Pensiones: la COVID 19 acelera la reforma

El coronavirus ha afectado también a las pensiones. Por un lado, muchos mayores han retrasado su jubilación, al cerrarse las oficinas de la Seguridad Social. Por otro, 24.000 mayores han muerto por la pandemia, dejando de cobrar su pensión. Resultado: ha caído el número de pensiones (-45.258 en marzo y abril) y el gasto en pensiones (-26,38 millones), algo nunca visto. Pero lo más preocupante es que, con la fuerte recesión provocada, se desploman los ingresos por cotizaciones y como el gasto seguirá  creciendo, el “agujero” de las pensiones, se va a triplicar o cuadruplicar este año, según la AIReF. Este creciente déficit, que ha necesitado un 2º crédito extraordinario (van 44.300 millones este año), exige acelerar la reforma de las pensiones y reducir su déficit. El ministro de SS propone quitarle gastos que debería pagar el Presupuesto y retrasar la edad real de jubilación, ahora en 64,5 años. O aceleramos la reforma de las pensiones o nos la impondrán desde Europa.  

enrique ortega

La pandemia ha afectado también a las cuentas de la Seguridad Social, reduciendo el número de pensiones y el gasto, algo inaudito en la historia reciente. Este balance es el resultado de dos fenómenos. Por un lado, el cierre de las oficinas de la Seguridad Social a partir del 14 de marzo (por el estado de alarma) ha provocado que muchos mayores retrasaran su jubilación antes que hacer los trámites por vía telemática. Eso se ha traducido en menos altas de nuevas pensiones en marzo y sobre todo en abril, concretamente -28.579 altas entre enero y abril (todavía no hay datos de mayo) sobre las del año pasado, según la Seguridad Social. Y como la pandemia se ha cebado sobre los mayores (el 86% de los muertos han sido mayores de 70 años, unos 24.000 en total), pues también han aumentado las bajas de pensiones, +20.000 entre enero y abril sobre las del año pasado. El resultado es que el número de pensiones ha bajado en  -45.258 entre marzo (-6.750) y abril (-38.508), algo que no había pasado nunca antes. Y si contamos que también cayeron en febrero (-5.753), nos encontramos con que el 1 de mayo había reconocidas 9.754.137 pensiones, -51.011 pensiones menos que el 1 de febrero.


La primera consecuencia de esta caída del número de pensiones (y de pensionistas: bajaron en -40.339 entre febrero y abril, a falta de los datos de mayo) es el menor gasto en pensiones, que fue de 9.852,78 millones en abril, -26,38 millones de ahorro sobre la factura de marzo. Algo que tampoco había pasado nunca y que se debe a la bajada temporal del número de pensiones y pensionistas, ya que la pensión media sigue subiendo (990,01 euros en abril), lo mismo que la media de jubilación (1.137 euros), por la revalorización aprobada para este año (+0,9%) y porque los nuevos pensionistas se jubilan con una pensión más alta (1.295,66 euros la pensión nueva de jubilación en abril), según los datos de la SS.


Pero lo preocupante no es que baje el número de pensionistas, algo coyuntural por el estado de alarma, sino que haya caído el empleo y por tanto los ingresos por cotizaciones sociales, que además se han perdonado o retrasado a muchas empresas y autónomos en ERTEs (3,4 millones)  o suspensión temporal de actividad (1,3 millones de autónomos). Entre el 12 de marzo y el 31 de abril se perdieron 950.000 afiliados a la Seguridad Social. Y aunque en mayo se han recuperado una parte (187.814), todavía hay 760.082 afiliados menos a la SS que antes de la pandemia. Muchos ingresos menos para pagar las pensiones. Y menos que habrá a partir de julio, cuando algunas empresas puedan despedir, y en los próximos meses, cuando se terminen los ERTEs y suspensiones temporales para autónomos. De hecho, la Comisión Europea estima que España perderá este año un -8,7% del empleo, lo que supondría perder 1.737.000 empleos, un 9% menos de cotizantes a la SS.


Esto sí agrava las cuentas de las pensiones, su agujero, un déficit que se arrastra año tras año desde 2010, tras once años antes de continuo superávit (ver gráfico déficit SS). En 2019, el déficit de las pensiones mejoró ligeramente, quedando en -16.052 millones de euros, por debajo del “agujero” de 2018 (-17.088 millones), 2017 (-16.720 millones) y 2016 (-17.720 millones), aunque mayor que en 2015 (-13.038 millones), 2014 (-10.763 millones), 2013 (-11.541 millones), 2012 (-10.171 millones), 2011 (-1.063 millones) y 2010 (-2.433 millones). Como se ve, son ya 10 años continuados de déficit en las pensiones, sumando un “agujero total” de -116.642 millones entre 2010 y 2019. Déficit  que se ha “tapado” con créditos del Presupuesto a la SS (55.021 millones prestados a finales de 2019) y tirando de “la hucha” de las pensiones (que tenía 66.815 millones en 2011 y donde sólo quedan 2.150 millones). 

