Enrique Ortega |
La inflación está
disparada, pero no
sólo por la guerra de Ucrania: está subiendo desde marzo de 2021, por el aumento de la demanda tras la recesión
de la COVID y los cuellos de botella en el comercio internacional y los suministros,
con casi un año ya de fuertes subidas de la energía y las materias primas (incluidos
los alimentos). Hace poco más de un año, en febrero de 2021, la inflación anual en España estaba en el 0%, porque todavía la
actividad era muy débil tras el primer año de pandemia. Pero en marzo, la
inflación subió al 1,3% y fue in crescendo hasta el verano, alcanzando en
agosto el 3,3% el IPC anual. Y a
partir de ahí, con la mayor demanda y la ruptura de las cadenas de suministros, más las tensiones en el mercado del gas (propiciadas por Putin, que lleva meses "preparando" el escenario energético para la invasión de Ucrania), siguió al alza global de precios hasta cerrar el año 2021 en
el 6,5% de
inflación, la tasa más alta desde 1992. Luego bajó algo en enero
(6,1%), pero se disparó en febrero, en la
antesala de la guerra de Ucrania, alcanzando el 7,6% de inflación en febrero, la
mayor subida de precios desde 1.989. Y este mes de marzo, con los precios de la energía disparados, el IPC superará
con creces el 8%.
Los culpables de esta histórica inflación son evidentes, según los datos del IPC de enero, el último detallado: la electricidad sube un +46,4% anual, el butano y propano un +33,5%, el gasóleo un +25,7%, la gasolina un +23,1%, el gas natural un +12,1%, los gastos de la vivienda un 18,1%, el transporte un +11,5% y la alimentación un +4,8%, según el INE. El resto de los precios suben más moderadamente: +2,4% la inflación “de fondo” (sin energía ni alimentos). El problema es que esta inflación que sufrimos no es igual para todos: afecta más a las familias con menos ingresos, más vulnerables, según revela este informe de CaixaBank Research. Y eso porque la energía, los carburantes y los alimentos (lo que más sube) “pesan más en el presupuesto de las familias con menos ingresos, lo que hace que sufran más esta subida en los productos de primera necesidad que las rentas medias y altas, aumentando con ello la desigualdad.
En cualquier caso, la inflación disparada afecta a la mayoría. Concretamente, 24 millones de españoles perdieron poder adquisitivo en 2021, es decir “se empobrecieron”, porque los precios (6,4% en diciembre, un 3,08% de subida media en 2021) subieron más que sus ingresos: es el caso de los 9 millones de pensionistas (tuvieron una subida media del 0,9%), los 2,7 millones de empleados públicos (con una subida del 1,5%) y 12 millones de trabajadores (con una subida de convenio inferior al 3,1%). Los pensionistas ya tuvieron una primera compensación, con la “paguilla” que cobraron en enero (por la desviación del IPC entre noviembre 2020 y noviembre 2021) y el resto se les compensará con la subida que tengan en 2023, gracias a la reforma pactada de las pensiones. El problema es cómo se va a resarcir el resto, los funcionarios públicos y los asalariados, así como los autónomos.
La vía que van a buscar es forzar una mayor subida de salarios en 2022, para compensar esta inflación disparada. Es una novedad, porque hasta 2021, la inflación ha estado muy moderada en España, sobre todo entre 2014 y 2020, incluso con bajadas de precios. Si tomamos la inflación media (la media de las subidas mensuales, no el IPC de diciembre), apenas subió desde 2014 e incluso bajó en 2014 (-0,14%), 2015 (-0,5%), 2016 (-0,19%) y 2020 (-0,25%), lo que permitió que los salarios subieran poco (desde +0,5% en 2014 a +1,75% en 2020) y aún así, los trabajadores ganaran poder adquisitivo: entre 2012 y 2020, los salarios en convenio subieron un +10,34% mientras la inflación media en esos nueve años subía un +7,13%, lo que dio a los salarios una ganancia del +3,21%. El problema es que en 2021 se ha roto esta racha y los sueldos han perdido poder adquisitivo. Y para 2022, con la inflación disparada y la guerra, la pérdida será aún mayor.
