Se prorrogan las ayudas contra la inflación

Hoy hemos sabido que los precios bajaron mucho en junio, hasta el 1,9% anual, la inflación más baja desde marzo de 2021. España tiene así un tercio de la inflación de la zona euro (6,1% en mayo) y somos el tercer país europeo con los precios más bajos. Un buen dato que se debe a la bajada del petróleo, gas y materias primas, pero también a las medidas contra la inflación que lleva aplicando 2 años el Gobierno Sánchez: rebaja del IVA a la luz y el gas, bonificación a los carburantes, excepción ibérica y bajada del IVA alimentos. El martes, el Gobierno prorrogó muchas de estas ayudas hasta diciembre. En total, los 7 paquetes contra la inflación han costado 47.000 millones de euros. Ahora preocupa un repunte de precios este invierno, por la energía y la guerra. Mientras, el BCE, la OCDE y el FMI reconocen que la culpa de la inflación no la tienen sólo la guerra y la energía, sino los disparados márgenes empresariales (beneficios): nadie los frena y lo pagamos caro los consumidores.

Enrique Ortega

Parece que la inflación ha dejado de ser el grave problema que arrastramos desde hace dos veranos, cuando en agosto de 2021 superó el 3% y empezó a subir sin freno hasta marzo de 2022, alcanzando el 9,8% tras la invasión de Ucrania, para superar incluso el 10% de subida el verano pasado (+10,8% en julio 2022). A partir de ahí, la inflación empezó a bajar, cerrando el año 2022 en el +5,7%, y tras un ligero repunte en enero y febrero (por la subida de los alimentos), vuelve a bajar el IPC anual, hasta el +3,2% en mayo, el último dato completo del INE. Y hoy se ha publicado el IPC anticipado de junio de 2023, que refleja una fuerte caída de la inflación en España: +1,9% anual, el nivel más bajo desde marzo de 2021 (+1,3%).

A falta de conocerse el dato anticipado de Europa en junio, España tenía ya una inflación armonizada (homologada con las estadísticas europeas)  del 1,6% en junio, que puede ser un tercio de la inflación media europea. Con los datos de toda Europa, en mayo, España ya tenía ya tenía menos de la mitad de inflación (homologada) que la zona euro: un +2,9% de inflación armonizada en España (el dato homologable con Europa, inferior al 3,2% del IPC), frente al +6,1% de inflación en los 20 paises de la zona euro. Frente a los grandes paises, la inflación anual en España era también menos de la mitad que en Italia (8%), Alemania (+6,3%), Francia (6%), según Eurostat. Y éramos el tercer país con menos inflación de la UE-27, junto a Dinamarca (+2,9%), sólo por detrás de Luxemburgo (2%) y Bélgica (2,7%), con 7 paises europeos donde los precios suben más del 10% (+21,9% en Hungría, 12,5% en Polonia y Chequia).

En resumen, España ha bajado su inflación anual del 10,8% máximo (agosto 2022) al 1,9% actual, mientras la zona euro la ha reducido menos, del 10,6% máximo (octubre 2022) al 6,1% de mayo (último dato). Eso se debe a que España dependía menos del gas ruso que los paises del centro y norte de Europa (tenemos muchas regasificadoras), a un mayor peso de las energías renovables en la generación de electricidad y a un menor consumo de petróleo y gas, ayudado por un invierno suave. Incluso los alimentos, que suben un +12% en España, se encarecen menos que en Europa (+12,5%), según Eurostat. Pero hay otro motivo que explica la mayor caída de la inflación en España: las medidas contra la inflación tomadas desde hace dos años por el Gobierno Sánchez.

Las primeras medidas se aprobaron el 24 de junio de 2021, antes de la guerra de Ucrania: la bajada del IVA de la electricidad del 21 al 10% y  la suspensión del impuesto del sobre la generación eléctrica (7%). En septiembre de 2021, se redujo del 5,11 al 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad. En diciembre de 2021, el Gobierno prorrogó hasta el 30 de abril de 2022 estas tres medidas fiscales para reducir el precio de la electricidad. Tras la invasión de Ucrania, el Gobierno aprobó el 29 de marzo de 2022 un Plan Nacional de respuesta a la guerra, con medidas contra la inflación y ayudas a sectores y colectivos más afectados: extensión hasta el 30 de junio de la rebaja del IVA al 10% para la electricidad (más rebaja al 0,5% impuesto electricidad y supresión del impuesto de generación del 7%), bonificación de 20 céntimos en los precios de los carburantes (desde el 1 de abril de 2022) y ayudas a transportistas, agricultores y pescadores, así como a industrias muy consumidoras de energía. Y una bonificación del 30% al transporte público (con otro 20% las autonomías).

El 25 de junio de 2022, el Gobierno Sánchez aprobó otro paquete de medidas contra la inflación, hasta fin de año, donde destaca una nueva bajada del IVA para la electricidad, del 10 al 5% (y al gas), además de mantener la rebaja del impuesto eléctrico y la supresión del impuesto de generación (con lo que se reducían un 80% los impuestos a la factura de la luz). También se amplió el pago de los 20 céntimos a los carburantes, hasta el 31 de diciembre. Y se aprobó un pago único de 200 euros para trabajadores, autónomos y parados con ingresos anuales inferiores a 14.000 euros, que podían recibir 2,7 millones de españoles.

En paralelo, el Gobierno español negoció en Europa, con Portugal, la excepción ibérica, un sistema para poder rebajar el precio de la electricidad en el mercado mayorista, al fijar un tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad (de tal manera que no contagia al precio del resto de energías). Esta “excepción ibérica” ha sido clave para rebajar el precio de la electricidad en España y podría haber reducido un 2% la inflación anual. Se empezó a aplicar el 15 de junio de 2022 y pronto se notó en el precio mayorista de la electricidad: pasó de costar 165 euros/MWh  a 109,66 euros en noviembre y 36,41 euros el 24 de diciembre. Y el 29 de diciembre, el precio mayorista (con compensación) costaba 16,15 euros MWh. El Gobierno Sánchez estima que los usuarios de tarifa regulada nos hemos ahorrado con la “excepción ibérica”, prorrogada hasta diciembre de 2023, 5.106 millones de euros hasta finales de febrero.  Y estiman que en el recibo final de la luz, cada español habrá ahorrado una media de 100 euros por hogar en los primeros 8 meses del nuevo sistema.

El 27 de diciembre de 2022, el Gobierno aprobó otra prórroga de las medidas contra la inflación, hasta mediados de 2023: se mantuvo la bajada del IVA y de los impuestos a la luz y el gas, el tope al precio del butano, las ayudas al transporte público y el tope a los alquileres (2%). Y se suprimió la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, manteniéndola para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Pero la medida más importante fue la rebaja del IVA a los alimentos desde el 1 de enero de 2023 : se bajó del 4% al 0% el IVA de los alimentos básicos (pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales). Y bajó del 10 al 5%,  el IVA de aceites y pastas.

