Dependencia: las autonomías racanean

Media España protesta por la preocupante situación de la sanidad pública, pero apenas se oyen quejas por los graves problemas de la Dependencia, que tiene desatendidos a 353.965 dependientes, la mayoría mayores, lo que condujo a que 45.360 ancianos murieran en 2022 sin recibir la atención que les correspondía. Y encima, en 2021, el Gobierno aprobó un Plan de Choque, con el que ha duplicado su aportación, mientras 10 autonomías aprovecharon que había más recursos estatales para reducir ellos su financiación, para “hacer Caja” y gastar 309 millones menos en Dependencia. Además, las autonomías intentan atender más dependientes con los mismos recursos, ofreciéndoles pequeñas ayudas y servicios low cost, que obligan a las familias a copagos y muchas horas para atender a sus dependientes. En resumen: la Dependencia es un derecho social sin recursos y donde las autonomías, que la gestionan y medio financian, “racanean”, mientras hay 6.230.000 españoles potencialmente dependientes. Urge forzar a las autonomías a que atiendan mejor a nuestros mayores. Piénselo al votar el 28-M.   

Enrique Ortega

La Dependencia es uno de los 4 pilares del Estado de Bienestar en España, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Echó a andar en enero de 2007, con la Ley de la Dependencia, pero ha sido siempre “la pariente pobre” del sistema de protección social, con una escasa financiación desde el origen, que se agravó a partir de 2012, cuando el Gobierno Rajoy y las autonomías aprobaron drásticos recortes: entre 2012 y 2020, el gasto en Dependencia se recortó en -6.321 millones, lo que ha provocado retraso en los expedientes, una abultada lista de espera y ayudas y prestaciones escasas, para tratar de atender a más dependientes con menos recursos públicos. Si la sanidad o la educación sufren falta de recursos y medios, en la Dependencia la escasez es la norma.

Para afrontar esta persistente falta de recursos, en enero de 2021, el Gobierno y las autonomías pactaron un Plan de Choque, para relanzar la Dependencia, con un compromiso del Estado central de aportar 1.845 millones extras (+600 al año) para Dependencia de 2021 a 2023. Eso suponía más que duplicar la aportación estatal a financiar la Dependencia, pasando de 1.348 millones que aportó el Estado en 2020 a 3.229 que aporta en los Presupuestos de 2023. En contrapartida, las autonomías se comprometían también a aportar más recursos y a agilizar la gestión de la Dependencia, que es de su competencia. Pero apenas lo han hecho. En 2021, sólo aportaron 7.566 millones, un 0,57% más que en 2020. Y en 2022, a falta de datos de cierre, su gasto habrá sido similar. Con un agravante: hay autonomías que han aprovechado la mayor aportación del Estado a la Dependencia para “hacer Caja”, para ahorrar ellos y gastarse menos.

Lo ha denunciado la Asociación de Directores de Servicios Sociales: 10 autonomías aprovecharon el primer año del Plan de choque (2021) para gastar menos en Dependencia del aumento que les aportaba el Estado, “ahorrándose” en conjunto 309 millones, que gastaron en otras cosas (no en los dependientes). Son Castilla y León (recibieron 52,17 millones más y gastaron 39,02 millones menos: 91 millones “ahorrados”), Galicia (58 millones “ahorrados”), Aragón (26), País Vasco (36 millones), Navarra (10), Murcia (18), Extremadura (22), Canarias (17), La Rioja (6 millones) y Castilla la Mancha (la única que gastó más, 1,94 millones, pero una cifra menor a los 27,98 millones extras recibidos: “ahorro” de 25 millones). Sólo 3 Gobiernos autonómicos aumentaron más su presupuesto en Dependencia que el dinero extra que recibieron del Estado central: Comunidad Valenciana (recibió +43,38 y gastó +51,40), Cantabria (gastó 8 millones más de los recibidos) y Asturias (+16 millones).

