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| Enrique Ortega |
El mundo sigue metido en una espiral infernal donde cada año consume más y genera más basura. Vivimos en “un mundo muy sucio”, según los datos de la ONU: generamos 11.200 millones de toneladas de basura al año (1,27 millones de Tm. cada hora). Y un 20% de toda esta basura mundial son residuos urbanos, que tiramos los ciudadanos: 2.240 millones de toneladas, una media de casi un kilo por persona (0,84 kg). El gran problema es que el 70% de esta basura mundial no se trata (sólo el 16% se recicla y otro 5% se incinera) y acaba en vertederos o se tira a los ríos y al mar, provocando una peligrosa contaminación, emisiones y múltiples enfermedades. Y una gran parte de esta basura son plásticos (400 millones de Tm. al año), botellas (se consumen un millón cada minuto) y bolsas (5 billones al año) que acaban en los vertederos y en el mar, contaminando durante siglos. Y crece la basura electrónica: generamos ya 7,3 kilos por persona y año en el mundo, según la ONU, reciclando sólo el 18%, que acaba exportada (muchas veces ilegalmente) a Asia y Africa.
Si analizamos sólo la basura urbana (la quinta parte del total), sin tener en cuenta la que generan las industrias, la construcción, la minería o la energía (el 80% del total de residuos), los paises que generan más basura urbana son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm. al año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm/año), según los datos de Waste Atlas. Pero si analizamos la basura por habitante, resulta que los paises que generan más residuos urbanos son los paises más desarrollados, el mundo “rico”: Canadá (813 kg/habitante al año), Estados Unidos (734), Suiza (730), Dinamarca (758), Alemania (620, Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (468), Finlandia y Reino Unido (482 kg de residuo por habitante y año).
España genera menos residuos totales por habitante que la mayoría de los paises europeos: 4.485 kg en 2018, por debajo de la media de la UE-27 (7.050 kilos), según Eurostat (datos 2018), lo que nos sitúa como el 8º país con menos residuos (sólo por delante de Letonia, Croacia, Portugal, Hungría, Chipre, Eslovaquia y Lituania), muy por debajo de los residuos totales que generan los paises ricos de Europa, como Finlandia (25.822 kg de residuos por persona), Suecia (15.763), Holanda (11.041), Bélgica (9.421), Austria (9.312), Alemania (6.763 kg por habitante), Francia (6.604) o Italia (4.705 kg/habitante). Y si miramos sólo los residuos urbanos, España también genera menos: 455 kg por habitante al año, frente a 505 kg de media en la UE-27, según Eurostat (datos 2020). En este ranking, España es el 10º país europeo que genera menos basura urbana, sólo más que la mayoría de paises del Este, Bélgica y Suecia, pero mucha menos que Dinamarca (845 kg por habitante/año), Luxemburgo (790), Alemania (632), Finlandia (596), Austria (585), Francia (537), Holanda (535), Portugal (513) e Italia (505 kg/habitante/año).
España es un país “más limpio” que los grandes de Europa pero tiene un problema de fondo, que arrastramos desde hace décadas: reciclamos poco. De hecho, en 2020, reciclamos sólo un 36,4% de los residuos urbanos, frente a la media de la UE-27, que recicló el 47,8%, según Eurostat. Y además, nos hemos estancado e incluso bajado en el reciclaje: hemos pasado de reciclar el 39,7% de la basura urbana en 2008 al 39,3% en 2019 y el 36,4% en 2020 (mientras la UE-27 subió del 36,5% en 2008 al 48,1% en 2019 y al 47,8% actual). España es el 10º país europeo que menos recicla su basura urbana (36,4%), muy lejos de las tasas de reciclado de Alemania (67%), Italia (59,6%) o Francia (42,6%).
