El problema es que llueve sobre mojado, que este déficit extraordinario se suma a 10 años de déficit creciente de la Seguridad Social (ver gráfico déficit SS): -2.433 millones en 2010, -1.063 en 2011, más de -10.000 millones en 2012,2013 y 2014, -13.038 millones en 2015 y sobre -17.000 millones de déficit en 2016, 2017 y 2018, para acabar con -16.052 millones en 2019. En total, un “agujero” acumulado de -116.642 millones de euros en los últimos 10 años, que se ha “tapado” con deuda, aportaciones del Estado y tirando de “la hucha” de las pensiones (tenía 66.815 millones en 2011 y está casi a cero). Y ahora, con la pandemia y la recesión que acarrea, el Gobierno prevé que el déficit suba hasta -30.000 millones en 2021 (2,5% del PIB) y se mantenga en -20.000 millones en 2022 y 2023. Un agujero insostenible para las cuentas públicas y que pone en grave riesgo el sistema de pensiones.
Por eso, la Comisión Europea y los paises ricos del norte presionan a España para que reforme cuanto antes las pensiones. En septiembre, los diputados integrados en el Pacto de Toledo han iniciado sus debates para perfilar una nueva reforma (tras la de 2011 de ZP y la de 2013 de Rajoy), que deberían haber aprobado hace años. Y allí, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, planteó el pasado 9 de septiembre (ver aquí su intervención íntegra), las bases de una reforma, en dos fases. Reforma que el Gobierno quiere pactar con los demás partidos y con las fuerzas sociales, para aprobarla a lo largo de 2021.
La primera fase de la reforma sería descargar a la Seguridad Social de una serie de gastos “impropios”, partidas que pagan las cotizaciones sociales pero que debería pagar el Estado vía Presupuestos (con impuestos). La lista es larga y costosa (ver documento): subsidios de paro no contributivos (11.305 millones), tarifas planas de autónomos y reducciones de cotizaciones (1.818 millones), prestaciones por nacimiento y cuidado hijos (2.953 millones), pago complemento de maternidad (1.082 millones), subvenciones a regímenes especiales (1.014 millones), costes extras cálculo pensiones (788) y gastos de funcionamiento del Ministerio de Seguridad Social (3.911 millones), que se paga con cotizaciones en vez de financiarlo el Presupuesto (como los demás Ministerios). En total, 22.871 millones de euros, el equivalente al déficit de la SS previsto para este año.
La propuesta del ministro Escrivá es cargar estos gastos al Presupuesto del Estado y descargar así a la SS y a las pensiones de estos costes “impropios”. Es un “apaño contable”, cambiar quien paga las partidas, porque pagarlas hay que pagarlas. Eso sí, liberaría a la SS de su déficit y las cotizaciones podrían ir a pagar sólo las pensiones. La idea es empezar a hacerlo ya en el próximo Presupuesto 2021: que una parte de esos 22.871 millones se financien con impuestos y dejen de lastrar a las pensiones. El problema es de dónde sacar ingresos públicos para asumir parte de esta factura, dado que la pandemia va a multiplicar los gastos del Presupuesto de próximo año y no se podrán subir mucho los impuestos.
Supongamos que se puede hacer y que en varios años se descarga a la SS de ese lastre de “gastos impropios”, de esos 22.871 millones. Eso permitiría afrontar el futuro sin déficit. Pero si no se hacen reformas, el “agujero” surgiría y aumentaría enseguida, porque el problema de fondo de las pensiones es que el gasto crece más deprisa que los ingresos: cada vez hay más pensionistas, con pensiones más altas y que hay que revalorizar cada año, mientras el empleo y los cotizantes crecen menos y además el nuevo empleo es muy precario, con bajos sueldos y cotizaciones. Y encima tenemos un país muy envejecido, con alta esperanza de vida, por lo que las casi 10 millones de pensiones de hoy serán 15 millones en 2050. Y la población apenas crece y lo mismo el empleo, con lo que los cotizantes crecerán menos que los pensionistas: si hoy hay 3 españoles trabajando para pagar 1 pensión, en 2050 habrá 2 trabajando. Y ese es el problema de fondo, que exige una reforma en profundidad de las pensiones, no solo ajustes contables para cambiar los costes de sitio.
