CNMC: Tribunales anulan multas a empresas

Les voy a contar una historia, increíble pero cierta. La presidenta de la Comisión de la Competencia (CNMC) compareció el 23 de marzo en el Congreso y denunció ante los diputados (quienes la nombraron) que la Audiencia Nacional (AN) “torpedeaba” sus sanciones a grandes empresas, anulando “todas y cada una de las multas”: de los 1.253 millones en sanciones a grandes empresas desde 2010, sólo ha recaudado 290,4. La gota que colmó su paciencia fueron varias sentencias de la AN, a finales de 2022, anulando las multas impuestas (203,6 millones) a 6 grandes constructoras por repartirse obras públicas y subir sus costes durante… ¡25 años¡ Es sólo un ejemplo de las decenas de multas impuestas a empresas eléctricas, petroleras, automovilísticas, bancos, telecos, navieras, tabaqueras, residuos, lácteos, material ferroviario o papeleras, por manipular mercados y precios, en perjuicio de los consumidores. Multas anuladas o pospuestas por la Audiencia Nacional y el Supremo, “tolerantes” ante los delitos de guante blanco. Urgen cambios, porque nos están robando (presuntamente).

Enrique Ortega

Para muchos economistas, uno de los grandes males de la economía actual es la falta de competencia: grandes empresas controlan los mercados de muchos bienes y servicios y por su situación de cuasi monopolio fijan las reglas de juego, imponiendo altos precios que perjudican a los consumidores y elevan la inflación. Además, esta falta de competencia impide sobrevivir a nuevas empresas (que son compradas o anuladas), lo que reduce la oferta, la innovación, la productividad, el crecimiento y el empleo. Lo explica muy bien el economista francés Jean Tirole, en su libro “La economía del bien común”, donde define “el poder del mercado” como “la capacidad de hacer pagar a los consumidores precios muy superiores a los costes y ofrecer productos de mediocre calidad”. Una lacra para los consumidores.

Por eso, todos los paises tienen organismos públicos que vigilan  la competencia, para evitar que grandes empresas impongan sus reglas y precios. Es lo que ha llevado a Google o a Facebook a declarar ante el Congreso de EEUU. Y en Europa, la comisaria de la Competencia, la danesa Margrethe Vestager, es uno de los cargos más importantes, con la categoría de Vicepresidenta de la Comisión Europea, responsable de varias multas por actividades contrarias a la competencia a gigantes como Google, Facebook, Microsoft, Apple o Amazon. En  España, la vigilancia de la competencia ha ido pasando por varios organismos de la Administración, sin demasiado ímpetu, hasta que se creo, el 7 de octubre de 2013, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Un organismo independiente, cuya presidencia propone el Ministerio de Economía pero que ha de ser elegida por el Congreso, para un mandato de 6 años (como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores).

La CNMC es el organismo “vigilante” de mercados tan importantes como la energía (ha abierto múltiples expedientes a las eléctricas, por manipular precios), las telecomunicaciones, el sector audiovisual (ha multado a las TV, privadas y RTVE, por abuso publicitario), el transporte ferroviario o las tarifas aeroportuarias, además de asegurar que se cumplen las reglas de la competencia en todos los sectores de la economía. En estos años y con pocos medios, ha abierto más de 30 expedientes sancionadores a distintas empresas y sectores, por ponerse de acuerdo en fijar reglas y precios en numerosas actividades, lo que se conoce como un “cártel”: empresas que en lugar de competir, se reparten el mercado y fijan precios (más altos que con competencia), en perjuicio der los consumidores. Veamos algunos.

