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| Enrique Ortega |
España lleva más de 40 años con un serio problema de paro. En 1975, a la muerte de Franco, teníamos 600.000 parados y una tasa de paro del 4,7%, similar a la de Europa (4,1% la UE-10), Alemania (4,1%) o Francia (3,9%). En 1.978 superamos el millón de parados y para 1979, con dos crisis del petróleo detrás, el paro se había más que duplicado, al 10,4%, el doble ya que la UE (5,3%) y el triple que Alemania (3,3%). A partir de ahí, el paro sigue al alza, con la crisis de 1982 y la reconversión industrial, hasta un primer récord histórico en 1984: 3 millones de parados y una tasa del 21,48%, el doble que Europa (11,5%). Con el ingreso en la CEE y el fuerte crecimiento posterior, el paro baja hasta el 16,1% en 1.990. Pero hay otra crisis en 1992-93 y en 1.994 se alcanza un 2º récord histórico: 3,9 millones de parados y 24,1% de paro, frente al 10% en la CEE-12.
Superado el bache, llega una década de “vacas gordas” y se logra un mínimo histórico de paro en 2006: 1.800.000 parados y una tasa del 8,3%, similar a la europea (7,9%). Pero en 2008 llega la gran crisis y la economía se desploma, disparando el paro hacia un tercer récord histórico: 6.202.700 parados en marzo de 2013 y una tasa de paro del 25,7%, otra vez más del doble que Europa (10,8%) y cuatro veces el paro de Alemania (5,1%). A partir de 2014 se inicia una recuperación, que baja el paro al 13,8% en 2019, más del doble que Europa. Y en 2020 llega la pandemia y sube de nuevo el paro, por encima de los 4 millones y una tasa del 16,7%, frente a 7.7% en la UE-28 y 4% en Alemania.
Así que hace ya más de 40 años que tenemos el doble de paro que Europa. Y otro dato llamativo: entre 1980 a 2020, el paro no ha bajado nunca de los 2 millones de desempleados (salvo en 2005, 2006 y 2007). ¿Qué nos pasa? Que el modelo económico español permite crear menos empleo en épocas de crecimiento y perderlo muy rápido en épocas de crisis, por varias causas: excesivo peso de los servicios (turismo, hostelería y comercio) y poca industria, mano de obra menos formada, empresas más pequeñas (demasiadas pymes), poca tecnología, innovación y exportación. Y un modelo laboral muy rígido, que no permite adaptarse a los cambios económicos.
En diciembre de 2011, al llegar Rajoy a la Moncloa, se encontró con un tsunami: 2.617.600 empleos perdidos desde 2008. Y buscó “un atajo” para afrontarlo: en mes y medio (10 febrero 2012) aprobó en solitario una polémica reforma laboral, que dejaba las manos libres a los empresarios para “limpiar plantillas” (los despidos que faltaban) y afrontar el futuro con más poder: bajaron sueldos en los nuevos contratos (“devaluación salarial) y multiplicaron los contratos temporales y a tiempo parcial, precarizando el empleo, además de reorganizar horarios y horas extras. Así se consiguió, cuando llegó en 2014 la recuperación (en España y en Europa), crear 2 millones de empleos hasta mayo de 2018, cuando Rajoy se fue.
El problema es que estos nuevos empleos, creados con la reforma laboral de Rajoy, son muy precarios y mal pagados (con salarios un 30% inferiores a los “viejos”). Y se ha agravado más la temporalidad, que se arrastra desde los años 80, cuando Felipe González introdujo los contratos temporales “para crear empleo”. Y así tenemos un mercado de trabajo “dual”, como denuncia la Comisión Europea desde hace años: un 75% de asalariados tienen un contrato fijo (mejor pagado) y un 25% tienen un contrato temporal (mal pagado), la cuarta parte por menos de un mes. Y en el caso de los jóvenes (16-25 años), el 65,5% de los que trabajan (sólo un tercio del total) tienen un contrato temporal.
La temporalidad es “el talón de Aquiles” del mercado laboral español: en conjunto, un 21,9% de todos los que trabajan en España tienen un contrato temporal, el doble que en Europa (11,9%). Y eso nos hizo muy vulnerables en la crisis de 2008 y ha vuelto a pasarnos en la recesión de la pandemia: los trabajadores temporales son los primeros que pierden su empleo, con lo que España dispara su paro en las crisis y contrata mucho en la recuperación (precario y mal pagado, lo que agrava la pobreza y la desigualdad).
Este debe ser el primer objetivo de la reforma laboral, según Bruselas, el Gobierno y la mayoría de expertos: reducir la temporalidad a niveles europeos. Y el segundo, fomentar la creación de más empleo y de más calidad, aprovechando “el tirón” de los Fondos europeos. Pero los sindicatos exigen la derogación de la reforma laboral de Rajoy y defienden 3 cambios prioritarios: dar prioridad a los convenios sectoriales (mejores y donde hay más poder sindical), prorrogar los convenios caducados hasta su renovación (“ultraactividad”) y limitar el actual poder unilateral del empresario para fijar las condiciones laborales. Y la patronal pide “no tocar” la reforma laboral de 2012 y proponen que la reforma se centre en prorrogar los ERTEs, las políticas activas de empleo y combatir el paro juvenil.
El Gobierno no quiere enfangarse en derogar o no la reforma laboral de Rajoy (aunque Podemos presiona a ello) y en su propuesta de reforma que va a enviar a Bruselas (ver texto) traza 4 frentes de actuación. El primero, simplificar los contratos, manteniendo sólo 3 tipos: contrato fijo (que debe ser “el habitual”), contrato temporal (sólo para trabajos que sean realmente temporales) y contrato de formación (para los jóvenes). Y a partir de ahí, estudiará penalizar los contratos temporales (con altas cotizaciones) y vigilará el fraude con la inspección de Trabajo: sólo el envío de tres cartas de advertencia a miles de empresas (en agosto de 2018 y 2019 y en febrero de 2021) ha permitido “regularizar” como fijos 181.574 falsos contratos temporales, según Trabajo.