Esta rebaja del IVA tardó en surtir efecto y transmitirse a los 7.000 alimentos afectados, en 24.000 establecimientos. De hecho, los alimentos subieron, del 15,7% anual de diciembre y el 15,5% de enero al 16,6% en febrero y el 16,5% en marzo, empujados por las malas cosechas de algunos productos (aceites, azúcar, cereales) y el retraso en el efecto de la bajada del IVA. Pero los alimentos bajaron en abril (12,9%) y mayo (12%). El efecto global de la bajada del IVA en los alimentos beneficia más a las rentas altas: 70 euros de ahorro (en 6 meses) a las familias que ganan más de 215.000 euros y sólo 27 euros a las familias más humildes (que ganan menos de 16.000 euros), según FEDEA. Pero porcentualmente sobre sus ingresos, el ahorro es mayor entre los que menos ganan.

Este martes 27 de junio,  el Gobierno Sánchez (en funciones) aprobó una nueva prórroga de las medidas contra la inflación, hasta finales de 2023. Mantiene la rebaja del IVA en los alimentos. Mantiene la bonificación de los transportes públicos, un 30% (si las autonomías bonifican otro 20%). Mantiene la subvención al combustible de transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, pero será de 10 céntimos hasta septiembre y 5 céntimos después. Mantiene el IVA del 5% y los impuestos rebajados a la luz y el gas, así como el tope máximo al precio de la bombona de butano. Y mantiene la prohibición de desahucios a familias vulnerables, aunque no mantiene el tope del 2% en la renovación de alquileres (algo que sí hace la Ley de Vivienda). Como novedades, incluye 2 nuevas ayudas: una a la compra de coches eléctricos o la instalación de postes de recarga (que contarán con un 15% de desgravación fiscal en el IRPF) y la otra, un aval del ICO para que los jóvenes y familias con niños puedan acceder a la compra de una vivienda.

Con este último paquete, el Gobierno Sánchez ha aprobado 7 paquetes de medidas contra la inflación, destinando 47.000 millones de ayudas públicas en dos años. A finales de mayo, la Comisión Europea pidió a España y al resto de paises europeos que comenzaran a reducir las ayudas contra la inflación y por la guerra de Ucrania, para poder destinar esos ahorros a reducir los déficits públicos, disparados en toda Europa por las necesarias ayudas aprobadas estos años. De hecho, España y otros 13 paises europeos (Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Letonia, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia) van a cerrar 2023 con un déficit superior al 3% del PIB (España prevé un 3,9% de déficit). Y la Comisión ya ha dicho que obligará a todos a cumplir con el Pacto de Estabilidad en 2024, no superando el 3% de déficit, para lo que pide ir haciendo ajustes.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha justificado este 7º paquete de ayudas en que la inflación no está controlada y que la guerra en Ucrania sigue provocando incertidumbre sobre el futuro. Y a la vez, ha prometido a Bruselas que España cumplirá, que rebajará su déficit al 3% del PIB en 2024, gracias al mayor crecimiento económico (España crece al 4,2% anual, cuatro veces la media de la UE) y a la fuerte creación de empleo (2 millones más de afiliados a la SS en los últimos 5 años), lo que permitirá aumentar la recaudación y reducir el déficit,  aunque se mantengan las ayudas este año. En  cualquier caso, el ajuste de las cuentas públicas, para no superar ese déficit del 3% en 2024, será uno de los retos del próximo Gobierno español. Y si gana las elecciones el PP (y Vox), podría haber recortes. Sobre todo si persisten en su política de bajar impuestos.

Entre tanto, la inflación se ha moderado pero no está controlada. Preocupa sobre todo en el resto de Europa, donde la inflación sube el doble que en España. De hecho, el BCE insiste en que está “demasiado” alta y que eso “le va a obligar” a subir los tipos otra vez en julio y quizás de nuevo antes de fin de año (hasta el 4,5%). Y que los tipos seguirán altos hasta 2025, año en que la inflación podría bajar del 2% en otoño: el BCE prevé un 5,4% de inflación en la zona euro en 2023, un 3% en 2024 y un 2,2% en 2025. Mientras, el Banco de España estima que España tendrá menos inflación: 3,2% en 2023, 3,6% en 2024 y 1,8% en 2025.

Con todo, hay mucha incertidumbre sobre el futuro de la inflación. Los precios de los alimentos (que han subido menos en junio) podrían repuntar este verano, sobre todo en España, por la mayor demanda (29 millones de turistas entre julio y septiembre) y los efectos negativos de la sequía y la ola de calor en aceites, cereales, frutas y hortalizas. Y luego, en invierno, podrían dispararse los precios del petróleo y gas natural, presionando la factura de la luz, la calefacción y los carburantes. El cambio climático y la mayor demanda de los paises en desarrollo disparan los precios de alimentos y materias primas. Y, sobre todo, se mantiene la guerra en Ucrania y los choques geopolíticos entre EEUU y China, que no favorecen la mejora de expectativas .Por todo ello, hay temor de que la inflación alta de mantenga.

El debate está en quien es culpable de esta alta inflación. Hasta ahora, se culpaba a la guerra de Ucrania, a los mercados del petróleo y gas, a los mercados de alimentos y materias primas. Pero hay otras causas. El propio BCE lo reconoció a finales de marzo: dos tercios de la subida de la inflación en Europa ha sido por la subida de los márgenes empresariales (beneficios) sobre todo en la energía, agricultura, industria, construcción, hostelería y restauración. Algo que contrasta con las subidas de precios entre 1.999 y 2022, cuando sólo en una tercera parte se debieron a subidas de los beneficios.

Esta misma tesis la defienden estos días la OCDE y el FMI. En su último informe, del 7 de junio, la OCDE advertía que las empresas y sus márgenes son los principales culpables de la inflación en Europa y sobre todo en Francia, Italia y España. Concretamente, estiman que de la subida de precios en España en 2022 (+8,4%), las tres cuartas partes (+6%) es responsabilidad de las empresas y sus márgenes y sólo un 1,5% se debe a los salarios. La OCDE lo llama “Greed-flation” o “inflación de la codicia”. Y se explica porque algunas grandes empresas (energéticas, bancos, materias primas) tienen un gran “poder de mercado” e imponen sus márgenes y precios, sin que haya competencia, en perjuicio de los consumidores. Y otro estudio posterior, del FMI, va en la misma línea: los beneficios empresariales fueron responsables del 45% de la inflación en Europa en 2022.

En definitiva, que si tenemos una alta inflación no es sólo por la guerra de Ucrania, el petróleo, el gas y las malas cosechas, sino sobre todo porque algunos sectores y empresas han hecho su agosto, disparando precios, márgenes y beneficios. Y sólo hay dos salidas: o se hacen  transparentes costes y márgenes, (la vicepresidenta Calviño ha propuesto crear un Observatorio de márgenes empresariales y la patronal la plantó en la reunión), pactando beneficios y salarios (el famoso “pacto de rentas”), o se imponen impuestos extraordinarios a beneficios  extraordinarios, conseguidos a costa de la alta inflación (algo que rechaza también la patronal y el PP, que estudia suprimir los impuestos aprobados a las eléctricas, energéticas y bancos). O pacto o más impuestos. Pero no quieren tomar medidas, sólo aprovecharse de la situación para elevar precios y márgenes. Así nos va.