En 2021, la subida media de los convenios pactados (los nuevos y los pactados en años anteriores con vigencia para el año pasado) fue el +1,47%, según los datos de Trabajo, que nos informa de las subidas de 7.677.139 trabajadores, no del resto, la mayoría (hay 16.974.200 asalariados), cuyas subidas fuera de convenio suelen ser menores. Frente a esta subida salarial, la inflación fue del +6,5% a finales de 2021. Y si tomamos la inflación media de 2021, el +3,08%, los trabajadores perdieron -1,61% de poder adquisitivo (de media, más los que pactaron subidas inferiores al 1,47%, más de la mitad de los trabajadores).
Ahora, cara a 2022, los sindicatos piden una subida mayor, para compensar que la inflación se ha disparado y puede superar el 4% de media (y más si la guerra de Ucrania se enquista y se complica el panorama geopolítico mundial). Los expertos, el Banco de España y el propio Gobierno han advertido que “hay que tener cuidado con las subidas de salarios”, porque pueden “alimentar” la inflación: suben mucho los salarios, las empresas tienen más costes y los repercuten en los precios de sus productos y servicios, abriendo una espiral inflacionista. Es verdad. Pero también lo es que si los salarios no suben y recuperan parte del mordisco de la inflación, se frenará el consumo, el crecimiento y el empleo, entrando en otra recesión tras la débil recuperación actual.
En la última década, los sindicatos y la patronal españoles han sido los únicos en Europa que han firmado acuerdos para pactar la subida anual de los salarios. El primer acuerdo se firmó en 2010 (para 2010-2012) y después han venido tres más, el último el IV Acuerdo interconfederal para el empleo y la negociación colectiva (AENC), firmado en julio de 2018 para fijar la subida de salarios de 2018, 2019 y 2020 (+2% de subida media más un 1% adicional por mejora de la productividad). En 2020, con la pandemia, no hubo acuerdo y ahora, sindicatos y patronal se han reunido ya dos veces para firmar el V AENC, con subidas salariales para 2022-2024, un acuerdo que quieren cerrar este mes de marzo. Pero las posturas están muy distantes, según se vio ayer tarde, y no se descarta un desacuerdo que lleve a movilizaciones esta primavera.
Este año, la negociación salarial es muy complicada, porque hay que afrontar una inflación disparada y no sabemos hasta dónde puede llegar. Los sindicatos quieren recuperar lo perdido en 2021 y evitar más pérdidas de poder adquisitivo en 2022 y 2023. UGT se descolgó hace días pidiendo una subida del 5%, mientras CCOO habla del 3,1%, la inflación media de 2021. Y la patronal no ha enseñado sus cartas, pero piensa en una subida menor, en torno al 2%, argumentando que muchas empresas están en riesgo por la alta inflación.
Con todo, para los sindicatos es más importante que la subida el incluir en el acuerdo clausulas de revisión salarial en los convenios (una revisión de lo pactado si el IPC sube más de lo previsto), porque con la reforma laboral de 2012 desaparecieron de la mayoría de las empresas: en 2008, tenían esta clausula el 70% de los trabajadores y en 2021 sólo las incluyeron el 15% de los convenios, con lo que las tienen 1,24 millones de trabajadores (el 7% de los asalariados). La patronal no quiere oír hablar de estas clausulas, argumentando que “alimentan la inflación” (lo que está claro es que sube sus costes).
Además, los
sindicatos defienden en esta negociación que los trabajadores “no deben ser los únicos que paguen la factura
de la inflación”, moderando sus subidas de salarios, que también “las
empresas deben arrimar el hombro”, asumiendo una parte de los mayores
costes, reduciendo sus márgenes y sus
beneficios. Unos beneficios empresariales que casi han recuperado los niveles de antes de
la pandemia: han sido de 505.159 millones de euros en 2021, el 93,4% del
beneficio (excedente empresarial) que tuvieron en 2019 (540.907 millones), según la Contabilidad
Nacional del INE. Y estas son las cuentas de todas las empresas. Si miramos
sólo las cuentas de las 120 empresas cotizadas en Bolsa, ganan ya bastante más que antes de la pandemia: 64.021 millones en 2021,
un
beneficio récord.
