La "mini reforma" de las pensiones

Gobierno, sindicatos y patronal han pactado esta semana una primera reforma de las pensiones, que deshace parte de la reforma impuesta por Rajoy en 2013. Se aprueban 3 cambios claves: subida anual de las pensiones con el IPC, penalización de las jubilaciones anticipadas y derogación del factor de sostenibilidad. Y se acuerda pagar la mitad del déficit de las pensiones con impuestos. Más que una reforma de las pensiones, es “un parche” para atajar lo más urgente, porque se dejan para 2022 los temas más polémicos: ampliar los años de cotización exigidos, subir las cotizaciones máximas y de autónomos o cómo sustituir el factor de sostenibilidad para “atemperar” el gasto futuro. Así que la verdadera reforma sigue pendiente: cómo conseguir más ingresos y contener un gasto creciente para pagar al doble de pensionistas en 2050. Un problema complejo, que exige tomar medidas polémicas y repartir el esfuerzo entre los pensionistas de hoy y los futuros. Urge una reforma a fondo de las pensiones, pactada y realista. Asegurar hoy las pensiones futuras.

Enrique Ortega

La pandemia ha sido “la puntilla” para las pensiones y las cuentas de la Seguridad Social, al reducir mucho los ingresos por cotizaciones (pérdida de empleo y ERTEs) y disparar los costes, por la necesidad de mayores ayudas. Al final, la Seguridad Social cerró el año 2020 con un déficit de -29.685 millones de euros, el mayor “agujero” de su historia. Y eso que el Estado transfirió a la SS una cantidad de 22.000 millones de euros, para compensarla de los gastos extras derivados de la pandemia (ayudas y reducción de cotizaciones para EREs y autónomos). Así que, sin esa aportación extra del Presupuesto, el déficit real de la SS en 2020 hubiera sido de -51.685 millones de euros.

Pero el “agujero” de la SS no se debe a la pandemia, aunque lo haya agravado. La realidad es que el déficit de las pensiones se arrastra desde hace 10 años (ver gráfico déficit SS), desde que perdió -2.433 millones de euros en 2010. Posteriormente, el déficit superó los -10.000 millones en 2012, 2013 y 2014, superó los -13.000 millones en 2015 y rondó los -17.000 millones en 2016,2017 y 2018, para mantenerse en los -16.502 millones de euros en 2019 y rozar los -30.000 millones en 2030 (con la aportación extra del Estado, sino superaría los -51.000 millones). En total, un “agujero” acumulado  en la última década de -142.620 millones de euros, que se han “tapado” con deuda (la SS tiene una deuda acumulada de 85.355 millones), aportaciones del Estado y tirando de “la hucha” de las pensiones.  

Y lo peor es que el déficit no iba a mejorar en el futuro, una vez pasada la pandemia. La previsión del Gobierno, enviada a Bruselas en mayo de 2020, era que “el agujero” de las pensiones se mantuviera muy elevado en los próximos años: -30.000 millones de euros en 2021 y unos -20.000 millones en 2022 y 2023. Un déficit insostenible para las arcas públicas y que ponía en grave riesgo el sistema de pensiones. Por eso, la Comisión Europea ha exigido a España que la reforma de las pensiones sea una de las tres reformas exigidas (junto a la reforma laboral y fiscal) para acceder a los 140.000 millones de euros de los Fondos europeos. La negociación empezó en 2020 y se ha cerrado esta primavera, con un principio de acuerdo con Bruselas: la reforma de las pensiones debe ser pactada y para conseguirlo, se aprobará una primera reforma este año (los temas más fáciles) y se dejará el grueso de la reforma (lo polémico) para 2022.

Tras meses de negociación entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, este lunes se llegó al acuerdo de esa primera fase de la reforma, “la más sencilla” (aunque ha costado decenas de reuniones), que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes 6 de julio y que luego irá al Parlamento, para convertirla en Ley que entre en vigor el 1 de enero de 2022.

Una “mini-reforma” que viene precedida de un compromiso del Gobierno para afrontar el problema más urgente, el déficit de la SS. El acuerdo establece que el Presupuesto, los impuestos, financiarán parte de los gastos de la Seguridad Social, los considerados “gastos impropios” (22.871 millones), que hasta ahora se pagaban con cotizaciones: subsidios de paro no contributivos (11.305 millones), tarifas planas y rebajas de cotizaciones (1.818 millones), prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), pago complementario de maternidad (1.082 millones), subvenciones a regímenes especiales (1,14 millones), costes extras en el cálculo de pensiones (788) y los propios gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (3.911 millones que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto como en el caso de otros Ministerios).

El compromiso del Gobierno con sindicatos y empresarios es que el Presupuesto se hará cargo de estos “gastos impropios”, descargado de ellos a la SS, lo que supone quitarle casi todo el déficit. El compromiso ya se ha hecho efectivo en el Presupuesto de este año 2021, donde se han asumido 13.929 millones de esos costes de la SS, con la intención de asumir más en 2022 y asumirlos todos (22.871 millones) en 2023, para conseguir así que la Seguridad Social no tenga déficit dentro de dos años.

