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| Enrique Ortega |
Al final, España será el país europeo que reciba más ayudas del Fondo Europeo de reconstrucción, aprobado en el Consejo Europeo del 21 de julio. Inicialmente, España iba a recibir 69.437 millones, pero ahora recibiremos 10.359 millones más (+14,9%), debido a que se ha recalculado el Fondo total con la inflación (será de 375.469 millones, 25.000 más de lo previsto en mayo) y le toca más a España porque nuestra economía cayó en 2020 más de lo previsto (-12,4% el PIB). Con ello, la aportación que recibirá España será de 79.796 millones (a fondo perdido) entre 2021 y 2023, según el reparto (ver cuadro) que aprobará pronto el Parlamento Europeo, por delante de lo que recibirán Italia (79.588 millones,+4,5% sobre lo previsto antes), Francia (42.300 millones, +4,9%), Alemania (27.403 millones, +11,8%), Polonia (25.412 millones, +3,2%), Grecia (19.389 millones, +8,6%), Rumanía (15.499 millones, +3%) y Portugal (15.417 millones, +5%).
Este dinero europeo del programa “Next Generation EU” (375.469 millones) se reparte entre dos subprogramas. El primero y fundamental, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (337.969 millones), de los que España se llevará 69.527 millones, que tendrán que gastarse en la transición energética, la transformación digital y educación, formación, ciencia, reindustrialización, agenda urbana, lucha contra la despoblación, economía de los cuidados, cultura y deporte y reforma de la administración pública. El otro programa se llama REACT EU (37.500 millones) y aportará a España 10.269 millones, destinados a la recuperación y cohesión territorial de las autonomías.
España ha sido uno de los primeros paises en esbozar cómo quiere gastarse esos Fondos europeos, aprobando en octubre de 2020 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrado en 4 ejes de inversión para los 72.000 millones que entonces se esperaban de Europa (finalmente serán 79.796): transición ecológica (37% del gasto), transformación digital (33%), igualdad de género y cohesión social y territorial (el resto). Y después, como no se esperaban recibir los primeros Fondos hasta el verano de 2021, incluyó en los Presupuestos de 2021 un anticipo de estos Fondos europeos, adelantando 34.634 millones (24.198 del Mecanismo de Recuperación UE y aportando otros 8.000 millones a las autonomías a cuenta del programa REACT EU), para no retrasar los primeros programas del Fondo Europeo. Ahora falta concretar los proyectos y enviarlos a la Comisión Europea antes de abril, para que los estudien y aprueben.
El Gobierno español ha puesto en marcha un amplio equipo, de más de 150 personas, para preparar estos programas de inversión, con la colaboración de las autonomías, que van a ser responsables de gastar el 54 % de la inversión que se quiere iniciar este año. Por un lado, ya ha aprobado el reparto por autonomías (lo gestionan en exclusiva) de los primeros 8.000 millones del programa REACT EU, que irán a formación y lucha contra el paro, al refuerzo de la sanidad, educación y servicios sociales, a políticas de vivienda y medioambientales, junto al apoyo a pymes y autónomos. Y ahora, el Gobierno central y las autonomías están debatiendo el reparto de los 24.198 millones restantes, donde los gobiernos regionales deben presentar y gestionar proyectos por casi la mitad del importe, quedando el resto de proyectos en manos de la Administración Central (que busca la colaboración de las empresas privadas).
La gran preocupación de muchos expertos, es que España no sea capaz de gestionar bien el dinero europeo, a la vista de la experiencia reciente: en el último periodo presupuestario europeo (2014-2020), España sólo invirtió en plazo el 33% de los fondos europeos. Y este 1 de enero de 2021, España tenía pendiente de gastar 12.000 millones de fondos estructurales del último septenio (2014-2020). Ahora, gastar casi 80.000 millones en 4 años (2021-2024) parece una tarea imposible, aunque estos fondos sean claves para reconstruir y modernizar el país. Por eso, el Gobierno Sánchez aprobó en diciembre un real decreto, para modernizar la Administración y los contratos públicos, para reducir la burocracia e intentar acelerar los trámites administrativos y los informes preceptivos. Se intenta agilizar la Administración, para que gaste con más rapidez y eficacia (ver aquí sus objetivos). Y lo que quiere el Gobierno es que las autonomías hagan lo mismo, que aprueben normas similares, para que los Fondos UE se gasten mejor. Pero no será fácil conseguirlo, porque PP, Ciudadanos y ERC votaron en contra de la convalidación del decreto en el Congreso la semana pasada, aprobada "in extremis" gracias a la abstención de Vox.