La "burbuja" de las renovables

En los cinco primeros meses del año, más de la mitad de la electricidad la han generado en España las energías renovables (eólica, solar e hidráulica), un hito histórico. Y tenemos un 60% de potencia instalada renovable, casi el doble que en 2009. La guerra de Ucrania, la crisis energética y el Cambio Climático, han disparado las plantas solares y eólicas en España, atrayendo inversores y Fondos. Se ha creado una “burbuja” renovable, con 147.000 proyectos presentados, sobre todo en la España vacía. El Gobierno ha aprobado una moratoria e intenta  filtrar proyectos, pero hay 1.418 instalaciones con permiso ambiental  que, si se construyeran, duplicarían nuestra potencia renovable. La Comisión Europea ha pedido a España reforzar la red, formar especialistas y aumentar los almacenamientos, para hacer viable el salto renovable. Ahora, el Gobierno debe enviar a Bruselas, antes del 30 de junio, una hoja de ruta para las renovables, que aplicará el próximo Gobierno. Si es el PP con Vox, podrían intentar mantener las nucleares y frenar las renovables.

Enrique Ortega

Dicen que no hay mal que por bien no venga. La guerra de Ucrania, junto a la crisis energética y los efectos negativos del Cambio Climático, han disparado los proyectos renovables en todo el mundo. De hecho, este año 2023 se van a instalar 440 GW de energías renovables, un 32% más que en 2022, un aumento que equivale a toda la potencia eléctrica instalada en Alemania y España juntas, según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que destaca este dato: por cada dólar invertido en energías fósiles (petróleo, carbón, gas) se invierten ya 1,7 dólares en energías renovables, superando la inversión en energía solar al petróleo. La mayoría de estos nuevos proyectos renovables se están haciendo en China, EEUU y Europa, dos tercios de ellos son instalaciones fotovoltaicas. Sólo en Europa, los proyectos renovables han crecido un 40% estos años sobre 2019, sobre todo proyectos fotovoltaicos y eólicos  en Alemania, Italia, Paises Bajos y España, paises que han concedido más permisos de plantas renovables en los últimos 18 meses que en toda la década anterior.

El informe de la AIE revela que este “boom” de las renovables en Europa ha permitido a los consumidores europeos un ahorro de 100.000 millones de euros entre 2021 y 2023, gracias a la mayor producción eléctrica con energía solar y eólica. A pesar de este “salto” en las renovables, Europa sigue ocupando el 2º lugar mundial, con un 21,28% de la energía de fuentes renovables, frente al 49% en China y el 14,7% en EEUU. La estimación de la AIE es que China se va a consolidar en 2024 como el país líder mundial en renovables (55% del total), con el 70% de los proyectos eólicos marinos, el 60% de los eólicos terrestres y un 50% de los proyectos fotovoltaicos mundiales. Europa pretende dar un salto en esta década y tiene pendiente aprobar un Plan para saltar del 22% renovable actual al 42,5% en 2030.

En este panorama, España es uno de los paises europeos que más ha apostado por las renovables en estos dos últimos años. Este mes de junio, la potencia renovable instalada alcanzaba los 72.960 MW, el 59,66% del total, liderada por la energía eólica (30.272 MW instalados, el 25,09% del parque eléctrico total), seguida de la solar fotovoltaica (paneles: 21.024 MW) y la solar térmica (el sol calienta un fluido y el vapor mueve las turbinas de la central: 2.304 MW), un 19,34% del parque total, más la energía hidráulica (17.097 MW, el 14,17% de la potencia total) y otras renovables (1.263 MW, el 1,04% restante). Para apreciar el salto de las renovables, baste decir que en 2019 suponían  el 49,3% de la potencia instalada, en 2012 el 36,8% y en 2009 un 32,65%, casi la mitad que ahora.

Y ojo, hay varias autonomías, de la España vaciada, donde las energías renovables suponen casi la totalidad de la potencia instalada: Castilla y León (el 96% es renovable), Castilla la Mancha y Extremadura (el 81% de la potencia instalada es renovable), Aragón (76%) y Galicia (71%), según los datos de Red Eléctrica (REE), debido a que concentran la mayor parte de las nuevas instalaciones solares y eólicas de España.

Con esta potencia renovable instalada, que ronda el 60% del total, España se ha convertido en uno de los paises europeos con más peso de las renovables, según el informe de ENTSO-E: ocupamos el puesto 14 de 30 paises, un ranking dominado por Noruega (98,6% de potencia instalada renovable), Albania (95,8%), Luxemburgo (85,4%), Suiza (81,3%), Austria (78,6%), Montenegro (78,5%), Croacia (77,1%), Portugal (79,1%), Dinamarca (65,4%), Alemania (65%), Suecia (65%), Rumania (63,3%) y Letonia (63,5%), teniendo menos peso las renovables en Italia (43,2% de la potencia instalada) y Francia (42,8%).

Con esta importante potencia instalada, cada año se genera más electricidad renovable, en Europa y en España. En los cinco primeros meses de 2023, las energías renovables han generado en España el 52,3% de toda la electricidad consumida: un 25,9% ha sido electricidad eólica, otro 13% solar fotovoltaica, un 1,6% solar térmica, un 10% electricidad hidráulica y el 1,7% de otras renovables (residuos). Con ello, los kilovatios eólicos (25,9%) superaron a los nucleares (20,5% de la electricidad) y los kilovatios de origen solar (14,6%) igualaron a los kilovatios producidos con gas natural (14,6%), superando a los generados con carbón (1,4%) y fuel y gas (1,5%), según REE. En definitiva, más de la mitad de la electricidad es de origen renovable, cuando en 2019 era el 36,8% del total y en 2009 suponía sólo el 29%. Y la eólica y la solar juntas generan ya el 40,5% de la electricidad. Incluso un día, el pasado 13 de mayo, entre 10 y 19 horas, el 100% de la electricidad generada en España fue renovable. Y somos uno de los paises europeos con más generación eléctrica renovable.

Este tremendo salto en las renovables es fruto de un “boom” de instalaciones y, sobre todo, de solicitudes, empujadas por las eléctricas, inversores españoles y Fondos extranjeros. La “avalancha” de proyectos renovables ha sido tal que, a finales de 2021 había 176.000 solicitudes de instalaciones eólicas y solares con autorización administrativa previa, el primer paso para instalar una planta renovable. Por toda España, sobre todo en las zonas rurales, se multiplicaron los proyectos, creando una “burbuja especulativa” de empresas que compraban terrenos rústicos (pagando 5 veces su valor como tierras agrícolas) para luego revenderlos a inversores o eléctricas. Eso provocó un tremendo atasco, en el Ministerio de Transición Ecológica (que supervisa los “macro parques”, de más de 50 MW) y en las autonomías (que conceden la autorización administrativa a los pequeños parques), poniendo en riesgo todo el proceso. Por ello, a finales de diciembre, el Gobierno aprobó una moratoria de 18 meses, para retrasar estas solicitudes a las futuras subastas de renovables.