La multa más abultada impuesta por la CNMC se decidió el 7 de julio de 2022, al cerrarse un expediente contra 6 grandes constructoras españolas (Acciona, Dragados-ACS, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr), a las que se acusaba de haberse repartido miles de licitaciones públicas (como hospitales, carreteras, aeropuertos) durante 25 años (entre 1992 y 2017). La investigación de la CNMC descubrió que el grupo de constructoras se reunían semanalmente para analizar las licitaciones de obras públicas publicadas y decidir qué concursos iban a compartir (en todo o parte) y las ofertas que iban a presentar concertadamente, para ganarlas. Y también compartían información comercial sensible, como su intención de presentarse o no a licitaciones y la formación de ofertas conjuntas (UTEs). Y para evitar sospechas, las constructoras encargaban estos trabajos y ofertas a empresas externas. En conjunto, la CNMC estima que este “cártel” continuado de las principales constructoras ha provocado un extracoste de muchas obras públicas, en perjuicio del Presupuesto y los contribuyentes. Y les multó con 203,6 millones de euros.

La 2ª mayor multa impuesta por la CNMC, 171 millones de euros, fue decidida en julio de 2015, contra 21 empresas de automoción (que acaparaban el 91% de las ventas), por compartir información (desde 2006 a 2013) para aplicar estrategias agresivas o descuentos a compradores de coches. De las multas se libraron Seat y Volkswagen, por actuar como “delatores” (a lo claro: por “chivarse” y dar información a cambio de no ser multados). La 3ª mayor multa, 127,8 millones, se impuso en 2016 a los fabricantes de pañales para adultos, que pactaron (de 1996 a 2014) los precios a los que vendían a la sanidad pública. La 4ª mayor multa, 120 millones, se impuso en diciembre de 2012 (antes de crearse la CNMC) a Telefónica, Vodafone y Orange por pactar un precio elevado por los SMS. La 5ª mayor multa, 119,1 millones, se impuso en marzo de 2019 a 15 empresas de material ferroviario (filiales de las constructoras ACS, Sacyr y OHLA, más Siemens, Alsthom, Indra, Elecnor, Isolux o Abengoa), por repartirse durante 14 años contratos ferroviarios de Adif (Renfe).

La lista de expedientes sigue con multas inferiores a los 100 millones. En enero de 2015, la CNMC multa con 98,2 millones a 39 empresas y 3 asociaciones del sector de gestión de basuras (residuos, recogida de basuras y saneamiento), que pactaban y se repartieron la recogida de basuras, gestión de zonas verdes y tratamiento de aguas en Ayuntamientos de toda España, entre 2000 y 2013.Entre las multadas, las filiales de las constructoras ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr, reiteradas "sospechosas" de la CNMC: en agosto de 2021, ACS, FCC, Acciona, Ferrovial , OHL y Sacyr  recibieron otra multa de 61 millones  (la 3ª), por pactar contratos de mantenimiento de carreteras del Estado (entre 2014 y 2018) . En febrero de 2018, los cuatro grandes bancos españoles (CaixaBank, Santander, BBBA y Sabadell) fueron multados con 91 millones de euros por pactar unas condiciones más favorables de ciertos derivados financieros con los que financiaron a constructores de parques eólicos. En julio de 2019, la CNMC sancionó con 80,6 millones a 8 empresas lácteas (Nestlé entre ellas) y 2 asociaciones sectoriales por prácticas anticompetitivas de fijación de precios en perjuicio de los ganaderos. En noviembre de 2019, se impone una multa de 77,1 millones a Mediaset (Tele 5) y Atresmedia (Antena 3), por repartirse el mercado de la publicidad televisiva.

Sigamos con la lista de las mayores multas. En marzo de 2017, la CNMC multa con 75,6 millones a Renfe y Deutsche Bank por “entorpecer” la liberalización del transporte ferroviario, lo que provocó la mayor sanción impuesta nunca a una sola empresa (65 millones a Renfe). En marzo de 2018, se fija una multa de 68 millones a 9 empresas de mensajería (entre ellas, Correos), por repartirse los grandes clientes empresariales. En junio de 2015, se multa con 57,7 millones  a 18 empresas de fabricación de papel y cartón ondulado y a su asociación sectorial por repartirse el mercado y fijar precios entre 2002 y 2013. En octubre de 2019, se multa con 54,2 millones a 19 empresas de montajes y mantenimientos industriales (Duro Felguera, ACSA y Atrian) por repartirse 746 contratos industriales y encarecer los servicios prestados a empresas energéticas y petroquímicas. En noviembre de 2017, la CNMC impuso una multa de 44,8 millones a 5 cárteles integrados por 11 empresas y una Asociación empresarial que se repartían la fabricación y distribución de cables eléctricos.