El problema de esta división política interna sobre la ejecución de los Fondos europeos es que no ayuda frente a una Comisión Europea que nos va a vigilar de cerca: dos veces al año hará "exámenes" de la marcha de las inversiones y sólo si nos "aprueba" autorizará la transferencia de los fondos (también dos veces al año). Y si una autonomía no cumple, a Bruselas le da igual: quien perderá los recursos será España. Si alguien se retrasa, afectará a los demás, a los que invierten bien. Por eso es clave que exista un organismo central en España que coordine la gestión de los proyectos. O se gasta bien o no habrá fondos europeos. Y cuando lleguen, serán con cuentagotas: los primeros, en julio o septiembre, serán sólo el 13% de los previstos para 2021-2023, o sea, recibiremos 10.373 millones de euros.
Pero antes de eso, España tendrá que aprobar las reformas que le viene pidiendo la Comisión Europea desde hace dos décadas, en especial la reforma laboral y la reforma de las pensiones (Bruselas considera que es el talón de Aquiles de España, porque suponen el 40% del Presupuesto y porque tenemos un creciente envejecimiento y una bajísima tasa de empleo para financiarlas). Ahora, el Reglamento de los Fondos europeos de reconstrucción lo deja claro: sin reformas no hay dinero. Y no basta con buenos propósitos: la Comisión va a vigilar la marcha de las reformas y si no hay avances, corta el grifo de los Fondos.
El Gobierno español ha mandado a Bruselas, en enero, un listado de 170 reformas que promete hacer en los próximos años, en el terreno laboral, pensiones, sistema educativo y FP, sanidad, agricultura y transición ecológica, entre otras. Pero la clave son las propuestas de reforma de las pensiones y la normativa laboral, anticipadas a mediados de enero a sindicatos y patronal. Son sólo unas líneas básicas, que hay que concretar mucho todavía, pero ya han provocado las críticas de Podemos y de los sindicatos, que han convocado concentraciones de protesta el 11 de febrero. Y falta ver lo que opina la Comisión Europea.
La propuesta de reforma de pensiones enviada por el Gobierno español a Bruselas incluye 8 cambios fundamentales: financiación con impuestos (Presupuesto) de los gastos “impropios” de la Seguridad Social (20.000 millones, de los que 14.000 ya anticipa el Presupuesto 2021), mantener el poder adquisitivo de las pensiones (ojo: el plurianual, no anualmente), acercar la edad de jubilación real (64,6 años) a la teórica (66 años en 2021 y 67 en 2027), aumentar el periodo de cómputo para calcular la pensión (en 2011 se subió de 15 a 25 años para 2022), buscar algún sistema para lograr “la equidad generacional” (a lo claro: ligar la pensión inicial a la población ocupada y a la relación ocupados/pensionistas), que los autónomos coticen por sus ingresos reales (el 85% cotizan por mínimos), aumentar las bases máximas de cotización (hoy en 4.070 euros) y con ello las pensiones máximas e impulsar los Fondos de pensiones de empleo, en las empresas, creando un gran Fondo público para promoverlas.
Lo polémico de
esta propuesta de reforma de las
pensiones son dos cuestiones. La
primera, la ampliación del periodo cotizado que se va a tomar. El Gobierno
no ha incluido finalmente en su envío a Bruselas subirlo
de 25 a 35 años, para evitar conflictos con Podemos y los sindicatos.
Pero esa es la idea, aunque permitiendo “quitar
los años malos”. La otra cuestión polémica será el factor de “equidad
intergeneracional”: la reforma de Rajoy incluyó como “factor
de sostenibilidad” la mayor esperanza de vida, para recortar la pensión
inicial al cobrarse más años. Ahora, podrían incluirse otros factores, como la
demografía (la evolución de la población y su envejecimiento), la marcha del
empleo y la relación entre ocupados y pensionistas. Con estas dos reformas
(ampliar a 35 años el periodo de cómputo y corregir la pensión inicial por
demografía o empleo), el
Gobierno estima que las pensiones
futuras podrían recortarse un -5,5%.