Para afrontar este futuro, el ministro Escrivá plantea una segunda fase de reforma de las pensiones, consistente en aumentar ingresos y reducir costes. Por un lado, plantea que los autónomos empiecen a cotizar por sus ingresos reales, ya que el 85% cotiza ahora por sus bases mínimas. Y no se descarta subir algunas cotizaciones, sobre todo las de los sueldos más altos (hoy “topadas”). Eso sí, también se contemplan más gastos, porque el Gobierno defiende una revalorización de las pensiones con el IPC, abandonando el sistema que aprobó la reforma de Rajoy (las pensiones se revalorizarían según las cuentas de la SS: como hay déficit, no más del 0,25% en los últimos años de su Gobierno). Y además, el Gobierno quiere que este compromiso, revalorizar las pensiones con la inflación, se incluya en la Ley de Seguridad Social, para que todos los Gobiernos la tengan que aplicar.
La gran “baza” de la reforma que propone Escrivá es aumentar la edad real de jubilación, que los españoles se jubilen más tarde: teóricamente, la edad legal será de 67 años en 2027 y este año 2020 es ya de 65 años y 8 meses, pero la edad real de jubilación es de 64,6 años en 2020 (de enero a julio), según la última estadística de la Seguridad Social, porque muchos españoles (el 37,6% este año) se jubilan anticipadamente. El ministro Escrivá señala que subir 1 año la edad real de jubilación (de 64,6 a 65,6) supondría un ahorro anual de 15.000 millones de euros para el sistema de pensiones, porque aumenta el ingreso por cotizaciones y reduce el coste de las pensiones. Para lograrlo, propone aprobar dos medidas complementarias. Una, incentivar que los españoles se jubilen más tarde, algo que hoy no hacen porque tampoco les compensa mucho. De hecho, la bonificación que se concede en España por retrasar la jubilación es de sólo un 2%, frente al 10,4% en Reino Unido, el 6% en Alemania o el 5% en Francia. Y la otra medida sería penalizar más las jubilaciones anticipadas, corrigiendo lo que pasa ahora: que la penalización a los sueldos altos es del 2% y a los sueldos medios y bajos del 6,5% al 8%, lo que resulta regresivo. Por eso, el Gobierno está pensando sobre todo en penalizar las jubilaciones anticipadas más altas.
Esta propuesta, aumentar la edad real de jubilación, ha sido ya criticada en el seno del propio Gobierno, por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Podemos), que cree que sería una forma de “quitar empleo a los jóvenes”. Algo que no es cierto (como tampoco que las mujeres o inmigrantes “quiten el trabajo” a los hombres), porque el mercado de trabajo no es un juego de suma cero sino que un aumento del empleo de los mayores provocaría un mayor consumo y crecimiento y más empleo para todos, como han demostrado varios estudios hechos recientemente en EEUU, Reino Unido y en 22 paises del mundo. Lo que necesita España no es “repartir” el trabajo escaso sino aumentar el empleo, porque aquí trabajan menos personas que en Europa: trabajan un 68% de los españoles (20-64 años), frente al 73,1% de media en la UE-27, el 82,1% en Suecia, el 80,6% en Alemania o el 80,1% en Holanda, por ejemplo, según Eurostat. Eso significa que hay 1.500.000 españoles menos trabajando de los que deberían si tuviéramos la tasa de empleo europea. Por eso, porque trabajamos menos gente (y trabajamos peor, con menos productividad) somos más pobres que la media europea. Aquí tendría que trabajar más gente (mayores y jóvenes), no menos.
Y la última baza de esta reforma que defiende el Gobierno es promover los planes de pensiones de empresa, que en España tienen poco peso (sólo los tienen 2 millones de trabajadores, según INVERCO) frente a otros paises (como Alemania, Austria o Reino Unido). No creen que haya que apoyar los planes de pensiones privados individuales, porque las ayudas fiscales (1.100 millones anuales) son utilizadas en un 70% por las rentas más altas y los mayores, no por la mayoría de españoles ni los jóvenes. El objetivo es promover que estos planes de pensiones de empresa (pagados por las compañías y sus trabajadores) se pacten más en los convenios, cubran a trabajadores jóvenes (como complemento de su pensión pública) y tengan más ayudas fiscales.