Y la consecuencia de reciclar poco es que la mayoría de la basura acaba en vertederos: un 51,86% de los residuos urbanos en España, frente al 23% de media en la UE-27 y sólo el 0,8% en Alemania, el 18% en Francia y el 20,8% en Italia, según Eurostat. Y la tercera opción, incinerar la basura para recuperar energía, es también muy escasa en España: un 11,6% de los residuos urbanos frente al 27,12% de media en la UE-27, el 32,2% en Alemania, el 38% en Francia y el 19,6% en Italia. El exceso de basura que va a vertederos ha causado un grave problema a España con las autoridades europeas: ya hay 3 sentencias del Tribunal de Justicia de la UE por vertederos ilegales y el último informe de Bruselas (2018) denunciaba la existencia de 1.513 vertederos ilegales, la mayoría todavía sin cerrar.
La Comisión Europea lleva más de una década dictando normas para reducir los residuos. Ya en 2008, aprobó una Directiva sobre gestión de residuos con un doble objetivo: que los paises reciclaran el 50% de su basura y sólo el 35% acabara en vertederos para 2020. Después, en 2018, la Comisión Europea aprobó unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Y más recientemente, en junio de 2019, la Comisión aprobó otra Directiva para retirar del mercado los plásticos de un solo uso, dando un plazo a los paises de 2 años (debía entrar en vigor en julio de 2021).
Pero llegó este plazo y España no tenía aún aprobada la nueva Ley de Residuos, que se había retrasado y que el Gobierno Sánchez no aprobó hasta el 18 de mayo de 2021. Y como el debate de la Ley también se retrasó, la Comisión Europea abrió un expediente informativo a España el 9 de febrero de 2022, insistiendo en que la Ley de Residuos era una de las reformas estructurales exigidas por Bruselas para que España acceda a los Fondos Europeos. Finalmente, el 31 de marzo se ha aprobado la nueva Ley en el Congreso, con la abstención del PP y la oposición de Vox y ERC (por la gestión de las tasas).
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular tiene 2 objetivos básicos: reducir los residuos generados (un -13% para 2025 y un -20% para 2030 sobre los generados en 2010) y aumentar su reciclado (será difícil alcanzar el objetivo europeo de reciclar el 60% de los residuos urbanos en 2030 si ahora estamos en el 36,4%). Y se añade un tercer objetivo para lograrlo: reducir un -50% los plásticos de un solo uso para 2026 y un -70% para 2030 (sobre el consumo de 2022).
La primera medida, que entró en vigor al día siguiente de publicarse la Ley en el BOE ( 9 de abril) es la prohibición de los plásticos de un solo uso (bastoncillos, pajitas, cubiertos o platos). Y además se prohíbe añadir microplásticos a cosméticos o productos de limpieza. Otra medida ya vigente es la obligación de bares y restaurantes de servir gratis agua a granel a sus clientes. Y se da amparo legal a los Ayuntamientos que quieran prohibir fumar en las playas.
La Ley aprueba 2 nuevas tasas estatales ligadas a los residuos y plásticos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023. La primera es una tasa estatal a los residuos, de 40 euros por tonelada, que pagarán los que lleven residuos a reciclar (“quien contamina paga”). Hasta ahora, hay 10 autonomías que tienen tasas por vertidos y residuos industriales, mucho más bajas que las tasas europeas (la tercera parte) y que además son muy distintas entre regiones, lo que provoca “el turismo de las basuras”, buscando llevarlas a donde se paga menos (Castilla la Mancha, Galicia, Asturias, País Vasco, Baleares y Canarias no cobran tasas). Y en cuanto a los vertidos municipales, sólo los cobran ahora 4 autonomías (Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Navarra). Ahora, se crea una tasa igual a los vertidos que pagará quien los genere. Y en el caso de los residuos municipales, se da un plazo de 3 años a los Ayuntamientos para que desarrollen una tasa asociada a la gestión de residuos que prestan.
