La amenaza de la inflación

Los precios suben un 4% anual hasta finales de septiembre, la mayor inflación en España desde hace 13 años (2008). La culpa es doble: una subida récord de la electricidad en el mercado mayorista (máximo histórico de 189,83 euros para hoy) y precio récord de los carburantes (gasolina y gasóleo), el más alto desde 2014, con el petróleo en máximos desde hace 3 años. Pero también suben los alimentos, hoteles y restaurantes, transportes y muchos productos industriales, por el encarecimiento internacional de las materias primas (desde el maíz, aceite y trigo a los metales) y la falta de microchips. La altísima inflación preocupa en todo el mundo (+5,3% en EEUU y +3,2% en UE-27) y se teme que fuerce a la Reserva Federal USA y al BCE a retirar la liquidez extra y subir los tipos de interés, asfixiando la incipiente recuperación. Además, esta fuerte subida se está comiendo pensiones (subieron +0,9%) y sueldos (+1,5%), lo que puede frenar el consumo y el crecimiento. Urge “vigilar” los precios.

Enrique Ortega

La pandemia, al provocar la mayor recesión de la historia reciente, enfrió los precios: si la inflación estaba ligeramente por encima del 1% en 2019, en 2020 empezó a bajar, se estancó en marzo (+0%) y empezó a caer en abril (-0,7%) y hasta diciembre (-0,5%), 9 meses con inflación negativa. Pero en 2021, con la vacunación y el repunte de la actividad, los precios volvieron a subir (+0,5% enero) y se dispararon desde abril (+2,2%), alcanzando una inflación del 3,3% en agosto y un 4% en septiembre, según anunció ayer el INE, el mayor nivel de precios conocido en España desde hace 13 años (septiembre 2008).

Este repunte de la inflación se está dando en todo el mundo, desde Estados Unidos (+5,3% de inflación en agosto, la más alta en 13 años) a Europa (3,2% de subida de precios hasta agosto, la mayor inflación de los últimos 10 años), alimentada por la subida de la energía, los alimentos y muchas materias primas, así como por la mayor actividad económica. En la UE, las mayores subidas de precios se dan en Alemania (+3,4% en agosto), paises bálticos (del +5% en Estonia al +3,6% en Letonia), Luxemburgo (+3,5), Polonia (+5%) y Hungría (4,9%), todas por delante de España (+3,3% en agosto), mientras tienen menos inflación Italia (+2,6%), Francia (+2,4%), Portugal (+1,3%) y Grecia (+1,2%), según Eurostat.

En España, el último dato detallado publicado por el INE (IPC de agosto: +3,3% anual) indica los dos componentes que suben más que la media: vivienda (+11,5% anual) y transporte (+8,8%). Analizando los 222 componentes del IPC, destaca la tremenda subida anual de 3 renglones: +34,9% de subida de la electricidad, +20,9% de subida anual de la gasolina y +18,5% el gasóleo. Además, suben bastante en el último año los hoteles (+10,6%), los alimentos (+1,9%), en especial los aceites (+22,9%), agua y refrescos (+7,1%), huevos (+3,6%) y ovino (+3,5%) y los restaurantes (+1,3%). En septiembre, el dato adelantado del IPC publicado ayer por el INE, eleva la inflación anual al 4%, señalado que este nuevo aumento se debe a la subida de la electricidad y los carburantes.

Vistos los datos del IPC, hay dos culpables claros de este repunte histórico de la inflación en España: la subida de la electricidad y la de los carburantes. Veámoslos en detalle. La subida de la luz a los consumidores se produce porque se está disparando el precio de la electricidad en el mercado mayorista de electricidad (en origen): ha saltado de 43,49 euros por megavatio hora en septiembre de 2020 a 84,85 euros/MWh a principios de junio y a 189,83 euros/MWh para hoy 30 de septiembre, un récord histórico, que se refleja en una subida de la mitad del recibo de 11 millones de consumidores (los que están en el mercado regulado) y también en los 16 millones restantes (los que están en el mercado “libre”).

Esta subida descontrolada de la electricidad, en toda Europa, pero más en España (frente a los 189,83 €/MWh de España hoy, en Francia cuesta 165,57 euros, en Alemania 112,57 y en Paises Bajos 133,80, aunque cuesta 206 euros en Italia) se debe a dos factores. Uno, la subida disparada del gas natural, por el mayor consumo en Asia y en el resto del mundo, la menor venta de Rusia a Europa, el recorte de producción en EEUU (por el último huracán en el golfo de México) y el conflicto entre Argelia y Marruecos (que podría afectar mucho a España) : el precio del gas natural, que se utiliza en las centrales térmicas de electricidad, ha saltado de 10,49 euros/MWh hace un año a 40 euros en julio 2021 a 82,75 euros/MWh ahora, que se espera suban a 86,04 euros en diciembre. Y el otro factor, la subida también disparada de los derechos de CO2, que han de pagar las eléctricas que producen luz con energías contaminantes (carbón, fuel o gas) y que luego nos trasladan a los precios mayoristas: su coste ha pasado de 27,81 euros/Tm hace un año a 62,58 €/Tm ahora. Un coste que seguirá al alza. Máxime cuando hay Fondos y bancos de inversión que especulan con estos derechos en el mercado secundario.