Con el compromiso de que el Gobierno “tapará el agujero” de la SS en 2023, sindicatos y empresarios han apoyado las otras 3 medidas de este primera reforma de las pensiones. La primera, el sistema de revalorización anual de las pensiones: subirán cada año según la inflación del año anterior (IPC medio anual) y si bajan los precios un año, no se tocarán (ni bajarán). Eso supone asegurar que las pensiones mantienen el poder adquisitivo, gobierne quien gobierne, frente a la reforma aprobada por Rajoy en 2013, que fijaba una subida anual del 0,25% mientras las pensiones tuvieran déficit. Eso sí, la medida tiene un coste extra para la Seguridad Social, estimado en unos 30.000 millones de euros.

Para contrarrestarlo, esta primera reforma aprueba una segunda medida: penalizar las jubilaciones anticipadas y favorecer que los trabajadores se jubilen más tarde, una medida que el Gobierno estima ahorrará 15.000 millones anuales (otros estudios rebajan este ahorro a la tercera parte). El problema hoy es que la edad legal de jubilación (66 años en 2021 y 67 años para 2027, según la reforma de pensiones de 2011 hecha por Zapatero) no se cumple y la edad real de jubilación está en 64,6 años, lo que encarece la factura de las pensiones. Ahora se pretende rebajarla, penalizando a los que se jubilen antes de tiempo (el palo) e incentivando a los que trabajen más años sin jubilarse (la zanahoria).

Si esta reforma se aprueba en el Congreso, el 1 de enero de 2022, los que se quieran jubilar anticipadamente (antes de los 66 años) cobrarán menos pensión. En el caso de un despido, el trabajador podrá jubilarse 4 años antes (a los 62), con una penalización del 0,5%  al 30% de recorte de su pensión, según el tiempo cotizado y los meses que se anticipe (ahora se contará los meses, no los trimestres como hasta ahora).En el caso de una jubilación anticipada “normal” (sin despido), sólo se podrá adelantar 2 años (a los 64) y el jubilado tendrá una penalización del 2,81% al 21%, según los años cotizados y los meses que adelante la jubilación  (ver cuadro con los recortes en cada caso).

Y veamos “la zanahoria”, el incentivo que tendrán los que decidan trabajar después de los 66 años. Podrá elegir entre un aumento extra de su pensión (del 4% por cada año que retrase, cuando ahora se le bonifica el 2%) o un cobro único, una prima que oscilará entre 12.060 euros (para los que tienen derecho a pensiones máximas y un alto periodo de cotización) y 4.786 euros (para los que se van a jubilar con pensiones mínimas), con una media de 8.230 euros de pago único a los que corresponda jubilarse con una pensión media (20.000 euros).

La tercera medida pactada en esta primera reforma de las pensiones es derogar el factor de sostenibilidad, la medida estrella de la reforma de Rajoy, que pretendía ajustar la pensión futura de los nuevos pensionistas a sus años de vida: si ahora viven más años, se repartiría el pago de la pensión y cobrarían menos cada año. La estimación de algunos expertos era que la aplicación de este factor de sostenibilidad rebajaría las futuras pensiones, entre un -5 y un -6% dentro de 10 años y un -22% a los que se jubilaran dentro de 30 años. Al final, este factor de sostenibilidad iba a entrar en vigor en 2019, pero la polémica hizo que Rajoy retrasara su entrada en vigor para 2023. Ahora se deroga esta medida, que pretendía ahorrar 11.000 millones de euros en la factura de las pensiones para 2050. Y en paralelo, se acuerda pactar, antes del 15 de noviembre un “mecanismo de solidaridad intergeneracional”, que se aprobaría a fin de año y entraría en vigor en 2027.

Hasta aquí la “mini-reforma” de pensiones ahora aprobada, un “parche” que deja fuera los temas más polémicos, que se retrasan para negociarlos en los próximos meses y en 2022, con el compromiso ante Bruselas de que el resto de la reforma (la parte más dura) estará aprobada antes de finales de 2022 (año preelectoral). El primer tema pendiente, muy polémico, es el periodo de cómputo de las cotizaciones para calcular la pensión: actualmente se tienen en cuanta los últimos 24 años cotizados y desde 2022 serán ya 25 años (hasta 2013 se miraban los últimos 15 años). El debate ahora es subir a 35 años o incluso tener en cuenta toda la vida laboral, dos medidas que no quieren los sindicatos porque rebajarían las futuras pensiones. Otra medida pendiente, que no gusta a los empresarios, es subir las cotizaciones de los autónomos (la mayoría cotizan en mínimos) y subir las cotizaciones máximas (ahora tienen un tope), lo que obligaría también a subir las pensiones máximas.