La otra tasa estatal es un impuesto a la producción de plásticos, de 0,45 euros por kilo, que pagarán los fabricantes, aunque la repercutirán las empresas que utilicen plásticos y envases. El objetivo es reducir el 50% de las botellas de un solo uso para 2030, conseguir envases 100% reutilizables, que las frutas y verduras con menos de 1,5 kilos se vendan sin envase y el fomento de la venta “a granel”: antes de finales de 2023, los supermercados de más de 400m2 tendrán que dedicar un 20% de su superficie a la venta a granel. Y la Ley abre el camino al sistema de recogida de envases (SDDR), a implantar en 2 años (2025), primero para el vidrio: volveremos al viejo sistema de “devolver el casco” y recuperar lo pagado al comprarlo. Y no se descarta aplicarlo también para los plásticos si no se cumplen los objetivos de reducción de uso: 70% de botellas recicladas para 2023 y 85% para 2027.
Otro cambio importante de la nueva Ley de Residuos es que acelera la recogida
separada de residuos urbanos orgánicos, que ahora fija cada Ayuntamiento.
A partir de julio de 2022, esa
recogida separada será “obligatoria”
para las ciudades con más de 5.000 habitantes y a partir de 2024 para todos los municipios, que
tendrán que decidir cómo lo hacemos. A partir de 2022, se obliga a clasificar por
materiales los residuos de la construcción y demolición. Y a partir de 2025,
será obligatoria la recogida separada de residuos textiles, aceite de cocina
usado y residuos domésticos peligrosos y voluminosos. El gran objetivo es que
en 2035 se recojan separadamente el 50%
de los residuos urbanos, facilitando así su reciclaje.
Otra novedad importante es que se permite a los Ayuntamientos “la declaración de suelos contaminados”, si encuentran componentes peligrosos procedentes de actividades humanas o industriales, obligando a los responsables a reparar el daño causado al suelo. Y también se abre la vía para acabar con el amianto: se obliga a los Ayuntamientos a elaborar, en un año, un censo de instalaciones con amianto y un calendario de retirada. Además, se prohíbe la utilización del Bisfenol A, un producto contaminante que se utiliza en la fabricación de envases de plástico (los rígidos y transparentes) y tazas, un producto que Bruselas va a prohibir.
Ahora falta traducir esta Ley a medidas concretas y plazos en relación a los envases, con la aprobación final del Decreto-ley de envases, aprobado en septiembre de 2021 y que, tras 2.500 alegaciones recibidas, será aprobado por el Gobierno este 2º trimestre, para que entre en vigor en verano. La patronal de la alimentación FIAB se ha quejado duramente de este Decreto, que concreta la Ley de Residuos en cuanto a envases, porque consideran que les costará 7.050 millones y les obligará a invertir otros 6.270 millones para adaptarse, lo que podría obligar a cerrar a 2.400 industrias y 26.500 empleos. Enfrente, las organizaciones ecologistas valoran positivamente la Ley, pero creen que debería ser más radical en la reducción de envases y que no garantiza una retirada de residuos orgánicos de calidad.
Al final, esta Ley de Residuos puede reducir la basura que generamos y conseguir un mayor reciclaje, pero habrá que pagar el coste. Y aunque se pretende que “quien contamine pague”, todo apunta a que los que más pagaremos seremos los consumidores. Primero, al comprar alimentos y productos envasados, donde nos trasladarán el nuevo impuesto. Y luego en todos los artículos, donde el fabricante calculará el precio del reciclado y tratará de repercutirlo al consumidor. Y sobre todo, subirá el coste de la recogida de basuras, con la tasa a los vertidos, sobre todo a los negocios, comercios, bares y particulares. De hecho, algunos cálculos estiman en 40 euros anuales la subida de la tasa municipal de basuras.
Es lo que hay: si queremos reducir los envases y residuos, reciclar más y tener un país más limpio, habrá que pagarlo. El problema es cómo se reparte esta factura: si nadie vigila, lo esperable es que se repercuta a lo largo de la cadena, hasta llegar al consumidor final, que será quien pague más por casi todo. Es lo que le falta a esta nueva Ley de Residuos: un mecanismo concreto y eficaz de reparto justo de costes. Así que pagaremos los de siempre.
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