El otro componente de la altísima inflación que sufrimos son los carburantes, que suben en toda Europa pero también más en España (somos el 3º país europeo con la gasolina más cara, deducidos los impuestos, tras Dinamarca y Alemania, y el 9º con el gasóleo sin impuestos más caro), por la menor competencia y transparencia en el mercado petrolero (controlado, como el eléctrico, por dos o tres compañías). A finales de septiembre, la gasolina cuesta ya 1,437 euros/litro (incluso un 2,1% más que a finales de julio, en plenas vacaciones) y el gasóleo 1,291 euros/litro (+2,1% que a finales de julio), según el Boletín Petrolero UE. Unos precios de los carburantes en España que son los más altos desde 2014. Básicamente, porque el petróleo está en máximos desde octubre de 2018: hoy cotiza a 79 dólares por barril, después de caer a 19,5 dólares con la pandemia (abril 2020) y subir un +51% este año 2021, básicamente por el aumento de la demanda, problemas de suministro (huracanes) y estabilización de la producción OPEP.

Pero la inflación no se dispara solo por la subida de la electricidad, el petróleo y los carburantes. Hay otros dos factores muy importantes: la subida de precios de las materias primas y la falta de microchips. El aumento de la demanda de muchos suministros  para la industria, con el inicio de la recuperación, ha chocado con una escasez de oferta, provocada por la pandemia y por fenómenos naturales (desde huracanes e incendios a sequías). Con ello, se ha disparado el precio de muchas materias primas, desde los alimentos (maíz, trigo, soja, carnes, aceites, café…) hasta la energía, los metales, la madera o el aluminio, lo que crea “cuellos” de botella en el abastecimiento de muchas empresas y les encarece los costes, que trasladan  a los precios a los consumidores.

De hecho, la última Encuesta de la Comisión Europea (julio 2021) revela que el 22% de las empresas europeas sufrían problemas de restricciones de producción por la escasez de materias primas o equipos, siendo las más afectadas las empresas de caucho y plásticos (53% tienen problemas de suministro), material eléctrico (48%) automoción (43%), productos metálicos (39%), madera y corcho (35%), informática y electrónica (33%). Un ejemplo llamativo de esta falta de componentes son los microchips, cuya escasez está asfixiando a toda la industria europea (más a la fabricación de automóviles y electrónica), que depende en un 70% de los chips que se fabrican en Asia y donde habrá escasez todavía un año más.

Y también hay otro problema que reduce los suministros y encarece las materias primas y los costes de las empresas: la escasez de mano de obra tras la pandemia, al haberse producido “trasvases” de empleos. Así, la falta de personal ha rebajado la producción de café en Brasil, de arroz en Vietnam o de aceite de Palma en Malasia, mientras faltan transportistas no sólo en Reino Unido (cierre de gasolineras) sino en toda Europa (unos 400.000). Y hay muchos empresarios en España que se quejan de que no encuentran trabajadores para la construcción (faltan 700.000, dicen) y para la hostelería, los sectores castigados por las 2 crisis, lo que provoca un encarecimiento de costes al contratar ahora.

Vistas las causas de la elevada inflación actual, resulta difícil prever qué va a pasar ahora, aunque la mayoría de expertos creen que la inflación seguirá subiendo este otoño. De momento, los precios del gas natural, el carbón y el petróleo siguen en máximos y todo apunta a que seguirán altos, por la mayor demanda ante el invierno. Y los cuellos de botella en las materias primas y los suministros tardarán meses en resolverse. Así que la inflación anual podría mantenerse entre el 3,5% y el 4% hasta finales de 2021, superando todas las previsiones hechas por el Gobierno (+1,9% de inflación anual).

Antes de conocer el dato de la inflación en septiembre, en el resto de Europa y EEUU, los bancos centrales (Reserva Federal USA y Banco Central Europeo) decían que el repunte de la inflación es “temporal” y que no exige tomar medidas extraordinarias para frenar los precios. Pero el temor de muchos expertos es que las autoridades monetarias “se asusten” y den marcha atrás en sus políticas de estímulos para reanimar la economía inyectando liquidez (comprando deuda), iniciadas en marzo de 2020 y que han servido para evitar una recesión más profunda. Y que además, luchen contra la inflación subiendo los tipos de interés.

