España contiene la respiración ante lo que pase este domingo en Cataluña. Pero la clave está
en el 2 de octubre, en cómo recuperar a Cataluña: supone la
quinta parte de la economía y es el
motor de la industria, el turismo y las exportaciones, lo que tira ahora del
crecimiento. Habrá que afrontar el futuro con diálogo, reformando de una vez la
financiación autonómica. Pero debería aprovecharse para reconfigurar el mapa autonómico
y sus competencias. Porque tenemos un
país cada vez más desigual, donde según donde vivamos tenemos una sanidad, educación, un seguro de paro,
ayudas a la dependencia, renta básica y
hasta pensiones diferentes. Y más o
menos empleo, paro, salarios, renta y pobreza. Dos Españas, más alejadas con la crisis. Y si no se hace nada, tardaremos 70 años en reducir a la mitad la
distancia entre regiones ricas y pobres, según el Banco de España. Este es
el problema que debería orientar el debate autonómico. Conseguir una
España plural pero menos desigual.
enrique ortega
A partir del 2 de octubre, urge recomponer
las relaciones con Cataluña, no solo por razones políticas sino
también económicas. Es una región clave, no sólo porque allí viven 1 de cada 6 españoles (7.522.596
habitantes) sino porque aporta casi la
quinta parte de la riqueza española (19,03% del PIB), y es una economía muy dinámica y productiva, con 608.000 empresas (18,6% del
total) que dan trabajo a 3.270.500 personas.
Y además, Cataluña es el motor de los dos sectores que están tirando de la
recuperación, el turismo y las
exportaciones: la visitan uno 1 de cada 4 turistas extranjeros (24%) que llegan a España y supone la cuarta
parte de la exportación española (25,3%),
más que Madrid y Andalucía juntas. Así que hablamos de una región clave
para España, la recuperación económica y la competencia con el exterior.
Restañar las heridas
del conflicto con Cataluña obligará a dialogar y negociar, para arrebatar a los independentistas sus “banderas” y convencer a la mayoría que su mejor futuro, político, económico y
social, está en seguir en España, no imponerlo por vía judicial o policial. Y la primera bandera que hay que arrebatarles es la económica, el “España nos roba”,
la independencia por el bolsillo. La
propaganda independentista ha jugado con “las
cuentas de la lechera”: perdemos 16.000 millones por estar en España
y si fuéramos independientes, aunque tuviéramos más gastos, podríamos conseguir
un saldo favorable de 11.591 millones y vivir como Dinamarca. Así que independizarse “sale a cuenta”.
Lo malo es que no es
verdad y que estas cuentas son “cuentos”, como demostró el exministro José
Borrell en su libro “Las cuentas y los cuentos de la independencia”. Según el ex Conseller catalán de
Economía, Mas Collell, la diferencia entre los ingresos aportados por Cataluña
y los gastos hechos por el Estado fue de -3.228 millones en 2015, no los -16.000
utilizados por los independentistas. Y en las últimas “balanzas fiscales” (ingresos menos gastos) calculadas por los expertos de Fedea, figura un saldo
negativo para Cataluña en 2014 de -9.892
millones de euros, el 5% de su PIB. Pero resulta que hay otras 3 autonomías que presentan también saldos fiscales negativos,
dos de ellas mucho mayores que el de Cataluña: Madrid (-19.205 millones, el 9,2% de su PIB), Baleares (-1.516 millones, el
6,3% de su PIB) y la Comunidad
Valenciana (-1.735 millones, el 2,1%
de su PIB). Y no piden independizarse, sólo que
se cambie ya el actual sistema de financiación autonómica.