En definitiva, la “mini reforma” pactada ahora cambia de sitio el “agujero” de las pensiones (de la Seguridad Social al Presupuesto) y retoca lo más urgente, pero no afronta el problema de fondo de las pensiones, que es estructural: los ingresos no llegan para pagar las pensiones y eso se va a agravar en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby boom” (los nacidos entre 1960 y 1975). Basten dos datos. Uno, la evolución de los pensionistas: si hoy tenemos 9,27 millones de españoles mayores de 65 años (el 19,6%), en 2050 serán 15,67 millones (el 31,4%), según el INE. Y si hoy tenemos 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá 1,65 activos por cada jubilado, por la caída de la natalidad y el envejecimiento, según CaixaBank. Serán menos españoles a trabajar y más jubilados, que además vivirán 4 años más que ahora (de media, estarán 20,2 años cobrando pensión si se jubilan a los 67 años.

Este es el verdadero problema de las pensiones, un problema demográfico (muchos más jubilados y menos personas para trabajar) que es una verdadera “bomba de relojería”, frente a la que no valen “parches” ni politiqueos. Sólo queda actuar, tomar medidas realistas y rigurosas por dos caminos: aumentar ingresos y “atemperar” gastos.

El primer camino, aumentar ingresos para financiar el mayor gasto en pensiones, exige actuar en dos frentes. Uno, aumentar los ingresos por cotizaciones sociales (no ahora, cuando se consolide la recuperación), porque son más bajas que en Europa, según Eurostat (2019): suponen en España un 12,9% del PIB frente al 14,2% en la UE-27, el 15,1% en la zona euro, el 13,5% en Italia, el 16,8% en Francia y el 15,7% en Alemania, los tres paises con los que competimos. Esto significa que si las cotizaciones sociales fueran como las europeas, la SS ingresaría 26.950 millones más cada año. Sería un coste extra para empresas y trabajadores, pero mejor subir la cotización pública que tener que pagarse una pensión privada. Y el otro frente, aumentar la recaudación fiscal del Estado y así poder financiar parte de la factura de las pensiones cuando haga falta. Aquí también, España recauda menos por impuestos que la media europea: 85.889 millones menos en 2019, según Eurostat. Si se hace la reforma fiscal (que también nos exige Europa) habría más dinero para todo, también para las pensiones.

El segundo camino que habrá que recorrer, aunque no nos guste, será “atemperar” el gasto en pensiones: no recortarlas pero sí que crezcan menos, para asegurar que se pueden pagar en 2050. Y eso pasa por tomar ahora algunas decisiones, aunque sean impopulares. Sobre todo dos: ampliar los años de cotización  que se toman para calcular la pensión (habría que subirlos de 25 a 35 y quizás a toda la vida laboral) y, además, si hace falta, aumentar los años de cotización  exigidos para tener derecho al 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 años en 2027). Y la otra medida, tener en cuenta la mayor esperanza de vida (más de 20 años de cobro de pensión) para repartir cuantías. Un factor de sostenibilidad más justo que el anterior, pero que sirva para atemperar la factura. Suena mal, pero al ritmo actual (de aumento de pensionistas, con pensiones más altas) será imposible pagar las 15 millones de pensiones de 2050, con los ingresos y empleo previstos hoy.

Así que no queda más remedio que abordar una reforma a fondo de las pensiones, no quedarse en “parches”. Por responsabilidad con los pensionistas actuales y, sobre todo, con los futuros. Y además, porque nos lo va a exigir Europa, que lleva años diciendo que España debe ajustar su gasto en pensiones, como vía para ajustar el déficit público. También critican  que sean “demasiado generosas” (aunque más de la mitad de los pensionistas, 4,8 millones, cobran menos del salario mínimo, menos de 950 euros al mes). El dato es claro:  la pensión media en España supone el 78,7% del último salario, frente al 45,5% del salario que suponen las pensiones en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% en Alemania, según los datos de la UE. Y además, cotizamos menos de lo que recibimos de pensión: quien ha cotizado 37 años ha pagado con ello 13,2 años de pensión media, así que los 8 años restantes que cobra pensión (21,2 años de media) los cobra sin haber cotizado por ellos, según este detallado estudio de FEDEA. Y otro estudio del Banco de España insiste en lo mismo: cotizamos entre el 40 y el 60% de la pensión que recibimos. Y que por cada 1.000 euros aportados a la SS por un jubilado, se lleva 1.740 euros de pensión.

En definitiva, que las cuentas de las pensiones no salen y menos que van a salir cuando se dupliquen los pensionistas. Y aunque muchos reciban pensiones de miseria, la pensión media es superior a lo que se cotiza por ella, lo que genera déficits permanentes que hay que solucionar, ingresando más y atemperando las nuevas pensiones. Y todo ello, en un difícil equilibrio entre los pensionistas actuales y los futuros, a los que no se les puede dejar un sistema quebrado. Hay que pactar una reforma realista, que garantice nuestras pensiones y las de nuestros hijos y nietos, repartiendo esfuerzos. Asegurar hoy las pensiones futuras.