Aunque se ha frenado la entrada, el 2º escalón del proceso, el permiso medioambiental, lo tienen ya 1.418 instalaciones renovables (182 macro proyectos, 161 solares y 21 eólicos, y otros 1.236 proyectos más pequeños), que ahora tienen que seguir el resto de filtros y permisos: autorización administrativa, autorización de construcción y autorización de explotación definitiva. No se sabe cuántas de estas 1.418 instalaciones más avanzadas acabarán generando electricidad en los próximos años (los retrasos y la subida de tipos están desalentando a algunos inversores), pero se trata de una enorme “burbuja” renovable. Baste decir que si todos estos proyectos salieran adelante, supondrían 68.859 MW más de potencia renovable, es decir se duplicaría con creces la potencia eólica y solar  instalada ahora (53.600 MW en junio).  Por eso, hay expertos que alertan de esta “burbuja” renovable (“es el ladrillo de ahora”) y defienden un crecimiento más ordenado de las instalaciones, atendiendo al medio ambiente y a las zonas rurales (se multiplican las protestas contra parques renovables en pueblos y zonas costeras, por la eólica marina).

El Gobierno utiliza las subastas de renovables (desde 2013) para tratar de ordenar el proceso de concesión e incorporación de nuevas plantas, mientras las empresas eléctricas e inversores tratan  de subir los precios no cubriendo en muchos casos la oferta. El Gobierno Sánchez se comprometió a instalar 40.000 MW antes de 2030, para que el 74% de la electricidad proceda de energías renovables. Pero al ritmo lento de las últimas subastas (4 desde 2021) va a ser difícil alcanzar esa cota, si no paga más por kw renovable. Además, hay un montón de litigios y demandas en los tribunales, mientras las principales empresas que apuestan por las renovables se quejan de falta de componentes (vienen de China y otros paises) y un 78% de de que les falta mano de obra especializada (hay 55.400 personas empleadas en la energía solar y eólica, pero harán falta hasta 468.000 en la próxima década). Y también les preocupa el proceso electoral y si el futuro Gobierno autorizará más o menos renovables.

A finales de mayo, la Comisión Europea alertó a España sobre la evolución de las renovables. Dentro de sus recomendaciones anuales, advertía que “son necesarias más inversiones tanto en infraestructuras de red como en almacenamiento para integrar más electricidad renovable”. A lo claro: que si hay 1.418 instalaciones renovables en camino, hay que hacerles un hueco para verter esta electricidad en la red y almacenarla (para guardarla y evitar que se pierda, por “no verterla” en la red). Y además, España tiene que avanzar en la interconexión con Europa, porque somos “una isla eléctrica”: sólo un 5,4% de la electricidad producida se exporta a Francia, cuando el objetivo marcado por Bruselas es del 10% en 2020 y el 30% en 2030, porcentaje que consideran “imposible de cumplir” incluso con la inauguración del cable del Golfo de Vizcaya previsto para 2027-28.

En definitiva, que está muy bien que España haya dado un gran salto en renovables, pero que tiene “un cuello” de botella si no consigue resolver tres problemas: ampliar la red eléctrica (para dar entrada y cabida a las nuevas plantas solares y eólicas), instalar centros de almacenamiento junto a la red (para aprovechar después la energía solar y eólica que ahora no se utiliza o se pierde) y ampliar la conexión eléctrica con Europa. Además de un 4º problema que también señalan: la falta de personal formado en renovables.

Para el primer problema, ampliar la red de transporte y comercialización, un monopolio de Red Eléctrica (REE, una empresa con un 20% de capital público y la “acción de oro” para que no pueda ser opada por terceros sin autorización), la Comisión pide un Plan de inversiones para ampliar los puntos de acceso y mejorar la red y las interconexiones. Según la consultora Aurora Energy Research, la red eléctrica española solo está preparada para asumir 16.600 nuevos MW en 2026 y no los 60.000 largos que se esperan para 2030. Otro problema, el almacenaje, es muy serio porque hoy, dado que apenas existen plantas de almacenamiento, hay una parte de la energía renovable que se pierde y para sustituirla hay que poner a funcionar (en horas sin sol o aire) a centrales de gas (que nos cuestan 68 euros al año por recibo). De hecho, el desperdicio de energía eólica y solar se multiplicó por 10 en 2022, según Aurora Energy. Algunos expertos ponen como ejemplo a Portugal, que ha instalado baterías y electrolizadores junto a las nuevas plantas renovables.

En resumen, lo que dice la Comisión Europea es que no basta con que España promueva nuevas plantas solares y eólicas, sino que tiene que invertir más para complementar ese esfuerzo con nuevas redes, plantas de almacenaje, conexiones con Europa y formación de personal especializado. Habrá que gastar más, invertir más, lo que encarecerá algo el kilovatio renovable, pero se creará una estructura estable que lo abaratará a medio plazo.

En medio de esta “burbuja” renovable y la necesidad de nuevas inversiones, España se encuentra con que la Comisión Europea quiere reforzar aún más la opción renovable, para que pase de aportar el 22% actual de la energía al 42,5% en 2030. Un salto tremendo que no se aprobó la semana pasada en Luxemburgo pero que la Comisión quiere aprobar en el semestre español. Y eso va a obligar a todos los paises europeos a “hacer un esfuerzo extra”, no sólo en la generación de electricidad (donde España va bien) sino en la sustitución de energías fósiles en la movilidad (vehículos eléctricos), los edificios (bombas de calor en lugar de calefacciones) y las industrias (sustituyendo gas y petróleo por hidrógeno verde y energías renovables), donde España va más retrasada que la mayoría de Europa.

De hecho, España tiene que cumplir un compromiso con la Comisión Europea: el Gobierno en funciones debe enviar, antes del 30 de junio, una “hoja de ruta”, actualizando el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que la Comisión aprobó en marzo de 2021, porque ha quedado desactualizado por la guerra en Ucrania y el mayor esfuerzo renovable que piden ahora las autoridades comunitarias. La ministra de Transición Ecológica, "en funciones",  ha dicho que va a enviar este mes el nuevo Plan, que puede contemplar aumentar la potencia de energías renovables de los 40.000 MW anteriores a 65.000 para 2030.

