COVID 19: menos dependientes con ayudas

Los mayores son los que más han sufrido el coronavirus, concentrando un 86,4% de las muertes. Pero además, los mayores dependientes sufren otro efecto preocupante de la pandemia: la paralización de los servicios sociales de las autonomías, que apenas han atendido solicitudes desde el 14 de marzo, con lo que han caído los beneficiarios (-15.421 en abril) y los que reciben prestaciones por dependencia (-7.396 en abril). En conjunto, hay 414.922 dependientes (la mayoría, mayores) a la espera de un procedimiento, que resuelva su expediente (153.306) o les conceda una prestación legalmente reconocida (261.616 están “en lista de espera”). Lo grave es que la mayoría de dependientes superan los 80 años y muchos mueren sin recibir la ayuda (85 al día). Urge un Plan de choque para atenderlos ya, en plena pandemia, al margen de agilizar el papeleo. Y un Pacto para reforzar la dependencia en los próximos meses, con más recursos, para acabar con las listas de espera y ofrecer servicios dignos a nuestros mayores. Se lo debemos.

enrique ortega

La situación de la Dependencia era un problema que “clamaba al cielo” ya antes del coronavirus. En enero de 2020, el sistema cumplió 13 años de vida, arrastrando el lastre de falta de recursos con el que nació: había 269.854 dependientes en “lista de espera”, sin recibir una prestación a la que tenían derecho (reconocido), 19.817 dependientes más que un año antes. Y lo más grave: como muchos de estos dependientes son mayores de 80 años, muchos se mueren (85 cada día, según los Directores Gerentes deServicios Sociales) sin que les llegue la ayuda. Y los dependientes que sí reciben ayudas (1.115.183 a principios de año) reciben cada vez más “prestaciones low cost”, teleasistencia o ayudas a su familia, porque las autonomías no tienen recursos para residencias y centros de día, la atención más cara.


Si el sistema de la Dependencia ya estaba superado, el coronavirus lo ha dado la puntilla, debido a que el estado de alarma ha impedido el normal funcionamiento de los servicios sociales de las autonomías, que lo gestionan. Las consecuencias se han visto en los datos de la Dependencia de marzo y, sobre todo, de abril, recientemente publicados por el IMSERSO. Empezando por el origen, han caído las nuevas solicitudes de dependencia, al estar las familias confinadas: se presentaron 54.277 menos en abril. Y en el segundo escalón, cayeron también las nuevas resoluciones sobre solicitudes, -17.021 en abril. Con ello, aumentaron en abril las resoluciones de dependencia pendientes, +2.744. Y al final, ha caído el número de beneficiarios de ayudas a la dependencia, -15.421 en abril (eran 1.375.740). Y también se ha reducido el número de beneficiarios que reciben una prestación: 1.114.124 a finales de abril, -7.396, una caída de perceptores de ayuda que no se veía desde 2014.


En definitiva, que la pandemia y el cierre parcial de los servicios sociales autonómicos han provocado que hubiera, solo en abril, 7.396 dependientes menos recibiendo una prestación, según los últimos datos del IMSERSO. Esta caída de ayudas no ha sido homogénea, sino que se ha concentrado en 7 autonomías: Madrid (-4.940 dependientes menos con prestación en abril y otros -2.028 en marzo), Andalucía (-2.029 en abril y otros -547 en marzo), la Rioja (-428 en abril y otros -108 en marzo), Cantabria (sólo -163 en abril pero cayeron -880 en marzo), Cataluña (-896 en abril y otros -49 en marzo), Castilla la Mancha (-69 en abril pero cayeron -902 en marzo) y Galicia (-320 dependientes con prestación en abril). Y, para ser justos, hay varias autonomías que han aumentado los dependientes que reciben prestación, a pesar de la pandemia: Comunidad Valenciana (+1.665 en abril), Extremadura (+576), Canarias (+461), Murcia (+295) y Baleares (+151), según el balance del IMSERSO.


Al caer mucho el número de beneficiarios, por bajar las resoluciones, se ha reducido algo con la pandemia la “lista de espera”, los dependientes con derecho reconocido a una prestación pero que no la reciben todavía, por falta de medios en las autonomías: eran 267.835 a finales de febrero, subieron algo en marzo (269.641) y bajaron en abril, hasta los 261.616 dependientes en lista de espera, 6.219 menos que antes de la pandemia. Con todo, es muy alta y supone que el 19% de los dependientes reconocidos no reciben ninguna ayuda. Un porcentaje que es escandaloso en Cataluña (31,46% dependientes “en espera”), La Rioja (29,15%), Canarias (25,36%) o Andalucía (24,87%), mientras es casi inexistente en Castilla y León (sólo el 0,67% dependientes esperan la ayuda reconocida), Navarra (4,956%), Ceuta (3,62%), Melilla (8,09%), Castilla la Mancha (8,12%) o Galicia (9,43%), según los datos del IMSERSO. Diferencias que tienen que ver con que unas autonomías gastan más que otras en Dependencia y con que gestionan mejor las ayudas.