La otra bandera que hay que arrebatar a los independentistas
es que separados de España, los
catalanes iban a vivir mejor. No es verdad. Sobre todo, porque si Cataluña se declarara
independiente (algo legalmente imposible), quedaría
fuera de la Unión Europea y del euro, según ha reiterado la Comisión Europea. Y
eso sería un drama para Cataluña. Primero, porque el Gobierno catalán tendría
que poner en marcha un “corralito”, como en Grecia, para impedir una fuga
masiva de capitales. Luego, tendría que crear una moneda, que se devaluaría al
instante (como la libra: un -19% tras el Brexit). Y tendría muy difícil vender
al resto de España y de Europa, porque sus productos tendrían que pagar un arancel (del
5,7% inicialmente), al no estar en la UE. Y como además Cataluña es la autonomía más endeudada de España (75.443 millones de euros en 2017), tendría serios problemas para financiarse en el exterior
y no suspender pagos como “país”, mientras los ahorradores catalanes ya no
tendrían asegurado el dinero que tengan en sus bancos, al no estar ya amparados por el BCE. Y como es probable que muchas empresas y bancos se trasladarían fuera de Cataluña, bajaría su crecimiento y su
empleo. Y con ellos, la renta y el nivel de vida, aumentando la inflación. Los cálculos de los expertos hablan de una caída
del PIB catalán del 10 al 20% a medio plazo. O sea, que con la
independencia, los catalanes serían más pobres. Así de claro.
También España sería más pobre sin Cataluña. Y sobre todo, recomponer
la fractura política y social con Cataluña es un elemento clave para consolidar la democracia y la convivencia.
Así que toca, al Gobierno y a la oposición,
volcarse en afrontar el problema, buscando soluciones a medio plazo, que
exigirán cambios, no sólo políticos sino también económicos: sistema de
financiación, competencias, inversiones, solidaridad fiscal. Pero una vez
abierto el melón de Cataluña, otras autonomías querrán ir detrás y exigirán
otros cambios. Es hora de aprovechar “el
problema catalán” para revisar a fondo el modelo autonómico, no sólo en la vertiente política sino
sobre todo en la económica, porque presenta problemas serios. El
principal, que no ha servido para corregir
la desigualdad entre las regiones.
Mucho se habla de “la
unidad de España”, pero no hay una España sino al menos dos o quizás tres: la rica y la pobre y la intermedia. Y eso lo notan cada día los ciudadanos, que saben que depende
de donde vivan tienen más o menos
trabajo, más o menos paro, mejores o
peores salarios, más o menos pobreza, mejor o peor sanidad y educación, más o
menos prestaciones por desempleo o Dependencia, mejores o peores pensiones.
La primera gran
diferencia entre regiones es su diferente
modelo económico, que hace que unas
crezcan más que otras y generen más
o menos empleo. Si en toda España
trabajan un 62% de adultos (16-64 años), según la EPA, hay
9 autonomías donde hay más personas trabajando, sobre todo en
Baleares (70,34%), Navarra (68,40), Aragón (68,27%), Madrid (68,07) y la Rioja
(68%). Y otras 8 autonomías, más Ceuta y Melilla, donde hay menos gente
trabajando que en el resto de España: Melilla (47% de los adultos), Ceuta
(52,23%), Extremadura (52,92%), Andalucía (53,20%), Canarias (55,21%) y
Castilla la Mancha (57,78%) sobre todo, según la EPA. Y
lo mismo pasa con el paro: hay 5 autonomías con más del 22% de paro (30,22% Melilla, 25,76% Extremadura,
25,24% Andalucía, 24,30% Canarias y 22,24% Canarias), mientras otras cinco
tienen un paro “casi europeo” (10,55% Navarra, 10,92% la Rioja, 11,23% País
Vasco, 11,39% Aragón y 11,49% Baleares).
Y este mayor o menor empleo lleva también a que los españoles
tengan mejores o peores sueldos según donde vivan, según los datos del INE. Si el
salario bruto mensual en España es de 23.106
euros (2015), hay 4 autonomías que
tienen un sueldo superior: País Vasco (27.571 euros), Madrid (26.448),
Navarra (24.863) y Cataluña (24.321). Y de las 13 restantes que cobran menos
destacan los bajos sueldos de
Extremadura (19.564 euros), Canarias (19.856), Galicia (20.624), Castilla la
Mancha (20.670), Murcia (20.928) y Comunidad Valenciana (20.935). Eso significa
que un vasco gana de media 4.465
euros más que el español medio y 8.007
euros más que un extremeño (un 29% más). Y si tomamos el salario por hora,
al margen de las horas trabajadas, los vascos ganan un 31,6% más que los extremeños.