Tranquilos, que la lista sigue y aparecen otras grandes empresas. En 2019, la CNMC multa con 42,3 millones a las tabaqueras Altadis (Fortuna) y  Philip Morris (Marlboro), junto a Logista,  por repartirse el mercado: intercambiaban datos sobre las ventas diarias en estancos, detalladas por provincias y marcas. En febrero de 2015 se multa con 32,4 millones a las grandes petroleras (Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil) por pactar precios de los carburantes en distintas ciudades, además de un pacto de “no agresión” entre Repsol y Cepsa (desde 2011 a 2013). Y tanto Repsol como Cepsa tienen otras multas más (casi 10 millones), por prácticas “anticompetitivas” desde 2009. En septiembre de 2016, la CNMC multa con  29 millones a 23 empresas cementeras y hormigoneras, por pactar precios (desde 1999 a 2014). En marzo de 2019, se multa con 25,3 millones a dos eléctricas, Endesa y Naturgy por ofrecer precios elevados en el mercado eléctrico. Ya en noviembre de2015, la CNMC había sancionado a Iberdrola con otros 25 millones “por manipular el mercado eléctrico”. En total, ha impuesto a las eléctricas 54 millones en multas desde 2014 a 2019. Y para cerrar las grandes multas, en marzo de 2022 se impusieron 24 millones a 3 empresas siderúrgicas por manipular los precios de la chatarra…

A esta exhaustiva lista de sanciones se podrían sumar las multas (menores) impuestas en la última década a otras empresas: de transporte de fondos, de mudanzas internacionales, fabricantes de turrón, empresas de transporte frigorífico, empresas radiofónicas, de vinos de Jerez, fabricantes de productos dietéticos o de tiras reactivas para la leucemia… Y unos días antes de esta Semana Santa, la CNMC inspeccionó varias oficinas de Viajes el Corte Inglés, buscando pruebas de un presunto “cártel” de agencias de viaje para repartirse el mercado de viajes (nacionales e internacionales) de la Administración del Estado.

Todas estas multas son el final de largas investigaciones de la CNMC, de expedientes que generalmente se abren por alguna denuncia de un competidor (al margen del cártel que se reparte el mercado) o de alguna empresa que quiere evitar la multa, colaborando (evita más o menos según colabore antes o durante el expediente). Y a partir de ahí, lo difícil es demostrar estos acuerdos contra la competencia, conseguir pruebas y documentos, para lo que la CNMC llega hasta registrar las oficinas de las empresas implicadas. Pero eso a veces lleva a la nulidad del procedimiento, como acaba de resolver el Supremo (fallo del 28 de febrero 2023) en el caso de la inspección (en 2017) en la sede de Altadis. Lo mismo pasó en 2014, con una sentencia que anuló el registro a UNESA y 5 eléctricas o con la inspección a la sede de Transmediterránea (el Supremo anuló las dos multas en 2015). En otros casos (multa a las telecos), el Supremo anuló las multas (enero 2019) por “fallos en la investigación”.

Pero esta es la 2ª fase de los problemas con que se encuentra la CNMC al luchar contra los acuerdos de repartos de mercados y precios: las sentencias del Supremo (que tardan años), tribunal al que recurren las empresas investigadas una vez que hay una decisión en primera instancia, en la Audiencia Nacional (AN). Y aquí está el primer problema de la CNMC: la AN suspende de forma cautelar las multas impuestas a las empresas por acordar mercados y precios. Lo lleva haciendo años, pero la gota que ha colmado el vaso de la CNMC han sido las sentencias (dictadas entre septiembre de 2022 y el 1 de febrero de 2023) que suspenden las multas impuestas en julio de 2022 (203,6 millones) a las 6 grandes constructoras españolas a las que la CNMC acusa de pactar precios durante 25 años.