Ahora, con menos cotizantes, el déficit volverá a crecer. Y para anticiparse, el Gobierno acaba de aprobar, el 28 de mayo, otro crédito del Presupuesto a la Seguridad Social, por 14.000 millones de euros, que se suma al ya aprobado en abril (13.800 millones para pagar las dos extras de pensiones de este año). O sea, 44.300 millones más de préstamo del Estado que se suman a los 55.021 millones de años anteriores. Casi 100.000 millones de deuda pública para financiar el agujero de las pensiones.


Un agujero, un déficit que se va a disparar este año, según el reciente informe de la Autoridad Fiscal independiente (AIReF), que estima un desfase entre ingresos y gastos de la SS en 2020 entre -56.413 millones de euros (5% del PIB) y -68.824 millones (6,1% del PIB, según sea de profunda la recesión. Eso supondría triplicar o cuadruplicar el ya abultado déficit de 2019 (-16.052 millones, el 1,29% del PIB). Y eso porque el gasto en pensiones va a seguir creciendo (la bajada de marzo y abril será un “lapsus”) pero se van a desplomar los ingresos, por tres causas: menos cotizantes, bajos salarios y bajas cotizaciones (se van a congelar o bajar los sueldos) y menos ingresos por las exenciones a empresas y autónomos. 


En consecuencia, si antes de la pandemia ya teníamos un problema con las pensiones, ese déficit estructural que arrastran desde 2010, ahora se va a agravar mucho más, suponiendo más de la mitad de todo el déficit público previsto para 2020 (-10,1% del PIB, según la última previsión de la Comisión Europea). Así que si España quiere reducir su déficit público, tiene que afrontar el déficit de las pensiones, más preocupante ahora. Y no sólo por los efectos de la pandemia, sino porque el agujero de las pensiones se iba a agravar en cualquier caso a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975. Eso supondrá que los 9,75 millones de pensiones actuales serán 15 millones en 2050. Y para poder pagarlas sin problemas necesitaríamos contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más de empleos que hoy, algo imposible: la Comisión Europea estima que sólo habrá 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por cada pensión. Y así no salen las cuentas.


Por todo esto hacía falta una reforma de las pensiones, que aumentara los ingresos y “atemperar “ los gastos. Pero ahora, con la pandemia, esta reforma hay que hacerla antes, porque el déficit previsto este 2020 es muy preocupante. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, un gran experto en pensiones desde su anterior cargo de presidente de la AIReF, ha hecho dos propuestas a corto plazo para ajustar las cuentas de las pensiones: desviar una serie de gastos de la SS al Presupuesto y retrasar la edad real de jubilación para reducir los nuevos jubilados (que ya crecen menos).


La primera propuesta supone “descargar” a las pensiones de una serie de gastos que nada tienen que ver con las pensiones pero que se pagan con cargo a cotizaciones y al presupuesto de la Seguridad Social: el coste de mantener el propio Ministerio (unos 4.000 millones anuales), las medidas de fomento de empleo (3.358 millones anuales en bonificaciones a empresas para que creen empleo, además poco útiles según los expertos), el coste de los permisos de paternidad y maternidad (2.558 millones que se pagan también con las cotizaciones), las prestaciones familiares (1.585 millones) y el pago del desempleo no contributivo (otros 6.392 millones en 2019). En total, son 17.893 millones de gastos que no tienen que ver con las pensiones y que si se cargaran directamente al Presupuesto del Estado y no a las cotizaciones, la Seguridad Social no habría tenido déficit en 2019.


La otra vía de actuación, según el ministro Escrivá, es reducir el gasto en pensiones retrasando la edad real de jubilación e incentivando a que los mayores se jubilen más tarde. La edad de jubilación ya se retrasó con la reforma de las pensiones de 2011 (ZP) a los 67 años para 2027, en un proceso de aumento gradual que exige este año jubilarse con 65 años y 10 meses (para los que han cotizado menos de 37 años). Pero muchos no esperan a esta edad para jubilarse y lo hacen antes, con penalización (un recorte del -6 al -7,5% por año anticipado), aunque las jubilaciones anticipadas se han reducido: si en 2016, un 44,3% de los trabajadores se jubilaban con menos de 65 años, en 2018 eran el 42,99%, en 2019 bajaron al 39,55% y en 2020, hasta finales de abril se han jubilado anticipadamente el 39,66% de los jubilados, según la Seguridad Social. 