Pero las diferencias entre regiones no se
quedan en el empleo, el paro o los salarios. Las diferencias las notan cada día
los ciudadanos, al ir al hospital o al colegio, al ir a la oficina de empleo o
al cobrar la pensión, porque hay enormes
diferencias en los servicios públicos según donde uno viva y ese quizás sea
el mayor fracaso del estado autonómico.
Empecemos por la sanidad. El origen de la desigualdad está en el distinto gasto que hacen
en sanidad las distintas autonomías.
Las que más gastaron en 2016 fueron
Navarra (1.633 euros/habitante), País Vasco (1.632 euros), Asturias (1.578),
Extremadura (1.422) y Cantabria (1.418). Y las
que menos, Andalucía (1.106 euros/habitante), Cataluña (1.180) y Madrid
(1.184), un 50% menos que navarros, vascos y asturianos, según datos de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública (FDSP).Y ese mayor o menor
gasto lleva a que unas tengan más camas, médicos y enfermeras que otras. Y con
ello, mejor o peor atención. Así, las
listas de espera para operarse varían de los 182 días de espera en Canarias
o los 173 de Cataluña a los 44 días en la Rioja o los 50 del País Vasco. Y para ir al especialista, entre los 138
días de espera en Cataluña y los 32 en la Rioja, según el Ministerio de
Sanidad. Y con ello, el ranking de atención sanitaria, elaborado por la FDSP, varía mucho: sacan
sobresaliente la sanidad de Navarra y
País Vasco (90 puntos sobre 114), notable las de Aragón (82) y Asturias
(79) y suspenden Canarias (49), Comunidad
Valenciana (59), Cataluña y Andalucía (60 puntos). Así que ojo a donde se pone uno enfermo.
Lo mismo pasa con la educación. Hay 5 autonomías que
gastan en educación más que la media española (5.169 euros/alumno): País
Vasco, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia. Y así, el País Vasco gasta en
educación (8.076 euros por alumno) el doble que Madrid (4.443 euros) o
Andalucía (4.510 euros), según los últimos datos del Ministerio de Educación (para 2014). Y las becas
y ayudas universitarias también son muy diferentes según donde vivan los
alumnos (2.556 euros la beca universitaria en Andalucía frente a 1.706 euros en
Madrid). Y la desigualdad no se queda en el gasto, también llega a los contenidos educativos: hay unos
contenidos mínimos, pero a partir de ahí los alumnos estudian diferente según donde
vivan. Así, Madrid, Canarias y Castilla y León dan 1.000 horas lectivas de matemáticas mientras los del País Vasco reciben 630 horas y los
de Navarra y Baleares unas 700. Y los alumnos de Primaria de los colegios
bilingües de Madrid reciben el
doble de horas de inglés (840 horas en los 6 años) que los de Andalucía,
Aragón y Cataluña (420 horas). Y lo mismo en la ESO y Universidad. Así que la
formación depende de en qué región se estudie.
También hay enormes diferencias regionales a la hora de
recibir ayudas a la dependencia (para ancianos y discapacitados). En toda España hay
314.709 dependientes en lista de espera (julio 2017), un 25,69% de los
dependientes, con la ayuda reconocida pero sin recibirla por falta de
presupuesto. Pero hay autonomías donde
los dependientes están peor, como Canarias
(el 41,4% esperan la ayuda a la que tienen derecho), Cataluña (37,5% esperan), la
Rioja (30,6%) o Andalucía
(25,6%), mientras en otras son pocos los que esperan, como Madrid (10,73%) o
Baleares (14,5%), según datos del IMSERSO. Y si tomamos la cifra de beneficiarios sobre toda la población, donde hay más dependientes
atendidos es en Castilla y León (3,51 población total con ayudas), País Vasco
(2,74%), Cantabria (2,57%) y Castilla la Mancha (2,40%), mientras el farolillo
rojo de la dependencia son Canarias (sólo 0,84% población con ayudas
Dependencia), Comunidad Valenciana (1,16%), baleares (1,44%) y Madrid (1,71%).
Así que ojo donde nos hacemos viejos.
