Protestas: invierno caliente y "papá Estado"

El conflicto de Cádiz abrió el otoño de protestas, junto a policías y jubilados, aunque se van a recrudecer en diciembre, con transportistas, agricultores, peluquerías y más policías, alentados por la oposición. Todos culpan al Gobierno y piden ayudas públicas, aunque la mayoría son problemas laborales, que no puede resolver “papá Estado”, a quien todos piden que baje impuestos (¿cómo se pagan los servicios públicos?). Pero las mayores protestas están por venir, este invierno, por la negociación de miles de convenios, donde los trabajadores querrán subidas para compensar una inflación disparada (+5,6%). Urge un pacto salarial para evitarlo, un acuerdo que compense a los trabajadores (llevan 13 años perdiendo poder adquisitivo) sin poner en peligro la recuperación. Una recuperación más fuerte de lo que dicen las cifras: basta ver los viajes este puente, las tiendas llenas, las compras récord por tarjeta o el empleo (más de 20 millones de españoles trabajando, algo nunca visto). Pero la polarización política impide ver la realidad. Y dificulta salir adelante. Una pena.

Enrique Ortega

Tras casi dos años de pandemia, las tensiones contenidas se han desatado y han aparecido distintos conflictos, en un país crispado y polarizado. El conflicto del metal de Cádiz era una huelga por un convenio provincial para 20.000 trabajadores. Pero la quema de contenedores y la violencia de las protestas lo transformaron en un conflicto nacional. “Hemos tenido que meter fuego a Cádiz para que Madrid se fije”, dijo, megáfono en mano, el alcalde, José María González “Kichi”, de Podemos. Al final, el acuerdo se consiguió con una subida del 2% (pedían el 2,5% y hasta el 5%, más revisión salarial) y un convenio a tres años (pedían 1 año), que apaciguaba el futuro. Un conflicto puramente laboral (entre empresas y trabajadores), donde no tenía sentido implicar al Gobierno (salvo para mediar, lo que hizo). Pero Cádiz no es una provincia cualquiera: lleva décadas sufriendo el cierre de empresas y la competencia internacional, con la 4ª mayor tasa de paro del país (tras Ceuta, Huelva y Tenerife), el 23,16%. Y la gente está muy harta, lo que ha amplificado el conflicto del metal. Y buscan “atajos” para sobrevivir: el 2º partido más votado en Cádiz fue VOX (131.200 votos), por delante del PP (111.089) y sólo por detrás del PSOE (188.271 votos).

Tres días después del acuerdo en Cádiz, el 27 de noviembre, las calles de Madrid se llenaban de policías de toda España, que se manifestaban contra la reforma del la Ley Mordaza aprobada por Rajoy en 2015. Aquí no había reivindicaciones laborales, porque el salario de los policías ha subido un +20% en los últimos 3 años y se han creado 13.000 nuevas plazas (5.000 en la Policía y 8.000 en la Guardia Civil). Eso no lo contaban los sindicatos convocantes. Sólo que la reforma  les quita autoridad (basta leer las enmiendas para dudarlo) y fomentaba la delincuencia (la criminalidad ha bajado en 2021 y somos uno de los paises más seguros de Europa). Otra vez se echaba la culpa al Gobierno, con la presencia de los líderes del PP y VOX, olvidando que hay una mayoría de 185 diputados a favor de reformar la Ley Mordaza.

Unos días antes, el 13 de noviembre, unos pocos cientos de pensionistas se manifestaban en Madrid, cerca del Congreso, contra la reforma del ministro Escrivá. Estos jubilados pedían unas pensiones dignas y blindarlas en la Constitución. Pero no recordaban que la última reforma aprobada (insuficiente) no es sólo de este Gobierno sino que se acordó en el Pacto de Toledo y ha sido apoyada por todos los grupos políticos del Congreso, salvo VOX.