Con todo, la edad media de jubilación es ahora de 64,5 años y aunque ha subido (era de 64,1 años en 2016), queda lejos de los 65 años y 10 meses de exigencia legal. Para Escrivá y los expertos, subir esta edad real de jubilación a 65 años y más supondría un enorme ahorro en el gasto en pensiones, lo consideran una de las medidas más efectivas. Eso implica incentivar que los trabajadores retrasen su jubilación, con la ayuda de las empresas, lo que tiene un impacto muy negativo: frena la incorporación de jóvenes al trabajo.


Aunque se avance por estas dos vías (menos costes y menos jubilados), urgen otras vías de reforma de las pensiones, porque el desplome de las cotizaciones va a forzar medidas más drásticas. De entrada, está en peligro la revalorización de las pensiones de 2021. La revalorización de 2020 (+0,9%) ya tiene un coste de 1.406 millones de euros, más el coste que supone para los próximos años (porque la subida se consolida en la pensión). Y se da el caso de que, por la recesión derivada de la pandemia, la inflación este año no será del 0,9% previsto inicialmente sino que no subirán nada los precios (inflación 0), según la previsión de la Comisión Europea. O sea, que los pensionistas ganarán poder adquisitivo este año. Y por ello, desde Bruselas pueden presionarnos para que, con el déficit disparado, no se suban las pensiones en 2021, salvo las mínimas. Es otro tema clave que debería acometer esa Comisión parlamentaria para la reconstrucción (por ahora tan inútil).


Con o sin revalorización, el Presupuesto para los próximos años deberá afrontar el coste de las pensiones (la principal partida, unos 145.000 millones anuales) y buscar reformas que aumenten los ingresos públicos (máxime si hay gastos que ahora pagan las pensiones y que podrían  pasar al Presupuesto) y “atemperen” el gasto en pensiones, para que esta partida permita frenar a medio plazo el déficit público, como exige Bruselas. Por todo ello, habrá que buscar nuevas fuentes de ingresos públicos, para el Presupuesto y para las pensiones (tasa digital, impuestos a las multinacionales que no pagan, impuestos ecológicos, tasa sobre operaciones financieras, impuesto sobre el patrimonio, subida del IRPF a los que más ganan, subida sucesiones a grandes empresas…) y, sobre todo, intentar que el gasto en pensiones crezca menos, "atemperando" las nuevas pensiones a un mayor número de años de vida. Acordar  que las nuevas pensiones sean menos altas para asegurar las pensiones para las generaciones futuras y el sistema no quiebre por el camino.


Esto no es “políticamente correcto”, pero las cuentas de las pensiones no son de chicle y no podemos cargar el problema a nuestros hijos y nietos. Hay que reformar el sistema, buscar los máximos ingresos posibles y en base a eso repartir el gasto, atemperando su crecimiento al crecimiento del empleo y la economía. Esta reforma ya era urgente antes y más ahora, con la pandemia, que va a triplicar o cuadruplicar el déficit de las pensiones. O hacemos nosotros esta reforma, de forma pactada y justa, o nos la harán desde fuera, desde Bruselas, con presiones para reducir el déficit vía pensiones. Y se agarrarán al dato (cierto) de que las pensiones en España son más altas que en la mayoría de Europa: suponen el 84,3% del último salario cobrado, frente al 63,5% de media en Europa, el 58,6% de media en los 36 paises OCDE, el 80,2% en Holanda, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario en Alemania (eso sí, salarios mucho más altos), según este informe de la OCDE.


En definitiva, el coronavirus nos ha hecho más pobres y afectará también a nuestras pensiones (que podrían congelarse en 2021) y a las pensiones futuras, porque la caída de empleo agrava el déficit de la SS y exigirá reformas, como frenar la revalorización y atemperar las pensiones futuras a la reconstrucción de la economía y el empleo. Si los “paganos” de la crisis de 2008 fueron los jóvenes y las mujeres (según el Banco de España), mientras ganaron los pensionistas, ahora podría no ser así. Quizás nos toque sacrificarnos, salvo los que tienen pensiones mínimas. Es hora de lanzar este debate.