Y también hay grandes diferencias regionales a la hora de
recibir otras ayudas sociales, a la vivienda, a las familias o la renta mínima de inserción que pagan las
autonomías a los más pobres. Las cobran 466.266 españoles, pero el importe y el
tiempo que las reciben varían mucho según las autonomías, que también exigen
requisitos muy diferentes. Donde hay más
pobres cobrando ayudas, en proporción a la población es en País Vasco
(70.528) y Navarra (15.952) y donde menos en Madrid (73.400), Cataluña
(45.5639) y Andalucía (89.831). Y donde
más se paga es en Navarra (648,60 euros mensuales), país Vasco (619,29) y
Aragón (573,30) y donde menos en Murcia y Ceuta (300 euros), Castilla la Mancha
(372) y Madrid (375 euros), según datos del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales (año 2015).
También hay grandes diferencias regionales en el trato a los parados, debido a la
economía de cada región, al tipo de empleo y los sueldos y cotizaciones. Si en
toda España, un 52,7% de los parados estimados (EPA) no cobran nada (julio 2017), según datos de Empleo, hay regiones
donde hay todavía una mayor proporción de parados que no cobran nada: Melilla (69,8% parados no cobran), Baleares
(65,7%), Castilla la Mancha (62,5%), Canarias (58,1%), Castilla y León, Murcia,
Galicia y Madrid (el 57% parados no cobran nada). Y además, los parados que sí
cobran, reciben un subsidio diferente según donde vivan: más de 800 euros al mes en
Navarra (856,9), Baleares (856,5), país vasco (810), Cataluña (805,8), Madrid
(804,9) y la Rioja (801,1) y un 15% menos los parados de Extremadura (697
euros), Asturias (734,5), Andalucía (740), Cantabria (746,8) y Canarias
(749,9), según datos de Empleo. Así que ojo a dónde nos quedamos en paro.
Y también importa dónde nos jubilemos, porque la pensión depende del tipo de trabajo, el sueldo
y la cotización, que varían mucho por autonomías. Si la pensión media era de 922,17 euros en agosto 2017, hay 7
autonomías donde los jubilados cobran más. Y de ellas, 4 regiones
donde la pensión media supera los 1.000 euros: País Vasco (1.144,61
euros), Madrid (1.089,20), Asturias (1.087,25) y Navarra (1.058,80). Y del
resto, hay 9 autonomías donde los pensionistas cobran menos de 900 euros,
destacando la baja pensión media de Extremadura (766,79 euros), Galicia (779),
Murcia (810), Andalucía (827,85), Canarias (849) y Comunidad Valenciana
(849,39). Así que un pensionista extremeño cobra un 33% menos que uno vasco y
un murciano un 29% menos. Desigualdad hasta el fin de nuestros días.
Bueno, son muchos
datos, pero resultan esclarecedores
para confirmar lo dicho: vivimos en una España muy desigual para los ciudadanos según donde se viva, desde la cuna a la muerte. Antes también era así, pero el
Estado de las autonomías no lo ha corregido. La raíz de esta
desigualdad está en que hay dos Españas (o mejor tres), a nivel económico: autonomías que producen más,
por su estructura económica y su mayor productividad. Y así, si tenemos en
cuenta la población, la diferencia se mide en el PIB por habitante, lo que
se produce por persona. En España, el PIB por habitante fue de 23.970 euros en 2016, según el INE, el 90% de la media europea (estamos en el puesto 14 del ranking UE, a la
misma distancia de Europa que hace 15 años). Y sólo hay 7 regiones por encima de la media, las
más ricas: Madrid (32.723 euros/habitante), País Vasco (31.805),
Navarra (29.807), Cataluña (28.590), Aragón (26.328), La Rioja (25.692) y
Baleares (24.870). Y otras 7 regiones en
la cola, la España pobre: Extremadura
(16.369 euros PIB/habitante), Andalucía (17.651), Melilla (17.686), Castilla la
Mancha (18.591), Murcia (19.411), Ceuta (19.446) y Canarias (19.867).
Esta es la riqueza
que genera cada región, según su estructura económica, sus empresas, su
inversión y su gente. Pero luego, una parte se lo llevan los impuestos, que son muy diferentes según las autonomías (Cataluña es la autonomía donde se pagan más impuestos, porque así lo ha decidido la Generalitat, no el resto de España) y deberían ayudar a compensar a las más pobres, a
corregir las diferencias con las inversiones y las ayudas públicas.