Y mientras la patronal pide moderación a los salarios para 2022, los sueldos de los consejeros de las empresas del IBEX subieron un +12% en 2021, con subidas mucho mayores para los consejeros de Telefónica (+48.8%) o Banco Santander (+38,9%). Y los sueldos de sus directivos son “escandalosos”: Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola (13,2 millones, +8,2% de subida), Ana Patricia Botín, del Santander (12,3 millones, +59%), José Antonio Álvarez, su 2º en el banco (9,7 millones), Jesús Mª Herrera, consejero delegado de Cie Automotive (9,5 millones, +163% de subida) o José Mª Álvarez Pallete, presidente de Telefónica (8,89 millones de sueldo anual). Y en paralelo, las empresas han pagado más a sus accionistas en forma de dividendos: 20.474 millones de euros repartidos en 2021, un 9, 4% más que en 2020 (cuando repartieron 18.709 millones, a pesar de la recesión). En el reparto de dividendos, hay uno especialmente “indignante”: los 5.000 millones que van a repartir las 3 grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy), tras conseguir unos beneficios récord de 6.534 millones en 2021, un año en que se duplicó el precio de la luz…
Al final, el problema es que moderar los salarios es relativamente fácil (basta una directriz de la patronal a sus empresas) mientras que moderar los márgenes y beneficios empresariales es mucho más complicado, ya que habría que vigilar empresa a empresa o que la patronal firmara un compromiso público y lo hiciera cumplir. Así que lo más probable es que los salarios suban en torno al 3% para 2022, quede para la pelea de cada convenio el incluir clausulas de revisión y las empresas traten de afrontar la subida de costes con más subidas de precios para salvaguardar sus márgenes y beneficios.
Y eso pasará en un país, como España, donde la inflación disparada afectara más a las personas ya vulnerables (11 millones) y a sueldos que, en general, son bastante bajos. Los datos del INE son muy explícitos: el 18,18% de los trabajadores ganan el salario mínimo (1.000 euros ahora) o menos y otro 46,35% ganan de 1 a dos veces el salario mínimo). Así que dos tercios de los trabajadores españoles ganan menos de 2.000 euros al mes. Sobre estos “sueldazos” es sobre lo que se discute el 2, el 3 o el 5%...Y en 2020, el salario medio bruto de los españoles era de 2.038 euros, sólo un 14,9% más alto que en 2008 (1.774 euros), cuando en estos años la inflación subió un +15,3%. O sea, que en realidad ganan menos que en 2008.
Otro argumento que usa la patronal es que España no puede subir mucho los salarios porque eso nos impediría competir en Europa y en el mundo. Pero hay mucho margen de subida, además de que no se compite tirando salarios sino siendo más eficiente y productivo. En realidad, España es el país grande europeo con los sueldos más bajos: el coste salarial es de 16,8 euros por hora, un 22% menos que la media europea (24,2 euros por hora se paga en la UE-27), un 41% menos que en Alemania (28,6 euros por hora), un 34% menos que en Francia (25,4 euros por hora) y un 21% menos que en Italia (21,3 euros por hora), según Eurostat. Y además, ahora que los salarios europeos suben por la recuperación, en España suben mucho menos: aquí, los costes laborales subían un 1,1% anual en septiembre de 2021, frente al triple en Europa (+2,9%) y mucho más en Holanda (+4%),Alemania (+2,6%), Italia (+2,4%), Francia (+1,9%), según datos de Eurostat.
En definitiva, España tiene los precios más disparados que Europa (+7,5% en febrero, en términos homogéneos, frente al +5,8% en la zona euro), pero aquí los salarios son mucho más bajos y suben menos. Por eso, urge un pacto de salarios equilibrado, que no alimente más la inflación pero que compense a los sueldos más bajos, con subidas suficientes para afrontar la pérdida de poder adquisitivo. Y es hora también de negociar otros temas además de los salarios: cómo aumentar la productividad (para poder cobrar más), como organizar la jornada y repartir el empleo, como negociar contrapartidas no salariales (horarios, incentivos, compensaciones sociales y familiares, Planes de pensiones…) que permitan mejorar la vida de los trabajadores sin disparar sus salarios y alimentar la inflación. En definitiva, se trata de pactar el reparto de los costes por la inflación disparada y la guerra de Ucrania. Que no paguen los de siempre: los asalariados y los más vulnerables.
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