Los policías volverán a manifestarse el 14 de diciembre. Y unos días después, el 20,21 y 22 de diciembre, los transportistas han convocado una huelga por todo el país. Sus reivindicaciones son básicamente cuatro y también culpan al Gobierno: bajada del gasóleo (reduciendo impuestos), subida automática de las tarifas a clientes (por mayores costes), estacionamientos adecuados en las gasolineras y no aplicarles el futuro copago previsto en las autovías. Veámoslas.

La subida del gasóleo ha sido brutal para todos, en Europa y en España: cuesta ahora 31 céntimos más por litro que a principios de año, una subida del +29,14%. Similar por cierto a la subida media en la UE-27 (+29,71%), donde no se convocan huelgas. Los transportistas piden al Gobierno que baje los impuestos al gasóleo, pero no dicen algo importante: que en España se pagan menos impuestos en el gasóleo  (0,6186 euros por litro) que en la media de la UE-27 (0,7284 euros por litro), según el Boletín Petrolero Europeo. Y otro dato: pagamos a las petroleras un mayor margen bruto por litro que en Europa, 0,379 euros por litro (+8,6 céntimos más por litro que en Francia). Así que quizás deberían hacer su huelga contra Repsol, Cepsa o BP… Que por cierto, deberían ser quien asegurara a los transportistas (no el Gobierno) unos lugares dignos y seguros en sus gasolineras para estacionar los camiones (son sus clientes).

Otras de sus reivindicaciones tampoco dependen del Gobierno, como poder repercutir las subidas de costes a sus clientes: las grandes empresas de transporte, con fuerza, lo consiguen, pero el pequeño autónomo con un camión no. La protesta debería ser contra esas empresas logísticas, que además obligan a los camioneros a descargar sus camiones (muchas veces sin ayuda), otra de sus reivindicaciones). Y en cuanto a las largas jornadas y los bajos sueldos (que hacen que falten 15.000 camioneros en España, parece más una cuestión laboral del sector que una responsabilidad de “papá Estado”. Por último, su rechazo a pagar la futura “viñeta” en las autovías, es un tema aún en estudio (se ponen la venda antes que la herida). Pero los camioneros saben que el transporte pesado paga un peaje en varios paises europeos (Luxemburgo, Paises Bajos, Suecia, Suiza, Austria y Finlandia).

Otra protesta que va a ocupar los informativos en diciembre será la del campo, agricultores y ganaderos, que ya se han manifestado…ante el Ministerio de Agricultura. Sus quejas son muy comprensibles: les ha subido la luz y el gasóleo (como a todos), los fertilizantes (+50%), piensos (+26%), semillas (+20%), plásticos (+46%) y agua (+33%). Y el problema es que no pueden repercutir estas subidas a los que les compran los alimentos, ni a la industria alimentaria ni a los distribuidores y supermercados. Y en lugar de enfrentarse a ellos, de manifestarse ante las centrales lecheras o Alcampo, echan la culpa al Gobierno. Y le piden (¡cómo no¡) que les bajen impuestos (IVA e IRPF) y que “obliguen” a las industrias e intermediarios a cumplir la Ley de la Cadena, a pagarles más. Pero los intermediarios no lo hacen y encima nos suben todos los alimentos a los consumidores.

Para dar una “nota de color” a las protestas, se suman también las peluquerías (48.200) y centros de estética (22.300), que piden al Gobierno la bajada del IVA, del 21 al 10%, porque “han sufrido mucho con la pandemia”. Y presumen que les apoya Pablo Casado, quizás porque han olvidado que si ahora pagan el 21% de IVA es porque se lo subió… Rajoy en 2012 (del 8 al 21%). Por la “regla de tres” de que han sufrido las consecuencias del COVID, podrían sumarse a las protestas muchísimos otros negocios, desde las clínicas veterinarias (21% IVA), las clínicas dentales (21% IVA), los abogados o los servicios funerarios (21% IVA). Pero la Comisión Europea ha llamado la atención varias veces a España por tener demasiados sectores pagando IVA reducido, lo que se traduce en que España recauda 23.400 millones menos cada año que la media europea (sin contar el fraude en el IVA, elevadísimo).