La cuestión es que ese nuevo Plan del Clima para 2030 deberá ser ejecutado por el futuro Gobierno español, una vez lo autorice Bruselas. Y si ese Gobierno lo integran PP y Vox, podrían defender cambios de fondo, dado que tanto el PP como Vox defienden mantener la energía nuclear (estaba previsto reducirla a la mitad en 2030, cerrando nucleares a partir de 2027) y no son demasiado partidarios de promover las energías renovables (en Extremadura, el PP propone mantener abierta Almaraz después de 2027 y “revisar las prohibiciones y limitaciones de la Red Natura 2000 que están ahuyentando e impidiendo el desarrollo de las empresas y la instalación de nuevos proyectos industriales”) . Así que todo el “boom” de las renovables está pendiente de las elecciones del 23-J. Y también de lo que pase en Europa, en las elecciones de junio de 2024, porque una parte de la derecha y toda la extrema derecha europea son partidarias de ir más despacio en la descarbonización y las renovables. Así que nuestra luz y nuestro medio ambiente dependen otra vez de la política.

El riesgo de la "banca en la sombra"

El Banco Central Europeo (BCE) lanzó a finales de mayo una alerta sobre “la banca en la sombra” (Fondos de inversión, Planes, aseguradoras, financieras…) que suponen ya la mitad de las finanzas mundiales y podrían entrar en crisis, por la subida de los tipos de interés, arrastrando con ella a la banca tradicional, con la que están muy vinculados a través de depósitos, créditos y compras de deuda. El problema es que estas entidades “en la sombra” están poco vigiladas y controladas y sus inversores no están “cubiertos”, lo que podría llevar a una crisis financiera más grave que la de 2008. Por eso, el BCE, como antes el FMI, piden que estos Fondos y entidades sean regulados como los bancos tradicionales, algo difícil de lograr ahora que son tan grandes y tienen tanto poder. El problema es quién le pone el cascabel al gato, por encima de paises y Gobiernos. Pero si no se hace, podemos tener otro “susto” financiero. Avisados estamos.

Enrique Ortega

La “banca en la sombra” se llama a todo un abanico de entidades que no son los bancos tradicionales  y que ingresan dinero de los inversores y lo destinan a préstamos y operaciones financieras con empresas, Gobiernos y particulares. En este bloque de entidades financieras no bancarias (NBFI, en sus siglas en inglés) se incluyen Fondos de inversión, Planes de pensiones, aseguradoras, Fondos de alto riesgo, Fondos “buitre”, Fondos inmobiliarios, Fondos monetarios, financieras, empresas de leasing y renting, financieras de consumo, empresas de tarjetas, firmas de “crowdfunding” y “business angels” para financiar a emprendedores… Lo que tienen en común es que no son bancos pero se dedican a recoger dinero de inversores y destinarlo a múltiples proyectos, buscando una alta rentabilidad con alto riesgo en la mayoría de los casos.

Esta “banca en la sombra” surge en EEUU a finales del siglo XX, pero crece sobre todo a partir de 2008, tras la crisis financiera, a costa de la banca tradicional, que se retira parcialmente de dar crédito a las empresas, sobre todo a la economía digital. Y estos Fondos, aseguradoras, Planes de pensiones y financieras empiezan a financiar la economía, atrayendo a inversores con el reclamo de su alta rentabilidad y financiando proyectos y empresas nuevas, en las que encuentran grandes beneficios con alto riesgo. Y así, en 2014, la banca tradicional ya sólo aportaba el 50% de los créditos a las empresas y la otra mitad se financiaba con la “banca en la sombra”, multitud de Fondos y entidades nuevas que están detrás de las tecnológicas y de los nuevos sectores económicos. Y todo ello es posible porque coinciden con una década de dinero barato, con los tipos al 0%, lo que permite a la banca en la sombra “apalancarse” (crecer e invertir a crédito), crear una gran burbuja donde prestan cada vez más a cambio de pagar cada vez más con los recursos de negocios endeudados a tope. Primero en EEUU y luego en Europa y en el resto del mundo.

Y así llegamos al momento actual, en que “la banca en la sombra” acapara ya la mitad de las finanzas mundiales y tiene más activos que la banca tradicional, según el último informe (diciembre 2022) del Finantial Stability Board, un organismo creado en 2009 por el G-20: manejan 239,3 billones de dólares, el 49,2% de las finanzas mundiales, más que la banca tradicional (manejan 182,9 millones, el 37,6% del sistema financiero mundial), los bancos centrales de los paises (44,1 billones, el 9,1%) y las instituciones financieras públicas (20,3 billones, el 4,2% del total financiero mundial). En España, “la banca en la sombra” (sobre todo Fondos de inversión, monetarios e inmobiliarios, Planes de pensiones, aseguradoras, financieras y empresas de leasing, renting y tarjetas) tiene todavía menos peso que en EEUU y Europa (51%): manejan 1,4 billones de euros, el 25,5% del sistema financiero, todavía la mitad que la banca tradicional (2,9 billones, 52,7% del total).

¿Cómo ha crecido este monstruo financiero de “la banca en la sombra” en poco más de dos décadas? Pues a golpe de deuda, de endeudarse para invertir y crecer, aprovechando que el dinero no tenía coste: los tipos de interés han estado al 0% entre 2008 y 2015 y aunque luego subieron algo, volvieron al 0% entre 2020 y principios de 2022. Estos Fondos y entidades de la banca en la sombra se endeudaban y atraían inversores que buscaban alta rentabilidad, a los que aseguraban altos intereses invirtiendo en deuda pública, nuevas empresas y comprando empresas en crisis que troceaban y vendían (Fondos “buitre”). Y operando en corto en Bolsa (comprando valores a crédito para luego devolverlos), contra empresas que creían sobrevaloradas, forzando su depreciación a cambio de elevadas plusvalías. Y depositaban su liquidez en la banca tradicional y en deuda pública, ayudando incluso a financiarse a los bancos tradicionales (con préstamos “repos” garantizados con deuda pública). Todas estas operaciones, con las que han atraído dinero e inversores y han multiplicado sus apuestas en deuda, empresas y bancos, tienen otra característica común: no cumplían reglas ni normas. La “banca en la sombra” no tiene una regulación estricta, como la banca, y sus operaciones pueden ser tan arriesgadas como quieran. Eso sí, a cambio no hay ningún Fondo de Garantías que asegure las inversiones.

El problema de “la banca en la sombra” se vio venir en 2022, cuando empezaron a subir los tipos de interés y encima de forma rápida: la Reserva Federal de EEUU los empezó a subir en marzo de 2022 y después los ha aumentado 10 veces, del 0% al 5,25% actual. Y el BCE, desde julio de 2022, los ha subido otras 8 veces, del 0% al 4% actual, lo mismo que el Banco de Inglaterra (11 subidas, desde el 0 al 4,50%) y el resto de bancos centrales. Todas las entidades de la “banca en la sombra” se encontraron con el pie cambiado: ahora ya no se podían endeudar sin freno y sus activos valían menos. La deuda pública que habían comprado vale menos (al subir los tipos, se revaloriza la deuda nueva pero se deprecia la antigua), con lo que incurrían en pérdidas contables si la tenían que vender antes del vencimiento, porque sus inversores les exigían liquidez. Y ya no podían asegurar altas rentabilidades en negocios especulativos, sobre todo cuando los bonos del Tesoro dan más del 3%.