Por si esto fuera poco, las autonomías no se han gastado todo el dinero recibido del Estado para financiar el nivel mínimo (la aportación fijada a cada dependiente, según su Grado). En 2002, se han quedado sin gastar 55 millones (según los Directores de Servicios Sociales), que se suman a los 75,77 millones para la Dependencia que tampoco se gastaron en 2021. Consecuencia: Asuntos Sociales tiene que devolver ese dinero no gastado por las autonomías a Hacienda. El sistema establece que el Estado central aporta una cantidad por dependiente  (nivel mínimo) y la autonomía tiene que completarla con otra aportación similar. Si no lo hace, porque busca ahorrar o “hace Caja”, esa ayuda presupuestaria se pierde y el dependiente no la recibe. Increíble pero cierto.

La escasa financiación de la Dependencia, ahora sobre todo por las autonomías, sigue provocando problemas a los dependientes y sus familias. Los gobiernos autonómicos llevan años tratando de “estirar el chicle” de los recursos escasos, con varios “trucos” para frenar gastos. El primero es “retrasar” las valoraciones de los dependientes que solicitan ayuda, para así retrasar los pagos y ayudas. Los datos del IMSERSO son claros: a finales de 2022, había 1.982.018 solicitudes de dependencia (casi 90.000 más que un año antes) y sólo se habían valorado 1.850.208 solicitudes, por lo que había 131.810 dependientes “pendientes de valoración”, “aparcados” y en espera, una cifra que se mantiene alta desde 2009 (120.213 en espera de valoración) y que apenas bajó en los últimos años (141.556 en espera de valoración en 2019). El tiempo de espera para ser valorado, según la Ley de Dependencia, son 180 días, pero el tiempo medio real era de 344 días (a finales de 2022). Y hay autonomías donde esta espera media se duplica o triplica, como Canarias (977 días), Andalucía (544) o Murcia (486 días), según los Directores de Servicios Sociales.  

Segundo “truco”, tras “embolsar” solicitudes sin resolver: retrasar la entrega de ayudas y servicios a dependientes a los que ya se ha reconocido una dependencia (grado I, II o III, la más grave). En enero de 2023, había 1.490.860 dependientes con un grado reconocido, pero sólo 1.313.437 eran beneficiarios de alguna prestación o servicio. Así que había 177.423 dependientes en “lista de espera” de atención, dependientes que tienen legalmente reconocida una ayuda (prestación o servicio), pero que no la reciben, porque la autonomía en cuestión utiliza esta demora para frenar gastos.

Esta lista de espera de atención se ha reducido en los últimos años (era de 310.120 dependientes con derecho reconocido en enero de 2017, bajó a 269.834 en enero de 2019, a 193.436 en enero de 2021 y a 177.423 ahora), pero aquí también hay “truco” de gestión: las autonomías están reduciendo más las listas de espera de los dependientes moderados (Grado I, 96.561 en lista de espera, los más “baratos” de atender) y menos la de los dependientes más graves (grado II y II, 80.862 en lista de espera, con derecho a prestaciones y servicios más caros). Además, hay gran diferencia en las listas de espera por autonomías. Si la media es del 11,90% (dependientes en espera/total dependientes con derecho), es más del doble en Cataluña (27,08%: 1 de cada 4 dependientes con derecho no reciben nada) y superan la media en la Rioja(18,94%), País Vasco (17,53%), Canarias (16,93%), Extremadura (17,53%), Murcia (17,43%) y Andalucía (11,91%). Y apenas es un problema en Castilla y León (0,18% dependientes en lista de espera), Castilla la Mancha (3,71%), Aragón (4%), Galicia (4,58%), Cantabria (4,74%), Navarra (4,80%) y Madrid (5,38%), según datos del IMSERSO.

