucro, como los Hermanos de San Juan de Dios (35 hospitales y 7.747 camas), las Hermanas Hospitalarias (14 hospitales y 3.935 camas) o Cruz Roja (6 hospitales y 527 camas), pero la mayoría son hospitales no benéficos de grupos privados o incluso de aseguradoras (Caser, Sanitas, Mutua Terrasa, IMQ y Asistencia Sanitaria Colegial tienen algunos hospitales propios, aunque sólo son el 4% del total), según el desglose que ofrece anualmente la Fundación IDIS.
En el negocio de la
sanidad privada hay también mucha concentración, como en el de
los seguros médicos: los 5 mayores
grupos facturan el 82,5% de todo el sector (que ingresó 6.775 millones en
2020), según
los datos de la Fundación IDIS. El grupo líder, a mucha distancia, es Quirón Salud (3.475 millones
facturados, el 55% del total),
controlado desde 2017 por la multinacional alemana Fresenius, seguido del grupo
español Vithas (567 millones
facturados, un 8,3% de cuota),
controlado por el grupo inversor catalán Goodgrower y CaixaBank, HLA (466 millones, 6,8% cuota), hospitales de la cooperativa médica Lavinia, HM Hospitales ( 435 millones
facturados, 6,4% cuota), de la
familia Abarca, y Ribera Salud (410
millones facturados y 6% de cuota),
cuyos dueños son la
norteamericana Centene
Corporation (90%) y Banco Sabadell (10%). Les siguen el grupo canario Hospiten (4,8% de cuota), Sanitas (4,2%), Clínica Universitaria de Navarra (3,3%), Juaneda Hospitales de Mallorca (1,6%), Viamed Salud de Rioja (1,5%) y Pascual
Hospitales de Andalucía (1,4%).
La sanidad
privada y sus hospitales argumentan
que “descargan de trabajo a la sanidad
pública” y que ahorran al Estado
entre 4.689 y 12.676 millones anuales, según el mayor o menor uso que hagan los
asegurados de sus servicios. Es verdad. Pero lo que no dicen es que los
pacientes que atienden o les desvían son los menos complicados y costosos, quedando
la atención más compleja (y más cara) para la sanidad pública. Así, de
los 4.873.767 españoles que recibieron el alta en 2019, el 72,8% fueron
atendidos en la sanidad pública y el 27,2% en la privada, según la última estadística del
INE. Hasta ahí “normal”, aunque estuvieron más días hospitalizados en la privada (9,3 de media) que en la pública
(7,7 días). Pero al analizar los
motivos de la hospitalización, se ve que el 37,55% de los que estuvieron en hospitales públicos
fueron por enfermedades que matan
(cáncer, problemas cardiovasculares y enfermedades respiratorias) frente al 26,41% de esos pacientes atendidos en hospitales
privados. Además, la sanidad pública
atiende a más personas mayores que la privada (un 48% de las estancias
frente al 44%) y los atienden más tiempo
(8,26 días de estancia en la pública frente a 5,04 días en la sanidad privada),
según
el último estudio RESA (2019).
Al final, si
los seguros médicos crecen y gana terreno la sanidad privada es a costa de los crecientes problemas de la
sanidad pública (listas
de espera de 75 días para el especialista y 121 días para operarse),
agravados por la pandemia. Tenemos una
sanidad universal, eficaz y barata, según
el último chequeo de la OCDE, pero arrastra problemas derivados de
los pasados recortes presupuestarios
(-9.787 millones entre 2009 y 2014, 1 de cada 7 euros) y de plantillas (se perdieron 41.000 empleos sanitarios: 11.000
médicos y 30.000 enfermeras), que no se han compensado con el nuevo gasto por
la pandemia. Además, las autonomías (que
financian el 93% del gasto sanitario) no
se han gastado 3.000 millones de los 29.500 millones de Fondos COVID
recibidos del Gobierno entre 2020 y 2021 (para sanidad, educación y ayudas
sociales). Y para este año 2022, el
gasto sanitario de las autonomías sólo va a
crecer un +4,15%, menos
que la economía (+5,5%). E incluso, con toda la sanidad colapsada, hay 4 autonomías que van a gastar menos que
en 2021: Baleares (-7,8%), Aragón (-4,69%), Castilla la Mancha (-1,96%) y
Asturias (-0,88%), según
la FADSP.
Esta falta de
financiación de la sanidad pública en España obliga a las familias a gastar cada año más en sanidad y más que la media de familias en Europa,
según
revela el último informe de la OCDE: en España, el gasto sanitario privado (2019) supuso 29,4% del gasto sanitario total (el 70,6% restante fue la
financiación pública), frente al 20,3%
de media en Europa (donde el 79,7% de la financiación sanitaria es pública). De
ese gasto sanitario privado, un 21,8%
son pagos directos en España (dentista, copago medicamentos y otros
servicios), frente al 15,4% en Europa, y el otro 7,6% del gasto
sanitario es para pagar seguros médicos privados, cuando en Europa
sólo representan el 4,9% del gasto total.
En resumen, pagamos
más de nuestro bolsillo por la sanidad que en Europa, debido a que
tenemos menos financiación pública. Y los
seguros médicos crecen año tras año (+1,5 millones desde 2019), por el colapso en la sanidad pública y las
elevadísimas listas de espera, que hacen crecer a la sanidad privada. No
tendríamos que pagar dos veces (impuestos y seguros privados) para que nos atiendan. La pandemia ha revelado la vulnerabilidad
del sistema sanitario público y urge
tomar medidas para fortalecer la sanidad pública, actuando en 6
frentes: aumentar
la financiación pública a la sanidad
(hasta el 7% del PIB, la media europea: había que gastar unos 12.000
millones más al año), aumentar
las plantillas y reducir la precariedad (un tercio de los contratos
actuales son temporales), homogeneizar
la atención sanitaria entre autonomías (hay una sanidad de primera en
Navarra, País Vasco, Aragón o Asturias, y una mala en Canarias, Murcia,
Andalucía y Cataluña, según la FADSP),
asegurar la atención
sanitaria a los mayores, dedicar más
recursos a la
prevención y aprobar un Plan
sanitario hasta 2050, para afrontar el envejecimiento, el auge de las
enfermedades crónicas, los nuevos tratamientos farmacológicos y la renovación
tecnológica y digital. Conseguir una mejor
sanidad pública para que contratar
un seguro médico no sea una necesidad.
Amén.
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