Un ejemplo de esta difícil situación de la banca en la sombra se dio en Reino Unido, en octubre de 2022, después de que la primera ministra Liz Truss aprobara un descabellado Plan fiscal, que provocó “turbulencias financieras”. Básicamente, lo que sucedió fue que los británicos que tenían Fondos de pensiones se asustaron y pidieron liquidez a sus gestoras, que se vieron obligadas a vender deuda pública (manejan 2,3 billones de euros, la mitad colocados en deuda pública). Y tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra, invirtiendo 73.000 millones en compra de deuda británica. Era un aviso: si los inversores de “la banca en la sombra” se ponían nerviosos, los Fondos, Planes, financieras, aseguradoras y entidades se verían obligados a vender para reintegrarles su dinero, a costa de enormes pérdidas y un riesgo de pánico financiero. Es lo que pasó en EEUU, en marzo de 2023, con la crisis de Silicon Valley y otros pequeños bancos regionales: los inversores se pusieron nerviosos y los bancos no aguantaron.

El riesgo de que “la banca en la sombra” estalle con la subida de los tipos de interés (que devalúa su deuda y sus activos, encareciendo su alto endeudamiento) ha sido advertido en muchas ocasiones por el Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS), una especie de Banco Central de los Bancos Centrales del mundo (Reserva Federal, BCE, Banco de Inglaterra…). En diciembre, el BIS alertaba del aumento de “la deuda en la sombra”, el alto endeudamiento de estas entidades no bancarias, que ahora les resulta mucho más costoso. Y este año, el 4 de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó “una alerta global”  sobre la banca en la sombra: “pueden provocar tensiones en la economía global”, si los inversores se lanzan a retiradas masivas de dinero. Y eso porque estas instituciones son básicas para la financiación de sectores clave de la economía, de los Gobiernos y sus políticas públicas (compra de deuda) y de la banca tradicional, a la que financian y con la que tienen múltiples lazos (depósitos, valores, deuda, créditos…).

Esta reciente “alerta” del FMI advierte de 3 riesgos de la “banca en la sombra”, que podrían desencadenar otra crisis financiera internacional, incluso más grave que la de 2008: el elevado “apalancamiento” (inversión con deuda), ahora más peligroso con los tipos altos, los desajustes en la liquidez (cuando los activos, deuda o valores, no proporcionan suficiente efectivo para cubrir los desembolsos a los inversores, como pasó en Reino Unido con los fondos de pensiones) y la elevada interconexión de estas instituciones no bancarias entre sí y con el resto del sistema financiero (banca tradicional), lo que complica el panorama global. Y el FMI plantea un dilema a los Bancos Centrales (Reserva Federal, BCE): si conviene seguir subiendo tipos, para frenar la inflación, o hay que frenar las subidas para evitar nuevas crisis financieras (como en algunos bancos USA) en la banca en la sombra. Porque aunque estas entidades no tengan un Fondo de Garantía que cubra a los inversores (como en la banca tradicional), parece claro que si estallan, los bancos Centrales tendrían que intervenir, inyectando liquidez y ayudas (que acabamos pagando todos), como pasó en 2008.

Pero ni la Reserva Federal ni el BCE se dieron por avisados y siguieron subiendo tipos, lo que agrava el riesgo de otra crisis financiera, sobre todo en “la banca en la sombra”, donde no hay apenas vigilancia ni regulación, con lo que no sabemos en realidad el alcance de la “bomba financiera” que nos puede estallar encima. Porque dentro de la banca en la sombra hay entidades muy potentes y solventes, como el Fondo BlackRock (que mueve 10 billones de dólares en todo el mundo: 7 veces el PIB español) y otros grandes Fondos multinacionales y de pensiones, pero también hay Fondos especulativos, Fondos monetarios, financieras y entidades no bancarias que podrían “estallar” y afectar a muchos sectores e inversores, desde EEUU y Europa a China y Japón, detonando una grave crisis financiera.

El temor sigue ahí y la última alerta la acaba de lanzar el propio BCE, el pasado 30 de mayo, con este artículo donde advierte del “riesgo de contagio” entre los problemas de la “banca en la sombra” y la banca tradicional europea, que podría provocar un “efecto dominó en la banca europea si la “banca en la sombra” tiene problemas. Intenta dar un paso más: no sólo advertir de los riesgos de la banca en la sombra sino de alertar que si esos “no bancos” tienen problemas, los tendrá también la banca tradicional. Y eso, argumentan, porque una gran parte de la financiación bancaria que depende de los bancos en la sombra, que tienen gran parte de sus depósitos, valores, deuda y derivados en la banca tradicional. Así que si a la banca en la sombra le va mal, porque sus inversores se ponen nerviosos y buscan liquidez, esas fugas afectarán también a los bancos tradicionales. Y a toda la economía europea, que acude a la banca en la sombra para conseguir el 14% de su financiación

El informe del BCE pone cifras al problema: los 5 mayores bancos europeos (el Santander entre ellos) concentran el 50% de los préstamos y valores de “la banca en la sombra”. Y si ampliamos el análisis a los 13 mayores bancos europeos, concentran el 80% de los préstamos de la banca en la sombra y el 80% de la financiación bancaria con “repos” (venta de activos de la banca para financiarse, recomprándolos en un plazo determinado). Y la “banca en la sombra” posee el 28% de los títulos de deuda bancaria europea, teniendo incluso un  papel clave en el mercado de deuda a corto (descuento de papel comercial).

En definitiva, que la banca tradicional europea está “estrechamente ligada” a “la banca en la sombra” (Fondos de inversión, Planes, aseguradoras, Fondos de alto riesgo, Fondos monetarios, financieras…). Y que si la otra banca estalla y entra en crisis, una parte de la banca tradicional se verá afectada y caerá con ella. Así que el BCE recomienda afrontar de una vez el grave problema de la banca en la sombra, un “monstruo” que ha crecido sin control y que amenaza ahora al sistema financiero y a la economía. En Europa y en todo el mundo. Las recetas del BCE, como antes las del FMI, son claras: vigilar y supervisar la banca en la sombra, obligarla a una mayor transparencia y a que tenga listos mecanismos de gestión de crisis, buscando una mayor coordinación y control entre paises. En definitiva, regular y vigilar “la banca en la sombra” para que no nos estalle encima.

Estas alertas, del BIS, el FMI y el BCE, están muy bien, pero el problema de fondo es ¿quién le pone el cascabel al gato? Hablamos de Fondos, Planes y financieras multinacionales, que mueven más dinero que la mayoría de paises y llevan 2 décadas operando sin control, a medio camino entre un casino y un monopolio. Y que han crecido desproporcionadamente porque se han saltado todas las reglas, bajo la única Ley del máximo beneficio. Es la economía financiera de la especulación pura y dura, al amparo del dinero barato y las ganancias supermillonarias. Ponerles ahora coto y normas, en un mundo globalizado, no va a ser nada fácil, a pasar de las alertas oficiales. Tienen demasiado tamaño y poder. Pero precisamente por eso, hay que controlarlos y regularlos. Porque pueden explotar y provocar otra grave crisis financiera. Avisados estamos.