Al final, los expertos de la Asociación de Directores de Servicios Sociales suman las dos listas de espera, las de los dependientes que esperan ser valorados y los dependientes ya valorados que no reciben ayudas para hablar de una “lista de espera de dependientes desatendidos”, la lista de espera real, que estiman en 353.965 dependientes: 131.810 en espera de valoración, 177.423 en espera de recibir la ayuda reconocida más otros 21.903 solicitudes que estiman no grabadas (increíble) y otras 22.829 con prestación reconocida pero no efectiva. En total, casi un 18% de dependientes “desatendidos”.

Lo grave no es sólo que estén desatendidos 1 de cada 5,5 dependientes (de una u otra forma), sino que muchos de los dependientes en espera son muy mayores, el 80% con más de 80 años. Y bastantes se mueren antes de recibir ninguna ayuda. Sólo en 2022, 45.360 dependientes fallecieron a la espera de ser atendidos: 19.961 en espera de valoración y otros 25.699 muertos a la espera de recibir una ayuda que tenían legalmente reconocida (ojo, 17.490 de ellos muy vulnerables, con dependencia severa Grado II o gran dependencia Grado III). Son 124 dependientes muertos cada día sin recibir atención. Tremendo.

El tercer “truco” que utilizan las autonomías para frenar el gasto en Dependencia, junto al retraso en la valoración y en la concesión de ayudas, es atender a más dependientes con el mismo dinero (o menos, como las 10 autonomías que “hicieron Caja” en 2021). Para eso, en la última década han apostado por dar ayudas económicas (bajas) a las familias que atienden a sus dependientes en casa y por aumentar los servicios “low cost”, la atención más barata, como la teleasistencia, la ayuda a domicilio y los Centros de día, mientras se estancan las ayudas para ir a una residencia, la atención más costosa. De hecho, el gasto por dependiente atendido ha bajado, de 8.145 euros en 2010 se bajó a 7.346 euros en 2015 y a 6.066 en 2021, quedando en 6.124 euros en 2022, según los Directores de Servicios Sociales. Pero aquí, como en las listas de espera, hay una gran desigualdad por regiones: hay autonomías que gastan más, como La Rioja (7.159 euros por dependiente), Castilla la Mancha (6.835 euros) y País Vasco (6.752 euros), y otras mucho menos, como Asturias (4.101), Aragón (4.155), Castilla y León (4.377) y Baleares (4.537 euros).

La ayuda que llega a más Dependientes es la prestación económica a los familiares que los cuidan, que reciben casi el 30% (517.053 beneficiarios de los 1.1313.437 que reciben ayudas). El importe medio que se paga es bajísimo (234,96 euros en 2022, variando entre 139,40 para dependientes con Grado I, 240,70 los de Grado II y 334,80 euros los de Grado III). La 2ª ayuda más utilizada por las autonomías es la teleasistencia, la que menos les cuesta y la que más ha crecido: la reciben 351.993 dependientes, el 20,38% del total. La 3ª más usada es la ayuda a domicilio, que reciben 322.595 dependientes y que supone una atención mínima, que va de 15,2 horas al mes a los de Grado I a 57,1 horas al mes (una media de 2 horas y media diarias de lunes a viernes, claramente insuficiente para ayudar a la familia con un dependiente que no se puede valer). Le sigue la prestación vinculada a servicio (187.214 beneficiarios, el 10,84% del total), un cheque que se entrega a las familias para que contraten una ayuda a domicilio, un centro de día o noche o una residencia, aportando una parte y teniendo que pagar la familia el resto (en el caso de una residencia, se les aporta 513 euros de media, menos de la tercera parte del coste). En 5º lugar está la concesión de una plaza en una residencia, donde sólo hay 175.756 dependientes, el 10,19% del total. Y la 6ª ayuda, que reciben 97.929 dependientes (el 5,67% restante) es una plaza en un centro de día, otra prestación barata y donde se han perdido plazas desde 2019.