El 2º frente de la reforma laboral incluye buscar nuevos instrumentos de flexibilidad que sean alternativos al despido y a la temporalidad. Se trata de aprovechar la buena experiencia de los ERTES para convertirlos en herramientas de futuro, utilizarlos cuando pase la pandemia para afrontar la crisis temporal de una empresa o la reconversión de un sector o una empresa. Se trata de crear un Fondo para ERTEs, con cotizaciones y aportación pública, para que las empresas con problemas tengan otras opciones y no se vean obligadas a despedir.
El tercer frente de la reforma laboral busca garantizar un trabajo digno, actuando en varios frentes: regulando el teletrabajo (ya se ha aprobado una Ley), regulando a los repartidores (ya se ha aprobado un decreto ley de “riders”) y otras plataformas digitales (falta), cambios en la regulación de los autónomos y modificando la normativa de las subcontratas, con el amparo de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2020 que dice que las subcontratas no pueden limitar los contratos que hagan a sus trabajadores al tiempo de la contrata. Y aquí se incluye otro tema polémico: modernizar los convenios. Si priman los de empresa (como ahora) o los de sector (como antes de 2012), la prórroga de los convenios caducados y el poder que se concede al empresario para fijar las condiciones laborales.
El 4º frente de la reforma laboral plantea modernizar las políticas de empleo, para que sean más eficaces: digitalizar las demandas de empleo y las ofertas, gestión individualizada de los parados para su formación, reciclaje y empleabilidad (hoy, las oficinas de empleo sólo consiguen trabajo al 2% de los parados), modernización de las políticas de empleo y racionalización de los incentivos a la contratación (hoy un gasto poco eficaz). Y, sobre todo, reformar las oficinas de empleo (el SEPE), faltas de medios y personal.
En paralelo, el Gobierno ofrece otros dos cambios importantes. El primero, a los sindicatos y a Bruselas: reducir la alta temporalidad de la Administración pública, “dar ejemplo” recortando la alta tasa de interinos. En España, el 29% de los empleados públicos son interinos (sin contrato fijo), frente al 16% en Alemania, cuando la Comisión Europea propone que la tasa debería ser el 8%. La Administración central medio cumple, pero las autonomías tienen un 37,9% de empleos temporales. Y hay sectores donde el porcentaje de interinos es “escandaloso”: 41,9% en la sanidad pública (56% en Canarias) y 29,1% de interinos en la educación (45% en Cantabria). La idea del Gobierno es canalizar una parte de los Fondos europeos para convertir interinos en fijos, reformando antes de fin de año el Estatuto de la Función Pública, lo que afectaría a 500.000 personas.
El otro cambio laboral que prometen, para este primer semestre de 2021, es pactar con sindicatos y patronal un Plan de choque contra el paro juvenil, tratando de incorporar también ayudas y fondos europeos para el desarrollo de la Garantía Juvenil 2021-2027, que ofrece a todos los jóvenes europeos una oferta o de trabajo o de formación.
A Bruselas “le suenan bien” estas reformas propuestas, pero pide más concreción para aprobarlas (junto al resto de reformas y el paquete de inversiones) en los próximos dos meses, antes de finales de junio, como requisito previo al 2º examen, que deberán hacer los demás paises UE en otro plazo de un mes mes. Así que no nos pondrán "nota" hasta finales de julio, como pronto. Y si España aprueba los dos "exámenes", empezarían a llegarnos los primeros Fondos europeos, en agosto o septiembre, un calendario que España y varios paises quieren acortar. Pero mientras, la Comisión reclama ahora dar prioridad a 3 objetivos en la reforma laboral: reducir la temporalidad, reformar las políticas activas de empleo y atajar el altísimo paro juvenil (39,6% en febrero, frente al 17,3% en la UE-27 y el 6,1% en Alemania, según Eurostat).
Pero España le ha dicho a la Comisión que no quiere aprobar unilateralmente ahora la reforma laboral, que prefiere pactarla con sindicatos y patronal antes de finales de 2021. Así que propone acordar con Bruselas las líneas maestras y luego concretarlas en España, en las reuniones semanales que tiene con patronal y sindicatos. El acuerdo no va a ser fácil, porque hay temas muy polémicos y con posturas muy alejadas: indemnizaciones a los nuevos contratos fijos, regulación de las subcontratas, modernización de convenios y fijación de las condiciones laborales. Y hay otro frente de negociación, además de los agentes sociales y Bruselas: la negociación de la reforma dentro del propio Gobierno, entre el PSOE y Podemos, que discrepan en derogar o no la reforma laboral y dar más o menos prioridad a los temas laborales (Trabajo) o a las políticas de empleo (Economía).
Alumbrar la reforma laboral será un parto difícil, pero no queda más remedio que acertar y lograr una nueva normativa que guste a todos o al menos no disguste a nadie. Porque si la reforma laboral no convence a los empresarios, será difícil que creen más empleo de calidad cuando llegue la recuperación y los Fondos europeos. Pero si disgusta a los sindicatos, porque creen que perjudica a los trabajadores, será difícil mejorar la productividad en el trabajo, otra asignatura pendiente de España. Así que tiene que ser una reforma equilibrada y “que guste a Europa”. Por eso es difícil de lograr, aunque necesitamos una reforma laboral para dejar de ser “diferentes”, para no seguir con el doble de paro que Europa. Y para dar oportunidades a los jóvenes, que sólo tienen un escaso trabajo precario. A ello.
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