Toda esta estrategia de reforma de las pensiones puede ser un buen punto de partida, pero es insuficiente a medio plazo. Porque el desajuste de fondo, entre ingresos y gastos, no se corrige sólo con aumentar un año la edad real de cotización. Hay que hacer un reajuste más drástico, con la vista puesta en 2027, cuando se empiecen a jubilar los españoles del “baby boom” (los nacidos entre 1960 y 1975). Y para conseguirlo, los expertos recomiendan actuar en varios frentes. Por un lado, “atemperar” el gasto en pensiones, no recortarlo sino que crezca menos, con medidas como aumentar los años de cómputo de cotizaciones (hasta llegar a toda la vida laboral) y los años exigidos para jubilarse con el 100% de la pensión. Y por otro, tratar de aumentar los ingresos, con una subida de cotizaciones, que son ligeramente más bajas (35,4%) que en Francia (35,5), Alemania(36%) o Italia (37%), sobre todo la parte de los trabajadores (mejor que coticen más que se tengan que pagar un plan de pensiones privado, con altas comisiones y baja rentabilidad).
Y a corto plazo, el debate va a estar en cuánto se revalorizan las pensiones en 2021. Algunos, como los expertos de FEDEA plantean congelar las pensiones el año que viene, salvo las mínimas, porque eso ahorraría 2.500 millones. Pero lo más lógico sería que subieran como la inflación prevista para 2021, un 1%. Eso sí, hay que seguir gastando en subir las pensiones mínimas, porque 1 de cada 8 pensionistas (1.091.454) reciben menos de 600 euros al mes de pensión. Y corregir en unos años el hecho de que más de la mitad de los pensionistas (4.831.416) cobren menos del salario mínimo, menos de 950 euros al mes, según las últimas estadísticas de la Seguridad Social.
Este otoño y todo el año 2021, las pensiones van a ser uno de los centros del debate político y económico, porque son el mayor gasto del país (140.000 millones al año) y la recuperación tras la pandemia va a obligar a fijar prioridades. Y Europa presiona para que hagamos una reforma, argumentando que el gasto en pensiones “es inasumible”. No es verdad, porque gastamos en pagar pensiones menos que Europa: un 10,9% del PIB en 2019, frente al 12,4% de media en la UE-27 y mucho menos que Italia (16,8%), Austria (14%), Francia (13,9%) o Finlandia (13,5%), aunque más que Alemania (9,5%) o Portugal (8,1%), según datos del Ministerio de SS. El problema es el futuro, porque somos el país más envejecido de Europa y en unas décadas tendremos más jubilados y pocos trabajadores.
Por eso hay que buscar ya nuevas vías de ingresos (cotizaciones e impuestos) y nuevas vías para “atemperar el gasto”, no recortando las pensiones que están en mínimos o no superan el salario mínimo sino consiguiendo que crezcan menos las pensiones futuras, teniendo en cuenta que se van a cobrar durante más años (20 y más). Y sobre todo, si tenemos en cuenta que las nuevas pensiones españolas son “más generosas” que las de otros paises: suponen el 84,3% del último salario cobrado, frente al 65,5% de media en Europa, el 58,6% en la OCDE (36 paises), el 80,2% en Holanda, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario (más alto) en Alemania, según este informe de la OCDE.
Al final, la pandemia y la grave recesión que ha provocado obligan a acelerar la reforma de las pensiones, que ya era urgente antes. Y hay que hacerlo sin demagogias, con datos reales y medidas eficaces, no electoralistas. El futuro de las pensiones es un problema complejo y exige soluciones complejas, no simplificaciones populistas. Y no vale con pensar sólo en esta Legislatura, hay que reformar pensando en 2050 y después, no sólo en asegurar nuestras pensiones sino también las de nuestros hijos y nietos. Porque las decisiones que tomemos ahora, si solo pensamos en nuestras pensiones, pueden poner en peligro las suyas. Se trata de asegurar el pastel de las pensiones hoy y mañana y repartirlo con solidaridad entre generaciones. Reformar con la vista puesta en el futuro.
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