Estas ayudas son también muy desiguales entre autonomías, porque unas utilizan más el cheque (supone la mitad de prestaciones en Extremadura y un tercio en Castilla y León y Canarias) y otras la teleasistencia o los centros de día, apostando todas por las ayudas económicas a las familias, con importes muy diferentes. El resultado es que las familias de los dependientes cada vez pagan más servicios y más porcentaje del gasto total en Dependencia: si en 2009 aportaban el 14,7% de la financiación total (572 millones), en 2019 ya aportaban el 20,7% y en 2022 siguen financiando el 20,5% del gasto total (aportaron 1.994 millones). El Estado central ha pasado de aportar el 15,5% en 2019 (menos que las familias) al 26,5% en 2022, tras el Plan de Choque. Y las autonomías, que financiaban el 63,8% de la Dependencia en 2019 ahora financian el 53% (y será menos en 2023). El objetivo es aumentar la aportación del Estado central y que los Presupuestos y las autonomías financien al 50% la mayor parte del gasto en Dependencia.

De momento, el Plan de Choque ha ayudado algo, pero no ha tenido éxito por la escasa mayor aportación de las autonomías, con 10 de ellas “haciendo Caja”. Su primer objetivo, reducir la lista de espera en 60.000 personas en 2021 no se ha cumplido: se redujo en 38.807 personas y otras 15.923 en 2022. Tampoco han mejorado mucho las prestaciones: se buscaba que el 100% de los dependientes tuvieran acceso a teleasistencia y el 69% de los dependientes atendidos en domicilio no la tienen. Tampoco han mejorado lo previsto (+17%) las horas de atención domiciliaria (+0,6%). Ni se ha logrado la mejora en las prestaciones económicas (+17%): de hecho, han caído un -1,7% (de 239 euros en 2020 a 234,96 euros de media en 2022). Solo el Presupuesto estatal ha cumplido, duplicando la aportación del Estado central a la Dependencia (de 1.383 millones en 2020 a 2.575 en 2022).

A pesar del Plan de Choque, la realidad es que la gestión de la Dependencia está en manos de las autonomías y cada una va a su aire, desde el presupuesto que dedican hasta la gestión de las valoraciones y listas de espera, las ayudas y los servicios que prestan y sus modelos de organización y gestión. Teniendo en cuenta todos estos factores, la Asociación de Directores de Servicios Sociales lleva valorando cada autonomía y dándoles una nota desde 2008. En el último ranking de 2022, suspenden la gestión de la Dependencia 10 autonomías: Murcia (2,4 puntos sobre 10 y ya era el farolillo rojo en 2008), Canarias (2,9), Cataluña (3,5), Cantabria (3,5), Asturias (3,5), País Vasco (3,8 puntos, ojo: tenía un notable en 2014 y 5,3 puntos en 2021), Ceuta y Melilla (4,4), Aragón (4,4) y Extremadura (4,7). Aprueban otras 9 regiones, destacando el notable de Castilla y León (8,5 puntos), Castilla la Mancha (7,9) y Andalucía (7,6), con aprobados altos de Madrid (6,5) y Comunidad Valenciana (6,2, una autonomía suspendida hasta 2020 y que era la 2ª peor en 2008).

Ahora, todo dependerá del resultado de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, aunque las campañas están más centradas en la sanidad y la Educación que en la Dependencia. Tras los resultados y las elecciones generales de diciembre, haría falta otro Plan de Choque para la Dependencia, donde el próximo Gobierno y las nuevas autonomías pactaran de verdad un empujón de fondos y mejor gestión. Acabar con las listas de espera tiene un precio: aumentar +1.086 millones anuales el gasto en dependencia, según estiman los Directores de Servicios Sociales. Se puede, porque el gasto total en  Dependencia es asumible, 10.495 millones en 2022, el 0,8% del PIB, la mitad que los paises de la OCDE y muy por debajo del gasto en pensiones (12% del PIB). Y hay que reforzarlo porque se estima que hay 6.230.355 españoles potencialmente dependientes (y hoy atendemos sólo a 1.313.437). Habrá que gastar más en Dependencia en el futuro y por eso urge reforzar los ingresos del sistema y mejorar su gestión. No podemos desatender a nuestros ancianos y jóvenes dependientes.