En definitiva que España se ha llenado de colectivos que protestan, que se quejan de la subida de costes y que piden ayuda al Gobierno (a éste ahora, a otros antes: se trata de “papá Estado”), aunque en la mayoría de los casos se trata de conflictos laborales o de subidas de precios donde los Gobiernos poco pueden hacer, como en la luz (donde la Comisión Europea se resiste a tomar medidas para reformar el mercado, como han pedido España y Francia) o los carburantes (donde los impuestos son más bajos en España). Y la petición mágica de bajar impuestos es doblemente peligrosa: España recauda mucho menos que el resto de Europa (85.000 millones menos cada año, según Eurostat) y encima necesita gastar más en los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales), porque gastamos menos. Otra cosa es que el Gobierno debe “intermediar” en los conflictos (transportes, campo), para ayudar a que las partes lleguen a acuerdos, como en Cádiz.

Todas estas protestas son “el aperitivo” de los conflictos laborales que se avecinan, de un posible “invierno caliente”, por las negociaciones salariales. El temor se asienta en que la inflación se ha disparado: +5,6% de subida anual en noviembre, la mayor subida de precios en los últimos 29 años. Y en paralelo, la subida salarial pactada este año en los convenios es del +1,55% hasta octubre, según las estadísticas de Trabajo. Aunque se tenga en cuenta la inflación media (+2,5% hasta noviembre), el hecho es que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo. Y cuando se termine la negociación de la reforma laboral (para fin de año), la gran batalla de 2022 va a ser la subida de salarios.

El problema ya no es que los 17 millones de asalariados españoles pierden poder adquisitivo. Es que los trabajadores vienen sufriendo una “devaluación salarial” desde la crisis de 2008 y especialmente tras la reforma laboral de 2012. Los datos oficiales lo dejan claro. El sueldo medio ha pasado de 21.883 euros en 2008 a 24.395 en 2019, el último dato de la encuesta de salarios del INE. Una subida del +11,46%, inferior a la subida del IPC esos años, un +16%. O sea, que los trabajadores han perdido un -4,5% de poder adquisitivo. Y si tomamos otra estadística del INE, el salario medio mensual que da la EPA, ha pasado de 1.774,34 euros (brutos) en 2008 a 2.038 euros en 2020. Una subida total de +14,9%, cuando los precios han subido en estos 13 años un +15,3%. Y además, los salarios totales han crecido menos que los beneficios empresariales. La masa salarial creció un +4,8% entre 2008 y 2019 (+26.307 millones), mientras los excedentes empresariales crecieron un +14,6% (+69.802 millones), según los datos de la Contabilidad Nacional.

Los sindicatos conocen este desigual reparto y no están dispuestos a que la subida de los precios deteriore más el poder adquisitivo de los trabajadores. Y además denuncian otro hecho: la reforma laboral de Rajoy trastocó la negociación colectiva, en favor de los empresarios, provocando una caída de los trabajadores con clausula de revisión salarial: si en 2011 la tenían el 71% de los trabajadores con convenio, una década después sólo la tienen el 17% de los asalariados. Así que si los precios suben más de lo pactado, no pueden resarcirse. Y además, ahora hay 2 millones de  trabajadores menos con convenio, porque la reforma ha permitido a muchas empresas no tenerlo.

Por todo ello, los sindicatos piden una reforma de la negociación colectiva, no sólo para conseguir mayores subidas de sueldo sino para conseguir que haya más trabajadores con convenio y que la mayoría tengan clausula de revisión salarial. Enfrente, la patronal no está por las subidas, como se vio inicialmente en Cádiz. Y se acogen a que una excesiva subida de salarios (¿2% es excesiva?) “puede poner en peligro la recuperación de unas empresas muy dañadas por la crisis”… Como las alemanas, donde el sindicato IG Metall está pidiendo una subida del 4,5%. La patronal debía recordar que España es el tercer país europeo con menores costes laborales (solo son más bajos en Portugal y Polonia): 21,9 euros por hora en 2019 (salarios y cotizaciones), un 30,25% inferiores a los costes laborales en la zona euro (31,4 euros por hora), un 40% inferiores a  Francia (36,5 euros), un 38,4% menores a los de Alemania y un 23,7% inferiores a Italia (28,7 euros).

