Pensiones: el que venga detrás, que arree

A nadie parece preocuparle el futuro de las pensiones. Sólo “el hoy”: lo que subirán en enero y los años próximos, mientras vivamos. Después, qué pasará con las pensiones de nuestros hijos, no preocupa tanto. No se plantea el grave problema de las pensiones como lo que realmente es: una cuestión de “solidaridad entre generaciones”, donde hay que combinar las pensiones que se pueden pagar hoy con asegurar las que hay que pagar mañana. Eso exige pensar muy bien los criterios de revalorización de las pensiones (una subida del 2% hoy cuesta 327.000 millones en 20 años), la pensión que se puede pagar durante 20 años y la que se podrá pagar en 2050, cuando haya 15 millones de pensiones y no 10 millones. Hay que hacer cuentas con rigor, forzar al máximo los ingresos y atemperar el gasto, para asegurar unas pensiones dignas hoy y a mediados de siglo. No pensar sólo en nosotros, sino en las pensiones de nuestros hijos y nietos. Esa es la reforma que necesitamos.

enrique ortega

La factura de las pensiones bate récords mes a mes. En septiembre, pagar las pensiones ha costado 9.643 millones de euros, un 53% más que hace solo una década (6.332 millones en septiembre de 2009: ver gráfico evolución del gasto). La factura ha subido un +6,56% este año (enero-agosto) porque sube el número de pensiones (son ya 9.760.220), porque las nuevas pensiones son más altas que las anteriores (y sube la pensión media a 993 euros, a 1.140 euros la de jubilación y a 713 euros la de viudedad) y, sobre todo, por la revalorización de pensiones (+1,6% y +3% las mínimas), que supone más de la mitad de la subida (+3,7%). Y aunque también han subido los ingresos por cotizaciones, por el aumento de algunas bases de cotización (máximas y autónomos), del empleo y los salarios (incluida la subida del salario mínimo a 900 euros, que cotiza más), no ha sido suficiente para pagar todos los gastos de la Seguridad Social, que tuvo -5.703 millones de déficit hasta agosto.


La previsión de la Seguridad Social es que la factura de las pensiones será de 153.800 millones en 2019 (421 millones diarios), un 57% más que en 2008 (98.000 millones) y casi el doble que en 2005 (79.200 millones). Eso supone que gastaremos el 12,5% de lo que produzcamos (PIB) en pagar pensiones, cuando en 2011 era el 10,43% y en 2008 el 8,8% del PIB. Un tremendo esfuerzo que, otro año más, no se podrá pagar con cotizaciones y provocará otro déficit en la SS, estimado por el Gobierno en -17.430 millones de euros en 2019, incluso superior al déficit de 2018 (-17.088 millones) y similar al de 2017 (-16.775) y 2016 (-17.720 millones). Con ello, serán ya 10 años de déficit en las cuentas de la Seguridad Social (desde 2010), un “agujero” de las pensiones que suma -118.022 millones de déficit entre 2010 y 2019, tras 11 años antes de superávit, desde 1999 (ver gráfico).


Para “tapar este agujero” de la SS, el Gobierno Rajoy tiró de “la hucha” de las pensiones, creada por Aznar en el año 2000 y "engordada" por Zapatero (la recibió en abril de 2004 con 12.025 millones y la dejó a finales de 2011 con un máximo de 66.815 millones). En 2017 ya sólo quedaban en la hucha 8.095 millones y los gobiernos de Rajoy y Sánchez han tenido que hacer préstamos a la Seguridad Social (37.660 millones entre 2017 y 2019) para poder pagar las pensiones, además de seguir tirando de la hucha (sólo quedaba 5.043 millones en junio 2019), que se quedará con 1.500 millones a finales de 2019. Así que el agujero de las pensiones se ha financiado con la hucha (se han sacado 80.000 millones si contamos lo que había más los intereses ganados al invertirla en deuda y lo que se ha cogido de las Mutuas) y con deuda (la SS tendrá 54.833 millones de deuda a finales de 2019), que tendremos que pagar a los inversores en las próximas décadas.