La Reserva Federal USA y el BCE quieren esperar un poco más para decidir si dan o no marcha atrás. Pero de momento, ya han lanzado el mensaje de que podrían tomar medidas pronto, recortando la compra de deuda pública (“el gota a gota” para reanimar la economía durante la pandemia): la Reserva Federal reduciría los 120.000 millones de dólares que compra al mes (inyectando liquidez al sistema) y el BCE sus 80.000 millones de euros de compras mensuales, además de suprimir antes esas compras (previstas hasta marzo 2022). Y también estudian si subir los tipos de interés (al encarecer el dinero, se gasta e invierte menos y deberían bajar los precios), que están planos en el 0% (0 al 0,25% en USA).

Si la inflación no se frena este otoño (y no parece fácil), todo apunta a que la Reserva Federal USA  recortará sus ayudas a primeros de noviembre y el BCE en diciembre. Y que ambos podrían anunciar una subida de tipos para 2022. Dos medidas que suponen un riesgo de frenar la recuperación post-COVID, más en Europa (que crece menos) que en EEUU. Y sobre todo, sería un grave riesgo para España y la Europa del sur, que tendrían menos ayuda del BCE para colocar su deuda, ahora que se ha disparado por las ayudas COVID: 1,42 billones de deuda pública española en junio 2021, el 122% del PIB. Quedaríamos más en manos de “los mercados” para financiarnos, con lo que sería más caro y más peligroso (no olvidemos la crisis de la deuda de Grecia, Portugal, España e Italia de 2010 a 2012).

Así que los bancos centrales tienen un dilema: frenar la inflación poniendo en peligro la recuperación o ser flexibles para no dañar al crecimiento y el empleo. Y mientras la Reserva Federal y el BCE se lo piensan, nosotros, los consumidores, ya sufrimos en nuestros bolsillos el embate de la inflación (luz, gas, carburantes, alimentos, transportes…), que se está comiendo parte de nuestra pensión y nuestro sueldo.

De momento, los 9 millones de pensionistas ya han sufrido una fuerte pérdida de poder adquisitivo: en 2021 las pensiones han subido un +0,9% (+1,8% las no contributivas), mientras la inflación media rondará este año el 3%, lo que supone perder un 2,1%. Eso llevará al Gobierno a compensarles con una “paguilla” en enero de 2022, que podría ser de unos 300 euros para los jubilados (tienen una pensión media de 1.192 euros), con un coste para la Seguridad Social que rondará los 2.500 millones de euros. Y además, como la aprobada reforma de las pensiones prevé revalorizar las pensiones en 2022 con la subida media del IPC este año 2021 (del 2,5 al 3%, el dato que salga en noviembre), la subida de las pensiones será mucho mayor que este año (0,9%), para evitar perder poder adquisitivo.

Los 2,8 millones de funcionarios públicos también pierden este año poder adquisitivo, ya que su subida media ha sido del 1,5% (frente a una inflación media del 2,5 al 3%). Eso supone una pérdida de 36 a 45 euros al mes de media (3.000 euros de sueldo bruto), con lo que será el primer año desde 2013 en que los funcionarios pierden poder adquisitivo (han ganado +5,14% en los últimos 8 años). Para 2022 está previsto que los sueldos públicos suben un 2%, con lo que si la inflación crece más (del 2,2 al 2,4%), volverán a perder poder adquisitivo, por lo que ya han pedido revisar sus salarios.

El resto de trabajadores, más de 16 millones de asalariados, también están perdiendo poder adquisitivo, dado que los convenios firmados hasta ahora (datos de Trabajo hasta agosto) han pactado una subida salarial del +1,5%, frente a un 4% de inflación anual en septiembre (que será un 3% de subida media). Eso supone una pérdida media de 31 euros al mes y 376 euros al año de media (2.091 euros brutos es el sueldo medio en el sector privado). Y muchos trabajadores, los recién contratados con sueldos muy bajos perderán aún más. Y esta alta inflación va a endurecer la negociación colectiva para 2022, donde los sindicatos pedirán aumentos superiores al 2% y la patronal tratará de frenarlos con la justificación de que las empresas no se han recuperado aún de la pandemia

En definitiva: tenemos un serio problema de inflación, que ya afecta seriamente a nuestros bolsillos y que puede afectar a toda la economía si los bancos centrales retiran antes de tiempo los estímulos y suben tipos, dos medidas que frenarían la débil recuperación. Además de pedir a la Reserva Federal y al BCE que sean moderados en sus decisiones, hay que pedir a los gobiernos que actúen, aprobando medidas que frenen la subida de la luz, como ya han pedido España y el BCE a la Comisión Europea. Y presionar a la OPEP y a los paises productores de petróleo y gas para que no especulen y disparen los precios, porque ponen en riesgo la recuperación mundial. Además, en España, el Gobierno debería encargar a la Comisión de la Competencia (CNMC) que supervise las subidas de precios y evite que haya poca transparencia y manipulaciones en los mercados (electricidad y carburantes, pero también en los intermediarios de los alimentos). Hay que “vigilar” los precios.