Otro cambio en el recibo de la luz

El  1 de enero de 2024 estrenarán nuevo recibo de la luz los 9 millones de españoles que tienen tarifa regulada (PVPC). El  cambio, exigido por Bruselas, pretende “amortiguar” las subidas y bajadas de la electricidad. Para ello, obliga a las eléctricas a suministrarnos más electricidad contratada a plazo (de 1 mes hasta un año) y que pese menos la comprada cada día, para evitar los altibajos de estos años. Lo normal es que la luz suba algo al principio, porque las eléctricas intentarán “no pillarse los dedos” en sus compras y porque pagaremos la prima de riesgo que contratarán. Pero a medio plazo, el recibo será más estable, salvo nueva debacle de la energía. Problema: el 1 de enero se termina “la excepción ibérica”, que nos ha ahorrado 5.106 millones de euros, y Europa no ha reformado todavía el mercado eléctrico. Y será difícil que lo haga, con las elecciones europeas en junio de 2024. Así que el nuevo recibo de la luz será una incógnita.

Enrique Ortega

Vuelve a cambiar el recibo de la luz, antes de que el actual cumpla 10 años. El anterior cambio del recibo eléctrico lo aprobó el Gobierno Rajoy el 28 de marzo de 2014 y se empezó a aplicar a los consumidores el 1 de julio. Antes, la subida de la luz estaba ligada al precio que se fijaba en el mercado eléctrico mayorista en una subasta trimestral (tarifa TUR, tarifa de último recurso). Pero se detectó que las eléctricas productoras elevaban artificialmente los precios antes de cada subasta, en perjuicio de los consumidores. El detonante fue la subasta de diciembre de 2013, cuando el precio mayorista de la electricidad subió un 10,5%, con lo que el Gobierno tenía que subir la tarifa (junto a los peajes) un +11,5% en el primer trimestre de 2014. Era políticamente impresentable, así que la Comisión de la Competencia (CNMC) “anuló” la subasta y el Gobierno cambió el sistema y aprobó un nuevo recibo, el que todavía tenemos ahora.

Este recibo (el actual) establecía una tarifa regulada con un nombre increíble, la tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que podían disfrutar los particulares y empresas que contrataran menos de 10 kWh de potencia. Y la tarifa mensual se fijaba ya no sobre el precio de la subasta trimestral sino sobre el precio diario en el mercado mayorista de la electricidad, para evitar manipulaciones. Eso suponía el 42% del recibo, otro 37% eran los peajes que aprobaba el Gobierno (para financiar el transporte y la distribución de la electricidad, el parón nuclear, la deuda eléctrica, las ayudas a las renovables o el extracoste de la electricidad a las islas) y el 21% restante eran los impuestos. También se abrió el camino a que las eléctricas ofrecieran una tarifa libre, por un año y revisable después, que los consumidores y empresas podían contratar.

El nuevo sistema no dio problemas y el recibo de la tarifa regulada (PVPC) fue bastante estable, con un coste mensual en torno a los 50 euros por abonado entre 2014 y 2020. Pero en 2021, comenzó a dispararse el precio del gas natural (que era la energía que solía fijar el precio del resto, en el mercado eléctrico diario), sobre todo a partir de la primavera y el verano, cuando Putin utilizó el gas para presionar a Europa por el tema de Ucrania. Y en agosto de 2021, el recibo medio de la tarifa regulada ya subió a  105,94 euros, cerrando el año con un recibo medio de 239,17 euros en diciembre de 2021. Y tras la invasión rusa de Ucrania, el precio diario de la electricidad en el mercado mayorista pasó de 195,86 euros/MWh (23-F, el día antes de la invasión) a un máximo histórico de 544,52 euros/MWh el 9 de marzo de 2022, para mantenerse en torno a los 200 euros/MWh en mayo y junio.

La mayoría de esta subida disparatada de la electricidad en origen (mercado mayorista) se trasladaba a los consumidores con tarifa regulada (PVPC) y mucho menos a los que tenían una tarifa “libre” (que también subía, pero al renegociarla cada año). El resultado fue “una fuga de clientes” del mercado regulado al libre, apoyada por potentes campañas de marketing de las eléctricas (“Cámbiate a la tarifa libre y pagarás menos”) : si en 2014, al estrenarse el nuevo sistema, eran 26 millones los consumidores con tarifa regulada (PVPC), en 2021 eran ya sólo 18 millones y ahora son 9 millones, el 34% de todos los contratos de electricidad.

Ante estos precios disparados de la luz (por culpa del gas: saltó de 78 euros MWh el 23-F a 339,20 en agosto de 2022), el Gobierno Sánchez negoció en Europa, con Portugal, la llamada “excepción ibérica” : se aceptaba poner un tope al precio del gas utilizado para producir electricidad en la Península (primero 40 euros/MWh y hasta 70 euros en 2023) , para que no encareciera el resto de las energías (el sistema de precios establece que la hidráulica, nuclear y renovables, más baratas, se pagarán al coste del gas) y permitiera así bajar el precio de la electricidad en el mercado mayorista. La excepción ibérica entró en vigor el 15 de junio de 2022 y ha permitido bajar el precio mayorista de la electricidad: de los 200 euros/MWh en mayo y junio bajó a poco más de 100 euros/MWh en septiembre y hasta 16,19 euros/MWh el 29 de diciembre… El viernes pasado, 16 de junio, el precio mayorista estaba en 122,42 euros/MWh. Y aunque los consumidores con tarifa regulada pagan una compensación a las eléctricas por el tope al gas, su recibo medio ha caído estos meses: de 130,99 euros pagados en agosto de 2022 a 79,35 euros en diciembre y a 56,68 euros/MWh pagados de media por la tarifa regulada en mayo de 2023, según la OCU.

En este primer año de la excepción ibérica, los mayores beneficiados son los 9 millones de consumidores con tarifa regulada (PVPC) que han visto abaratarse directamente su recibo al caer el precio del la luz en el mercado mayorista (incluso con precios de cero euros algunos días y horas). Los 20 millones restantes, con tarifa “libre”, no se han beneficiado tanto de la rebaja del recibo, ya que han tenido que esperar hasta la revisión de su contrato (1 año) para presionar a que les bajaran la tarifa. Globalmente, la excepción ibérica” (el tope al gas) ha supuesto un gran ahorro para los consumidores: 5.106 millones sólo entre el 15 de junio y el 26 de febrero, según los cálculos del Gobierno Sánchez, un 15% de la factura eléctrica. Y estiman que, en los primeros 8 meses, los españoles han ahorrado por la “excepción ibérica” (que el PP llamó "timo ibérico") 100 euros por hogar.