Los salarios en España son más bajos que en la mayoría de Europa y eso sí puede poner en peligro la recuperación, porque si la inflación "se los come" se frenará el consumo. Máxime cuando un 30% de los trabajadores ganan menos de 1.336 euros (brutos) y hay 1,6 millones de trabajadores que cobran menos de 820 euros al mes, según el INE. Aún así, son muchos los que defienden que la recuperación se asiente, otra vez, sobre “la devaluación salarial”. Su teoría es que subir ahora “mucho” (algo) los salarios sería “alimentar” la inflación, como si no supieran que el IPC se ha disparado por la luz, la energía y el atasco en el comercio mundial… Pero se empecinan en pedir otra vez “moderación salarial”. Junto a la patronal, el gobernador del Banco de España (190.487,99 euros de sueldo anual) y Luis de Guindos, vicepresidente del BCE (356.604 euros de sueldo en 2020).

Si no se quiere un rosario de conflictos y protestas este invierno, la patronal debería negociar un acuerdo salarial con los sindicatos, donde no sólo se pactase una subida (al menos 2,5% para compensar la inflación media) sino también el aumento de los trabajadores en convenio y la generalización de la clausula de revisión. Pero sobre todo, habría que pactar otras compensaciones ligadas al aumento de la productividad (horarios, formación, condiciones de trabajo, pluses y participación en beneficios…), para que la recuperación de las empresas no fuera principalmente a los beneficios, como en el pasado. No parece un acuerdo fácil.

Pero al margen de los conflictos, los pasados, presentes y futuros, hay un tema de fondo sobre el que deberíamos reflexionar: tenemos un país sumido en el pesimismo y la crispación, a pesar de que hemos pasado lo peor de la pandemia y hay signos evidentes de recuperación. La polarización política y el radicalismo de la oposición (arrastrada por VOX,  busca “echar gasolina en los conflictos”, no ayudar a resolverlos) hace que todo parezca más negativo de lo que es. Incluso las estadísticas oficiales del INE (y de Europa y la OCDE), rebajan la recuperación (+2% de crecimiento en el tercer trimestre, aunque podrían revisarlo al alza). Pero hay expertos y observadores que rechazan este pesimismo y creen que esta recuperación es diferente y que está siendo más intensa de lo que dicen las estadísticas. Y se acogen a hechos ciertos: las calles están llenas de gente comprando, los hoteles están llenos este puente, los bares y restaurantes no tienen mesas libres y las tarjetas de crédito “echan humo” (las estadísticas hablan de que se gasta ya mucho más que en 2019). Y, sobre todo, el empleo (precario y mal pagado, pero empleo) crece mes a mes y España tiene trabajando ya a más de 20 millones de personas, una cifra nunca vista en nuestra historia.

Pero da igual. “Estamos mal y vamos a peor”. Es el lema del pesimismo imperante, alimentado por la oposición y muchos medios. Y cada protesta, cada conflicto, se aprovecha para oscurecer el panorama ("Ya sólo queda VOX para la clase trabajadora", dijo ayer su portavoz en el Congreso), para entorpecer la recuperación. Es una pena. Porque España tiene una oportunidad histórica para dar un salto adelante, para modernizar a fondo su economía, con la ayuda de la deuda y los Fondos Europeos.  Es algo objetivo, al margen de la ideología de cada uno. Lo ven claramente en Europa, pero pocos aquí. Hace falta que “cambiemos el chip”, que abandonemos el derrotismo y peleemos por construir unidos ese futuro. Es difícil, pero no podemos perder este tren. Sería imperdonable.