Pero no podemos seguir así, porque si no se toman medidas el agujero de las pensiones crecerá, y ya no hay “hucha” ni podemos endeudarnos más. Esto es lo que hay que tener in mente cuando ahora se debate la revalorización de pensiones para 2020. Nadie dice que no haya que subir las pensiones, sólo que hay que hacerlo pensando en las cuentas que tenemos y cómo se puede compatibilizar una subida razonable con que el sistema no quiebre.


La propuesta de Pedro Sánchez, en víspera de las elecciones del 10-N, es que si gana, subirá las pensiones un 0,9% en enero, lo que se prevé que suba el IPC a finales de 2020, según el Plan presupuestario enviado la semana pasada a Bruselas. Eso costará 1.404 millones en 2020, según sus cuentas. Pero ese es el coste en un año y no tiene en cuenta que la subida se incorpora a la pensión y afecta al coste de las futuras subidas. De hecho, una revalorización del 2% anual cuesta 2.365 millones en el primer año, pero como se consolida, al cabo de 20 años (la vida media de un pensionista), cuesta a la SS un total de 327.000 millones de euros, según un estudio hecho por FEDEA a raíz de la revalorización de 2019 (+1,6% todas las pensiones y un 3% las mínimas). Ojo a la revalorización que se hace, porque es una hipoteca a las pensiones de aquí a 20 años.


Por eso, algunos expertos y el Banco de España creen que “es insostenible económicamente” una revalorización de las pensiones con el IPC: supondría aumentar el gasto en pensiones en 24.000 millones para 2035 y en 36.000 millones para 2050 (casi la cuarta parte de la factura de las pensiones hoy). Son puras cuentas. También es cierto, como dice la ministra de Trabajo, que no subirlas con el IPC es “insostenible social y políticamente”: a ver qué Gobierno se atreve a hacerlo. Y más cuando dos tercios de las pensiones actuales (6.164.441 pensiones) son inferiores al salario mínimo (900 euros), un tercio cobran menos de 650 euros y el 12% menos de 400 euros al mes.


El debate de la revalorización de pensiones hay que inscribirlo en el debate sobre las cuentas de las pensiones y su tremendo déficit. Porque no se trata solo de una cuestión de justicia social (que también) sino de una cuestión de evitar la quiebra del sistema. Por eso, primero hay que ver cómo se pueden encajar las cuentas, a corto y medio plazo, y en este contexto decidir cuánto se pueden revalorizar las pensiones.


A corto plazo, lo más urgente es reequilibrar las cuentas de las pensiones, “tapar el agujero” para no tener que endeudarse más. Y puede hacerse. Por un lado, hay que quitar gastos que cargan sobre las pensiones y no deben pagarse con cotizaciones, sino con el Presupuesto: el coste de las medidas de fomento de empleo (3.358 millones anuales en bonificaciones a la cotización de empresas, poco útiles para crear empleo además), el coste de los permisos de paternidad y maternidad (2.558 millones que salen también de las cotizaciones), los 1.585 millones de prestaciones familiares, el pago del desempleo no contributivo (5.967 millones en 2018) y hasta los 4.000 millones que cuesta mantener el Ministerio de Trabajo (y que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto). Si quitamos a la SS estos costes (17.500 millones anuales), que financian las cotizaciones, no tendría déficit.


Pero aunque tapemos el déficit a corto de la SS, seguimos con el problema a medio y largo plazo: los ingresos por cotizaciones no cubren unos gastos crecientes, que se van a disparar a medida que España envejezca más. Sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975. Por eso, el verdadero problema es que los 9,7 millones de pensiones actuales serán 15 millones en 2050. Y para poder pagarlas sin problemas necesitaríamos contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más de empleos que hoy, algo imposible: la Comisión Europea estima que sólo habrá 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por pensión. Y así no salen las cuentas.