Como contrapartida a esta “excepción ibérica”, la Comisión Europea exigió a España que cambiara el recibo de la luz, la tarifa regulada (PVPC), para buscar un sistema que fuera más estable y con menos oscilaciones de precios. De hecho, otros paises europeos han tenido menos altibajos en el precio de la luz (a pesar de subirles a todos el gas), porque tienen recibos que no varían según el precio diario de la electricidad en el mercado mayorista sino en base a índices de precios que se revisan trimestral o anualmente, con lo que las oscilaciones y “sustos” al consumidor no son diarios y son más suaves. El Gobierno Sánchez se comprometió con Bruselas a tener el nuevo recibo antes del 1 de octubre de 2022, para aplicarlo en 2023, pero se ha retrasado, primero en el Gobierno y luego en el Consejo de Estado. Y finalmente, se aprobó en el pasado Consejo del 14 de mayo, para que entre en vigor en 2024.

El nuevo recibo de la luz en la tarifa regulada (PVPC) pretende ligar las subidas futuras no al mercado mayorista diario (con precios muy volátiles y grandes altibajos) sino a un mercado más a plazo, con contratos de suministro firmados a 1 mes, 3 meses y 1 año, para intentar “amortiguar” las subidas. Si ahora, el 100% de la electricidad con la que se calcula la factura es el mercado mayorista diario, en 2024 será solamente el 75% del total, el 60% en 2025 y el 45% del suministro en 2026. Y las eléctricas tendrán que suministrar electricidad con contratos a plazo ya en 2024 (un 25% del total), aumentarla en 2025 (40% del suministro total) y más en 2026, año en que la mayoría de la electricidad que nos vendan (el 55%) tendrá que proceder de contratos a plazo (a 1 mes, a 3 meses o a un año), para “suavizar” los altibajos de precios en el mercado y “evitar sustos” un día, una semana o un mes.

El nuevo sistema del recibo regulado no entrará en vigor para los usuarios hasta el 1 de enero de 2024, pero antes, el 1 de julio de este año, las comercializadoras eléctricas tendrán que empezar a hacer contratos a plazo, para poder vendernos ese 25% más estable desde enero próximo. En principio, el nuevo sistema podría subir algo los recibos en 2024, por dos razones. La primera, que quizás las eléctricas se “curen en salud” al hacer las primeras compras, para “no pillarse los dedos”, pero la mayor demanda a plazo seguro que subirá los mercados de futuros, al menos al principio. Y la otra razón, porque el nuevo sistema incluye que contraten “una prima de riesgo”, para evitar la quiebra de comercializadoras, y todo apunta a que ese seguro lo considerarán otro coste más y lo pagaremos los consumidores. Pero al cabo de un tiempo, todos los expertos creen que el nuevo sistema de fijación de la tarifa regulada será más estable y con precios menos volátiles, con menos altibajos en la factura mensual de los consumidores y empresas. Lo creen en la Comisión Europea, lo cree el Gobierno Sánchez y lo creen también las eléctricas, que apoyan el cambio.

Ahora, los 9 millones de clientes particulares que tienen la tarifa regulada (PVPC) no tendrán que hacer nada: el recibo será igual, aunque cambia el origen de la electricidad que les van a suministrar. Y los 20 millones de clientes particulares con “tarifa libre” podrán hacer el viaje inverso, volver a la tarifa regulada, aunque las eléctricas no se lo pondrán fácil: ya pusieron pegas (teléfonos y webs colapsadas) a los clientes que querían contratar la tarifa regulada del gas, más barata. También podrán acogerse a la nueva tarifa regulada (PVPC) las empresas (ahora la tienen 881.360 compañías), pero hay un cambio: ahora sólo la podrán mantener las pequeñas empresas (menos de 250 empleados y hasta 50 millones de facturación), porque el que tengan esa tarifa empresas más grandes contraviene la Directiva Europea. Así que las empresas tendrán que acreditar su tamaño ante las eléctricas para poder disfrutar de la tarifa regulada el 1 de enero de 2024.

Y por supuesto, el nuevo recibo de la luz mantendrá el distinto precio por horas, que se puso en marcha el 1 de junio de 2021. Se mantienen las tres franjas horarias en las que será distinto el precio de la luz que consumimos: horas valle (las más baratas: de 12 de la noche a 8 de la mañana y todos los sábados, domingos y festivos), horas punta (las más caras: lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas) y horas llanas (el resto de horas, con un precio intermedio). Sigue la discriminación horaria que cada día utilizan más usuarios y que puede suponer un ahorro de hasta 70 euros anuales en un hogar medio.

Mientras llega el nuevo recibo de la luz, el gran cambio será, también el 1 de enero, el final de la “excepción ibérica”, salvo que la Comisión nos lo prorrogue otra vez (lo hizo en abril de 2023, hasta diciembre), algo difícil (salvo que tengamos un invierno de altos precios). En 2024 no tendremos este “colchón” que atempera los precios  pero tampoco una reforma del mercado eléctrico europeo, como llevan años pidiendo España, Portugal, Francia e Italia. El pasado 14 de marzo, la Comisión Europea presentó formalmente una propuesta de reforma del mercado eléctrico muy poco ambiciosa, ya que no afronta el problema de fondo: mantener un sistema de precios “marginalista”, que asegura el precio de la energía más cara para el resto de energías (es como si un carnicero nos vende carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobra a precio de chuletón…). Eso supone un “sobreprecio” que pagamos los consumidores, a costa de unos beneficios millonarios de las eléctricas (y empresas gasistas). La reforma sólo incluye “parches”, como el cambio del índice europeo del precio del gas (para suavizar los precios) y centralizar las compras europeas de gas, además de promover las renovables (algo que exige tiempo).

España y la ministra Ribera ya remitieron antes, en enero de 2023, una propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo más ambiciosa, que incluía un cambio en el actual sistema marginalista de precios, la posibilidad de establecer un precio fijo para la electricidad generada por nucleares e hidroeléctricas (ya amortizadas) y aumentar los contratos a plazo. Incluso, el Gobierno Sánchez buscaba apoyos para promover  una reforma más drástica de la propuesta por la Comisión, aprovechando su presidencia del semestre europeo. Pero ahora, con la convocatoria de elecciones, será difícil que España lidere el proceso, mientras Alemania, Holanda y los paises del norte de Europa no quieren hacer muchos cambios en el mercado eléctrico UE, presionados por el lobby eléctrico europeo. Y menos cuando se van a celebrar elecciones europeas en junio de 2024.

Así que en 2024, la factura de la luz será una incógnita, con un nuevo recibo y sin la ayuda de la excepción ibérica ni de una reforma del mercado eléctrico europeo. Todo va a depender de la evolución del mercado energético mundial, de las compras y precios del gas que consigan los paises europeos estos meses y de la dureza del invierno, junto a los avances en el ahorro de electricidad y las aportaciones de las energías renovables (más baratas). Factores claves que condicionarán la futura factura de la luz.