En cualquier caso, todas las autonomías utilizan “trucos” para atender a más dependientes con menos recursos aportados por el Estado central (la financiación a la dependencia se ha recortado en -5.864 millones desde 2012, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales). El primer truco es “retrasar la resolución de los expedientes”, “embolsar “las solicitudes para tardar lo más posible en reconocerlas y pagarlas: si el plazo legal para resolverlas es de 180 días, en 2019 se tardaba 426 días, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.  El segundo “truco” son las “listas de espera”: retrasar la aplicación de las ayudas ya reconocidas, en concreto a 261.616 dependientes (el 19%) a finales de abril. Ayudas que se retrasan es dinero que se “ahorra”. Y llegamos al tercer “truco”: a la hora de reducir esas listas de espera, se conceden antes las ayudas a los dependientes moderados (Grado I), que son “más baratos de atender”. De hecho, en 2019, se redujeron las listas de espera de los dependientes moderados pero creció la lista de espera de los dependientes medianos (Grado II) y Graves (Grado III), que son “más costosos”. Y el cuarto “truco”, utilizar cada vez más prestaciones “low cost” para atender a los dependientes, como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, bajando las ayudas para residencias, las más caras.


Volviendo a la pandemia y sus efectos sobre los dependientes, el problema no es sólo que haya reducido el número de beneficiarios y los que reciben prestaciones sino que además se han paralizado prestaciones, como el cierre de los centros de día (que recibían 95.401 dependientes, ancianos en su mayoría) y la interrupción de muchos servicios de ayuda a domicilio (que recibían 246.904 dependientes). Y en el caso de los dependientes en residencias (163.429 en abril), han sufrido con especial virulencia la pandemia y la escasez de recursos sanitarios para atenderles. E incluso, la negativa de los hospitales a atender a ancianos de residencias, como demuestra este documento del hospital madrileño Infanta Cristina, una normativa sanitaria que se generalizó en todos los hospitales y ambulatorios de Madrid en marzo y abril. 


Ahora, ante la evidencia de que el coronavirus ha colapsado aún más la dependencia, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales piden medidas de choque, en medio del estado de alarma. Por un lado, agilizar la burocracia: simplificar y acelerar los trámites para los nuevos dependientes y para resolver los expedientes en espera y las valoraciones pendientes. Y mientras tanto, garantizar unos servicios mínimos de atención a los 414.922 dependientes que esperan un trámite (153.306 pendientes de valoración y 261.616 en “lista de espera”), al menos que todos reciban ya el servicio de teleasistencia. Además, proponen reorganizar el servicio de ayuda a domicilio, con una gestión personalizada de los casos más vulnerables. Y asegurar alguna atención complementaria a los que se han quedado sin poder acudir a los centros de día. Y en las residencias, proponen implantar un sistema de alerta temprana y seguimiento del coronavirus, con un protocolo que garantice la atención sanitaria de los residentes. 


Se trata de aprobar un Plan de choque para la Dependencia durante esta pandemia, para que sea una de las prioridades en el reparto de esos 16.000 millones del Fondo estatal que van a recibir las autonomías. Urgen nuevos recursos para mejorar la atención de los dependientes que se han quedado “descolgados” en esta pandemia y para acelerar su vuelta a los cuidados, que necesitan más que otros. Y con estos fondos, reducir  también la lista de espera, porque no olvidemos que cada día mueren 85 dependientes sin recibir la ayuda a la que tienen derecho y que no les llega por falta de recursos. Al ritmo de los últimos años, acabar con esta lista de espera tardaría 4 años y medio. Pero se podría reducir un 75% en un año (atender a 200.000 dependientes más) si se destinaran 1.300 millones extras, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Ahora puede ser el momento.


Pero no basta con acabar con las listas de espera. Cuando pase lo más grave de esta pandemia y se plantee la reconstrucción del país y la economía, la Dependencia debe estar entre nuestras prioridades, porque tenemos una población muy envejecida y un sistema de Dependencia financiado deficientemente desde su creación, en 2007. Por eso, urge poner en marcha un Pacto por la Dependencia, firmado en diciembre de 2016 pero que no se ha traducido en hechos. Hacen falta 2 cambios de fondo: más dinero y una mayor aportación del Estado central, que “se ha escaqueado” con la dependencia desde los recortes de Rajoy en 2012, dejándola en manos de unas autonomías sin recursos. La Ley de Dependencia establece que la financiación pública del sistema se reparta al 50% entre el Estado central y las autonomías, pero en 2018 (último año con datos) el Estado central sólo aportó el 16,7% de la financiación pública (1.348 millones), mientras las autonomías cargaron con el 83,3% restante (6.707 millones). Y este recorte obliga  a que las familias de los dependientes paguen parte de muchos servicios (hasta el 19% de la factura total).


La propuesta del sector, de los Directores de Servicios Sociales, es que la financiación pública de la Dependencia vuelva al 50/50% (obligaría al Estado a aportar 4.000 millones anuales) y que se aumente el gasto público en Dependencia: si ahora gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más, no sólo los 830 millones extras que iban en el fallido Presupuesto de 2019. Debería ser otra de las prioridades del futuro Presupuesto 2021, aunque es posible que los gastos de la reconstrucción impidan financiar suficientemente la dependencia (otra vez). Y que sigamos con “los trucos” y “listas de espera”.


Pero no deberíamos tirar la toalla y mejorar la Dependencia, aunque haya otras urgencias. Esta es de primera magnitud. Primero, porque cada vez hay más dependientes y se van a duplicar para 2050, por el envejecimiento y la mayor esperanza de vida. Segundo, porque atender a los dependientes es ayudar a sus familias y especialmente a las mujeres, que hipotecan su vida por cuidar de padres, maridos e hijos dependientes. Y sobre todo, por justicia: estos mayores dependientes lo han dado todo por nosotros y por este país y muchos se mueren (recuerden: 85 cada día) sin recibir las ayudas. Es escandaloso. El coronavirus ya se ha cebado con ellos, por falta de atención y cuidados. No lo repitamos con las ayudas a la dependencia. Se lo debemos.