Con estos fallos recientes de la Audiencia Nacional, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, compareció el 23 de marzo en el Congreso y denunció la situación ante los parlamentarios (que la eligieron en junio de 2020, con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos): acusó a la Audiencia Nacional de boicotear las sanciones que impone a las empresas al suspender de forma cautelar “todas y cada una de las multas”. Y además, impide con ello que se cumpla el mandato legal de que estas empresas multadas no puedan contratar con la Administración. La presidenta de la CNMC, abogada, señaló que la Audiencia Nacional suspende las multas porque considera que entre el interés general y el perjuicio que puede provocar a la empresa sancionada, “siempre prima lo segundo”, el daño económico a la empresa sancionada.

La presidenta de la CNMC pidió ayuda a los diputados, aportando los datos que reflejan la impotencia de su trabajo frente a las grandes empresas investigadas y sancionadas: entre el año 2000 y el 2012, la CNMC ha impuesto más de 1.153 millones de euros en sanciones a empresas que incumplieron la legislación sobre competencia, pero sólo ha podido recaudar 290,4 millones de euros. Las grandes empresas afectadas cuentan con el apoyo de potentes bufetes de abogados, que recurren primero ante la Audiencia Nacional, que suspende las multas, les deja seguir contratando con la Administración y luego tarda años en decidir sobre el fondo del expediente (todavía no ha decidido sobre el expediente a los grandes bancos, de 2018), rechazando la mayoría. Y todavía les queda a las empresas recurrir al Supremo, que son más años de retraso y muchas sentencias favorables, por defectos de forma en la tramitación. Y frente a estas poderosas empresas y sus bufetes, la CNMC cuenta con pocos medios: 272 funcionarios y 370 empleados más, para vigilar los sectores prioritarios y la competencia en toda la economía (ahora vigilan los precios de los alimentos).

El tema es serio y preocupante, porque en la lista de empresas “pilladas” en manipulación de mercados y precios está lo más granado del empresariado español. Y porque este “modus operandi”, anticompetitivo e ilegal, nos cuesta mucho dinero a los consumidores y a muchas empresas, que pagan precios más altos de los debidos. Para intentar resolverlo, el PSOE ha presentado varias enmiendas (aprovechando la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, algo que nada tiene que ver) para cambiar aspectos de la Ley de Defensa de la Competencia y dar más “armas  legales” al trabajo de la CNMC. Por un lado, proponen subir las multas a las empresas que se repartan mercados, con un máximo de 50 millones, pero aplicando además un porcentaje sobre sus ventas mundiales (que puede llegar al 10%, cuando ahora el máximo es el 6,4% de las ventas nacionales).Y se ampliarán también las multas a los directivos implicados (de 60.000 a 400.000 euros). Eso sí, se mejora el trato a las empresas que colaboren con la CNMC aportando pruebas. Además, se propone ampliar el plazo del procedimiento, de los 18 meses actuales a 24 meses.

Todos estos cambios se debaten ahora en el Congreso, en Comisión, y podrían ser aprobados para otoño, lo que facilitaría la tarea de la CNMC. Pero queda reforzar los medios de la CNMC, para que cometan menos fallos en la gestión de los expedientes. Y sobre todo, urge un cambio sustancial en los jueces, tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo: no pueden seguir “tolerando” estos comportamientos con unas sentencias favorables a los más poderosos, en perjuicio de los ciudadanos. De acuerdo, hay que probar los delitos, hay que vigilar las garantías jurídicas del proceso, pero estos “delitos de guante blanco” no pueden quedar tan impunes como ahora. Nos están robando (presuntamente).