Como no nos podemos “inventar” empleos y los pensionistas serán los que sean, sólo queda un doble camino para intentar ajustar las cuentas: aumentar los ingresos y atemperar los gastos. Para aumentar los ingresos de la SS, los expertos señalan tres caminos. Uno, aumentar los ingresos por cotizaciones: en España son más bajas que en la media de Europa (según Eurostat) y podrían subirse algo (las de las empresas y también las de los trabajadores: mejor eso que tener que pagarse una pensión privada), todas y en especial las de los sueldos más altos (hoy hay topes). El segundo camino sería trasvasar ingresos del Presupuesto, una parte de la recaudación actual y otra de ingresos nuevos (tasa Tobin sobre operaciones financieras) o cambios en los ingresos actuales (subir el IVA reducido a algunos productos y servicios, por ejemplo). No olvidemos que España recauda 73.000 millones menos que Europa y tenemos margen para ingresar más por IRPF, IVA, sociedades, patrimonio e impuestos verdes: una parte podría ir a financiar las pensiones.


Pero no bastaría con recaudar algo más con cotizaciones o impuestos, entre 20.000 y 30.000 millones extras para 2050. Haría falta además, “atemperar” el gasto en pensiones, otros 30.000 millones, porque si no, la inercia del aumento de pensionistas, la subida de las nuevas pensiones y la revalorización se comerían los ingresos, incluso con una recaudación extra. Por eso, nos guste o no, hay que ver las pensiones que se pueden pagar a medio plazo, no las que nos gustaría cobrar. Y sobre todo porque ya hoy, las pensiones en España son de las más generosas de Europa (la pensión media supone en 78,7% del último salario, frente al 45,4% que suponen en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% en Alemania, según los datos de la UE) y no hemos cotizado suficiente por ellas: si se ha cotizado 37 años, se pagan 13,2 años de la pensión media, con lo que los 8 años restantes que se cobran no se ha cotizado por ellos, según explica este detallado estudio de Fedea.


No se trata de recortar el gasto en pensiones sino de que crezca menos, para asegurar su futuro. Para ello, habría que actuar en varios frentes. Uno, aumentando la edad real de jubilación, que hoy está en 64,2 años aunque la oficial se subió a 65 años y 8 meses para este año 2019 (y 67 años para 2027). Conseguir frenar las jubilaciones anticipadas y hacer que la edad real de jubilación suba sólo 1 año (hasta 65,2), como plantean Trabajo y la Autoridad Fiscal (AIReF) permitiría reducir el gasto en pensiones un 1% anual (acumulativo). Otra medida eficaz para atemperar el gasto sería aumentar el periodo de cálculo de la pensión, de los últimos 25 años cotizados ahora (previstos para 2027) a 35 años de cómputo, con la idea de ampliarlos después y tener en cuenta toda la vida laboral. Y en tercer lugar, habría que decidir un sistema de revalorización de las pensiones que se pueda pagar a medio plazo.


En este tema de la revalorización, hay que dejarse de demagogias y plantear una solución justa y financiable. Revalorizar las pensiones con el IPC puede ser muy costoso en años de alta inflación y en otros, como 2019, poco “justo”: las pensiones han subido un 1,6% y la inflación media (la que habría que mirar) subirá un 0,77%, ganando más poder adquisitivo las pensiones altas que las mínimas. Por eso, algunos ven más justo revalorizar con el IPC sólo las pensiones más bajas y compensar al resto periódicamente si pierden poder adquisitivo. Y dedicar recursos sobre todo a subir las pensiones más bajas, ya que un 0,9% de subida no les compensa de la miseria y no supone casi nada para los que reciben 1.200 euros (10 euros al mes). Pero sepamos que si se aprueba “IPC para todos”, en 20 años el sistema se resiente.


Al final, se trata de echar cuentas y ver qué pensiones se pueden pagar hoy y dentro de 30 años, con los ingresos previsibles y otros nuevos. Y parece indudable que eso pasa por unas pensiones más altas para los que cobran las mínimas y unas pensiones que crezcan menos para el resto, durante más años de vida, para asegurar que cobramos los pensionistas de hoy y que cobrarán también pensiones dignas las generaciones futuras. Se trata de asegurar el pastel de las pensiones hoy y mañana y repartirlo con solidaridad entre generaciones. Urge aprobar una reforma de las pensiones que valga para 2050. No vale exigir que me suban mi pensión ahora “como sea”, sin pensar si esa revalorización pone en peligro las pensiones del futuro. Porque son las de nuestros hijos y nietos.