Y al final, interesa comparar la renta
disponible en cada región, los ingresos netos. Y aquí, los españoles de las
regiones ricas ingresan más que los de las pobres. Si la renta disponible por
español era de 10.708 euros en 2016, según el INE, hay 6 autonomías más ricas por encima de los 12.000 euros: País
Vasco (14.345 euros de renta/habitante), Navarra (13.408), Cataluña (12.660 euros: eso no
lo dicen los independentista…), Madrid (12.647), Baleares (12.222) y
Asturias (12.060). Y otras 5 autonomías
más pobres: Murcia (8.273
euros), Andalucía (8.398), Extremadura (8.674), Canarias (8.702) y Castilla la
mancha (8.731). Es la España pobre, 15
millones de personas, un tercio de los españoles, cuya renta es casi la mitad que la de un vasco.
Lo más grave es que las regiones que integran la España rica y la España pobre son casi las
mismas desde hace 30 años, como he explicado en otro blog. Y que las
diferencias de renta no se han recortado apenas: se han agravado incluso
con la crisis. Pero hay otro dato aún más preocupante: si no se hace nada, las diferencias entre las regiones
españolas sólo se reducirán a la mitad dentro de 70 años, según un reciente estudio del Banco de España. Así que si queremos una España menos desigual, hay que
actuar. Y el problema de Cataluña puede
servir para, una vez abierto el melón
autonómico, hacer cambios profundos.
El primero y fundamental, reformar el sistema de financiación autonómica de 2009, lo que se
comprometió hacer Rajoy, en la Conferencia de presidentes autonómicos, dentro
de este año, algo que parece ya imposible. Urge buscar un sistema que sea más justo, en el que
Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana no pierdan tanto, pero que a la vez ayude a corregir
desigualdades, con lo que las regiones más ricas tendrán que pagar más de
lo que reciben. Y además, habrá que destinar más recursos a financiar las autonomías, recortándolos del Estado central,
porque hacer frente a sus competencias (sanidad, educación, dependencia,
justicia…) les resulta cada vez más costoso. Eso supone permitirles más fuentes
de ingresos y restarlos al Estado, un
pulso económico que también es político (pelea
por el poder): hoy, el 50% de los ingresos los capta el Estado, el 35% las
autonomías y el 15% los Ayuntamientos. Si queremos ir a un estado con potentes competencias autonómicas,
tienen que tener más ingresos. Y para que los ciudadanos no paguemos dos veces,
el Estado tendrá que tener menos. Esa es la
base fiscal de un Estado federal (como el alemán), si es a lo que aspiramos.
Pero además, necesitamos un Estado central potente para que ejerza un papel reequilibrador,
asegurando un reparto equitativo del
esfuerzo fiscal (que paguen más impuestos los que más tienen y por tanto,
las regiones más ricas) y de las ayudas e inversiones necesarias para
reequilibrar las regiones, para que en los próximos 20 años se acorten las diferencias entre la España rica y la España pobre, aumentando
la producción (con una estructura económica más competitiva, más industria y
mejor formación y tecnología) y la renta
de las regiones más rezagadas.
Y en tercer lugar, hace falta un enorme esfuerzo de coordinación, de diálogo, para que los servicios públicos sean homologables, al
margen de donde se viva. Eso debería exigir establecer una agenda mínima de
prestaciones públicas (sanitarias, educativas, ayudas sociales…) y tratar de
acortar las diferencias actuales, con un Fondo
de compensación para mejorar los servicios de las regiones más atrasadas,
con evaluaciones públicas periódicas.
Como puede verse por todos los datos aportados, queda mucho por hacer para conseguir que el Estado autonómico
funcione mejor y ayude a reducir las desigualdades, de empleo, renta y
servicios públicos. Habría que aprovechar la fractura con Cataluña para
abrir el debate y no sólo hablar de Constitución y derechos políticos
sino de economía, renta y servicios, los problemas de verdad que afectan cada
día a todos los españoles. Para intentar conseguir que en los próximos 20 años, todos
estemos mejor, al margen de donde vivamos. Conseguir una España plural
pero menos desigual.