La otra reforma clave enviada a Bruselas es la reforma de la normativa laboral. El Gobierno ha renunciado de momento a derogar la reforma laboral de Rajoy, como piden los sindicatos y Podemos, y pretende reformar los aspectos más lesivos de la actual normativa. Y para ello, propone 17 reformas laborales, repartidas en varios bloques: lucha contra los contratos temporales (generalizando el contrato indefinido), frenar la subcontratación generalizada, simplificar el contrato de prácticas y para la formación, establecer los ERTEs de forma permanente (creando un Fondo tripartito para financiarlos), modificar la actual normativa de convenios (favorecer los sectoriales y prorrogar los convenios finalizados hasta que se renueven), regular el trabajo en las plataformas digitales (repartidores) y modificar las políticas activas de empleo (revisando bonificaciones), modernizando las oficinas de empleo y la formación, diseñando un nuevo Plan de empleo joven 2021-2027.
Ante estas dos reformas claves, las pensiones y la normativa laboral, el Gobierno Sánchez tiene dos frentes abiertos en las próximas semanas. Uno interno, donde las reformas tendrán que afrontar la oposición de Podemos y los sindicatos (no quieren cambios que supongan recortes en las pensiones futuras) y también de la patronal, sobre todo en los cambios laborales. Y el otro externo, en Bruselas, donde la Comisión Europea y los gobiernos más conservadores de centro-Europa (con Países Bajos, Austria, Alemania y Finlandia en cabeza) van a forzar reformas más drásticas, sobre todo en pensiones, porque consideran que las pensiones españolas son “demasiado generosas”: de hecho, las nuevas pensiones (ojo, no las antiguas) suponen el 84,3% del último salario, frente al 65,5% de media en Europa, el 58,6% en la OCDE (36 paises), el 80,2% en Paises Bajos, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario (más alto) en Alemania, según este informe de la OCDE.
Al final, España se encuentra en una encrucijada: necesitamos los Fondos europeos para reconstruir y modernizar el país tras la pandemia, pero ese dinero gratis tiene condiciones, básicamente dos: que se gaste bien (con eficacia y controles) y que se hagan reformas. Si la Comisión Europea o algún país cree que gastamos mal o no hacemos las reformas como ellos piensan, nos pueden cortar el grifo. Ese es su poder y esa es “la amenaza” (Bruselas) que va a tener el Gobierno Sánchez para negociar con las autonomías el reparto del gasto y con los partidos, sindicatos y patronal las futuras reformas. Sobre todo, los cambios en las pensiones (que quiere aprobar este año, para aplicarlos desde 2022) y en la normativa laboral.
Se avecinan meses de dura negociación, dentro de España y con Europa. Pero no queda más remedio que avanzar en los dos frentes, en gastar bien (necesitamos reestructurar nuestra economía, muy vulnerable, como se ha visto con en esta pandemia y la anterior crisis de 2008) y en hacer las reformas más urgentes. Una de ellas, la reforma laboral, porque no es de recibo que España tenga la tasa de empleo más baja de Europa (68% de los adultos frente al 73,1% en la UE-27) y la mayor tasa de paro (16,4% frente al 7,5% la UE-27) y de precariedad laboral (el 25% de empleos temporales, doble que en Europa). Y la otra, la reforma de las pensiones, porque si no, en 2050 tendremos un grave problema: habrá 15 millones de pensionistas (hoy 9,2) y sólo 1,65 activos por cada jubilado, cuando ahora tenemos 3 activos. Eso obliga a buscar más ingresos y a “atemperar” el gasto.
No podemos tener un país con el doble de paro que Europa y donde no tengamos jóvenes con empleo que puedan pagar las pensiones futuras. Y donde uno de cada cuatro trabajadores tenga un empleo temporal y mal pagado. Eso había que cambiarlo desde hace dos décadas, reformarlo sin más retrasos, con o sin la presión de los Fondos europeos. Así que ya que hay que hacerlo, hagámoslo ya, con el máximo acuerdo interno posible, para que las reformas sean mejor aceptadas en Europa y duren más años, al margen de los cambios de Gobierno. Estamos en un momento crucial, que hemos de aprovechar para hacer reformas y modernizar el país con ayudas europeas. No podemos perder este tren.
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